Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00470-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00470-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00470-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
Demandados: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Ibagué
Temas: Reconocimiento y pago de cesantías parciales / Sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías parciales / Periodicidad
del Acuerdo 34 de 1998
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Ibagué contra
la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala de Oralidad mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Elsa Inés Lozada Andrade presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos configurados
por el silencio administrativo negativo respecto de las peticiones presentadas el 12
de marzo de 2020 y el 3 de agosto de 2021, por medio de las cuales se pretendió
obtener el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, respectivamente.
1 En lo que sigue Fomag
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas el 12 de
marzo de 2020; ii) el pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de la
prestación; y iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de lo dispuesto en
los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Elsa Inés Lozada Andrade mediante oficio con radicado 1-006064 del 12 de
marzo de 2020 solicitó al Fomag y al municipio de Ibagué el pago de cesantías
parciales. Las entidades guardaron silencio.
3.2. El 3 de agosto de 2021, una vez superado el término de los 70 días sin que las
entidades le reconociera las cesantías referidas, mediante radicado
IBA2021ER017124 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Requerimiento que tampoco fue contestado. A la fecha de presentación de la
demanda transcurrieron 540 días de mora.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron el preámbulo y los artículos 2, 12, 23, 25 y 53 de la
Constitución Política; las leyes 244 de 1995, 1071 de 2006; 35 de la 734 de 2002 y
el 9, numeral 4, de la 1437 de 2011; y los decretos 029 de 2012 y 1272 de 2018.
4. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
La negativa al pago de las cesantías fue violatoria de las normas citadas, en cuanto
se desconoció la aplicación de la ley «que por virtud de la existencia de normas
especiales, a las que debe recurrirse sólo en tanto la norma especial resulte más
favorable que al general».
4.1. Los demandados no dieron aplicación a la «Ley 244 de 1995 – subrogada por la Ley
1071 de 206», ni a los términos del Decreto 1272 de 2018, tal como se refirió en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012/2018 proferida el 18 de julio de 2018 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda. Por el contrario, los pagos de las cesantías
estaban dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la entidad, pese a que
esos dineros eran de propiedad de los trabajadores «y que se entiende que el Estado
ya debe tener provisionados para entregarlos a su propietario una vez estos lo solicitan y
cumplan con los requisitos legales para ello» (sic).
3 índice 8 de Samai Tribunales y juzgados
4_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIGP_7300123330002021(.zip). 004- ESCRITO DEMANDA ELSA
INES LOZADA ANDRADE.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
1.2. Contestaciones de la demanda
5. El Fomag contestó la demanda en los siguientes términos4:
5.1. La jurisprudencia de las altas cortes5 ha determinado la procedencia de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías a cargo de esa entidad, pese a que no
estuviera prevista en las leyes 91 de 1989 y 962 de 2005. No obstante, los problemas
operativos en las entidades territoriales impidieron el cumplimiento de los términos
para la proyección de las respectivas resoluciones que reconocían las prestaciones
sociales de los docentes afiliados a ese fondo.
5.2. La
sanción moratoria derivada del pago de la cesantía parcial o definitiva
causadas hasta el 31 de diciembre de 2019 estaba a su cargo, a pesar de que la
mora haya sido causada por la entidad territorial. Sin embargo, la causación de dicho
pago a partir del 1 de enero de 2020 pasó a cargo del ente territorial.
5.3. En el caso concreto la mora se presentó en el año 2020, por lo que no le asistía
obligación alguna al respecto, pues el artículo 57 de la Ley 1955 de 20196 prohibía
el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a
los recursos del Fomag.
5.4. «Tal como se evidencia en el caso sub examine, las cesantías fueron puestas a
disposición del accionante, el día 30 de enero de 2021; y por ende, al amparo de la
Jurisprudencia decantada por el Consejo de Estado, la mora efectiva en el pago de
la prestación, cesó el día anterior al pago, esto […] es, el 29 DE ENERO DE 2021».
[sic]
5.5. Como excepciones propuso: i) «PAGO DE LAS CESANTÍAS SE ENTIENDE SATISFECHO
EN EL MOMENTO EN QUE SE PRODUCE EL ABONO EN LA CUENTA, INDEPENDIENTEMENTE
DEL MOMENTO EN QUE ESTA EL VALOR SE RETIRE POR EL TITULAR DEL DERECHO»; ii)
«DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE MORATORIA, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
DEBE OPERAR LA DESVINCULACIÓN DEL PROCESO DE LAS ENTIDADES»: iii)
«INEXISTENCIA ACTUAL DE LA OBLIGACIÓN EN CABEZA DE LAS ENTIDADES QUE
REPRESENTO, Y A FAVOR DEL DEMANDANTE. // AUSENCIA ACTUAL DE OBJETO LITIGIOSO,
4 Índice 17 de Samai de Tribunales y Juzgados.
5 «Sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo
de Estado, de los años 2017 y 2018, respectivamente».
6 «Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse
para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados
docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas
por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud
de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías” PARÁGRAFO TRANSITORIO.
Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades
fiduciarias públicas» (sic).
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
FRENTE A MIS REPRESENTADAS, POR PAGO DE LA OBLIGACION. // COBRO DE LO NO
DEBIDO, FRENTE A MIS REPRESENTADAS, PORQUE LA MORA[…] SE GENERÓ EN 2020»; iv)
«AUSENCIA ACTUAL DE PRESUPUESTOS MATERIALES»; v) «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA […], PARA ASUMIR DECLARACIONES Y CONDENAS POR SANCION
MORA, POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019»; vi) «LEGITIMACION EXCLUSIVA EN LA
CAUSA POR PASIVA DEL ENTE TERRITORIAL, PARA ASUMIR DECLARACIONES Y CONDENAS,
DERIVADAS DE SANCION MORATORIA GENERADAS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2020 »; vii)
«COBRO DE LO NO DEBIDO»; viii) «IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACION DE LA SANCION
MORATORIA»; ix) «NO PROCEDENCIA DE CONDENA EN COSTAS»; y x) «GENÉRICA» [sic].
