Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2019-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2019-00186-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Demandante: Alexander Rodríguez Lozano y otros1
Demandados: Municipio de Ibagué – Secretaría de Educación Municipal, Curaduría
Urbana núm. 2 de Ibagué, Concejo Municipal de Ibagué, Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA e Institución Educativa Colegio San Simón de
Ibagué
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
1Mediante auto de 8 de julio de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió aceptar como
coadyuvantes de la parte actora a las siguientes personas: Eduar Andrés Mejía, Diego Fernando Huertas,
Mauricio Bueno Guzmán, Elkin Patarroyo, Víctor Hugo Sanmiguel, Sandra Milena Galindo, Diego Barrero, Luis
Fernando Acosta, Ricardo Trujillo, Mónica Sirley Valderrama, Diego H. Salas, Carlos A. Vanegas, Jhon G.
Murcia, Gildardo Granado, Jenny Patricia Murcia Bohórquez, María Esneda Ñungo Granada, Kenny Andrés
Amaya, Camilo Delgado Aristizábal, Ulpiano Castro, Carlos David Hernández, Aquielo Puerto, Alexander
Garzón, John Meneses, Johan Gutiérrez, Ana Madrid, Mario Sanabria, Fredy Sánchez, Jaime Rubio, John
Vásquez, Jhon Jairo Vela, María Aracely Cubillos, José Aníbal Uribe, Cristian Parra, Edwin Ferney Espitia,
Gerzon Flórez, Daniel Bernal, Luis Fernando Bernal, Mario Fernando Rubio, Weimar Angola, Carolina Páez,
John Rodríguez, Carlos E. Rengifo, Andrés Álvarez Sierra, Olga Lucía Buitrago, Juan Paulo González, Luisa
Fernanda Cruz, Alirio Amaya Triviño, Oscar Gómez, Eileen Cortez, Rita Mildred García, Yuly Gallego Vallejo,
Nubia Bedoya, Jaime Amaya Triviño, Juan Pablo Amaya, Gildana Melo, Jorge Rodríguez, Luisa Fernanda
Amaya, Luillin Andrés González, Jennifer Martínez, Efery Vega Aguiar, Sandra Patricia Orjuela, Brayan Stiven
González, Claudia Martínez, Juan Carlos Torres, Aldubal Gonzalez, María Luisa Martínez, Jhan Mejía, Gloria
Torres de Torres, Zharick Valentina Gonzalez, Diana Marcela Echeverry, Diego Fernando Arango, Luis Alberto
Romero, Jorge Atehortúa, Derly Osorio, Diana Carolina Campos, Alejandra Barreto Espinosa, Sandra Jimena
García, William Beltrán, Alexandra Sáenz Pineda, Hilda Muñoz, Dorance Ruiz Romero, Adriana Milena
Vásquez, Asusena Hurtado, Hernán Restrepo, Felipe Parra, Federman Parra, Yina Valderrama, Nondier
Bogoya, Sharon Lozano, Carlos Iván Leyva, Diana Ruth Carvajal, Ángel Lozano, Alejandro Galindo, Jeferson
Clavijo, Carla Ávila, Maricella Diaz, Juan José Rojas, Consuelo Payoma, Jorge Gonzalez, Patricia Acosta,
Sobeida Silva, José Daniel Ortiz, Cesar Eduardo Ortiz, James Penagos, Andrea López Arias, Jeanet Cortes
Gonzalez, Erwin Niño, Jorge Malo, Jimmy Andrey Parra, Gustavo Murillo, Diana Ruth Carvajal, Ángela Patricia
Ortiz, Oscar Petro, Arelis Gómez, María Cristina Varón, Yaneth Poveda, Carolina Solorzano, Vivian Barón,
Johanna Angarita, María Edith Cruz, María Eva Romero, Martha Betancourth, Oscar Humberto Rodríguez,
Santiago Salazar, Fabiola Pobeda, Jorge Andrés Cadena, Daniel Horta, Juan Sebastián Moreno, Manuel
Bohórquez, Pedro Miguel Corral, Orlando Barrios, Andrés Mauricio Sánchez, John Calderón, Elicinio Ortiz, Anlly
Lizeth Ortiz, Noralba Vargas, Fany Borrero, Elsa Hernández, Yeny Espinosa, Ana Cifuentes Guzmán, July
Alexandra Torres, Néstor Manjarrez Diaz, Eduardo Camayo, Roger Castro, Patricia Sánchez, Katherine Aguilar,
Gloria Espinosa, Claudia Rodríguez, Wilson Neira, Daniel Homez, Jesús Antonio Fino, Fernando Ortiz, Miguel
Rivera, Marco Alirio Leonel, Gloria Argenis Criollo, Luis Carlos Guarín, Hernando José Alarcón, José Giovanny
Angarita, David Céspedes, Hernando Rivera, Aurelio Vargas, José Leonardo Saavedra, José Calixto Sánchez,
Gloria Beatriz Luna, Raquel Pérez, Juan Manuel Aranzalez, Marina Cardozo, Manuel Salvador Osorio, Ismael
Quintero, Fernando Arce Hernández, Mildey Cerón, Emperatriz Hernández, José Calixto Sánchez, Luisa Natalia
Lopera Duran y Alirio Amaya Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Alexander Rodríguez Lozano y las demás personas referenciadas
supra, quienes actúan en calidad de coadyuvantes de la parte actora, presentaron
demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, contra el Municipio de
Ibagué, Curaduría Urbana núm. 2 de Ibagué, Concejo Municipal de Ibagué,
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA e Institución Educativa
Colegio San Simón de Ibagué, con el objeto de que se protejan los derechos e
intereses colectivos previstos en los literales a, d, e y m del artículo 4.º de la Ley
472 de 5 de agosto de 19982, presuntamente vulnerados por las entidades
accionadas3.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Se protejan los derechos e intereses colectivos enunciados y, en
consecuencia, se ordene a las entidades accionadas no construir el proyecto de un
Megacolegio en el escenario deportivo denominado “Polideportivo San Simón”, toda
vez que en el artículo 223 del Decreto 823 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial
(P.O.T.) se estableció que estaba catalogado como escenario deportivo para la
recreación y práctica del deporte.
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre
otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
e) La defensa del patrimonio público;
[…]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
4
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
2. Que se ordene adoptar las medidas administrativas, presupuestales, operativas y
técnicas que sean necesarias para garantizar en forma inmediata los derechos
colectivos invocados.
