Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00072-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00072-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2022-00072-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de mayo de 2022
Demandante: Diana Carolina Blanco Martínez
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00072-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00072-01
Demandante: DIANA CAROLINA BLANCO MARTÍNEZ
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
OTROS
Temas: Tutela de fondo – vacaciones individuales de empleados de la
Rama Judicial – revoca sentencia de primer grado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Diana Carolina
Blanco Martínez en contra de la sentencia proferida en primera instancia el 22
de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se negó
la solicitud de amparo deprecada.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Diana Carolina Blanco Martínez, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – en adelante DEAJ -, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué1, en procura de la defensa de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al descanso y a la salud.
2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con el Oficio DESAJIBO22-39 de 19 de enero de
2022 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
En este acto administrativo se negó la asignación presupuestal necesaria para
nombrar a una persona en el cargo de asistente jurídica que ella desempeña en
el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué
mientras disfruta de sus vacaciones. También aduce que la afectación de sus
1 El escrito de tutela se envió el 9 de diciembre de 2021 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
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derechos fundamentales se consolidó con la respuesta negativa que le dio esta
autoridad judicial frente a su solicitud de goce de su descaso por el periodo
laborado entre el 3 de junio de 2020 y el 2 de junio de 2021.
1.2. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:
3. La señora Diana Carolina Blanco Martínez se desempeña en el cargo de
asistente jurídica en provisionalidad en el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
4. Afirmó que disfrutó por última vez de sus vacaciones por el periodo laborado
entre el 3 de junio de 2019 y el 2 de junio de 2020, encontrándose pendientes
las generadas por el lapso transcurrido entre el 3 de junio de 2020 y el 2 de
junio de 2021.
5. Por lo anterior, el 12 de enero de 2022 le solicitó vía correo electrónico a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué la
asignación de presupuesto para que se designe una persona que la reemplace
en el cargo que ocupa actualmente en el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mientras disfruta de sus vacaciones
del 7 al 31 de marzo de 2022.
6. Mediante el Oficio DESAJIBO22-39 del 19 de enero de 2022, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué le informó que no
había disponibilidad presupuestal para designar su reemplazo, entre otros, por
el recorte presupuestal “que año tras año efectúa el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público”. Sin embargo, le aclaró que de conformidad con lo dispuesto
en la Circular PSAC05-89 del 18 de noviembre de 2005, en el despacho judicial
en el que labora se podía optar por la distribución de tareas entre los demás
empleados mientras goza de su descanso.
7. El 26 de enero de 2022, la actora le solicitó al Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué el disfrute de sus vacaciones del
14 de marzo al 25 de abril. Para el efecto, le adjuntó el Oficio DESAJIBO22-39
del 19 de enero de 2022.
8. El 27 de enero de 2022, el juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué le negó su petición, con fundamento en que sus funciones,
específicamente las de proyección de asuntos de orden constitucional, están
dentro de los denominadas “urgentes” y que por la alta carga laboral del
Despacho no puede asignarle esas labores a ningún otro servidor judicial.
Adicionó que su decisión era necesaria ante la negativa de aprobación de la
disponibilidad presupuestal para que se nombre un reemplazo.
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1.3. Sustento de la vulneración
9. Sostuvo que no es posible reasignar sus funciones entre los demás
servidores del Despacho porque este tiene una excesiva carga laboral
distribuida entre sus compañeros y designarles cosas adicionales implicaría un
trato “desigual y discriminatorio hacia ellos”.
10. Mencionó que “el Tribunal Superior de esta localidad” amparó sus derechos
fundamentales de un empleado que desempeña su mismo cargo en un Juzgado
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, y que, por ello, es
clara la vulneración del derecho fundamental a la igualdad.
11. Iteró que “la referida corporación” le concedió el amparo de sus derechos
fundamentales a Aidy Lorena Basto Valencia, quien es su compañera, tras
considerar que no se le puede dar prelación a cuestiones económicas e impedir
que un empleado goce de las vacaciones que tiene pendientes.