6. El municipio de Ibagué contestó la demanda en los siguientes términos7:
6.1. La Ley 91 de 1989 creó el Fomag y, entre otras, definió que sus recursos serían
administrados por una fiducia pública o de economía mixta [artículo 3]. Así, aunque
el municipio, por medio de la Secretaría de Educación Municipal, estuviera llamado
a realizar diferentes procesos administrativos relacionados con los docentes, «su
labor, se suscribe a la de simple intermediaria sin responsabilidad en cuento al pago de las
prestaciones ante ellas solicitadas», por lo que no le era atribuible responsabilidad
alguna en cuanto al pago de la sanción por mora que se pretendió.
6.2. El acto administrativo de reconocimiento de las cesantías fue expedido dentro los
15 días hábiles siguientes a la fecha en que se radicó la solicitud8, de conformidad
con la Ley 1075 de 2015.
6.3. La entidad responsable del reconocimiento y pago de las cesantías parciales era
el Fomag y la que debió realizar el pago oportuno de la prestación era la
«Fiduprevisora S.A.» (sic).
6.4. Como excepciones propuso: i) falta de legitimación en la causa por pasiva frente
al municipio de Ibagué; ii) inexistencia de la obligación demandada a cargo del
municipio; iii) indebido agotamiento de la conciliación como requisito de
procedibilidad; iv) cobro de lo no debido; v) prescripción trienal; y vi) reconocimiento
oficioso de alguna excepción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, en sentencia del 25 de
enero de 20249 i) declaró configurado los actos fictos negativos generados por la falta
de respuesta a las peticiones presentadas por Elsa Inés Lozada Andrade el 12 de
marzo de 2020 y el 3 de agosto de 2021, mediante las cuales solicitó el pago de las
cesantías parciales y el reconocimiento de la sanción moratoria, respectivamente; ii)
declaró su nulidad; y iii) a título de restablecimiento:
«[…] TERCERO: […], se ORDENA a las accionadas el reconocimiento y pago de las
7 Índice 18 de Samai de Tribunales y Juzgados.
8 Esta afirmación se efectuó de forma genérica sin relacionarse con los presupuestos fácticos propios
de la demandante.
9 Índice 44 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
cesantías parciales reclamadas por la demandante el 12 de marzo de 2020, cuya
liquidación se efectuará en los términos de ley.
[…]
SEXTO: […], se ORDENA al Municipio de Ibagué, Secretaría de Educación, reconocer la
sanción por mora en la consignación de las cesantías parciales, equivalente a un día de
salario por cada día de retraso a favor de la señora Elsa Inés Lozada Andrade desde el
10 de octubre de 2020 hasta el momento en que se pague la prestación, que deberá ser
liquidada con base en el salario que devengaba en el año 2020, según lo manifestado en
la parte motiva de esta providencia.
La referida autoridad territorial también pagará la indexación del monto de las cesantías
que reconozca a la demandante, tomando como fecha inicial el 01 de julio de 2020 y como
fecha final el 09 de octubre de igual año.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas al Municipio de Ibagué y a favor de la demandante, las
cuales se liquidarán conforme a los artículos 365 y subsiguientes del Código General del
Proceso. Se fijarán las agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de
la demandada, en la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
OCTAVO: Por Secretaría se liquidarán los gastos ordinarios del proceso y si hubiese un
remanente, se devolverá a la parte actora. […]». [sic]
8. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. El12 de marzo de 2020, Elsa Inés Lozada Andrade radicó solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales «para remodelación de vivienda», la cual
cumplió con las exigencias de ley. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1071 de
2006, el ente territorial excedió el término de 15 días para la expedición del acto de
reconocimiento del auxilio solicitado, el cual expiraba el 3 de abril de 2020. No
obstante, guardó silencio, por lo cual se configuró el acto ficto negativo demandado.
8.2. En los términos de la sentencia SUJ-012-S2 proferida el 18 de julio de 2018 por
el Consejo de Estado y las pruebas aportadas al expediente, quedó acreditado que
se superaron los 70 días hábiles siguientes a la petición de reconocimiento y pago
del auxilio solicitado, sin que las demandadas emitieran pronunciamiento.
8.3. El silencio advertido hizo a la demandante beneficiaria de la sanción moratoria en
los términos de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, ante el no pago de las
cesantías parciales reclamadas [el cual no se acreditó].
8.4. En el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 existió suspensión de
términos durante la actuación administrativa del 30 de marzo al 1 de julio de 2020,
por lo que el término de los 70 días hábiles para le mencionado reconocimiento y
pago concluyó el 9 de octubre de 2020, «[e]n este punto es necesario precisar que la
prestación a que se viene haciendo alusión no se ha pagado a su beneficiaria» [sic].
8.5. Las cesantías debían ser indexadas desde el 1 de julio hasta el 9 de octubre de
2020, porque fue el periodo durante el cual se prolongó el pago de la prestación en
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
virtud de la referida suspensión de términos decretada por el municipio de Ibagué.
Fecha esta última a partir de la cual se generó la mora por el no pago de la prestación.
8.6. El silencio de la entidad frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción por mora presentada el 3 de marzo de 2021, generó la configuración del
respectivo acto administrativo ficto negativo.
8.7. De conformidad con la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del Consejo de Estado la
sanción moratoria debió liquidarse con el salario base que Elsa Inés Lozada Andrade
percibió en el año 2020.
8.8. Si
la sanción por mora en el pago de las cesantías era consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
pago de cesantías al fondo, la asumía la entidad territorial; pero si se causaba por
incumplimiento en su pago, el llamado a responder era el Fomag.
8.9. El municipio de Ibagué no acreditó el cumplimiento de los trámites del Decreto
1075 de 201510, por tanto, era el responsable del pago de la sanción moratoria por
desconocer los plazos para la radicación y/o entrega de la solicitud de pago de las
cesantías al fondo efectuada el 12 de marzo de 2020 y por la indexación del auxilio
desde el 1 de julio hasta el 9 de octubre del 2020.
8.10. De acuerdo con la sentencia de unificación ya enunciada, era «improcedente la
indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».
