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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00182-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00182-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre de 2016, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo Cundinamarca, y en su lugar se dispone: 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 14 de abril de 2016, exp. 05001-23-31-000-2003-00103-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Esta postura fue reiterada por esta Subsección en sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. 68001-23-33-000-2016-01270-02 (68145), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 13 Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839) Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros Referencia: acción de reparación directa PRIMERO: DECLARAR la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00182-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)

Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – indebida escogencia de la acción.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2016, por la Sala
de Descongestión del Tribunal Administrativo Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante pretende la declaratoria de responsabilidad de las accionadas, por
los efectos nocivos que le produjeron las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT
489 de 2002 -anuladas por el Consejo de Estado- mientras estuvieron vigentes.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 8 de febrero de 2011 (fl.243, c. 1), Empresas Municipales
de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P., por conducto de apoderado judicial, interpuso
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Tecnologías de la

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Información y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la
Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., con el fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (fls. 230 – 243, c. 1):

2.1. Declarar administrativamente responsables a la Nación - Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Comisión de Regulación de
Comunicaciones “CRC” y la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP., de
los perjuicios causados de orden material a la demandante Empresas
Municipales de Cali “EMCALI EICE E. S.P.”, y cuyo fundamento radica en la
nulidad que declaró la Sección Primera (1) del H. Consejo de Estado. Exp. 2003
• 00047, del 2 de agosto de 2008 Magistrado Ponente Dr. Marco Antonio Velilla
Moreno, de los artículos 2º numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT
489 de 12 de abril de 2002 y del artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de
1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y la aclaración a dicha
sentencia.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación -
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones "CRC” y la Empresa de Recursos Tecnológicos
S.A. a pagar a Empresas Municipales de Cali "EMCALI EICE E.S.P.” o a
quienes representen sus derechos: Como reparación o indemnización del daño
ocasionado, los perjuicios de orden material, así:

2.2.1. PERJUICIOS MATERIALES:

2.2.1.1. Daño emergente. Causados hasta la fecha de presentación de esta
demanda, consistentes en los menores valores cobrados por cargos de acceso
por capacidad, desde el 24 de abril de 2020 (sic) (fecha en que fue publicada
en el diario oficial la resolución CRT 489) hasta el 4 de Febrero de 2011 (fecha
de presentación de la demanda) por concepto de devolución de los dineros
dejados de cobrar de los cargos de acceso por minutos [como debió (sic) haber
sido realmente liquidados] y como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del Honorable Consejo de Estado, y que ascienden a la suma de $
1.775.540.216,oo Mcte, conforme a las certificaciones generadas y
debidamente conciliadas por EMCALI EICE E.S. P.

2.2.1.2. Lucro Cesante. Por las sumas de dinero correspondiente a los menores
valores cobrados [entiéndase las diferencias resultantes entre los cargos de
acceso por capacidad frente a los cargos de acceso por minuto] y que se
generen con posterioridad a la presentación de esta demanda.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

En el año 2000, entre EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y la Empresa de Recursos
Tecnológicos S.A. – ERT, se suscribió un contrato con el fin de establecer
condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que
establecían el acceso, uso e interconexión entre las redes de telecomunicaciones
de las empresas referidas. Este acuerdo de voluntades se suscribió cuando se
encontraba vigente la Resolución CRT 087 de 1997.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Al momento de firmarse ese contrato de interconexión se pactó cobrar los cargos
de acceso bajo la modalidad de minutos. Posteriormente, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones mediante Resolución 463 de 2001 compilada en la
Resolución 489 de 2002, concedió a los operadores de TBCLD -telefonía pública
conmutada de larga distancia- y TMC -telefonía móvil celular-, la opción de solicitar
a los operadores locales con los que tuvieran contratos de interconexión, modificar
el esquema de pago de cargos de acceso por minuto a cargos de acceso por
capacidad.

De hecho, el numeral 4.2.2.19 del artículo 2° de la Resolución 489 del 12 de abril
de 2002, señala: «El título iv de la Resolución 087 de 1997, quedará así: (…) Artículo
4.2.2.19. Cargo de acceso a las redes de telefonía. A partir del primero de enero de
2002, los operadores telefónicos deberán ofrecer por lo menos las siguientes dos
opciones de cargos de acceso a los operadores que les demanden interconexión
(…)».

El 2 de agosto de 2008, mediante providencia proferida por el Consejo de Estado
en el curso del proceso de nulidad con radicado 2007-00047, se declaró «la nulidad
de la expresión ‘a partir del primero de enero de 2002’, contenida en el artículo 2°,
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de
la expresión ‘o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo
4.2.2.19 de la CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y
compilada en la presente resolución, para todas sus interconexiones’, contenida en
el artículo 9°, ibidem». Por medio de providencia del 29 de enero de 2009, el
Consejo de Estado negó una solicitud de aclaración presentada en contra de la
sentencia antes relacionada.

