RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2023-00055-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00055-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00055-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01 PRIMERO: DECLARAR responsable al Municipio de Florencia – Secretaría de Educación por la vulneración del derecho colectivo consagrado en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: ORDENAR, como medidas de protección al derecho colectivo enunciado en el numeral anterior, en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada entidad, si no se ha hecho, lo siguiente: 2.1. Que dentro de los siguientes dos (2) meses a la ejecutoria de esta sentencia, la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia -en el marco de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas aplicables- realice un estudio técnico detallado de la planta de personal docente en el que se analicen las posibles opciones que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en el área rural del Municipio de Florencia. 2.2. Mientras se lleva a cabo dicho estudio y se implementen los resultados que este arroje, el Municipio de Florencia - Secretaría de Educación deberá garantizar el acceso, continuidad y eficiencia del servicio público de educación de los menores de las veredas Alto Bonito, Las Cascadas y Campo Hermoso. Lo anterior, teniendo en cuenta los cuatro componentes establecidos por la Corte Constitucional […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00055-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos
Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01
Actor: Jhon Fredy Trujillo Aldana1
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Florencia –
Secretaría de Educación
Coadyuvante: Defensoría del Pueblo2

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación -
Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia de 23 de enero de 2025
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Jhon Fredy Trujillo Aldana presentó demanda3 contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el Municipio de Florencia – Secretaría de Educación; en
ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección del
derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna.

1 En representación de los habitantes de las veredas Alto Bonito, Las Cascadas y Campo Hermoso del Municipio

de Florencia.
2 Vinculado mediante auto de 3 de septiembre de 2024.
3 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 5ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

Pretensiones

2. El actor formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Se proteja el Derecho Colectivo al Acceso a los Servicios Públicos
y a que su Prestación sea Eficiente y Oportuna; y Derecho a la Educación.

SEGUNDO: Que en tal virtud, se ordene de forma inmediata a la SECRETAR[Í]A
DE EDUCACI[Ó]N MUNICIPAL DE FLORENCIA y MINISTERIO DE
EDUCACI[Ó]N NACIONAL, para que proceda en forma pronta a asignar personal
docente según el número de menores de edad que requieren de la educación.

TERCERO: Proteger los demás Derechos a que haya lugar bajo los principios
Ultrapetita y Extrapetita, que el señor juez considere pertinente […]”4.

Presupuestos fácticos

3. El actor indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

3.1. Manifestó que los habitantes de la Vereda Alto Bonito y sus alrededores
carecen de un docente, por lo que deben trasladarse a otra escuela que se
encuentra a dos horas de distancia de su lugar de residencia, generando un riesgo
para los menores.

3.2. Mencionó que, hace más de siete años, el actuar de las autoridades ha sido
asignar un docente para que dicte clase de dos a tres días por semana, lo cual
constituye una inestabilidad en los procesos educativos que ha desencadenado en
afectaciones de carácter psicológico y social.

3.3. Señaló que ha enviado solicitudes a las Secretarías de Educación del
Municipio de Florencia y del Departamento de Caquetá en las cuales requiere
docentes que respondan al número de estudiantes. La última petición remitida al
Municipio fue el 21 de octubre de 2022 y no recibió respuesta.

3.4. Indicó que el 21 de octubre de 2022 radicó escrito ante la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y la entidad respondió, el 9 de noviembre de 2022, indicando
que la organización de la plantas del personal docente, directivo docente y
administrativo de los establecimientos educativos estatales es responsabilidad
directa de las secretarías de educación, o quien haga sus veces en las entidades
certificadas; por lo tanto, la reorganización de la planta de docentes es facultad de
la Secretaría de Educación.

4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 5ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2. Página 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

Contestaciones de la demanda

4. La Nación - Ministerio de Educación Nacional5 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos6:

4.1. La competencia de asignación de docentes corresponde exclusivamente a la
Secretaría de Educación del Municipio de Florencia por tratarse de una entidad
territorial certificada en esa materia, agregando que estas entidades gozan de
autonomía en esos asuntos.

4.2. El Ministerio tiene a cargo la generación de la política sectorial y
reglamentación pertinente para organizar las distintas modalidades de prestación
del servicio público educativo con el propósito de orientar los niveles preescolar,
básica, media y superior, así como la educación para el trabajo y el desarrollo
humano.

4.3. En razón a la descentralización del sector educativo, perdió varias facultades
relacionadas con la administración de los servicios y, en virtud de lo previsto en la
Ley 715 de 21 de diciembre de 20017, le fueron otorgadas dichas competencias a
los departamentos y municipios, los cuales reciben directamente todos los recursos
de la participación para la educación y tienen total responsabilidad en la
administración de su recurso humano y físico.

4.4. El numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 715 establece que las entidades
territoriales certificadas deben distribuir entre las instituciones educativas los
docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio
entendida como población atendida y por atender en condiciones de eficiencia
siguiendo la regulación en la materia.

4.5. La entidad territorial debe evaluar también el presunto riesgo al que estarían
expuestos los estudiantes de la Vereda Alto Bonito, y poblaciones cercanas, por
trasladarse a recibir sus clases y, de ser el caso, adelantar las acciones de orden
legal y reglamentario que se requieran en el marco de sus competencias. Asimismo,
en lo relacionado con la infraestructura educativa debe planificar y priorizar los

5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 10CONTESTACIONMINEDU(.pdf)

NroActua 3.
7 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

proyectos a su cargo y, si lo considera necesario, solicitar la postulación para
cofinanciación del Ministerio.