12. Añadió que la Sección Quinta del Consejo de Estado también ha protegido
en sede de tutela a los empleados de los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad de distintos despachos judiciales que quieren disfrutar de
sus vacaciones. Al respecto, mencionó las sentencias proferidas dentro de los
expedientes: 11001-03-15-000-2020-05144-002, 11001-03-15-000-2021-04977-
013 y 11001-03-15-000-2021-05469-004.
1.4. Pretensión constitucional
13. En concreto la parte actora solicitó:
i) A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la
provisión de los recursos necesarios para que el titular del Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adopte las medidas
que se necesarias para conceder las vacaciones equivalentes a 25 días
continuos por el año de servicio, solicitado por esta servidora.
ii) Al Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
Tolima, para una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie los
recursos solicitados, me conceda el disfrute de las vacaciones solicitadas.
1.5. Trámite de primera instancia
14. En auto del 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima
admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad
de accionados a la DEAJ, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué y al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
2 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
3 M.P. Rocío Araújo Oñate.
4 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Seguridad de Ibagué.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
15. Por medio de su presidenta solicitó que se le desvincule de este trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva o que se denieguen todas las
pretensiones que le involucren. Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, dentro de sus funciones no se
encuentran las de asignar partidas presupuestales para reemplazos en
vacaciones u ordenar gasto.
16. Arguyó que las citadas funciones le corresponde asumirlas a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué a través del área financiera,
según lo establecido en el artículo 103 ibídem.
17. Reiteró que los cargos de esta solicitud de amparo no tienen vocación de
prosperidad porque la tutela es un mecanismo destinado a la protección de
derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o agraviados, y
que eso no ocurrió en el caso que expone la tutelante.
1.6.2. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué
18. Manifestó que la accionante labora actualmente en el cargo de asistente
jurídica en provisionalidad y relató que desempeña especialmente funciones
relativas a asuntos constitucionales. Afirmó que concederle a la servidora el
disfrute de sus vacaciones sin que exista disponibilidad presupuestal para
designar a alguien que la reemplace implicaría traumatismos para la prestación
del servicio de administración de justicia.
19. Expuso que, en un caso análogo, la Sección Quinta del Consejo de Estado
concluyó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
respectiva es la que debe proveer las medidas necesarias para que los
despachos judiciales operen con normalidad.
20. En consecuencia, señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial del Tolima no solamente le vulnera sus derechos
fundamentales a la señora Blanco Martínez, sino que, además, incumple con
las funciones de implementar las medidas pertinentes para que ese despacho
pueda prestar el servicio judicial.
21. Explicó que la decisión de negarle a la actora el goce de su descanso no
implica que se le desconozca el derecho o que lo pierda, y que la razón de la
negativa obedece a la necesidad del servicio y a la falta de asignación de
presupuesto.
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22. Para finalizar, solicitó que se nieguen las pretensiones que lo involucran y
que se le ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué proveer los recursos necesarios para que se le puedan otorgar las
vacaciones a la señora Blanco Martínez.
1.7. Sentencia de primera instancia
23. En providencia del 22 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de amparo tutelar bajo el argumento de que la
necesidad del servicio puede justificar el aplazamiento de las vacaciones de
algunos empleados de la Rama Judicial, sin que ello se pueda perpetuar
indefinidamente porque de esa forma sí se vulneraría el derecho fundamental al
descanso.
24. Para arribar a tal conclusión, manifestó que la asignación presupuestal fue
denegada acertadamente por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional del
Tolima porque la Circular N. ° PSAC11-44 de 2011 del Consejo Superior de la
Judicatura que establece los lineamientos para gestionar los recursos solamente
cobija los reemplazos de los funcionarios judiciales y en esta categoría se ubican
únicamente los magistrados de Tribunales, jueces de la República y directores
Seccionales de Administración Judicial.
