Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00228-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 73001-23-33-000-2021-00228-01 (6543-2023)
Demandantes : Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara
Contreras
Demandado : Municipio de San Luis Tolima
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Insubsistencia de nombramiento de provisional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandada contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2023, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Tolima, accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Las demandantes Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara
Contreras, por conducto de apoderada judicial, acuden a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones
Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en: (i) Decreto 028
de enero 28 del 2020 que declara insubsistente un nombramiento en
provisionalidad de María José Vergara Contreras; (ii) Decreto 029 de enero 28
del 2020, que declara insubsistente un nombramiento en provisionalidad
Carolina Guzmán Guarnizo; (iii) los actos de 2 de abril de 2020, por medio de
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Número interno: 6543-2023
Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
los cuales se resuelve los recursos de reposición interpuestos contra los de
declaratoria de insubsistencia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitan: (i) el reintegro de las
actoras en el mismo cargo que venían desempeñando o en otro de igual
categoría o superior; (ii) ordenar el pago de los salarios dejados de percibir
entre la declaratoria de insubsistencia y el reintegro efectivo del pago de las
prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías, prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de servicios
prestados, subsidio de alimentación, cotizaciones a la seguridad social salud,
pensión y riesgos profesionales; (iii) Declarar que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de servicio y (iv) ordenar el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 195 del CPACA.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Precisa que, la señora María José Vergara Contreras, fue nombrada en
provisionalidad mediante el Decreto 010 de febrero 01 del 2019, en el cargo
de técnico administrativo código 367 grado No. 06 en provisionalidad y
mediante Decreto 053 del 30 de julio del 2019, fue prorrogado el nombramiento
de provisionalidad por el término de (6) meses.
A la vez, la señora Carolina Guzmán Guarnizo, fue nombrada en
provisionalidad mediante el Decreto 011 de febrero 01 del 2019, en el cargo
de técnico administrativo código 367 grado No. 06 en provisionalidad y
posteriormente mediante Decreto 054 del 30 de julio del 2019, fue prorrogado
el nombramiento de provisionalidad, por el término de (6) meses.
Que el día 10 de septiembre del año 2019 se afiliaron al Sindicato Unitario
Nacional de Trabajadores del Estado SUNET
Que las demandantes mediante los Decretos 028 y 029 de enero 28 de 2020,
fueron declaradas insubsistentes de los cargos que venían ejerciendo en
provisionalidad.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
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Número interno: 6543-2023
Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
Constitución Política, artículos; 13, 25, 29, 38, 39 53, y 230; Ley 909 de 2004
artículo 24 y 41; Decreto 4968 de 2007; Código Sustantivo del Trabajo, artículo
19; Código Civil, artículo 26; Ley 153 de 1887 artículos; 4°, 5°, 8° y 10°; Código
General del Proceso artículo 7° y Circular 005 de 2012 de la CNSC.
Parar sustentar el concepto de violación, la actora expuso:
Violación de los artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución. Precisa que,
el Municipio de San Luis Tolima, al expedir los actos demandados vulneró
normas de rango constitucional y los precedentes judiciales de la estabilidad
laboral relativa de las personas que se encuentran incorporados en empleos
en provisionalidad.
Falta de competencia del alcalde para expedir el decreto de
insubsistencia. Asegura que, el decreto 4968 de 2007 artículo 1, que modificó
el artículo 8 del decreto 1227 del 2005, fue vulnerado por el Alcalde Municipal,
por cuanto esta normatividad establece el término de la duración del
nombramiento en provisionalidad, la cual no podrá exceder los (6) meses plazo
dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso y cuando
circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso
en el término señalado, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar
la prórroga de los encargos y de los nombramientos provisionales y no haberlo
hecho y haber declarado insubsistente a mis representadas, constituye
violación al debido proceso que conduce a la nulidad del acto administrativos.
Falta de motivación del acto administrativo. Expone que los
nombramientos provisionales son de carácter excepcional y transitorios que
permiten proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa y con
relación al retiro de estas personas el acto debe producirse mediante acto
motivado en el cual se provea de manera definitiva con la persona que superó
el concurso de méritos, por sanción disciplinaria o desempeño insatisfactorio
y no puede sustentarse en razones diferentes a la indicadas en la Ley.
2. Contestación de la demanda
El Municipio de San Luis, Tolima, guardó silencio.
3. Sentencia de primera instancia
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
El Tribunal Administrativo de Tolima, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.
