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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01317-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01317-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 17 Número Interno: 0906-2026 Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en la instancia. TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01317-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01317-01 (0906-2026)1
Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pago sanción moratoria cesantías retroactivas –
fuerza pública
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Trece (13) de Agosto de Dos mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -
Subsección “F”, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. El señor Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz, a través de apoderado judicial,

acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1
Expediente electrónico.
2
Samai del tribunal de origen, índice 8; documento 8.

2

Número Interno: 0906-2026
Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
20180042360101831 del Catorce (14) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018),
mediante el cual, se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el pago de la sanción

moratoria generada por la mora en el pago de sus cesantías definitivas; (ii) la
indexación de las sumas reconocidas conforme a las fórmulas del Consejo de
Estado; (iii) el pago de intereses moratorios a la tasa máxima certificada por
la Superintendencia Financiera; (iv) la imposición de la sanción
correspondiente por la inasistencia de la entidad demandada a la audiencia de
conciliación prejudicial; y (v) la condena en costas y agencias en derecho.

1.1.2 Hechos

3. El señor Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz, ingresó a la Armada Nacional el

Primero (1°) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa (1990), y adquirió el
derecho a la asignación de retiro en el año Dos Mil Diecisiete (2017), luego de
prestar sus servicios por aproximadamente veintinueve (29) años, tiempo
durante el cual se hizo acreedor al pago de cesantías definitivas.

4. Señaló que, mediante Resolución No. 0052 del Doce (12) de Enero de Dos

Mil Diecisiete (2017), se le reconoció y ordenó el pago de las cesantías
definitivas, por valor de Ciento Ochenta y Un Millones Novecientos Sesenta y
Ocho Mil Ocho pesos ($181.968.008), acto que quedó ejecutoriado el
Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017).

5. Indicó que, el pago de dichas cesantías solo se realizó hasta el Nueve (9)

de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), lo que ocasionó una mora aproximada
de ciento treinta y ocho (138) días.

6. Refirió que, el Once (11) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017),

presentó petición ante la entidad demandada para obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria, la cual, fue negada mediante Oficio No.
20180042360101831 del Catorce (14) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018).

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Número Interno: 0906-2026
Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

7. Finalmente, sostuvo que, el Doce (12) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018),

presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial
II para Asuntos Administrativos, con el fin de agotar el requisito de
procedibilidad. Señaló, además que, la audiencia se llevó a cabo el Seis (6) de
junio de Dos Mil Dieciocho (2018), la cual, fue declarada fallida, ante la
inasistencia de parte de la entidad demandada.

1.1.3 Concepto de violación

8. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

8.1. Legales y reglamentarias: Ley 244 de 1995; y la Ley 1071 de

2006, artículos 2 y 5.

9. Manifestó que, la demandada vulneró sus derechos al no pagar

oportunamente las cesantías definitivas, pese a existir un acto
administrativo en firme que ordenaba su liquidación y pago, lo cual,
generó una mora que da lugar a la sanción prevista en la ley; además,
precisó que, la falta de disponibilidad presupuestal no constituye una
justificación válida para incumplir con dicha obligación.

10. Resaltó que, la negativa contenida en el acto administrativo acusado

desconoce las disposiciones legales y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria
por el pago tardío de cesantías, las cuales, establecen la obligación de
reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago.

1.2 Contestación de la demanda3

11. La parte demandada, se opuso a las pretensiones, argumentando que,

conforme a la normatividad vigente aplicable al demandante, las cesantías
deben ser liquidadas a treinta y uno (31) de diciembre de cada vigencia fiscal,

3
Samai del tribunal de origen, índice 8; documento 12.

4

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Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

y que, durante su vinculación a la Armada Nacional, desde el Primero (1º) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa (1990) hasta el Trece (13) de
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), dichas sumas fueron consignadas
anualmente a la Caja Promotora de Vivienda Militar.

12. Indicó que, de conformidad con la normativa aplicable, cuenta con un

término de quince (15) días hábiles para expedir el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías definitivas y, una vez ejecutoriado dicho acto,
dispone de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para
efectuar su pago al demandante, quien para ese momento aún se encontraba
en servicio activo y continuaba percibiendo salario, primas, subsidios y demás
emolumentos.

