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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00025-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00025-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó el amparo de los derechos colectivos invocados. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00025-01 Actores: JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00025-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00025-01
Referencia: Acción Popular – Fallo
Actores: JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO ACREDITÓ QUE CON EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
SELECCIÓN NÚM. 604 DE 2018 SE TRASGREDAN LOS DERECHOS
COLECTIVOS INVOCADOS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA Y A LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los señores

SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON DAVIAN

RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, ARLEX TOBAR y YINA

MARCELA PÉREZ CHILAT contra la sentencia de 3 de febrero de

2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1, que

denegó el amparó de los derechos colectivos invocados.

1 En adelante el Tribunal.

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I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Los señores SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON

DAVIAN RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO

BONILLA PASCUA, ARLEX TOBAR, YINA MARCELA PÉREZ

CHILAT, CLAUDIA PINO, EDITH CRUZ DEVIA, LUZ NELCY

REINOSO, JUAN DAVID CALDERÓN, RAMÓN ELÍAS

VILLAMARÍN LOZANO, WILLIAM LEMUS TAMARA, JAIME

BERMÚDEZ SUÁREZ, GENTIL HUERFIA, HERIBERTO ARANGO

VALLEJO, MARCELINO REINOSO IPUZ, ANDERSON ÁLVARO

SÁNCHEZ QUIROGA, ALDAN TOVAR DINO, EDIER FABIAN

VEGA QUINTERO y LEONORICEL VILLAMIL TORO, actuando en

nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el

artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de

5 de agosto de 19982, presentaron demanda ante el Tribunal con el

fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la educación

y a la moralidad administrativa presuntamente vulnerados por el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL3, la COMISIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL4 y el DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA5.

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 En adelante el Ministerio
4 En adelante la CNSC
5 En adelante el Departamento

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I.2. Hechos

Pusieron de manifiesto que el Gobierno Nacional a través del Decreto

Ley 882 de 26 de mayo de 20176, creó un concurso especial de

méritos para la provisión de educadores en zonas afectadas por el

conflicto armado.

Señalaron que el MINISTERIO, a través de la Resolución núm. 4972

de 2018, definió las zonas en las que se proveerían los cargos de

docente y directivos docentes con ocasión del concurso especial

creado por el Decreto Ley 882 de 2017.

Afirmaron que la CNSC, a través de los acuerdos 20181000002536

de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de 2018, estableció las

reglas del concurso especial abierto para distintos municipios

incluidos los de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, ubicados en

el Departamento del Tolima.

Manifestaron que en desarrollo del concurso la CNSC, mediante auto

núm. 20192310016554 de 6 de agosto de 2019, inició una actuación

administrativa con la finalidad de determinar la existencia de

irregularidades en los procesos de selección núms. 301 a 623 de

2018 de Directivos Docentes y Docentes en las zonas afectadas por

el conflicto, la cual culminó con la expedición de la Resolución núm.

6 “Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo

estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.

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20191000103205 de 19 de septiembre de 2019 que declaró la

existencia de una irregularidad y ordenó la realización de una nueva

prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

Indicaron que la realización del proceso de selección núm. 604 de

2018 para el Departamento del Tolima trasgredía el derecho colectivo

a la educación, por cuanto, a su juicio, el concurso especial de

méritos era innecesario en los municipios de Ataco, Chaparral,

Planadas y Rioblanco, habida cuenta que no existían dificultades para

llenar las vacantes en sus establecimientos educativos.

Expusieron que el concurso especial permitió la participación de

bachilleres, lo cual afecta la idoneidad y formación que debe tener

un docente y que impide garantizar un servicio educativo de calidad.

Afirmaron que el concurso especial desconocía la condición de

víctimas reconocidas del conflicto armado de los docentes

provisionales que durante mucho tiempo han ejercido la profesión en

dichas zonas.

Señalaron que el concurso especial trasgredía el derecho colectivo a

la moralidad administrativa, toda vez que en su desarrollo se

presentaron irregularidades que llevaron a que la CNSC repitiera la

prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

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I.3. Pretensiones

En virtud de lo anterior, la parte actora solicitó:

“[…] PRIMERA. Ordenar la protección de los derechos colectivos a
la educación y la moralidad administrativa de la comunidad
educativa de Planadas, así como el principio de progresividad
educativa.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar retrotraer o
en su defecto suspender, en el estado en que se encuentre, el
proceso de selección No. 604 de 2018 y todas las actuaciones
administrativas asociadas al mismo que a la fecha ya se ha
promovido un listado de elegibles.

TERCERA: Garantizar el derecho a la educación con calidad de los
niños y niñas del sistema educativo rural, garantizando que los
docentes que sean asignados a las escuelas rurales sean
licenciados y profesionales en educación y no bachilleres y en caso
contrario, se mantengan a los profesores provisionales
profesionales o normalistas.

CUARTA: Reconsiderar la continuación y aplicación del proceso
para proveer las vacantes ofertadas en los territorios denominados
del posconflicto, como el municipio de Planadas Tolima y otros,
teniendo en cuenta que los docentes en provisionalidad que ocupan
estas plazas tienen toda la experiencia, idoneidad, arraigo y sentido
de pertenencia que les permiten garantizar plenamente el derecho
a la educación. De igual manera, en caso de que se decida realizar
otro concurso docente privilegiar criterios de experiencia,
idoneidad, arraigo para proveer las plazas.

QUINTA: Desplegar todas las acciones necesarias contundentes y
pertinentes, en el ámbito de sus competencias de ley, para que los
docentes provisionales afectados con el concurso puedan seguir
ejerciendo su labor docente y satisfacer el derecho a la educación.
De igual manera realizar todas las acciones que sean necesarias
para evitar cualquier tipo de represalia contra los docentes
provisionales que se mencionan o suscriben esta petición.

SEXTA: Ordenar las investigaciones y compulsa de copias e
investigación penal, disciplinaria y fiscal de todos los funcionarios
que participaron en la planeación y ejecución de la convocatoria
604 de 2008, por vulneración de la moralidad administrativa.

SÉPTIMA: Requerir a los demandados para que informen si las
personas incluidas en la lista de elegibles cumplen con lo
establecido en el Decreto Ley 882 de 2017 que establece que se
deberá valorar la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del
candidato en el proceso de evaluación […]”.

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I.4. Defensa

I.4.1. El DEPARTAMENTO señaló que conforme con lo considerado

por la Corte Constitucional en la sentencia SU-011 de 2018, la carrera

administrativa y el concurso de méritos son “[…] un sistema técnico

de administración de personal y un mecanismo de promoción de los

principios de igualdad e imparcialidad, que se fundamenta única y

exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público

[…]”, en el que los funcionarios que se encuentran en provisionalidad

tienen una estabilidad laboral intermedia, debido a que no han

participado en el concurso de méritos para proveer su plaza.

Indicó que si los actores no estaban de acuerdo con el concurso de

méritos realizado por el MINISTERIO, debieron promover

demandas contra los actos administrativos expedidos por dicha

entidad.

Formuló las excepciones que denomino “improcedencia de la acción”

y “Genérica y de reconocimiento oficioso de excepciones”, para lo

cual argumentó que el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho es el mecanismo de defensa adecuado para suspender

los efectos del proceso de selección núm. 604 de 2018 y, además,

solicitó declarar probada cualquier excepción que se configurara

dentro del proceso.

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I.4.2. El MINISTERIO señaló que no le corresponde la

administración de la planta de docentes en los establecimientos

educativos, habida cuenta que solo le compete fijar la planta docente

y directiva de manera global, conforme con lo establecido en el

Decreto 5012 de 2009.

Formuló las siguientes excepciones:

-. “indebida escogencia de la acción, toda vez que, la acción

popular, no es el mecanismo idóneo para controvertir actos

administrativos”: Indicó que la parte actora no pretende la

protección de los derechos colectivos invocados sino la suspensión

del proceso de selección núm. 064 de 2018, aspecto que debe ser

analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a

través de la figura de la suspensión provisional dentro de un proceso

ordinario.

-. “inexistencia de vulneración de derechos e intereses

colectivos por parte del Ministerio de Educación Nacional”:

Manifestó que la parte actora no acreditó siquiera sumariamente que

haya vulnerado los derechos colectivos invocados en la demanda.

Señaló que expidió la reglamentación necesaria para proveer los

cargos de docentes, garantizando el derecho de todos los ciudadanos

a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos en

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condiciones de igualdad, según lo previsto en el artículo 125 de la

Constitución Política.

Manifestó que todos los docentes que se encontraban desempeñando

cargos en provisionalidad tenían la oportunidad de concursar y

acceder a los nombramientos, y en caso de que no aprobaran las

pruebas del concurso obedecía a que no estaban capacitados para

continuar prestando el servicio educativo.

Resaltó que implementó políticas para la prestación del servicio

educativo y adelantó el proceso de convocatoria bajo criterios

técnicos y legales para que toda persona que cumpliera los requisitos

y aprobara el concurso de méritos accediera al cargo.