En primer lugar, se pronunció frente al cargo de los artículos 38 y 39 de la
Constitución sobre la protección del libre derecho de asociación sindical, por
cuanto las demandantes se afiliaron en el año 2019 al sindicato y esto generó
molestia al alcalde, reproche que no pasa sino de una simple afirmación que
no tiene prueba alguna que respalde este dicho, por lo cual niega el primer
cargo formulado por las demandantes.
En segundo lugar, refirió sobre la desvinculación del empleado vinculado en
provisionalidad en cargo de carrera se debe motivar el acto administrativo con
el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, por ello, trajo a
colación lo señalado por el Consejo de Estado donde acoge los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-917 de 2010, sobre
la motivación del acto administrativo, por provisión definitiva del cargo por
haberse realizado el concurso de méritos, la imposición de sanciones
disciplinaria y la calificación insatisfactoria.
Precisó que, en el expediente no obra prueba que la entidad accionada haya
sometido el cargo a concurso de méritos y si bien no ha sido provisto por otra
persona, lo cierto, es que tampoco ha realizado las gestiones necesarias para
realizar la supresión del cargo como expone la entidad en sus alegatos de
conclusión y que el argumento empleado por la entidad territorial para declarar
insubsistente a las accionantes, no se ajusta a los parámetros de motivación
y por el contrario, la motivación se orienta en señalar el vencimiento del término
de duración del nombramiento en provisionalidad o a la supresión del cargo,
así como de su prórroga, precisando que esto no constituye una causal de
terminación del nombramiento, por lo cual incumplió la carga de motivación
razón por la cual estableció que los actos demandados están viciados de
nulidad.
Por lo anterior, ordenó a la entidad accionada reintegrar a las Señoras María
José Vergara Contreras y Carolina Guzmán Guarnizo al mismo cargo que
venían desempeñando en idénticas condiciones a las que tenía al momento
de su desvinculación o en otro de igual o superior categoría, en las mismas
condiciones en que se encontraba, es decir, en provisionalidad, y siempre que
dicho cargo, no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
méritos, no haya sido suprimido o la demandante no haya llegado a la edad
de retiro forzoso.
A su vez, ordenó a favor de las demandantes a título indemnizatorio, los
salarios y prestaciones dejados de percibir durante los veinticuatro (24) meses
siguientes a la insubsistencia, descontando de ese monto las sumas que por
cualquier concepto laboral público o privado, dependiente o independiente
haya recibido, sin que en ningún caso la indemnización sea menor a seis (6)
meses siguientes a la declaratoria de insubsistencia. Así mismo, deberá
descontar los aportes a seguridad social correspondiente a las acreencias
laborales reconocidas en la presente providencia, con destino al Sistema
General de Seguridad Social, en proporción correspondiente al trabajador, al
momento de dar cumplimiento al presente fallo.
4. Recurso de apelación
La entidad demandada, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación, para que, en su lugar, se revoque la decisión de primera
instancia, por considerar:
La insubsistencia de las demandantes, tuvo como causal o motivo, los
fundamentos legales establecidos en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de
2015, como es el vencimiento de la prórroga del nombramiento provisional que
ostentaban y que fenecía el 31 de enero de 2020, al no existir la necesidad de
continuar con el nombramiento en provisionalidad, como quedó plasmado en
los Decretos 028 y 029 del 28 de enero de 2020.
Que se justificó en los actos de insubsistencia, que las funciones que cumplían
las demandantes no era necesario continuar con dicho nombramiento o
prórroga y en ese sentido la administración municipal tomó la decisión de
removerlas, como quedó demostrado con la certificación expedida por la
secretaría de Gobierno y los contratos de prestación de servicios que
evidencian que luego de la insubsistencia de las demandantes no se vinculó a
ninguna otra persona en dichos cargos.
Que los motivos de insubsistencia se traducen en que no era necesario
mantener en los respectivos cargos, ni prorrogar el nombramiento de Carolina
Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras, siendo el fundamento
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
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principal de la remoción teniendo en cuenta el vencimiento del término de
duración, la administración dispuso la terminación e insubsistencia, mediante
acto administrativo que quedó debidamente motivado.
5. Trámite procesal de segunda instancia
Por auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado a las partes para
alegar.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
se resalta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso2, en esta
segunda instancia se emitirá pronunciamiento solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del 22 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las
pretensiones de la demanda, para lo cual, en los términos del recurso de
apelación, determinará si están debidamente motivados los actos
demandados por cuanto al vencerse el término de los 6 meses establecidos
se debía producir ineludiblemente su desvinculación.
1
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
2
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.
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Número interno: 6543-2023
Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo de la provisión de los empleos de organismos
y entidades regulados por la Ley 909 de 2004; 2.4. Marco normativo y
jurisprudencial para el retiro del servicio de un empleado nombrado en
provisionalidad; 2.5. hechos probados y 2.6. caso concreto.
