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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00235-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00235-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el primero (1.º) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL- UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora ANA BEATRIZ LLACHE LEAL, con base en el 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 9 de diciembre de 2013, efectiva desde el 10 de diciembre de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 14 de marzo de 2016 por prescripción trienal de mesadas. […]» Segundo. CONFIRMAR la providencia apelada en todo lo demás. Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2022-00235-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)
Demandante: Ana Beatriz Llache Leal
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacionalizada y territorial. El reajuste anual de las pensiones
conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es una disposición
de cumplimiento legal que no requiere pronunciamiento judicial.
Condena en costas en primera instancia. MODIFICA Y
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el primero (1.º) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Ana Beatriz Llache Leal instauró demanda1 contra la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 018594 del 19 de junio
de 2019, y (ii) RDP 025082 del 22 de agosto de 2019; por medio de las cuales se
negó el reconocimiento de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión
respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar esta

1 Ver expediente digital en el índice 3 de SAMAI – Tribunales.

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prestación con efectividad desde el 10 de febrero de 2014, con los reajustes anuales
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de los montos adeudados de
conformidad con el artículo 187 del CPACA.

4. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 de dicha norma
y que la entidad demandada asuma las costas a que haya lugar.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que nació el 16 de agosto de 1955 y fue vinculada inicialmente como docente
oficial seccional nombrada por el departamento del Tolima entre el 5 de marzo de
1975 y el 12 de septiembre de 1979. Luego fue designada en calidad de educadora
en propiedad por parte del municipio de Ibagué desde el 27 de diciembre de 1997,
al menos hasta el 18 de septiembre de 2018 cuando aún seguía activa.

6. El 14 de marzo de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
la cual fue negada a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera vulnerados los artículos: 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1.º de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto 1743 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43
de 1975; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de 1979; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 2, 3,
6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7, 34, 37, 38 y 41 de la
Ley 715 de 2001; y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.

8. Expresa que los actos demandados están viciados de nulidad por falsa
motivación, pues del tiempo de servicios prestados desde el 5 de mayo de 1975
hasta el 12 de diciembre de 1979, no había discusión alguna respecto de su carácter
departamental – nacionalizado, ya que los mismos habían sido certificados bajo esa
naturaleza. Añadió que la inconformidad se predicaba del período laborado desde
el 20 de enero de 1998 hasta el 18 de septiembre de 2018, el cual fue certificado
del orden Nacional, sin que se hubiese tenido en cuenta que su vinculación se había
hecho a través del Decreto 001150 de 26 de diciembre de 1997, expedido por el
alcalde de Ibagué, sin que en tal acto se evidenciara el visto bueno de algún
delegado del Ministerio de Educación Nacional, así como tampoco se invocaron
facultades de desconcentración administrativa. Por esa razón concluyó que en los
términos de artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, dicho vínculo fue del orden territorial
y por tanto le permitía adquirir el derecho reclamado.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda fue admitida el 15 de julio de 2022.2 La UGPP manifestó3 que la
demandante no cumplía con los requisitos exigidos en la normativa aplicable para
ser titular de la pensión solicitada, pues esta no contaba con los 20 años de servicio
como docente de orden distrital, municipal o departamental. Al respecto precisó que
la primera vinculación de la actora se produjo desde el 21 de febrero de 1975 hasta
el 30 de abril de 1979 con carácter nacionalizado. No obstante, señaló que la
relación legal sostenida desde el 26 de diciembre de 1997 hasta el 27 de abril de
2005 obedecía a una del orden nacional, tal como constaba en las pruebas
practicadas, lo que hace imposible tener en cuenta tales tiempos para efectos del
reconocimiento en mención.

10. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, ausencia de vicios de
los actos demandados, prescripción, genérica y buena fe.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

11. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 1.º de junio de
2023 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la
reclamante calculada con el 75% del promedio salarial de este último año, pero
efectiva desde el 14 de marzo de 2016 por prescripción de mesadas que también
declaró probada. Finalmente condenó en costas a la parte accionada.

