Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2019-00165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2019-00165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2019-00165-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01 (68811)
Demandante: ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación
Demandado: Sandra Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera Díaz
Proceso: Repetición
ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. INTERESES DE MORA-Se causan por el incumplimiento de las obligaciones
dinerarias. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Violación manifiesta e inexcusable de
normas de derecho, art. 6.1 Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES EN VIGENCIA
DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandante acreditar la presunción y al demandado desvirtuarla.
ESTADOS FINANCIEROS-Valor probatorio y valoración probatoria. TESTIMONIO-Crítica testimonial. CULPA
GRAVE EN LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS-No se acreditó por la demandante.
COSTAS-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en única
instancia, art. 188 CPACA, 365 y 366 CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 21 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La ESE Nuevo Hospital La Candelaria De Purificación tenía una relación comercial
con la sociedad Mediworld del Tolima de suministro de insumos médicos. Como el
hospital no pagó algunas facturas, la compañía presentó un proceso ejecutivo en
donde se ordenó el pago del monto adeudado más intereses moratorios. La
entidad acordó con la ejecutante el valor de la deuda y pagó los intereses
moratorios y, por este motivo, demandan en repetición a los gerentes de los años
2008 a 2013. Sostienen que los exgerentes incurrieron en culpa grave.
ANTECEDENTES
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
La demanda
El 9 de abril de 2019, la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación formuló
demanda de repetición contra Sandra Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera
Díaz, para que se les declarara patrimonialmente responsables de la condena
impuesta en proceso ejecutivo y posterior acuerdo transaccional en la suma de
$468.175.025, por concepto de intereses moratorios, en los siguientes términos:
“Primera: La señora Sandra Patricia Ortiz Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía
66.973.773 de Cali (Valle), el señor César Herrera Díaz, identificado con la cédula de
ciudadanía 79.688.495 de Bogotá, y el señor Milver Rojas, identificado con la cédula de
ciudadanía79.297.797 de Bogotá de Bogotá, en calidad de exgerentes del Nuevo Hospital
La Candelaria de Purificación, Tolima Empresa Social del Estado, son solidaria y
administrativamente responsables de los perjuicios materiales que se debieron indemnizar
y cancelar, como intereses moratorios a favor del establecimiento de comercio dentro del
proceso ejecutivo singular de mayor cuantía n°. 2009-004-00, que tramitó el Juzgado Civil
del Circuito de Purificación Tolima.
Segunda: Condenar, en consecuencia, a los señores exgerentes de la entidad, Sandra
Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera Díaz, como reparación del daño o perjuicios
causados al Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación Tolima ESE, de orden material
actuales y futuros, los cuales se estimaron en la suma de cuatrocientos sesenta y ocho
millones ciento setenta y cinco mil veinticinco pesos.
Tercera: La condena respectiva será debidamente actualizada o indexada a la fecha de la
sentencia de conformidad con el título V, capítulo VI artículo 187, 188 y 189 del CPACA.
(…)”1.
Hechos
La parte demandante afirmó que Sandra Patricia Ortiz trabajó en la ESE Nuevo
Hospital de Purificación, entre el 8 de enero hasta el 30 de agosto de 2008, como
gerente de esa entidad. En ese periodo recibió unos insumos médicos de forma
periódica de la sociedad “Mediworld del Tolima” y no pagó las facturas de servicios
–a pesar de que estaban debidamente soportadas–. En enero de 2009, la
sociedad presentó proceso ejecutivo en contra del hospital público.
Agregó que Milver Rojas laboró en la misma entidad y en el mismo cargo, entre el
1° de septiembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2012. Y, César Herrera Díaz,
entre el 1° abril de 2012 y 2 de enero de 2013. Sostiene que los exgerentes –que
conocían la acreencia con “Mediworld del Tolima” y la existencia del proceso
ejecutivo– no adelantaron trámites para pagar la deuda y esta generó intereses
por el paso del tiempo.
1 Folios 2 a 3 c. 1.
2
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
La demanda aduce que Sandra Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera Díaz,
como exgerentes de la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación,
violaron manifiesta e inexcusablemente normas de derecho. La primera recibió
unos insumos médicos de forma periódica y no pagó las facturas, y Milver Rojas y
César Herrera Díaz –a pesar de que conocían la acreencia– no adelantaron
trámites presupuestales para pagarla.
Como los tres exgerentes omitieron el pago, la entidad tuvo que asumir el pago de
intereses moratorios, y esta suma es la que se reclama a través de la demanda de
repetición2.
