Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00165-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00165-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00165-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00165-02 (2372-2025)
Demandante: Ramiro Lozano Matta
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Reiteración jurisprudencial. Subtema
1: reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2:
reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prescripción. Subtema 3:
vigencia del Decreto 272 de 2021 Subtema 4: aportes al sistema de seguridad social en salud
y pensión. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, el 14 de julio
de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Ramiro Lozano Matta, en condición de fiscal delegado de la Fiscalía General
de la Nación, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el
artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico.
Asimismo, la reliquidación de todas sus prestaciones salariales y prestacionales, la
seguridad social en pensión y demás emolumentos con el 100% de la remuneración
mensual, desde el 2 de octubre de 2006 y hasta la fecha en la que siga en el cargo de
fiscal.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Ramiro Lozano Matta, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación, el 12 de mayo de 20211, con las siguientes:
1SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdfs 8 y 9.
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Demandante: Ramiro Lozano Matta
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
2.1.1. Pretensiones:
(i) Declarar la nulidad del acto administrativo Oficio 31500-1386 del 20 de marzo
de 2020, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur de la
Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se le negó el
reconocimiento y pago de la prima especial, así como la reliquidación de todas
las prestaciones sociales, con base en el 100% del salario básico mensual
vigente.
(ii) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio
administrativo negativo por la no resolución al recurso de apelación interpuesto
contra la decisión contenida en el numeral anterior.
(iii) Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer, liquidar y
pagar, la prima especial del 30% adicional sobre el salario básico mensual,
desde el 2 de octubre de 2006 y hasta ejerza el cargo de fiscal. Como
consecuencia de lo anterior, ordenar la reliquidación de sus prestaciones
sociales y aportes a pensión, con la inclusión del 100% de su remuneración
básica mensual, más la prima especial con carácter salarial del 30% del salario
básico mensual.
(iv) Condenar a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar, desde el 2 de
2006 y hasta que ejerza el cargo que le otorga el beneficio, las diferencias
salariales, prestacionales y a la seguridad social, con la inclusión con carácter
salarial de la prima especial del 30% del salario prevista en al artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992.
(v) Declarar los derechos ultra y extra petita que resulten probados en el proceso.
(vi) Condenar en costas a la entidad demandada.
(vii) Ordenar a la entidad accionada que se indexen las sumas reclamadas de
acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), conforme a lo previsto
en los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:
(i) El señor Ramiro Lozano Matta, ingresó a laborar en la Fiscalía General de la
Nación el 2 de octubre de 20062 como fiscal delegado ante los jueces del
circuito.
(ii) Agregó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, creo para para los magistrados
de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso-
Administrativo, agentes del ministerio público delegados ante la Rama Judicial
2
En la constancia de servicios prestados de fecha 24 de octubre de 2023, expedida por la Fiscalía General de la
Nación, se observa que la fecha en la que inició en el cargo de fiscal es 8 de octubre de 2006. SAMAI Tribunal
Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos, cuaderno principal,
pdf 41.34_4.
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Demandante: Ramiro Lozano Matta
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y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal
militar, e implícitamente para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación
destinatarios del régimen salarial y prestacional en el Decreto 53 de 1993. Esta
prima debía ser reglamentada por el Gobierno nacional con un porcentaje no
inferior al 30%, ni superior al 60% del salario básico mensual, y debía pagarse
a partir del 1 de enero de 1993.
(iii) Precisó que desde 1993 el Gobierno nacional expidió decretos salariales y
prestaciones de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la
Nación. Asimismo, agregó que mientras estuvieron vigentes los decretos que
regulaban la prima especial, esto es entre 1993 a 2002, dicha entidad aplicó
el 30% de la remuneración básica mensual de sus funcionarios como prima
especial sin carácter salarial, es decir, reducía el salario al 70% y con este
porcentaje liquidaba todas las prestaciones sociales, lo cual genera una
afectación a sus ingresos laborantes.
(iv) Indicó que durante el tiempo en el que ha prestado sus servicios a la entidad
demandada, esta no le ha reconocido ni pagado la prima especial sin carácter
salarial del 30% de su remuneración mensual como un valor adicional a su
salario, pese a tener derecho por ser beneficiario del régimen salarial y
prestacional aplicable para los acogidos.
(v) El demandante, el 4 de marzo de 2020, solicitó a la Fiscalía General de la
Nación, el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional, así como la reliquidación de
sus prestaciones sociales, con la inclusión del 30% que fue descontado de su
remuneración mensual.
(vi) La Fiscalía General de la Nación, mediante el Oficio 31500-1386 del 20 de
marzo de 2020, negó lo pretendido por el demandante.