3. Que se garantice que los ciudadanos ibaguereños cuenten con un escenario
deportivo digno, para lo cual se ordene llevar a cabo las siguientes construcciones y/o
adecuaciones:
a. Construcción de dos (2) camerinos (uno para la cancha de arriba y
polideportivo, el otro para la cancha de fútbol grande y la de minifútbol
posterior donde funcionaba un gimnasio); cada uno con sus respectivas
duchas y baterías de baños para damas, caballeros, niños y niñas conforme
a las normas técnicas dispuestas para ello.
b. La construcción de graderías techadas en la parte occidental de la cancha
de futbol grande (fútbol 11) que vayan de extremo a extremo, es decir,
paralelas a lo largo de la cancha.
c. La construcción de la zona técnica para dos equipos de fútbol en la cancha
grande de fútbol 11, uno en la parte oriental y otro en la parte occidental, con
los respectivos espacios para que se sienten los suplentes y técnicos de
cada equipo.
d. La construcción de un sendero ecológico por todo el escenario deportivo
que quede interconectado alrededor de las canchas y el polideportivo, para
la práctica de la caminata por parte de adultos mayores y de todas las
personas que deseen dar un paseo al aire libre; esto incluye la arborización
de dicho sendero.
e. La implementación de mallas altas alrededor de la cancha de fútbol 11
(cancha grande de abajo) y fútbol 9 (cancha de arriba) para evitar que con
el balón de fútbol, rugby o disco de ultímate se le ocasionen golpes a las
personas que se encuentran en el escenario y a los vehículos y personas
que transitan por la carrera 6ª.
f. La implementación de sillas dispuestas por todo el escenario para personas
que deseen sentarse a descansar o a leer, o sencillamente a aprovechar el
tiempo libre.
g. La implementación de dispensadores inteligentes de agua potable, para que
las personas y practicantes de los diferentes deportes o actividades lúdicas
o físicas puedan hidratarse.
h. La implementación en los espacios adecuados de los bio parques.
i. La construcción en la parte norte del escenario de una cancha de tenis en
polvo de ladrillo para adultos y una para niños con todas las disposiciones
técnicas necesarias, para la práctica de este deporte, habida cuenta que
Ibagué no cuenta con canchas públicas activas para la práctica de este
deporte, limitando el acceso a este deporte a las personas de escasos
recursos.
j. Una plazoleta o zona de comidas dispuesta en medio de las canchas de
fútbol 9 y fútbol 11.
k. Una vez efectuadas las anteriores obras, se respete el espacio y tiempo de
las escuelas de formación deportiva que por años llevan formando
deportistas en Ibagué.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
l. La instalación de iluminación eléctrica o alumbrado, dado que la falta de luz
en las noches incrementa la inseguridad y desincentiva el uso de escenario
deportivo.
4. Que se ordene garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de
vida de los ibaguereños con el mantenimiento periódico de toda la infraestructura que
se le otorgue al escenario deportivo.
5. Que se ordene conformar un comité para la verificación del cumplimiento del fallo.
6. Que se condene en costas a las entidades accionadas […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Afirmó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 221 del Decreto 823 de
23 de diciembre de 2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan
de Ordenamiento Territorial de Ibagué, el Polideportivo San Simón se cataloga
como escenario deportivo nivel 2 destinado a la recreación, tanto activa como
pasiva, y la generación de valores paisajísticos.
3.2. Señaló que el Municipio de Ibagué pretende construir un megacolegio y
realizar un aprovechamiento forestal en el inmueble en el que se ubica el
polideportivo, con el objetivo de implementar la jornada única en el Municipio, lo que
afecta el derecho al goce a un ambiente sano, por la tala de cerca de cien árboles,
y el derecho a la recreación de los habitantes de la ciudad.
3.3. Adujo que el Municipio modificó el uso del suelo en el que se encuentra el
polideportivo sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, advirtió que la
ciudad no cuenta con escenarios deportivos, por lo que al construir el megacolegio
se afectarían los derechos de la población.
Actuaciones en primera instancia
4. Mediante auto de 14 de diciembre de 2018 el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué admitió la acción de la referencia y mediante auto de 5
de abril de 2019 declaró la falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad judicial que avocó conocimiento del asunto
mediante auto de 6 de mayo de 20195.
5 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
5. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 3 de
noviembre de 2020 y se declaró fallida al no presentarse ninguna fórmula de arreglo
entre las partes6. En providencia de la misma fecha el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo del Tolima profirió auto de pruebas.
Contestaciones de la demanda
6. La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA7 presentó
escrito de 12 de febrero de 2019 en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda. Afirmó que el Municipio de Ibagué solicitó permiso de aprovechamiento
forestal único para la tala de individuos arbóreos localizados en nueve instituciones
educativas de Ibagué y que se ha seguido el procedimiento establecido en la
normativa, sin que se pueda afirmar que la autoridad ambiental haya vulnerado
algún derecho colectivo. Finalmente, propuso las excepciones de “ausencia de
responsabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA”, “actuaciones adecuadas a las competencias de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA”, “inexistencia de pruebas que
sustenten la vulneración de los derechos colectivos alegados”, “falta de legitimación
en la causa por pasiva” y “excepción genérica”.
7. La Curaduría Urbana núm. 2 de Ibagué8 presentó escrito de 20 de febrero
de 2019 en el que manifestó que las pretensiones de la demanda no están
relacionadas con las funciones que le han sido asignadas. Adujo que la parte actora
no cumplió el requisito de procedibilidad para la presentación de la acción popular.
Asimismo, afirmó que el artículo 223 del Decreto 823 de 2014 no puede leerse de
manera fraccionada, por lo que, a su juicio, el plano U2 “Usos del Suelo” contenido
en esa disposición localiza el predio objeto de discusión en zona de uso institucional
para equipamiento colectivo.
8. Adujo que de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del referido
Decreto, se permite la ejecución de actividades tendientes al desarrollo de
infraestructuras, entre otras, en materia educativa que permitan el desenvolvimiento
de la vida en sociedad.
6 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_006_AUTODECRETAPRU(.pdf) NroActua 2.
7 Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_002_730012333000(.pdf) NroActua 2.
8 Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_002_730012333000(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
9. Manifestó que el Municipio de Ibagué solicitó licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva de once bloques de uno, dos y tres pisos con cubierta de
teja destinado a uso institucional para el proyecto denominado Institución Educativa
San Simón en el predio ubicado en la carrera 6 entre calles 33 y 36 del barrio San
Simón identificado con matrícula inmobiliaria núm. 350-3977 y ficha catastral núm.
01-05-0101-0001-000; sin embargo, sostuvo que el expediente fue archivado
mediante auto núm. 0320 de 7 de septiembre de 2018 en razón a que no se
cumplieron la totalidad de requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, sin
que a la fecha de la contestación de la demanda se hubiera presentado nueva
solicitud de licencia urbanística para el referido predio.
10. Sostuvo que la parte actora confunde el proceso de revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial, las actuaciones relativas al licenciamiento urbanístico y el
proceso de identificación de usos del suelo contenido en el Decreto Municipal 823
de 2014.
11. Finalmente, formuló las excepciones que denominó: “ineptitud de la demanda
por falta de los requisitos formales”, “cumplimiento del Plan de Ordenamiento
Territorial”, “carencia de objeto de la acción popular”, “ausencia de licenciamiento
urbanístico” y “desconocimiento del proceso de identificación normativa”.
12. El rector de la Institución Educativa Colegio San Simón de Ibagué
presentó escrito de 21 de marzo de 20199 en el que manifestó que la entidad carecía
de personería jurídica propia y que la representación correspondía al Municipio de
Ibagué, a través de la Secretaría de Educación.
13. El Concejo Municipal de Ibagué presentó escrito de 29 de marzo de 201910
en el que se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la construcción
del megacolegio es una carga que debe soportar la ciudadanía en beneficio del
interés general con el fin de dar cumplimiento a la implementación de la jornada
única educativa.