4.6. Se creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
Preescolar, Básica y Media como una cuenta especial del Ministerio, a través de la
cual se podrán cofinanciar y ejecutar las obras de infraestructura educativa que en
el mismo se enmarcan. De allí destacó que solo si las respectivas entidades
territoriales postulan predios en el marco de las convocatorias adelantadas por el
Ministerio y, además, cuando cuenten con la respectiva viabilización técnica y
jurídica, los proyectos podrán ser objeto de financiación.

4.7. La Secretaría de Educación del Municipio tiene la facultad de reorganizar la
planta de tal manera que se optimice su administración, a través de la revisión de la
actual conformación de los grupos según las relaciones técnicas, distribución de los
cargos, comportamiento de las matrículas por sede y por institución educativa.

4.8. No hubo vulneración ni amenaza a los derechos e intereses colectivos, por
parte del Ministerio de Educación, en razón a que ha dado cumplimiento a las
orientaciones y asistencias que le competen, así como ha buscado salvaguardar los
derechos, tanto de los docentes como de los estudiantes prestando el equipo y la
asesoría correspondiente para los casos de las situaciones administrativas y demás
asuntos relacionados con la prestación del servicio.

4.9. La acción popular es improcedente, a su juicio, debido a que el juez no está
llamado a ser coadministrador en las entidades del Estado, por lo que el
administrador de justicia no debería decidir sobre la planta docente en cuanto a que
está previamente definida por el Decreto 1075 de 26 de mayo de 20158.

4.10. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de configuración de violación o amenaza al derecho colectivo” y “falta
en la determinación del daño antijurídico”.

5. El Municipio de Florencia9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:

5.1. Ha actuado diligentemente para garantizar el derecho a la educación de la
población de la Vereda Alto Bonito y contiguas, como se evidenció en la plataforma

8 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 18CONTESTACIONMPOFLO(.pdf)

NroActua 3.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

del Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT, en el cual se demostró que los
habitantes del sector en mención han contado con docentes; además, consideró
que no era posible asignar un docente para la Vereda.

5.2. Se realizó una reunión en la cual le explicaron al accionante cómo se debía
surtir el trámite correspondiente para lograr la cobertura de docentes en el área bajo
análisis; además, agregó que en las veredas cercanas Villa del Río, Villa Hermosa
y Andes 2, se cuenta con docentes donde pueden acudir los habitantes de la Vereda
Alto Bonito a recibir clases.

5.3. En el proceso no existe material probatorio que demuestre la supuesta
vulneración de derechos e intereses colectivos, teniendo en cuenta que es una
responsabilidad a cargo de la parte accionante.

5.4. Propuso las excepciones de “inexistencia de afectación a los derechos
colectivos mencionados” e “insuficiencia probatoria – carga probatoria en cabeza
del accionante”.

Audiencia de pacto de cumplimiento

6. El Tribunal Administrativo del Caquetá celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 23 de agosto de 202311 sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

7. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante sentencia de 23 de enero de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad de la [S]ecretar[í]a de Educación del
[M]unicipio de Florencia y el Ministerio de Educación Nacional, en la vulneración del
derecho colectivo consagrado en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y del
derecho de educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política,
conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR como medida de protección al derecho colectivo enunciado
en el numeral anterior, la siguiente:

2.1 Se ordenará al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación Municipal
que en el marco de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas
aplicables, se realice un estudio técnico detallado de la planta de personal docente
en el área rural del [M]unicipio de Florencia, en particular para la vereda Alto Bonito,
con el propósito de que se evalúe la procedencia de asignar un docente de planta en
esta sede educativa.

11 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación núm. 180012333000202300055-00. Archivo

denominado: 54_AUDIENCIAPACTODECUMPLIMIENTO_ACTA20230005500(.pdf) NroActua 13.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

2.2 Mientras se lleva a cabo dicho estudio, y se implementen los resultados que este
arroje, se ordenará a la Secretaría de Educación Municipal que garantice el acceso
al servicio de educación de los menores de la vereda Alto Bonito, y a que su
prestación sea continua, eficiente y oportuna. Teniendo en cuenta los cuatro
componentes establecidos por la Corte Constitucional (asequibilidad, adaptabilidad,
aceptabilidad y accesibilidad). Es decir que debe ser continua de tal forma que todos
los años lectivos los niños cuenten con una docente que les garantice su educación
de manera ininterrumpida. Para ello la Secretaría de Educación Municipal deberá
establecer el mecanismo de contratación que mejor se ajuste a las necesidades y
efectividad del servicio.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por el accionante; el Defensor del Pueblo, el
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Florencia, Caquetá, quienes harán
seguimiento a lo ordenado en la decisión y rendirán informes semestrales sobre las
acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de esta providencia
ante esta Corporación.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Remitir copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes en el programa informático SAMAI y en la base de datos del despacho 02
[…]”12.

Consideraciones del Tribunal

8. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] Corresponde determinar si las demandadas, vulneraron el derecho colectivo al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna,
consagrado en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y el derecho a la
educación con ocasión a la falta de la asignación de personal docente en la sede de
la vereda Alto Bonito del municipio de Florencia […]”13.

9. El Tribunal advirtió que la Corte Constitucional señaló el carácter fundamental
y complejo del derecho a la educación destacando “[…] la necesidad de garantizar
su asequibilidad que implica la existencia de suficiente infraestructura, docentes y
programas de enseñanza. La accesibilidad, que exige la eliminación de
discriminación y facilidades geográficas y económicas para acceder al servicio. La
adaptabilidad que se refiere a acciones para garantizar la permanencia en el
sistema educativo, y la aceptabilidad que se refiere a la calidad de los programas,
contenidos y métodos de la educación14 […]”.