(vii) Posteriormente, el señor Ramiro Lozano Matta interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión, y la entidad guardó silencio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,
artículos 1,2,4,5,13,25,53; Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996, artículos
152 numeral 7; Ley 332 de 1996, artículo 1 y la Ley 446 de 1998, artículo 1.
4. En el concepto de violación manifestó que la Fiscalía General de la Nación, al
expedir los actos administrativos acusados, trasgredió las disposiciones legales
aplicables, en las cuales se ha definido que la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 debe ser pagada a los fiscales, jueces y magistrados como una
adición al salario básico, equivalente al 30%. En este sentido, los decretos que han
interpretado esta prima como una reducción de la remuneración son considerados
inconstitucionales.
5. Indicó que el precedente judicial debe aplicarse al caso concreto, lo que implica
3
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que los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prima especial están
viciados de nulidad. Por tanto, resulta procedente ordenar su pago, así como la
inclusión con carácter salarial para efectos prestacionales.
6. Señaló que la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe
considerarse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales del demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 332
de 1996 y su aclaración en el artículo 1 de la Ley 476 de 1998. Estas normas otorgan
a dicha prima la connotación de ingreso base para la liquidación de la pensión.
2.2. Contestación de la demanda
7. La apoderada de la entidad demandada3 se opuso a las pretensiones de la parte
demandante e indicó que su representada ha liquidado y pagado la asignación salarial
de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el
Gobierno nacional para cada anualidad. Señaló que dichos decretos establecen que
ninguna autoridad está facultada para modificar el régimen salarial o prestacional
definido por el legislador.
8. Agregó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 estableció que la prima especial
no debería ser inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial,
para los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso-
administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para
los jueces de la República, incluidos magistrados y fiscales del Tribunal Superior
Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción miliar, excepto aquellos que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, sostuvo
que los fiscales no son beneficiarios de dicha prima, ya que no están dentro del listado
del artículo 14 ibidem.
9. Manifestó que, a partir del 2003, en los decretos salariales de los funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación, no se incluyó la prima del 30% para los fiscales.
10. Refirió que según lo previsto en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de
diciembre de 2020, para efectos de contabilizar la prescripción del derecho, debe
tomarse como referencia la fecha de presentación de la reclamación administrativa y
a partir de allí se reconocerá hasta tres (3) años, nunca más atrás de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1968. En consecuencia, como el demandante
presentó la solicitud el 4 de marzo de 2020, es decir que los periodos anteriores al 4
de marzo de 2014, están prescritos.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala Conjueces, mediante sentencia
dictada el 14 de julio de 20254, dispuso:
3
SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, índice 034.
4 SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, índice 067.
4
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Demandante: Ramiro Lozano Matta
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
PRIMERO: Declarar probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de derechos del
demandante.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo consagrado en el oficio No.
31500-1386 del 20 de MARZO de 2020.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de
derecho, CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a liquidar,
reconocer y pagar a RAMIRO LOZANO MATTA, desde el desde el 04 de MARZO de
2017 y hasta que permanezca vinculado en el cargo que da origen a la prima
reclamada; en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica
legal mensual, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como
parte integrante como hasta el momento lo ha hecho.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a liquidar, reconocer
y pagar a RAMIRO LOZANO MATTA, desde el desde el 04 de MARZO de 2017 hasta
que permanezca vinculado en el cargo que da origen a la prima reclamada, la suma
que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su
remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y
emolumentos que resulte teniendo como base de liquidación el 100% de la
remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora ha tenido como
prima especial.
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a liquidar, reconocer
y pagar a RAMIRO LOZANO MATTA, desde el desde el 04 de MARZO de 2017 hasta
que permanezca vinculado en el cargo que da origen a la prima reclamada, la totalidad
de sus prestaciones y emolumentos laborales, tales como primas, bonificaciones,
cesantías y seguridad social, teniendo como base de liquidación el 100% de la
asignación básica legal, incluyendo el 30% de esta que hasta ahora ha considerado
como prima.
SEXTO: Las sumas que sean reconocidas como consecuencia de esta sentencia,
serán actualizadas de acuerdo con la fórmula anteriormente expuesta.
[...]5
12. El Tribunal destacó que el derecho del actor se originó desde su vinculación a
la entidad, el 2 de octubre de 2006, y al haber presentado la solicitud ante la
demandada el 4 de marzo de 2020, se produjo el fenómeno de la prescripción respecto
de las diferencias no reclamadas anteriores al 4 de marzo de 2017.
13. Agregó que, desde la creación de la prima especial sin carácter salarial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno nacional la reglamentó año tras año,
tanto para quienes se acogieron al régimen previsto en el Decreto 53 de 1993 como
para quienes permanecieron en el régimen anterior o de no acogidos.
