Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00619-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00619-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00619-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00619-02 (3187-2024)
Demandante: Bertha Inés Hoyos de Berni
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Prima especial. Prescripción. Tope al valor de la remuneración.
No existe falta de pronunciamiento sobre la indexación.
REVOCA, MODIFICA Y CONFIRMA PARCIALMENTE
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, adicionada mediante providencia del dieciséis
(16) de abril de dos mil veinticuatro (2024), por medio de las cuales se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Bertha Inés Hoyos de Berni instauró demanda,1 la cual reformó,2
contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionales los decretos que previeron a título de
prima especial sin carácter salarial el 30% del salario básico mensual percibido
como juez de la República, así como los que fijaron que la bonificación por actividad
judicial de que trata el Decreto 3900 de 2008 no se tendría en cuenta para
determinar elementos salariales y prestacionales; esto específicamente para los
1 Ver expediente digital en el índice 36 de SAMAI - Tribunales.
2 Ibid.
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expedidos desde 2008 en adelante hasta la fecha de su retiro definitivo del cargo.
3. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución
DESAJMAR17-550 del 9 de junio de 2017, y (ii) del acto presunto derivado de la
configuración del silencio administrativo negativo ante la falta de respuesta al
recurso de apelación interpuesto el 11 de julio de 2017 contra el acto primigenio.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento de la
asignación básica en el 100% del valor fijado por el Gobierno Nacional sin descontar
el 30% a título de prima especial, y que, en consecuencia, se cancele este último
emolumento como un concepto adicional al salario mensual. Adicionalmente, que se
condene a la entidad demandada a reliquidar y pagar de manera actualizada las
diferencias salariales y prestacionales que resulten del cálculo anterior y del reajuste
de las prestaciones sociales, tiendo en cuenta el total de la remuneración más la
prima especial adicional y la bonificación por actividad judicial desde el 27 de agosto
de 2001 hasta el 31 de enero de 2017.
5. Se dé cumplimiento al fallo conforme los artículos 187 y 192 del CPACA, y que
por consiguiente se reconozcan los intereses a que haya lugar y la condena en
costas por concepto de agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que prestó sus servicios a la Rama Judicial de manera ininterrumpida, vinculada
bajo el cargo de juez promiscuo municipal de Marquetalia desde el 27 de agosto de
2001 hasta el 31 de enero de 2017 cuando se retiró de manera definitiva. El 19 de
mayo de 2017 solicitó la reliquidación y pago de la diferencia del salario básico y el
reajuste de sus prestaciones en atención a la exclusión de la prima especial como
componente de la asignación básica, así como de la bonificación por actividad
judicial prevista en el Decreto 3900 de 2008, esto durante el lapso en mención. No
obstante, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales
le negó lo reclamado mediante los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Consideró vulnerados: los artículos 4, 53 y 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; y 1 y 2 del Decreto 3900 de 2008.
8. Expresó que el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 creó la prima especial de
servicios equivalente al 30% de los ingresos laborales para jueces, magistrados y
cargos afines, lo que constituye un derecho cierto, real y efectivo. Sin embargo,
aseguró que el Gobierno Nacional dio una interpretación errada a la norma, pues
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en lugar de pagar un emolumento adicional al salario básico mensual, extrajo de
este el 30%, por lo que el restante 70% lo entregó a título de salario básico mensual,
es decir, pago un 100% como salario y lo que debía hacer, era pagar el 130%,
aunado a eso, al realizar el cálculo de las prestaciones sociales, desconoció el
carácter de factor salarial de esta prima, por lo que desmejoró ostensiblemente la
remuneración básica mensual a que tiene derecho.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 5 de febrero de 2020 fue admitida la demanda,3 y el 18 de marzo de 2021 su
reforma.4 La entidad accionada5 manifestó que conforme a la sentencia de
unificación del 2 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado, los
jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de: i) las diferencias
causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la
base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre
el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª de
1992, pero sin carácter salarial. Por lo mismo afirmó que tenía ánimo conciliatorio
bajo el entendido de que la propuesta es reconocer los pagos adeudados por los
mencionados conceptos respecto de los cuales no hubiese operado el fenómeno de
la prescripción el cual se configuró sobre los montos anteriores al 19 de mayo de
2014.
