Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2024-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2024-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2024-00183-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00183-01 (3392-2025)
Ejecutante: Néstor Rodríguez Corredor
Ejecutado: UGPP
Tema: Ejecutivo laboral. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
por medio de la cual declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir
adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
1. El señor Néstor Rodríguez Corredor interpuso demanda ejecutiva con el fin de
que se cumpla la providencia proferida el 11 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante la cual se aprobó la liquidación de costas.
PRETENSIONES
2. Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente:
«1. Por DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,oo) por concepto del valor de las
AGENCIAS EN DERECHO, legalmente reconocida.
2. Por CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($479.606,66,oo) correspondiente a los
intereses de mora, desde el 18 de septiembre de 2003 (sic) hasta el día 25 de junio
de 2024, los cuales seguirán corriendo hasta el día en que efectúe el pago total de la
obligación. […]»
HECHOS
3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00183-01 (3392-2025)
4. Que la UGPP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se
reconoció y reliquidó la pensión del señor Rodríguez Corredor.
5. Luego de agotadas varias etapas procesales, la UGPP presentó desistimiento de
la demanda, solicitud que fue aceptada mediante auto del 13 de abril de 2023
condenándose en costas a la entidad.
6. Que por auto del 11 de septiembre de 2023 el Tribunal aprobó la correspondiente
liquidación de costas donde únicamente se fijaron las agencias en derecho por
$2.000.000.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
7. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 23 de julio de
2024 libró mandamiento ejecutivo por la suma de $2.000.000 junto con los intereses
moratorios en tasa equivalente al DTF desde el 22 de septiembre de 2023 hasta el
22 de julio de 2024 y los intereses moratorios a la máxima tasa de interés comercial,
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el total del capital,
desde el 23 de julio de 2024 y los que se sigan causando hasta que se haga efectivo
el pago total de la obligación.
8. La entidad ejecutada propuso la excepción de pago total de la obligación por
cuanto profirió la Resolución RDP 027172 el 9 de noviembre de 2023, donde se
reconocieron las agencias en derecho por la suma de $2.000.000 pagadas en junio
de 2024, sin que sea procedente el pago de emolumentos adicionales como lo son
intereses moratorios.
9. La parte ejecutante se pronunció en el término de traslado de la excepción
precisando que la entidad únicamente canceló el día 26 de junio de 2024 la suma
de $2.000.000 sin que se haya hecho pago alguno por intereses.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
10. El Tribunal declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante
la ejecución argumentando que conforme a las pruebas allegadas sin duda alguna
se efectuó un pago de $2.000.000, los cuales fueron consignados según orden
debidamente acreditada el 20 de junio de 2024, por lo que, sería esta fecha la que
tenida en cuenta para la imputación respectiva del pago.
11. Que la providencia objeto de ejecución quedó ejecutoriada el 22 de septiembre
de 2023, luego, la solicitud de cumplimiento fue radicada en forma completa el 13
de octubre de 2023, es decir, sin haber transcurrido un mes desde la ejecutoria de
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la providencia, entonces, conforme al artículo 192 del CPACA no se configuró la
cesación de intereses, por lo que deberán calcularse en la forma establecida en el
artículo 195 sin interrupción alguna, es decir, por los primeros 10 meses después
de la ejecutoria a la tasa equivalente al DTF y a partir del vencimiento a los intereses
moratorios a la tasa comercial.
12. Que en cuanto a la imputación del pago, hasta el momento la postura acogida
había sido admitir que el artículo 1653 del Código Civil se aplicaba en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, sin embargo, debía recogerse o modificarse,
atendiendo el precedente expuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 30 de mayo de 2024, por medio de la cual se analizó en forma
específica la aplicación del artículo 1653 del Código Civil en asuntos pensionales,
incluso, en asuntos donde se reclama la reliquidación pensional de una ciudadana
contra la UGPP.
13. Que es incompatible la aplicación de la imputación contemplada en el artículo
1653 de Código Civil, por lo que, los pagos que se generaron por parte de la UGPP
se aplicarían a los conceptos que fueron determinados por la entidad, es decir,
capital que constituye el pago de las costas procesales.
RECURSO DE APELACIÓN
14. La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación por considerar que se
incurrió en error al asumir una concepción civilista del cumplimiento de las
obligaciones, en cuanto todo pago que no se realice de manera inmediata o en un
plazo arbitrario da lugar a intereses moratorios. Este razonamiento desconoce que
el cumplimiento de condenas contra entidades estatales está regido por normas
especiales, que no pueden ser desplazadas por analogía con normas civiles o
comerciales.