1.4. El recurso de apelación
9. El municipio de Ibagué solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia11,
para lo cual transcribió su contenido y reiteró los argumentos traídos en la
contestación de la demanda relacionados con que era el Fomag el responsable frente
al pago de las cesantías parciales y de la sanción moratoria por el no pago del auxilio,
pues, «la Secretaría de Educación Municipal, profirió el acto administrativo de manera
oportuna y no dio lugar a la mora reclamada, por lo que no le está dado acceder al
reconocimiento de la sanción moratoria solicitada, pues, del estudio de la documentación, se
advierte que la mora se generó en el pago y no en su reconocimiento y toda vez que la norma
limita la responsabilidad de la entidad territorial al reconocimiento oportuno, no se encuentra
mérito para acceder a lo solicitado por parte de esta entidad pública» [sic]12.
10. A través de un segundo escrito13 el ente territorial adicionó el recurso de apelación,
en los siguientes términos:
10.1. Como prueba sobreviniente se encontró el Oficio 2020EE2433 del 18 de marzo
10 Artículos 2.4.4.2.3.2.23., 2.4.4.2.3.2.24., 2.4.4.2.3.2.25. y 2.4.4.2.3.2.2.7.
11 Índice 49 de Samai de Tribunales y Juzgados. 29_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 49
12 Tal como se dejó constancia a párrafo 6, pie de página 8, «[e]sta afirmación se efectuó de forma
genérica sin relacionarse con los presupuestos fácticos propios de la demandante».
13
Índice 50 de Samai de Tribunales y Juzgados. 29_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 49
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
de 2020, remitido al correo elozada569@hotmail.com, con el cual se le ofreció
respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales presentada
el 12 de marzo de 2020 por la demandante, en la que se le indicó que:
«[…] su trámite no podía ser adelantado por cuanto y en tanto, se encontraba incurso en
la prohibición señalada en la normatividad, inciso 1 del artículo 5 del acuerdo 34 de 1998,
del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual
para el momento de su reclamación se encontraba vigente, el cual establecía como
requisito indispensable, que no era jurídicamente posible, realizar nuevamente una
solicitud de retiro de las cesantías que no fuera superior o que hubiesen transcurrido tres
(03) años, contados entre la solicitud y reconocimiento de las cesantías anteriores la
cuales se materializo con el pago el día el 24 de mayo de 2017, es decir que solamente
se encontraba habilitada para realizar una nueva solicitud de cesantías a partir del día 25
de mayo de 2020 y no el 13 de marzo del 2020, mediante el radicado SAC
IBA2020ER006064 del 12/03/2020, en el cual la señora Elsa Inés Lozada Andrade,
presentó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales a través del Sistema
de Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaria de Educación de Ibagué, lo cual le fue
debidamente informado y comunicado a la peticionaria y aquí demandante, mediante
oficio 2020EE2433 del 18 de marzo de 2020, se dio respuesta indicando que la docente
había recibido pago de cesantías el 24 de mayo de 2017, por lo anterior no han
transcurrido los 3 años para que pueda solicitar nuevamente dicho trámite. […]». [sic]
10.2. Para acreditar lo dicho, se aportó captura de pantalla de la plataforma «habilitada
para el adelantamiento de todos los trámites, comunicaciones, respuestas y notificaciones
con los que cuenta la Secretaria de Educación SAC Sistema de Atención al Ciudadano» [sic]
en el que se evidenció un comentario frente a la solicitud presentada, así: «EL
USUARIO dpadilla AGREGRÓ EL DOCUMENTO ADJUNTO: - IBA2020ER006064.PDF.
mediante oficio 2020EE2433 del 18 de marzo de 2020, se dio respuesta indicando que la
docente habia recibido pago de cesantias el 24 de mayo de 2017, por lo anterior no han
transcurrido los 3 años para que pueda solicitar nuevamente dicho trmite» [sic].
10.3. Elsa Inés Lozada Andrade tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud a tal
punto que presentó una segunda petición en la que señaló «mi solicitud de petición es
que se indique como va mi trámite de cesantías parciales, mediante notificación al correo
registrado elozada569@hotmail.com con radicación 1 006064 radicadas presencialmente en
la oficina, debidamente revisada y foliada con 23 anexos, a la fecha sin NNGUNA
notificación, a pesar de las solicitudes hechas, las cuales presentan evasivas y persuasión
para nuevo registro, manifiesto que no lo hare, pues fue revisada por dos funcionarios y
tengo el desprendible de radicación. por tanto exijo se de continuidad al trámite presentado»
[sic].
10.4. Mediante auto proferido el 25 de enero de 2021, al decidirse un incidente de
impacto fiscal, en el radicado 11001-03-25-000-2016-00992-00 (4473-16), el Consejo
de Estado suspendió hasta el 3 de febrero de 2022 los efectos de la sentencia del 31
de octubre de 2019, a través de la cual suprimió la periodicidad de 3 años para la
solicitud de las cesantías parciales de los educadores afiliados al Fomag.
10.5. La referida suspensión fue levantada el 12 de diciembre de 2024, por lo que,
para la fecha de los hechos se encontraba vigente el inciso 1 del artículo 5 del
Acuerdo 34 de 1998.
10.6. En consecuencia, los efectos de la sentencia estaban suspendidos por lo que,
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
en el caso de que no prosperara el recurso, dicho lapso debía ser descontado al igual
que como se realizó con la suspensión de términos por efectos del covid-19.
1.5. Actuaciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el
municipio de Ibagué14.
12. Mediante auto del 5 de diciembre de 202415, se negó la solicitud probatoria
presentada por el municipio de Ibagué, sin embargo, se ordenó oficiarlo para que
aportara al expediente copia del Oficio 2020EE2433 proferido el 18 de marzo de 2020
y la constancia de su remisión al correo electrónico de Elsa Inés Lozada Andrade
elozada569@hotmail.com.
13. El 26 de febrero de 202516, el ente territorial dio respuesta al anterior requerimiento
en los siguientes términos: «[r]especto a la solicitud de copia del Oficio 2020EE2433 del
18 de marzo de 2020, es necesario indicar que el mismo no fue encontrado dentro de los
archivos físicos ni digitales de la entidad, por cuanto fue expedido dentro de la Emergencia
Sanitaria del COVID-19 y para aquella época no era posible adjuntar soportes dentro del
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la epoca de esta secretaria. El único soporte
con que cuenta la entidad es el pantallazo tomado del Sistema de Atención al Ciudadano
(SAC) de la época, en donde se evidencia la anotación ?Respuesta a su oficio con radicación
IBA2020ER006064 del 12/03/2020-Solicitud Cesantias Parciales Reparacion. Se niega
solicitud por periodicidad (NO HAN TRANSCURRIDO 3 AÑOS DESE EL ULTIMO PAGO DE
CESANTIAS)?» [sic].