13. Señaló que, el reconocimiento de las cesantías se realizó mediante
Resolución No. 0052 del Doce (12) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), y
su pago se efectuó el Nueve (9) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017).
Asimismo, sostuvo que, no hay lugar al reconocimiento de la sanción
moratoria, por cuanto no se acreditó un incumplimiento de los términos legales
atribuible a la administración, por lo que solicitó desestimar las pretensiones
de la demanda.

14. Finalmente, la parte demandada no propuso excepciones.

1.3. La sentencia de primera instancia4

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, mediante sentencia proferida el Trece (13) de agosto de Dos
Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad del Oficio 20180042360101831 del 14 de
marzo de 2018, por medio del cual, se negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas al actor,
por las razones expuestas.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional a reconocer y pagar al señor
Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz, un día de salario por cada día de retardo en
razón a 109 días, por concepto de sanción moratoria.

4
Samai del tribunal de origen, índice 8; documento 21.

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Número Interno: 0906-2026
Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

El salario base para calcular el monto de la sanción por el reconocimiento y pago
tardío de las cesantías definitivas, será el que devengó el demandante en febrero
de 2017 –fecha en que terminó los tres meses de alta-, ya que “[d]urante dicho
lapso y salvo lo dispuesto en el Artículo 178 de este Decreto devengarán la
totalidad de los haberes de actividad correspondientes a su grado. Tal período se
considerar como de servicio activo, para efectos prestacionales.” (Art. 164,
Decreto 1211/1990).

TERCERO: NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.
[…]

16. Como sustento de su decisión, el Tribunal señaló, con base en las pruebas

obrantes en el expediente, que, «[…] se encuentra acreditado que el 13 de febrero de
2017 culminaron los tres (3) meses de alta; a través de la Resolución 0052 del 12 de enero de
2017 se reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas al actor, decisión notificada
por correo electrónico el 17 de enero de 2017 y cobró ejecutoria el 18 de enero de 2017; el
pago se realizó el día 9 de agosto de 2017».

17. Asimismo, precisó que, tratándose de miembros de la Fuerza Pública, el

cómputo de los términos tiene una particularidad, por lo cual indicó que, «[…]
dentro de la normatividad especial de este sector se encuentra la figura de los tres (3) meses
de alta, tiempo con el que cuenta la entidad para la formación del expediente prestacional y
que se considera como si el uniformado estuviese en servicio activo», razón por la cual

los términos para la expedición del acto y el pago de la prestación se
contabilizan a partir del vencimiento de los tres (3) meses de alta.

18. En ese sentido, y tras la verificación de la actuación administrativa, encontró

acreditado que, «[…] la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional excedió
el término dispuesto en la ley para realizar el pago de la prestación -45 días- pues vencía el
20 de abril de 2017, y lo realizó el 9 de agosto de 2017» , por lo cual indicó que «[…] la
mora en el pago de la prestación se causó del 21 de abril de 2017 – día siguiente a la fecha
en que se debió realizar el pago- al 8 de agosto de 2017 - día anterior a la fecha en que se
pagó la prestación- en razón a 109 días de mora».

19. Finalmente, concluyó que, «[…] al demandante le asiste el derecho al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 adicionada y modificada
por la Ley 1071 de 2006», y, en consecuencia, ordenó su pago en los términos

señalados, fijando como base el salario devengado al momento de
culminación de los tres (3) meses de alta y negando la indexación al considerar
que, se trata de una penalidad que no admite actualización.

20. La decisión contó con un salvamento de voto, en el que se sostuvo que la

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Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no era
aplicable al demandante, por estar cobijado por el régimen retroactivo de
cesantías, y porque el reconocimiento de las cesantías definitivas era oficioso,
de modo que no existía una solicitud de liquidación que permitiera contabilizar
los términos legales para configurar la mora. En consecuencia, estimó que, no
procedía el reconocimiento de la sanción reclamada.

