Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00341-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00341-01 (5917-2023)
Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del
Tolima
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 por contrato de prestación de
servicios
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
accionada en contra de la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima1, que accedió a las súplicas de la demanda
instaurada por la señora Bellamir Penagos Moscoso en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento del Tolima2.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda3.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Bellamir Penagos Moscoso, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
1 Con ponencia del magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez.
2 Por auto de 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió vincular al
departamento del Tolima. Providencia visible en el expediente digitalizado de la primera instancia archivo
«9_EXPEDIENTEDIGITAL_006_AUTOADMITE.PDF».
3 Primera instancia. Expediente digitalizado visible en el sistema SAMAI. Archivo
«8_EXPEDIENTEDIGITAL_005_DEMANDA.PDF»
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00341-01 (5917-2023)
Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad del Oficio
TOL2021EE025665 del 27 de julio de 2021, dictado por Secretaría de Educación
del Tolima, en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la que
se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la
Ley 33 de 1985 en concordancia con la Ley 91 de 1989, en condición de docente
oficial del magisterio.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, de conformidad
con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, desde el momento
de adquisición de su estatus pensional (1.° de enero de 2018), teniendo en cuenta
para ello, el periodo laborado como docente vinculada bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios.
4. Así mismo, solicitó que se condene a las demandadas a reconocerle y pagarle
las sumas que dejó de percibir debidamente indexadas por concepto de pensión
de jubilación, desde el momento en que adquirió su estatus pensional (55 años y
20 de servicio), tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su status
pensional, incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales
devengados.
5. Adicional a lo anterior formuló como pretensión reconocer la compatibilidad
entre pensión y sueldo que cobija los docentes con vinculación antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003; que se dé cumplimiento a la sentencia conforme
lo disponen los artículos 189 y 192 del CPACA; que se le reconozcan y paguen los
intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el
artículo 192 ibidem ; que sobre las mesadas adeudadas, se hagan los ajustes de
valor conforme al índice de precios al consumidor; que se condene en costas a la
demandada, tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A.
2.1.2. Hechos.
6. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
7. La señora Penagos Cardoso nació el 1.° de enero de 1963 y laboró como
docente en las siguientes entidades y periodos:
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Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
DESDE HASTA
ENTIDAD
30/11/1988
MUNICIPIO DE SAN LUIS 01/04/1988
O.P.S. 30/11/1989
01/02/1989
30/11/1990
. 01/02/1990
01/02/1991 30/11/1991
30/11/1992
08/02/1992
01/02/1993 30/11/1993
30/11/1995
01/02/1995
01/02/1996 30/11/1996
03/02/1997 30/11/1997
02/02/1998 02/08/1998
12/08/1998 11/11/1998
01/02/1999 20/11/1999
07/02/2000 30/05/2000
01/08/2000 30/10/2000
01/10/2002 15/11/2002
15/07/2004 20/04/2021
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
8. En la demanda se indicó que ingresó al servicio público de educación desde
el 1.° de abril de 1988, es decir, antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, la cual incorporó a los docentes a Ley 100 de
1993, excluyendo únicamente la edad.
9. Al considerar que reunió los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 es
decir, 55 años de edad y 20 años de servicio, solicitó a la entidad el
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos señalados por la
precitada norma, es decir, tomando como base de liquidación el 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición
de su estatus pensional (1.° de enero de 2018) incluyendo la totalidad de los
respectivos factores salariales devengados, y respetando la compatibilidad que
debe tener entre sueldo y pensión.
10. La entidad demandada negó la anterior solicitud a través del Oficio
TOL2021EE025665 del 27 de julio de 2021, al considerar que le es aplicable la
Ley 100 de 1993, por su fecha de vinculación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53
y 58 de la Constitución Política, artículo 279 de la Ley 100 de 1993, las Leyes 91
de 1989, 33 y 62 de 1985, 812 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005 y los
Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
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Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que, a los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se les deben aplicar las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es decir la Ley 33 de 1985
como servidores públicos regulares o si se trata de docentes que tenían aportes
al sector privado la Ley 71 de 1988, para la pensión por aportes o si se
encontraran vinculados por órdenes de prestación de servicios.
13. En este caso la accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que el régimen pensional
que le es aplicable está consignado en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989; conforme a lo anterior, no le es aplicable la Ley
100 de 1993, ni su régimen de transición, ya que además fueron excluidos de la
norma como lo indica su artículo 279.