14. Sostuvo que para quienes optaron por el régimen de acogidos, como el
demandante, el Gobierno nacional estableció que el 30% del sueldo básico se
consideraría como prima especial sin carácter salarial. En este sentido, al tratar dicho
5 Se transcribe con errores de texto.
5
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porcentaje como una prima sin carácter salarial, se incurre en una «antinomia jurídica»
ya que no se está reconociendo un valor adicional al salario, sino que a este se le ha
reducido en un 30% su carácter prestacional.
15. Precisó que los decretos salariales vulneran los principios de progresividad, de
no regresión, el principio de favorabilidad, lo cual tiene como consecuencia la
afectación de las condiciones laborales de los funcionarios. Añadió que, al confrontar
la remuneración básica mensual establecida en cada uno de los decretos anuales con
lo cancelado por la administración, se constata que la entidad no reconoce prima
alguna; por el contrario, divide el salario en un 70% como salario básico y el otro 30%
como prima sin carácter salarial y prestacional.
16. En este sentido, indicó que la Fiscalía General de la Nación ha disminuido el
sueldo establecido al demandante en un 30%, lo que ha implicado que sus
prestaciones sociales se liquiden únicamente sobre el 70% de su remuneración básica
mensual. Por tanto, la entidad le adeuda los efectos e incidencias que dicho 30%
excluido ha tenido sobre todas sus prestaciones sociales durante el tiempo en que se
ha estado vinculado.
17. Además, destacó que la entidad demandada ha realizado los aportes a pensión
sobre el 100% del salario básico legal, con la inclusión del 30% como prima especial.
No obstante, dicha prima no ha sido reconocida como un plus adicional al salario, sino
como parte de este, lo que representa una interpretación que disminuye el valor real
de la asignación básica para efectos prestacionales y desconoce su naturaleza como
adición salarial, lo que afecta los derechos laborales de los servidores.
18. Por último, el Tribunal no consideró procedente imponer condena en costas a
la parte vencida.
2.4. Recurso de apelación
19. La apoderada de la entidad demandada6, manifestó que el Tribunal desconoció
la aplicación del Decreto 272 de 2021, el cual tiene efectos fiscales a partir del 1 de
enero de 2021. No obstante, precisó que al demandante ya se le ha reconocido y
pagado la prima especial, razón por la cual discrepa de lo ordenado en los numerales
tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia, que dispone el pago de
dicha prima especial en un porcentaje del 30% desde marzo de 2014 hasta la
finalización del vínculo laboral. En consecuencia, solicitó que, de confirmarse la
condena, esta se limite hasta el 31 de diciembre de 2020, toda vez que a partir del año
2021 la prima especial ha sido reconocida y cancelada por su representada.
20. Agregó que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta la sentencia SUJ-
023- del 15 de diciembre de 2020, proferida por esta Corporación, al no referir uno de
los aspectos más importantes de dicha providencia como es que a los beneficiarios de
la prima especial, desde el año 2003 se les ha liquidado sus prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico. En este sentido su representada dejó de descontar
el 30% de la remuneración básica para denominarla como prima y canceló de forma
completa su salario, en este sentido las prestaciones sociales se liquidaron sobre el
100% de su salario.
6 SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, índice 070.
6
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21. Indicó que ni la ley 4ª de 1992 ni la sentencia del 15 de diciembre de 2020 le
otorgaron alcance a la prima especial del 30%, respecto a los aportes a la seguridad
social en salud. Solicitó la modificación del numeral cuarto de la sentencia apelada
para que en su lugar se niegue la pretensión relacionada con dichos aportes, bajo el
argumento que esta no fue expresamente solicitada por el demandante y, por tanto,
constituiría un fallo ultra petita, en contravención con el principio de congruencia.
Además, agregó que no se declaró prescripción trienal en la reliquidación de los
aportes en pensión y que se ordenó reliquidar los aportes en seguridad social en salud
sin fundamento legal ni petición expresa.
22. Precisó que la bonificación judicial constituye un factor salarial para efectos de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social.
Por esta razón, ninguna de las bonificaciones mencionadas por el Tribunal en el
numeral quinto de la sentencia impugnada, debe ser liquidada ni pagada, ni tenida en
cuenta como factor salarial o prestacional para la liquidación de la prima especial del
30%, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Consideró que el fallador de
primera instancia no aplicó correctamente la sentencia de unificación del 15 de
diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, la cual ordenó la reliquidación
y el pago de las bonificaciones como factor salarial.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
23. Mediante auto del 3 de septiembre de 20257, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia
de primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones al
procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo, salvo que se
solicitara la práctica de pruebas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado
por la parte demandada, corresponde a la Sala a resolver lo siguiente:
26. ¿Debe reconocerse al demandante la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, como un factor adicional a su asignación básica mensual en calidad
de fiscal, y, en consecuencia, procede la reliquidación de todas sus prestaciones
sociales tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social desde el inicio
de su vinculación, con la inclusión del 30% que afirmó fue excluido del salario mensual
7 SAMAI, índice 004.
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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
por dicho concepto?