14. . Asimismo, aportó los siguientes documentos:
1. Pantallazo radicado SAC IBA2020ER006064 del 12/03/2020.
2. Pantallazo respuesta al radicado SAC IBA2020ER006064 del 12/03/2020.
3. Pantallazo de la remisión del Oficio 2020EE2433.
4. Pantallazo radicado SAC IBA2020ER021023 del 12/11/2020.
5. Pantallazo respuesta al radicado SAC IBA2020ER021023 del 12/11/2020.
6. Copia Resolución No. 1053-506 del 23/02/2017.
7. Certificado de pago Resolución No. 1053-506 del 23/02/2017.
8. Pantallazo periodicidad de cesantías tomado de la página del FOMAG.
15. A través de auto del 30 de abril de 202517, se decretaron como pruebas de oficio
los documentos aportados por el municipio de Ibagué referidos y se ordenó correr
traslado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del CGP.
14 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda del
22 de abril de 2024. Samai, índice 4,
actuación «4Auto que admite_18152024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4».
15 Índice 9 de Samai.
16 Índice 15 de Samai.
17 Índice 18 de Samai.
8
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
16. En auto del 15 de octubre de 202518 se concedió el término de 10 días para que
las partes presentaran sus alegatos, de conformidad numeral 5 del artículo 247 del
CPACA.
17. Las partes guardaron silencio en esta instancia.
1.6. Pronunciamiento del Ministerio Público
18. Elprocurador tercero delegado ante el Consejo de Estado19 solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, en tanto que la sanción moratoria de la
Ley 1071 de 2006 era procedente debido a que se configuró la mora en el pago de
las cesantías parciales, la cual se causó desde el 10 de octubre de 2020 y hasta que
se acreditara el pago efectivo de la prestación.
19. El incumplimiento de los plazos legales fue consecuencia de la omisión de la
Secretaría de Educación de Ibagué, al ser la responsable de la radicación o entrega
oportuna de la solicitud de pago de la prestación ante el Fomag, de acuerdo con el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, lo cual no ocurrió.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
20. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y
«[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. Los problemas jurídicos
21. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, en esas condiciones, el problema jurídico que se debe resolver en esta
instancia se contrae a determinar ¿si la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías parciales elevada por Elsa Inés Lozada Andrade el 12 de marzo de 2020,
debía decidirse bajo los parámetros del inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo 34 de 1998?
21.1. De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, ¿si a la sanción moratoria
reconocida a la demandante le aplica la suspensión de términos ordenada por el
Consejo de Estado en auto proferido el 25 de enero de 2021, al decidirse un incidente
de impacto fiscal, en el radicado 11001-03-25-000-2016-00992-00?
18 Índice 25 de Samai.
19 Índice 33 de Samai.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
22. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
como una cuenta especial de la nación con el fin de atender «las prestaciones sociales
de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se
vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación anual de las cesantías de
sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su
promulgación, así:
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a
las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).
23. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes
el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
24. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin
hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»20
25. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación21, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 22, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad
a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
21 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de
agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015- 00048-
01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad.
2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
22 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse
respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios
contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
proferida el 14 de abril de 201623, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley
91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de
enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que
regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden
nacional […]». [se resalta]
26. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de
vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer
los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.3.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
27. El artículo 324 de la Ley 91 de 198925 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.
23
«Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad.
2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».
24 ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro
de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad.
25 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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28. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
29. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría26.
30. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 27,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían
ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo
regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto
bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de
reconocimiento.
31. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 28, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 200529.
32. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)30.
33. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometida
al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento
26 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
27 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989.
28 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.
29 Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de
1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y cargas
administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también,
adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto,
superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos31.
34. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en cuanto
i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal»,
sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de
las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el
acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber también a las
solicitudes de cesantías parciales.
35. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía
el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas (45 días
hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público) y previó una
sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:
[…] Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.
36. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en concreto
al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de 201732, en
la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se desempeñan
como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos
legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006».
31 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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37. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201833, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales34, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción,
permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través
de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para señalar que el docente oficial,
al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías».
38. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de la
sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el
marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en el
que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos
y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:
«[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii)
45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley35
para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los
términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».
33 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
34 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los
trabajadores oficiales.
35 Artículo 69 CPACA.
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39. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
«[…] TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».
40. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201736) y por la sección segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201837); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales38.
2.3.3 Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no
pago de cesantías de la Ley 244 de 1995
41. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda de esta Corporación señaló que «[l]a Sala advierte que
la sanción moratoria no se causa de manera indefinida y, por ello, el legislador en el
parágrafo del artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, dispuso que «En caso de mora en el
pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas [...](Negrilla de la Sala). Esta
norma se hizo extensiva en el parágrafo del artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006 para
cesantías definitivas y parciales».
42. Asimismo, estableció las reglas sobre la prescripción de la sanción moratoria
36 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
37 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
por pago inoportuno o no pago de cesantías así39:
«[…] (i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento
en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia
a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después
de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío
o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término
que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la
prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho
por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria. […]».
2.4. Caso concreto
43. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
44. El 29 de noviembre de 2016, Elsa Inés Lozada Andrade solicitó el reconocimiento
y pago de una cesantía parcial con destino a reparación de vivienda, bajo el radicado
2016-CES-40089540.
44.1. En virtud de la Resolución 00000506 del 23 de febrero de 201741 el director
administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Ibagué le reconoció la
suma de $43.852.990 por concepto de liquidación parcial de cesantías, de la cual se
descontó el valor de $28.117.937, por lo que quedó como saldo la suma de
$15.708.053 como anticipo de las cesantías parciales con destino a la reparación de
vivienda. Decisión notificada el 17 de marzo de 201742 y cuyo pago quedó a su
disposición en entidad bancaria a partir del 24 de mayo siguiente43.