14. Por tanto, su pensión debe reconocerse y liquidarse atendiendo al
cumplimiento de 55 años de edad, 20 de servicios y los factores salariales que
deben incluirse en la liquidación son todos aquellos percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, contenidos en la Ley 62 de 1985,
respetando la compatibilidad entre salario y pensión.
2.2. Contestación de la demanda.
2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio4 presentó contestación a la demanda, en
escrito en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda.
15. Para tal efecto explicó en síntesis que «[…] es la ley 812 de 2003 la que en
su artículo 81 dispuso que, el régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al servicio público
educativo oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y que
quienes se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serian afiliados al
FOMAG con los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con
excepción de la edad de pensión de vejez que sería de 57 años para hombres y
mujeres, es decir la incorporación de este sector de servidores al sistema general
de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.».
16. En ese sentido, explicó que en este caso donde la Gobernación del Tolima
certificó que la docente se vinculó como docente el 15 de julio de 2004, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ya señalada Ley 812 de 2003,
sus derechos pensionales son los del régimen de prima media señalados en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no le es aplicable lo dispuesto por
4 Expediente digital, primera instancia, archivo:
« 23_EXPEDIENTEDIGITAL_020_CONTESTACIONDEM.PDF»
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Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
la «Ley 71 de 1988», es decir a la actora no le asiste el derecho que reclama y
su pensión de jubilación no puede ser reconocida bajo los parámetros del artículo
7° de la tantas veces citada Ley 71 de 1988.»
17. Finalmente formuló las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro
de lo no debido», «prescripción de mesadas» y «reconocimiento oficioso o
genérica».
2.2.2. Departamento del Tolima. No dio contestación a la demanda.
2.3. La sentencia apelada5.
18. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 6 de julio de
2023 accedió a la nulidad del acto administrativo demandado y a título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la demandada reconocer a favor de la
accionante la pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985
y para «[…] el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá
al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior
a la adquisición del estatus pensional (comprendido entre el 1º de enero de 2017
y el 31 de diciembre de 2017), incluyendo como factores salariales la asignación
básica y las horas extras, con efectividad a partir del día 1.º de enero de 2018,
pero con efectos fiscales a partir del 11 de junio de 2018, por prescripción
trienal.».
19. Luego de analizar la sentencia de unificación del Consejo de Estado 25 de
abril 20196 estableció que el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales
para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación puede ser uno de
dos, a saber: el correspondiente a los vinculados como con anterioridad al 27 de
junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de 2003, que es el dispuesto
en la Ley 33 de 1985, siempre y cuando acrediten con el cumplimiento de los
requisitos previstos en dicha norma, y el segundo, el régimen pensional de prima
media general aplicable a aquellos que se vincularon con posterioridad a la
entrada en vigencia de la referida Ley 812 de 2003.
20. Luego estableció que de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional7 y del Consejo de Estado8, en los que frente a la actividad docente
se privilegia la realidad sobre las formalidades, resulta procedente que se
contabilice para efectos pensionales el tiempo durante el cual éstos prestaron
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, por
5Expediente digitalizado primera instancia, archivo:
«075_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_ACCEDEAP.pdf»
6 Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-014-Ce-S2-2019, radicación: 68001-23-33-000-2015-
00569-01(0935-17), demandante: Abadía Reynel Toliza Vs. MEN-FOMAG.
7 Se refirió a la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional.
8 Citó entre otros, del Consejo de Estado-Sección Segunda – Subsección B, con ponencia del Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015) y de la Subsección A Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, veintiuno (21) de mayo
de dos mil veinte (2020) Radicado: 810012333000201400002 01 (0966-2015) y 3 de junio de 2021 radicado
50001-23-33-000-2018-00357-01.
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Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
lo que es viable que se compute para el reconocimiento pensional de la señora
Bellamir Penagos Moscoso el tiempo docente servido al municipio de San Luis
entre 1988 y 2002, y por ende su vinculación al servicio se tiene que fue anterior
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, prestando servicios únicamente a entidades
de orden público, lo que le da derecho a gozar del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985, contrario a lo indicado
por la entidad demandada.
21. Del recuento de las pruebas allegadas concluyó que la demandante nació el
1º de enero de 1963, razón por la cual cumplió 55 años de edad el 1º de enero
de 2018: igualmente que, a través de contratos de prestación de servicios,
suscritos entre la demandante y el municipio de San Luis -Tolima-, desplegó la
labor docente oficial desde el 1 de abril de 1988 hasta el 15 de noviembre de
2002, de forma interrumpida, por un tiempo total de 9 años, 5 meses y 1 día.