12. Expresó que la actora acreditó el cumplimiento de la edad y del tiempo de
servicio para acceder a la pensión gracia. Ahora, sobre el período laborado desde
el 20 de enero de 1998 manifestó que si bien obra en el expediente el certificado de
historia laboral donde se indica que para esa época tenía la calidad de docente
nacional, lo cierto es, que conforme al material probatorio se puede concluir que
aquella no tenía dicha calidad, pues como se observa en el acto administrativo de
nombramiento (Decreto 1150 de 26 de diciembre de 1997) y en las resoluciones por
medio de las cuales se ordenó su ascenso y reubicación al interior de la misma
Secretaría de Educación Municipal, tales actos fueron proferidos por entidades del
orden territorial, sin que en ninguno haya intervenido una entidad del orden nacional.

13. Aseguró que, en tal sentido, y tal como lo ha manifestado el Consejo de Estado,
la autoridad nominadora sirve para determinar de manera inequívoca cual es el tipo
de vinculación del docente, que en el presente caso resultaría ser del orden
territorial, lo que implica que no tendría razón la entidad demandada al haber
negado el derecho reclamado al aducir que la docente laboró lapsos con vinculación

2 Ver índice 4 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver índice 15 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 30 de SAMAI – Tribunales.

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nacional.

14. En todo caso, planteó que está acreditado además que la accionante fue
vinculada como educadora oficial antes del 31 de diciembre de 1980 al haber
laborado para el departamento del Tolima desde 1975 como docente nacionalizada,
lo cual, al margen de la solución de continuidad que hubiese tenido, no le impide
consolidar la pensión solicitada.

15. Precisó que el estatus pensional lo adquirió el 13 de julio de 2013 al cumplir los
20 años de labor educativa, por lo que la liquidación de la prestación debe darse
sobre un 75% del total de la remuneración percibida durante el año anterior a esta
fecha, y con efectividad desde esta misma.

16. Frente a la prescripción señaló que la demandante presentó la petición de
reconocimiento pensional el día 14 de marzo de 2019, hecho que interrumpió dicho
fenómeno, resultando evidente que transcurrieron más de tres (3) años entre ésta y
la consolidación del derecho, esto es el 13 de julio de 2013, razón por lo cual el pago
de las sumas que resulten del reconocimiento pensional deberá efectuarse a partir
del 14 de marzo de 2016.

RECURSOS DE APELACIÓN

17. La parte demandante5 solicita que se realice una corrección frente a la fecha
del estatus pensional, bajo el entendido de que en primera instancia no se tuvo en
cuenta que presentó dos licencias no remuneradas que deben ser descontadas del
total del tiempo de servicio, lo que hace que la efectividad del derecho sea a partir
del 10 de diciembre de 2013 y no desde el 13 de julio de 2013.

18. Además, solicita que se adicione la parte resolutiva de la providencia recurrida
en el sentido de que se condene al pago de los reajustes anuales de conformidad
con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, así como a la indexación de los valores
adeudados y al reconocimiento de los intereses moratorios según lo autorizado por
el artículo 192 del CAPACA.

19. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, no es posible
que el docente perciba al mismo tiempo dos prestaciones concedidas por la Nación,
pues la pensión gracia fue concebida exclusivamente para los educadores al
servicio de los distritos, departamentos o municipios.

20. Añadió que a la actora no le asiste el derecho que reclama puesto que no
acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, ya que no cuenta

5 Ver índice 34 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 35 de SAMAI – Tribunales.

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con 20 años de servicio como docente de orden territorial si se tiene en cuenta que
su vinculación al servicio de la educación desde el 21 de febrero de 1975 hasta el
30 de abril de 1979 fue de carácter nacionalizado, tal como consta en la certificación
de historia laboral.

21. Dijo que, en todo caso, contrario a lo manifestado por el tribunal, la reclamante
luego del año 1979, en este caso desde el 26 de diciembre de 1997 hasta 30 de
noviembre de 2014 se vinculó al servicio como docente nacional según el certificado
de salarios del 6 de diciembre de 2014.

22. Manifestó que los Fondos Educativos Regionales al contar con financiamiento
para sus salarios con recursos del Situado Fiscal (hoy Sistema General de
Participaciones), constituyen rubros girados directamente por la Nación, lo que
resulta incompatible para el reconocimiento de la pensión gracia en virtud de las
normas que regulan la materia; por lo que, el argumento de la descentralización
invocado por la actora no afecta el tipo de vinculación por medio de la cual desarrolló
su labor, pues en razón de tal fenómeno no puede considerarse que pasó de ser
educadora nacional a territorial.

