Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00251-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00251-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00251-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00251-02 (3209-2025)
Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación1
Temas: Prima especial de servicios. Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
Sentencia segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2025 [corregida y aclarada
el 17 de septiembre de 2025], por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de
Conjueces, la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Dilma Gertrudis Rojas Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio 31500-1756 del 24 de mayo de 2021.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación, reajuste y pago
de la prima especial del 30% como un incremento al salario básico, desde el 29 de
abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020; ii) el reconocimiento, reajuste y pago
«a través del respectivo fondo de pensiones», de la adición de la prima especial del 30%
al salario básico para la seguridad social en pensiones; iii) la indexación de la condena;
y iv) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA.
1 En adelante FGN.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
1.1.2. Fundamentos fácticos
3.1. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.2. Dilma Gertrudis Rojas Rojas se vinculó a la FGN en el año 2010 y para la fecha
de presentación de la demanda ejercía el cargo de fiscal delegado ante los jueces
penales del circuito especializados.
3.3. El
29 de abril de 2021 presentó petición ante la FGN en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como
un incremento a su salario y la reliquidación de «la seguridad social en pensiones a la
que se debe adicionar el sobresueldo (prima especial) del 30% de la remuneración mensual»
[sic].
3.4. Mediante el Oficio 31500-1756 del 24 de mayo de 2021, notificado el 10 de junio
de 2021, la entidad negó su petición.
3.5. Contra el referido acto solo procedía el recurso de reposición, el cual no fue
interpuesto comoquiera que no era obligatorio de conformidad con el artículo 76 del
CPACA.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 9 y 58 de la Constitución Política; 1 de
la Ley 476 de 1998; 15 del Código Sustantivo del Trabajo4; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Culturales «adoptado el 16 de diciembre de 1966 y aprobado por
la Ley 74 de 1968» [sic]; y el Convenio Internacional del Trabajo 111 «aprobado por la
Ley 22 de 1967 y demás normas concordantes» [sic].
5. En cuanto al concepto de violación, señaló lo siguiente5:
5.1. La Ley 4 de 1992 estableció los criterios, objetivos y principios generales a los
que debía sujetarse para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, particularmente en el artículo 2 señaló como principio la
imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones de los servidores públicos. El
artículo 14 ibidem creó una prima especial que no podía ser inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, la cual no tenía carácter salarial.
5.2. Pese a la obligatoriedad de los principios de la Ley 4 de 1992, la norma fue
malinterpretada debido a que el 30% de la prima especial, en lugar de haberla
reconocido como un incremento sobre el 100% de la asignación mensual básica,
redujeron el salario en dicho porcentaje, por lo que se disminuyó al 70% y el 30%
3 La demanda se radicó el 8 de julio de 2021.
4 En adelante CST.
5 Samai tribunales y juzgados índice 70. Archivo: 006_DEMANDA.
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restante lo denominaron prima especial.
5.3. En sentencia del 29 de abril de 2014, el Consejo de Estado indicó que los decretos
salariales expedidos desde el año 1993 hasta el 2007 debían aplicarse de manera que
la prima especial no se descontara del ingreso mensual, sino que era una adición a
este. En ese sentido, los decretos expedidos con posterioridad al 2007 resultaron
inaplicables por inconstitucionalidad, no obstante, a partir del año 2018 la FGN negó
el pago del beneficio económico laboral pese a que se había determinado su
procedencia a favor de los funcionarios.
1.1.4 Contestación de la demanda
6. La FGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación6:
7. Liquidó y pagó la asignación salarial y prestacional de los servidores en estricta
sujeción a los decretos expedidos por el gobierno nacional para cada vigencia fiscal.
8. La Ley 4ª de 1992 creó una prima especial de entre el 30% y el 60% del salario
básico, sin carácter salarial para los magistrados de tribunal, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial y los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que optaran por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1 de enero de 1993. En
consecuencia, los fiscales de la FGN no eran beneficiarios de la prima especial, pues
solo lo eran los funcionarios de los cargos enlistados en el artículo 14 ibidem, en el
que no estaban los funcionarios de la FGN, salvo los ya mencionados.