1.4. El recurso de apelación5

21. La parte demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que, el

demandante no se encuentra sujeto al régimen anualizado de cesantías, sino
al régimen retroactivo, por haber ingresado al servicio con anterioridad a la
vigencia del Decreto 1252 de 2000, de modo que, a su juicio, no se cumplen
los supuestos para aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006.

22. Por otra parte, advirtió que, «[…] al ser oficioso el reconocimiento de las cesantías
definitivas, no media la presentación de la solicitud de liquidación de la prestación por parte
de los peticionarios», razón por la cual, no es posible contabilizar los términos

legales para configurar la mora y, por ende, reconocer la sanción.

1.5. Trámite de segunda instancia

23. Por medio de auto del Once (11) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el

consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

24. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia. Por

su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

5
Samai del tribunal de origen, índice 52; documento
51RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL_Recursodeapelacionpr(.pdf)
6
Samai, índice 4.

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25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema Jurídico

26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

26.1. ¿La sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de

2006, es aplicable a los servidores de la Fuerza Pública beneficiarios del
régimen retroactivo de cesantías, vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 1252 de 2000?

26.2. ¿La ausencia de solicitud de liquidación de cesantías definitivas

impide la configuración de la mora y el reconocimiento de la sanción
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006?

2.3. Marco normativo del Régimen de cesantías de los miembros de la
Fuerza Pública

27. El Decreto 1252 de 2000 estableció dos regímenes de cesantías para el

personal de la Fuerza Pública: el retroactivo, aplicable a quienes se
encontraban vinculados al servicio antes del Veinticinco (25) de mayo de Dos
Mil (2000), y el anualizado, respecto de quienes ingresaron con posterioridad
a dicha fecha, sobre el particular:

ARTÍCULO 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública que se vinculen alservicio del Estado a partir de
la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los
términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998,
según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aunen el evento en
que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista
un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o
entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que
administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este
artículo, seguirán haciéndolo.

28. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000,

dispuso que, los servidores públicos que, a la fecha de su entrada en vigencia,

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se encontraban cobijados por el régimen retroactivo de cesantías conservarían
dicho sistema hasta la terminación de su vínculo laboral, mientras que, quienes
ingresaran con posterioridad quedarían sujetos al régimen anualizado previsto
en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según corresponda.

29. En el régimen retroactivo, regulado para el personal de la Policía Nacional

por el artículo 143 del Decreto 1212 de 1990, las cesantías se liquidan por una
sola vez al momento del retiro del servicio, tomando como base el último
salario devengado y el tiempo total laborado. Posteriormente, el Decreto 1252
de 2000 dispuso que, quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su
entrada en vigencia quedarían sometidos al régimen anualizado previsto en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y 432 de 1998, aun cuando pertenecieran
a un régimen especial.

30. La principal diferencia entre ambos sistemas radica en la forma de
liquidación de la prestación. Mientras en el régimen retroactivo las cesantías
se calculan al finalizar la relación laboral con base en el último salario, en el
anualizado se liquidan cada año y se consignan en un fondo de cesantías a
más tardar el 15 de febrero de la anualidad siguiente. Este último régimen
prevé una sanción por la falta de consignación oportuna de las cesantías,
distinta de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 por el reconocimiento o pago tardío de las cesantías definitivas o
parciales.

31. El régimen de cesantías introducido por el Decreto 1252 de 2000 regula

exclusivamente la manera en que dicha prestación debe liquidarse y
consignarse, esto es, mediante una liquidación anual calculada con base en el
salario vigente del servidor y depositada en la cuenta individual del fondo de
cesantías que este haya seleccionado. Distinta es la situación relativa al pago
o retiro de las cesantías definitivas o parciales, evento en el cual el servidor
solicita la entrega de los recursos acumulados en su cuenta individual, ya sea
para fines autorizados durante la relación laboral, como educación o vivienda,
o de manera definitiva al producirse su desvinculación del servicio.