10. Propuso como excepciones las de prescripción y la innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
11. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 13 de octubre de
2023, adicionada con providencia del 16 de abril de 2024, inaplicó vía excepción de
inconstitucionalidad los decretos salariales anulados por el Consejo de Estado en
sentencia del 2 de septiembre de 2019. En razón de lo anterior declaró la nulidad
de los actos reprochados, por lo que ordenó a la entidad demandada reliquidar y
pagar de manera actualizada con base en el IPC las diferencias a favor de la
accionante sobre las prestaciones sociales y la propia prima especial, teniendo
como sustento para la liquidación el 100% de su remuneración mensual, es decir,
con la inclusión en del 30% de la asignación que se había excluido del cálculo, ello
desde el 19 de mayo de 2014 hasta el 31 de enero de 2017 por efectos de la
prescripción que también declaró probada.
12. Adicionalmente, dispuso que la prima especial solo sería factor salarial para el
cálculo de los aportes a seguridad social, por lo que condenó a la parte accionada
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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a reliquidar y pagar al fondo respectivo dichas cotizaciones a pensión sin
prescripción, con base en el 100% de la remuneración mensual desde el 27 de
agosto de 2001 hasta el 31 de enero de 2017. Por último, negó las demás
pretensiones relacionadas con el reajuste de las prestaciones con inclusión de la
prima especial y de la bonificación por actividad judicial como factor salarial.
13. Expresó que la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 es una prestación social equivalente al 30% del sueldo básico de los
funcionarios judiciales y es adicional a este, mas no como lo pretendieron el
Gobierno Nacional y la demandada, incluido en el sueldo básico. Precisó que el
sueldo real que debió recibir la demandante por este concepto era la prima especial
de servicios más el sueldo básico, lo cual constituye el 100%. Sin embargo, aclaró
que por orden de la ley y la jurisprudencia, el referido emolumento que se reclama
solo le reviste carácter de factor salarial para efectos de cotización para la pensión
de jubilación.
14. Señaló que, de acuerdo con lo anterior, sí es procedente el reconocimiento,
reliquidación y pago de la prima especial de servicios equivalente al 30% del 100%
del salario básico mensual, por lo que se le deben cancelar a la actora las
diferencias adeudadas por concepto de ajuste sobre las prestaciones sociales
durante el periodo que no sea objeto de prescripción.
15. Afirmó que era necesario acoger la tesis del Consejo de Estado en esta materia,
por lo que planteó que se tendría en cuenta la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se podrían reconocer hasta tres años
atrás de los montos adeudados de conformidad con los Decretos 3135 de 1998 y
1848 de 1969. Por lo mismo, como la petición se realizó el día 19 de mayo de 2017,
y como el lapso reclamado fue el comprendido entre el 27 de agosto de 2001 y el
31 de enero de 2017, es claro que los montos objeto de condena fueron afectados
con el fenómeno bajo estudio con anterioridad al 19 de mayo de 2014, sin que
pudiera predicarse lo mismo frente a los aportes a pensión que sí tendrían que
abonarse por todo este tiempo de labor al ser cotizaciones imprescriptibles.
16. Respecto de la bonificación por actividad judicial reclamada aseguró que esta
solo constituye factor salarial a efectos de determinar el ingreso base de cotización
al Sistema General de Pensiones, y de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para
cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que, sumado a
esto y la luz de la ley laboral, no cumple los requisitos para considerarla factor
salarial frente a todas las prestaciones sociales. En todo caso recalcó que, una vez
analizada la constancia laboral aportada con la demanda, es claro que la accionante
sí percibió esta prestación y se computó para el SGSS, por lo que nada podría
ordenarse sobre el particular.
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RECURSOS DE APELACIÓN
17. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación por considerar que los
efectos vinculantes de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado el
29 de abril de 2014 impiden incluir los valores aumentados que se generarían en la
nómina para el reconocimiento de las acreencias laborales por mayor valor de la
prima especial a todos los servidores judiciales beneficiarios, pues en estos casos
debe invocarse la superación del tope de la remuneración que por todo concepto
perciben los jueces de la república, según el Decreto 1251 de 2009.
18. Teniendo en cuenta la referida providencia, indicó que no se debe reconocer el
derecho en litigio porque por el tiempo laborado hasta el 31 de diciembre de 2007,
ello en aplicación del fenómeno extintivo de derechos de la prescripción trienal, pues
el tribunal no analizó la fecha de la reclamación administrativa.