14. Adujo que el Gobierno Nacional mediante la Escritura Pública núm. 432 de
12 de junio de 1938 de la Notaría Primera del Círculo de Ibagué transfirió al Colegio
San Simón las canchas objeto de debate para uso institucional. En consecuencia,
9 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
10
Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_002_730012333000(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
señaló que dicho inmueble pertenece al Colegio y no al Municipio de Ibagué, entidad
territorial que solo tiene a cargo su administración.
15. Finalmente, formuló la excepción que denominó “no vulneración de derechos
colectivos”.
16. El Municipio de Ibagué presentó escrito de 29 de marzo de 201911 en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento que la construcción
del colegio beneficiará a los niños y jóvenes de la ciudad y que en consideración al
concepto emitido por el Director del Plan de Ordenamiento Territorial de la
Secretaría de Planeación del Municipio de Ibagué, la construcción del megacolegio
es compatible con el uso del suelo, por lo que es viable que el Municipio realice la
construcción proyectada.
17. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la
Universidad de Ibagué presentó escrito de 20 de marzo de 201912 en el que
coadyuvó la demanda de acción popular. Afirmó que el Polideportivo San Simón es
un escenario deportivo cuyo uso se encuentra descrito en el artículo 221 del Decreto
823 de 2014 para la recreación y generación de valores paisajísticos por lo que, a
su juicio, no puede ser destinado a la construcción del megacolegio. Asimismo,
sostuvo que la tala de más de 100 árboles traería un perjuicio al derecho colectivo
al goce de un ambiente sano.
18. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima profirió
auto de 4 de marzo de 2022 para que los sujetos procesales presentaran alegatos
de conclusión, etapa procesal en la cual la parte actora, la Clínica Jurídica de
Derechos Humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA y el Municipio de Ibagué presentaron
sendos escritos en los que expusieron los alegatos de conclusión.
Sentencia proferida, en primera instancia
19. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el día 28 de abril de
2022, en la que resolvió lo siguiente13:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la vulneración a los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
11 Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_002_730012333000(.pdf) NroActua 2.
12 Por medio de una estudiante acreditada de la Universidad de Ibagué. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión
Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf) NroActua 2.
13 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_057_SENTENCIARAD(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la defensa del patrimonio
público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
SEGUNDO: NEGAR como consecuencia de la anterior declaración las pretensiones
de la demanda.
TERCERO: Sin costas.
CUARTO: Enviar una copia del presente fallo a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: De no ser apelada esta providencia, se ordena el archivo definitivo del
expediente, previo las anotaciones del caso.
SEXTO: Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones en el sistema siglo XXI del caso. […]”.
Consideraciones del Tribunal
20. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró que el inmueble ubicado en
la carrera sexta entre calles 34 a 36 de Ibagué, donde se encuentra actualmente
funcionando el Polideportivo del Colegio San Simón, no es un bien de uso público
sino un bien patrimonial o fiscal perteneciente al Municipio de Ibagué, motivo por el
cual, el proyecto de construcción de un megacolegio en dicho lugar no vulnera
ningún derecho o interés colectivo y resulta a todas luces procedente, toda vez que
con ello la Administración Municipal pretende garantizar el servicio público de la
educación.
21. Manifestó que aun cuando actualmente la solicitud de licencia de
construcción del citado colegio en el inmueble objeto de discusión se encuentre
archivada, esto no impide que con posterioridad el Municipio de Ibagué reanude
dicho trámite con el objeto de ejecutar el proyecto de construcción de un
megacolegio, en atención a la naturaleza jurídica que ostenta el bien.
22. Asimismo, afirmó que tampoco se configura la grave afectación ambiental
alegada, ya que tanto el proceso de solicitud de aprovechamiento forestal elevado
por la Administración Municipal de Ibagué, como la concesión efectuada por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, se llevaron a cabo en
cumplimiento de los preceptos legales a los que debían sujetarse, teniendo en
cuenta las medidas para mitigar el impacto ambiental.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Recurso de apelación
23. La parte actora presentó escrito de 12 de mayo de 2022 en el que solicitó
revocar la sentencia proferida, en primera instancia, de conformidad con los
siguientes argumentos14:
Primer argumento: Aplicación del POT y garantía del debido proceso para su
modificación
24. Sostuvo que el Tribunal erró al afirmar que la parte actora afirmó que el POT
fuera modificado por el Municipio, cuando lo manifestado en la demanda fue que
para destinar un escenario deportivo tipo dos, como lo es el polideportivo San
Simón, es necesario modificar el artículo 121 del POT, por lo que la competencia es
del Concejo Municipal de Ibagué para realizar la socialización y un cabildo abierto
con el objeto de modificar la precitada norma.
25. Señaló que si no se sigue el trámite establecido para la modificación del
Acuerdo Municipal se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos de
Ibagué y de las agremiaciones sociales y comerciales de la ciudad, en especial el
artículo 29 de la Constitución Política, concretamente, por impedir la participación
en el cabildo abierto.
26. Afirmó que el POT era una norma de superior jerarquía a la expedida por la
Secretaría de Planeación en la que se determinó que el uso del suelo era de
equipamiento institucional y que, adicionalmente, se trataba de una norma de tipo
abierto, toda vez que para mejorar el escenario deportivo el uso del suelo sigue
siendo el mismo, por cuanto el escenario hace parte del equipamiento institucional
del Municipio, debiéndose aplicar de manera especial las normas previstas en los
artículos 121 y siguientes del POT, en las que se precisó que el polideportivo era un
escenario y santuario deportivo.
Segundo argumento: el Tribunal no tuvo en consideración la necesidad de
construcción del megacolegio
27. Manifestó que no se probó en el proceso la necesidad de construcción del
megacolegio en la ciudad de Ibagué, máxime cuando en la demanda se afirmó que
14 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_062_ACCIONANTEAPELA(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
sobran cupos en los colegios del Municipio. En este punto, sostuvo que el Tribunal
no ofició a la Secretaría de Educación Municipal para verificar si existía la necesidad
de construir el colegio de acuerdo a los cupos disponibles en la ciudad.
28. Asimismo, afirmó que el Tribunal redujo el caso al análisis de cual derecho
tenía más peso, esto es, si debía darse prevalencia al derecho a la práctica
deportiva y libre esparcimiento o al derecho a la educación, concluyendo que este
último debía primar.
Concesión del recurso de apelación
29. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima profirió
auto de 8 de agosto de 202215, mediante el cual concedió el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
30. El Despacho sustanciador profirió auto de 9 de diciembre de 202216 mediante
el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
31. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en el término revisto en
esta etapa procesal para presentar alegaciones y concepto, respectivamente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
32. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público; vii) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
15 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_067_AUTOCONCEDEAPE(.pdf) NroActua 2.
16 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
33. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201917, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15018 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
34. Vistos los artículos 32019 y 32820 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 21,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la parte actora.
35. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
36. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 20 de marzo de 202422, invocando para ello la causal prevista en el numeral 4.º
del artículo 130 de la Ley 143723, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
18 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080.
19 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
20 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
22 Cfr. índice 25 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
112MANIFESTACIOND_IMPEDIMENT_MANIFESTACIONDEIMPED(.pdf) NroActua 25.
23 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
[…]
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de
las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición
de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados […]”. (Destacado
fuera de texto).
37. El Consejero de Estado indicó que, a su juicio, se encuentra incurso en la
causal referida por cuanto: “[…] el señor Jorge Enrique Osorio Cifuentes, quien es
pariente del suscrito en el segundo grado de consanguinidad (hermano),
actualmente es contratista de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, parte
demandada en el proceso de la referencia […]”.