32. Bajo esta perspectiva, resulta necesario diferenciar entre la liquidación y

consignación anual de las cesantías y su pago efectivo. Mientras las primeras

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se refieren al cálculo de la prestación y a su depósito en el fondo
correspondiente, el pago implica la entrega total o parcial de los recursos
previamente acumulados. A partir de esta distinción, se concluye que, la
sanción moratoria prevista en el régimen anualizado sanciona el
incumplimiento en la consignación oportuna de las cesantías, mientras que la
contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 tiene una finalidad
diferente, consistente en reprochar el pago tardío de las cesantías parciales o
definitivas reconocidas al servidor público, tanto durante la vigencia del vínculo
laboral como una vez este ha finalizado.

2.3.1 La sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas

33. Con la entrada en vigencia de la Ley 244 de 1995 se fijaron términos para

el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos y se establecieron
sanciones, indicando en su artículo 1° el término de 15 días para que la
administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud completa realizada por el servidor público; también, el artículo 2°
señaló que en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la
entidad tiene el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la
prestación, so pena de incurrir en mora y causar la sanción equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta
cuando se haga efectivo el pago.

34. Posteriormente, la Ley 1071 de 2006 adicionó y modificó la Ley 244 de

1995, haciendo referencia al pago de cesantías definitivas y parciales de los
servidores públicos, estableciendo el término para la administración para la
expedición del acto administrativo que las reconoce y ordena el pago, siendo
de 15 días hábiles siguientes a la presentación completa de la solicitud, y en
caso de mora, es decir que, el pago sea posterior al plazo máximo de 45 días
hábiles una vez en firme el acto de reconocimiento, la entidad deberá
reconocer y cancelar de sus propios recursos al beneficiario, un día de salario
por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en dicha ley.

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35. Del artículo 2° de la norma en cita se desprende que son destinatarios de

tal norma los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza
pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente
o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

36. Como se advierte, la disposición en mención extendió a los miembros de

la Fuerza Pública la aplicación de los plazos establecidos para el pago
oportuno de las cesantías definitivas y parciales. En consecuencia, la sanción
moratoria derivada del incumplimiento de dicha obligación por parte de las
entidades empleadora y pagadora también les resulta aplicable, pese a que se
encuentren sometidos a un régimen especial. En este sentido, la ley dispuso
lo siguiente:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este».

37. De lo anterior se desprende que, la sanción moratoria se hace exigible una

vez vencidos los términos previstos en la Ley 1071 de 2006, esto es, 15 días
hábiles para expedir el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas, 10
días hábiles correspondientes a su ejecutoria y 45 días hábiles para efectuar
el pago, para un total de 70 días hábiles. En consecuencia, si al vencimiento

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de dicho plazo la administración no ha satisfecho la prestación, la mora se
causa desde el día siguiente.

38. Asimismo, la norma no estableció distinción alguna entre los regímenes de

cesantías anualizado y retroactivo, razón por la cual, su aplicación se extiende
a ambos, siempre que se trate del reconocimiento y pago de cesantías
definitivas o parciales solicitadas con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 1071 de 2006.

39. En igual sentido, la sentencia de unificación del Dieciocho (18) de julio de

Dos Mil Dieciocho (2018)7 precisó el momento a partir del cual se genera la
sanción moratoria en los distintos escenarios relacionados con el
reconocimiento de cesantías. Si bien dicho pronunciamiento se refirió a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sus
criterios resultan aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, dado que, la
Ley 1071 de 2006 extendió expresamente sus disposiciones tanto a los
empleados y trabajadores del Estado como a los integrantes de dicha
institución. Por ello, la referida providencia fijó las reglas para determinar la
oportunidad en que surge la mora según las particularidades de cada caso, de
la siguiente manera:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario
renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a
partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de
notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción
moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de fecha 18 de julio de 2018 dentro del proceso
radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce-Suj2-012-18.

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Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

2.4 Pruebas recaudadas.

40. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

40.1. Resolución No. 1567 del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016)8, a través de la cual se retiró del servicio activo al
demandante por solicitud propia, a partir del Doce (12) de enero de Dos Mil
Diecisiete (2017). Allí se estableció que continuaría dado de alta por el lapso
de Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de retiro en los términos y
para los efectos previstos en el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990.