2.3. Marco normativo de la provisión de los empleos de organismos y
entidades regulados por la Ley 909 de 2004.
La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con lo
previsto en la Constitución, la ley y el reglamento.
Además, el canon constitucional en el artículo 125, prevé la siguiente
clasificación de los servidores públicos “«los empleos en los órganos y entidades del
Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”».
Ahora bien, en materia del régimen de los servidores públicos la Ley 909 de
20043, en el artículo 1 determinó que hacen parte de la función pública los
siguientes empleos públicos:
«a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.»
En cuanto a la clasificación de los empleos el artículo 5 ibidem, precisa que
los organismos regulados por esta disposición legal son de carrera
administrativa, con excepción de los cargos de elección popular, periodo fijo,
y los trabajadores oficiales, aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en
las comunidades indígenas según su legislación y los cargos de libre
nombramiento y remoción.
En lo que respecta a la clase de nombramientos en la función pública el artículo
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Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
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23 ibidem, dispone que serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso,
sin perjuicio de las normas de carreras especiales, cuando se trate de empleos
de libre nombramiento y remoción también serán provistos por nombramiento
ordinario y los de carrera administrativa se proveerán en periodo de prueba o
en ascenso con las personas que seleccionadas a través del sistema de
mérito.
No obstante, cuando se presenten situaciones administrativas de vacancia
absoluta en los empleos públicos, en este último caso que no exista lista de
elegibles vigente para el cargo, la ley permite proveer el empleo mediante la
figura de encargo con empleados de carrera administrativa que se encuentre
desempeñando el cargo inmediatamente inferior y que cumpla los requisitos,
mientras se surte el proceso de selección para proveer el empleo en carrera
administrativa, por cuanto el encargo será por el término de tres (3) meses,
prorrogable por ese mismo tiempo y una vez vencidos será provisto de forma
definitiva. (Artículo 24 modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019)
Por otra parte, el parágrafo 2 del precitado artículo 24 ibidem, establece la
provisión de los empleos bajo la figura de encargo o provisionalidad, esta
última que también puede ser utilizada cuando se trate de empleos por
vacancia temporal cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con
empleados de carrera. (artículo 25 ibidem)
El nombramiento en provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción y puede darse mientras se surte el proceso de selección convocado
para la provisión del empleo cuya naturaleza es de carrera administrativa.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial para el retiro del servicio de un
empleado nombrado en provisionalidad.
El artículo 41 de la Ley 909 de 2004 prevé la forma en que se puede dar el
retiro de aquellos que ocupen cargos públicos en provisionalidad, así:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
a. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un
empleado de carrera administrativa;
[...]
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la
ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado». [Resalta la
Sala]
Esta Corporación se pronunció en sentencia del 23 de septiembre de 20104, respecto
de la desvinculación del servicio de los empleados provisionales, lo cual debe
realizarse por acto administrativo motivado, por ello se destaca:
«La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados en
provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya producido
en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada
en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo
con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las
causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la competencia para el
retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de
nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es
procedente sólo y de conformidad con las causales consagradas en la
Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe
ser MOTIVADO, de tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se
predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual
se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2º, art. 41
Ley 909 de 2004).
Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la
Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del
mismo año, el retiro del servicio de los empleados que ocupen en la actualidad
cargos de carrera en provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición
de un acto administrativo motivado, y para ello, la administración no debe
considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del nombramiento
en provisionalidad, esto es, si fue o no con anterioridad a la vigencia de la nueva
normatividad de carrera administrativa, pues ello implicaría un tratamiento
desigual en detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del
derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de produjeron
en vigencia de la Ley 443 de 1998.
La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que estén
desempeñando en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que de
manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de
2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había
precisado, y se traduce en la obligación para la administración de prodigar un
trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente
considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los empleados
provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad
relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una
competencia reglada del nominador, por causales expresamente previstas (art.
41 Ley 909 de 2004, art. 10 Decreto 1227 de 2005), y que justifican la decisión
que debe producirse mediante acto motivado».
Ahora bien, esta Corporación no puede pasar por alto el criterio de la Corte
Constitucional que mediante sentencia T-1310 de 2005, precisó que la
desvinculación de un empleado en provisionalidad «sólo procede por motivos
disciplinarios, baja calificación o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de diciembre de 2010, radicado 25000-23-
25-000-2005-01341-02(0883-08). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
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manera definitiva, con quien obtuvo el primer lugar 5.», posición reiterada en sentencia
C- 279 de 2007, en la que precisó:
«Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se
decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las
razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el
nominador cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede
convertirse en arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que
fundamentan la desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho
al debido proceso de la persona desvinculada. Así, la discrecionalidad del
nominador solo puede atender a razones de interés general atinentes al servicio
prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad,
dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la
calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está
prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón
principal consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha
participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que
lo hace merecedor del cargo.»