Contestación de la demanda
Sandra Patricia Ortiz afirmó que no actuó con culpa grave, porque en el tiempo en
que estuvo a cargo del hospital hubo una disminución de recursos y tuvo que
hacer una priorización de pagos (nómina, salarios, servicios públicos y servicios
de salud), antes del pago a los proveedores3. En esos periodos la situación
financiera de la entidad requería compromisos con todos los actores del sistema,
los servidores y los usuarios para evitar su cierre. La gestión de la gerente en
turno, entonces, se orientó a evitar la liquidación de la entidad
César Herrera Díaz, por su parte, alegó la inexistencia de presupuestos de la
acción de repetición, porque la suma pagada no se originó en una condena
reparatoria o acuerdo de carácter indemnizatorio. En efecto, según expuso, la
suma hacía parte de una deuda contraída previamente por la entidad pública,
dentro del flujo normal de los negocios de la institución, y no surgió de un daño
antijurídico ni del reconocimiento de perjuicios por ese daño.
Milver Rojas no contestó la demanda4.
Sentencia de primera instancia
El 21 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones,
al considerar que la ESE Nuevo Hospital La Candelaria no acreditó si, para la
2 Folios 3 a 10 c. 1.
3 Folios 179 a 189 c. 1
4 Folios 196 a 204 c. 1.
3
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
época en que los demandados eran gerentes, el hospital contaba con recursos
disponibles y destinados para el pago de las facturas por insumos médicos
expedidas por Mediworld del Tolima. Agregó que en el proceso se demostró la
falta de pago de la obligación por parte de los gerentes del hospital, pero no de la
suerte de los recursos destinados para ello. No se acreditó si, efectivamente,
existían los recursos y la destinación para ese pago. En consecuencia, según
estimó el Tribunal, no se acreditó la responsabilidad de los demandados por culpa
grave5.
Recurso de apelación
La ESE Nuevo Hospital de Purificación formuló recurso de apelación contra la
sentencia. Sostuvo que estaba probada la culpa grave de los demandados, porque
se demostró que –en cuanto a la deuda de insumos médicos– los exgerentes no
manejaron ese negocio con el cuidado que aún las personas negligentes y de
poca prudencia emplearían en un negocio propio. Los demandados no pagaron
una deuda soportada jurídicamente, que se extendió por 8 años y generó una
suma alta de intereses moratorios que la entidad no tenía que asumir bajo ninguna
justificación. Agregó que los demandados eran ordenadores del gasto de la
entidad territorial, tenían que gestionar las partidas para pagar la deuda y no
desvirtuaron la presunción de culpa grave6.
Trámite de segunda instancia
El 28 de julio de 2022, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 9 de
octubre de 2022, el Despacho lo admitió8. Como no se solicitaron pruebas en el
recurso de apelación, el 18 de noviembre de 2022, el expediente ingresó para
fallo, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES
5 Folios 390-402 c. principal.
6 Folios 413-415 c. principal.
7 Folios 428 c. principal.
8 Folio 439 c. principal.
4
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
1. Como la demanda se presentó el 9 de abril de 2019, el régimen general
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, a partir del
mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este
código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del
Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico especial aplicable al proceso de
repetición, como los hechos que produjeron la condena ocurrieron entre el 16 de
enero de 2008 (fecha de facturas de venta) y el 11 de enero de 2017 (fecha en
que se terminó el proceso ejecutivo), el régimen especial aplicable al medio de
control de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigencia a partir de su
publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001.
En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella9. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas
presunciones legales, en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que admiten
prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del CC.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los
procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública,
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento
jurídico 2.2].
5
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según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de
2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y
el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
Medio de control procedente
4. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea
condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente
que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso
1º del art. 2 Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
Demanda en tiempo
5. El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años
contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad,
según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el
artículo 42 de la Ley 2195 de 2022– o a más tardar desde el vencimiento del plazo
de 10 meses de que trata el inciso 2º del artículo 192 CPACA. La demanda se
interpuso en tiempo –9 de abril de 2019– porque la entidad pagó la condena el 29
de noviembre de 2017 [núm. 10.2], es decir, aún no habían vencido los dos años
para su interposición
Legitimación en la causa
6. El artículo 90 de la CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001,
establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un
tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o
exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.