40.2. Formato Único de Prestaciones radicado el Cuatro (4) de noviembre de

Dos Mil Dieciséis (2016)9.

40.3. Hoja de servicios 4-73133396 del Diecisiete (17) de noviembre de Dos

Mil Dieciséis (2016)10, por medio de la cual se registran los siguientes
tiempos:

Total
Concepto Desde Hasta
Años Meses Días
Alumno Oficial
8/01/1986 30/11/1990 4 10 22
ENAP
Oficial ENAP 1/12/1990 13/11/2016 25 11 12
Tres meses de
13/11/2016 13/02/2017 0 3 0
alta
Total: 31 1 4

40.4. Formato de liquidación de cesantías definitivas y/o compensación por

muerte personal con retroactividad del Trece (13) de diciembre de Dos Mil

8
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 5.
9
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 4.
10
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); páginas 24 y 25.

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Demandante: Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Dieciséis (2016)11.

40.5. Resolución 0052 del Doce (12) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017)12,

por la cual se reconoce y ordena el pago de cesantías definitivas.

40.6. Notificación por correo electrónico de la anterior decisión el Diecisiete

(17) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017)13; y constancia de ejecutoria del
Dieciocho (18) de enero siguiente14, por medio de la cual, el actor renunció
a términos de interposición de recursos.

40.7. Extracto de cuenta del Banco BBVA a nombre del señor Mauricio

Osvaldo Alzate Muñoz, en el que se acredita el pago de las cesantías por
valor de Ciento Ochenta y Un Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil
Ocho pesos ($181.868.008), el Nueve (9) de agosto de Dos Mil Diecisiete
(2017)15.

40.8. Derecho de petición del Once (11) de septiembre de Dos Mil Diecisiete

(2017)16, a través del cual, el demandante solicitó el pago de la multa
correspondiente a Ciento Cuarenta y Siete (147) días de retardo en el pago
de sus cesantías definitivas.

2.5. Caso concreto.

41. En el presente caso, el demandante pretende se le reconozca el pago de

la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas,
debidamente indexada, junto con los intereses moratorios correspondientes,
así como, la imposición de la sanción por la inasistencia de la entidad a la
audiencia de conciliación prejudicial y la condena en costas.

11
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 30.
12
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); páginas 31 y 32.
13
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 33.
14
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 34.
15
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); página 95.
16
Samai del tribunal de origen, índice 29 Expediente digital; documento
24_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_EXPEDIENTEALZATEMU(.pdf); páginas 96 y 97.

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42. El Tribunal de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones

de la demanda, declaró la nulidad del oficio que negó el reconocimiento de la
sanción moratoria y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la
entidad demandada a pagar al demandante una sanción equivalente a un día
de salario por cada uno de los Ciento Nueve (109) días de mora en el pago de
sus cesantías definitivas, tomando como base el salario devengado al finalizar
los tres (3) meses de alta. Encontró acreditado que, la entidad excedió el
término legal de Cuarenta y Cinco (45) días para efectuar el pago de la
prestación, por lo que concluyó que, se configuró la mora sancionable prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

43. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, al considerar

que, el actor al estar sometido al régimen retroactivo de cesantías por haberse
vinculado a la Armada Nacional antes de la entrada en vigencia del Decreto
1252 de 2000, no puede ser beneficiario de la sanción moratoria prevista en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Asimismo, argumentó que, la ausencia
de solicitud de liquidación de cesantías definitivas impide la configuración de
la mora y el reconocimiento de la sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.

44. Planteado el alcance del recurso de alzada, procede la Sala a resolver el

primer problema jurídico planteado.

45. En efecto, el artículo 2 de la Ley 1071 de 2006 dispuso expresamente que,

sus previsiones son aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, junto con
los demás servidores públicos allí señalados, sin establecer distinción alguna
en función del régimen de cesantías que los ampare. Asimismo, dicha
normativa tuvo por objeto reglamentar el reconocimiento y la oportuna
cancelación de las cesantías definitivas o parciales, fijando los términos para
su reconocimiento y pago, así como, la consecuencia derivada de su
incumplimiento.