25. Añadió que la segunda razón para no acceder a sus pretensiones obedece
a las razones del servicio. Lo anterior, porque la señora Blanco Martínez tiene a
su cargo la resolución de asuntos de competencia del juzgado, solicitudes de
orden constitucional que se catalogan como urgentes y otros aspectos jurídicos,
aunado a que el Despacho en el que labora tiene una alta carga laboral, pocos
empleados y ello impide que sus funciones sean redistribuidas.
1.8. Impugnación
26. La señora Blanco Martínez insistió en que la Sección Quinta de esta
Corporación ha protegido a los funcionarios de la Rama Judicial que gozan de
vacaciones individuales en su derecho fundamental al descanso. Adujo que en
la sentencia del 23 de septiembre de 2021 (exp. 11001-03-15-000-2021-05496-
00 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil) se explicó que “impedir el derecho a las
vacaciones basado en restricciones administrativas, no es una carga que deban
soportar los tutelantes”.
27. Apuntó que persisten los hechos que manifestó en su escrito de tutela y por
ello, subsiste la vulneración de sus derechos fundamentales.
28. Indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué también
protegió a un empleado de la Rama Judicial bajo supuestos fácticos y jurídicos
similares a los suyos, específicamente en el fallo de tutela de radicado N. °
73001-22-04-000-2021-00544-00.
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29. Por lo anterior, insistió en que se le ordene a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué proveer los recursos necesarios
para nombrar su reemplazo, y que una vez esto ocurra, el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad le conceda el
disfrute de su descanso.
1.9. Trámite de segunda instancia
30. Mediante auto del 21 de marzo de 2022, el magistrado ponente advirtió que
el trámite adolecía de una nulidad de carácter saneable. Lo anterior, dado que
se notificó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué a una dirección electrónica inexistente. En consecuencia, ordenó que se
le pusiera en conocimiento a esa entidad el auto admisorio de esta tutela, la
demanda y el fallo de primera instancia con el fin de que adelantara la actuación
que estimara pertinente.
31. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
mencionó que, aunque no fue notificada del auto en el que el Tribunal
Administrativo del Tolima, asumió el conocimiento de este asunto, “en procura
de que la nulidad presentada sea saneada, informó que ya se le pusieron en
conocimiento todas las actuaciones surtidas en el proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
señora Diana Carolina Blanco Martínez contra la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 22 de febrero de 2022. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
33. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima solicitó que se le
desvincule del presente asunto al carecer de legitimación en la causa por
pasiva, porque adujo que la encargada de asignar partidas presupuestales para
el reemplazo de empleados y funcionarios es la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial del Tolima.
34. Se rechazará su solicitud, dado que fue vinculado en este trámite
constitucional por el interés que le asiste en las resultas del proceso, teniendo
en cuenta las funciones a su cargo, desarrolladas en el artículo 101 de la Ley
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270 de 19965, las cuales guardan relación con lo que pretende la señora Blanco
Martínez a través del ejercicio de esta acción.
2.3. Legitimación en la causa
35. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
36. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
37. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
38. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
39. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
40. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
5 ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
SECCIONALES. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura
tendrán las siguientes funciones:
1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del
Consejo Superior de la Judicatura.
(…)
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el desarrollo
armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos judiciales.
(…).
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adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda6.
41. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Diana Carolina Blanco Martínez, quien se desempeña en el cargo de
asistente jurídica en provisionalidad en el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, es quien le solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué la asignación de
presupuesto para que se nombrara a alguien en su cargo, y a la autoridad
judicial en la que labora el disfrute de sus vacaciones correspondientes al
periodo laborado entre el 3 de junio de 2020 y el 2 de junio de 2021.
42. Por otro lado, la Sala evidencia que la DEAJ, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, se encuentran
legitimados en la causa por pasiva, de conformidad con las funciones que
tienen asignadas las dos primeras instituciones en los artículos 987 y 1018 de
Ley 270 de 1996 y a que lo que motivó a la actora a promover esta solicitud de
amparo es que no ha logrado el disfrute de su descanso por el periodo laborado
en el despacho judicial mencionado entre el 3 de junio de 2020 y el 2 de junio
de 2021.