27. ¿El Tribunal desconoció el contenido del Decreto 272 de 2021 al ordenar, en el
numeral tercero de la sentencia apelada, que la demandada Fiscalía General de la
Nación debía reconocer y pagar a partir del 4 de marzo de 2014 y hasta la fecha de
terminación del vínculo laboral, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992?
28. ¿Es procedente la orden emitida por el Tribunal en el sentido de que la entidad
demandada debe realizar los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud y Pensión?
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
29. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los
que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación», con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
30. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia
atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, y previó a favor de las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993, la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a
quienes optaran por esa escala salarial.
31. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que
la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con
la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación
de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.
32. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial a que se refiere el artículo 6°
del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan,
tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación
de la pensión de jubilación».
33. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno nacional
reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al
«treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo
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Demandante: Ramiro Lozano Matta
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
orden, de los directores nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina,
de división y de Unidad de Policía Judicial.
34. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la
Nación, esta Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad
del artículo 7 del Decreto 38 de 8 de enero de 1999, por «su discordancia con las
disposiciones legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen
salarial de los servidores públicos a que se contrae la Ley 4ª de 1992, más exactamente
por desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30% del salario básico
el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo siguiente8:
En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional está
facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores que allí
se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de salarios
establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1º de enero de
1993 (…)
No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario fijado
en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad
de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente
deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo mensual de los
empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se advirtiera que
parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la de remuneración
por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de prima de servicios.
Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó al
30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial de
servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste, se
fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión en él
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la connotación
de prima especial de servicios.
35. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 septiembre de 2007,
«unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que fijaban
el régimen salarial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido
de señalar que la declaración de nulidad de los artículos 7 del decreto 50 de 1998 y 8
del decreto 2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad,
enlistados en las normas citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la
Fiscalía General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de
1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no
eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial, y que no se les
reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían establecido
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-
00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de 2000,
con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de la
jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al decretarse
la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se reduce el
ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que consiste
la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del artículo
14 de la ley 4 de 1.992.
9
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un “sobresueldo”»9.
36. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores enlistados en los decretos «no eran los destinatarios
de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista en la Ley 4 de 1992. En su
lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar
que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una
merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos. Es
consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el artículo 7° del Decreto No.
618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor
a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación
de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto
habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico»10.
37. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, fijó las
siguientes reglas frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de
1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del
Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, en los siguientes
términos11:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-
0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las providencias
del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005 (exp. No. 11001-03-
25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los servidores públicos
enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía General de la Nación con
efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a
que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» (sic).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-01
(1831-01).
11 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
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5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
38. La sentencia citada que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la Ley
4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico sustentó
las reglas en las siguientes razones:
La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso
no puede ser inferior al 30%;
La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30% del salario básico;
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo las
leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto
por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta
indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que
no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
39. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 202212, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación, dictados en los años 2003 a 2017, al considerar que el 30% del salario
básico mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como
prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede
ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así
se precisó:
Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima especial
prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los funcionarios allí
mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción
allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de
jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán (sic) parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se
harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley (…).
Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base únicamente
para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que, expresado al revés,
dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una persona que aún trabaja,
12 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,
52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035
de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.
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sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una parte del mismo, como se
anotó.
También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (Cpaca), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias citadas,
en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores en el
tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica de
manera sobreviniente.
40. En relación con la prescripción de la prima especial, la sentencia precisó que,
si bien el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 196813 restringe la aplicación de la
prescripción trienal a los derechos y obligaciones expresamente regulados en esa
norma, una interpretación sistemática permite extenderlo a la prima especial, en
atención a las siguientes razones:
(i) Se está ante la posibilidad de aplicar de manera analógica una norma ante
un vacío existente;
(ii) resulta más apropiado acudir a una disposición que regula las relaciones
laborales legales y reglamentarías en el Estado y no a una norma, como el
código procesal laboral que, aunque general, se concibió para el adelanto
de litigios en el que se debaten los extremos de una relación contractual, y
(iii) se señala que la relación laboral de un empleado público es estatutaria,
porque las normas legales y reglamentarias que contienen sus deberes y
derechos conforman una unidad, un sistema que permite que las
condiciones en las que se presta el servicio estén predefinidas, lo cual
incluye los tiempos previstos para exigir el reconocimiento de una condición
subjetiva
41. En ese sentido, la Sala de Conjueces reiteró que la prescripción, de naturaleza
extintiva, cumple una función de protección del orden público y la seguridad jurídica,
por lo que resulta contrario a estos principios permitir el ejercicio indefinido de
pretensiones derivadas de derechos laborales.