La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que
paga la obligación, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de
voluntades (art. 1666 y 1667 del CC). Esta subrogación se produce, entre otros
eventos, cuando una persona paga una deuda a la que se halla obligado solidaria
o subsidiariamente (num. 3 art. 1668 del CC). En estos casos, quien pagó la
obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e
6
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hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra
terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 del CC). De
manera que el Estado, por virtud de la ley, se subroga en los derechos del
acreedor de la obligación, cuando paga, como deudor subsidiario, una condena
que es imputable al dolo o la culpa grave del servidor o exservidor público.
La ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación está legitimada en la causa
por activa, pues fue la entidad pública que pagó una suma derivada de una
condena judicial y de un posterior acuerdo transaccional.
Sandra Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera Díaz están legitimados en la
causa por pasiva, pues fueron los servidores públicos que, según la demanda, con
su conducta gravemente culposa dieron lugar al pago de intereses moratorios por
el hospital público. Sandra Patricia Ortiz fue gerente del hospital desde el 8 de
enero de 2008 y el 30 de agosto de 2008. Milver Rojas fue gerente desde el 1° de
septiembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2012, y desde el 3 de enero de 2013
hasta el 31 de marzo de 2016. César Herrera Díaz fue gerente desde el 1° de abril
de 2012 hasta el 2 de enero de 2013, según da cuenta copia del certificado
original expedido por la oficina de talento humano y recursos físicos de la ESE
Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación10.
Problema jurídico
7. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los
demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de
normas de derecho.
II. Análisis de la Sala
8. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos11, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales; sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
10 Folio 76, 77 y 87 c. 1.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844.
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Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (art. 164 CGP). Así, las
providencias del 11 de diciembre de 2009 y 16 de diciembre de 2010 –que en el
proceso ejecutivo resolvieron seguir adelante con la ejecución contra la ESE
Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y aprobaron la liquidación del
crédito– serán valoradas.
Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición
9. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el numeral 6– requiere: (i) la
obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza
funciones públicas12.
Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad
demandante
10. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico,
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la
entidad estatal –por la ocurrencia de un daño antijurídico– se acredita mediante
una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial
o extrajudicial, tal y como lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001.
Conforme al artículo 1617 del CC, cuando se incumple la obligación de pagar una
suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien
puede reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor a
pagar los respectivos intereses moratorios.
En eventos de repetición por condenas a intereses moratorios dentro de procesos
ejecutivos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que, cuando se
exige –entre otros elementos– la existencia de una obligación reparatoria derivada
de una condena judicial, ésta debe entenderse en sentido amplio. Si dentro de un
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 y Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.
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proceso ejecutivo el Estado está obligado a pagar intereses moratorios por la
culpa grave o dolo de uno de sus agentes y, realiza el pago efectivo, esa
obligación –de naturaleza indemnizatoria (art. 1617 CC)– surge de una condena
judicial y se entiende cumplido el primer presupuesto de procedencia. En estos
casos, la entidad puede repetir contra el agente que dio lugar al pago de los
intereses de mora, en aras de recuperar el patrimonio público13.
11. Está acreditado que, en el proceso ejecutivo, el 11 de diciembre de 2009 y 16
de diciembre de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Purificación y el Tribunal
Superior del Tolima ordenaron seguir la ejecución contra la ESE Nuevo Hospital
La Candelaria de Purificación para el cumplimiento de la obligación pendiente con
la empresa Mediworld del Tolima, ordenaron la liquidación del crédito y tasaron
las agencias en derecho14. El 31 de agosto de 2016, la sociedad Mediworld del
Tolima presentó la liquidación del crédito actualizada a esa fecha, cuantificó
intereses moratorios y el Juzgado Civil del Circuito de Purificación aprobó la
liquidación total por $1.165.476.455, según da cuenta copia simple del escrito de
liquidación, el informe secretarial y la providencia15.
El 5 de diciembre de 2016, la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y
la sociedad Mediworld del Tolima acordaron disminuir el valor de la liquidación del
crédito aprobada (capital e intereses) de $1.165.476.455 a $836.378.853. Según
el documento de concertación de deuda, pactaron que primero el hospital pagaría
$736.358.854; luego, $50.000.000 y, finalmente, cinco pagos mensuales de
$10.000.000 hasta completar el total de $836.378.85316. El 11 de enero de 2016,
el Juzgado Civil del Circuito de Purificación declaró terminado el proceso y
canceló las medidas cautelares17.