22. Así mismo se vinculó como docente del departamento del Tolima desde el 15
de julio de 2004 de manera ininterrumpida y se encontraba activa al 23 de abril
de 2021, cuando se certificó el tiempo de servicios. Por tanto, adquirió el estatus
pensional el 1.º de enero de 2018, fecha para la cual cumplió 55 años de edad y
acreditó más de 20 años de servicios, teniendo en cuenta el lapso laborado (i)
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios por espacio de 9 años,
5 meses y 1 día, y (ii) mediante vinculación legal y reglamentaria, desde el 15 de
julio de 2004, motivo por el cual le asiste derecho al reconocimiento pensional de
conformidad con la Ley 33 de 1985.
23. En cuanto al ingreso base de liquidación estimó que la demandante durante
el año inmediatamente anterior al estatus pensional (comprendido entre el 1º de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017), devengó asignación básica,
bonificación mensual docentes, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones docentes y horas extras.
24. Sin embargo. estimó que los únicos factores salariales que deberán tenerse
en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación a que tiene derecho la demandante son la asignación básica y las
horas extras, atendiendo a la regla según la cual los factores que deben tenerse
en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado los
aportes, de acuerdo con el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
25. Realizó un juicioso estudio sobre los aportes pensionales y la facultad de las
entidades administradoras de fondos de pensiones, de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones del empleador y trabajador en materia de aportes al sistema
pensional y reparó en que no se advertía el reporte de los aportes a pensión entre
los años 1988 a 2002, no obstante que laboró mediante órdenes de prestación
de servicios en el municipio de San Luis – Tolima, razón por la cual tanto la citada
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entidad territorial como la accionante deberán asumir el pago de la cuota parte
que le corresponde frente a los tiempos de servicios prestados.
26. Estableció que el demandante adquirió su estatus pensional el día 1.° de
enero de 2018, la petición de reconocimiento pensional se presentó el 11 de
junio de 2021 y la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se
promovió el 15 de septiembre de 2021. Por tanto, ocurrió la prescripción de las
mesadas pensionales generadas con anterioridad al 11 de junio de 2018.
27. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución demandada y ordenó a
título de restablecimiento lo siguiente:
«[…]
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocer y pagar a favor de la señora BELLAMIR PENAGOS MOSCOSO, una pensión
de jubilación de conformidad con las previsiones de las leyes 33 y 62 de 1985. Para el
cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al
promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del
estatus pensional (comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de
2017), incluyendo como factores salariales la asignación básica y las horas extras, con
efectividad a partir del día 1º de enero de 2018, pero con efectos fiscales a partir del 11
de junio de 2018, por prescripción trienal.
Tercero: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales generadas con
anterioridad al 11 de junio de 2018, conforme lo dispuesto en parte considerativa de esta
sentencia.
Cuarto: Las sumas que resulten a favor de la demandante, se deberán actualizar
conforme lo dispuesto en parte motiva de esta providencia.
Quinto: La entidad demandada está facultada para recaudar el valor de las cotizaciones
y de las cuotas partes que se hubieren causado con ocasión de cada una de las órdenes
de prestación de servicios suscritas por parte Municipio de San Luis – Tolima con la
señora BELLAMIR PENAGOS MOSCOSO como contratista, de acuerdo con el término
de duración de cada orden en particular y las sumas pactadas en cada una de ellas como
honorarios, cuyos valores serán actualizados conforme lo ordena el artículo 187 del
C.P.A.C.A.
Sexto: CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme lo dispone el artículo 188 del
C.P.A.C.A., para lo cual se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente por concepto de agencias en derecho, y se ordena que por Secretaría se realice
la respectiva liquidación de los gastos procesales en los términos del artículo 366 del
C.G.P.
Séptimo: A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo».
2.4. Recurso de apelación
28. El apoderado de la entidad accionada9 presentó recurso de apelación, en
el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y denegar las
pretensiones de la demanda.