42. En consecuencia, concluyó que «no puede afirmarse que los derechos laborales
sean imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de derechos ciertos e
irrenunciables, no por ello pueden desconocerse la ponderación que el mismo
ordenamiento jurídico realiza con el principio de seguridad jurídica como quiera que la
indeterminación temporal en el ejercicio de los derechos generaría la existencia de
situaciones indefinidas, otorgándole un carácter absoluto al derecho de acceso a la
administración de justicia».
43. La Sala de Conjueces también advirtió la confusión que suele existir entre la
posibilidad de reclamar en cualquier momento un derecho laboral por tratarse de una
prestación periódica y la prescripción de las consecuencias económicas derivadas del
mismo. Sobre el particular, aclaró que, si bien el numeral 1, literal c del artículo 164 del
CPACA establece que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho procede
13 Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
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en cualquier tiempo contra «actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas», esta condición no puede extenderse a las consecuencias
económicas derivadas de tales prestaciones. Indicó que la norma se sustenta en
relaciones de tracto sucesivo, propias del vínculo laboral, lo que permite exigir
derechos legales y reglamentarios mientras subsista la relación. Sin embargo, enfatizó
que ello no implica que «la discusión del derecho a que la prima especial se liquide
correctamente implique que los montos derivados de tal reconocimiento puedan ser
reclamados sin límite temporal alguno».
44. En ese orden, concluyó que, si bien el reconocimiento del derecho a la prima
especial puede solicitarse en cualquier tiempo, los efectos económicos de dicho
derecho sí están sujetos al término de prescripción trienal. Así lo expresó:
Por contera, respecto de la prima especial, aun cuando se genera dentro de la relación
laboral, cabe señalar una diferenciación que se desprende de lo hasta ahora
desarrollado: el reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo, cosa
distinta es el efecto económico de este derecho, es decir, el valor mensual del mismo,
que si está sometido al término de prescripción trienal. Si se observa, no puede
argumentarse que por estar vigente la relación laboral con la Fiscalía y ser ésta de tracto
sucesivo, debe entenderse que se trata de derechos crediticios que no encuentran límite
temporal en su posibilidad de reclamación.
3.4. Caso concreto
45. Consta en el expediente que el señor Ramiro Lozano Matta se encuentra
vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 10 de octubre de 2006, y que su
último cargo ejercido para la fecha de expedición de la certificación laboral fue el de
fiscal delegado ante los jueces de circuito14. Por esta razón, le resulta aplicable el
régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, por lo que se
entiende que el demandante quedó acogido a dicha regulación, con la inclusión de lo
previsto sobre la prima especial del 30%.
46. Se encuentra acreditado que el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de
la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, toda vez que
ejerció el cargo de fiscal desde el año 2006, según consta en el Oficio 315000-1386
del 20 de marzo de 2020, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur
de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima.
47. De igual manera está demostrado con sello de radicado TOLIM-GDPQR-
No.20200140064202, que el demandante solicitó ante la Fiscalía General de la Nación
el 4 de marzo de 202015, el reconocimiento, pago de la prima especial y la reliquidación
de las prestaciones, aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y
Salud. Esta circunstancia permite establecer que operó el fenómeno prescriptivo
respecto de los derechos causados con anterioridad al 4 de marzo de 2014, tal y como
lo concluyó el Tribunal en la sentencia apelada16.
48. La entidad demandada, mediante el acto administrativo Oficio 315000-1386 del
14 SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 041 contestación demanda 34_4.
15
SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 008, folios 15 al 26.
16 SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, índice 065.
13
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20 de marzo de 2020, negó lo pretendido, para lo cual indicó que entre los años 1993
a 2002 el Gobierno nacional expidió varios decretos salariales a través de los cuales
se estableció que el 30% del salario básico mensual se debía considerar como prima
especial sin carácter salarial, por ende, la obligación legal de su representada de
reconocer y pagar las prestaciones sociales del demandante se ha cumplido conforme
a lo dispuesto en los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada año.
49. Añadió que, a partir del año 2003, y específicamente con la expedición del
Decreto 3549 de 2003, los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional para
sus servidores no establecieron la prima especial. En este sentido, desde dicha
vigencia, los salarios y las prestaciones sociales se han liquidado con base en el 100%
del salario básico mensual, y así se ha efectuado el pago al demandante.