10. Encontró probado que, en el registro de la plataforma para el año 2023, se
encontraban incluidos los menores que cursaban entre primero y cuarto grado de

12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2. Página 13.
13 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2. Página 4.
14 Corte Constitucional, sentencia T-139 de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

primaria en el centro educativo de la Vereda Alto Bonito, destacando que estos
estudiantes han tenido lapsos de cesación de estudios reflejando una diferencia
entre su edad y el grado cursado.

11. Indicó que la deserción académica ha ocurrido principalmente en las
instituciones cercanas, como en las Veredas Villa del Río y Andes 2, debido a que
el acceso a la educación, en la práctica, no es viable sobre todo por la distancia
significativa que deben recorrer los estudiantes hasta dichos centros educativos, la
cual implica dificultades en el desplazamiento especialmente para los más
pequeños.

12. Agregó que se vulneró el derecho e interés colectivo invocado, por cuanto no
se había asignado un docente para el centro educativo de la Vereda Alto Bonito sino
hasta el año 2023, circunstancia que configuró un obstáculo para la prestación
idónea del servicio público.

13. Advirtió que, en este caso, no procede declarar la carencia actual de objeto
debido a que, si bien se comprobó que hubo un contrato de una docente para el año
2023 y que se hicieron mejoras en la infraestructura de la institución de Alto Bonito,
es una gestión que no garantiza la continuidad del personal docente y es insuficiente
para concluir que con ello cesa definitivamente la vulneración de los derechos e
intereses invocados.

14. Adujo que las entidades accionadas son competentes para garantizar el
servicio de educación de los menores de la Vereda Alto Bonito del Municipio de
Florencia, destacando que en la Ley 115 de 8 de febrero de 199415 se establece
que las entidades territoriales son responsables de garantizar el cubrimiento del
servicio público educativo, así como ejercer su dirección y administración.

15. Agregó que no es procedente ordenar a la Secretaría de Educación del
Municipio que adelante un nombramiento de un docente en propiedad debido a que,
de acuerdo con el Decreto 1075 de 201516, este tipo de nombramientos se realiza
a través de un concurso de méritos, a partir del cual se conforma una lista de
elegibles para los cargos correspondientes.

16. En ese orden de ideas, encontró demostrada la vulneración al derecho e
interés colectivo y ordenó tanto al Ministerio de Educación Nacional como al
Municipio de Florencia que realicen un estudio técnico detallado de la planta del

15 “Por la cual se expide la ley general de educación”.
16 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

personal docente, en el área rural, para evaluar si es posible asignar un docente de
planta en la sede de la Vereda Alto Bonito y, mientras tanto, garantizar el acceso al
servicio de educación de forma continua de tal forma que todos los años lectivos los
niños cuenten con un docente.

Recurso de apelación

17. La Nación - Ministerio de Educación Nacional17 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

17.1. Si bien la Secretaría de Educación Municipal de Florencia como el Ministerio
de Educación Nacional son responsables del servicio educativo, las competencias
atribuidas a cada una son diferentes y complementarias, dichas distinciones no se
evidencian en la sentencia impugnada.

17.2. Ha desplegado una serie de acciones en el marco de sus competencias,
relacionadas con organizar la prestación de servicios de etnoeducación y no con la
prestación directa del servicio; en virtud de ello, las declaraciones y condenas
impuestas a la entidad no son equivalentes al grado de responsabilidad frente a
aquellas que les corresponden a las entidades territoriales.

17.3. En sus funciones se encuentra la creación de la política sectorial y la
reglamentación pertinente para la organización de las distintas modalidades de
prestación del servicio de educación orientándolo en los distintos niveles; además,
por la descentralización del sector educativo, el Ministerio perdió varias facultades
relacionadas con la administración de los servicios educativos, como el
nombramiento o traslado de docentes del sector público que no son parte de sus
competencias, y que ahora, le corresponde a los Departamentos y Municipios
certificados, teniendo en cuenta que reciben directamente los recursos del Sistema
General de Participaciones.

17.4. De acuerdo con lo previsto en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 715,
respecto a que las entidades territoriales tienen la competencia de administrar las
instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley,
carece de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, el numeral 7.12 de la

17 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

misma norma otorgó a las entidades territoriales la facultad de organizar la
prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción.

17.5. Si los actos, obligaciones y consecuencias jurídicas derivadas de las
actuaciones de la entidad territorial, repercuten o impactan a la entidad nacional, no
se daría aplicación a la figura de la descentralización administrativa y territorial en
materia de educación, en cuanto a que se desdibujaría el principio de autonomía
financiera y administrativa como elemento esencial de la citada figura.

Actuaciones en segunda instancia

18. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Caquetá profirió
auto de 11 de febrero de 202518 mediante el cual concedió el recurso de apelación
interpuesto por la Nación - Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia
proferida, en primera instancia.

19. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 21 de
febrero de 202519 mediante el cual admitió el recurso de apelación presentado por
la Nación - Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia proferida el 23 de
enero de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; v)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la competencia de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional en materia de educación; vi) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial sobre los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en el ejercicio de la función pública por las autoridades
administrativas; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 2ED_AutoConcede(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.
19 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
9Autoqueadmite_APa20235501JhonFredy(.pdf) NroActua 4.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

21. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201920, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15021 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.

22. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

23. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Nación - Ministerio de Educación Nacional en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 23 de enero de 2025
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá,
de conformidad con los artículos 32022 y 32823 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201224, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si la Nación - Ministerio de Educación Nacional es o no
responsable de la vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo por falta
de personal docente en la Vereda Alto Bonito ubicada en el Municipio de Florencia;
y, consecuencialmente, si esta entidad es o no competente para cumplir las órdenes
impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, orientadas a la
superación de la situación de vulneración del derecho e interés colectivo.

20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.° del

Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo
número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
21 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se

reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
22 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
23 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
24 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

25. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

26. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

27. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

28. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

29. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

30. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”25.

31. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

32. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés colectivo de acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna

33. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

34. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”26
(Destacado fuera de texto).

35. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que la Sección Primera, en sentencia
reciente27, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la competencia de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional en materia de educación

36. Vistos los artículos: i) 35628, inciso cuarto29; y 35730 de la Constitución
Política, sobre financiación de los servicios de la educación preescolar, primaria,
secundaria y media, la distribución de los recursos y competencias a los
departamentos, distritos y municipios, a través del Sistema General de
Participaciones; ii) 148 de la Ley 115 de 8 de febrero de 199431, en especial los
literales “b” y “d”, sobre las funciones del Ministerio de Educación Nacional; iii) 2 del
Decreto 5012 de 28 de diciembre de 200932, en especial, los numerales 2.4, 2.11 y
2.15, sobre las funciones del Ministerio de Educación Nacional; y iv) 5, numerales
5.9, 5.10, 5.11, 5.13, y 5.21; y 15, numeral 15.2, de la Ley 715 de 21 de diciembre

26 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de

2023, Radicación número: 170012333 000201800493-01.
28 Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo núm. 1 de 2001.
29 Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007.
30 Modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2007.
31 “Por la cual se expide la ley general de educación”.
32 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de

sus dependencias”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

de 200133, sobre las competencias de la Nación en materia de educación y sobre la
destinación de los recursos del SGP en el sector educativo.

37. El artículo 356 de la Constitución Política establece la distribución de los
recursos y competencias entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios,
a través del Sistema General de Participaciones. Específicamente, el inciso cuarto
del artículo 356 señala que los recursos del Sistema General de Participaciones se
destinarán, entre otros, a la financiación de los servicios de la educación preescolar,
primaria, secundaria y media.

38. La norma constitucional establece adicionalmente que, teniendo en cuenta
los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, corresponderá a
la ley señalar los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de
los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de
los departamentos, distritos y municipios.

39. Se trata de recursos que, en el marco de la prestación del servicio educativo
y en los términos del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley 715, podrán ser
destinados, entre otras actividades, al “[…] [p]ago del personal docente y
administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones
inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales […]”.

40. En relación con las funciones del Ministerio de Educación Nacional, el artículo
148 de la Ley 115 establece que corresponde a dicho ministerio, entre otras, en el
marco del servicio público educativo, las funciones de “política y planeación”,
“inspección y vigilancia”, “administración” y se le otorgan funciones “normativas”.

41. Por un lado, el Ministerio, en el marco de las funciones de “inspección y
vigilancia”, debe: i) velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre
educación; ii) asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los
municipios en el desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos; iii) evaluar en
forma permanente la prestación del servicio educativo; iv) fijar los criterios para
evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles
superiores, y v) cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón Nacional
Docente y por el Estatuto Docente, de acuerdo con lo previsto en la citada ley.

42. Por el otro, en el marco de las funciones de “administración”, se establece
que el Ministerio tiene las funciones de: i) dirigir la actividad administrativa en el

33 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

sector educativo y ejecutar la ley; ii) coordinar a través de las Secretarías de
Educación, o de los organismos que hagan sus veces, la ejecución de los planes de
desarrollo educativo en los departamentos, distritos y municipios; iii) establecer el
sistema descentralizado de información para la adecuada planeación y
administración de la educación y para ofrecer información oportuna a la sociedad y
a los padres de familia para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos; y
iv) coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el
servicio público en todo el territorio nacional.

43. Lo anterior se encuentra ratificado en el Decreto núm. 5012 de 2019 que, en
sus artículos 1 y 2 establecen, en lo pertinente, por un lado, en relación con los
objetivos del Ministerio, los siguientes:

“[…] ARTÍCULO 1°. Objetivo. El Ministerio de Educación Nacional, tendrá como
objetivos los siguientes:

1.1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un
servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.

1.2. Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación
que garantice la formación de las personas en convivencia pacífica, participación y
responsabilidad democrática, así como en valoración e integración de las diferencias
para una cultura de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la
recreación para lograr el mejoramiento social, cultural, científico y la protección del
ambiente

1.3. Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el
derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la
calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el
mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en
todos los niveles: preescolar, básica, media y superior.

1.4. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades Territoriales
para una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en
función de las políticas nacionales de ampliación de cobertura, mejoramiento de la
calidad y la eficiencia del servicio educativo y la pertinencia.

[…]

1.6. Velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de
regulación, inspección, vigilancia y evaluación, con el fin de lograr la formación
moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos.

1.7. Implementar mecanismos de descentralización, dotando el sector de los
elementos que apoyen la ejecución de las estrategias y metas de cobertura, calidad,
pertinencia y eficiencia […]”.

44. Y, por el otro, en relación con las funciones, establece lo siguiente:

“[…] 2.4. Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos
relacionados con la educación, de conformidad con los principios de subsidiariedad,
en los términos que defina la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

2.5. Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento
educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.6. Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus
actividades.

[…]

2.11. Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el
servicio público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de
sus entidades adscritas, de las entidades territoriales y de la comunidad educativa.

[…]

2.15. Suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la
administración del servicio público educativo y designar de forma temporal un
administrador especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 715
de 2001 […]”.