I.4.3. La CNSC señaló que la demanda tiene como finalidad que se

declare la nulidad de: i) el Acuerdo 20181000002536 de 19 de julio

de 2018, modificado por el Acuerdo 20181000009136 de 2018, “Por

el cual se establecen las reglas del concurso abierto de

méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes

de Directivos Docentes y Docentes, en establecimientos

educativos oficiales que prestan su servicio a población

mayoritaria en zonas rurales afectadas por el conflicto,

priorizadas y reglamentadas por el Ministerio de Educación

Nacional, ubicadas en la entidad territorial certificada en

educación DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Proceso de

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Selección No. 604 de 2018”; ii) los resultados de las distintas

pruebas fijadas para el proceso de selección; iii) las respectivas listas

de elegibles que se expidieron; y iv) los actos administrativos de

nombramiento en período de prueba junto con las respectivas actas

de posesión que haya expedido el DEPARTAMENTO en el marco del

referido proceso, en virtud de sus facultades de administración de

personal.

Indicó que el artículo 1° del Decreto Ley 882 de 2017 le otorgó

competencia para para adelantar el concurso especial de méritos

para la provisión de educadores en zonas afectadas por el conflicto,

el cual fue reglamentado a través del Decreto 1578 de ese año.

Mencionó que en virtud de lo anterior, expidió los acuerdos

20181000002536 de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de 2018

con la finalidad de llevar a cabo el concurso de méritos para proveer

empleos en establecimientos educativos oficiales que prestan sus

servicios en zonas rurales en el Departamento del Tolima.

Manifestó que el Decreto Ley 882 de 2017 previó unos requisitos

especiales de participación distintos a los establecidos por el Estatuto

de la Profesionalización docente, teniendo en cuenta el enfoque que

debía tener el proceso de selección, los cuales se tuvieron en cuenta

en el citado concurso.

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Señaló que la priorización de las zonas rurales afectadas por el

conflicto fue definida por el MINISTERIO a través de la Resolución

núm. 04972 de 2018, por lo que no tiene competencia para decidir

sobre la inclusión o no inclusión de los empleos ubicados en las zonas

rurales de los municipios Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en

el marco del Proceso de Selección núm. 604 de 2018.

Resaltó que fue el Decreto Ley 882 de 2017 el que dispuso que los

bachilleres pudieran presentarse al concurso de méritos, con la

condición de que reunieran los requisitos señalados en el artículo 21

del Decreto Ley 1278 de 2002 en un término de 3 años, contado a

partir del nombramiento en período de prueba, disposición que fue

declarada exequible por la Corte Constitucional.

Expuso que los factores de arraigo territorial y de experiencia en zona

de postconflicto se tienen en cuenta en la prueba de valoración de

antecedentes sin constituir un requisito mínimo para participar en el

concurso de méritos, por lo que en caso de no acreditarlos la

consecuencia, únicamente, es la de no dar al candidato puntaje

alguno.

Indicó que el concurso es público y abierto, por lo que cualquier

ciudadano puede acceder al empleo ofertado siempre y cuando

cumpla con los requisitos mínimos para aspirar al cargo.

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Puso de presente que algunos de los accionantes son docentes

provisionales que se presentaron al proceso de selección y no

superaron la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos,

razón por la cual fueron excluidos del concurso de méritos, pues no

demostrar las competencias que exige el empleo.

Frente a las presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso,

afirmó que conoció por medios de comunicación y diferentes

peticiones presentadas por los aspirantes que se dio una presunta

filtración de las pruebas aplicadas y de los cuadernillos, circunstancia

por la que inició la investigación administrativa correspondiente.

Señaló que a través de la Resolución núm. 20191000103205 de 19

de septiembre de 2019 declaró la existencia de una irregularidad

respecto de la filtración previa de las Pruebas de Conocimientos

Específicos y Pedagógicos y la Psicotécnica, únicamente, para el

empleo de Docente de Primaria, motivo por el cual dejó sin efectos

la prueba escrita aplicada el 4 de agosto de 2019, para el referido

empleo y ordenó a la Universidad Nacional de Colombia diseñar,

construir y aplicar una nueva Prueba de Conocimientos Específicos y

Pedagógicos y la Psicotécnica para tal empleo.

Finalmente, puso de presente que en la actualidad dentro del proceso

de selección se expidieron varias listas de elegibles con el objeto de

proveer los cargos objeto de la acción popular.

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I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento, llevada a cabo el 2 de julio

de 2021, se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las

partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 3 de febrero de 2022, resolvió:

“[…]Primero. DECLARAR no probada la excepción de
improcedencia del medio de control promovida por las entidades
públicas demandadas, conforme lo indicado en parte
considerativa de esta providencia.

Segundo. NEGAR el amparo solicitado por los actores populares,
toda vez que no se demostró la vulneración de los derechos
colectivos invocados, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.

Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a los
razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia
[…]”.

Para el efecto, explicó que el Gobierno Nacional en desarrollo del

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de

una paz estable y duradera expidió el Decreto Ley 882 de 2017 con

la finalidad de brindar atención integral a la primera infancia,

garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y

erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, para lo cual dispuso

que se adelantara un concurso especial de méritos por una sola vez

con el fin de proveer “[…] vacancias definitivas pertenecientes a la

planta de cargos docentes precisadas mediante reglamentación que

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expidiera el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con los

Planes de Desarrollo Territorial, y con ello garantizar la disponibilidad

y permanencia de personal docente calificado y promover la

capacitación universitaria en el sector rural de los municipios en los

que existen dificultades para llenar dichas vacantes, por ser zonas

afectadas por el conflicto armado […].”

Expuso que, a través del Decreto Ley 893 de 2017, el Gobierno

Nacional estableció 16 programas de desarrollo territorial en 170

municipios que fueron seleccionados atendiendo a los criterios de

necesidad y urgencia al evaluar sus niveles de pobreza extrema,

necesidades básicas insatisfechas, afectación por el conflicto armado,

debilidad de la institucionalidad administrativa y su capacidad de

gestión dentro de los cuales se encuentran los municipios de Ataco,

Chaparral, Planadas y Rioblanco del Departamento del Tolima.

Indicó que el concurso de méritos para el ingreso al sistema especial

de carrera docente en zonas afectadas por el conflicto, priorizadas y

reglamentadas por el MINISTERIO, fue reglamentado a través del

Decreto 1578 de 2017.

Afirmó que el MINISTERIO, a través de la Resolución núm. 04972

de 22 de marzo de 2018, previó que los municipios de Ataco,

Chaparral, Planadas y Rioblanco eran zonas en las que se proveerían

cargos en vacancia definitiva, por una sola vez, en la planta de cargos

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exclusiva de docentes y directivos docentes, mediante concurso de

méritos de carácter especial, precisando que serían las entidades

territoriales certificadas las encargadas de determinar las

instituciones educativas para proveer dichos cargos.

Manifestó que el DEPARTAMENTO reportó ante la CNSC la Oferta

Pública de Empleos de Carrera - OPEC Docente- de los empleos en

vacancia definitiva de la planta de personal en los municipios de

Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, con fundamento en la cual

se inició el proceso de selección núm. 604 de 2018.

Sostuvo que contrario a lo afirmado por la parte actora, el proceso de

selección núm. 604 de 2018 fue producto de un análisis riguroso del

Gobierno Nacional y Departamental de las condiciones especiales de los

municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en cuanto a

niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, alta incidencia

del conflicto armado, debilidad institucional administrativa, por lo que

se concluyó que debían ser incluidos en el marco de aplicación del

Decreto Ley 882 de 2017.

Puso de presente que los actores no demostraron que los municipios

objeto de la acción popular no presentaran dificultades y, por tanto, no

les fuera aplicable lo dispuesto en el Decreto Ley 882 de 2017.

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Argumentó que tampoco se trasgreden los derechos colectivos invocados,

al permitir la participación en el concurso de méritos de bachilleres, por

presuntamente carecer de condiciones de idoneidad y formación para ser

docentes, toda vez que dicha excepción obedecía a la implementación del

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de

una paz estable y duradera, en lo que tiene que ver con el cierre de

la brecha en materia de cobertura educativa entre el campo y la

ciudad.

Señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-607 de 2017

declaró exequible el Decreto Ley 882 de 2017, en la que se sostuvo

que tanto los requisitos especiales del concurso de méritos como la

participación de bachilleres no era contraria a la Constitución Política,

por lo que mal podría considerarse que su participación en el proceso

de selección núm. 604 de 2018 violara los derechos colectivos

invocados.

Manifestó que no resultaba cierto que el proceso de selección núm.