38. Vistos: i) los artículos 130, numeral 4.º y 13124, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) el artículo 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.
39. Vistos: i) el artículo 35 del Código Civil25, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.
40. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
41. La Corte Constitucional26 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
24 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
25
Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
42. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 4.º del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer el tipo y grado de parentesco que tenga alguna de las partes, su
representante o apoderado con el Juez o Magistrado que manifiesta su
impedimento.
43. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, es contratista de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, entidad demandada dentro del proceso de la referencia, la Sala
considera que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada y, en
consecuencia, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Problemas jurídicos
44. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:
44.1. Si existe vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados en
la demanda con ocasión del proyecto de construcción de un megacolegio en el
predio denominado “Canchas de San Simón” en el Municipio de Ibagué.
44.2. Si la acción popular es el medio para controvertir actos de la
Administración y para solicitar la modificación de normas jurídicas del orden
territorial.
44.3. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
45. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
46. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
47. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
48. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
49. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”27.
50. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias
51. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.
52. La Corte Constitucional28 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
53. Antes de la Constitución política de 1991, el marco normativo sobre los
bienes de uso público se encontraba contenido en el Código Civil. En efecto, el
artículo 674 del ejusdem establece que son bienes de uso público aquellos cuyo
"[…] uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos; se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos
del territorio […]”.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
54. Por su parte y en relación con el espacio público, el artículo 5.º de la Ley 9
del 11 de enero de 198929, señala lo siguiente:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público
y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
PARÁGRAFO 1. (adicionado artículo 22 de la Ley 2044 de 30 de julio de 202030) El
espacio público resultante de la adopción de instrumentos de planeamiento o de
gestión o de la expedición de licencias urbanísticas se incorporará con el solo
procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización o
la parcelación en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen
las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y
linderos.
La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de
las ventas del proyecto respectivo.
PARÁGRAFO 2. (adicionado artículo 22 de la Ley 2044) El espacio público resultante
del desarrollo de proyectos de infraestructura se incorporará mediante el registro de
la escritura de entrega o cesión en la oficina de instrumentos públicos. Así mismo,
previo procedimiento de desenglobe y apertura del folio de matrícula inmobiliaria en
la escritura de cesión se debe determinar su localización, cabida y linderos. La
escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la puesta en
funcionamiento de la infraestructura construida.
PARÁGRAFO 3. (adicionado artículo 22 de la Ley 2044) Luego de la suscripción
de la escritura del espacio público generado mediante cesión o entrega de
infraestructura, se notificará por parte de la oficina de instrumentos públicos a
las entidades territoriales como representantes del patrimonio inmueble
municipal o distrital, quienes en un término máximo de 15 días hábiles verificarán su
concordancia con las normas y estándares del espacio público establecidas en los
instrumentos de ordenamiento territorial de cada municipio o distrito si la encuentran
acorde, manifestarán su aceptación, caso contrario solicitarán al notario los ajustes y
aclaraciones respectivas y radicarán las escrituras ajustadas a la respectiva oficina
de Registro de Instrumentos Públicos […]" (Destacado fuera del texto).
29 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y
se dictan otras disposiciones”.
30 “Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales
y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
55. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
(Destacado fuera del texto).
56. El artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho al goce del
espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular. […]”. (Destacado fuera del texto).
57. El derecho constitucional al espacio público, examinado en su dimensión
autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido por medio de las acciones
populares. Dicho derecho está instituido expresamente en los artículos 82 y 88 de
la Constitución Política bajo el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.
58. De allí que, para los efectos de esta providencia, sea pertinente enunciar los
rasgos relevantes del espacio público, conforme a los ya citados artículos 82 y 88
de la Constitución Política, así:
58.1. Es deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de
la integridad del espacio público.
58.2. Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su destinación al uso
común.
58.3. Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del carácter prevalente
del uso común del espacio público sobre el interés particular.
58.4. Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad reguladora en materia
de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio
público para la defensa del interés común, entre otros.
58.5. Es un derecho e interés colectivo.
59. Así las cosas, el buen uso, el libre acceso y la preservación del espacio
público son aspectos que en una sociedad contribuyen a mejorar la calidad de vida
y a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos
los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público
60. Visto el artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.
61. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, por
patrimonio público debe entenderse: “[…] la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de
sus atribuciones conforme a la legislación positiva […]”, y agrega que “[…] su
protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La
regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista
que asegura la protección normativa de los intereses colectivos[;] en consecuencia
[,] toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio
público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio
de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca que los recursos
del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo
dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la
Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad
administrativa […]”31.
62. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de junio de 201132, agregó que ese “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados a la finalidad que
se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
63. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 2019 33, indicó
que “[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria
a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia
de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de
2002, Rad. No. 25000 23 24 000 1999 9001 01. C.P.: Ligia López Díaz.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de ocho (8) de junio
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Radicación número: 41001-23-31-000-2004-
00540-01(AP).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de once (11) de abril
de dos mil diecinueve (2019), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 25000-
23-41-000-2012-00077-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el
ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y
obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del
cumplimiento de la función administrativa […]”.
64. Esta Corporación en sentencia de 1.° de febrero de 202234 unificó el concepto
del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, en la que consideró que
“[…] propugna por la protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la
totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas […]”. Asimismo, “[…] procura
porque la administración (de esos recursos) sea eficiente, proba y transparente, de
acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia propios de un buen
servidor, de modo que se evite cualquier detrimento […]”.
65. La defensa del patrimonio público tiene una doble naturaleza, por un lado, la
dimensión subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho y, por otro lado, la
dimensión objetiva o de principio “[…] que se convierte en la obligación de las
entidades públicas de gestionarlo de acuerdo a lo establecido en el artículo 209 de
la Constitución Política, de forma eficiente y transparente y observando la legalidad
presupuestal vigente […]”.
66. En la precitada providencia se consideró que la vulneración del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público requiere de la confluencia de dos
elementos, a saber: “[…] i) subjetivo, referido al análisis de la gestión de ese
patrimonio a cargo del funcionario, de modo que si ésta se hace de forma
irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el interés colectivo protegido
y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de gestionar
el patrimonio público, de acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia
contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
67. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión;
sentencia del 1.º de febrero de 2022; Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de
radicación: 730013331006200800027-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”35.
68. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201136, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad37; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio38; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible39.
69. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos40. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros41.
70. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP).
37 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
38 Art. 95 numeral 1 C.P.
39 Art. 3º Ley 388 de 1997.
40 Art. 5º Ley 388 de 1997.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de
febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-
23-31-000-2004-00243-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Análisis del caso concreto
71. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
72. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia de 28 de abril de
2022 en la que negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el
inmueble ubicado en la carrera sexta entre calles 34 a 36 de Ibagué, donde se
encuentra actualmente funcionando el Polideportivo del Colegio San Simón, no es
un bien de uso público sino un bien patrimonial o fiscal perteneciente al Municipio
de Ibagué, motivo por el cual, el proyecto de construcción de un megacolegio en
dicho lugar no vulnera ningún derecho o interés colectivo y resulta a todas luces
procedente, toda vez que con ello la Administración Municipal pretende garantizar
el servicio público de la educación.