9. Por voluntad del legislador, tampoco eran beneficiarios de la aludida prima los
fiscales que se vincularon a la entidad con posterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 53 de 1993. Este fue el argumento del Consejo de Estado para anular los
artículos referentes a la prima especial de los decretos salariales expedidos por el
gobierno nacional para los funcionarios de la FGN desde el año 1993 hasta el 2002.
Así, como el gobierno excedió su potestad reglamentaria al incluir a los funcionarios
de la FGN como beneficiarios de la prima especial, a partir de la expedición del decreto
del año 2003 en adelante dejó de incorporar la prima especial para los servidores de
la entidad.
10. Desde el año 1993 el salario de los fiscales aumentó de manera progresiva en
cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, sin que el gobierno
desconociera el principio de progresividad por la no inclusión de la prima especial para
los fiscales, pues el legislador no la previó para estos funcionarios.
11. Como excepciones propuso las siguientes: i) prescripción; y ii) cobro de lo no
6 Samai tribunales y juzgados índice 70. Archivo: 037_CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
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debido.
1.2. La sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en sentencia proferida el
del 16 de julio de 20257 [corregida y aclarada el 17 de septiembre de 20258] accedió
a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. En tal sentido,
ordenó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de derechos del
demandante DILMA GERTRUDIS ROJAS ROJAS, por los periodos anteriores al 29 de abril
de 2018, excepto en lo relativo a los aportes a Seguridad Social en pensión, respecto de
los cuales no opera la misma para ningún periodo, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar no probada la excepción denominada COBRO DE LO NO DEBIDO,
propuesta por la demandada.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo emanado de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, contenido en el oficio No. 31500-1756 del 24 de mayo de 2021.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a
DILMA GERTRUDIS ROJAS ROJAS, desde el 29 de abril de 2018 hasta la sentencia y en
adelante, mientras permanezca vinculada en el cargo que da origen a la prima reclamada
en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual,
teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante como
hasta el momento lo ha hecho .
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reliquidar,
reajustar y pagar a DILMA GERTRUDIS ROJAS ROJAS, desde el 29 de abril de 2018
hasta la sentencia y en adelante, mientras permanezca vinculado en el cargo que da origen
a la prima reclamada, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta
ahora de su remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y
emolumentos que resulte teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo el 30% como prima especial.
SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reliquidar,
reajustar y pagar a DILMA GERTRUDIS ROJAS ROJAS, desde el 29 de abril de 2018
hasta la sentencia y en adelante, mientras permanezca vinculado en el cargo que da origen
a la prima reclamada, la totalidad de sus prestaciones y emolumentos laborales, tales como
primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social, teniendo como base de liquidación el
100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30% de esta. […]». [sic]
13. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:
13.1. En aplicación de los decretos salariales, la entidad no pagó la prima especial, sino
que tomó una parte del salario para pagarlo a título de prima especial de servicios,
con lo cual disminuyó la asignación básica legalmente establecida y liquidó las
prestaciones sociales sobre el porcentaje disminuido.
7 Samai tribunales y juzgados índice 68.
8 Samai tribunales y juzgados índice 76.
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13.2. La FGN adeudaba «durante todo éste tiempo los efectos e incidencias en todas sus
prestaciones que tenga el excedente de su salario básico que hasta ahora ha excluido de la
base de liquidación» [sic].
13.3. En relación con los aportes a la seguridad social en pensiones la entidad los
efectuó con el 100% del salario, pero sin tener en cuenta la prima especial como una
adición del 30% a la asignación básica, la cual se debía incluir para el cálculo de estos
aportes, por expresa disposición del artículo 1 de la Ley 332 de 1996.