44.2. El 12 de marzo de 2020, Elsa Inés Lozada Andrade presentó petición con
radicado 1-006064 ante la Secretaría de Educación de Ibagué en la que solicitó el
pago de las cesantías parciales para reparación de vivienda44.
44.3. El 3 de agosto de 2021, mediante escrito con radicado IBA2021ER017124,
solicitó ante la Secretaría de Educación de Ibagué el «pago de las cesantías parciales
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
40 Índice 18 de Samai. Tribunales y juzgados
7_AGREGARMEMORIAL_018_CONTESTACIONMPI(.pdf) NroActua 18. Página 29 a 52.
41 índice 8 de Samai Tribunales y juzgados
4_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIGP_7300123330002021(.zip). 004- ESCRITO DEMANDA ELSA
INES LOZADA ANDRADE. Páginas 42 a 45.
42 Página 86 ibidem.
43 Índice 18 de Samai. Tribunales y juzgados
7_AGREGARMEMORIAL_018_CONTESTACIONMPI(.pdf) NroActua 18. Página 95.
44 índice 8 de Samai Tribunales y juzgados
4_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIGP_7300123330002021(.zip). 004- ESCRITO DEMANDA ELSA
INES LOZADA ANDRADE. Páginas 18 a 20.
17
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
solicitadas y radicadas […] el día 12 de marzo de 2020 con el número 1-006064 […] para
mejoramiento de vivienda», y el pago de un día de salario por su no pago de acuerdo
con la Ley 244 de 1995, subrogada por la 1071 de 200645.
44.4. El municipio de Ibagué allegó al proceso las siguientes impresiones de pantalla:
• Consulta del requerimiento IBA2020ER006064 en el Sistema de Atención al
Ciudadano (SAC), del cual se extrae: i) fecha de creación el 12 de marzo de 2020; ii)
el 13 del mismo mes y año se cargó el documento correspondiente; y el 5 de mayo
siguiente se registró el comentario: «mediante oficio 2020EE2433 del 18 de marzo de
2020, se dio respuesta indicando que la docente habia recibido pago de cesantias el 24 de
mayo de 2017, por lo anterior no han transcurrido los 3 años para que pueda solicitar
nuevamente dicho trmite» [sic], y su inmediata finalización46.
• «[R]adicación de Salida (2020EE2433)» (sic) del mismo sistema, en la que figura
como destinataria Elsa Inés Lozada Andrade y en cuyo asunto se indicó: «[r]espuesta
a su oficio con radicación IBA2020ER006064 del 12/03/2020 – Solicitud Cesantías Parciales
Reparación. Se niega solicitud por periodicidad (NO HAN TRANSCURRIDO 3 AÑOS DESDE
EL ULTIMO PAGO DE CESANTIAS)»47:
• Consulta del requerimiento IBA2020ER021023, presentado por Elsa Inés Lozada
Andrade el 12 de noviembre de 2020 por el canal web, en el que solicitó «que se
indique como va mi tramite de cesantías parciales, mediante notificación al correo registrado
elozada569@hotmail.com con radicación 1-006064 radicadas presencialmente en la oficina,
debidamente revisada y foliada con 23 anexos, a la fecha sin NNGUNA notificación, a pesar
de las solicitudes hechas, las cuales presentan evasivas y persuasión para nuevo registro,
manifiesto que no lo hare, pues fue revisada por dos funcionarios y tengo el desprendible de
radicación. por tanto exijo se de continuidad al tramite presentado» [sic]. Trámite en estado
45 Páginas 49 a 52 ibidem.
46 Índice 50 de Samai. Tribunales y juzgados 30_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 50Páginas
16 y 17 ibidem.
47
Página 21 ibidem.
18
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
«FINALIZADO» el 25 de noviembre de 2020, previa anotación «reciba un cordial saludo,
se evidencio que el mismo fue objeto de reproche por parte de esta oficina toda vez que para
esa epoca estaba aun vigente la periodicidad, al igual se manifiesta que la misma fue
respondida con oifico IBA2020ER006064 del 12 de marzo de 2020, por tanto se sugiere que
radique nuevamente la solicitud» [sic]48:
• Impresión de «Preguntas frecuentes» del 26 de febrero de 202549 , en el que se
lee:
44.5. Deacuerdo con la certificación del 19 de febrero de 2024 expedida por
Fiduprevisora S.A. y dirigida a Elsa Inés Lozada Andrade, se hizo constar que la
cesantía parcial reconocida mediante la Resolución 506 del 23 de febrero de 2017
quedó a su disposición a partir del 24 de mayo de 2017, por valor de $15.708.05350.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
45. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad declaró la nulidad de los
actos fictos demandados y, como consecuencia, ordenó i) a las accionadas «el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por la demandante el 12 de
marzo de 2020»; ii) al municipio de Ibagué a «reconocer la sanción por mora en la
consignación de las cesantías parciales, equivalente a un día de salario por cada día de
retraso a favor de la señora Elsa Inés Lozada Andrade desde el 10 de octubre de 2020 hasta
el momento en que se pague la prestación, que deberá ser liquidada con base en el salario
que devengaba en el año 2020» [sic].
48
Páginas 23 a 25 ibidem.
49 Indice 15 de Samai. Adjunto 13_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAREQUERIMIE(.pdf)
NroActua 15. Página 20.
50
Página 44 ibidem.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
46. El municipio de Ibagué, mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2024,
reprodujo los argumentos relacionados con su ausencia de legitimación en la causa
por pasiva frente a las pretensiones de reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías y el pago de la sanción moratoria por su no pago, contenidos en la
contestación de la demanda, los cuales fueron objeto de análisis y decisión en la
sentencia apelada, sin que expusiera inconformidad alguna con las consideraciones
a través de las cuales el tribunal de instancia desestimó dicho cargo. Circunstancia
que impide un pronunciamiento en tal sentido.