19. Adicionalmente destacó que en el mencionado fallo no se anularon los decretos
posteriores a 2007, por lo que los expedidos desde 2008 hasta la fecha continúan
siendo válidos y mantienen su presunción de legalidad, al punto de que frente a
tales años no es posible efectuar reconocimiento y pago alguno, ya que permanecen
vigentes, al punto de que los salarios y prestaciones de la actora se ha liquidado
correctamente y en consonancia con la reglamentación que sobre el tema ha
dictado el Gobierno Nacional.
20. Señaló que debe tenerse en cuenta el carácter no salarial de la prima especial
de acuerdo con el pronunciamiento de exequibilidad de la Corte Constitucional, por
lo que este concepto no podía ser incluido para el cálculo de las prestaciones
sociales como lo hizo el tribunal de origen.
21. La parte demandante8 interpuso recurso de alzada parcialmente contra la
sentencia y su adición al expresar su inconformidad específicamente con el hecho
de que una de sus pretensiones expresas fue la de que se actualizara el valor
monetario de las sumas de dinero adeudadas conforme al IPC. Sin embargo,
sostuvo que el juez de primera instancia se abstuvo de disponer lo propio en la parte
resolutiva del fallo, ya que solo añadió la argumentación sobre el punto en la parte
considerativa, pero sin expresarlo en las órdenes que son las que constituyen el
objeto de cumplimiento por parte de la entidad demandada. Por lo mismo solicitó
que se emita un pronunciamiento al respecto.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 9 de mayo de 2025 se admitieron los recursos9 y ni las partes ni el agente del
7 Ibid.
8 Ver índice 44 de SAMAI – Tribunales.
9 Ver índice 15 de SAMAI.
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Ministerio Público se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. Deberá resolver la Subsección si el hecho de que no se haya declarado la
nulidad de los decretos salariales de la Rama Judicial desde 2008 en adelante
implica que no pueda accederse a las pretensiones desde esa fecha.
Adicionalmente se verificará si el análisis de prescripción en primera instancia
respecto de las sumas adeudadas fue correcto, y si a la decisión condenatoria se
debe fijar un tope o monto máximo a reconocer a la actora por los períodos en los
que fue funcionaria judicial titular de la prima especial. Finalmente se precisará si
hizo falta un pronunciamiento expreso en la parte resolutiva de la sentencia respecto
de la indexación de los valores adeudados a título de condena.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
24. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
25. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 201410, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
26. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201911, 11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de
diciembre de 202314, 6 de agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
27. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202417, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».18
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
18 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Resolución del caso concreto
28. En primera instancia se determinó que la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992 a la que tenía derecho la demandante no fue reconocida ni pagada
como un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel, se
desconoció la finalidad de la norma en mención, lo cual también se encuentra
acreditado en esta oportunidad.19
29. Ahora bien, el tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones al
inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad los artículos 6.° del Decreto 658 de
2008; 8.° del Decreto 723 de 2009; del Decreto 1388 de 2010; del Decreto 1039 de
2011; del Decreto 874 de 2012; del Decreto 1024 de 2013; y del Decreto 194 de
2014; así como los artículos 4 de los Decretos 1105 de 2015, 234 de 2016 y 1003
de 2017.
30. Sin embargo, debe precisarse que la legalidad de estas normas que
incorporaron la prima especial del treinta por ciento (30%) como parte de la
remuneración fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril
de 2014 y del 9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de dichas
disposiciones, por lo que, resulta improcedente declarar la aludida excepción para
inaplicar tales actos, pues los mismos ya dejaron de surtir efectos.
31. De hecho, esta misma razón es la que impide que prospere el argumento de
apelación de la entidad accionada referente a que la mencionada sentencia de 2014
solo había anulado los decretos salariales hasta 2007 y que de 2008 en adelante
se presumía su legalidad y por tanto solo les dio cabal cumplimiento.
32. Al respecto debe tenerse en cuenta que precisamente estas mismas normas
posteriores a 2008 fueron retiradas del ordenamiento jurídico con la providencia del
9 de abril de 2024, por lo que, como la decisión de nulidad frente a tales actos tiene
efectos generales (erga omnes) de obligatorio cumplimiento y con retrospectividad,
se concluye que finalmente se afectan todas las situaciones jurídicas anteriores no
consolidadas que se encuentren en discusión como la presente, así como las
futuras que se hubiesen tenido que basar en tales disposiciones anuladas o que se
llegaran a proferir en afectación del mismo derecho.