604 de 2018 transgrediera la condición de víctimas del conflicto

armado que ostentan los docentes vinculados en provisionalidad,

pues: i) de la lectura del Decreto Ley 882 de 2017 se desprendía que

toda persona que cumpliera requisitos podía participar en el concurso

de méritos; ii) que en caso de empate se daba prevalencia a la

persona que ostentara la calidad de víctima; y iii) que al momento

de realizar la prueba de valoración de antecedentes se otorgaban 2

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puntos adicionales por la declaración de víctima y hasta 70 puntos

(14 puntos por cada año de experiencia) por experiencia en zonas de

conflicto armado en la entidad territorial certificada a la que se

aplicara.

Indicó que si bien en el trámite del proceso de selección se presentó

una irregularidad, la realidad es que la CNSC adelantó las

actuaciones administrativas tendientes a solucionar la problemática,

producto de las cuales ordenó la realización por segunda vez de una

prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

Expuso que la parte actora limitó su demanda a poner de presente

la mencionada irregularidad, sin verificar que la situación fue

subsanada por la CNSC.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Los señores SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON

DAVIAN RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, ARLEX TOBAR y

YINA MARCELA PÉREZ CHILAT solicitaron revocar la sentencia de

primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos colectivos

invocados.

Señalaron que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en el Municipio

de Planadas no era necesario la realización de concurso de méritos,

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toda vez que las vacantes estaban siendo ocupadas por docentes

provisionales que prestaban el servicio educativo y contribuían en la

garantía del derecho a la educación de sus habitantes.

Manifestaron que el Tribunal erró al considerar que no se trasgredían

los derechos colectivos al permitir que bachilleres pudieran

presentarse en el proceso de selección, toda vez que el análisis

efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-607 de 2017

no es aplicable al caso concreto.

Expusieron que no se demostró que el concurso especial docente

incrementara la cobertura y disminuyera la brecha de acceso al

servicio público de educación de la zona rural frente a la urbana.

Insistieron en que el proceso de selección núm. 604 de 2018 no tiene

en cuenta la condición de víctimas reconocidas del conflicto respecto

de los docentes provisionales, por cuanto, a su juicio, dicho factor es

únicamente aplicado para los puntajes y los criterios de desempate

en etapas avanzadas del proceso de selección sin tener en cuenta

que debería considerarse en todas y cada una de las etapas del

proceso.

Finalmente, reiteraron que se trasgredió el derecho a la moralidad

administrativa en el desarrollo del proceso de selección núm. 604 de

2018, toda vez que, a su juicio, las irregularidades denunciadas

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debieron tener como consecuencia la realización de una nueva

prueba de conocimientos para todos los cargos ofertados y no solo

para el de docente de primaria.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción son, en esencia, que la CNSC adelantó el proceso

especial de selección núm. 604 de 2018, en atención a los

parámetros previstos en el Decreto Ley 882 de 2017, con la finalidad

de proveer los cargos de docente y directivos docentes en los

municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco del

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Departamento del Tolima, el cual culminó con la expedición de listas

de elegibles que, a juicio de la parte actora, trasgrede los derechos

colectivos a la educación y a la moralidad administrativa.

Lo anterior por cuanto: i) no era dable adelantar el proceso especial

de selección en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y

Rioblanco, habida cuenta que no existían dificultades para llenar

vacante alguna en sus establecimientos educativos; ii) se permitió la

participación de bachilleres en el concurso afectando la idoneidad de

las personas que prestan el servicio educativo; iii) se desconoció la

condición de víctima de los docentes provisionales que durante

mucho tiempo han ejercido la profesión en zonas donde se ha

presentado el fenómeno; y iv) se culminó el proceso de selección

pese a que se presentaron irregularidades como la relacionada con

la circulación de una planilla con anterioridad a la presentación del

examen de conocimientos.

En primera instancia, el Tribunal denegó el amparo deprecado por la

parte actora habida cuenta que: i) el proceso de selección núm. 604

de 2018 fue producto de un análisis efectuado por el Gobierno

Nacional y el DEPARTAMENTO sin que se desvirtuara la necesidad

de adelantar el concurso especial previsto en el Decreto Ley 882 de

2017 en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco;

ii) la habilitación efectuada por Decreto Ley 882 de 2017 para que

los bachilleres participaran en el concurso especial de méritos, fue

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declarada exequible por la Corte Constitucional el sentencia C-607

de 2017; iii) el concurso de méritos sí tuvo en cuenta la condición

especial de los participantes que fueran reconocidas como víctimas

del conflicto armado; y iv) las irregularidades ocurridas en el

desarrollo del concurso de méritos fueron subsanadas

oportunamente por la CNSC, para lo cual ordenó la realización por

segunda vez de una prueba de conocimientos para el empleo de

docente de primaria .

Inconformes con la anterior decisión, los señores SORLINDA

BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON DAVIAN RAMÍREZ, JUAN

CARLOS RAMÍREZ, ARLEX TOBAR y YINA MARCELA PÉREZ

CHILAT interpusieron recurso de apelación, en el que argumentaron

que debían ampararse los derechos colectivos invocados, habida

cuenta que insisten en que: i) no debía desarrollarse el concurso

especial de méritos en el Municipio de Planadas; ii) tampoco debe

permitirse la participación de bachilleres en el proceso se selección;

iii) la condición de víctimas debería generar beneficios en todas las

etapas del concurso de méritos; y iv) las irregularidades ocurridas en

el proceso de selección debieron tener como consecuencia la

repetición de las pruebas de conocimiento para todos los cargos y no

solo para docente de primaria.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si se

vulneraron los derechos colectivos a la educación y a la moralidad

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administrativa, con ocasión del desarrollo del proceso de selección

núm. 604 de 2018 adelantado por parte de la CNSC, con la finalidad

de proveer los empleos de directivo docente y docente en los

municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco en el marco del

procedimiento establecido en el Decreto Ley 882 de 2017.

Para efecto de dar solución al asunto sub examine, la Sala se referirá

al alcance de los derechos colectivos a la educación como servicio

público y a la moralidad administrativa y a lo probado en el proceso.

La educación como servicio público y derecho colectivo

La Sección Primera, a través de providencia de 27 de julio de 20067,

sostuvo que el derecho a la educación correspondía a un derecho

colectivo susceptible de protección a través de la acción popular, toda

vez que éste tenía la naturaleza de servicio público en los términos

del literal j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998. Al respecto

consideró:

“[…] Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
de la Carta “La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura”, lo cual evidencia que, por expresa
definición del Constituyente la educación goza de dos caracteres:
un derecho, por una parte, y un servicio público, por otra y, cada
una de ellas comporta distintos aspectos.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia

de 27 de julio de 2006. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 15001-23-31-
000-2003-00504-01(AP).

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Así, la educación como derecho ha sido entendida por la Corte
Constitucional (sent. T-543/97), en los siguientes términos:

“el derecho a la educación debe entenderse como factor de
desarrollo humano, su ejercicio es uno de los elementos
indispensables para que el ser humano adquiera herramientas que
le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural que
habita, recibir y racionalizar la información que existe a su alrededor
y ampliar sus conocimientos a medida que se desarrolla como
individuo; es por ello que la educación cumple una función social
que hace que dicha garantía se considere como un derecho deber
que genera para las partes del proceso educativo obligaciones
recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su
núcleo esencial.”

Se trata pues de un derecho fundamental en la medida en que es
garantía del “desarrollo individual” de la persona humana, que le
permite insertarse realmente en la comunidad de la cual es parte.
Por lo tanto, cuando el derecho fundamental a la educación resulta
vulnerado, por conductas activas u omisivas de las autoridades
públicas o de particulares, que produzcan efectos negativos en la
persona afectada, individualmente considerada, procederá su
protección por vía de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política.

Pero ocurre que el citado artículo 67 de la Carta Política también
define a la educación como un servicio público, del cual son
responsables el Estado, la sociedad y la familia (inc. 3° ibídem). A
su turno, el artículo 365 Superior, establece que:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije
la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente,
por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y
otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de
dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad.”

Obsérvese que la norma transcrita se refiere a los servicios públicos
como finalidad social del Estado y a renglón seguido en el artículo
366 de la Constitución Política, se señala para éste, como objetivo
fundamental de su actividad, “la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable”. Además, la previsión del artículo 365 ibídem
consagra el género servicios públicos, una de cuyas especies son
los servicios públicos domiciliarios, que se encuentran previstos, en
el artículo 367 siguiente, así:

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“La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura,
calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución
de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por
cada municipio cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y
los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La Ley determinará las entidades las entidades competentes para
fijar las tarifas”.

