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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00126-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00126-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2023-00126-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)
Ejecutante: Edwin Jhonnathan Pamo Cutiva y otros
Ejecutado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM

Tema: Ejecutivo laboral. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, por medio de la cual declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir
adelante la ejecución.
ANTECEDENTES

Los señores Isidro Fuentes Arias, Carlos Hernando Rojas Chamorro, Álvaro Aviles
Sánchez, Germán Gallego Uribe, Encisar Pamo Cardoso, Xiomara Katherinne
Pamo Cutiva, Edwin Jhonnathan Pamo Cutiva interpusieron demanda ejecutiva con
el fin de que se cumpla la providencia proferida el 23 de agosto de 2021 por el
Consejo de Estado, que revocó la decisión que negó pretensiones del 22 de mayo
de 2015 del Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar ordenó el
reconocimiento de la sanción moratoria.

PRETENSIONES

Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente:

EJECUTANTE VALOR
ISIDRO FUENTES ARIAS $72.220.954
CARLOS HERNANDO ROJAS CHAMORRO $7.178.533
ÁLVARO AVILES SÁNCHEZ $18.772.411
GERMÁN GALLEGO URIBE $25.210.608
ENCISAR PAMO CARDOSO $35.311.709
XIOMARA KATHERINNE PAMO CUTIVA
EDWIN JHONNATHAN PAMO CUTIVA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, se
negaron las pretensiones, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda y se ordenó el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
1071 de 2006 a razón de un día de salario por cada día de retardo.

Que los ejecutantes solicitaron el cumplimiento de la sentencia, pero únicamente se
efectuó un pago parcial al señor Isidro Fuentes Arias, por $53.571.573.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 17 de agosto de
2023 libró mandamiento ejecutivo por los siguientes conceptos más los intereses
moratorios:

EJECUTANTE VALOR
ISIDRO FUENTES ARIAS $8.560.650
CARLOS HERNANDO ROJAS CHAMORRO $5.565.570
ÁLVARO AVILES SÁNCHEZ $14.630.664
GERMÁN GALLEGO URIBE $19.650.517
ENCISAR PAMO CARDOSO $27.642.942
XIOMARA KATHERINNE PAMO CUTIVA
EDWIN JHONNATHAN PAMO CUTIVA

A través de auto del 19 de enero de 2024 se aceptó el retiro de la demanda
presentada por el señor Álvaro Avilés Sánchez.

La entidad ejecutada propuso la excepción de pago señalando que de acuerdo con
las pruebas obrantes en el expediente, dio cumplimiento al acto administrativo en
los términos allí establecidos y efectuó el respectivo pago de la suma de dinero
reconocida ciñéndose rigurosamente a los parámetros en el estudio y
reconocimiento de la prestación.

También propuso la excepción de prescripción en caso de una eventual condena.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró no probada las excepciones y ordenó seguir adelante la
ejecución argumentando que, revisados los documentos contenidos en el
expediente, se evidencia que junto con el escrito de excepciones, la entidad allegó
unas liquidaciones que se refieren a los pagos que se adeudan y que se encuentran

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

proyectados para nómina de la siguiente manera:

Que aunado a lo anterior y cuando ya había vencido el término para contestar
excepciones, la entidad solicitó la terminación del proceso anexando unas
certificaciones donde se dice que pagó unos valores por concepto de sanción
moratoria a cada uno de los ejecutantes los cuales quedaron a disposición a partir
del 28 de febrero de 2024, sin embargo, si bien se señala que el pago se efectuó y
que este se hizo con posterioridad a la sentencia base de recaudo y con anterioridad
a la orden compulsiva de pago, no debía otorgárseles valor probatorio alguno por
cuanto esos documentos no cumplen con los requisitos, en la medida que no se
identifica ni individualiza el funcionario competente de la entidad pública por lo que
se echa de menos una propia manifestación de voluntad vinculante en el sentido de
hacer constar el cumplimiento de condena.

Que no es posible verificar si los pagos allí enlistados fueron efectuados pues
únicamente en las demás pruebas documentales manifiesta la entidad que se
encuentran proyectadas para ingreso a nómina el 26/02/2024, más no que el pago
fue realizado y la entidad ejecutada en ninguno de sus apartes lo confirma.