1.3. El recurso de apelación
14. La entidad demandada solicitó la modificación de la sentencia de instancia y en su
lugar se negara la pretensión relacionada con la imprescriptibilidad de los aportes a
pensión y la reliquidación de las prestaciones sociales, con base en los siguientes
argumentos9:
14.1. La orden de reliquidación de las prestaciones sociales era contraria a la sentencia
de unificación SUJ-023- del 15 de diciembre de 2020, toda vez que a los servidores
de la FGN se les liquidaron desde el año 2003 y en adelante sobre el 100% de su
salario, porque desde ese momento se les dejó de pagar un 30% a título de prima
especial de servicios, lo que a su vez implicó que dejara de existir descuento alguno
por tal concepto que le pudiera ser imputable. Así, la orden de reliquidación de las
prestaciones sociales generaba una doble retribución con cargo al erario.
14.2. En
la sentencia SUJ 023 CE S2 2020, el Consejo de Estado no estudió la
imprescriptibilidad de los aportes a pensión, por lo que era relevante «tener en cuenta
el fallo la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
a través de la sentencia 13392 del 30 de julio de 2004» [sic], el cual señaló que el término
de prescripción para los aportes al Sistema de Seguridad Social debía ser el mismo
que el de los aportes fiscales por remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, es
decir de 5 años a partir de la fecha de su exigibilidad.
14.3. En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá modificarse y negarse
la reliquidación de las prestaciones sociales y la condena en relación con la
imprescriptibilidad de los aportes a pensión, pues se generó un fallo «ultra petita»
porque esto no fue solicitado por la demandante.
14.4. Desde el 1 de enero de 2021 le pagó a la demandante la prima especial del 30%
conforme con el Decreto 272 de 2021, por lo que no era procedente el reconocimiento
y pago de dicha prima desde esa fecha.
9 Samai tribunales índice 73. Archivo: 65_MemorialWeb_Recurso-
ApelacionDilmaGert(.pdf).
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1.5 Pronunciamiento en segunda instancia
15. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas,
no hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6 El Ministerio Público.
16. El procurador delegado ante el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes
términos11:
17. La demandante tenía derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios
del 30% como un valor adicional al salario, sin embargo, no le asistía razón en la
solicitud de la reliquidación de sus prestaciones sociales y factores salariales sobre el
100% de la asignación básica, toda vez que desde el año 2003 esta se reconoció y
pagó sin reducción alguna, por lo que la totalidad de los valores percibidos
conservaron la naturaleza salarial y sirvieron como base de liquidación de las
prestaciones correspondientes.
18. Mediante el Decreto 272 de 2021 el gobierno nacional en desarrollo del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 reconoció el 30% de la prima especial como un valor adicional a
la asignación básica. En consecuencia, le asistía razón a la entidad al señalar que la
reliquidación de las prestaciones sociales y factores salariales con el 30% de la
asignación básica ordenaba un pago que ya se había reconocido.
19. En relación con la prescripción de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, el hecho que no hayan sido solicitados por la demandante no impedía al
juez ordenar de oficio su reconocimiento al tratarse de derechos de irrenunciables e
imprescriptibles. Dichos aportes constituían una obligación legal de carácter
imperativo, cuya causación se producía de manera periódica, continua y diaria, en
razón del salario devengado, lo que impedía someterlos al fenómeno de la
prescripción extintiva, en ese sentido la entidad estaba obligada a reconocerlos y
efectuarlos para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, tomando como
ingreso base el 100 % de la remuneración mensual, incrementado con el 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios.
20. Solicitó la revocatoria parcial del fallo apelado respecto de los ordinales cuarto,
quinto y sexto «manteniendo incólumes el reconocimiento del 30 % adicional a la asignación
básica a título de prima especial en lo no prescrito y hasta el 31 de diciembre de 2020 y la
declaratoria de imprescriptibilidad de los aportes causados al Sistema de Seguridad Social»
[sic].
2. Consideraciones
10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 8.