45. El artículo 5 de la Ley 715, sobre las competencias de la Nación en materia
de educación, establece, que “[…] [s]in perjuicio de las establecidas en otras
normas legales, corresponde a la Nación [entre otras] ejercer las siguientes
competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural […]”: i) evaluar la
gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades
territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad, facultad que se podrá
delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados; ii) “[…]
[p]restar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, cuando a
ello haya lugar […]”; iii) “[…] [v]igilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las
normas del sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas
y/o entidades territoriales indígenas […]”, facultad que puede ser delegada en los
departamentos, con respecto a los municipios no certificados; y iv) podrá distribuir
los recursos para educación del Sistema General de Participaciones, conforme a
los criterios establecidos en la ley y realizar las acciones necesarias para mejorar la
administración de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el ejercicio de la función
pública por las autoridades administrativas

46. Visto el artículo 209 de la Constitución Política, “[...] las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado [...]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

47. Se trata de un principio que fue desarrollado por la Ley 489 de 29 de
diciembre de 199834, que en su artículo 6 estableció lo siguiente:

“[...] Artículo 6. Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por
los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares [...]”.

48. Asimismo, el numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 establece que, “[…]
[e]n virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el
reconocimiento de sus derechos a los particulares […]”.

49. Los artículos 41, 42 y 44 de la Ley 489, regulan los sectores administrativos35
y la orientación, control, coordinación y evaluación de los sectores, al señalar lo
siguiente:

“[...] Articulo 41. Orientación y control. La orientación, control y evaluación general
de las actividades de los organismos y entidades administrativas corresponde al
Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los ministros, los directores de
departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y
los representantes legales de las entidades descentralizadas y sociedades de
economía mixta de cualquier nivel administrativo.

En el orden nacional, los ministros y directores de departamento administrativo
orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones a cargo de las
superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía
mixta que les estén adscritas o vinculadas o integren el Sector Administrativo
correspondiente.

Artículo 44. Orientación y coordinación sectorial. La orientación del ejercicio de
las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un Sector
Administrativo está a cargo del Ministro o Director del Departamento Administrativo
a cuyo despacho se encuentran adscritos o vinculados, sin perjuicio de las
potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de
reestructuración, les correspondan [...]”.

50. Sobre el particular, la Corte Constitucional al referirse a las facultades de
supervisión, coordinación y orientación de las autoridades administrativas, las

34 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
35 El artículo 42 de la Ley 489, sobre los sectores administrativos, establece que: “[…] [e]l Sector Administrativo

está integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, las superintendencias y demás entidades que
la ley defina como adscritas o vinculadas a aquéllos según correspondiere a cada área […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

circunscribe en el marco del control administrativo que ejercen para constatar la
armonía de las decisiones de los órganos de las entidades con las políticas
administrativas generales adoptadas por el sector36.

51. Asimismo, esta Corporación37 ha considerado que la coordinación “[...] es la
concertación de medios y esfuerzos para llevar a cabo de manera coherente una
acción común, y se presenta cuando por disposición constitucional o legal hay
competencias comunes entre dos o más autoridades públicas [...]”.

Análisis del caso concreto

52. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

53. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes38:

53.1. Copia de las peticiones radicadas el día 21 de octubre de 202239, suscritas
por el señor Jhon Fredy Trujillo Aldana, mediante las cuales solicitaron a las
entidades accionadas que asignen personal docente según el número de menores
de edad que requieran el servicio de educación.

53.2. Copia del Oficio núm. 2022-ER-678850 de 9 de noviembre de 202240,
expedido por la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Nacional, en el cual se informó que en las competencias asignadas en el artículo 7
de la Ley 715 se prevé que las entidades territoriales certificadas en educación
deben administrar el personal docente en su jurisdicción, incluyendo su nominación
y la reorganización de la planta de tal manera que se optimice su administración, a
través de la revisión de la actual conformación de los grupos según las relaciones
técnicas y la distribución de los cargos; por lo cual, el Ministerio no cuenta con las
competencias para intervenir directamente en dichas funciones debido a que estos
gozan de autonomía en la gestión de sus propios asuntos.

36 Corte Constitucional. Sentencia C-727 del 21 de junio de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil; concepto 2226 de 8 de junio de 2016; número único de

radicación 110010306000201500137-00; C.P. Germán Alberto Bula Escobar.
38 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
39 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 5ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2. Páginas 6-8.
40 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 5ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2. Páginas 9-11.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

53.3. Copia de los registros de seis menores en el Sistema Integrado de
Matrículas, con fecha de 12 de enero de 202341, en los cuales se evidencian las
anotaciones relacionadas con novedades de retiro de matrícula o traslado a otras
sedes del centro educativo.

53.4. Copia del Contrato núm. 78 de 14 de febrero de 2023, suscrito entre la
Arquidiócesis de Florencia como empleador y la docente Yessica Rocío Ávila
Martínez, cuyo objeto es prestar el servicio educativo a los estudiantes reportados
a la Arquidiócesis de Florencia.

53.5. Copia de las actas de entrega, suscritas el 8 de junio de 202342, de
dieciocho (18) elementos de material pedagógico educativo y quince (15) de aseo
asignados por la Arquidiócesis de Florencia.

53.6. Copia del informe de cumplimiento de 18 de agosto de 202343, suscrito por
la apoderada del Municipio de Florencia, en el cual se mencionó que la institución
educativa de la Vereda Alto Bonito, adscrita a la Institución Educativa Rural La
Libertad, ya cuenta con una docente desde el 14 de febrero de 2023, fecha en que
se suscribió un contrato para la prestación del servicio educativo en cuatro (4)
establecimientos educativos de la zona rural del Municipio de Florencia.