73. La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, que fundamentó en la necesidad de aplicar el POT y garantizar
el debido proceso para su modificación. Asimismo, sostuvo que el Tribunal no tuvo
en consideración la necesidad de construcción del megacolegio.
74. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida, en
primera instancia, el 28 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Solución a los problemas jurídicos
75. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
76. Obra en el expediente escrito de 21 de septiembre de 2018 con número
2018RE10869 expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, en el
que se indicó lo siguiente42:
“[…] [E]s así, como en pro de garantizar la adecuada implementación de la
Jornada Única en el aspecto de infraestructura, la Administración Municipal, junto
con el Ministerio de Educación, celebró el Convenio No. 1291 del 03 de octubre
del 2016, cuyo objeto es […] "desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten
el cumplimiento de los proyectos de infraestructura educativa viabilizados y
priorizados para el municipio de Ibagué, que contribuyan a la implementación del
programa de Jornada Única y que serán ejecutados por el FFIE a través del
patrimonio autónomo autorizado por la Ley 1753 del 9 de junio de 2015", de los cuales
el Ministerio de Educación aportó el 70% y del Municipio de Ibagué el 30%.
De otra parte dentro de los requisitos para cumplir el objeto del convenio
precitado se encuentran la escrituración del terreno a nombre del municipio, y
que no se encuentre en zona de riesgo; para el caso que nos ocupa y según consta
en certificado de libertad y tradición el bien inmueble (canchas de San Simón)
es propiedad del Municipio de Ibagué, y según certificación de la oficina de
planeación municipal dicho terreno se encuentra con el uso de suelo como
INSTITUCIONAL- EQUIPAMIENTO COLECTIVO, cumpliendo lo consignado en el
Decreto 1000-0823 del 23 de diciembre del 2014, por la cual se adopta la revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial en el Municipio de Ibagué (POT), según
consta en el oficio de demarcación y paramentos No. 1011-2018-11820 del 13 de
marzo del 2018, expedido por la Dirección de Plan de Ordenamiento Territorial de la
Secretaria de Planeación Municipal. (…).”. (Destacado fuera de texto).
77. Copia del escrito de 12 de junio de 201843 mediante el cual el Municipio de
Ibagué solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA
permiso de aprovechamiento forestal único para algunas Instituciones Educativas
de Ibagué, entre ellas, la Institución Educativa San Simón.
78. Copia del escrito con núm. 21833 del 11 de octubre de 201844 expedido por
la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA en el que se da
respuesta a una petición elevada por el actor popular y se informa lo siguiente:
“[…] con relación al cambio del uso del suelo del escenario deportivo Polideportivo
San Simón (Canchas San Simón), le informo que revisado el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Ibagué, ajustado y adoptado mediante Decreto 823 del 23
de diciembre de 2014 y el mapa de zonificación ambiental respectivo, el lote
denominado “Canchas San Simón”, se encuentra ubicado en la siguiente zona:
Zona Institucional
42 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
43 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
44
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Es el suelo en el cual las edificaciones y espacios, soportan actividades de carácter
esencial, colectivo, recreativo y deportivo, satisfaciendo necesidades básicas de la
vida urbana. Su clasificación se hace en función del tipo de equipamiento.
Equipamiento Colectivo
Zonas en las que se desenvuelven actividades destinadas al desarrollo de
infraestructura de salud, educativas, culturales de culto, de bienestar social, de
abastecimiento de alimentos y ferial.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el concepto anterior, las diligencias se encuentran
al Despacho para resolver de fondo la solicitud presentada por el Municipio de Ibagué,
con respecto al aprovechamiento de árboles aislados en diferentes planteles
educativos, lo cual se requiere para la implementación de la jornada única escolar
[…]”. (Destacado fuera de texto).
79. Copia del escrito núm. CU2-RS-2018-0000525345 suscrito por el Curador
Urbano núm. 2 de Ibagué y dirigido al actor popular en el que se manifestó lo
siguiente:
“[…] [Q]ue mediante Radicación No. 73-001-2-18-0378 de junio 18 de 2018, la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ con NIT. 800.113.389-7, y su Representante
Legal el señor GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ identificado con
C.C. 19'111.936 de Bogotá, a través de su Apoderado el señor CARLOS HERNANDO
DÍAZ BOTERO identificado con C.C. 79563.251 de Ibagué, radico solicitud de
Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva de once (11) bloques
de uno(1), dos (2) y tres (3) pisos con cubierta en teja destinada a uso institucional
Proyecto Denominado "INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMON”, para el predio
ubicado en la Carrera 6 Y 8 entre Calles 33 y 36 del Barrio San Simón, de la Ciudad
de Ibagué, identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 350-3977 y Ficha Catastral
No. 01-05-0101-0001 000.
Que mediante Auto No. 73-001-2-18-0320 de septiembre 07 de 2018, se Archivó el
expediente correspondiente a la Radicación No. 73-001-2-18-0378 de junio 18 de
2018.”. (Destacado fuera de texto).
80. Copia del auto núm. 73-001-2-18-0320 de 7 de septiembre de 201846,
mediante el cual el Curador Urbano núm. 2 de Ibagué archivó el expediente
correspondiente a la radicación núm. 73-001-2-18-0378 del 18 de junio de 2018.
81. Copia del documento núm. 1011-2018-11820 de 13 de marzo de 201847
suscrito por el Director del Grupo Plan de Ordenamiento Territorial de la Secretaría
de Planeación Municipal dirigido a la Secretaría de Educación del Municipio de
Ibagué, que tiene como referencia “[…] Plano Topográfico del Predio ubicado entre
la Avenida Guabinal y la carrera 6 entre la calle 34 y la calle 36 del Barrio San Simón,
45
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
46
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
47
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Institución Educativa San Simón de la nueva nomenclatura de la ciudad de Ibagué
[…]”, en el que se afirmó lo siguiente:
“[…] La presente demarcación no implica permiso alguno, por cuanto solo constituye
una herramienta informativa para el trámite ante las Curadurías Urbanas y no implica
pronunciamiento alguno por parte de la Secretaría de Planeación Municipal sobre los
linderos del predio, la titularidad de su dominio y/o características de su posesión […]”.
82. Copia del comunicado a la opinión pública emitido por la Institución Educativa
Colegio de San Simón del 2 de abril de 201848, en el que se manifestó lo siguiente:
“[…] 2. El lote de terreno conocido como "Canchas de San Simón" es de
propiedad del colegio de San Simón según escritura pública N° 432 de junio 12 de
1939. registrada en la notaría primera pública principal del circuito de Ibagué hoy
vigente con certificado de tradición y matricula inmobiliaria No 350- 3977 de la oficina
de instrumentos públicos de Ibagué, área de terreno escolar a cargo del municipio
de Ibagué, secretaria de educación para su administración con destinación
exclusiva al servicio educativo y hoy se encuentra arrendado, bajo documento
protocolizado a una escuela deportiva particular, teniendo prelación el uso por parte
de los estudiantes de la institución […]”. (Destacado fuera de texto).
83. Copia de los contratos de arrendamiento del terreno ubicado en la carrera 6
núm. 33-66 destinado al funcionamiento del escenario deportivo denominado
“canchas de futbol de San Simón”, suscritos por el Rector de la Institución Educativa
Colegio de San Simón, en calidad de arrendador y el señor Alirio Amaya Triviño, en
calidad de arrendatario49.