33. En tal sentido, no encontraría fundamento el planteamiento de la entidad
demandada para no reconocer los reajustes reclamados por la actora, pues al
margen de la expedición anual de los decretos salariales, lo que se declaró ilegal
19 Ver constancias laborales y de salarios del 30 de mayo de 2017 y del 24 de noviembre del mismo año,
expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales y por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales. Expediente digital en el índice 36 de SAMAI – Tribunales. Con base
en estas pruebas se encuentra acreditado que la demandante laboró como juez promiscuo municipal de
Marquetalia desde el 27 de agosto de 2001 hasta el 31 de enero de 2017 cuando se certificó que se retiró del
servicio.
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fue el presupuesto normativo abstracto de que el 30% a título de prima especial
estuviese incluido como componente de la asignación básica, de manera que, al
margen de la vigencia o no de los referidos actos, no podría seguirse atendiendo
este postulado para negar dicha clase de reclamaciones.
34. En consecuencia, la sala revocará el ordinal segundo de la sentencia apelada
y, en su lugar, dispondrá estarse a lo resuelto en las providencias citadas, en las
que se precisó que el referido emolumento constituye una adición al salario.
35. Definido lo anterior y tal como lo resolvió el tribunal de origen, la accionante sí
tenía derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias en sus
ingresos mensuales, liquidadas sobre el salario básico pagado en su momento
sobre un 70% del fijado por decreto, más el 30% de este que ha sido reconocido a
título de prima, así como al de las diferencias por el mayor valor faltante de la propia
prima especial calculada en un 30% del valor total de la remuneración debidamente
fijada.
36. De esta forma, también resultaba procedente la reliquidación de sus
prestaciones sociales, calculadas sobre todo el salario básico calculado en la forma
anterior, sin restarle ni sumarle un 30% adicional, ya que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial como se precisó en primera instancia y como lo
sostiene la entidad apelante, y, por tanto, esta no incide en la fijación de tales
emolumentos, salvo para efectos de pensión.
37. Sin embargo, la Sala observa que en primera instancia solo se accedió a las
reclamaciones relacionadas con el pago de la mencionada prima como componente
adicional al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones, sin emitir
ningún pronunciamiento expreso en la parte resolutiva frente a las pretensiones
dirigidas a reliquidar también los montos pagados a título de salario.
38. Lo anterior implica que existió una falta de congruencia en este aspecto al haber
dejado de resolver una de las reclamaciones expresas de la demandante. Por esa
razón, en virtud de lo previsto en el artículo 287, inciso 2.º del CGP, como la actora
también es apelante en esta oportunidad y se ve afectada por esta omisión, se
modificará el ordinal cuarto de la providencia recurrida con el fin de adicionar como
orden del restablecimiento la del pago de las diferencias entre las sumas pagadas
a la reclamante a título de asignación básica en comparación con las reajustadas
con base en el 100% de la remuneración mensual fijada por el Gobierno Nacional
anualmente.
39. Para ello será necesario verificar si operó o no la prescripción.
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40. En lo que respecta a dicho fenómeno que también es uno de los reparos
exclusivamente de la parte demandada, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica20 que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, el 7 de enero de 1993.
41. A partir de ese instante un interesado podía interrumpir el término extintivo, de
modo que, como se planteó en la sentencia apelada, la actora contaba con 3 años
desde esa fecha o la de su vinculación en un cargo destinatario de dicho
emolumento para reclamar lo propio, lo cual, específicamente en su situación se
hacía exigible desde el 27 de agosto de 2001 cuando se vinculó como juez
promiscuo municipal, fecha que, en todo caso corresponde al del extremo inicial
solicitado en la demanda.
42. Ahora, como la petición fue radicada ante la administración el 19 de mayo de
2017,21 esto es, con más de 3 años de posterioridad a las fechas en mención, se
concluye que la reclamante consolidó el derecho a que se le pague la diferencia
entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, así como a la reliquidación
de sus prestaciones, 3 años antes de la reclamación y desde ese día en adelante,
concretamente, a partir del 19 de mayo de 2014 y solo durante el período en el que
haya desempeñado uno de los cargos titulares del derecho a la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, esto es, como juez promiscuo municipal hasta el
31 de enero de 2017.
43. De allí que deberá confirmarse el fallo en lo que respecta a la declaratoria de
esta excepción y la fecha definida para la efectividad de los montos adeudados.
44. Por otra parte, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable22 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199323 son obligatorios, no solo por su
20 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Ver sello de radicación de la petición que obra en el expediente digital del índice 36 de SAMAI – Tribunales.