Segundo presupuesto: El pago
12. Está acreditado que la entidad demandante pagó la suma acordada entre la
ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y Mediworld del Tolima, con
apoyo en los siguientes medios de prueba:
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento
jurídico 2.1]
14 f. 37-53 y 54- 63 c. 1.
15 f. 64-66 y 67-68.
16 f. 97-99 c. 1.
17 f. 71 c. 1.
9
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
12.1. El 15 de diciembre de 2016, la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de
Purificación pagó a Mediworld del Tolima $728.272.739, por concepto de la
primera suma acordada según el proceso ejecutivo 2009-004-0018.
12.2. El 25 de abril de 2017, el hospital pagó a Mediworld del Tolima $63.998.643
y el 29 de noviembre siguiente $36.000.000, por concepto de la segunda y tercera
suma acordada según proceso ejecutivo 2009-004-0019.
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente
13. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la Ley 678 de 2001, en consecuencia, se aplican las presunciones
legales previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del
servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones
inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001,
le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del
Estado a partir de la conducta del agente.
Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la
prueba20, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado
incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo
o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción
y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que
configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede
estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si, no obstante
configurarse alguna de las presunciones, el demandado no actuó en forma
dolosa o gravemente culposa. Y, además, evaluará todos los eventos que no se
subsumen en los supuestos de presunciones previstos por el legislador.
La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la Ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la CN, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
18 Según da cuenta copia simple del comprobante de egreso n°. 4-28492 (f. 103 c. 1) y certificado original de
tesorería técnica administrativa (f. 156 c. 1).
19 según da cuenta certificado original de tesorería técnica administrativa (f. 156 c. 1).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30.327.
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00165-01(68811)
Demandante: Ese Nuevo Hospital La Candelaria de P.
Demandado: Sandra Patricia Ortiz y otros
Medio de control: Repetición
supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en
contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el
debate probatorio21.
Ahora bien, para entender los artículos 5 y 6 de La Ley 678 de 2001, La Sección
Tercera del Consejo de Estado precisó:
Conviene advertir que la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente
sucede: “praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit”. El recto sentido de este
figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y
sumere, o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano,
porque por la presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero)
antes de que conste de otro modo, (…) de lo que comúnmente sucede, dada la
constancia de las leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo
quod plerumque fit (de aquello que sucede generalmente) (…) unas mismas
consecuencias de unos mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de
iguales situaciones.”22 La presunción, entonces, es un juicio que la ley o el juez se
forma sobre la verdad de algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho
diferente y conocido como cierto.23
(…)
(i).- La presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como
cierto o probable un hecho, partiendo de otro hecho debidamente probado.
Cuando un hecho está amparado con una presunción, se entiende que está
exento o no necesita de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es
excluir ese hecho del tema probatorio24 para tenerlo como realizado y verídico
dentro del proceso, dado que, como es la propia ley la que deduce esta
consecuencia, se está seguro de la deducción.
(ii).- Las presunciones pueden ser de derecho (“iuris et de iure”, de derecho y por
derecho); y legales (“iuris tantum”, sólo de derecho). Las presunciones legales
admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho dan
certeza plena y absoluta del hecho y no admiten prueba en contra, pues se fundan
en el orden público.
(iii).- La fuerza de la presunción depende de la certeza del hecho conocido y de su
relación con un hecho desconocido que se establece como consecuencia de la
demostración de aquél. Por lo tanto, para su aplicación siempre se tiene que
probar un hecho, esto es, aquel del cual se deduce o se supone que es cierto otro
hecho, siendo este último el que al final interesa al proceso. En otras palabras, los
hechos en que se apoya una presunción legal se deben establecer o, mejor aún,
probar y, en este caso la presunción opera a favor de quien la invoca, relevándola
o eximiéndola de la prueba del hecho inferido o indicado en la disposición que la
contempla, a menos que la otra parte infirme la conclusión legal probando lo
contrario.
21 Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de
septiembre de 2003.
22 ROCHA, Alvira, Antonio, De la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967,
págs. 554 y 560.
23 Ibíd.
24 DEVIS, Echandia, Herrnando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba,
Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.
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(iv).- Sin embargo, la dispensa de la prueba mediante la aplicación de una
presunción es sólo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a
demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la
consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirme que “[l]a dispensa de la carga
de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y
respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar.
Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo
ciertos, hacen creíble el segundo hecho.25
(v).- La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza pero no
excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se
parte para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la
misma termina resultando falsa o inexacta. Por eso, siempre se permitirá
destruirla, esto es, se otorga a la parte contra quien se hace valer, la posibilidad
de probar la inexistencia del hecho que legalmente se presume, aun cuando
fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo
infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos. Es decir, la
conjetura, suposición o deducción de ley se puede desvirtuar por la parte a quien
no le conviene, pues admite prueba en contrario, circunstancia que libera de la
carga de probar el hecho presumido a la parte favorecida con la misma y la
traslada a la otra parte quien debe desvirtuarlo.
(vi).- En definitiva, al que desee beneficiarse de una presunción le corresponde
probar el hecho conocido y demostrado, ope legis, se aprovecha del otro hecho
que resulta indirectamente probado, pero siempre con la posibilidad de que la
parte contraria contra quien se aduce pueda desvirtuar el hecho presumido con el
objeto de evitar la operancia de la deducción contenida en la ley.
Así las cosas, la Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90
de la Constitución Política, en especial, para efectos de determinar si los
servidores, exservidores o particulares que desempeñen funciones administrativas
actuaron con dolo o culpa grave, estableció un listado de hechos en los que se
dice presumir, según las reglas de la experiencia, que han obrado bajo esas
modalidades de conducta. Con ello, el legislador buscó que en el caso de que se
demostraran las conductas descritas en los artículos 5 y 6 de la citada ley, el juez
tuviera por cierto que el comportamiento del agente público fue con dolo o culpa
grave.
De todos modos, estima la Sala necesario precisar que las denominadas
presunciones son sólo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del
agente público, pues pueden presentarse muchos más casos que, pese a que no
se encuentran consagrados en las citadas causales de los artículos 5 y 6 de la
Ley 678 de 2001, originan que el Estado repita contra el agente por haber obrado
con dolo o culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un
tercero por el cual se haya visto en la necesidad de indemnizar”26.
14. Por su parte, la Ley 678 de 200127, dentro de las presunciones de culpa
grave, previó en su numeral 1º que la conducta del agente del Estado es
gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho,
esto es, cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la
25 ROCHA, Alvira, Antonio, Op. cit., Pág. 558.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
27 Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 y sentencia C-455 de 2002.
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Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el
ejercicio de las funciones28.
El fundamento de hecho de esta presunción tiene lugar, no solo cuando el acto o
la conducta del agente desconoce el ordenamiento jurídico, es decir, no es una
mera violación normativa, sino que, además, se requiere que el desconocimiento
de la norma sea manifiesta e inexcusable. Esto supone considerar: (i) que exista
la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el
demando obró o expidió el acto administrativo (cuando hubiere lugar) sin una
excusa válida. Esto último se puede analizar a partir de un estudio de
interpretaciones posibles de la norma, de la posición jurisprudencial vigente al
momento del acto o conducta, o, si de la infracción normativa o del
comportamiento se permite inferir que el demandado obró con una negligencia
grave (inexcusable) –en el curso normal de sus funciones– (en los términos del
código civil).
15. Según la demanda y el recurso de apelación, Sandra Patricia Ortiz, Milver
Rojas y César Herrera Díaz –exgerentes de la ESE Nuevo Hospital La Candelaria
de Purificación– actuaron con culpa grave, pues Sandra Patricia Ortiz contrajo una
obligación comercial, recibió insumos médicos y no pagó algunas de las facturas
representativas de las compras, y Milver Rojas y César Herrera Díaz –que
conocían esa deuda y el proceso ejecutivo interpuesto– dejaron transcurrir las
vigencias sin pagar la obligación, omisión que generó el pago de intereses
moratorios a cargo del hospital público.
16. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, están acreditados los siguientes hechos:
Entre el 16 de enero de 2008 y el 25 de agosto de 2008, la ESE Nuevo Hospital La
Candelaria de Purificación recibió elementos médicos de Mediworld del Tolima y
se emitieron por esa compra 142 facturas representativas de las ventas
legalizadas al hospital29. Luego, la empresa Mediworld del Tolima presentó
demanda ejecutiva ante el Juzgado Civil de Purificación, para obtener el pago de
109 facturas no pagadas por el hospital. El 27 de enero de 2009, el Juzgado Civil
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816.
29 F. 347-350 c. 2.
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del Circuito de Purificación libró mandamiento de pago en contra de la ESE Nuevo
Hospital La Candelaria de Purificación por las sumas contenidas en 108 facturas
emitidas por la sociedad30.