En ese orden de ideas, puede inferirse que el servicio
público de educación (art. 68 de la C.P) y los servicios
públicos domiciliarios, son especies distintas del género
servicios públicos, cuya regulación corresponde a la ley conforme
al mandato superior. Los servicios públicos domiciliarios han sido
desarrollados en los Decretos 189 de 1988, 196 y 151 de 1989 y
1555 y 700 de 1990 y la Ley 142 de 1994; mientras que el
servicio público de educación ha sido regulado por las Leyes
30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior.” y 115 de 1994 “Por la cual se expide
la ley general de educación”.
Ahora bien, el artículo 4°, literal j, de la Ley 472 de 1998,
consagra como derecho colectivo “El acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” y
ocurre que el Constituyente en su artículo 68, como se
anotó, reconoce a la educación como un servicio público. Por
lo tanto, este derecho, según las circunstancias de cada caso
concreto, ostenta una doble naturaleza: la de derecho
fundamental y la de derecho colectivo. Así lo ha advertido
ya, la jurisprudencia de esta Corporación al señalar:

“Conforme al artículo 67 de la C.P. “La educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene función social...”, a su vez,
el artículo 365 idem prevé “Los servicios públicos son inherentes a
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional...”.

Se confunden pues, en este caso, derechos individuales con
derechos colectivos pues, no podría desconocerse que la educación
es derecho que las demandantes pueden exigir a título personal lo
cual no riñe con él interés colectivo encaminado a que el Estado
preste eficientemente el servicio público de la educación que, por
constituir una obligación es correlativamente un derecho de todos
los ciudadanos […]”. (Resaltado de la Sala)

En los mismos términos, la Corte Constitucional en sentencia T-022

de 2012 explicó que una de las facetas de la educación en los

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términos de la Constitución Política es la de servicio público con

función social, vigilado e inspeccionado por el Estado para asegurar

el cumplimiento de sus fines, calidad, permanencia y acceso de todas

las personas. Para el efecto, se consideró lo siguiente:

“[…] La educación en Colombia, dentro del marco de la Constitución
Política de 1991, es considerada como: (i) un derecho para todas
las personas y, (ii) como un servicio público con función
social, vigilado e inspeccionado por el Estado con el
propósito de asegurar el cumplimiento de sus fines, su
calidad, permanencia y las condiciones necesarias para
garantizar su acceso, pues por medio de ella, se pretende
que todas las personas accedan al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la
cultura, ello con sustento en el artículo 67 superior.

Ahora, si bien es cierto que la educación, por pertenecer a los
llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se
caracteriza por ser de índole prestacional, pues para su efectivo
desarrollo y cumplimiento el Estado debe contar con una
disponibilidad considerable de recursos económicos, una regulación
legal y una estructura organizacional[12]. También es cierto que
este Tribunal, sin desconocer dicha faceta, ha reconocido su
carácter fundamental bajo el entendido de que por medio de ella
se dignifica a la persona[13] y se promueve su desarrollo individual
y social de manera plena, cometidos que llevan a cumplir con los
fines del estado[14] y con los compromisos internacionales
asumidos y ratificados por el Congreso de la República, los cuales,
según el artículo 93 superior[15], integran el bloque de
constitucionalidad.

Igualmente, considerada la educación como un servicio
público, según la jurisprudencia, comprende cuatro
dimensiones de contenido prestacional, explicados en la
Sentencia T-404 de 2011[16], así:

“(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que
demandan su ingreso al sistema educativo e invertir en
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la
accesibilidad, que implica la obligación del Estado de
garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al
sistema aludido; (iii) la adaptabilidad a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad
en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual
hace alusión a la calidad de la educación que debe
impartirse.”(Subrayado por fuera del texto original).

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Adicionalmente, se ha declarado la fundamentabilidad del derecho
a la educación en todos aquellos casos, en los que quien requiere
su protección es un menor de edad. Lo anterior con sustento en el
artículo 44[17] constitucional, según el cual, la educación es un
derecho fundamental para los niños, concepto reiterado en
abundante jurisprudencia de esta Corporación, en la que además
se acentúa la prevalencia de estos sobre los derechos de los demás
y su carácter fundamental […]”.

La Sección Segunda de esta Corporación8 sobre el asunto sub

examine y en términos similares a lo antes expuesto, indicó que:

“[…] El derecho a la educación está consagrado en el artículo 67 de
la Constitución Política de 1991, y se define como un derecho y un
servicio público, cuya finalidad es acceder al conocimiento, a la
ciencia, a la tecnología, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Por tanto, con base en dicho artículo, la jurisprudencia
constitucional ha resaltado la doble connotación de la educación,
como derecho y como servicio público. La primera «constituye en
la garantía que se inclina por la formación de los individuos en
todas sus potencialidades, ya que a través de ésta el ser humano
puede desarrollar y fortalecer sus habilidades físicas, morales,
culturales, analíticas entre otras»; y la segunda connotación,
convierte a la educación en una obligación del Estado que es
inherente a su finalidad social.

Asimismo, la Constitución Política, en sus artículos 705 y 716,
estableció la promoción de la ciencia, la investigación, el desarrollo
y la difusión de los valores culturales de la nación, como uno de los
fines del Estado, e instituyó en cabeza de este, la obligación de
promover y fomentar en todos los colombianos en igualdad de
oportunidades el acceso a la cultura, la investigación, la ciencia y
el desarrollo por medio de un sistema educativo permanente.
[…]

Frente a considerar a la educación como derecho y como servicio
público, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina
nacional e internacional han entendido que la educación
«comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional, a
saber: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar
suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos
que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de 8 de octubre de 2020,
expediente núm. 41001-23-33-000-2020-00614-01.

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impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir
en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii)
la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar
el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido,
la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y
facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista
geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la
necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la
prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión
a la calidad de la educación que debe impartirse» […].

De lo precedente, la Sala advierte que los reparos de la parte actora

en la acción popular de la referencia se enmarcan en las dimensiones

de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la educación como

servicio público, en especial los referentes a: i) improcedencia de

adelantar el proceso especial de selección en los municipios de Ataco,

Chaparral, Planadas y Rioblanco, por cuanto no existían dificultades

para llenar vacante alguna en sus establecimientos educativos

(accesibilidad y adaptabilidad); y ii) se permitió la participación de

bachilleres en el concurso afectando la idoneidad de las personas que

prestan el servicio educativo (aceptabilidad).

Siendo ello así, la acción popular sí resulta procedente para estudiar

tales cuestionamientos, pues éstos fundamentan la vulneración del

derecho colectivo al acceso al servicio público de educación y a que

su prestación sea eficiente y oportuna.

El alcance del derecho a la moralidad administrativa

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, a través de providencia de 1o. de diciembre de 20159, unificó

el concepto del derecho colectivo a la moralidad administrativa en los

siguientes términos:

“[…] 2.1. La moralidad administrativa está ligada al ejercicio de la
función administrativa, la cual debe cumplirse conforme al
ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades propias de
la función pública, ésta, determinada por la satisfacción del interés
general. Ese interés general puede tener por derrotero lo que la
Constitución Política enseña como fines esenciales del Estado, es
decir, cuando quien cumple una función administrativa no tiene por
finalidad servir a la comunidad o promover la prosperidad general
o asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo, sino
que su actuar está dirigido por intereses privados y particulares y
guiado por conductas inapropiadas, antijurídicas, corruptas o
deshonestas, se puede señalar tal comportamiento como
transgresor del derecho colectivo a la moralidad pública. Y es
colectivo, porque en un Estado Social de Derecho administración y
administrados, es decir, la comunidad en general tiene derecho a
que los servidores que cumplen la función administrativa realmente
lo hagan guiados por el principio de moralidad, que se repite, es
conforme al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del
cumplimiento de las funciones públicas, con total honestidad y
transparencia. Así las cosas, el bien jurídico tutelado por la acción
popular es la moralidad administrativa o, lo que es lo mismo, la
lealtad del funcionario con los fines de la función administrativa
mediante el actuar recto y honesto en el desarrollo de sus
actuaciones.

2.2. Constituyen elementos esenciales para la configuración de la
moralidad administrativa, desde el punto de vista de derecho
colectivo amparable a través de la acción popular:

2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento
jurídico. Este elemento puede darse en dos manifestaciones: (i)
Conexidad con el principio de legalidad y (ii) violación de los
principios generales del derecho.

(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una
norma jurídica por la acción (acto o contrato) u omisión de una
entidad estatal o de un particular en ejercicio de una función
pública. El acatamiento del servidor público o del particular que
ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de
la función pública.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 1° de diciembre de
2015, proceso identificado con el núm. 11001-33-31-035-2007-00033-01. M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.