23. Frente a la condena en costas planteó que se advierte que el actuar de la
entidad a través de sus decisiones encuentra sustento en los documentos que
fueron allegados por la parte demandante y que reposan en el expediente, sin que
se evidencie en el trámite una actuación transgresora de los principios de buena fe
y lealtad procesal, por lo que no es procedente dicha imposición en atención a lo
resuelto por el Consejo de Estado en sentencia del 6 de julio de 2016 (20486).

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

24. El 10 de octubre de 20237 se admitieron los recursos de apelación.

25. La parte demandada8 afirmó que la demandante fue nombrada por el
departamento del Tolima mediante el Decreto 077 de 21 de febrero de 1975, pero
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 en concordancia con el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, solamente se entiende como personal docente
nacionalizado quien haya sido vinculado antes del 1 de enero de 1976, por lo que,
contrario a lo concluido por el tribunal, el tiempo de servicio prestado por la actora
entre el 21 de febrero de 1975 y el 12 de septiembre de 1979 debe entenderse como
una vinculación nacional.

26. El Ministerio Público9 solicitó que se confirme la sentencia apelada. Planteó
que el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante se realizó conforme a

7 Ver índice 4 de SAMAI.
8 Ver índice 11 de SAMAI.
9 Ver índice 12 de SAMAI.

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la normativa vigente al momento de alcanzar su estatus pensional con el
cumplimiento de todos los requisitos legales, pues fue vinculada el 7 de octubre de
1974 y desempeñó su labor docente por más de 20 años al servicio de la educación
pública «[…] en el departamento de Nariño nombrado directamente por el alcalde y
el secretario municipal de educación de Pasto y en la Escuela Normal Superior de
Pasto, esto es en instituciones de carácter territorial […]» (sic), lo que le permite
acceder al derecho reclamado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.

28. Adicionalmente se determinará si debe modificarse la fecha del estatus
pensional, si era procedente la condena en costas en primera instancia en contra
de la entidad demandada, y si hizo falta un pronunciamiento expreso sobre las
pretensiones del ajuste anual de la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100
de 1993, de la indexación de los valores adeudados y de los intereses moratorios
del artículo 192 del CPACA.

Marco normativo y jurisprudencial

29. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo prestado al Estado, tal como se determinó en el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913.10

30. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:

10 «Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor

de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente ley […]»

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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

31. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 198911
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de establecimientos
de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que laboraran en plazas
departamentales o municipales, o que hubiesen estado sometidos al proceso de
nacionalización, siempre y cuando tuvieran un vínculo como educadores oficiales
antes del 31 de diciembre de 1980.

32. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el
último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio
mensual obteniendo en el último año de servicio».

33. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997,12 CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio

11 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el

que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […] 2.
Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

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de 201813 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,14 se ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento.15

34. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

35. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

36. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. […] v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
15 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas

tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.

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ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación, o por un
alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

37. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

38. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con
la edad, se observa que la demandante nació el 16 de agosto de 195516, de modo
que cumplió los 50 años el 16 de agosto de 2005.

39. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de
servicio de la accionante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el
siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa
judicial:

• Del 5 de marzo de 1975 al 12 de septiembre de 1979

40. Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 19 de febrero de 2015 por la Secretaría de Educación
Departamental del Tolima,17 así como de las constancias de pago de salarios del 15
de diciembre de 2015 generadas por la Oficina de Nómina de la Gobernación del
Tolima;18 se tiene demostrado que la demandante prestó materialmente el servicio
para la mencionada autoridad como docente oficial durante el período bajo estudio.

16 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del

índice 3 de SAMAI – Tribunales.
17 Ibid.
18 Ibid.

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

41. Pues bien, en el expediente también reposa el Decreto 077 del 21 de febrero de
1975,19 por medio de la cual el gobernador del departamento del Tolima nombró
directamente a la actora para que se desempeñara como maestra seccional de la
Escuela Urbana de Niñas “Dominga Cano de Rada” del municipio de Armero,
exactamente desde el 5 de marzo de 1975 cuando tomó posesión del cargo,20 hasta
el 12 de septiembre de 1979.