84. Copia del escrito denominado memorando núm. 1011-012489 de 14 de
marzo de 201950 suscrito por el Director de Ordenamiento Territorial Sostenible de
la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, en el que se comunicó lo siguiente:
“[…] [D]esde la entrada en vigencia del Decreto 082 del 2014, actual POT, hasta la
fecha el predio del asunto, SIEMPRE SE HA ENCONTRADO CLASIFICADO con
USO INSTITUCIONAL: por lo que la afirmación de modificación del POT carece de
todo sustento argumentativo ya que en ningún momento ha habido variación
alguna en la clasificación de la zonificación de los usos del suelo urbano.
Ahora bien, acorde a la determinación clasificada dentro del Plano U2, cada una
de ellas tienen una serie de equipamientos (entiéndase como equipamiento
"Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público o privado, destinadas a proveer
a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural,
de salud, deportivo recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio."
Anexo Decreto 0823 del 2014. Glosario); O actividades permitidas o prohibidas las
cuales para las primeras, están clasificadas dentro del mismo Plano U2 y que
para el presente caso es catalogado expresamente como EQUIPAMIENTO
COLECTIVO; y en cuanto a las segundas, LAS ACTIVIDADES, se determinan
estas dentro de la Matriz de Uso del Suelo vigente a la fecha y en algunos casos
48 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
49 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
50 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_002_730012333000(.pdf)
NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
dentro del POT, como es el caso puntual del artículo 223, que de manera expresa
permite la actividad "RECREACIÓN ACTIVA"; precisando que el Municipio de
Ibagué dispone la sana mezcla de usos.
Que el dar por entendido que la RECREACIÓN ACTIVA es el USO DEL SUELO,
contraria a toda luz TODO el articulado del POT en el que establece
específicamente cuáles serán los USOS del suelo y en ningún caso como queda
evidenciado se incluye este como tal, contrario a ello, si se establece la
ejecución de esta como una actividad que puede ser desarrollada dentro de
algunas de las clasificaciones del suelo.
Puntualmente, cualquiera de los equipamientos permitidos al USO
INSTITUCIONAL, (esencial, colectivo, recreativo y deportivo) tienen un carácter
PRINCIPAL y puede ser desarrollado tanto en la totalidad del predio objeto de
la clasificación, así como en una porción o zona de esta; específicamente para el
equipamiento colectivo, no contraria en ninguno de los casos el desarrollo de
la actividad "Recreación activa" consagrada dentro del artículo 223 del POT;
contrario sensu, la actividad designada como tal, es acorde a la esencia de la
clasificación como es en este caso el INSTITUCIONAL.
La ejecución en el predio de estudio del proyecto constructivo
"MEGACOLEGIO", el cual es derivado de la aplicación de la ejecución de la
normatividad nacional, integrado a rango municipal gracias a la firma del
Convenio Interadministrativo 1291 del 2016 entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL Y el MUNICIPIO DE IBAGUÉ; además de ser compatible
con el uso del suelo del Plano U2, pretende consolidar las actividades
educativo, formativas, culturales, DEPORTIVAS y RECREATIVAS […]”.
(Destacado fuera del texto)”.
85. Copia del certificado catastral nacional del predio ubicado en la dirección: K
6 32 101, en el que se registra como propietario del inmueble a la Nación – Colegio
San Simón51.
86. Copia del certificado de tradición y libertad del predio52.
87. Copia del expediente administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal
único tramitado ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA,
radicado bajo el núm. 9329 del 19 de junio de 201853.
88. Copia de la Resolución núm. 3369 de 24 de octubre de 201854 expedida por
el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
“Por medio de la cual se otorga un permiso de Aprovechamiento Forestal único y se
establecen otras disposiciones”, en la que se consideró, entre otras cosas, lo
siguiente:
51 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_021_CORTOLIMAALLEGA(.pdf) NroActua 2.
52 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_021_CORTOLIMAALLEGA(.pdf) NroActua 2.
53 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_021_CORTOLIMAALLEGA(.pdf) NroActua 2.
54 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_021_CORTOLIMAALLEGA(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
“[…] La Subdirección de Calidad Ambiental, luego de hacer las correspondientes
visitas técnicas a cada una de las instituciones educativas objeto del presente trámite
ambiental y, de analizar la documentación obrante en el expediente, emitió informe
técnico el 28 de septiembre de 2018, conceptuando lo siguiente:
“[…] Es viable técnicamente autorizar el permiso de aprovechamiento forestal
único de 310 árboles de diferentes especies forestales cuyo volumen de madera
corresponde a 208,88 metros cúbicos […] porque los referidos individuos
arbóreos […] interfieren con el desarrollo del proyecto de construcción,
ampliación y adecuación de aulas para la jornada única escolar […]”.
Pero la viabilidad se supeditó a que las obras de construcción y/o remodelación
de las instituciones educativas cuenten con todos los permisos requeridos por
la normatividad vigente de otras autoridades administrativas, tal es el caso de
la licencia de construcción correspondiente […]”. (Destacado fuera de texto).
89. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
89.1. La Sala resalta que se encuentra acreditado en el proceso que el predio
denominado “Canchas de San Simón” está ubicado en una zona clasificada por el
Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué con uso del suelo institucional –
equipamiento colectivo, lo que corresponde a “[…] zonas en las que se
desenvuelven actividades destinadas al desarrollo de infraestructura de salud,
educativas, culturales de culto, de bienestar social, de abastecimiento de alimentos
y ferial […]”.
89.2. Asimismo, la Sala evidencia que la Secretaría de Planeación de Ibagué
precisó que “[…] [L]a ejecución en el predio de estudio del proyecto constructivo
"MEGACOLEGIO", el cual es derivado de la aplicación de la ejecución de la
normatividad nacional, integrado a rango municipal gracias a la firma del Convenio
Interadministrativo 1291 del 2016 entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL Y el MUNICIPIO DE IBAGUÉ; además de ser compatible con el uso
del suelo del Plano U2, pretende consolidar las actividades educativo,
formativas, culturales, DEPORTIVAS y RECREATIVAS […]”. (Destacado fuera
de texto).
89.3. La Sala destaca que la Curaduría Urbana núm. 2 de Ibagué allegó escrito en
el que manifestó que el Municipio de Ibagué radicó solicitud de licencia de
construcción en la modalidad de obra nueva; sin embargo, advirtió que “[…]
mediante Auto No. 73-001-2-18-0320 de septiembre 07 de 2018, se archivó el
expediente correspondiente a la Radicación No. 73-001-2-18-0378 de junio 18
de 2018 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
89.4. La Sala observa que la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA expidió la Resolución núm. 3369 de 24 de octubre de 2018 en la que
se precisó que el permiso de aprovechamiento forestal único estuvo precedido del
procedimiento ambiental en el que, entre otras cosas, la Subdirección de Calidad
Ambiental de la referida autoridad ambiental emitió concepto de viabilidad para el
aprovechamiento forestal único y, en todo caso, la Corporación advirtió que “[…] la
viabilidad se supeditó a que las obras de construcción y/o remodelación de
las instituciones educativas cuenten con todos los permisos requeridos por
la normatividad vigente de otras autoridades administrativas, tal es el caso de
la licencia de construcción correspondiente […]”. (Destacado fuera de texto).