47. No obstante, en el escrito de adición del recurso del 20 de febrero de 2024,
argumentó que solo hasta el momento de presentación del recurso tuvo conocimiento
de la prueba de que la petición del 12 de marzo de 2020 sí fue atendida mediante el
Oficio 2020EE2433 del 18 de marzo de 2020 y de su remisión al correo electrónico
registrado por la demandante, según el registro del Sistema de Atención al
Ciudadano. Anotación que evidenciaba que la respuesta fue desfavorable de
conformidad con la periodicidad de tres años prevista en el inciso 1 del artículo 5 del
Acuerdo 34 de 1998, que solo habilitaba presentar una nueva solicitud de cesantías
tres años después del último pago de similar auxilio.
48. En atención a los argumentos traídos en el escrito de adición de la apelación,
llama la atención de la Sala que son varios los supuestos fácticos referidos
relacionados con la existencia del Oficio 2020EE2433 del 18 de marzo de 2020, su
notificación y contenido, con los cuales pretendiera demostrar que la petición de
reconocimiento y pago de cesantías elevada el 12 de marzo de 2020 por Elsa Inés
Lozada Andrade le fue decidida de manera desfavorable y cuya respuesta le fue
notificada a través del correo electrónico elozada569@hotmail.com.
49. De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, es un hecho cierto la
ausencia del referido documento y el acto de notificación aludido, pues pese a que
fue requerido en esta instancia judicial mediante auto del 30 de abril de 2025 no se
aportó por el municipio apelante, lo cual sustentó en el hecho que, de acuerdo con
los pantallazos adjuntos del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la
Secretaría de Educación Municipal, el funcionario que tuvo a cargo el trámite, el 5 de
mayo de 2020 finalizó la actuación con la anotación «mediante oficio 2020EE2433 del
18 de marzo de 2020, se dio respuesta indicando que la docente había recibido pago de
cesantías el 24 de mayo de 2017, por lo anterior no han transcurrido los 3 años para que
pueda solicitar nuevamente dicho trámite» [sic], el cual fue remitido a la peticionario a través
del correo electrónico elozada569@hotmail.com.
50. No obstante, también indicó que «no fue encontrado dentro de los archivos físicos ni
digitales de la entidad, por cuanto fue expedido dentro de la Emergencia Sanitaria del
COVID-19 y para aquella época no era posible adjuntar soportes dentro del Sistema de
Atención al Ciudadano (SAC) de la época de esta secretaria» [sic]51.
51. Sumado a ello, se tiene que, precisamente ante la ausencia de respuesta a la
51 Ver índice 15 de Samai. Adjunto «13_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAREQUERIMIE(.pdf) NroActua 15». Páginas 9 a 11.
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Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
solicitud de cesantías del 12 de marzo de 2020, la demandante reiteró su pedimento
el 12 de noviembre de 2020 a través del requerimiento IBA2020ER021023, en el que
solicitó «que se indique como va mi tramite de cesantías parciales, mediante notificación al
correo registrado elozada569@hotmail.com con radicación 1-006064 radicadas
presencialmente en la oficina, debidamente revisada y foliada con 23 anexos, a la fecha sin
NNGUNA notificación, a pesar de las solicitudes hechas, las cuales presentan evasivas y
persuasión para nuevo registro, manifiesto que no lo hare, pues fue revisada por dos
funcionarios y tengo el desprendible de radicación. por tanto exijo se de continuidad al tramite
presentado» [sic].
52. Actuación que evidencia la falta de trámite de la entidad a dicha solicitud, de
manera alguna, contrario a lo considerado por el municipio en su respuesta, de tal
pedimento se «infiere que la demandante era conocedora de la negación realizada al
trámite de cesantías parcial del 12/03/2024 con radicado SAC IBA2020ER006064, por
cuanto indicó que no realizaría una nueva radicación y exigía se continuara con el tramite ya
presentado» [sic]. Por el contrario, insistió en este ante la falta de trámite de la entidad.
53. Por otra parte, tampoco se comparte ni justifica que el municipio de Ibagué trajera
dicho argumento de defensa a través de la adición del recurso de apelación, al referir
que solo hasta ese momento conoció «como nueva prueba y/o prueba sobreviniente»
los referidos pantallazos, los cuales como bien se mencionó se encontraban
reportados en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaría de
Educación Municipal desde el mismo momento en que fue radicada la solicitud inicial
el 13 de marzo de 2020.
54. De acuerdo con lo anterior, no puede precisarse la existencia del Oficio
2020EE2433 del 18 de marzo de 2020, ni de su acto de notificación, por lo cual dicho
argumento carece de veracidad, configurándose el acto ficto tal como fue declarado
en primera instancia.
55. Conviene precisar que aun de haberse acreditado la existencia del oficio, ello no
modificaba la orden de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía parcial ni la
sanción moratoria por la mora en su pago, ya que, según la propia entidad, este
contenía una respuesta negativa a la solicitud bajo el argumento de la periodicidad.
56. Por otro lado, el municipio apelante argumentó que no era procedente la solicitud
de reconocimiento y pago de cesantías parciales elevada el 12 de marzo de 2020,
de acuerdo con la periodicidad contenida en el inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo 34
de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio52 según el cual «[n]o podrán radicarse solicitudes por trámite
ordinario, sino después de tres años contados a partir de la fecha de pago de la anterior»,
pues el último pago del auxilio de cesantía a favor de la demandante data del 24 de
mayo de 2017, por lo que solo podía requerirlo hasta el 24 de mayo de 2020. Bajo
tales circunstancias, debía presentar una nueva solicitud.
52 Por el cual se modifican los acuerdos del 11 de enero de 1995 y número 1 del 26 de junio de 1996
sobre el trámite de cesantías parciales de os docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
57. Al respecto, se recuerda que mediante sentencia del 31 de octubre de 201953, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B declaró la nulidad de la referida
disposición, bajo los siguientes argumentos:
«[…] Ahora bien, tomando como punto de partida el artículo 121 de la Constitución
Política, que dispone que “[n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas
de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, la Subsección no advierte que del artículo
4 de la Ley 91 de 1989 se desprenda la competencia del Consejo Directivo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio para proferir el enunciado normativo cuestionado en
el presente proceso, pues, tal como lo adujo la parte actora, las funciones previstas en la
mencionada Ley están relacionadas con la administración del fondo, sin que impliquen la
facultad para regular el ejercicio del derecho de petición en torno a las cesantías parciales
y definitivas, a tal punto de invadir la órbita de competencia del legislador.