22 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
23 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
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naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.24 En ese contexto, surge
el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación con el fin de determinar
el monto de los aportes adeudados, los cuales deberán ser trasladados al fondo
administrador al que hubiere estado afiliada la demandante de conformidad con la
ley.
45. En esos términos, como en primera instancia se condenó a lo propio sin
prescripción, se confirmará el ordinal quinto.
46. Además, en atención a que el último cargo desempeñado por la demandante
fue el de juez promiscuo municipal de Marquetalia,25 el cual tiene una regulación
sobre el monto límite de su remuneración en comparación con los ingresos de un
magistrado de alta corte según el Decreto 1251 de 2009, tal como lo planteó la parte
demandada en su recurso, resulta necesario modificar el ordinal cuarto de la
sentencia a fin de que, al momento de la entidad realizar los ajustes prestacionales
se deberá tener en cuenta el correspondiente tope legal de la remuneración de la
accionante con base en los montos de la norma en mención.
47. Por último, en lo relacionado con la supuesta falta de resolución en la
providencia apelada de la pretensión de indexar las sumas adeudadas, lo primero
que se debe destacar es que este es un elemento de origen legal y procesal que
está previsto como una consecuencia propia del contenido de la sentencia conforme
el inciso final del artículo 187 del CPACA, por lo que al margen de que se haya
solicitado o no este mecanismo de actualización monetaria, el mismo siempre será
aplicable directamente por parte de las entidades condenadas al momento de
cumplir el fallo, de manera que la ausencia de una orden expresa sobre el particular
en la parte resolutiva no implica una falta de congruencia ni una situación que
invalide la providencia.
48. En todo caso, lo cierto es que, según la orden de adición en sentencia
complementaria del 16 de abril de 2024, el juez de origen se pronunció sobre este
mismo aspecto al indicar que efectivamente la entidad tendría de actualizar los
valores de las sumas objeto de condena conforme a la regla jurisprudencial para el
efecto. Lo anterior significa que tampoco existe una ausencia de manifestación
sobre una de las pretensiones, y así la orden no se encuentre en la parte resolutiva,
la misma necesariamente deberá ser acatada por la entidad demandada conforme
lo expuesto anteriormente.
De la condena en costas en segunda instancia
24 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
25 Ver certificación laboral en el expediente digital del índice 36 de SAMAI - Tribunales.
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49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, ya que las
modificaciones que se ordenan en esta oportunidad favorecen de manera parcial a
ambas partes apelantes, de manera que no puede predicarse que estas hayan sido
vencidas en la presente oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el trece (13) de
octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas,
adicionada mediante providencia del dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro
(2024), y en su lugar:
«[…] Segundo. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias dictadas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de
abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. MODIFICAR el ordinal cuarto de la providencia recurrida, el cual quedará
de la siguiente manera:
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«Cuarto. ORDENAR a la demandada NACION – RAMA JUDICIAL - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, lo siguiente:
• RELIQUIDAR Y PAGAR las diferencias en la remuneración mensual de la
demandante, calculada sobre el 100% de la asignación básica fijada anualmente
por el Gobierno Nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto es, con el
salario básico pagado en su momento sobre un 70%, más el 30% que había sido
reconocido a título de prima especial, durante el período comprendido entre el 19 de
mayo de 2014 y el 31 de enero de 2017, ello bajo el entendido de que, en ningún
caso podrá superar el monto máximo establecido en el respectivo decreto salarial
de ese año.
• RECONOCER y RELIQUIDAR la prima especial de servicios -artículo 14 de la Ley
4ª de 1992- equivalente al 30% del 100% del salario básico mensual, y pagar las
diferencias adeudadas a la demandante por el periodo no prescrito comprendido
entre el 19 de mayo de 2014 y hasta el 31 de enero de 2017.
• RELIQUIDAR todas las prestaciones sociales a las que tuvo derecho la
demandante, sobre el 100% del salario básico mensual y no sobre el 70% como se
hizo, y consignar las diferencias adeudadas, por el periodo no prescrito desde el 19
de mayo de 2014 y hasta el 31 de enero de 2017.
• Al momento de la entidad realizar los referidos ajustes se deberá tener en cuenta
el correspondiente tope legal de la remuneración de la accionante con base en los
montos del Decreto 1251 de 2009 y en razón de las normas aplicables para su último
cargo. […]».
Tercero. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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