El 16 de diciembre de 2010, el Tribunal Superior del Tolima ordenó seguir la
ejecución contra la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación para el
cumplimiento de la obligación pendiente con la compañía Mediworld del Tolima,
ordenó la liquidación del crédito y tasó las agencias en derecho. El 31 de agosto
de 2016, la empresa Mediworld del Tolima presentó la liquidación del crédito
actualizada a esa fecha, cuantificó intereses moratorios y el Juzgado Civil del
Circuito de Purificación aprobó la liquidación total por $1.165.476.45531. El 5 de
diciembre de 2016, la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y
Mediworld del Tolima acordaron disminuir el valor de la liquidación del crédito
aprobada (capital e intereses) de $1.165.476.455 a $836.378.853. Y, el 11 de
enero de 2016, el Juzgado Civil del Circuito de Purificación declaró terminado el
proceso y canceló las medidas cautelares32.
17. Obra en el expediente un documento titulado “Relación de ingresos del Nuevo
Hospital La Candelaria de Purificación ESE de los meses de enero a diciembre de
2008”, suscrito por Sandra Patricia Ortiz Garzón –gerente de la ESE en esas
fechas– e Inés Castro Zabala –técnico administrativo–. Conforme al documento,
entre enero y diciembre de 2008 se registraron ingresos a la ESE Nuevo Hospital
La Candelaria de Purificación por los siguientes rubros: ingresos de bienes
subsidiados, ingresos de régimen contributivo, ingresos por entidades territoriales-
Secretarías de Salud; venta de bienes y servicios, servicios de salud, servicios
particulares; ingresos de seguros de accidentes de tránsito y consignaciones
nacionales de otras entidades (f. 279-342 c. 2).
También obran los documentos denominados balance general 2012-2013, cartera
del 2013, pasivos 2013, análisis financiero 2013 y recaudos 2013-2013 de la ESE
Nuevo Hospital de Purificación, y, además, un documento de acuerdo de pago
judicial con la empresa Lin de Colombia del año 2012. Estos últimos documentos
no se encuentran firmados por quienes los elaboraron33.
30 F. 29-33 c. 1.
31 F. 37-53 y 54- 63 c. 1.
32 F. 97-99 y 71 c. 1.
33 Folios 205-238, 279 a 342 y 360 c. 2.
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El artículo 244 del CGP determina que para que un documento sea auténtico debe
tenerse certeza de la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. A su
turno, de manera especial, el artículo 37 de la ley 222 de 1995 dispone que son
estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el
contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere,
dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros contables. Y
el artículo 33 del Decreto 2649 de 1993 señala que, para aportar estados
financieros y para que los mismos tengan la naturaleza de certificar y dictaminar
su contenido, deben estar suscritos por el representante legal, el contador que los
preparó y el revisor fiscal que testifica que son fieles a los libros.
Revisados los documentos arriba reseñados, se observa que la información
financiera en ellos contenida carece de los requisitos contenidos en la Ley: los
primeros no fueron suscritos por las personas idóneas para hacerlo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 33 del D. 2649 de 1993 y 37 de la Ley 222 de 1995, y,
los segundos, ni siquiera fueron firmados. En efecto, los documentos
denominados “balance general 2012-2013, cartera del 2013, pasivos 2013,
análisis financiero 2013, recaudos 2013-2013 de la ESE Nuevo Hospital de
Purificación y acuerdo de pago” obran sin firma de la persona que los elaboró.
Esta circunstancia hace que no tenga valor probatorio, pues la autenticidad de los
mismos carece de certeza. En cuanto al documento titulado “Relación de ingresos
del Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación ESE de enero a diciembre de
2008”, aunque aparecen suscritos por la gerente y un técnico administrativo, lo
cierto es que no son las personas idóneas para darle alcance de documentos
contable. En consecuencia, por este único y esencial motivo, tampoco tiene valor
probatorio.
18. Obra en el expediente un documento denominado “Comparativo del estado de
actividad financiera, económica y social, entre diciembre de 2007 a diciembre de
2008”. Según el documento, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 la ESE
Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación tuvo ingresos operacionales, costos
de ventas, gastos operacionales, transferencias y otros gastos. En el año 2008
–según se consignó– el resultado del ejercicio final contable arrojó un déficit de
-$13,1994 y el resultado del año anterior (2007) arrojó un valor de -$836,591. Este
documento fue firmado por el representante legal de la entidad, la jefe del área
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financiera, el contador y por la revisora fiscal34.