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Esta conexión “moralidad - legalidad” no ha tenido divergencia
jurisprudencial al interior del Consejo de Estado. Pero también ha
sido uniforme la jurisprudencia en señalar que no toda ilegalidad
constituye vulneración a la moralidad administrativa; que el
incumplimiento per se no implica la violación al derecho colectivo:
en palabras de la misma Corporación “no se puede colectivizar toda
transgresión a la ley”. Esto quiere decir, que si bien el principio de
legalidad es un elemento fundante de la moralidad administrativa
y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la
violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe
concurrir un elemento subjetivo para que se configure tal
transgresión. Por ello, ha sido enfática la jurisprudencia en
cuestionar y rechazar aquellas acciones populares erigidas
únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en las que
so pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración
del juez constitucional un litigio particular, cuyo debate y decisión
debiera hacerse mediante el ejercicio de otro instrumento judicial,
como los ahora denominados medios de control contenciosos, entre
ellos el de nulidad o el de nulidad y restablecimiento del derecho,
o la acción de cumplimiento si lo que se pretende es el acatamiento
de una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son esos
escenarios los propios para ejercer el control jurisdiccional de la
legalidad administrativa.

(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico
Colombiano aquellos principios generales del derecho consagrados
en la Constitución y la ley, como los concretos de una materia. En
este contexto y para efectos del derecho colectivo, la acción u
omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función
administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de
carácter general o que se aplique a un tema determinado, de
manera que éste se convierte, al lado de la regla, en otro criterio
de control para la protección de la moralidad administrativa.

Aparte de estas dos manifestaciones, han existido
pronunciamientos en los que se ha incluido como medio
amenazante, o vulnerante de este derecho, cualquier acción
material del Estado o sus agentes, que no implicara transgresión a
la ley o a un principio general. Se consideró que no siempre el acto
controlado por medio de la acción popular era un contrato o un acto
administrativo -susceptibles de confrontarse con las normas
positivas- pues las puras actuaciones materiales también podían
amenazar o violar la moral administrativa.

Esta concepción no mantuvo un criterio pacífico al interior de la
Corporación. Quienes no compartieron esta nueva tesis
cuestionaron la vaguedad e imprecisión de la noción. Indicaron que
la moralidad que se protege como derecho colectivo debía estar
incorporada en una norma legal o en los valores y principios que
inspiran la actuación administrativa, para que fuera susceptible de
protección por esta vía.

En decisiones posteriores se señaló que que lo ‘correcto’, lo ‘bueno’
y la ‘razón’, son determinantes a efectos de fijar los límites para la

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protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero
no como fuentes autónomas extranormativas. Afirmaron que era
la fijación de la moralidad en las normas constitucionales y legales
lo que posibilitaba que su infracción fuera sancionada.

La Sala Plena no desconoce que existen otros espacios donde tiene
manifestación la moralidad, pero tratándose de la moralidad
administrativa, la discusión surge al precisar en qué campo se
expresa su violación, si es en el ámbito meramente personal del
servidor como miembro de una sociedad o en el ámbito de la
función administrativa, que es reglada. Si es en el primero, sería
complejo determinar si puede darse la violación del derecho
colectivo, en la medida en que éste está íntimamente ligado al
ejercicio de la función pública, pero que, sin embargo, existe una
regulación normativa que sigue al servidor aún por fuera del
ejercicio de sus funciones administrativas. Si es en el segundo
campo, se piensa que podría darse la violación del derecho
colectivo teniendo una fuente extranormativa, en la medida, a
título de ejemplo, en que no exista una regulación sobre alguna
materia y el funcionario amparado y aprovechándose de ese “vacío
normativo” actúe de manera desviada o deshonesta, con el
convencimiento de que no se le podrá imputar violación a la ley.

Sin embargo, lo hipotético del asunto impide a la Sala adoptar una
posición definitiva al respecto, por cuanto este caso no ofrece
elementos de juicio que permitan llegar a una conclusión sobre este
aspecto. Por el momento, y atendiendo el asunto que se debate, la
Sala sólo atenderá como manifestaciones de quebrantamiento del
ordenamiento jurídico la violación del principio de legalidad y de los
principios generales del derecho.

2.2.2. Elemento subjetivo

No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación
del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas,
corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función
pública.

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que
esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las
funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o
cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas
alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular.

2.2.3. Imputación y carga probatoria

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Ya se vio cómo para disponer la protección del derecho colectivo
pretendido por el juez popular deben tener presencia tanto el
elemento objetivo como el elemento subjetivo y su debida
correlación. Para ello se requiere de una carga argumentativa por
el actor popular en la que se efectúe una imputación directa, seria
y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización
de las conductas atentatorias de la moralidad administrativa.

En este sentido corresponde al actor popular hacer esa imputación
y cumplir con la carga probatoria que le corresponde, no sólo por
así disponerlo el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, sobre contenido
de la demanda, o el artículo 167 del Código General del Proceso,
sino porque tratándose del derecho colectivo en estudio, donde
debe ineludiblemente darse la concurrencia de los dos elementos
anteriormente señalados, su imputación y prueba, junto con el
impulso oficioso del juez, limita eficazmente que la acción popular
sea utilizada inadecuadamente como medio judicial para resolver
un juicio de simple legalidad y otorga todos los elementos
necesarios para que el juez ponga en la balanza los supuestos
jurídicos, fácticos y probatorios que lo lleven al convencimiento de
que la actuación cuestionada estuvo bien justificada y no fue
transgresora del derecho colectivo o que, por el contrario, se
quebrantó el ordenamiento jurídico y de contera se vulneró la
moralidad administrativa.

La imputación que se haga en la demanda y la actividad probatoria
del actor popular cobra especial importancia, porque le proporciona
al juez un marco concreto para fijar el litigio y desarrollar el proceso
con el fin último de hacer efectivo el principio constitucional con el
que debe cumplirse la función pública.

En efecto, el cumplimiento de este presupuesto permite que el juez
popular tenga la seguridad de que está castigando realmente las
conductas desviadas o deshonestas de los servidores en el ejercicio
de sus funciones, al tiempo que está protegiendo o restableciendo
el derecho que tienen los administrados a que la función pública se
desarrolle conforme lo ha querido el constituyente.

Por ello, la concurrencia de estos presupuestos garantiza que al
momento de determinar la violación del derecho colectivo a la
moralidad administrativa el juez cuente con todos los elementos
fácticos, debidamente probados, sobre los cuales calificará si la
conducta del servidor es reprochable moralmente o no, según las
alegaciones de las partes.

Lo anterior significa la concreción de la institución jurídica del
debido proceso. De no ser así se estaría juzgando a la
administración por violación a la moralidad administrativa sin las
formas propias del juicio de acción popular, en el que para su
prosperidad se requiere la concurrencia de los elementos subjetivo
y objetivo y el tercer presupuesto, no menos importante,
consistente en la acusación y prueba tanto del primero como del
segundo […]”.

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Lo probado en el proceso

En el caso sub lite, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

El Gobierno Nacional a través del artículo 1° del Decreto Ley 882 de

2017 creó un concurso especial de méritos con la finalidad de proveer

profesores en las zonas afectadas por el conflicto armado, en

desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera, de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 1°. Concurso especial de méritos para la provisión
de educadores en zonas afectadas por el conflicto, La provisión de
vacancias definitivas pertenecientes a la planta de cargos definida
en el artículo 2 del presente Decreto Ley, para las zonas
afectadas por el conflicto armado precisadas mediante
reglamentación que expida el Ministerio de Educación
Nacional de conformidad con los Planes de Desarrollo
Territorial (PDET), se hará mediante un concurso de méritos de
carácter especial convocado por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, el cual será reglamentado por el Gobierno nacional dentro de
los dos (2) meses siguientes a la promulgación de la presente
norma.

Este concurso especial de méritos tendrá las siguientes etapas:

1. Convocatoria. En ella se establecerán las fases del concurso, los
requisitos generales, los empleos convocados, los medios de
divulgación y el cronograma del concurso.

2. Inscripciones.

3. Aplicación de la prueba de conocimientos específicos y
pedagógicos, la cual tiene carácter eliminatorio, y de la prueba
psicotécnica.

4. Publicación de resultados de las pruebas y reclamaciones.

5. Recepción de documentos, verificación de requisitos, publicación
y reclamaciones.

6. Aplicación de la prueba de valoración de antecedentes,
publicación y reclamaciones.

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7. Publicación de resultados consolidados y aclaraciones.

8. Elaboración del listado de elegibles.

9. Nombramiento en periodo de prueba y evaluación del mismo.
PARÁGRAFO 1°. El Ministerio de Educación Nacional definirá
las zonas en las cuales se adelantará el concurso de méritos
de carácter especial de que trata el presente artículo, con
base en la priorización de municipios que realice el Gobierno
nacional para implementar los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET). Para la definición de las zonas,
el Ministerio de Educación deberá limitarse exclusivamente
a aquellos municipios en los que existan dificultades para la
provisión de planta en razón a la falta de oferta de docentes
profesionales.

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno nacional establecerá los requisitos
especiales que se tendrán en cuenta en el desarrollo de las etapas,
relacionados con la acreditación de la experiencia docente
adquirida en las regiones de conflicto armado, el domicilio de los
aspirantes y la declaración de víctima otorgada por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.

PARÁGRAFO 3°. El presente concurso de carácter especial
solo podrá convocarse por una única vez, en las zonas
definidas en el parágrafo 1 del presente artículo […]”
(Resaltado de la Sala).