89.5. La Sala considera que no existen pruebas en el expediente que permitan
concluir que se han vulnerado o que se encuentran amenazados los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda, por el contrario, lo que se desprende
de las pruebas obrantes en el plenario es que el proyecto de construcción del
megacolegio en el predio denominado “Canchas de San Simón” no se ha ejecutado
ni se está ejecutando.
89.6. Adicionalmente, la Sala evidencia que de acuerdo con lo manifestado por la
Curaduría Urbana núm. 2 de Ibagué, la solicitud de licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva presentada por el Municipio de Ibagué para construir el
megacolegio en el predio “Canchas de San Simón” fue archivada y no cursa una
nueva solicitud en el mismo sentido.
89.7. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que la autoridad ambiental condicionó el
permiso de aprovechamiento forestal único a que el Municipio de Ibagué obtuviera
los demás permisos requeridos para ejecutar la construcción, entre ellos, la licencia
que debe ser otorgada por la curaduría urbana, la cual se reitera, no se ha expedido
porque el trámite fue archivado.
89.8. Así las cosas, la Sala concluye que del material probatorio obrante en el
expediente no se evidencia que en la actualidad exista vulneración o amenaza a los
derechos e intereses colectivos invocados por el actor popular, toda vez que el
proyecto de construcción del megacolegio en el predio “Canchas de San Simón” no
se está ejecutando, el predio está en una zona con uso del suelo institucional –
equipamiento colectivo y el trámite de licenciamiento fue archivado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Respecto de la aplicación del POT y garantía del debido proceso para su
modificación
90. El actor popular sostuvo que el Tribunal erró al afirmar que la parte actora
había afirmado que el Plan de Ordenamiento Territorial fue modificado por el
Municipio, cuando lo que manifestó en la demanda fue que para destinar un
escenario deportivo tipo dos, como lo es el polideportivo San Simón, es necesario
modificar el artículo 221 del POT, por lo que la competencia es del Concejo
Municipal de Ibagué para realizar la socialización y un cabildo abierto con el objeto
de modificar la precitada norma.
91. Señaló que si no se sigue el trámite establecido para la modificación del
Acuerdo Municipal se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos de
Ibagué y de las agremiaciones sociales y comerciales de la ciudad, en especial el
artículo 29 de la Constitución Política, concretamente, por impedir la participación
en el cabildo abierto.
92. Asimismo, afirmó que el POT era una norma de superior jerarquía a la
expedida por la Secretaría de Planeación en la que se determinó que el uso del
suelo era de equipamiento institucional. Igualmente, sostuvo que se trataba de una
norma de tipo abierto, toda vez que para mejorar el escenario deportivo el uso del
suelo sigue siendo el mismo, por cuanto el escenario hace parte del equipamiento
institucional del Municipio, debiéndose aplicar de manera especial las normas
previstas en los artículos 121 y siguientes del POT, en los que se precisó que el
polideportivo era un escenario y santuario deportivo.
93. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró, en este específico punto, lo
siguiente:
“[…] De otra parte, el 18 de junio de 2018 la Administración Municipal de Ibagué por
medio del Oficio Radicado bajo el No. 73-001-2-18-0378 solicitó Licencia de
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de once (11) bloques de uno (1), dos
(2) y tres (3) pisos con cubierta en teja, destinada a uso institucional, Proyecto
Denominado "Institución Educativa San Simón”, para el predio ubicado en la Carrera
6 y 8 entre Calles 33 y 36 del Barrio San Simón de la Ciudad de Ibagué.
La parte accionante aduce que la administración municipal para ejecutar el
proyecto de construcción del Megacolegio modificó el Plan de Ordenamiento
Territorial, en la medida que el uso del suelo del escenario deportivo en
comento se había establecido para Recreación y se cambió a Institucional –
equipamiento colectivo, sin el cumplimiento de los requisitos legalmente
fijados.
Frente a este asunto, considera esta Sala que no le asiste razón al actor popular,
habida cuenta que revisada en conjunto la normatividad contenida en el Decreto
1000 - 0823 de 23 de diciembre de 2014 “por el cual se adopta la revisión y ajuste
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
al plan de ordenamiento territorial del Municipio de Ibagué” y el Mapa U2 “Usos
del Suelo" que integra el mismo, se encuentra que el predio en el que se
pretende la construcción del Megacolegio por parte de la administración
municipal que originó la solicitud de licencia de construcción, se encuentra en
una zona destinada, conforme el mapa de usos de suelo de la ciudad, a zona de
actividad institucional y equipamiento colectivo, en la que, tal como lo define el
mencionado Decreto, se desenvuelven actividades destinadas al desarrollo de
infraestructuras de salud, educativas, culturales, de culto, de bienestar social, de
abastecimiento de alimentos y feriales.
Así las cosas, la administración municipal de Ibagué en ningún momento
incurrió en modificación alguna del Plan de Ordenamiento Territorial y de
acuerdo con la normatividad local precitada, puede válidamente ejecutar la
construcción del Megacolegio proyectado, pues no se advierte que dicha zona se
encuentre establecida como zona destinada al espacio público, o como zona de
protección ambiental dentro del Plan de ordenamiento Territorial […]” (Destacado
fuera de texto).
94. Al respecto, el Decreto núm. 1000-0823 de 23 de diciembre de 201455
expedido por el Alcalde Municipal de Ibagué establece en el artículo 221 lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 221.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS. Espacios de propiedad pública o privada, destinados a
recreación activa o pasiva, concentración ciudadana y realización de eventos
deportivos, cívicos o culturales, que conforme a su significación en la memoria
colectiva alcanzan un cubrimiento a nivel Local, Sectorial o Urbano Regional.
La capacidad de prestación del servicio de deporte y recreación está representada
por los escenarios, los cuales se clasifican en los siguientes niveles:
Nivel 1: Aquellos escenarios que cuentan con las condiciones necesarias para la
práctica de deportes de alto rendimiento.
Nivel 2: Los escenarios que por su magnitud permiten la práctica de diversos
deportes y además cuentan con instalaciones para desarrollar actividades
recreativas.
Nivel 3: Polideportivos ubicados en los barrios que cuentan únicamente con placas
multifuncionales o canchas múltiples […]”. (Destacado fuera de texto).
95. En este punto el actor popular sostuvo que el Municipio de Ibagué, a través
de la Secretaría de Planeación, desconoció el Plan de Ordenamiento Territorial de
Ibagué al entender que podía desarrollarse el proyecto de construcción de un
megacolegio en el predio denominado “Canchas de San Simón”, cuando los
artículos 221 y 223 de esa normativa clasificaron el Poliderportivo San Simón como
escenario deportivo, para uso recreativo y de generación de valores paisajísticos.
55 “Por el cual se adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué y se dictan
otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
96. La Sala destaca que es necesario hacer una lectura sistemática del POT de
Ibagué e incluir en el análisis el artículo 261 del Decreto 823 de 2014, el cual dispuso
la clasificación de la zona institucional con tipo de equipamiento colectivo, en la que
se permite el desarrollo de actividades destinadas a infraestructuras educativas.