También obra un documento denominado “Estado de actividad económica y social
de enero 1 a diciembre 31 de 200835. Conforme al documento, entre enero y
diciembre de 2008, la empresa social del estado incurrió en gastos de
administración, relacionó provisiones, depreciaciones y amortizaciones; pérdidas
operacionales, gastos extraordinarios, legales, financieros y de ejercicios
anteriores. Este fue firmado por el representante legal de la entidad, la jefe del
área financiera, el contador y de la revisora fiscal36.
Estos documentos tienen valor probatorio como documentos contables, porque,
además de haber sido firmados por quienes los elaboraron, fueron suscritos por
las personas que, según la Ley, son la idóneas para dar fe y certificar su contenido
(artículos 33 del D. 2649 de 1993 y 37 de la Ley 222 de 1995). En cuanto a su
contenido, los documentos dan cuenta, por un lado, unos ejercicios contables en
el año 2008 y los ingresos netos, el total de costos, el total de gastos, el total de
otros ingresos, el total de otros egresos y la utilidad antes de impuestos. Sin
embargo, no acreditan la situación completa, real, económica, financiera y, sobre
todo, presupuestal de la empresa durante los años 2008 a 2015 (fecha última en la
que se pagaron los intereses moratorios que originaron el presente medio de
control).
19. En el proceso declaró José Teatino Ávila –profesional universitario del área
financiera de la ESE Nuevo Hospital de Purificación, quien afirmó que hizo parte
del área financiera del hospital entre febrero de 2012 y enero de 2013, y estuvo en
en la gerencia de César Herrera Díaz. Relató que para ese periodo –y desde
vigencias anteriores– manejar los recursos de la entidad fue un asunto complejo.
Había muchas demandas contra el hospital, procesos jurídicos por proveedores y
terceros, y el déficit presupuestal era alto. Como la entidad tenía acreencias de
siete mil millones de pesos y el presupuesto era menor a esa suma, decidieron
darle prelación a los pagos de empleados –a quienes también se le debían
sueldos–, seguridad social, impuestos, a los parafiscales y luego a gastos de
funcionamiento y asistenciales. Las deudas con empleados eran hasta de seis
meses y, por el déficit, se iban pagando de manera gradual. Desde el área
34 F. 343 c. 2.
35 F. 344-346 c. 2.
36 F. 343 c. 2.
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financiera se gestionaron recursos con otras entidades públicas, pero no se logró
aumentar el presupuesto.
El testigo agregó que las EPS debían a la clínica sumas altas por servicios
prestados y lo que ingresaba de ellos ni siquiera permitía pagar deudas anteriores
a las adquiridas con Mediworld. El recaudo no era suficiente para cubrir ni siquiera
las obligaciones primarias –laborales–. Había acreencias anteriores, de muchos
años atrás y se gestionó el recaudo con EPS en mora, pero no fue suficiente para
cubrir todas las deudas con todos los proveedores. En cuanto a Mediworld, el
declarante conocía la acreencia. No recordaba acciones específicas en ese caso,
pero sí la gestión general frente a todas las deudas y la imposibilidad de cubrirlas
todas. Por el déficit, el hospital estaba catalogado «de alto riesgo financiero» y se
encontraba en proceso en saneamiento fiscal y financiero.
Como el testigo fue dependiente de la entidad demandante y fue subordinado de
uno de los demandados, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede
verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el
juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Uno de los aspectos esenciales del testimonio es que el declarante dé cuenta de
las razones de tiempo, modo y lugar que permitieron advertir los hechos, tal cual
los relata, de manera que se puedan constatar las razones de su dicho. Asimismo,
este medio probatorio debe ser el adecuado para la materia de la prueba y debe,
además, conducir a acreditar el hecho relatado.
En ese sentido, al revisar el contenido del dicho –asuntos contables, económicos,
presupuestales y financieros del Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación–,
este medio probatorio no es el conducente para probar la realidad económica de
una empresa (en este caso, de una entidad pública). Esta circunstancia se
acredita con documentos contables y presupuestales, conforme a las reglas
especiales para su valoración, no con afirmaciones de una persona sobre esos
aspectos. Por otro lado, en cuanto a las afirmaciones del testigo sobre la crisis
presupuestal del hospital entre los años 2012 y 2013 –incluidas las acciones que
adoptaron desde esa área para mantener la prestación del servicio de salud y
cumplir con las obligaciones– no obra en el expediente documentos con los que se
pueda contrastar su dicho o que sirvan de soporte a lo declarado. En
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consecuencia, el testimonio, además de inconducente para este caso, no tiene
poder demostrativo sobre la situación financiera y económica del hospital público.