15. Que el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, establece que una vez ejecutoriada
la sentencia que imponga una condena dineraria, la entidad condenada cuenta con
un plazo de hasta diez (10) meses para proceder con su pago, contados a partir del
cumplimiento de requisitos como la radicación completa de los documentos
necesarios para la inclusión en el presupuesto.
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16. Que en el presente caso, la UGPP actuó dentro del plazo legal señalado. La
sentencia que dio origen a la obligación quedó ejecutoriada en septiembre de 2023,
la resolución que ordenó el pago fue expedida en noviembre de 2023 y el
desembolso se efectuó antes de completar los diez (10) meses legalmente
autorizados. Por lo tanto, no se configuró mora y no es jurídicamente procedente el
reconocimiento de intereses moratorios, como erradamente lo hizo el Despacho.
17. Que el pago de condenas judiciales por parte de entidades públicas debe
realizarse con estricta sujeción al Estatuto Orgánico del Presupuesto,
particularmente a los principios de legalidad, anualidad, especialidad y
disponibilidad de apropiación presupuestal. La UGPP, como entidad del
Presupuesto General de la Nación, no puede disponer libremente de sus recursos,
sino que debe seguir un proceso que incluye la planeación, la incorporación del
gasto, el registro presupuestal, la disponibilidad y la ordenación del pago.
18. Afirmó que no es jurídicamente admisible que una providencia judicial ignore
estas exigencias y, con base en una lógica propia del derecho privado, imponga
sanciones pecuniarias que comprometen recursos públicos sin sustento legal.
Hacerlo no solo contraviene el principio de legalidad del gasto público.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. Se admitió el recurso el 27 de enero de 2026. Las partes guardaron silencio.
20. El Ministerio Público emitió concepto solicitando se confirmara la providencia
impugnada para lo cual argumentó que la UGPP cumplió con el pago, pero generó
intereses de mora, esto por cuanto el Consejo de Estado ha señalado que los
intereses de mora por el no pago de las sumas reconocidas en sentencias
condenatorias y autos aprobatorios de conciliación se causan desde la ejecutoria
de la respectiva providencia, según el artículo 192 del CPACA, la mora es
automática sin requerirse intervención del acreedor, por mandato legal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Generalidades del proceso ejecutivo
21. El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
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judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).
22. El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.
23. Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
24. Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar
las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.
25. Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
26. En cuanto a la excepción de pago, esta Subsección a considerado lo siguiente:2
«[…] 21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre
2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2025 radicado: 05001-
23-33-000-2018-01326-02 (1962-2024).
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liquidar ni pagar (arts.1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.32
22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso
ejecutivo prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la
entrega efectiva de los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de
consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de pago
ejecutadas.
23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo
dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto
liberatorio debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga
íntegramente lo debido conforme al título, como los siguientes.
24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en
el artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir
pagos parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga
en casos especiales.
25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino
también los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones
derivadas del retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado
que el pago efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce
efecto liberatorio si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no
se tiene por totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4»
Intereses moratorios
27. Los intereses por mora son la sanción para el deudor que incumple la obligación
de pagar oportunamente una suma de dinero y se concede a título de
indemnización, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de esta.
Los intereses moratorios tienen un carácter eminentemente punitivo y resarcitorio,
por lo que representan la indemnización de perjuicios por la mora en el cumplimiento
de la obligación principal, además, se causan en virtud de la ley, sin que sea
menester pacto alguno y no requieren prueba del perjuicio más que el mero
retardo. También los caracteriza el hecho de que son exigibles junto con la
obligación principal y de que se deben mientras no se cumpla lo debido. En
consecuencia, cumplen una función compensatoria del daño causado al acreedor
mediante la fijación de una tasa tarifada por el legislador.
28. En cuanto al tema, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo reguló lo siguiente:
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-
000-2021-00111-01 (2853-2024)
4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp.
25000-23-36-000-2019-00141-02.
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Radicación: 73001-23-33-000-2024-00183-01 (3392-2025)
«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. (…)
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código. (…)
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago
de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. (…)
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término
de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código
o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero,
sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la
tasa comercial.
29. La Corte Constitucional en sentencia C-604 de 2012 al declarar
la exequibilidad del numeral 4 del artículo atrás citado, hizo las siguientes
precisiones que resultan importantes para el presente caso:
«[…] El procedimiento para el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y los fallos
proferidos en contra del Estado ha tenido una evolución en los últimos años, pues
hasta la expedición de la ley 1437 de 2011 no existía un procedimiento específico
para tal efecto:
4.5.2.1. El Código Contencioso Administrativo no establecía un procedimiento
especial a través del cual las entidades públicas realizaran el cumplimiento de
sentencias o acuerdos conciliatorios. Por lo anterior, el legislador no tuvo en cuenta
los plazos que requiere una entidad pública para el cumplimiento de los trámites
presupuestales y de principios como el de legalidad administrativa y el de planeación
presupuestal.