53.6.1. En el mismo documento se señaló que el Municipio: i) realizó mantenimiento
a las instalaciones de la institución de modo que se mejoraron las condiciones de
los espacios; ii) hizo entrega de elementos de construcción y ferretería como tejas
de zinc, pintura, puntillas, cemento, lijas, rodillos y brochas; y iii) dotó la institución
con doce (12) pupitres bipersonales nuevos, kits de aseo, material pedagógico para
la docente y materiales de papelería.

54. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

Solución a los problemas jurídicos

41 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 24REGISTROSIMAT(.pdf)
NroActua 3.
42 Cfr. índice 10 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 180012333000202300055-00. Archivo

denominado: 43EDUCACIONKITASEOYD(.pdf) NroActua 10.
43 Cfr. índice 10 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 180012333000202300055-00. Archivo

denominado: 39INFORMEMPIOFLORENC(.pdf) NroActua 10.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

55. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
la entidad apelante, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias que
no fueron controvertidas.

De la responsabilidad y competencia de la autoridad apelante, en el caso
concreto

56. La Sala procederá a estudiar las competencias del Ministerio de Educación
Nacional con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de
la vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo. En ese orden y en
armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes o
no las medidas impartidas por el Tribunal y si esta autoridad es o no competente
para cumplir las órdenes.

57. El artículo 67 de la Constitución Política establece que “[…] [l]a educación es
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social[,] […]
[e]l Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica […]”.

58. Asimismo, el mismo artículo constitucional indica que “[…] [c]orresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo […]”; por lo que “[…] [l]a Nación y las entidades
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley
[…]”.

59. En este sentido, la Sala destaca que si bien la educación goza de la calidad
de ser un derecho también tiene la naturaleza de servicio público; por lo tanto, es
susceptible de protección mediante la acción popular, en los términos del literal “j”
del artículo 4 de la Ley 472. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que “[…]
[l]a educación se encuentra circunscrita a la concurrencia de dos complejas
dimensiones: una como derecho fundamental que implica unos derechos-deberes
y otra como servicio público regido por los principios de eficiencia,
continuidad y calidad […]”44 (Destacado fuera de texto).

44 Corte Constitucional, sentencia T 531 de 18 de junio de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

60. Respecto a la susceptibilidad de protección del derecho a la educación a
través de la acción popular, esta Sección señaló que es viable si “[…] los reparos
de la parte actora en la acción popular de la referencia se enmarcan en las
dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la educación como
servicio público […] pues éstos fundamentan la vulneración del derecho colectivo al
acceso al servicio público de educación y a que su prestación sea eficiente y
oportuna […]”45 (Destacado fuera de texto).

61. Bajo esa connotación, la educación es un servicio público que debe prestarse
en aras de satisfacer necesidades, de interés general, que “[…] se exteriorizan en
el acceso permanente al conocimiento y la cultura, en términos de asequibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad […]”46. Teniendo en cuenta que “[…] los principios
esenciales que rigen la prestación del servicio público de educación [son]: eficiencia,
continuidad y calidad […]”47.

62. Respecto a las competencias de la Nación y de los municipios certificados en
el sector educación, los artículos 5 y 7 de la Ley 715 prevén lo siguiente:

“[…] Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación […]:

5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente.

[…]

5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo
en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. Esta
facultad se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no
certificados.

[…]

5.11. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector
en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades
territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los departamentos, con
respecto a los municipios no certificados.

[…]

5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal,
estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las
particularidades de cada región.

[…]

5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente
y administrativa de los planteles educativos y los parámetros de asignación
de personal correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y
45 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. Sentencia de 20 de abril de 2023.

Radicación núm.: 730012333000202100025-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
46 Ibidem.
47 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de
cada región.

[…]

5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los
empleos que demande la organización de las plantas de personal de la educación
estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que señale el
Gobierno Nacional para tal fin.

[…]

Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados […]:

[…]

7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción
los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado,
atendiendo los criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento.

[…]

7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115
de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los
planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad
con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del
personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto
de los recursos de la participación para educación del Sistema General de
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes
entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición de los
respectivos actos administrativos debidamente motivados.

7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos,
de acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población atendida y
por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la
materia […]” (Destacado fuera de texto).

63. En ese sentido, el artículo 153 de la Ley 115 dispone que:

“[…] Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar
y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar,
estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal
administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio;
todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en
la Ley 60 de 1993 […]” (Destacado fuera de texto).

64. De acuerdo con lo mencionado, el Decreto 3020 de 10 de diciembre de
200248 estableció los criterios para organizar las plantas del personal docente
señalando que las entidades territoriales certificadas que financian el servicio
educativo estatal con cargo al Sistema General de Participaciones, como en este
caso concreto, cuando en el artículo 17 supra se establece lo siguiente:

48 “Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y

administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

“[…] La organización de las plantas de personal docente, directivo y administrativo
de los establecimientos educativos estatales, será responsabilidad directa de las
secretarías de educación o quien haga sus veces en las entidades certificadas […]
[c]ada distrito y municipio certificado distribuirá la planta de personal en cada
establecimiento educativo estatal de acuerdo con los criterios y parámetros
establecidos en el presente decreto […]”.

65. La mencionada distribución se desarrolla en el artículo 11 supra, así:

“[…] Para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el
número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo
32 en la zona urbana y 22 en la zona rural.