20. Conforme a lo probado en el proceso, en el año 2008, la ESE Nuevo Hospital
de Purificación contrajo unas obligaciones de insumos médicos con la empresa
Mediworld del Tolima. Como la entidad no pagó algunas de las obligaciones, la
empresa presentó un proceso ejecutivo y, luego de seguirse adelante a ejecución
y la liquidación del crédito, la entidad pagó el capital e intereses moratorios. Las
acreencias con esa empresa iniciaron en el año 2008 y solo hasta el 2016 el
hospital pagó la deuda.
Conforme a los artículos 4 y 7 del Decreto 139 de 1996 –por el cual se establecen
los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado–
son funciones de los gerentes de las empresas sociales del estado, entre otras, (i)
el velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros
de la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la
Junta Directiva; (ii) organizar el sistema contable y de costos de los servicios y
propender por la eficiencia utilización del recurso financiero y (iii) promocionar el
concepto de gestión de calidad y de acreditación que implique contar con
estrategias coherentes de desarrollo organizacional.
Ahora bien, en cuanto a normas de presupuesto, según lo dispuesto en el artículo
19 del Decreto 568 de 1996, el certificado de disponibilidad presupuestal es el
documento expedido por el jefe de presupuesto de una entidad pública –o quien
haga sus veces– que garantiza la existencia de apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento
afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona un compromiso y
se efectúa el correspondiente registro presupuestal (art. 19 D. 568 de 1996). Por
su parte, el registro presupuestal, es la operación mediante la cual se perfecciona
un compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación (art. 20 D. 568 de
1996). Tanto el registro como el certificado de disponibilidad son requisitos de
naturaleza presupuestal que garantizan la existencia de la apropiación
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por
parte de la Administración.
Al expediente no se allegó prueba de los certificados presupuestales y la
afectación de recursos de la ESE de los años 2008 a 2015, para pagar las
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obligaciones de proveedores de insumos médicos –como Mediworld del Tolima–.
No se demostró si la entidad contaba con el presupuesto suficiente para pagar
todas las acreencias, que ese presupuesto estuviera afectado a la obligación con
la sociedad Mediworld, y que los exgerentes hubieran desconocido ese deber y
omitido su pago. Los documentos contables aportados y suscritos conforme a la
ley [núm. 18] sólo dieron cuenta de un ejercicio contable en el año 2008, las
conclusiones de ese ejercicio y su comparación con el año anterior (2007). Sin
embargo, no acreditaron la situación financiera y presupuestal de la entidad y las
destinaciones específicas durante los años 2008 a 2015, en los que no se pagó la
deuda a la sociedad Mediworld.
Así las cosas, en este proceso, el hospital demandante no acreditó que Sandra
Patricia Ortiz, Milver Rojas y César Herrera Díaz –en cada una de sus gerencias–
contaban con el presupuesto disponible para pagar la deuda con proveedores de
insumos médicos y, de haber sido destinado, omitieron su pago. No se demostró
que durante sus gestiones hayan actuado de manera negligente frente a la
obligación del hospital de pagar unas acreencias –contenidas en unas facturas– a
un proveedor, o que desconocieran de manera manifiesta e inexcusable normas
de derecho presupuestal. No se probó, además, una utilización deficiente de los
recursos financieros de la entidad, la falta de organización del sistema contable y
de costos de los servicios, o que los demandados no hubieran sido eficientes en la
utilización del recurso financiero de la entidad pública.
Por lo tanto, no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave
del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Tampoco está demostrado
que los demandados hayan actuado con culpa grave en el cumplimiento de sus
funciones y en la gestión económica relativa al pago de las acreencias del hospital
frente a la compañía Mediworld del Tolima proveedora de insumos médicos. En
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.
21. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. En
concordancia, el artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida
en el proceso. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del
Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la
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fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las
agencias en derecho se tasarán en el 1% del valor de las pretensiones en
atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión
ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en
$468.175.025, la demandante pagará la suma de $4.681.750, por concepto de
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte
demandada las costas del proceso y FIJAR la suma de $4.681.750, por concepto
de agencias en derecho.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
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Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
21
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