42. Al revisar dicha documentación, lo que se evidencia es que esta decisión de
vinculación fue efectuada por la mencionada entidad territorial, pero con la
intervención directa del delegado del Ministerio de Educación ante el Fondo
Educativo Regional, pues este último funcionario participó con su firma en el
decreto, por lo que tuvo que hacer parte de la actuación administrativa
exclusivamente con fines de autorización o aval (visto bueno) de financiamiento y
vacancia de la referida posición ocupada por la reclamante, lo que implica que las
acreencias de esta docente serían financiadas con recursos del Sistema General
de Participaciones.

43. A partir de este material probatorio, es posible arribar a la conclusión de que la
demandante fue maestra oficial nacionalizada en el lapso examinado, para lo cual
es adecuado resaltar que el Consejo de Estado21 ha precisado sobre dicha
clasificación que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en
el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975».

44. Tanto es así que, esta naturaleza jurídica en mención fue tenida en cuenta
expresamente por la propia entidad demandada en el acto administrativo
reprochado (Resolución RDP 018594 del 19 de junio de 2019)22, pues señaló con
exactitud que ese tiempo era de carácter nacionalizado, tal como se concluye en
esta oportunidad, ello sin que se hubiese propuesto confrontación al respecto en vía
administrativa, más aún porque de esa misma forma fue indicado por la autoridad
empleadora en el certificado de historia laboral.

45. Bajo este contexto, es pertinente señalar que en lo que respecta a la
diferenciación y clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de
1989 la que en su artículo 1.º consagró lo siguiente:
|
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

19 Ibid.
20 Ver acta de posesión de la misma fecha en el expediente digital del índice 3 de SAMAI - Tribunales.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
22 Ver expediente digital en el índice 3 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).

46. Con base en lo anterior, se observa que el nombramiento de la actora en el
interregno bajo análisis ocurrió por decisión directa del gobernador del
departamento del Tolima, es decir, por una autoridad territorial, pero todo con el fin
de que aquella ocupara unas plazas de su propia planta de personal, autorizada,
aprobada, administrada y financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo
Regional a través del delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.

47. En consecuencia, resulta adecuado concluir que el cargo desempeñado por la
reclamante fue creado o transformado en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de
la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de
los cuales, los ingresos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por el FER con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer la mencionada cartera gubernamental.

48. Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».

49. Pese a lo desarrollado hasta este punto, la entidad demandada en su recurso
planteó como argumento de reparo a la sentencia de primera instancia que, no se
tuvo en cuenta el hecho de que la financiación de la plaza ocupada por la actora se
derivó de recursos del entonces Situado Fiscal y que ello implicaba un giro directo
de la Nación que convertía la vinculación a su mismo nivel.

50. Sin embargo, tal formulación tampoco resulta procedente por desconocer la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, toda vez que, a
la luz de los lineamientos fijados en dicho proveído, la cancelación de las acreencias
laborales de los educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
[…] hoy sistema general de participaciones.», no implica que los dineros que
enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente
le otorguen dicha calidad a la posición ocupada por la educadora oficial.

51. En ese sentido, lo manifestado por la autoridad apelante no encuentra respaldo
en esta instancia, pues como se dijo, la fuente de financiación de la educadora no
tiene la virtualidad de afectar o modificar la naturaleza de la plaza, ya que esta última
es lo verdaderamente fundamental para tener en cuenta los tiempos laborados, tal
como se aseguró en la mencionada providencia de la siguiente forma:

«[…] Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)

52. En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como docente
estatal de naturaleza nacionalizada, comprendido entre el 5 de marzo de 1975 y
el 12 de septiembre de 1979, sí debe ser tenido en cuenta para cumplir la exigencia
de 20 años de servicio necesarios para acceder al derecho solicitado.

53. En este punto, conforme al recurso de apelación de la accionante, se verificó
según el certificado de historia laboral del 19 de febrero de 2015 que tuvo dos
licencias no remuneradas comprendidas entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de
1978, y del 1 de marzo al 29 de abril de 1979. En efecto, estos tiempos no laborados
no pueden ser tenidos en cuenta en la sumatoria del período total computable para
determinar el requisito del tiempo de servicio, por lo que luego de restar tales
interregnos, el lapso laborado bajo esta calidad sería de 4 años, 1 mes y 5 días.