50. Por su parte, el señor Ramiro Lozano Matta presentó recurso de apelación
contra dicha decisión. No obstante, la administración guardó silencio, lo que dio lugar
a la configuración del acto ficto o presunto cuya nulidad se pretende. Sobre el
particular, observa la Sala que el Tribunal omitió pronunciarse respecto de dicho acto,
dado que únicamente declaró la nulidad del Oficio 31500-1386 del 20 de marzo de
2020. Por consiguiente, se declarará la existencia del acto ficto, al haberse configurado
el silencio administrativo negativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del
CPACA17. En consecuencia, se declara en esta instancia la nulidad del acto presunto y
se procederá a modificar la sentencia impugnada.
51. Ahora bien, en punto a la reliquidación de las prestaciones ordenada por el
Tribunal, la entidad demandada sostuvo que va en contravía a lo expuesto en la
sentencia del 15 de diciembre de 2020, proferida por esta Corporación. En este sentido
indicó: «a los servidores de la Fiscalía General de la Nación, beneficiarios de esta
prima del 30% desde el año 2003 se les viene liquidando sus prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario, pues como bien concluye el Consejo de Estado, toda vez
que la prima de 30% no se pagaba a estos funcionarios desde dicha fecha, sus
prestaciones sociales se liquidaban sobre el total de su salario, esto es, y se insiste, el
100% de su salario».
52. Frente al planteamiento de la entidad apelante, es pertinente destacar que la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, proferida por la Sala de Conjueces, estableció que
los empleados públicos de la Fiscalía que optaron por el régimen salarial previsto en
el Decreto 53 de 1993, o que ingresaron a la entidad con posterioridad, tienen derecho
desde 1998 a que sus prestaciones sociales sean reliquidadas sobre el 100% de su
salario o asignación básica.
53. Ahora bien, en lo atinente a los pagos mensuales realizados al demandante se
17 ARTÍCULO 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una
petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señala un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se
hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que
debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda.
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encuentra en el extracto de la hoja de vida18 información salarial de los años 2014 a
2020 frente a los cuales solo aparecen las cifras correspondientes al salario y gastos
de representación19. Por tanto, se infiere que no se incluyó la prima especial en los
emolumentos percibidos:
Año Decreto Remuneración Asignación Gastos Total
Salarial según decreto básica representación devengado
2014 205/2014 $6.093.848 $4.570.386 $1.523.462 $6.093.848
2015 1087/2015 $6.377.822 $4.783.366 $1.594.456 $6.377.822
2016 219/2016 $6.873.379 $5.155.034 $1.718.345 $6.873.379
2017 989/2017 $7.337.333 $5.503.000 $1.834.333 $7.337.333
2018 343/2018 $7.710.804 $5.783.103 $1.927.701 $7.710.804
2019 996/2019 $8.057.791 $6.043.343 $2.014.448 $8.057.791
54. De lo anterior se concluye que al demandante no se le desagregó su
remuneración en los conceptos de salario y prima especial. En dichas anualidades
únicamente se le reconocieron dos rubros: sueldo y gastos de representación, cuya
suma coincidía con el valor fijado por el Gobierno nacional para el cargo de fiscal
delegado ante los jueces del circuito. En consecuencia, no resulta procedente la
reliquidación de prestaciones ordenada por el Tribunal, toda vez que la Fiscalía
General de la Nación no descontó porcentaje alguno correspondiente a la prima
especial, sino que efectuó el pago del 100% de la remuneración establecida. En este
sentido, la respuesta al primer problema jurídico es negativa.
55. En complemento a lo expuesto, no corresponde que esta Sala adopte una
postura frente a lo señalado por el apelante respecto a que ninguna de las
bonificaciones mencionadas por el Tribunal en el numeral quinto de la resolutiva, en
particular, la bonificación judicial, deben ser consideradas como factores salariales o
prestacionales para efectos de la liquidación de la prima especial con la inclusión del
30%. Ello, en razón a que se ha demostrado que, para el presente asunto, no es
procedente la reliquidación de las prestaciones ordenada en la primera instancia.
56. Por otro lado, frente al argumento de la Fiscalía General de la Nación, según el
cual se dejó de reconocer la prima especial desde el 2003, debido a que el Gobierno
nacional no la incluyó en los decretos anuales que regulan el régimen salarial de los
fiscales, es preciso señalar que dicho aspecto fue abordado en la sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, la cual fue tenida en
cuenta por el juez de primera instancia.