En conclusión, la desvinculación de los empleados nombrados en
provisionalidad debe estar motivados con razones suficientes que tenga
respaldo normativo y fáctico en el cual se cumpla las causales de retiro
definidas por el legislador.
2.4. Hechos probados relevantes para resolver el problema jurídico
planteado:
2.4.1. La señora María José Vergara Contreras mediante Decreto 010 de 1 de
febrero de 2019 fue nombrada mediante provisionalidad en el cargo de técnico
administrativo código 367, grado 6 en la planta global de la alcaldía municipal
de San Luis Tolima, por el término de seis meses, prorrogados por el Decreto
053 de 30 de julio de 2019, por un término igual al anteriormente citado.
2.4.2. Mediante Decreto 028 de 28 de enero de 2020, fue declarada
insubsistente del cargo de técnico administrativo código 367, grado 6 en la
planta global de la alcaldía municipal de San Luis Tolima, esto como
consecuencia que las funciones que desarrolla dentro de la planta de personal
no es necesario continuar con el nombramiento en provisionalidad.
2.4.3. Contra el anterior acto administrativo la demandante interpuso recurso
de reposición, el cual fue decidido en oficio de 2 de abril de 2020, de forma
negativa.
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Ver Sentencia T-951 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra donde se hizo una síntesis de esa jurisprudencia
constitucional.
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2.4.4. La señora Carolina Guzmán Guarnizo mediante Decreto 011 de 1 de
febrero de 2019 fue nombrada mediante provisionalidad en el cargo de técnico
administrativo código 367, grado 6 en la planta global de la alcaldía municipal
de San Luis Tolima, por el término de seis meses, prorrogados por el Decreto
054 de 30 de julio de 2019, por un término igual al anteriormente citado.
2.4.5 Mediante Decreto 029 de 28 de enero de 2020, fue declarada
insubsistente del cargo de técnico administrativo código 367, grado 6 en la
planta global de la alcaldía municipal de San Luis Tolima, esto como
consecuencia que las funciones que desarrolla dentro de la planta de personal
no es necesario continuar con el nombramiento en provisionalidad.
2.4.6. Contra el anterior acto administrativo la demandante interpuso recurso
de reposición, el cual fue decidido en oficio de 2 de abril de 2020, de forma
negativa.
2.5. Caso concreto
Las señoras Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras,
pretenden la nulidad de los actos administrativos contenidos en los Decretos
028 y 029 de 28 de enero de 2020, por medio de los cuales fueron declaradas
insubsistentes de los cargos de técnico administrativo código 367, grado 6 en
la planta global de la alcaldía municipal de San Luis Tolima, que ocuparon en
provisionalidad. En consecuencia, las demandantes solicitan el reintegro al
mismo cargo que desempeñaban o uno igual o de superior jerarquía de la
planta global del ente territorial, con el respectivo reconocimiento y pago de
los sueldos, primas y bonificaciones.
El Tribunal Administrativo de Tolima, accedió a las pretensiones de la
demanda en el cual refirió sobre la desvinculación del empleado vinculado en
provisionalidad en cargo de carrera se debe motivar el acto administrativo por
ello, trajo a colación lo señalado por el Consejo de Estado donde acoge los
parámetros establecidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-917 de
2010, sobre la motivación del acto administrativo, por provisión definitiva del
cargo por haberse realizado el concurso de méritos, la imposición de
sanciones disciplinaria y la calificación insatisfactoria, advirtiendo que, la
entidad no ha sometido el cargo a concurso de méritos y si bien el cargo no ha
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sido provisto tampoco realizó actuaciones necesarias para la supresión del
cargo, por lo que, la motivación de vencimiento del término no constituye
causal de terminación del nombramiento.
La entidad demandada inconforme con la anterior decisión interpuso recurso
de apelación, en el cual argumenta que la causal o motivo del retiro de las
actoras tuvo como fundamento legal el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de
2015, por vencimiento de la prórroga del nombramiento provisional que
ostentaban y que fenecía el 31 de enero de 2020, además por no existir la
necesidad de continuar con el nombramiento en provisionalidad, como quedó
plasmado en los Decretos 028 y 029 del 28 de enero de 2020.