Efectivamente, la disposición demandada constituye una restricción al derecho
fundamental de petición, por cuanto impide presentar las solicitudes relacionadas con las
cesantías parciales de los docentes en cualquier tiempo, pues, tal como lo ha reiterado la
jurisprudencia constitucional, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de
petición “la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes
ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas”[17]54; por lo cual el hecho de que al interesado no se le permita presentar una
solicitud, ya sea porque la autoridad se niegue a recibirla o que impida su presentación,
implica una limitación a ese derecho fundamental y, en consecuencia es un asunto que
debe ser regulado por el Legislador.
En ese orden, se evidencia que al establecer un límite temporal a la radicación de
solicitudes de cesantías parciales a través de la disposición demandada, el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vulnera los
derechos de los docentes a requerir sus prestaciones a las cuales tienen derecho,
especialmente, se advierte una transgresión al derecho fundamental de petición, el cual,
además, constituye un asunto que se encuentra bajo reserva de Ley, por lo cual las
autoridades administrativas no pueden sustituir al Legislador en lo relativo a la restricción
del ejercicio del derecho fundamental de petición.
Por otro lado, se advierte que aunque la autoridad demandada aseguró que el enunciado
normativo acusado fue proferido con el propósito de establecer un orden de prioridad en
la resolución de las solicitudes y lograr una distribución equitativa de los recursos
financieros, lo cierto es que no se logran dichas finalidades, en tanto dicha disposición
restringe, de entrada, la posibilidad de radicación en cualquier tiempo de la solicitud de
avance de cesantías, lo cual resulta diferente a determinar un orden en la resolución de
los requerimientos de las prestaciones sociales. Tampoco es una medida con la que se
logre la distribución equitativa de los recursos financieros, pues la posibilidad de los
docentes de hacer uso de las prestaciones a las cuales tienen derecho no puede quedar
supeditada a la falta de disponibilidad presupuestal, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional en varias oportunidades[18]55.
En ese orden de ideas, se concluye que de las normas invocadas en el acto administrativo
que contiene la disposición demandada y de las mencionadas en la contestación de la
demanda, no se advierte que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio tuviera competencia para establecer un límite temporal a la
53 CP Cesar Palomino Cortes. Expediente 11001-03-25-000-2016-00992-00(4473-16)
54 Cita original: Es abundante la jurisprudencia existente sobre el núcleo esencial del derecho de
petición. Se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-147 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-108 de 2006 y T-490 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-1130 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-373 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
55 Cita original: Corte Constitucional, Sentencia SU-014 de 2002. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
radicación de la solicitud de cesantías parciales por parte de los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]».
58. Decisión notificada el 29 de noviembre de 2019.
59. El 28 de noviembre de 2019, la ministra de educación nacional radicó solicitud de
apertura de incidente de impacto fiscal en relación con la referida sentencia. Mediante
auto del 25 de enero de 2021, notificado el 20 de abril siguiente, entre otras, se
admitió el incidente y se suspendieron los efectos de la sentencia «hasta tanto se
decida, en el marco del incidente, sobre la modulación o modificación de sus efectos, de
conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 9 de la Ley 1695 de 2013».
60. Mediante providencia del 3 de febrero de 2022, la corporación decidió i) negar las
pretensiones del Incidente de Impacto Fiscal; ii) abstenerse de modular los efectos
de la sentencia del 24 de octubre de 2019; y iii) levantó la suspensión de los efectos
de aquella.
61. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de instancia, el cual fue negado a
través de providencia del 12 de febrero de 2026. Decisión notificada el 18 de febrero
de 2026.
62. Del anterior recuento procesal, es evidente que no resulta oponible para justificar
la falta de resolución por parte del municipio demandado respecto de la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales elevada el 12 de marzo de 2020 por
Elsa Inés Lozada Andrade. Como se observa, para el momento de su radicación el
inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo 34 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del
Fomag ya había sido declarado nulo [sentencia notificada el 29 de noviembre de
2019], y solo fue hasta el 20 de abril de 2021 que se notificó la decisión que ordenó
la suspensión de sus efectos.
63. Valga decir, que desde el día de radicación de la solicitud de cesantías parciales
[12 de marzo de 2020] a la fecha en que se suspendieron los efectos de la sentencia
del 31 de octubre de 2019 [20 de abril de 2021], la entidad contó con el plazo
legalmente establecido para decidirla y no lo hizo.
64. Ahora, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta la tesis del municipio
apelante, no se puede desconocer que a la demandante el último avance de
cesantías parciales le fue pagado el 24 de mayo de 2017, por lo que en los términos
de periodicidad del inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo 34 de 1998, debió radicar la
solicitud el 24 de mayo de 2020. No obstante, si bien lo hizo el 12 de marzo de 2020,
lo cierto es que la reiteró el 12 de noviembre siguiente, pero con pleno
desconocimiento de ello, la entidad insistió de manera errada en que para el
momento de la primera radicación de la solicitud estaba «aún vigente la periodicidad»,
en vez de dar trámite al pedimento de forma inmediata. Negativa que evidenció una
denegación de sus derechos bajo argumentos dilatorios contrarios a los postulados
de eficiencia y eficacia56, «en procura de la efectividad del derecho material objeto de la
56 Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
actuación administrativa».
65. En ese orden, Elsa Inés Lozada Andrade estaba habilitada para radicar la solicitud
de cesantías parciales el 12 de marzo de 2020, sin que le fuera exigible el transcurso
de los tres años previstos en la disposición anulada. En consecuencia, el municipio
de Ibagué estaba obligado a tramitarla. Por lo tanto, este argumento no prospera.