2.4. Problema jurídico
43. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca el fallo del 22 de febrero de 2022 en el que el Tribunal Administrativo del
Tolima negó el amparo solicitado, con base en los siguientes cuestionamientos:
¿Se supera el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la
acción de tutela en el sub lite? De ser afirmativa esta respuesta, se
deberá analizar si, ¿resultaron vulnerados los derechos fundamentales a
6 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de
2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.
7 ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a
las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial.
8 ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
SECCIONALES. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura
tendrán las siguientes funciones:
(…)
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el desarrollo
armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos judiciales.
(…).
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la igualdad, al trabajo, al descanso y a la salud de la señora Diana
Carolina Blanco Martínez con ocasión a que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué negó la asignación de
una partida presupuestal para que se nombrara a una persona en su
reemplazo y, con fundamento en ello, el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad le negó el goce de sus vacaciones?
44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela (ii) de la naturaleza subsidiaria
de la acción y la improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales
disponibles y eficaces; (iii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iv)
procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto; y, (v)
análisis del caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
45. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
46. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de
defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter
subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de
manera supletoria, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de
defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable9.
2.5.1. Inmediatez
47. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
manifestado que el estudio de este requisito obedece a la protección inmediata
de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción10.
48. De esta manera, en el caso en concreto la señora Diana Carolina Blanco
Martínez interpuso la presente acción de tutela el 31 de enero de 2022, esto es,
tan solo unos días después de que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué le negara la asignación presupuestal para su
reemplazo mediante el Oficio DESAJIBO22-39 de 19 de enero de 2022 y que el
Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué
hiciera lo mismo respecto a su solicitud de vacaciones el 27 de enero siguiente.
9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
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En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se supera el
requisito de la inmediatez.
2.5.2. Subsidiariedad
49. La señora Blanco Martínez solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué la asignación presupuestal para que se
nombrara a alguien que la reemplace mientras disfruta de las vacaciones
correspondientes al periodo laborado entre el 3 de junio de 2020 y 2 de junio de
2021. Esta entidad le negó su petición mediante el Oficio DESAJIBO22-39 del
19 de enero de 2022.
50. Así las cosas, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra el citado oficio, mediante el cual se negó
la asignación de presupuesto para que se nombre a una persona en el cargo
que desempeña la actora en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué mientras disfruta de su descanso, puede
interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
51. Sin embargo, la Sala considera que en el presente caso la acción de tutela
es el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados por la
parte actora. Es importante resaltar que no se discute que en efecto existe otro
mecanismo de defensa judicial, sin embargo, este no resultaría idóneo en el
presente caso, en el que está plenamente demostrado que la actora no
cuestiona la legalidad de la decisión sino el hecho de que no ha logrado
disfrutar de su derecho al descanso remunerado por el periodo laborado entre
el 3 de junio de 2020 y el 2 de junio de 2021.
52. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. La falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante
de la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico
colombiano11.
53. En el presente caso nos encontramos ante una empleada judicial que no ha
podido disfrutar de su derecho fundamental al descanso remunerado. Se pone
de presente que los empleados y trabajadores tienen derecho a disfrutar de un
periodo de vacaciones por cada año de servicio. Por ende, exigirle a la actora
que acuda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
implicaría seguir dilatando en el tiempo del descaso al que tiene derecho por
cumplir los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico (un periodo de
vacaciones por cada año de servicios prestados).
11Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencia del 14 de octubre del 2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No.
11001-03-15-000-2021-03070-01.
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54. Por tanto, la Sala considera que la accionante no posee un instrumento
jurídico idóneo y eficaz para el amparo oportuno de sus derechos
fundamentales, especialmente el del descanso, que ya debería haber
disfrutado. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de
acuerdo con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de
esta controversia.