57. Al respecto, se concluyó que el hecho de que la prima especial haya dejado de
ser incluida en los decretos anuales del régimen salarial de la Fiscalía no constituye
una razón válida para que se deje de reconocer; de un lado, porque tiene como
fundamento el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que de manera especial se aplica para
los fiscales con ocasión de la Ley 476 de 1998 y, de otro, porque dejar de otorgarla
resulta abiertamente contrario al principio de progresividad y no regresividad. Esto, en
los siguientes términos:
18 SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 008, folios 27 al 36.
19
Para el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito, según certificación laboral, visible SAMAI Tribunal
Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos, cuaderno principal,
pdf.041 34_4.
15
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Como se señaló en el apartado anterior, el reconocimiento a la prima especial se
desprende de la regulación realizada en la ley 476 de 1998 y, en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, se estableció que aquello que se había reconocido
constituía una parte del salario y no el sobresueldo reclamado por la accionante. Empero,
es necesario recordar que desde el año 2003 el Gobierno Nacional en los Decretos que
fijan anualmente al régimen salarial de la Fiscalía no reguló este emolumento, por lo que
el interrogante que se desprende es si las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen
vocación de prosperidad, pues en palabras del juez de primera instancia no existe
fundamento normativo para que opere su reconocimiento.
La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa por las siguientes tres razones:
1. La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso
no puede ser inferior al 30%; 2. La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002
para los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el
Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico; 3.
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.
Respecto del último punto, debe recordarse que, de acuerdo con el principio de
progresividad “…una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho
social, existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo
retroceso…42” Así las cosas, la determinación de si la no inclusión desde el año 2003
de la prima especial en los Decretos que regulan el régimen salarial de la Fiscalía
General de la Nación genera un retroceso requiere constatar que exista una disposición
normativa previa que haya consagrado el derecho que se reclama20. Este aspecto se
presenta porque, como se dijo, no sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el
derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el
año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de
protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53
de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales21.
58. Por consiguiente, y conforme al criterio de unificación aplicable, no resulta
procedente la solicitud de la entidad demandada en el sentido de revocar la orden de
reconocer y pagar a la demandante la prima especial, bajo el argumento que esta no
fue prevista en los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional para los
servidores de la Fiscalía General de la Nación. Esta postura, evidencia que desde el
año 2003 la entidad accionada dejó de realizar los pagos durante los periodos en que
el demandante ejerció funciones como fiscal delegado. En consecuencia, se
confirmará la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de
Conjueces en lo que respecta a este aspecto.
59. Por otra parte, es preciso señalar que la entidad demandada hace referencia al
Decreto 272 de 202122, expedido por el Gobierno Nacional que precisó: «La prima
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 14 de abril de 2016.
Rad: 15001-33-33-010-2013-00134-01 (328-14). SUJ2-001-16. M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 31 de enero de
2013. Rad: 73001-23-31-000-2011-00039-01 (0768-12). M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ver también: Corte
Constitucional. Sentencia C – 644 del 23 de agosto de 2012.
22 Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
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especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica
correspondiente a cada empleo, se pagará mensual y únicamente constituirán factor
salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de pensiones
y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los términos de la Ley 797 de
2003». La Fiscalía General de la Nación discrepa de la decisión del Tribunal de
ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante hacia el futuro,
mientras permanezca en el cargo de fiscal.
60. En este punto es exacto indicar que, conforme al mandato legal contenido en el
Decreto 272 de 2021, el Gobierno nacional desde el 1 de enero de 2021, reconoce la
prima especial como un componente adicional equivalente al 30% del salario básico,
con fundamento en las sentencias de nulidad dictadas por el Consejo de Estado, en
las que se ha dispuesto lo siguiente:
Que ante la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la prima especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se establecerá la prima especial para los
servidores de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, acatando las sentencias de
unificación antes citadas.
Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye factor salarial para cotizar
al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra que
la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema
general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente
Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas. Que para los fines de
este Decreto se cuenta con la viabilidad presupuestal de la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Que el
presente Decreto tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.
61. Así las cosas, es claro que el reconocimiento y pago de la prima especial
ordenado en la sentencia de primera instancia es procedente por el tiempo en que el
demandante permanezca en los cargos que justifican devengarla, como lo dispone la
ley. Lo anterior, sin perjuicio de que la Fiscalía verifique los pagos realizados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece el pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
En consecuencia, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa, en este
sentido se modificará la orden impartida en el numeral tercero de la resolutiva de la
sentencia de primera instancia y se limitará hasta el 31 de diciembre de 2020.