Para el cumplimiento del proceso educativo, las entidades territoriales ubicarán el
personal docente de las instituciones o los centros educativos, de acuerdo con los
siguientes parámetros:

Preescolar y educación básica primaria: un docente por grupo. Educación básica
secundaria y media académica: 1,36 docentes por grupo. Educación media técnica:
1,7 docentes por grupo […]”.

66. De lo mencionado, la Sala destaca que, si bien el principal responsable de la
organización de la planta docente en el respectivo territorio es el ente municipal
certificado, en los términos de la normativa anteriormente indicada, para aquellos
eventos en que el Municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia podrá solicitar la concurrencia -en el marco del principio de tal
denominación- del Departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión en la administración de la educación en los municipios.

67. En este caso concreto, el Ministerio de Educación Nacional adujo, en su
escrito de contestación, que el Municipio de Florencia cuenta con docentes de aula
vinculados tanto en la planta oficial del Municipio como a través de contratación de
prestación del servicio educativo para atender a los beneficiarios con matrícula
oficial registrada.

68. Así, en el mismo documento, señaló que el concepto técnico de viabilidad de
planta del Municipio está identificado con núm. 2018-EE-200995 y cuenta con las
siguientes características:

“[…] - Matrícula de referencia 33.849 estudiantes de grado 0 a 13, más
aceleración del aprendizaje, (con la que se asignan docentes).
• Docentes[:] 1.184 (1.119 docentes de aula, 42 docentes de aula planta
exclusiva, 0 docentes de apoyo, 23 docentes orientadores, 0 docentes
orientadores planta exclusiva, 0 planta jornada única).
• Directivos Docente[:] 88.
• Relación técnica alumno/docente para la zona urbana de 31. (Por debajo
del promedio que establece la norma).
• Relación técnica alumno/docente para la zona rural 22,1. (Por debajo del
promedio que establece la norma).
• Relación total de 29,15 estudiantes por docente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA OFICIAL ATENDIDA CON PLANTA
OFICIAL

AÑO: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MATRÍCULA 31.264 30.671 30.757 29.510 30.366 26.904 26.760

En el cuadro anterior, se puede evidenciar que la ETC Florencia ha
presentado un descenso en la matrícula oficial atendida con planta de cargos
oficial y a pesar de ello se continúa atendiendo con el mismo número de
cargos que fueron viabilizados desde el año 2018.

Se puede evidenciar en la misma gráfica que, para los años 2020, 2021 y
2022, la matrícula acentúa su comportamiento a la baja, lo que significa que
la planta de cargos docentes actualmente viabilizada para la ETC de
Florencia es la suficiente para atender la matrícula.

En lo que respecta al 2022, ésta ha presentado de los meses marzo a
noviembre (28.700 y 26.760 estudiantes) un comportamiento inferior a la
matrícula de referencia del concepto técnico de viabilidad de planta expedido
por este Ministerio con radicado No. 2018-EE-200995 del 2018, la cual era
de 33.849 estudiantes, lo que indica que la planta de cargos actual viabilizada
puede atender la matrícula que tiene la ETC […]”.

69. De allí que, a criterio de la Sala, se evidencia que el Ministerio de Educación
Nacional ha ejercido sus funciones de prestar asistencia y evaluar la “[…] gestión
financiera, técnica y administrativa […]” del sector educación en el Municipio de
Florencia; sin embargo, el argumento de la parte actora está orientado a que desde
hace más de siete años se presentan las falencias en la prestación del servicio
público de educación en la Vereda Alto Bonito, fecha que sería anterior al año 2016
mencionado en la tabulación.

70. Asimismo, se ha demostrado la gestión adelantada por la contratación de la
docente en el año 2023, la Sala concuerda con los argumentos expuestos por el
Tribunal cuando advirtió que “[…] [e]sta gestión al ser solo en un periodo de tiempo
determinado no garantiza la continuidad del personal docente en el futuro, como lo
indica el accionante, por lo que resulta insuficiente para concluir que con esto cese
definitivamente la vulneración de los derechos invocados […]”.

71. En ese sentido, se reitera que, si bien la competencia de nombrar a más
docentes o trasladarlos a otros centros educativos para garantizar la prestación del
servicio educativo en la vereda Alto Bonito corresponde al Municipio de Florencia,
la Nación y las distintas entidades territoriales comparten funciones en la
administración y gestión del servicio de educación con el fin de garantizar óptimas
condiciones para su prestación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

72. En esa misma línea, la Sala considera que el Ministerio de Educación
Nacional es la entidad rectora de la política pública educativa, constituye la cabeza
del sector y se le han asignado funciones de coordinación en el sector educativo
que buscan, entre otras, no solo la formulación de políticas públicas en la materia,
sino la articulación del sector y el cumplimiento de la función de vigilancia y control
de la prestación del servicio de educación en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, el Ministerio tiene dentro de sus funciones orientar y asesorar a las
entidades territoriales en la ejecución de las acciones que les corresponde realizar
para garantizar la adecuada prestación del servicio público.

73. Ello implica que, aun cuando al Ministerio de Educación Nacional no le
corresponden en este caso precisas funciones en materia de trasladar o nominar en
forma directa a docentes del centro educativo de la Vereda Alto Bonito, en tanto se
trata de una obligación que se encuentra principalmente en cabeza de los entes
territoriales, conforme se explicó supra, lo cierto es que al Ministerio sí le
corresponden funciones de asistencia y de vigilancia del cumplimiento de las
políticas nacionales y las normas del sector en los entes territoriales, con el objeto
de generar un escenario de coordinación que materialice el cumplimiento de la
orden contenida en la sentencia, es dentro ese ámbito que debe circunscribirse el
entendimiento de la medida ordenada por el Tribunal.