2.6. El derecho al descanso del servidor judicial
55. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana12, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 constitucional que señala que todas las
personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
56. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13 en su
artículo 7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7º14 del Protocolo de San Salvador15.
12 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004,
C-035 de 2005.
13 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo
Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".
14 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en
el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias,
para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se
tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado,
el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera
otra prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral.
Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las
disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento
para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
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57. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea
jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”16. En efecto, el marco
normativo constitucional de este derecho se deduce de la interpretación
sistemática17 de los artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es
una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los
principios mínimos fundamentales del trabajo18.
58. En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la
manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un
tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen
un mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso
en el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para
quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o
proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales
para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el
empleador o patrono, pueda el servidor público, en este caso, disfrutar de un
merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con
sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.
59. Así, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo,
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración
de los días feriados nacionales.
15 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319
de 1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
16 Sentencia C-710 de 1996 //A propósito en dicha sentencia se expresó la siguiente: “Uno de
los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo
trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud
física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras
tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como
uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por
ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación
laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso
dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores
que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no
falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del
empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la
remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los
requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración,
pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo
laboral”.
17 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-009 de 1993 y C-024 de 1998.
18 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 2018.
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para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal
desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.
60. En relación con lo anterior la Corte Constitucional, en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad
que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y
materiales, para proteger su salud física y mental, para compartir con
su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para
abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más
en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones.
(…)
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro
Estado Social de Derecho que en la Constitución goza de especial
protección. Es el fundamento de todo el régimen de seguridad social,
y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al
patrono a crear riqueza para él y su empresa necesita su apoyo en
todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han
agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono
(accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación,
etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono
parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir
entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario
se agota, envejece o muere prematuramente19.
61. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual
debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que
sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de
este derecho, así lo ha dicho la Corte:
¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a través de la
tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al
descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la
ordinaria laboral o la contencioso administrativa (sic), por lo que el
carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el
artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción
constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial,
19 Corte Constitucional, sentencia C-019 de 2004.
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cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección
transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado20.
2.7. Caso Concreto
62. En el presente caso, la señora Diana Carolina Blanco Martínez solicitó el 12
de enero de 2022 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué la asignación presupuestal para que el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué pudiera designar a
alguien que la reemplazara mientras disfrutaba de su periodo de vacaciones
entre el 7 y el 31 de marzo de 2022.
63. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué le negó su petición mediante el Oficio DESAJIBO22-39 del 19 de enero
de 2022, y le informó que el Despacho en el cual labora podía optar por
redistribuir sus labores entre los demás funcionarios mientras disfruta de sus
vacaciones. No obstante lo anterior, el 27 de enero siguiente, el Juzgado Cuarto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué le negó el goce de
sus vacaciones bajo el argumento de que no era posible reasignar sus
funciones dada la alta carga laboral que tienen actualmente y a que ella se
encarga especialmente de los asuntos constitucionales que se catalogan como
urgentes.
64. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011. En esta circular se reguló la manera en que deben realizarse los
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen
de vacaciones individuales. En dicha circular se establece
[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el
nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic)
se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya
lugar a ello.
65. Esta circular tiene por asunto: “vacaciones de los funcionarios judiciales del
Régimen de Vacaciones Individuales”, lo que significa que no existe disposición
alguna para los empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo
el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar que
de conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se
entienden funcionarios judiciales a los jueces, magistrados y fiscales, mientras
que los demás servidores serán empleados judiciales.
20 Corte Constitucional, sentencia T-076 de 2001.
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66. Por tanto, para la Sala contrario a lo manifestado en la sentencia del 22 de
febrero de 2022, es evidente que existe una omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para
que los empleados judiciales puedan disfrutar de su derecho fundamental al
descanso remunerado. Las vacaciones deben entenderse como una garantía
superior del trabajador y constituyen una condición mínima que ofrece la
posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física,
para así proteger su salud física y mental y fortalecer su dedicación para el
desarrollo de sus actividades.
67. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,
las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
199621. Esta norma establece que empleados de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, de
acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos
por cada año de servicios.
68. En consecuencia, es evidente que la actora tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
desconoce las necesidades de servicio alegadas por el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. Sin embargo, el deber
de garantizar la adecuada prestación del servicio público de administrar justicia
no puede ser admitida como una excusa válida para no permitirle a un
empleado gozar de su derecho a las vacaciones.
69. Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben
tomar todas las medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que
la ausencia de un empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede
generar traumatismos que afecten el funcionamiento de la dependencia judicial
y, por ende, el debido servicio de la administración de justicia. En este caso, el
Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué ha
puesto de presente que, por la excesiva carga laboral de esa dependencia
21 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de
los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo
con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales
de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”.
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judicial, el disfrute de las vacaciones de la actora sin un remplazo afectaría el
funcionamiento del Despacho. En consecuencia, también es previsible que se
perturbe el derecho de acceder a una adecuada administración de justicia de
los ciudadanos que tienen procesos en esa dependencia judicial. Así las cosas,
para la Sala el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una
alternativa idónea que permite compatibilizar el derecho de la actora a disfrutar
de sus vacaciones y el derecho de los ciudadanos de contar con una adecuada
y eficiente administración de justicia.
70. Para evitar traumatismos en las dependencias judiciales mientras sus
empleados disfrutan de su derecho fundamental al descanso remunerado, el
nombramiento de un remplazo es una opción idónea y eficaz. Esta permite
compatibilizar la tensión entre el derecho al descanso remunerado y el derecho
de los ciudadanos de contar con una adecuada y eficiente administración de
justicia. Como lo señaló la parte actora en el escrito de tutela y en la
impugnación, el criterio expuesto en los párrafos anteriores ha sido reiterado
por esta Sala en anteriores oportunidades22, así como por la Sección Cuarta23 y
Primera24 de esta Corporación.
71. En definitiva, es necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué adelante todas las gestiones necesarias para
que el juzgado en el que presta sus servicios la actora pueda seguir cumpliendo
sus funciones sin traumatismos y sin interrumpir el acceso al aparato judicial,
mientras ella disfruta de sus vacaciones. Y en ese sentido, deberá expedir el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. Por analogía a lo
establecido para el caso de las vacaciones de los funcionarios judiciales, la
figura del remplazo es una alternativa que permite que los empleados judiciales
disfruten de sus vacaciones sin causar alteraciones en los Despachos judiciales
para los cuales laboran.
72. En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo
hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los
22 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencia del 14 de octubre del 2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No.
11001-03-15-000-2021-03070-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-
03-15-000-2020-05144-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-
000-2019-01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-
000-2021-04539-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12
de diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8
de mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627-
00.
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recursos necesarios para que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué adopte las medidas que se requieren para
concederle las vacaciones a la señora Diana Carolina Blanco Martínez. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.
73. Una vez la dependencia respectiva de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, esta última entidad le deberá
comunicar al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del
disfrute de las vacaciones para la señora Diana Carolina Blanco Martínez.
2.8. Conclusión
74. Por todo lo anterior, se revocará la sentencia del 22 de febrero de 2022, y
en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,
al descanso y a la salud de la señora Diana Carolina Blanco Martínez, dado
que, como se puso de presente, la falta de asignación de presupuesto no es
una carga que deba soportar.
75. En mérito de lo expuesto, al encontrarse probada la vulneración de las
garantías fundamentales a la igualdad, al trabajo, al descanso y a la salud de la
accionante, esta Sala de decisión concederá el amparo deprecado en la
presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima, por las razones expuestas.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al descanso,
al trabajo y a la salud de la señora Diana Carolina Blanco Martínez, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
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notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para
que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de
la señora Diana Carolina Blanco Martínez. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dispondrá de diez (10) días hábiles, contados a partir de
la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.
Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, esta
última entidad le deberá comunicar al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, quien a su vez deberá, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora
Diana Carolina Blanco Martínez.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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