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2.1. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y
«[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. Los problemas jurídicos
22. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia
se contraen a determinar:
22.1. ¿siera procedente el pago de la reliquidación de las prestaciones sociales
ordenada, pese a que desde el año 2003 la FGN dejó de descontar porcentaje alguno
del salario base por concepto de prima especial de servicios?;
22.2. ¿si había lugar a limitar el término de la condena en atención a la entrada en
vigencia del Decreto 272 de 2021?; y
22.3. ¿si la sentencia de primera instancia incurrió en una condena «ultra petita» en
relación con la orden de reconocimiento y pago de los aportes a pensión?; y ¿si los
aportes a pensión están sometidos al término de prescripción extintiva?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
de la FGN
23. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar
los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
congreso nacional y de la fuerza pública.
24. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
[…] El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de
24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta
libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar
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Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad. […] [Se resalta]
25. Por su parte, mediante el Decreto 53 de 1993, el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
en el cual previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto
(artículo 2), con la excepción13 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que
excluyó el beneficio de la prima especial.
26. Igualmente, en su artículo 6 señaló: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de servicios
sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía
ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal
Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores
Seccionales, Jefes de Oficina, Jefes de División».
27. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con
la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de
esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación.
28. La anterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de establecer
que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la Ley 4ª de 1992
no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularan con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima
especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y los
el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los
pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los
trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que
el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que
Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
13 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
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decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría carácter salarial para
efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.
29. Así las cosas, surgieron dos interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación,
lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda,
consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el
30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente
creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es
decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.
30. Ahora bien, en sentencia del 2 de abril de 200914, la Sección Segunda del Consejo
de Estado precisó que «la noción de “prima" como concepto genérico emerge a título de
reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o
características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso
laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras,
representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un "plus" en el
ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia,
sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio». [Se resalta]
31. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza
prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados
de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los
trabajadores.
32. En sentencia del 29 de abril de 201415, el Consejo de Estado declaró la nulidad de
algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e
acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que
el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la
mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), MP
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
15 Radicado 11001-03-25-000-2007-00081-00 (1583-2007) Declaró la nulidad del Artículo 9 del Decreto
51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del
Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto
43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto
76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9,
11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del
Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474
de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de
2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9
del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9
del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del
Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto
935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10
y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del
Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00251-02 (3209-2025)
Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente
y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y
la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta]
33. Asimismo, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 15 de diciembre de 202016, frente al reconocimiento de la prima especial
para aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 y
a quienes se vincularon con posterioridad, indicó lo siguiente:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado
en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen
derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]». [sic]
34. A tales conclusiones llegó la sala de conjueces, luego de considerar que «[a]nte la
existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria que
posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y no
regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una
relación de derecho administrativo laboral […] [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998
consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente
hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel
de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53
de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». De acuerdo con lo anterior, la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un valor adicional al salario
16Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), conjuez ponente Jorge Iván Rincón
Córdoba.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00251-02 (3209-2025)
Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
básico.
35. Finalmente, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 21 de septiembre de 202217 declaró la nulidad de los decretos
anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 1993 a 2017, al considerar
que el 30% del salario básico mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser
considerado como prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice […],
no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste».
[Se resalta].
2.3.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
36. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada
a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
37. En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 18, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto
3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
38. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos a
partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
39. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios de
la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales expedidos
por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para la respectiva
anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de
17 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), declaró la nulidad de los artículos 6 y 16
del Decreto 53 de 1993, 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, 7 y 17 del Decreto 49 de 1995, 7 y 17 del
Decreto 108 de 1996, 7 y 17 del Decreto 52 de 1997, 7 y 18 del Decreto 50 de 1998, 7 y 17 del Decreto
38 de 1999, 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000, 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001, 7 y 16 del Decreto 685
de 2002, 15 del Decreto 3549 de 2003, 15 del Decreto 4180 de 2004, 15 del Decreto 943 de 2005, 15
del Decreto 396 de 2006, 15 del Decreto 625 de 2007, 15 del Decreto 665 de 2008, 16 del Decreto 730
de 2009, 16 del Decreto 1395 de 2010, 15 del Decreto 1047 de 2011, 15 del Decreto 875 de 2012, 15
del Decreto 1035 de 2013, 15 del Decreto 205 de 2014, 16 del Decreto 1087 de 2015, 16 del Decreto
219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00251-02 (3209-2025)
Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que determina el punto de
partida para el cómputo de la prescripción.
40. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior19 como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
41. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.
42. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0520 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad
e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a que los
aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del empleador de
cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
43. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
44. Según la constancia de servicios prestados del 23 de octubre de 202321 expedida
por el subdirector regional del noroccidental, Dilma Gertrudis Rojas Rojas se vinculó
a la FGN el 21 de septiembre de 1993 y desempeñó los cargos de técnico judicial II y
asistente de fiscal II y III. Adicionalmente, ejerció funciones como fiscal en encargo del
8 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y del 1 al 30 de enero de 2014, y a
partir el 3 de diciembre de 2015 hasta la fecha del documento, como fiscal delegado
ante los jueces del circuito.
45. El 29 de abril de 202122 solicitó ante la FGN el reconocimiento y pago de la prima
especial entendida como una adición del 30% sobre su remuneración mensual y la
19 Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
20 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015).
21 Samai tribunales y juzgados índice 70. Archivo: 036_ DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA
FISCALÍA. Páginas 20 a 21.
22 Samai tribunales y juzgados índice 70. Carpeta: EXPEDIENTE UNFICADO Archivo: EXPEDIENTE
UNIFICADO 73001233300020210025100. Páginas 8 a 11.
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
reliquidación de la seguridad social en pensiones con la adición de dicho emolumento
como un sobresueldo, ambos desde el 1 de enero de 2018 y hasta el momento de su
desvinculación de la entidad.
46. Mediante el Oficio 31500-1756 del 24 de mayo de 202123, notificado el 10 de junio
siguiente24, la FGN negó la anterior petición con fundamento en que la prima especial
de servicios de la Ley 4ª de 1992 hacía parte del ingreso base de cotización al sistema
general de pensiones y salud para los fiscales, excepto para aquellos que se
acogieron a la escala de salarios de la entidad del Decreto 53 de 1993 y los que
ingresaron bajo la vigencia de este. Por ello, estaba obligada al cumplimiento de los
decretos salariales expedidos por el gobierno nacional, en ese sentido los pagos
realizados se ajustaron a los lineamientos legales y reglamentarios, y «para quienes
fueron beneficiarios de la prima especial de servicios, ya se venció el termino trienal de
prescripción de los derechos laborales sobre la misma» [sic]. Contra ese acto procedía el
recurso de reposición.
46.1. De acuerdo con el oficio de información general25 y las constancias «KARDEX
DEVENGADOS Y DEDUCIDOS»26 [sic], del 24 de mayo de 2021 expedidos por la
subdirectora regional de apoyo (E), la demandante percibió el pago por concepto de
prima especial de servicios solo en el año 2021.
2.4.2. Análisis sustancial
47. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces declaró i) parcialmente probada la
prescripción, con excepción de los aportes a seguridad social en pensiones; ii) la
nulidad del acto administrativo acusado y a título de restablecimiento del derecho
condenó a la FGN a i) el reconocimiento y pago del 30% de la asignación básica
mensual como un plus sobre esta; ii) la reliquidación, reajuste y pago de las diferencias
existentes entre lo pagado de la remuneración mensual básica y la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% del salario con la inclusión del 30% como
prima especial; iii) la reliquidación, reajuste y pago de la totalidad de las prestaciones
sociales « tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social», con base
en el 100% del salario con la inclusión del 30% de esta.