74. Al respecto, esta Sala49 ha indicado que el Ministerio de Educación Nacional
debe tener participación en las actuaciones de las entidades territoriales, en materia
de educación, para garantizar la superación de la problemática que afecta los
derechos e intereses colectivos.

75. Lo mencionado acaece en razón a la importancia de la comparecencia del
Ministerio de Educación Nacional con fundamento en, por un lado, su condición de
“[…] entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado […]”50; y, por el otro, que en el ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, tiene la responsabilidad de contribuir en
la superación de la problemática evidenciada en torno a los derechos e intereses
colectivos objeto de pronunciamiento.

76. Por lo anterior, la Sala considera que el estudio deberá incluir el análisis de
las posibilidades que tengan por objeto garantizar la continuidad en la prestación

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 11 de julio de 2024.

C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
50 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la

demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

del servicio educativo en las veredas Alto Bonito, Las Cascadas y Campo Hermoso,
objeto de esta acción popular, y con ello superar la vulneración del derecho e interés
colectivo relacionado con la prestación del servicio público educativo. Asimismo, la
Sala considera que es necesario fijar un término para la realización de dichas
actividades; por lo tanto, se determinará un plazo de dos (2) meses para adelantar
el mencionado estudio y, posteriormente, un plazo de seis (6) meses para que el
Municipio gestione los recursos y ejecute la medida que resulte más adecuada como
conclusión del citado estudio.

77. De esa forma, la Sala no encontró demostrado que el Ministerio de Educación
Nacional incurriera en alguna acción u omisión generadora de vulneración del
derecho e interés colectivo por cuanto se encontró que la competencia de la
administración de la planta docente recae en el Municipio y, en consecuencia, se
modificará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en
primera instancia, en el sentido de excluir al Ministerio como responsable de la
precitada vulneración.

78. No obstante, se modificará el ordinal segundo para precisar que el Ministerio
de Educación Nacional, en aras de lograr la superación de la afectación mencionada
y a causa de la relevancia de su intervención en ejercicio de sus funciones de
asistencia, asesoramiento, coordinación y concurrencia, debe estar involucrado en
las medidas impartidas, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

79. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

80. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal tercero, lo siguiente:

“[…] TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de
esta sentencia, el cual estará integrado por el accionante; el Defensor del Pueblo, el
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Florencia, Caquetá, quienes
harán seguimiento a lo ordenado en la decisión y rendirán informes semestrales
sobre las acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de esta
providencia ante esta Corporación […]”.

81. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 23 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

sentido de precisar que: i) el Magistrado Ponente del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación; y ii) el Ministerio de Educación Nacional seguirá incluido para
que ejerza sus funciones en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias frente a las actividades a realizar; como se señalará en la parte
resolutiva de la sentencia.

82. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

83. La Sala considera que la autoridad apelante tiene competencia y
responsabilidad de brindar acompañamiento en el cumplimiento a las órdenes
impartidas en la presente sentencia, teniendo en cuenta que su participación es
valiosa para garantizar la óptima y eficiente prestación del servicio público de
educación, resaltando que no se ha demostrado el cumplimiento de lo ordenado ni
la superación de la vulneración de los derechos e intereses colectivos.

84. En consecuencia, se modificarán los ordinales primero, segundo y tercero de
la parte resolutiva de la sentencia de 23 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, en primera instancia. Asimismo, se confirmarán los
demás ordinales de la mencionada sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

PRIMERO: DECLARAR responsable al Municipio de Florencia – Secretaría de
Educación por la vulneración del derecho colectivo consagrado en el literal j) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: ORDENAR, como medidas de protección al derecho colectivo enunciado
en el numeral anterior, en el marco de las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias de cada entidad, si no se ha hecho, lo siguiente:

2.1. Que dentro de los siguientes dos (2) meses a la ejecutoria de esta sentencia, la
Secretaría de Educación del Municipio de Florencia -en el marco de la Ley 115 de
1994, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas aplicables- realice un estudio técnico
detallado de la planta de personal docente en el que se analicen las posibles opciones
que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en el
área rural del Municipio de Florencia.

2.2. Mientras se lleva a cabo dicho estudio y se implementen los resultados que este
arroje, el Municipio de Florencia - Secretaría de Educación deberá garantizar el
acceso, continuidad y eficiencia del servicio público de educación de los menores de
las veredas Alto Bonito, Las Cascadas y Campo Hermoso. Lo anterior, teniendo en
cuenta los cuatro componentes establecidos por la Corte Constitucional
(asequibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y accesibilidad); es decir, la educación
debe ser continua de tal forma que los niños cuenten con un docente que les garantice
su educación de manera ininterrumpida todos los años lectivos, por lo que la
Secretaría de Educación Municipal deberá establecer el mecanismo de contratación
que mejor se ajuste a las necesidades y efectividad del servicio.

2.3. Dentro de los siguientes seis (6) meses posteriores a la realización del precitado
estudio, el Municipio de Florencia deberá gestionar los recursos y ejecutar la medida
que resulte más adecuada producto del estudio ordenado.

El Ministerio de Educación Nacional deberá apoyar al Municipio de Florencia –
Secretaría de Educación, en aplicación de los principios de concurrencia y
coordinación, en el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de enero de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por: i) el accionante; ii) el Defensor del Pueblo,
iii) el Ministerio de Educación Nacional; iii) el Municipio de Florencia; y iv) el
Magistrado Ponente del Tribunal, quien presidirá el Comité.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 180012333000202300055-01

CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 23 de enero de 2025
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.