66. Superado el primer problema jurídico, encaminado únicamente a establecer si la
demandante debía presentar la solicitud de cesantías de acuerdo con la periodicidad
del inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo 34 de 1998, se recuerda que la orden de
reconocimiento y pago de las cesantías parciales pretendidas y su indexación
proferidas en primera instancia, no fue objeto de apelación, por lo que la Sala se
abstendrá de emitir un pronunciamiento puntual al respecto
67. En cuanto a la solicitud subsidiaria de descontar del pago de la sanción por mora
el lapso durante el cual estuvieron suspendidos los efectos de la sentencia que
declaró la nulidad de la periodicidad, por analogía con el tratamiento dado a la
suspensión de términos decretada con ocasión de la emergencia sanitaria por el
covid-19, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que
esta última impidió materialmente a la administración adelantar la actuación, mientras
que la suspensión de los efectos de una sentencia de nulidad en el marco de un
incidente de impacto fiscal, de manera alguna pudo tener incidencia para que el
municipio de Ibagué se abstuviera de tramitar y resolver la pluricitada solicitud. A lo
anterior se agrega que el auto [notificado el 20 de abril de 2021] que ordenó la
suspensión de los efectos de la sentencia fue posterior a la fecha en que se causó la
mora [26 de septiembre de 2020, según el cómputo que se precisa más adelante],
de manera que no puede descontarse un lapso que comenzó cuando el
incumplimiento ya se encontraba configurado.
68. Bajo tal panorama y para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías se tendrán en cuenta las reglas fijadas por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de julio de 2018
antes citada, se tiene que la reclamación se presentó el 12 de marzo de 2020 y el
municipio tenía un plazo de 70 días hábiles para realizar el pago de las cesantías, el
cual vencía el 30 de junio de 2020, sin embargo, hubo suspensión de términos por la
emergencia sanitaria por el covid-19 desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio del
año 2020, por lo que los 70 días empezaron a correr el 13 de marzo de 2020 [de los
cuales trascurrieron 10 días hábiles hasta el 27 de marzo de 2020], de manera que
al reanudarse lo término el 1 de julio de 2020 restaban 60 días hábiles, por lo que el
término de los 70 días venció el 25 de septiembre de 2020 [descontando la
suspensión de términos en razón a la emergencia por covid-19], fecha en la cual
debió efectuarse el pago de las cesantías, sin embargo ello no se acreditó en el
proceso. En consecuencia, el municipio de Ibagué incurrió en la mora prevista en la
Ley 1071 de 2006 a partir del 26 de septiembre de 2020.
69. En relación con la prescripción trienal de la sanción moratoria de acuerdo con la
regla fijada en la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
de 2023 se contabiliza desde que se hace exigible, esto es al vencimiento del término
legal para el pago del auxilio de cesantías, por lo tanto, si la solicitud de sanción
moratoria se presenta después de 3 años contados desde su exigibilidad, se
configura la prescripción trienal.
70. En el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
se presentó el 3 de agosto de 2021, es decir dentro de los 3 años contados desde su
exigibilidad, por lo tanto, no se configuró este fenómeno prescriptivo toda vez que su
exigibilidad surgió a partir del 26 de septiembre de 2020 y contaba hasta el 26 de
septiembre de 2023 para reclamar en término el derecho, lo cual ocurrió con mucha
antelación como bien se indicó en precedencia, razón por la cual, la reclamación se
efectuó dentro del término de ley.
71. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa en razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que ello
no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los salarios y
prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición deriva en la
consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que resulta aplicable es
el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe
con la presentación de la respectiva reclamación.
72. Por ello, la sanción moratoria puede generar una penalidad que se extienda
indefinidamente en el tiempo, razón que justifica acudir a un parámetro objetivo de
causación: aquel según el cual solo podría extenderse por 3 años desde que se hizo
exigible el derecho, salvo que antes de que esto ocurra, se efectúe el pago.
73. Así las cosas, según el lineamiento contenido en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los 3 años se contarán «desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible» en este asunto desde el 26 de
septiembre de 2020 hasta el 26 de septiembre de 2023. Este término se tiene como
un límite razonable para la acumulación del valor a pagar por concepto de sanción
moratoria; sin perjuicio de que se acredite su pago con anterioridad a esta data.
74. Ahora bien, comoquiera que la entidad no acreditó el pago del auxilio de las
cesantías esta Sala no encuentra elementos probatorios que permitan establecer el
límite temporal por el cual reconocer la sanción por la mora demostrada. Sin
embargo, en relación con el tiempo que debe abarcar la indemnización, se considera
necesario definir un parámetro objetivo como tope máximo y no admitir el incremento
ilimitado de la sanción moratoria, pues de lo contrario, se desconocería el criterio de
esta Sección, adoptado a partir de la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201657, según la cual los salarios moratorios hacen parte del derecho sancionador y,
como tal, no se le puede calificar como un derecho imprescriptible, con los
consecuentes efectos de que tampoco se puede admitir una penalidad
imprescriptible, tal y como lo ordena el artículo 28 de la Constitución Política.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
75. De conformidad con lo anterior, la Sala modificará y adicionará al ordinal sexto de
la sentencia apelada para establecer que el pago de la sanción moratoria será desde
el 26 de septiembre de 2020 hasta el 26 de septiembre de 2023, sin perjuicio de que
se acredite su pago con anterioridad a esta fecha.
2.5. Costas
76. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
77. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
78. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma58.
79. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
80. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
ordenada en primera instancia.
3. Conclusión
81. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Elsa Inés Lozada Andrade
estaba habilitada para radicar la solicitud el 12 de marzo de 2020 y el municipio de
Ibagué se encontraba obligado a tramitarla y resolverla dentro del término legal.
58 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
82. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida 13 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, mediante la cual se
declaró la nulidad de los actos fictos demandados y se ordenó el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales y de la sanción moratoria. Además, se limitará el
reconocimiento de esta última y se revocará la condena em costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 13 de marzo de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad que accedió a las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Modificar y adicionar al ordinal sexto de la sentencia proferida el 25 de
enero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, el cual
quedará así:
SEXTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENA al Municipio de Ibagué, Secretaría de
Educación, reconocer la sanción por mora en la consignación de las cesantías
parciales, equivalente a un día de salario por cada día de retraso a favor de Elsa
Inés Lozada Andrade desde el 26 de septiembre de 2020 hasta el 26 de
septiembre de 2023 sin perjuicio de que se acredite su pago con anterioridad a
esta fecha. La sanción deberá ser liquidada con base en el salario que devengaba
en el año 2020, según lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Revocar la condena en costas de primera instancia.
Cuarto. No condenar en costas en ninguna instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00470-01 (1815-2024)
Demandante: Elsa Inés Lozada Andrade
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS
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