46. Ahora bien, la Ley 1071 de 2006 no consagró exclusión alguna respecto de

los beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías ni limitó su aplicación a
quienes se encuentran cobijados por el sistema anualizado. Por el contrario,
al regular el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales, la

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protección allí prevista cobija a todos los servidores comprendidos en su
ámbito de aplicación, con independencia del régimen prestacional que les
resulte aplicable.

47. Esta Subsección, en un caso de similares contornos fácticos al presente,

concluyó, «[…] a pesar de que el actor se vinculara al servicio de la Policía Nacional con
anterioridad de la vigencia del Decreto 1252 del 2000 que abrió paso al régimen de cesantías
anualizado; en nada obstaculiza la aplicación de dicha sanción moratoria, pues esta protege
el pago oportuno de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, situación
disímil de la penalidad del régimen anualizado para la consignación oportuna que debe hacer
el empleador en el fondo de cesantías el 15 de febrero de cada año»17.

48. Para la Sala, los miembros de la Fuerza Pública vinculados con anterioridad

a la entrada en vigencia del Decreto 1252 de 2000, y beneficiarios del régimen
retroactivo de cesantías también pueden ser destinatarios de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, toda vez que,
esta tiene por finalidad garantizar el reconocimiento y pago oportuno de las
cesantías definitivas o parciales, sin que el legislador haya establecido
exclusión alguna en razón del régimen prestacional aplicable. Por
consiguiente, la sola circunstancia que el demandante se encuentre amparado
por el régimen retroactivo no impide la procedencia de la referida sanción,
siempre que se acrediten los presupuestos legales para su causación .

49. Ahora bien, con relación al argumento del recurso de alzada, consistente

en que la ausencia de solicitud de liquidación de cesantías y el carácter
oficioso de su reconocimiento excluyen la aplicación de la sanción moratoria,
la Sala advierte que el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-034-2023, precisó que, «[…] la sanción moratoria contemplada en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, depende de la exigibilidad de las cesantías, de manera
que es relevante que exista el reconocimiento oficioso de la prestación o que se reclame el
pago de esta, ante el empleador»18.

50. En el presente asunto, se encuentra acreditado que, las cesantías
definitivas del demandante fueron reconocidas oficiosamente mediante la
Resolución No. 0052 del Doce (12) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), la

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2023; expediente
25000234200020200022201 (4338-2022) consejero ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de noviembre de 2023; expediente
080012333000201200200-02 (2459-2014)) consejero ponente, Gabriel Valbuena Hernández.

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cual quedó ejecutoriada el Dieciocho (18) de enero siguiente. En esas
condiciones, la obligación de pago de la prestación se tornó exigible desde la
firmeza de dicho acto administrativo, por lo que, la entidad debía proceder a
su cancelación dentro del término legal correspondiente. Así, la ausencia de
una solicitud previa del interesado no impide contabilizar los plazos previstos
en la Ley 1071 de 2006 ni excluye la eventual configuración de la mora, pues,
el reconocimiento oficioso de la prestación constituye un referente suficiente
para determinar la oportunidad en que surge la obligación de pago a cargo de
la administración.

51. Siendo así las cosas, la procedencia de la sanción moratoria no depende

exclusivamente de la existencia de una solicitud, sino de la exigibilidad de las
cesantías y del cumplimiento oportuno de las obligaciones de reconocimiento
y pago a cargo de la administración. En consecuencia, el carácter oficioso del
reconocimiento de la prestación no excluye, por sí mismo, la configuración de
la mora.

52. En consecuencia, como los argumentos expuestos en el recurso de
apelación no resultan suficientes para desvirtuar la decisión del A-quo, sin más
consideraciones al respecto, se impone confirmar la sentencia apelada, tal
como será dispuesto ut infra.

2.6. Condena en costas

53. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de agosto de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda formulada por el señor Mauricio Osvaldo Alzate Muñoz, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en la instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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