• Del 20 de enero de 1998, al menos hasta al 18 de septiembre de 201823

54. Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 18 de septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación
Municipal de Ibagué, así como de las constancias de salarios de la actora,24 se tiene

23 Esta fecha corresponde a la del último certificado de historia laboral en el que se indica que la docente seguía

activa, y que a la vez es un período que pudo ser incluido dentro del analizado en vía administrativa y que
respeta el principio de la decisión previa, pues la reclamación prestacional fue presentada el 14 de marzo de
2019. Ver expediente digital del índice 3 de SAMAI – Tribunales.
24 Ibid.

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

demostrado que prestó el servicio para la mencionada autoridad como docente
oficial durante el período bajo estudio.

55. Pues bien, en el expediente obra el Decreto 001150 del 26 de diciembre de
1997,25 por medio del cual el alcalde del municipio de Ibagué nombró en propiedad
directamente a la reclamante para que se desempeñara como maestra seccional de
la Escuela Rural Cay, en una plaza creada por concurso, prevista para la propia
planta de personal municipal, desde el 20 de enero de 1998 cuando se determinaron
los efectos fiscales luego de la posesión del cargo.26

56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte a partir del referido acto
administrativo (que es una de las pruebas esenciales para este tipo de asuntos),
que esta decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa o indirecta
del Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, el mencionado ente territorial en representación de la Nación
efectuara dicha vinculación.

57. Incluso, tampoco se verifica que se haya presentado autorización de
financiamiento por parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el
respectivo Fondo Educativo Regional en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma.

58. En ese orden de ideas, se extrae con claridad que tal vínculo de la accionante
en este tiempo examinado tuvo lugar por decisión autónoma y directa del referido
alcalde, lo que indica que tal relación legal fue en calidad de docente territorial, en
la medida en que no cumplió las condiciones para ser considerada de naturaleza
nacional o nacionalizada conforme los criterios del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989,
contrario al argumento de apelación de la entidad demandada que solo se
fundamentó en lo indicado en un certificado laboral.

59. Lo expuesto porque tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la
cual es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o
municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto,
tal como se corroboró para estos tiempos de servicio, y como bien lo indica la
referida norma que señala lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

25 Ibid.
26 Ibid.

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

60. Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial durante el lapso transcurrido
entre el 20 de enero de 1998 y el 18 de septiembre de 2018 (20 años, 7 meses
y 29 días), observa la Sala que, sumando ambos períodos analizados previamente,
la reclamante sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo
como maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia,
pues en total acumuló 24 años, 9 meses y 4 días.

61. Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del departamento del Tolima en
virtud de un nombramiento del orden nacionalizado desde el 5 de marzo de 1975,
es decir, en un momento previo a la primera fecha en mención, por lo que está
satisfecho el presupuesto analizado.

62. En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de
la buena conducta de la actora, entendida como el ejercicio del cargo con honradez
y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede administrativa
ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la interesada en cuanto
a la acreditación de este requerimiento normativo.

63. Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal
de primera instancia en el fallo apelado para acceder el reconocimiento de la
pensión solicitada por la demandante, de manera que habrá de confirmarse dicha
providencia, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su concepto.

64. En todo caso, frente a lo relacionado con la fecha de adquisición del estatus
pensional, efectivamente como lo indicó la parte actora en su recurso, en primera
instancia no se habían descontado los tiempos de licencias no remuneradas que
disfrutó en el primer período analizado. Por tanto, al realizar este ajuste sobre el
total de los lapsos laborados, lo cual se encuentra permitido en la medida en que
ambas partes apelaron la totalidad de la sentencia y es la misma reclamante quien
solicita esta modificación, se concluye que la fecha de efectividad de la pensión se
consolidó desde el 10 de diciembre de 2013,27 tal como lo precisó la accionante,
por lo que se modificará la sentencia apelada en este aspecto.