Para la participación de las personas en el mencionado concurso, el

artículo 3° ibidem dispuso unos requisitos especiales consistentes en

lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3°. Requisitos especiales. Para participar en el
concurso especial de que trata el presente Decreto Ley, se requiere
acreditar alguno de los siguientes títulos académicos.

1. Bachiller, cualquiera sea su modalidad de formación.

2. Técnico profesional o laboral en educación.

3. Tecnólogo en educación.

4. Normalista Superior, expedido por una de las escuelas normales
superiores reestructuradas, expresamente autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.

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5. Licenciado en educación u otro título del nivel profesional
universitario expedido por una institución de educación superior,
de conformidad con la afinidad de los títulos para el ejercicio de la
docencia que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

Para el cargo de director rural o coordinador, se deberá acreditar
como mínimo el título de normalista superior y experiencia mínima
en el ejercicio de la función docente de tres (3) años. Para el cargo
de rector se deberá acreditar título de licenciado en educación u
otro título del nivel profesional universitario una experiencia
mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de la función docente de
conformidad con la afinidad de los títulos para el ejercicio de la
docencia que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

En el proceso de concurso docente la autoridad competente
valorará la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del
candidato en el proceso de evaluación […]”.

Dichas disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte

Constitucional en sentencia C-607 de 3 de octubre de 201710, en la

que frente a los requisitos excepcionales de participación en el

concurso especial, creado por el artículo 1° del Decreto Ley 882 de

2017, sostuvo:

“[…] 3.5.3. Los requisitos excepcionales de participación para los
aspirantes (artículo 3 y parágrafo 2° del artículo 1).

135. El primer contenido normativo es que el que regulan los
numerales 1 y 2 del artículo 3, que, de manera excepcional, a
diferencia de la normativa general que se contiene en el Decreto
Ley 1278 de 2002, permiten la participación en el concurso especial
docente de personas que cuenten con los títulos académicos
de “Bachiller, cualquiera sea su modalidad de formación” y
de “Técnico profesional o laboral en educación”

[…]

139. Con relación al primer contenido normativo (numerales 1 y 2
del artículo 3), y respecto del cual se formularon 3 argumentos
específicos de constitucionalidad, el análisis debe hacerse en un
contexto de justicia transicional. Ello supone tener en cuenta que
cuando la exequibilidad de una medida dependa del resultado de
una ponderación entre los principios constitucionales en que ella se

10Corte Constitucional, sentencia C-607 de 3 de octubre de 2017. Expediente RDL-017.
M.P. Carlos Bernal Pulido.

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fundamente, por una parte, y los principios constitucionales que
ella limite, por otra, el principio constitucional y derecho
fundamental a la paz suma su peso a aquellos. Por efecto de esta
adición, en un contexto de justicia transicional pueden resultar
exequibles algunas medidas que, de ordinario –es decir, sin el
efecto del principio y derecho a la paz-, serían inexequibles. Desde
luego, dado que los propósitos transicionales son temporales, debe
entenderse que así también es la naturaleza del efecto del principio
y derecho a la paz en la ponderación [176]. Por tanto, cuantas más
previsiones incluyan las medidas transicionales para ajustarse al
estándar ordinario de constitucionalidad –es decir, el que resulta
de la ponderación entre principios sin incluir el principio y derecho
a la paz– tantas más razones habrá para considerarlas exequibles.

140. Asimismo, en un contexto de justicia transicional, cuando
resulte justificado, la Corte Constitucional puede flexibilizar la
intensidad de su control en lo que concierne a la fiabilidad de las
consideraciones empíricas asociadas a la idoneidad y necesidad de
las medidas transicionales. En este sentido, el Legislador
transicional disfruta de un margen de acción que, aunque no es
ilimitado, sí le otorga una competencia más amplia para elegir
entre los diversos medios alternativos disponibles para conseguir
los fines de la transición.

141. En un escenario de normalidad constitucional este
primer contenido normativo podría resultar inexequible, por
desconocer los mandatos dispuestos en los artículos 68 y
125 Superiores. Con relación a la primera disposición, al
reducir, prima facie, el estándar de calidad que define la
normativa vigente. De manera consecuencial se afecta el
contenido normativo de la segunda disposición pues, prima
facie, sería cuestionable argumentar, desde una perspectiva
constitucional, que el mérito, en cuanto condición de
ingreso al sistema de carrera administrativa docente, se
pueda satisfacer con la permisión de que personas con un
nivel de formación de “Bachiller, cualquiera sea su
modalidad de formación” o de “Técnico profesional o laboral
en educación” pudieran participar de los concursos públicos
que para su ingreso se exige. Este razonamiento, sin
embargo, en un contexto de justicia transicional es
insuficiente.

142. Para la Corte, de conformidad con el análisis efectuado en el
numeral 3.4.3 supra, el conjunto de disposiciones objeto de control
guarda un vínculo de conexidad objetivo, estricto y suficiente con
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, y, por tanto, contribuye a “facilitar
y asegurar” su implementación.

143. Además, este primer contenido normativo tiene por
objeto, por medio de una condición excepcional, lograr el
cierre de brechas entre el campo y la ciudad, en materia de
cobertura educativa (dimensión del derecho a la educación
que se potencializa), al pretender la ampliación de la oferta

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de aspirantes que tradicionalmente han estado interesados
en la carrera docente. Por tanto, no puede calificarse la
misma como irrazonable, esto es, como una medida carente
de una justificación válida y plausible para ser adoptada,
tendiente a la consecución de un específico objetivo, de
mérito constitucional. Si bien, este grupo de disposiciones
deja a salvo el postulado general de carrera fijado en la
Constitución, crea una situación especial, por una sola vez,
para exigir requisitos menores (en cuanto al mérito se
refiere), de tal suerte que puedan proveerse las vacantes
que en la actualidad no ha podido suplirse con el sistema
ordinario de mérito para ingresar a la carrera docente. De
otra parte, este grupo de disposiciones guarda un fuerte vínculo
con el postulado de igualdad material previsto en los incisos 2° y
3° del artículo 13, concordante con lo previsto en el inciso 5° del
artículo 67, todos ellos de la Constitución, que exigen del Estado el
deber de adoptar las medidas para garantizar la igualdad de
aquellos grupos que han sido marginados o discriminados. Es
evidente, que en relación con el derecho a la educación existe una
amplia brecha entre el campo y la ciudad, en materia de cobertura
educativa, que genera una situación de marginación que debe
corregirse por medio de la acción estatal y una medida razonable
para ello es la que consagra el grupo de disposiciones objeto de
control constitucional.

144. En comparación con la finalidad perseguida por este grupo de
disposiciones, en un escenario de justicia transicional, la alternativa
de la declaratoria de su inconstitucionalidad no supone una
alteración del statu quo existente en materia de carencia de oferta
docente suficiente para atender la labor de enseñanza en las zonas
tradicionalmente afectadas por el conflicto armado. Los efectos de
la inconstitucionalidad ab initio, esto es, de la posible
inconstitucionalidad de la medida en un escenario de normalidad
constitucional, tratan de aminorarse y, por tanto, de ajustarse al
estándar ordinario de constitucionalidad, mediante los siguientes
tres mecanismos:

• En primer lugar, se dispone que el concurso especial de
méritos que regula el Decreto Ley solo es posible que se
convoque por una única vez (parágrafo 3º del artículo 1).
Dicha medida es consecuencia del carácter transicional de su
adopción pues, contrario sensu, de ella se deriva que el deber ser
en la materia es que la convocatoria de este tipo de concursos se
surta en los términos dispuestos por el Decreto Ley 1278 de 2002.

-En segundo lugar, se supedita el ingreso al escalafón
docente, a la acreditación, en un periodo de tres años, de los
requisitos que para tales efectos exige la normativa general
y ordinaria (Ley 115 de 1994 y Decreto Ley 1278 de 2002).
Este mecanismo busca hacer equivalentes las condiciones de
calidad que se exigen en un escenario de normalidad
constitucionalidad, con un periodo de implementación en uno de
justicia transicional, tendiente a ampliar la cobertura del servicio
público de educación. De esta forma, este mecanismo permite que

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la tensión entre las dimensiones de la calidad y la cobertura del
derecho a la educación, que supone este primer contenido
normativo, se resuelva en el sentido de permitir la afectación en
menor medida de la calidad (que, se reitera, es temporal), en
comparación con los mayores beneficios que se derivan para la
cobertura educativa (estos sí, presumiblemente, definitivos).

-En tercer lugar, dado que se flexibiliza el ingreso al sistema
especial de carrera docente, se pretende precaver la eventual
afectación al principio de trato igual entre aquellas personas que
hacen y pueden hacer parte del sistema ordinario de carrera
docente, mediante la restricción para aquellos que hubiesen
ingresado en virtud del concurso especial que regula el Decreto Ley
882 de 2017. En efecto, estos últimos solo pueden trasladarse a un
cargo de la planta global docente ordinaria, previa superación de
un concurso ordinario, esto es, regido íntegramente por las
disposiciones del Decreto Ley 1278 de 2002.