Que según manifestación realizada por el apoderado de los ejecutantes no han
recibido notificación de algún acto administrativo y no obra en el expediente prueba
de que se haya pagado.

Que únicamente a los señores Isidro Fuentes Arias, Carlos Hernando Rojas
Chamorro y Álvaro Avilés Sánchez se les efectuó un abono que fue tenido en cuenta
al momento de librar el mandamiento de pago.

Que en vista de que la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 23 de
septiembre de 2021, es a partir de dicha fecha que la entidad ejecutada contaba
con diez meses para cumplir lo ordenado- 23 de julio de 2021-, y como quiera que
la demanda ejecutiva fue presentada el 23 de marzo de 2023, la excepción de
prescripción no estaba llamada a prosperar.

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación e insistió en la excepción de
pago con fundamento en la información contenida en las certificaciones aportadas
en primera instancia, donde se señala que el pago se efectuó con posterioridad a la
sentencia y con anterioridad al mandamiento de pago en atención a unos actos
administrativos.

Que no se realizó el cobro de dichos dineros y teniendo en cuenta que el
reconocimiento se realizó vía judicial, el pago fue puesto a disposición a partir del
día 28 de febrero del 2024.

Que luego de acreditarse el pago, se debe ordenar la terminación del proceso por
pago total de la obligación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 10 de febrero de 2026. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se
encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de
la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho,
pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En
efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar las
excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1

En cuanto a la excepción de pago, esta Subsección a considerado lo siguiente: 2

«[…] 21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
liquidar ni pagar (arts.1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.32

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso
ejecutivo prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la
entrega efectiva de los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de
consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de pago
ejecutadas.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2025 radicado: 05001-
23-33-000-2018-01326-02 (1962-2024).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-

000-2021-00111-01 (2853-2024)

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo
dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto
liberatorio debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga
íntegramente lo debido conforme al título, como los siguientes.

24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en
el artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir
pagos parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga
en casos especiales.

25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino
también los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones
derivadas del retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado
que el pago efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce
efecto liberatorio si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no
se tiene por totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4»

Resolución del caso concreto

La entidad ejecutada señala en su recurso que el pago de las obligaciones
reclamadas ya fue efectuado, para lo cual hizo referencia a la expedición de unos
actos administrativos y al hecho de que los dineros fueron puestos a disposición
desde el 28 de febrero de 2024.

La Subsección considera que estos argumentos no tienen vocación de prosperidad
porque precisamente las certificaciones a las que alude la entidad fueron las que el
Tribunal analizó y concluyó que no demostraban el efectivo cumplimiento de los
créditos ahora reclamados.

Ahora, aunque no obra en el expediente copia de los actos administrativos
anunciados como tampoco la notificación de estos a los ejecutantes, esta
Subsección ha sido enfática en considerar que no bastan manifestaciones genéricas
ni la expedición de actos administrativos que aparenten cumplimiento; se exige
acreditación documental de la entrega efectiva de los recursos al acreedor,
(comprobantes de consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes
de pago ejecutadas).

Repárese que en el trámite de primera instancia el apoderado de los ejecutantes
advirtió que no les fue notificado acto administrativo de cumplimiento, como
tampoco el pago de las obligaciones pedidas.

Bajo el anterior escenario no son de recibo los planteamientos expuestos en el
recurso toda vez que no están soportados probatoriamente, adicionalmente,

4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp.

25000-23-36-000-2019-00141-02.

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

tampoco impiden seguir adelante con la ejecución como lo resolvió el Tribunal y
menos aún terminar por pago el proceso, porque claramente lo que se evidencia es
que la entidad no ha cancelado valor alguno por el crédito laboral que ahora se
pretende.

En consecuencia, al no haber prosperado los argumentos de apelación, se deberá
confirmar la sentencia recurrida.

Finalmente, corresponde advertir que si la entidad cuenta con los elementos
probatorios que acrediten el pago de las obligaciones acá reclamadas, puede en la
etapa de liquidación del crédito imputar los correspondientes pagos y allegar los
documentos que soporten el ejercicio contable.

De la condena en costas de segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la ejecutada, por cuanto la sentencia
apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00126-01 (0304-2026)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se declararon no probadas
las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución, de conformidad con lo
considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas
en la presente providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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