48. Por su parte, la FGN apeló la decisión de instancia al considerar que: i) no era
procedente la condena a la reliquidación de las prestaciones sociales debido a que
desde el año 2003 dejó de pagar la prima especial de servicios, por lo que pagó el
100% del salario y las prestaciones sociales sin deducción alguna; ii) en la demanda
no se solicitó la reliquidación de los aportes a pensión, por lo que el fallo incurrió en
una condena «ultra petita», los cuales, además, eran una prestación respecto de la
cual debió operar la prescripción; y iii) desde el 1 de enero de 2021 pagó a la
23 Páginas 12 a 16 ibidem.
24 Páginas 17 a 19 ibidem.
25 Páginas 20 a 21 ibidem.
26 Páginas 22 a 28 ibidem.
13
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
demandante la prima especial de servicios, por lo que no había lugar a su
reconocimiento y pago desde esa fecha.
49. En relación con el primer problema jurídico planteado, tal y como se explicó
ampliamente en el marco normativo, desde la Ley 332 de 1996 aclarada mediante la
Ley 476 de 1998, se señaló que los fiscales de la Fiscalía General de la Nación eran
destinatarios de la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, en ese entendido y al acreditarse que la demandante fue fiscal durante
varios periodos, sí era beneficiaria de la aludida prima.
50. En consecuencia, la demandante tenía derecho a la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, toda vez que, desde su vinculación en el cargo de
fiscal la FGN no efectuó el pago de este concepto con ocasión de la expedición de los
decretos salariales anuales, en los cuales el gobierno nacional omitió incluir
expresamente este emolumento.
51. En ese sentido, el tribunal reconoció el pago de la prima especial de servicios como
una adición al salario, así como el pago de las diferencias generadas por el
fraccionamiento del 30% del salario básico como prima especial en la reliquidación de
las prestaciones sociales, sin advertir que del material probatorio allegado al proceso
se evidenciaba que la remuneración mensual no fue fraccionada, por lo que no hubo
disminución alguna en la base de la liquidación de aquellas prestaciones, además, de
que a partir de la expedición del Decreto 3549 de 2003 la Fiscalía General de la Nación
dejó de fraccionar la remuneración de sus fiscales.
52. Por lo anterior, al vincularse en el cargo de fiscal con posterioridad al año 2003, la
demandante tenía derecho al reconocimiento y pago del 30% como emolumento
adicional al salario básico, a título de prima especial de servicios, en los términos
previstos en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, por los periodos no afectados con el
fenómeno de la prescripción y hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021,
mediante el cual la gobierno nacional reconoció la prima especial del 30% a sus
destinatarios a partir del 1 de enero de 2021.
53. Así, tal como se observa del contenido del oficio de información general 27 y las
constancias «KARDEX DEVENGADOS Y DEDUCIDOS»28 [sic], del 24 de mayo de
2021 expedidos por la subdirectora regional de apoyo (E), a la demandante sólo se le
pagó el salario básico, sin que se evidenciaran pagos antes del año 2021, por
concepto de la prima especial de servicios.
54. Por lo anterior, pese a que es procedente el reconocimiento y pago de la prima
especial como emolumento adicional al salario hasta el año 2020, no lo es ordenar el
reajuste de tales prestaciones sociales en el entendido que le fueron liquidadas de
acuerdo con el 100% del salario percibido. En consecuencia, se modificará el ordinal
cuarto de la sentencia apelada para establecer que el pago de la referida prima estará
27 Páginas 20 a 21 ibidem.
28 Páginas 22 a 28 ibidem.
14
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
limitado hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 y se revocará los
ordinales quinto y sexto, para en su lugar negar el reajuste de las prestaciones.
55. Por otra parte, la entidad demandada cuestionó la orden de reajuste de los aportes
a pensión, porque esto no fue solicitado en la demanda, por lo que el fallo de primera
instancia era «ultra petita». Al respecto, la Sala observa que, contrario a ello, en la
demanda sí se solicitó de forma expresa que «se ordene a la NACIÓN-FISCALIA
GENERAL DE LA NACION reconozca, reliquide, reajuste y pague a favor de la Sra. Dilma
Gertrudis Rojas Rojas, a través del respectivo Fondo de Pensiones, desde el 29 de abril de
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, la seguridad social en pensiones a la que se debe
adicionar el sobresueldo (prima especial) del 30% de la remuneración mensual porque hasta
ahora, se le ha liquidado su seguridad social en pensiones con el 100% del sueldo básico
mensual sin tener en cuenta el sobresueldo por concepto de prima especial» [sic].