145. Para la Corte Constitucional, de conformidad con la
argumentación precedente, el primer contenido normativo objeto
de control, que se integra por los numerales 1 y 2 del artículo 3,
debe ser declarado exequible […]”.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 893 de

28 de mayo de 201711, por medio del cual crearon 16 programas de

desarrollo con enfoque territorial -PDET en 170 municipios, dentro de

los cuales se encuentran incluidos, según su artículo 3°, el de Ataco,

Chaparral, Planadas y Rioblanco12.

Asimismo, expidió el Decreto 1578 de 28 de septiembre de 2017 por

el cual reglamentó el Decreto Ley 882 de 2017, que en su artículo

2.4.1.6.2.2. dispuso que las entidades territoriales en las que se

11 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET”.
12 En la parte considerativa del Decreto Ley se explica que “[…] la priorización de territorios

que se define en el artículo 3 del presente decreto, obedece a los criterios de necesidad y
urgencia señalados en el Punto 1.2.2 del Acuerdo Final, a saber: los niveles de pobreza, en
particular de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas, el grado de afectación
derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad
de gestión, la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.
Claramente, la situación de estas regiones implica la constante violación de derechos
fundamentales de los ciudadanos […]”.

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encontraran los municipios definidos por el MINISTERIO, tenían el

deber de determinar las instituciones educativas estatales y sedes

rurales para la provisión de los empleos del sistema especial de

carrera docente, a través de concurso de méritos, lo anterior

teniendo en cuenta la cobertura geográfica establecida en el

artículo 3° del Decreto Ley 893 de 2017.

De igual forma, el artículo 2.4.1.6.2.3. estableció que correspondía a

las entidades territoriales definir la planta de cargos docentes y

directivos docentes destinada exclusivamente a la prestación del

servicio educativo en instituciones y sedes educativas ubicadas en

las zonas rurales de los municipios focalizados y que las respectivas

vacantes debían ser reportadas a la CNSC13.

En cuanto a los requisitos para participar en el concurso, la norma

ibidem previó que podían inscribirse en el concurso bachilleres para

la provisión del empleo de docente14 y que para la etapa de valoración

de antecedentes de los participantes15 al momento de evaluar la

experiencia debían incluirse criterios diferenciadores que dieran un

mayor reconocimiento a la experiencia comunitaria y al arraigo

territorial del concursante, para lo cual señaló que se podría “[…]

otorgar a la experiencia en las zonas de conflicto armado de la

13 Cfr. Artículo 2.4.4.6.2.4 del Decreto 1578 de 28 de 2017.
14 En los términos del artículo 2.4.1.6.3.6 del Decreto 1578 de 28 de 2017.
15 Artículo 2.4.1.6.3.14. del Decreto 1578 de 2017.

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entidad territorial certificada a la que aplica el aspirante el porcentaje

máximo establecido para esta prueba […]”.

Igualmente, el artículo 2.4.1.6.3.21. del Decreto 1578 de 2017,

dispuso que en los casos en que se presenten empates en los

puntajes de varios concursantes pertenecientes a la lista de elegibles

debía darse prevalencia a aquellos que ostentaran la condición de

víctima otorgada por la Unidad Administrativa Especial para la

Atención y Reparación Integral a las Victimas.

El MINISTERIO, mediante la Resolución núm. 04972 de 22 de

marzo de 2018, definió las zonas con programas de desarrollo con

enfoque territorial en las que se aplicaría el concurso de méritos

previsto en el Decreto Ley 882 de 2017. Respecto del Departamento

del Tolima indicó:

“[…] ARTÍCULO 4o. MUNICIPIOS PRIORIZADOS. El concurso de
méritos de carácter especial se desarrollará en 23 Entidades
Territoriales Certificadas en Educación, en las cuales se concentra
un total de 125 municipios, conforme al Decreto-ley 893 de 2017,
así:

Entidad certificada en Municipio
educación
Ataco
Departamento del Tolima Chaparral
Planadas
Rioblanco
[…]”.

En razón de lo anterior, la CNSC, mediante el Acuerdo núm.

20181000002536 de 19 de julio de 2018, estableció las reglas del

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concurso especial de méritos denominado proceso de selección núm.

604 de 2018 para proveer 11616, 9817, 14518 y 11619 empleos vacantes

de directivos docentes y docentes en zonas rurales afectadas por el

conflicto en el Departamento del Tolima.

En el mencionado Acuerdo, en sus artículos 41, 42 y 43, se señaló

que para la puntuación de los factores de la prueba de valoración de

antecedentes para los empleos de Director Docente Rector, Director

Docente Director Rural o Coordinador y Docente de Aula se

otorgarían 2 puntos a los concursantes que acreditaran la

calidad de víctimas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las

Víctimas -UARIV; en el factor de experiencia se tendría en cuenta la

desarrollada en las zonas de conflicto armado en el

DEPARTAMENTO, otorgando 14 puntos por cada año de

experiencia relacionada con el cargo de docente al que aspira; 10

puntos por cada año de experiencia en cualquier otro cargo docente;

y 6 puntos por cada año de experiencia en cargos que ejerzan

funciones en área de planeación, gestión de personal o finanzas en

el sector educativo.

16 Para el Municipio de Ataco.
17 Para el Municipio de Chaparral.
18 Para el Municipio de Planadas.
19 Para el Municipio de Rioblanco.

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La CNSC mediante Acuerdo núm. 2018000009136 de 28 de

diciembre de 2018, por solicitud del DEPARTAMENTO, modificó el

Acuerdo núm. 20181000002536 de 19 de julio de 2018, en el sentido

de incrementar el número de empleos vacantes a 124, 102, 156 y

124 para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco,

respectivamente.

Ahora, en desarrollo del concurso se presentaron varias quejas y

peticiones de los participantes, con ocasión de la presunta filtración

de un cuadernillo de preguntas y respuestas, asunto respecto del cual

la CNSC, a través de la Resolución núm. 20191000103205 de 19 de

septiembre de 2019, declaró la existencia de una irregularidad en el

desarrollo de la prueba de conocimientos específicos para la provisión

del empleo de docente de primaria en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar la existencia de una
irregularidad en cuanto a la filtración previa de la Prueba de
Conocimientos Específicos y Pedagógicos y Psicotécnica para el empleo
de Docente de Primaria aplicada el 4 de agosto de 2019 por la
Universidad Nacional de Colombia en el marco de los Procesos de
Selección Nos. 601 a 623 de 2018, que corresponde a las OPEC:

OPEC

83.104 83.145 83.133 83.121 83.175 83.179 84.475 83.194

83.111 83.144 83.191 83.120 83.171 83.190 84.473 83.968

83.110 83.143 83.184 83.119 83.170 82.999 84.472 83.155

83.109 83.142 83.183 83.118 83.169 83.000 84.470 83.154

83.108 83.141 83.182 83.117 83.168 83.001 84.468 83.153

83.186 83.140 83.181 83.116 83.167 83.002 84.465 83.189

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83.185 83.160 83.180 83.115 83.166 83.005 84.463 83.129

83.161 83.159 83.127 83.114 83.165 83.004 83.188 83.174

83.151 83.139 83.126 83.163 83.107 83.172 83.187 83.128

83.150 83.138 83.125 83.162 83.164 83.158 83.157 83.173

83.148 83.137 83.124 83.113 83.106 83.132 83.156 83.176

83.149 83.136 83.123 83.193 83.105 83.131 83.197

83.147 83.152 83.135 83.192 83.177 83.130 83.196

83.146 83.134 83.122 83.112 83.178 84.477 83.195

ARTÍCULO SEGUNDO. – Dejar sin efectos las pruebas de
Conocimientos Específicos y Pedagógicos y Psicotécnica para el empleo
de Docente de Primaria, practicada por la Universidad Nacional de
Colombia el pasado 4 de agosto de 2019, en 23 ciudades del territorio
nacional, relacionadas en el artículo segundo.

ARTÍCULO TERCERO. – Ordenar a la Universidad Nacional de
Colombia diseñar, construir y aplicar una nueva Prueba de
Conocimientos Específicos y Pedagógicos y Psicotécnica para el empleo
de Docente de Primaria, en 23 ciudades del territorio nacional, máximo
dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo y de conformidad con el cronograma
previamente aprobado por la CNSC […]”.