9 Archivo « 083_RECEPCIONRECURSOAPELACION_RECAPE202100341.pdf» ibidem.
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29. Al efecto inicialmente señaló que, para el reconocimiento pensional o
prestacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe
sujetarse a los parámetros fijados por la Ley 91 de 1989, que lo creó, también al
Decreto 2341 de 2003, que en cuanto al ingreso base de cotización de los
docentes, remite a los Decretos 1158 de 1994 y 3752 de 2003 que reglamentan
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
30. Luego manifestó, que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, a quienes se vincularon al servicio educativo antes de su vigencia, se les
aplican las disposiciones anteriores y los vinculados después se encuentran
amparados por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, mandato que fue ratificado por el parágrafo transitorio
1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
31. Indicó que teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante, y que se
vinculó como docente en propiedad posteriormente al año 2003, razón por la cual
le es aplicable la Ley 812 de 2003.
32. Luego se refirió a la prohibición de recibir dos asignaciones del tesoro público
y explicó que los docentes nacionales vinculados a partir del 1.° de enero de 1990
se les reconocerán una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector
público. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, el reconocimiento se efectuará de conformidad con el régimen
prestacional del que han venido gozando en cada entidad territorial. Teniendo en
cuenta lo anterior, el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica
a los empleados públicos del orden nacional y, por ello, « las disposiciones que
regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto son las
contenidas en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969».
2.5. Alegatos de segunda instancia
2.5.1. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
33. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
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Demandante: Bellamir Penagos Moscoso
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.
35. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
36. En este caso, la entidad demandada es la única apelante, por lo que la Sala
se referirá a los argumentos de disenso.
3.2. Problemas jurídico
37. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿la señora Bellamir
Penagos Moscoso tiene derecho a que su labor como docente desempeñada
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, a través de contratos de prestación
de servicios, le sea computada para que la pensión de jubilación le sea
reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?
38. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea positiva, deberá
verificar la Sala si ¿en este caso existe incompatibilidad entre el salario y la
pensión cuyo reconocimiento se ordena, en virtud de lo señalado por el artículo
128 Constitucional?.
39. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá (i) al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019 (ii) se analizará la vinculación docente a través de contratos de prestación
de servicios y el tiempo computable para el reconocimiento pensional, (iii) y se
estudiará el acervo probatorio para determinar si le asiste el derecho que
reclama.
3.3. Primer problema jurídico. ¿La señora Bellamir Penagos Moscoso tiene
derecho a que su labor como docente realizada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, entre ella la desarrollada a través de
contratos de prestación de servicios le sea computada para que la pensión
de jubilación le sea reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?
3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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40. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado11 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por
tanto los factores en sus liquidaciones pensionales son aquellos sobre los
que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la
Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente
a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.»
41. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:
«[…]
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
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✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.
42. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
43. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.
3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
44. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios para el
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reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es el caso de la
pensión gracia12.
45. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201613 estableció que la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los vinculados por relación legal y reglamentaria (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores
jerárquicos y (iii) desarrollan sus labores durante una jornada laboral de acuerdo
con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los
que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la
realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.
46. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección en
sentencia de 6 de febrero de 202014, explicó que el pronunciamiento que se
efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse
en dos escenarios con connotaciones diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento
en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la
comparecencia de la entidad de previsión.
47. Al resolver el caso concreto en la citada decisión de 6 de febrero de 202015
se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos del reconocimiento de pensional.
48. Finalmente es de resaltar que esta Subsección en sentencia de 23 de mayo
de 2024, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0116 (1950-
2023) estimó que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
12 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de
dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
13 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
14 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
15 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero dr. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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prestación de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985.
49. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencia sobre la materia de esta Subsección y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201617 según la cual la vinculación bajo la
modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación.
3.3.3. Caso concreto.
50. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo del Tolima, accedió a las
pretensiones de la demanda, para lo cual consideró que los periodos en los que
la actora laboró con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, permitían
la aplicación de las previsiones de la Ley 33 de 1985, incluidos aquellos
desplegados por contrato de prestación de servicios.
51. Por su parte, el apelante indicó que en este caso solo la vinculación de la
demandante en propiedad al servicio docente oficial, posterior a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, determina la norma aplicable, por lo que no se le
puede reconocer y liquidar la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985, sino
las normas posteriores como se indicó en el acto demandado de reconocimiento
pensional.
52. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.
3.3.3.1. Hechos demostrados
➢ Edad de la demandante: De acuerdo con copia de la cédula de
ciudadanía allegada junto con la demanda18 la señora Bellamir Penagos
Moscoso nació el 1.° de enero de 1963, por lo que cumplió 55 años de
17 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
18 Expediente digitalizado en el sistema SAMAI. Primera instancia documento « 005_Demanda.pdf», folio
14 del PDF.
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edad el 1.° de enero de 2018 y en la actualidad cuenta con 62 años de
edad.