Circunstancia que por sí sola desestima el cargo planteado, y de la cual la Sala
concluye la ausencia de incongruencia alguna entre lo solicitado en la demanda y lo
decidido por el a quo.
56. Ahora bien, frente a los aportes a seguridad social en pensiones, esta Sala precisa
que son de naturaleza imprescriptibles [ver acápite 2.3.2. de esta providencia], los
cuales deberán realizarse teniendo como base de liquidación el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios que no se pagó, durante los periodos en que haya
ejercido en un cargo que la hiciera beneficiaria de este derecho, teniendo en cuenta
que con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 se regularizó el pago de la
aludida prima desde el 1 de enero de 2021.
57. En este punto, llama la atención de la Sala que si bien lo pertinente al reajuste de
los aportes a pensión fueron analizados en primera instancia no se emitió una orden
en concreto, razón por la cual se adicionará al ordinal cuarto una orden en tal sentido
[adicional a la modificación anunciada en el párrafo 54 respecto del mismo ordinal].
58. El cumplimiento de esta sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos
aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijados por el gobierno
nacional.
2.5. Costas
59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) no había lugar al pago de
las diferencias ni a la reliquidación de las prestaciones sociales toda vez que, a partir
del año 2003 pagó estos emolumentos sin deducción alguna; ii) la condena ordenada
debía tener en cuenta que con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 se
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
regularizó el pago de la prima especial; iii) la demandante solicitó la reliquidación y
pago de los aportes a seguridad social en pensiones con base en el 100% de su
salario con la adición del 30% de prima especial de servicios a la que tenía derecho,
en ese sentido, el fallo de primera instancia no incurrió en una condena «ultra petita»,
a diferencia de lo alegado por la entidad; y iv) los aportes a pensión son de naturaleza
imprescriptible, por lo que se deben reconocer a la demandante por todo el tiempo en
que ejerció en alguno de los cargos que la hicieron beneficiaria de la prima especial
de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
61. En consecuencia, la sentencia del 16 de julio de 2025 [corregida y aclarada el 17
de septiembre de 2025] que accedió a las pretensiones de la demanda se i) modificará
y adicionará en su ordinal cuarto; ii) se revocará en los ordinales quinto y sexto; ii) y
se confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de
julio de 2025 [corregida y aclarada el 17 de septiembre de 2025] por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, el cual quedará así:
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho:
i) Condenar a la Nación, Fiscalía General de Nación a reconocer y pagar a Dilma Gertrudis
Rojas Rojas, del 29 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2020, fecha anterior a la
entrada en vigencia el Decreto 272 de 2021, la prima reclamada en cuantía equivalente
al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, como un plus o valor
adicional sobre esta.
ii) Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación al pago de los aportes a pensión
durante los periodos en que Dilma Gertrudis Rojas Rojas haya ejercido en un cargo que
la haga beneficiaria de este derecho y hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha anterior
a la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, con base en el 30% correspondiente
a la prima especial que no se pagó.
El cumplimiento de la condena está condicionado a que la entidad demandada no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y que en
ningún caso se puedan superar los topes fijados por el gobierno nacional.
Segundo. Revocar los ordinales quinto y sexto de la sentencia proferida el 16 de julio
de 2025 [corregida y aclarada el 17 de septiembre de 2025] por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces. En su lugar, negar el pago de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 16 de julio de 2025 [corregida y
aclarada el 17 de septiembre de 2025], proferida por el Tribunal Administrativo del
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Demandante: Dilma Gertrudis Rojas Rojas
Tolima, Sala de Conjueces.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS
17
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