La anterior decisión fue adoptada con fundamento en el material

probatorio recaudado en el procedimiento administrativo y respecto

del cual llegó a las siguientes conclusiones:

“[…] Una vez analizadas las referidas PQRS se encuentra que las
mismas se refieren a la posible filtración de un cuadernillo
para un empleo en específico, Primaria; sin que se evidencie
de las peticiones, quejas y reclamos presentados otros tipos de
empleo docente y directivo docente.
[…]
4.4. En la declaración juramentada el señor Osnaider Vargas
Gutiérrez manifestó que se encuentra inscrito al Proceso de
Selección No. 601 a 623 de 2018 y presentó las pruebas escritas
en la Universidad de La Amazonía Campus Porvenir de la ciudad de
Florencia, Caquetá, la cual finalizó aproximadamente a las 11:00
a.m. del 4 de agosto de 2019.

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Al respecto debe indicarse que si bien es cierto el señor Vargas
Gutiérrez, en su declaración juramentada, no precisa el tipo de
prueba o cuadernillo que recibió vía mensaje de WhatsApp,
también lo es que una vez revisado el anexo 3 aportado en su
declaración juramentada y allegado por él (pantallazos de la
conversación del Grupo Docentes Caquetá CNSC), se evidencia un
mensaje enviado por “Jhonatan” denominado PDF PRIMARIA a las
11:41 am del 4 de agosto de 2019. Así como una imagen de una
hoja manuscrita reenviada por la misma persona con lo que al
parecer podrían ser respuestas de la prueba. Así mismo, en el
referido anexo del folio 7 al 27, se aprecian imágenes de un
cuadernillo denominado “Docentes y Directivos Docentes en zonas
afectadas por el conflicto armado” “Docente de Primaria PA” con
los logos de la UNAL y la CNSC.

[…]

Así mismo, indica que el equipo de la UNAL que ejecuta el Contrato
No. 249 de 2019, le solicitó a la Dirección Nacional de Admisiones
de esa Universidad, procesar el algoritmo de patrón de respuestas
para las pruebas aplicadas el 4 de agosto de 2019 Directivos
Docentes y Docentes en zonas afectadas por el conflicto. Lo
anterior, “con el objetivo de detectar patrones en las respuestas de
los concursantes que aplicaron las pruebas de Primaria.” (Fl. 3
anexo).

Para ello, compararon las cadenas idénticas de respuesta en los
concursantes por el puntaje y por el número de repeticiones y
analizaron la coincidencia de respuestas incorrectas. “(…) Luego de
realizar el análisis pertinente y de aplicar el algoritmo a las 22
formas de prueba dirigidas a los concursantes a cargos de docentes
y directivos docentes, se encontraron 100 cadenas de respuesta
iguales (…), es decir 90 preguntas contestadas exactamente
igual, únicamente en la prueba para Docente de Primaria
[…]” (Resaltado de la Sala).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que debe

confirmarse la providencia recurrida ante la no acreditación por la

parte actora sobre la vulneración de los derechos colectivos

invocados, con ocasión del desarrollo del proceso de selección núm.

604 de 2018 adelantado por la CNSC.

En efecto, respecto del primer reparo de los recurrentes referente a

la no necesidad de adelantar el proceso de selección núm. 604 de

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2018 en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco del

DEPARTAMENTO, la Sala observa que dentro del proceso no se

allegó prueba alguna tendiente a acreditar tal afirmación.

Ciertamente, contrario a lo afirmado por los recurrentes, se advierte

que el proceso de selección núm. 604 de 2018 se adelantó teniendo

en cuenta que: i) los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y

Rioblanco corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado

que fueron incluidas en los programas de desarrollo con enfoque

territorial -PDET, atendiendo su situación de pobreza extrema y

necesidades básicas insatisfechas, conforme con lo previsto en el

artículo 3° del Decreto Ley 893 de 2017; ii) dichos municipios fueron

incluidos dentro de aquellos en los que debía aplicarse el concurso

especial de méritos previsto en el Decreto Ley 882 de 2017, de

acuerdo con lo establecido por el MINISTERIO en la Resolución

núm. 04972 de 22 de marzo de 2018; y iii) las vacantes ofertadas

correspondían a las reportadas por el DEPARTAMENTO como no

ocupadas por docentes de carrera en las instituciones educativas en

las zonas rurales de los mencionados entes territoriales.

A juicio de la Sala, las anteriores circunstancias descartan la

vulneración de los derechos colectivos en tanto que se tiene que el

proceso de selección fue adelantado atendiendo a los criterios

previstos en la ley y disposiciones reglamentarias que regulan el

tema.

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Ahora, en lo que tiene que ver con la trasgresión del derecho

colectivo a la educación por permitir la participación de bachilleres

en el proceso de selección núm. 604 de 2018, la Sala observa que

tampoco asiste razón a la parte recurrente, toda vez que dicha

posibilidad fue expresamente prevista en el artículo 3° del Decreto

Ley 882 de 2017 y se encuentra condicionada a que en los casos en

que eventualmente un bachiller apruebe las etapas del concurso de

méritos, forme parte de la lista de elegibles y sea nombrado dentro

del empleo al que aspiró, deba, dentro de los 3 años siguientes20,

acreditar los requisitos que exige la normativa ordinaria para ingresar

al escalafón docente, lo anterior con miras a conservar las

condiciones de calidad en la prestación del servicio.

Adicionalmente, dicha disposición fue declarada exequible por la

Corte Constitucional a través de la sentencia C-607 de 3 de octubre

de 2017, respecto de la cual no se observa razón alguna por la cual

sus consideraciones no resulten aplicables al proceso de selección

núm. 604 de 2018, en tanto que, como ya se dijo, los recurrentes no

aportaron dentro del proceso prueba alguna que acredite que los

municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco no cumplían

con las condiciones para que se adelantara el concurso especial de

méritos previsto en el Decreto Ley 882 de 2017.

20 Conforme al parágrafo del artículo 4° del Decreto Ley 882 de 2017

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Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento de la calidad de

víctimas de los docentes provisionales que han ejercido la profesión

en las zonas donde se presentó el conflicto armado y que son objeto

del proceso de selección núm. 604 de 2018, la Sala advierte que

dicha circunstancia per se no afecta la prestación del servicio público

de educación en el sector y, por ende, la vulneración del derecho

colectivo.

Por lo demás, cabe resaltar que de la revisión en conjunto del Decreto

1578 de 28 de septiembre de 2017 y de los acuerdos núms.

20181000002536 de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de

2018, se advierte que la CNSC, efectivamente, estableció dentro del

proceso de selección núm. 604 de 2018 criterios diferenciadores que

dieron reconocimiento tanto a la calidad de víctima del participante

como de su experiencia como docente en el territorio objeto del

concurso, reflejada en el otorgamiento de 2 puntos a los

concursantes que acreditaran la calidad de víctimas en el

Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial para

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV y en el factor

de experiencia de 14 puntos por cada año de experiencia

relacionada con el cargo de docente al que aspira; 10 puntos por

cada año de experiencia en cualquier otro cargo docente; y 6 puntos

por cada año de experiencia en cargos que ejerzan funciones en área

de planeación, gestión de personal o finanzas, en el sector educativo;

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para los concursante que laboraran en las zonas de conflicto armado

en el DEPARTAMENTO.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la supuesta trasgresión del

derecho colectivo a la moralidad administrativa por parte de los

demandados con ocasión de las presuntas irregularidades ocurridas

durante la práctica del examen de conocimientos dentro del proceso

de selección núm. 604 de 2018, tampoco le asiste razón a los

recurrentes, habida cuenta que de las pruebas obrantes dentro del

proceso no se observa que las demandadas hayan incurrido en

violación alguna del contenido de una norma jurídica relacionada con

el concurso de méritos previsto en el Decreto Ley 882 de 2017 por

acción u omisión, presupuesto necesario para que se configure la

trasgresión del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

En efecto, la CNSC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del

Acuerdo 20181000002536 de 19 de julio de 2018, adelantó una

actuación administrativa con ocasión de varias quejas relacionadas

con la circulación de las imágenes de un cuadernillo contentivo de las

preguntas realizadas el día de la prueba de conocimientos,

procediendo a hacer las averiguaciones pertinentes. Una vez

recaudado el material probatorio, a través de la Resolución núm.

20191000103205 de 19 de septiembre de 2019, declaró la existencia

de una irregularidad en el desarrollo de la prueba de conocimientos

específicos para la provisión del empleo de docente de primaria, al

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encontrar que las imágenes que soportaron las quejas y los

exámenes en los que se dieron inconsistencias en el patrón de

respuestas de los concursantes correspondían a dicha prueba.

De lo anterior, se desprende que las actuaciones realizadas por la

CNSC no trasgreden la moralidad administrativa pues, precisamente,

actuó conforme a derecho, en tanto que inició el correspondiente

proceso administrativo y una vez detectó una irregularidad dentro

del proceso de selección núm. 604 de 2018 subsanó la misma,

ordenando rehacer la actuación pertinente.

Así las cosas, comoquiera que no se encuentra acreditada la

trasgresión de los derechos colectivos invocados, la Sala confirmará

la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de febrero de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó el

amparo de los derechos colectivos invocados.

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SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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