➢ Tiempos de servicios.
Al efecto se acreditaron los siguientes tiempos de servicios:
• De conformidad con certificado laboral aportado a folio 16 idem19
expedido el 13 de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Gobierno
del municipio de San Luis – Tolima- , laboró como docente en los
siguientes periodos:
-
53. Esta Subsección a través de auto de mejor proveer de 12 de junio de 2025
ordenó al municipio de San Luis remitir los contratos de trabajo, órdenes de
prestación de servicios y/o actos administrativos de nombramiento y las
respectivas actas de posesión, y certificado de tiempo de servicios de la
demandante, como docente.
54. Por lo anterior el alcalde municipal remitió respuesta20 en la que indicó que el
8 de febrero de 2008 un incendió destruyó las instalaciones de la Alcaldía
Municipal y con ello, de los archivos existentes hasta esa fecha razón por la cual
no le fue posible aportar los contratos solicitados. Esto en los siguientes términos:
19 De la primera instancia. «004_DEMANDA20210902_12295879_removed_pagenumber», folios 22 y 23.
20 Índice 24. Segunda instancia
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55. Para respaldar la anterior información el alcalde remitió copia del Decreto 007
de 8 de febrero de 2008 por el cual se declaró la urgencia manifiesta en atención
al incendio que afectó las instalaciones del edificio de la Alcaldía Municipal y otras
dependencias.
56. Ahora bien, el hecho de que en el ente territorial en mención haya ocurrido
un incendio que afectó todos los archivos oficiales constituye una circunstancia
de fuerza mayor que justifica la imposibilidad de allegar directamente los soportes
originales de los contratos por parte de la Administración, contándose
únicamente con aquellos que aportó al proceso la parte demandante.
57. En ese contexto, ante la pérdida o destrucción de los documentos originales
se debe acudir al criterio de la sana crítica para la valoración de los documentos
aportados por la actora, privilegiando la efectividad de los derechos sustanciales
sobre las formalidades, dado que no existe ningún elemento que desvirtúe la
autenticidad, ni tampoco fue objeto de tacha alguna el certificado en que se
relacionaron los contratos de prestación de servicios, por lo que éste resulta
idóneo para acreditar los tiempos laborados en la modalidad de OPS y que
demuestra el objeto de los contratos, los tiempos de inicio y finalización, así como
las instituciones educativas en las que desarrolló la labor.
58. De acuerdo con esto, se advierte que la señor Penagos Moscoso laboró a
través de órdenes de prestación de servicios por 9 años, 6 meses y 5 días.
• Asimismo, según «FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL» de 20 de abril de 2021 expedido por la Secretaría de
Educación del Tolima, visible a folio 1621,se tiene que fue vinculada por
Decreto 0561 de 3 de julio de 2004, como docente desde el 15 de julio 2004 y
luego en propiedad, de forma ininterrumpida; encontrándose activa a la fecha
de expedición de la certificación, con lo cual acreditó 16 años, 9 meses y 5
21 Idem.
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días, pero tuvo ausencias por 11 días, con lo cual el tiempo total servicio, a la
fecha de expedición del certificado fue de 16 años, 8 meses y 24 días.
➢ Reclamación Administrativa
• Finalmente, a través del Oficio TOL2021EE025665 del 27 de julio de 2021,
dictado por Secretaría de Educación del Tolima, en nombre y
representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación con base en que a esa fecha
no cumplió los requisitos de la Ley 100 de 1993, norma que la entidad
consideró aplicable:
3.3.4. Análisis sustancial
59. De acuerdo con el marco jurídico expuesto en acápites anteriores es evidente
que todos los tiempos laborados por la demandante con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 son computables a efectos de cumplir con
el tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación.
60. En efecto, de acuerdo con lo señalado en el acápite precedente, solo para
aquellos docentes cuya vinculación sea posterior a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, esto es, al 27 de junio del mismo año, en materia pensional les son
aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, salvo respecto de la edad
para adquirir el estatus, la cual, según el artículo 81 de la mencionada Ley 812
de 2003, es de 57 años para hombres y mujeres.
61. Sin embargo, en este caso está suficientemente acreditado que la
demandante se vinculó como docente en municipio de San Luis- Tolima- a través
de contratos de prestación de servicios, desde el año 1988, por lo que antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 llevaba acumulados más de 9 años,
de servicios, sin que exista ningún sustento jurídico para desconocerlos en el
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cómputo del tiempo pensional a efectos de determinar el régimen que le es
aplicable; además, es de destacar que en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019 la Sección Segunda del Consejo de Estado22 no se hizo ningún
tipo de diferenciación frente al tipo de vinculación.