62. Ahora bien, respecto al argumento de la entidad demandada en el sentido de
que se debe modificar el numeral cuarto de la sentencia impugnada, en el que se
ordenó la reliquidación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, es preciso señalar que el Tribunal no ordenó taxativamente lo mencionado por
el apelante. En consecuencia, no tiene vocación de prosperar. Por lo tanto, la entidad
demandada solo deberá efectuar el pago de los aportes al sistema de pensiones.
63. Consecuente con lo anterior, la Sala revocará los numerales cuarto y quinto de
la sentencia apelada y la adicionará en el sentido de ordenar a la entidad demandada
que proceda a reliquidar y pagar los aportes o cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación
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el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial 23,
desde la fecha de la vinculación al cargo que otorga dicho beneficio, esto es, el 8 de
octubre de 200624, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable25 e
imprescriptible26.
3.5. Conclusión
64. En atención a lo consignado, se modificará la sentencia de primera instancia
para declarar la existencia del acto ficto o presunto al configurarse el silencio
administrativo negativo respecto al recurso de apelación interpuesto en contra del
Oficio 31500-1386 del 20 de marzo de 2020, expedido por la Subdirección Regional
de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, el señor
Ramiro Lozano Matta en condición de fiscal delegado tiene derecho al reconocimiento
y pago de la prima especial del artículo 14 de la ley 4ª de 1992, a partir del 4 de marzo
de 2017, por prescripción. Ello, sin perjuicio de que la Fiscalía verifique los pagos
realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del
cual se establece el pago de la prima especial.
65. En virtud de lo anterior, se modificará el ordinal tercero de la sentencia, en el
sentido de ordenar únicamente el reconocimiento y pago de la prima especial, la cual
se limitará hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que a partir del año 2021 la entidad
procedió a reconocer dicho emolumento.
66. Ahora bien, en el proceso no se acreditó que la remuneración mensual de la
demandante se fraccionó, y, en consecuencia, se disminuyó la base de la liquidación
de prestaciones sociales. Por tanto, se revocarán los numerales cuarto y quinto,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
67. Asimismo, se adicionará la sentencia respecto a los aportes que debe realizar la
Fiscalía General de la Nación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
por el periodo en que el demandante ha ejercido el cargo de fiscal delegado.
68. Finalmente, se adicionará el fallo impugnado, para aclarar que lo reconocido con
ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando las sumas
resultantes no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde
a esta última, hacer la verificación correspondiente.
23 En igual sentido se reconoció, entre otros, dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-
2018) mediante sentencia del 5 de septiembre de 2023 y radicado 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014) a
través de sentencia del 4 de julio del 2024.
24SAMAI Tribunal Administrativo del Tolima expediente 73001-23-33-000-2021-00165-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 041.34_4.
25 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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4. Costas
69. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario27 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
70. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada dictada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces el 14 de julio de 2025, el cual
quedará así:
• Declarar la nulidad del oficio número 31500-1386 del 20 de marzo de 2020 que
le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación de
las prestaciones sociales.
• Declarar la existencia del acto ficto o presunto, al haberse configurado el
silencio administrativo negativo respecto al recurso de apelación interpuesto en
contra del Oficio 31500-1386 del 20 de marzo de 2020, expedido por la
Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación.
• Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, derivado por el
silencio administrativo negativo por la falta de respuesta al recurso de apelación
interpuesto en contra del Oficio 31500-1386 del 20 de marzo de 2020.
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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SEGUNDO: Modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces el 14 de julio de 2025, el
cual quedará así:
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
liquidar, reconocer y pagar por concepto de prima especial a que tiene derecho el señor
RAMIRO LOZANO MATTA, como un emolumento adicional en cuantía equivalente al
30% de la asignación básica legal mensual, desde el 4 de marzo de 2017 y hasta el 31
de diciembre de 2020
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el máximo
salarial fijado por el Gobierno Nacional.
TERCERO. Revocar los ordinales cuarto y quinto, de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces el 14 de julio de 2025, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Adicionar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima,
Sala de Conjueces el 14 de julio de 2025 respecto a la reliquidación y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones con inclusión de la prima
especial, así:
Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a reliquidar y pagar las
cotizaciones o aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
en favor de Ramiro Lozano Matta, desde el 8 de octubre de 2006 hasta que ejerza el
cargo que le otorga el derecho, teniendo en cuenta como base de liquidación el 100%
del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial.
Asimismo, lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente
siempre y cuando las sumas resultantes no se hayan cancelado por la entidad
demandada previamente. Por lo que corresponde a esta última, hacer la verificación
correspondiente.
QUINTO. Disponer que en lo demás la sentencia recurrida permanece inmodificable.
SEXTO. Sin condena en costas en segunda instancia.
SÉPTIMO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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Demandante: Ramiro Lozano Matta
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace
MMCLL/SEJV
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