Que las funciones que cumplían las demandantes no era necesario continuar
con dichos nombramientos o prórrogas, pues de acuerdo a la certificación
expedida por la Secretaria de Gobierno y los contratos de prestación de
servicios evidencian que luego de la insubsistencia de las demandantes no se
vinculó a ninguna otra persona en dichos cargos, siendo el fundamento
principal de la remoción el vencimiento del término de duración, la
administración dispuso la terminación e insubsistencia, mediante acto
administrativo que quedó debidamente motivado.
Así las cosas, para el retiro de un funcionario nombrado en provisionalidad se
debe cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, esto es,
la Ley 909 de 2004, norma que establece que el retiro de los empleos de
carrera deberá efectuarse mediante acto motivado.
Ahora bien, la Sala al verificar los actos administrativos 028 y 029 del 28 de
enero de 2020, se identifica que la entidad, fundamento normativo que utilizó
la entidad es el contenido en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015,
que establece la terminación de encargo y nombramiento en provisionalidad.
«Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.» Y la
motivación para retirar del servicio a las demandantes de los cargos de técnico
administrativo código 367, grado 6 en la planta global de la alcaldía municipal
de San Luis Tolima, se sustentó «al no existir la necesidad de continuar con el
nombramiento en provisionalidad, se dispondrá la terminación del mismo.»
De acuerdo a lo anterior, para la Sala no basta la existencia de un motivo para
justificar la legalidad del acto, por cuanto este debe ser real, adecuado o
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Número interno: 6543-2023
Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
suficiente y debe estar íntimamente relacionado con la decisión, así las cosas,
los actos demandados justifican la terminación de los nombramientos en
provisionalidad de las actoras por el vencimiento del plazo y no existir la
necesidad de continuar con el nombramiento en provisionalidad, lo cual no
resulta adecuado a los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico,
por cuanto, los empleos no fueron provistos en carrera, no se identifica sanción
disciplinaria, o baja calificación de las demandantes, conforme lo ha reiterado
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Además, esta Subsección en sentencia de 24 de mayo de 20246, señaló que
el vencimiento del plazo de la provisionalidad no es causal para el retiro del
servicio, al respecto, indicó:
«De modo que, cuando el empleo ocupado tiene la naturaleza jurídica de ser uno
de carrera administrativa, el trabajador que se vinculó en provisionalidad al cargo
goza de una estabilidad laboral relativa, en la medida en que si bien no tiene
derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este debe
proveerse a través del concurso de méritos, lo cierto es que únicamente puede
ser removido con fundamento en causales legales y estas deben expresarse de
manera clara en el acto de desvinculación, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional7.
En otras palabras, en relación con el retiro del personal nombrado en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa, este se debe dar por medio
de un acto motivado, que goce de razones suficientes para justificar su decisión
por virtud de la estabilidad relativa de la que gozan y que, pese a ser distintas
las condiciones jurídicas y de permanencia que se tiene respecto de quienes
sean nombrados en periodo de prueba o ascenso, ello no permea el
incumplimiento de la carga legal de motivar la decisión de desvincular al servidor
provisional.
De hecho, se reitera que el plazo que autoriza la Comisión Nacional de
Servicio Civil para dichos nombramientos no constituye causal de retiro y
no justifica la desvinculación del empleado vinculado con la administración
en provisionalidad, toda vez que la provisionalidad en cargos de carrera
debió ser la última alternativa con la cual contó el nominador para proveer
el cargo y además, dicho plazo fue otorgado por el legislador para que
convoque a concurso el empleo y no un término para mantener o finalizar
el nombramiento.» [Destaca la Sala]
Así las cosas, no le asiste la razón a la entidad demandada, por cuanto el
vencimiento del plazo no constituye causal para el retiro del servicio de las
demandantes que fungían en provisionalidad en los cargos de técnico
administrativo código 367, grado 6 en la planta global de la alcaldía municipal
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00636-01 (1440-2022)
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Al respecto ver, entre otras, Corte Constitucional, en sentencias SU-446 de 2011, SU-691 de 2017 y T-464 de 2019.
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Número interno: 6543-2023
Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
de San Luis Tolima, razón suficiente para confirmar la decisión de primera que
instancia que declaró la nulidad de los actos demandados.
2.6. Condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
revocará la condena impuesta en primera instancia y se abstendrá de hacerlo
en esta sede.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia del 22
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
el cual accedió a las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida sentencia la sentencia del 22
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
el cual accedió a las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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Demandantes: Carolina Guzmán Guarnizo y María José Vergara Contreras
Demandado: Municipio de San Luis Tolima
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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