62. En la citada decisión judicial se estableció con toda claridad que el derecho a
la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.° de enero de
1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1.° de enero de
1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985.
63. Por lo tanto, al vincularse al servicio oficial docente el 1° de abril de 1988,
acumular más de 20 años de servicios en condición de maestra estatal y adquirir
la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta contrario al ordenamiento
jurídico desconocer que la accionante había laborado como profesora en el
sector público antes de la entrada en vigor de la mencionada norma. Además, la
edad pensional fue acreditada el 1.° de enero de 2018, fecha en que adquirió el
estatus pensional.
64. En este punto, se destaca que el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha
el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.
65. Lo anterior bajo el entendido que la Ley 812 de 2003 no consagró un régimen
de transición, razón por la cual, debe darse aplicación al principio de la condición
más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que
hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable. En efecto, a este principio se
acude en aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que
el Congreso haya previsto un régimen de transición que señale el trato normativo
que debe aplicarse a aquellas personas que, de alguna manera, se encontraban
cobijadas por una norma que les era más favorable.
66. De esa manera, ante la ausencia de previsión del régimen de transición por
parte de la Ley 812 de 2003, en virtud del principio de la condición más
beneficiosa es dable acudir en lo pertinente, a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
Bajo ese entendido, la Sala considera que la accionante goza del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, por remisión expresa contenida en el literal b) del
numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores pensionales son
22Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
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aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
67. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que la norma que regula la situación
pensional de la accionante es la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal b) del
numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores pensionales son
aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, esto sin que obste para que otros de creación
legal posterior puedan ser incluidos, en atención a su naturaleza jurídica, como
es el caso de la bonificación mensual docente que no figura dentro de los
señalados en la Ley 62 de 1985, pero fue creada por los Decretos 1566 de 2014,
123 de 2016, 983 de 2017.
68. En este caso, la demandante devengó los siguientes factores en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional ( ff. 23 y s.s. idem):
69. Así mismo a folio 29 se probó que devengó horas extras en el año 2018. No
se allegó certificación del año 2017 de horas extras.
70. Ahora bien, es de recordar que el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó
la reliquidación pensional con base en la asignación básica y las horas extras ( si
las devengó) expresamente señalados en la Ley 62 de 1985. Empero, como
dicha situación no fue objeto de apelación por la demandante, no es procedente
que la Sala se pronuncie al respecto en virtud del principio de la no reformatio in
pejus dado que la entidad demandada fue la única apelante.
71. En ese orden de ideas de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, y dado que los demás
tópicos del reconocimiento pensional ordenado por el a quo no fueron objeto de
apelación, corresponde a la Sala confirmar la orden de reconocimiento pensional
impartida en primera instancia.
3.4. Segundo problema jurídico. ¿En este caso existe incompatibilidad entre
el salario y la pensión cuyo reconocimiento se ordena, en virtud de lo
señalado por el artículo 128 Constitucional?
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3.4.1. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de
los docentes.
72. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
73. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
69. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
74. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
75. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
76. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas».
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77. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
78. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
79. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados como
a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los términos
señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de 2009 donde
estudió un caso similar al que aquí se discute23:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 199224 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
24 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
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80. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó25:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general "como de los regímenes especiales" 8, como era
natural -, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien
a los servidores oficiales docentes pensionados", sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión "exceptuanse las siguientes asignaciones", que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones
ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y
no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la
ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los
sujetos "docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».
81. Es decir, para los educadores la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y el
salario, en consecuencia, el pago de la prestación no debe estar sujeta al retiro
del servicio.
82. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
83. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
25 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública26.
84. Como se aprecia de todo lo anterior, para la demandante, vinculada al servicio
docente desde el año 1988, es compatible el percibir el salario y la pensión de
jubilación en los términos de la ley, condición que opera para aquellos vinculados
antes de la Ley 812 de 2003. Por ende, si después del cumplimiento del estatus
la demandante continuó laborando es perfectamente compatible que perciba la
pensión de jubilación que acá se ordena y el salario por su labor.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
85. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
88. En consecuencia, se impondrán costas a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
89. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
26 Sentencia de 22 de junio de 023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de julio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima que accedió las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Bellamir
Penagos Moscoso contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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