En este sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece una serie de
procedimientos necesarios para la realización de una disponibilidad patrimonial por
parte de una entidad pública, cuyo incumplimiento vulneraría flagrantemente el
principio de legalidad, situación que podría dar lugar incluso a responsabilidades de
carácter disciplinario, fiscal y penal.
El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una
entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin
atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, pues se
correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del
presupuesto y de las actuaciones administrativas, reglas a las cuales no está
sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente
con un fallo o acuerdo.
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Radicación: 73001-23-33-000-2024-00183-01 (3392-2025)
4.5.2.2. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido
al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
públicas, el cual establece expresamente que las condenas impuestas a entidades
públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses:
[…]
Esta norma se refiere textualmente al cumplimiento de las sentencias y acuerdos
conciliatorios, no al incumplimiento de los mismos, por lo cual el plazo de diez meses
señalado en esta norma no es la primera fase del incumplimiento de la entidad, sino
un plazo para el cumplimiento en el cual las reglas aplicables al pago de intereses
no pueden ser las mismas que las que empleaban frente al incumplimiento de una
obligación por parte del Estado2.
En este sentido, el artículo 195 de la ley 1437 de 2011 establece un procedimiento
específico para el pago que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de
las sentencias o autos que aprueben el cumplimiento: […]
De esta manera la Ley 1437 de 2011 le otorga un plazo al Estado para el
cumplimiento de las sentencias y conciliaciones para garantizar que pueda dar
aplicación a las reglas del presupuesto y a los principios de legalidad y planeación,
por lo cual sería completamente contradictorio que de un lado se establezcan estas
reglas y de otro se apliquen al Estado los máximos intereses legales cuando se
cumplen estos plazos.»
Resolución del caso concreto
30. El punto de desacuerdo de la entidad ejecutada radica principalmente en que
como el cumplimiento de la obligación se dio dentro de los 10 meses que otorga el
artículo 192 del CPACA, no se configuró mora y no es jurídicamente procedente el
reconocimiento de intereses moratorios.
31. La Subsección advierte que los intereses moratorios son una especie de
indemnización de perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación,
adicionalmente son una sanción que se genera en virtud de la ley, es decir, no se
requiere que exista una reconvención judicial sino únicamente la mora en el pago
para se deban intereses al acreedor.
32. Si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en su artículo 192 consagra que las condenas a entidades públicas
consistentes en el pago de una suma de dinero deberán ser cumplidas en un plazo
máximo de 10 meses, contados a partir de la ejecutoria de la decisión, dicho término
se estableció precisamente con el ánimo de no desconocer que en atención al
Estatuto Orgánico del Presupuesto las entidades deben llevar a cabo una serie de
procedimientos necesarios para la realización de una disponibilidad presupuestal.
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33. El anterior desarrollo normativo debe igualmente armonizarse con lo dispuesto
en el mismo artículo y lo consagrado adicionalmente en el 195 del CPACA, donde
se dispone que las sumas de dinero reconocidas en providencias devengan
intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, vencidos
los cuales seguirán causando un interés moratorio a la tasa comercial.
34. Entonces, si bien normativamente se contempló un procedimiento
expresamente dirigido al cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de
las entidades públicas, dicha regulación no implica que se tiene ese tiempo (10
meses) para el pago sin que se generen intereses moratorios, tal como lo interpreta
la entidad ejecutada, sino que la obligación está sujeta al pago de intereses
moratorios desde la ejecutoria como consecuencia directa del eventual
incumplimiento conforme lo disponen el artículo 192 y 195 del CPACA.
35. Repárese, además, que la sola expedición de la Resolución RDP 027172 el 9
de noviembre de 2023 no suple la prueba del pago íntegro, el cual por demás solo
se verificó en junio de 2024, lo que evidencia la mora en el pago de la obligación y
la generación de los intereses reclamados por la parte ejecutante.
36. Bajo el anterior escenario no son de recibo los planteamientos expuestos en el
recurso para justificar el no pago de los intereses moratorios, adicionalmente,
tampoco impiden seguir adelante con la ejecución como lo resolvió el Tribunal y
menos aún terminar por pago el proceso, porque claramente lo que se evidencia es
que la entidad no ha cancelado valor alguno por los intereses moratorios.
De la condena en costas de segunda instancia
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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39. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
40. En consecuencia, se impondrán costas a la ejecutada, por cuanto la sentencia
apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de la cual declaró no probada la excepción de
pago y ordenó seguir adelante la ejecución, de conformidad con lo considerado en
la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas
en la presente providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
10
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