27 Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
5/03/1975 28/02/1978 2 11 24
30/05/1978 28/02/1979 0 8 30
30/04/1979 12/09/1979 0 4 14
20/01/1998 10/12/2013 15 10 21
TOTAL 17 + 3 = 20 AÑOS 33 + 3 = 36 MESES (3 AÑOS) 90 (3 MESES)

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00235-01 (5938-2023)

65. En materia de análisis sobre la prescripción, se advierte que, entre las fechas
de exigibilidad del derecho (10 de diciembre de 2013 por cumplimiento del tiempo
de servicio, ya que la edad la había adquirido con anterioridad), de radicación de la
última reclamación administrativa (14 de marzo de 2019),28 y de la interposición de
la demanda (10 de agosto de 2020);29 transcurrieron más de los 3 años de que
tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que las mesadas
adeudadas deben reconocerse con efectos fiscales desde el 14 de marzo de 2016
como lo declaró el tribunal en el fallo apelado, lo cual se confirmará.

66. Ahora bien, otro de los argumentos de la apelación de la parte accionante
consistió en asegurar que en primera instancia no se emitió pronunciamiento de
fondo respecto de sus pretensiones de reajuste anual de la pensión conforme al
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, así como de la indexación y los intereses
moratorios del artículo 192 del CPACA.

67. Acerca de la orden de reajuste anual de la pensión con base en el 14 de la Ley
100 de 1993, la Sala estima que no solo resultaba innecesario emitir una orden
expresa sobre el particular en la parte resolutiva del fallo recurrido, sino que también
lo es en esta oportunidad, ya que esta clase de reclamaciones corresponden a
preceptos indiscutibles de una norma de obligatorio cumplimiento por parte de la
entidad y que se deriva necesariamente del reconocimiento pensional ordenado en
este fallo, sin que el juez deba ordenar lo propio.

68. En el mismo sentido, frente a lo relacionado con la supuesta falta de resolución
en la providencia apelada sobre las pretensiones de indexar las sumas adeudadas
y de reconocer los intereses moratorios sobre la condena, se debe destacar es que
estos también son unos presupuestos de origen legal y procesal que están previstos
como una consecuencia propia del contenido y cumplimiento de la sentencia
conforme el inciso final del artículo 187 y el artículo 192 del CPACA, por lo que al
margen de que se haya solicitado o no lo propio, o que se ordenara o no
expresamente en el fallo su reconocimiento, tales figuras siempre serán aplicables
directamente por parte de las entidades condenadas al momento de cumplir el fallo,
de manera que la ausencia de una orden expresa sobre el particular en la parte
resolutiva no implica una falta de congruencia ni una situación que invalide la
providencia.30

69. En todo caso, en primera instancia se observa con claridad que sí hubo decisión
expresa en la parte resolutiva sobre la indexación de los valores adeudados y el
pago de intereses de conformidad con la mencionada norma del CPACA, por lo que
no tiene sustento este reparo de la accionante.

28 Ver parte motiva del acto demandado en el expediente digital del índice 3 de SAMAI – Tribunales.
29 Ver hoja de reparto en el expediente digital del índice 3 de SAMAI – Tribunales.
30 Esta misma conclusión fue sostenida por la presente Subsección en sentencia del 26 de marzo de 2026,

proferida en el proceso con radicado: 17001-23-33-000-2018-00619-02 (3187-2024).

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De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

70. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

71. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes, salvo cuando se trate de
procesos donde se ventile un interés público.

72. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

73. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

74. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

75. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia contra la accionada al haberse accedido a las
pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra, sin que
fuera del caso efectuar un análisis sobre la conducta asumida por la entidad. En
consecuencia, deberá confirmarse también la providencia en este sentido.

76. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a cargo de la entidad
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación, no así las de la actora que se acogen parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho serán

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fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el primero (1.º)
de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente
forma:

«[…] Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCION SOCIAL- UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a
favor de la señora ANA BEATRIZ LLACHE LEAL, con base en el 75% de los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición de su
estatus pensional, esto es, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 9 de diciembre de
2013, efectiva desde el 10 de diciembre de 2013, pero con efectos fiscales a partir
del 14 de marzo de 2016 por prescripción trienal de mesadas. […]»

Segundo. CONFIRMAR la providencia apelada en todo lo demás.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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