97. De la misma manera, esta Sección ha reiterado en su jurisprudencia que la
acción popular no es el medio para declarar la nulidad de actos administrativos56,
en ese sentido, el argumento del actor popular referido a que la Secretaría de
Planeación de Ibagué desconoció los artículos 121 y 123 en el acto mediante el cual
declaró que el referido predio se encontraba en una zona de uso institucional con
tipo de equipamiento colectivo, uso que es compatible con la construcción del
megacolegio, no es un argumento que deba resolverse mediante el trámite de la
acción popular.
98. Adicionalmente, la Sala considera que el argumento del actor popular
relacionado con la necesidad de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Ibagué, concretamente lo preceptuado en los artículos 221 y siguientes
de ese cuerpo normativo con el objeto de permitir la construcción del megacolegio
y, que para ello, es necesario garantizar el debido proceso por parte del Concejo
Municipal a través de la socialización y la realización de un cabildo abierto, también
escapa al objeto de la presente acción popular, toda vez que lo que se está
resolviendo en este caso concreto es si existió o no vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda, sin que la controversia gire en torno
de la necesidad o no de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué y,
consecuencialmente, la pertinencia de impartir órdenes al Concejo Municipal para
que garantice el debido proceso y la participación de la ciudadanía en la
modificación del referido instrumento de planeación territorial.
99. De igual manera, la Sala reitera que el objeto de la presente acción popular
es determinar si con la construcción del megacolegio San Simón se vulneran o
amenazan los derechos colectivos invocados y no si el POT de Ibagué debe ser
modificado.
100. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que el argumento expuesto
por el actor popular en este acápite no está llamado a prosperar.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de julio de 2023,
CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 440012340000202000019-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Respecto del argumento según el cual el Tribunal no tuvo en consideración la
necesidad de construcción del megacolegio
101. El actor popular manifestó que no se probó en el proceso la necesidad de
construcción del megacolegio en la ciudad de Ibagué, máxime cuando en la
demanda se afirmó que sobran cupos en los colegios del Municipio. Asimismo,
sostuvo que el Tribunal no ofició a la Secretaría de Educación Municipal para
verificar si existía la necesidad de construir el colegio de acuerdo a los cupos
disponibles en la ciudad.
102. En este punto, la Sala observa que la Secretaría de Educación de Ibagué
allegó escrito de 2 de noviembre de 2021 en el que certificó el número de cupos
ofertados para el año 2021 en la Institución Educativa San Simón, en la que definió
por sedes, jornadas y grados la proyección de cupos escolares57.
103. En consecuencia, la Sala considera que no le asiste razón al actor popular
por cuanto al expediente si se allegaron documentos que permiten determinar la
oferta y demanda de cupos en la referida institución educativa.
104. Por otro lado, el actor popular manifestó que el Tribunal redujo el caso al
análisis de cual derecho tenía más peso, esto es, si debía darse prevalencia al
derecho a la práctica deportiva y libre esparcimiento o al derecho a la educación,
concluyendo que este último debía primar.
105. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró lo siguiente:
“[…] [O]bserva esta Sala que el predio objeto del litigio, de acuerdo con el Certificado
de Libertad y Tradición, está identificado con la Matrícula Inmobiliaria N°350-3977 con
Ficha Catastral N°01-5-101-001, ubicado en la carrera 6 y 8 entre calles 33 y 36 del
Barrio San Simón.
Revisado el histórico de propietarios se evidencia que el Colegio San Simón adquirió
el inmueble por compra al Municipio de Ibagué, según escritura N°432 del 12 de junio
de 1939 y actualmente registra como propietario desde el 21 de marzo de 2006 al
Municipio de Ibagué, sin que existan anotaciones adicionales de limitación al dominio
del inmueble, o su destinación.
Detallado lo anterior advierte esta Corporación que, contrario a lo manifestado
en el escrito de demanda, la naturaleza jurídica del inmueble no es de uso
público sino que se trata de un bien fiscal, toda vez que los bienes de uso público
aun cuando pertenecen al Estado, pueden ser usados por todos los habitantes, es
decir, ninguna entidad estatal puede ejercer la titularidad de dominio tal como lo hacen
los particulares; por el contrario, los bienes fiscales si pertenecen a una persona
57
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_021_CORTOLIMAALLEGA(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
jurídica de derecho público de cualquier naturaleza u orden y su destinación
está dada para la prestación de los servicios y funciones públicas, afectados
por el desarrollo de la misión de la entidad propietaria y por lo tanto son
utilizados para sus actividades, en tanto, las personas jurídicas de derecho
público los poseen y administran en forma similar a como lo hacen los
particulares con los bienes de su propiedad, encontrándose entonces dentro
del comercio en las mismas condiciones que los bienes privados, al ser
susceptibles de enajenación.
[…]
En ese orden de ideas, resulta claro que la propiedad del Municipio de Ibagué
sobre el predio objeto de demanda la acredita el Certificado de Libertad y
Tradición allegado al expediente, motivo por el cual no existe duda que el inmueble
en cuestión es un bien fiscal.
Teniendo en cuenta que el uso de los bienes patrimoniales o fiscales consiste en la
prestación de funciones públicas o de servicios públicos, el Municipio de Ibagué
puede válidamente desarrollar en el predio ubicado en la carrera 6 y 8 entre
calles 33 y 36 del Barrio San Simón cualquier proyecto o actividad enmarcado
dentro de estos cometidos.
Bajo ese entendido, el hecho que los habitantes del sector de San Simón usen el
inmueble en el que actualmente se encuentra funcionando el Polideportivo del Colegio
San Simón para la práctica de deportes o actividades recreativas, no lo convierte
per se en un bien de uso público.
[…]
En el caso objeto de análisis, es dable concluir que, tanto la solicitud de
Aprovechamiento Forestal elevada por la Administración Municipal de Ibagué como
la concesión efectuada por CORTOLIMA, se llevaron a cabo en cumplimiento
de los preceptos legales a los que debía sujetarse, sin que al proceso se hayan
aportado pruebas técnico - científicas que indiquen que se presentaron anomalías en
su desarrollo.
En este contexto, para esta Judicatura no se configura la grave afectación ambiental
alegada en la demanda […]”. (Destacado fuera de texto).
106. La Sala considera que la providencia de primera instancia de ninguna manera
redujo el análisis a la prevalencia de los dos derechos mencionados por el actor
popular, por el contrario, el Tribunal fundamentó la decisión en las pruebas
legalmente allegadas al expediente y a la naturaleza jurídica del predio denominado
“Canchas de San Simón”, por lo que este argumento tampoco tiene vocación de
prosperidad.
Conclusiones
107. La Sala concluye que de conformidad con el material probatorio obrante en
el expediente no se evidencia que en la actualidad exista vulneración o amenaza a
los derechos e intereses colectivos invocados por el actor popular, toda vez que el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
proyecto de construcción del megacolegio en el predio “Canchas de San Simón” no
se está ejecutando, el predio está en una zona con uso del suelo institucional –
equipamiento colectivo y el trámite de licenciamiento fue archivado.
108. La Sala considera que la acción popular no es el medio para controvertir
actos de la Administración ni para solicitar la modificación de normas jurídicas del
orden territorial.
109. Con fundamento en lo considerado en esta providencia la Sala confirmará la
sentencia proferida, en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. único de radicación: 730012333000201900186-01
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.