Las resoluciones declaradas nulas se expidieron con falsa motivación, pues su
verdadera intención era revivir normas que ya habían sido derogadas. De igual
manera, la Resolución CRT 489 del 12 de abril de 2002 violó el principio general
que proscribe la retroactividad de los actos administrativos, por cuanto estableció
que sus efectos se surtían desde enero de 2002, a pesar de que se expidió el 12 de
abril de 2002 y se insertó en el Diario Oficial el 24 de abril del mismo año, fecha en
la cual se entiende promulgada.

Según se expresa en la demanda, la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRT desconoció la validez de los contratos celebrados con
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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

anterioridad a la «vigencia de la Resolución CRT 489 de 2020 y los contratos
celebrados con anterioridad de la Resolución CRT 463 de 2001 y que se
encontraban en plena ejecución y vigencia de la Resolución CRT 087 de 1997. En
otras palabras la CRT autorizó por vía administrativa a que los operadores
incumplieran las obligaciones contractuales adquiridas previamente».

Con fundamento en las Resoluciones 463 y 489, la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, de manera arbitraria inició actuaciones administrativas
encaminadas a la modificación de algunos contratos celebrados válidamente por
operadores telefónicos locales con antelación a la vigencia de las normas
declaradas nulas. Por esa razón, los demás operadores solicitaron el ajuste de sus
contratos al nuevo esquema de cargos de acceso.

2. El trámite en primera instancia

El 14 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al Ministerio
Público (fls. 247 – 248, c. 1).

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se opuso a las
pretensiones. Propuso la excepción de indebida integración del contradictorio, por
cuanto en la demanda no hay claridad de las imputaciones endilgadas en su contra,
ni tampoco se enuncian las actuaciones u omisiones que podrían causar un daño al
demandante.

Asimismo, sostuvo que esa entidad no debió ser convocada al presente asunto,
dado que las actuaciones a que hace referencia el demandante fueron surtidas por
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Además, porque entre sus
funciones no se encuentra la de «intervenir en las relaciones de interconexión que
surjan entre operadores o proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones»
(fls. 292 – 299, c. 1).

La Comisión de Regulación de Comunicaciones se opuso a las pretensiones de la
demanda, porque las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos respecto
de las responsabilidades que se pretenden endilgar a esa entidad.

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Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la intervención del Estado en
materia de servicios públicos «conlleva la facultad de restringir las libertades
económicas de los particulares que se encarguen de su prestación». Es así, que la
parte actora no puede sujetarse de manera estricta a lo pactado en el contrato
celebrado. Lo anterior, por cuanto lo dispuesto a nivel contractual no puede
desconocer lo establecido por las autoridades competentes en relación con la
regulación de los servicios de telecomunicaciones en aras del bien común.

Además, cuando se modificaron las modalidades de pago de los cargos de acceso
de minuto a capacidad, no se hizo por desconocimiento de lo dispuesto en los
contratos ya celebrados por las partes, sino en aras de un bien común «cometido
que limita la autonomía de la voluntad manifiesta en los contratos», teoría
consagrada en el artículo 1602 del Código Civil, que sostiene que el contrato es ley
para las partes.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) falta de competencia por factor
territorial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ii) inexistencia de daño
antijurídico indemnizable, iii) inexistencia del nexo de causalidad entre la actuación
de la CRC y el presunto daño demandado por EMCALI, iv) caducidad de la acción
de reparación directa, v) no ocurrencia de los efectos ex tunc de la declaratoria de
nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2° y el artículo 3° de la
Resolución 489 de 2002, por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas entre
ERT y EMCALI, vi) inexistencia de causa con relación a los cargos de acceso
generados desde el 24 de abril de 2002 hasta el 7 de diciembre de 2007 y, vii)
inexistencia de causa por los cargos de acceso generados desde el 7 de diciembre
de 2007 hasta la fecha (fls. 419 – 438, c. 1).

La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. – ERT se opuso a la totalidad
de las pretensiones. Consideró que no se configuró falla alguna que causara daño
al demandante, sino que se actuó en estricto cumplimiento de normas superiores.
Es así, como en ningún momento se desconoció el contrato que se firmó con
EMCALI el 29 de diciembre de 2000 -no en el año 2006, como afirma el
demandante-.

Propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de la conducta dañosa, ii) ausencia
de responsabilidad y, iii) caducidad de la acción (fls. 439 – 464, c. 1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Por medio de providencia del 14 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca decretó las pruebas solicitadas en la demanda y las contestaciones
(fls. 642 – 643, c. 1). El 26 de julio de 2013 se corrió traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión (fl. 646, c. 1).

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (fls. 647 – 648,
c. 1), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (fls. 649 – 665, c. 1), la parte
demandante (fls. 675 – 704, c. 1), y la Empresa de Recursos Tecnológicos (fls. 705
– 710, c. 1), presentaron sus alegatos. Los demás sujetos procesales guardaron
silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2016, la Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 negó las pretensiones de la demanda.
En dicha providencia se concluyó que el daño alegado, relativo a los valores por
cargo por acceso o cargo por minuto cobrados entre enero de 2002 y abril de 2010
«no se predica de la expedición de las resoluciones sobre las cuales gira la presente
controversia y menos de su declaratoria de nulidad (…)».

Esto se señaló, por cuanto las mencionadas resoluciones no establecieron un deber
insoslayable de modificar el esquema de precios en los contratos ya celebrados,
sino que permitieron que, a elección de las partes, se mantuviera el sistema de
minutos o se pasara al sistema de pago por capacidad. Para arribar a tal conclusión
indicó (fls. 816 – 830, c. ppal.):

[L]as razones en que el Consejo de Estado fundamentó la decisión de nulidad
parcial de las resoluciones sometidas a examen, se ciñeron al principio de
irretroactividad de las normas legales que consagra la obligatoriedad de los
actos de carácter general después de su promulgación, mas no porque las
disposiciones contenidas en el acto administrativo relacionadas con el
mantenimiento de las condiciones y valores existentes antes de la fecha de
publicación de la resolución 463 de 2001 resultaran ilegales.

(…)

Así que razón les asiste a las entidades demandas (sic) cuando señalan que
con tal disposición se dejó claro que los operadores de telecomunicaciones en

1
Mediante auto de 17 de mayo del 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el
expediente a la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en virtud de
unas medidas de descongestión, tribunal que avocó su conocimiento por medio de auto del 15 de
julio de 2016.
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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
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Información y las Comunicaciones y otros
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virtud de los contratos de interconexión, podían mantener las condiciones y
valores existentes en razón de los cobros por cargos de acceso, que la
resolución mencionada permitía como opción: por minutos o por capacidad; y
que si el contrato de interconexión suscrito entre EMCALI E.I.C.E. – E.S.P., y
la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. – E.S.P., se modificó en cuanto al
esquema de remuneración de cargos de acceso, ello obedeció al ejercicio de
la autonomía de la voluntad de las partes para cambiar y pactar las condiciones
de remuneración de la interconexión, la cual fue contemplada de manera
expresa en la regulación vigente para ese entonces, en el sentido de establecer
que a los proveedores les correspondía elegir entre alguna de las opciones de
remuneración de los cargos de acceso definida en la regulación o incluso fijar
un mecanismo de remuneración diferente, producto del acuerdo directo.

Como lo reconoce el propio demandante (f. 235 c. principal), el artículo 2°,
numeral 4.2.2.19 de la Resolución 489 de 2002 disponía que los operadores
telefónicos debían ofrecer para el cargo de acceso a las redes de telefonía por
lo menos las opciones de cobro por minutos y cobro por capacidad (f. 99 vto. a
100 vto. c. principal), disposición que no fue declarada nula por el Consejo de
Estado, manteniendo plena vigencia, por lo que la posibilidad de escoger entre
uno u otro esquema remuneratorio dependía exclusivamente de la voluntad de
los contratantes.

(…)

Situación distinta representaría que el Consejo de Estado al abordar el estudio
de legalidad de los actos administrativos demandados hubiera determinado
que la posibilidad de elegir entre una u otra modalidad del cobro de cargos de
acceso resultaba ilegal y por tanto hubiera decretado la nulidad de las
disposiciones normativas que le daban fundamento, con el consecuente
resultado de mantener vigentes los contratos en los cuales se venían
amparando los operadores locales que prestaran servicios de interconexión, ya
sea bajo el esquema de pago de cargos de acceso por minuto, o pago de
cargos de acceso por capacidad.

Distinta es la situación que ahora se presenta ante la Sala, en la medida que
los operadores siempre mantuvieron la opción dada por la regulación de
conservar las condiciones y los valores existentes o acordados antes de la
expedición de la Resolución 463 de 2001, como alternativa y en ejercicio de su
propia autonomía, la cual les permitía acordar cualquiera de las dos opciones,
se insiste, en el marco del cobro de cargos de acceso por minuto o cargo de
acceso por capacidad.

4. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda (fl. 837 – 870, c. ppal.).

Insistió en que la Comisión de Regulación de Comunicaciones modificó de forma
arbitraria un contrato suscrito por EMCALI y la Empresa de Recursos Tecnológicos
S.A. E.S.P., lo cual permitió la figura de enriquecimiento sin causa, con desmedro
del patrimonio de EMCALI.

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Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Consideró que los medios de prueba obrantes en el plenario permiten concluir que
sí se demostró el daño antijurídico alegado, consistente en «los menores valores
cobrados, por la indebida reglamentación del CRT al variar el sistema de cobro de
los cargos de acceso, el cual queda patentizado en las liquidaciones presentadas
en el presente proceso», lo cual benefició al operador.

Sostuvo que el fallador de primera instancia basó erróneamente su decisión en una
norma que no se ajusta al caso específico, pues «citó el artículo 38 de la Ley 142
de 1994 cuya normatividad no regula la telefonía móvil celular, ya que no es
considerado como un servicio público domiciliario, razón por la cual no se
comprenden las razones que llevó al juzgador a afirmar que el presente caso por
tratarse de la nulidad de unos actos administrativos que supuestamente tocan un
servicio público domiciliario, sus efectos rigen hacia el futuro».

El presente asunto no se circunscribe a una controversia contractual, sino que lo
que se pretende son los valores dejados de percibir por la intervención que tuvo la
Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el contrato suscrito entre las
partes, al expedir las resoluciones anteriormente mencionadas, valores que
causaron un desequilibrio económico en lo que inicialmente se había pactado y lo
estipulado posteriormente por la comisión.

5. El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido el 3 de agosto de 2018 (fl. 879, c. ppal.).
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2018, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 881,
c. ppal.).

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC
solicitó confirmar el fallo de primera instancia, para lo cual indicó que i) esa entidad
nada tuvo que ver con la expedición de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT
489 de 2002, toda vez que fue la Comisión de Regulación de Comunicaciones –
CRC, quien emitió esos actos administrativos y, ii) el a quo encontró probado que el
contrato suscrito entre EMCALI y la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.
E.S.P., se modificó respecto al esquema de remuneración de cargos de acceso, en
razón a la autonomía de la voluntad de las partes para cambiar y pactar las
condiciones de cobro de la interconexión (fls. 882 – 883, c. ppal.).
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Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

La Comisión de Regulación de Comunicaciones solicitó confirmar la sentencia
impugnada, debido a la «inexistencia del daño y de los perjuicios reclamados por
Emcali», por cuanto, la sentencia proferida el 21 de agosto de 2008, por medio de
la cual el Consejo de Estado declaró nulos algunos apartes de la Resolución CRT
489 de 2002, no es una fuente generadora de algún daño que deba ser reparado a
la parte demandante. Además, no existe en el proceso prueba de un perjuicio cierto
que se le haya causado a EMCALI como efecto de la nulidad parcial de la resolución
antes referida (fls. 885 – 894, c. ppal.).

La parte actora solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, para lo
cual adjuntó dos providencias por medio de las cuales el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resolvió de manera
favorable unas demandas incoadas por la misma EMCALI, en las cuales se
formularon «los mismos hechos y fundamentos de derecho» pero con diferencia en
la parte demandada (fls. 897 – 904, c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó que la sentencia de primera instancia fuera confirmada,
por considerar que el cambio de las condiciones de las tarifas por uso de las redes
de interconexión entre EMCALI y la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.,
obedeció a la voluntad de las partes de firmar un Otrosí, aun cuando se encontraban
en la libertad de mantener vigentes las condiciones establecidas en el contrato
suscrito en el año 2000. Además, porque la Resolución 489 de 2002, no obligó a las
partes a cambiar dichas condiciones, sino que, por el contrario, facultaba a los
operadores a mantener los parámetros establecidos al momento de suscribir los
contratos2 (fls. 962 – 976, c. ppal.).

La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. no intervino en esta etapa procesal (fl.
977, c. ppal.).

2
Esto lo planteó en los siguientes términos: «[L]a causa del cambio en la modalidad de cobro por
los servicios de interconexión de redes realizada a través del Otrosí N° 4 al Contrato 400-GT-CIC-
001-2001, y que presuntamente causó un detrimento patrimonial a EMCALI, se debió a la autonomía
de la voluntad de las partes, y no a que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, a través
de la Resolución 489 de 2002, hubiera compelido de manera directa o indirecta a un cambio de
tarifas».
9

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Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de
septiembre de 2016, por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un
proceso de doble instancia en razón de la cuantía, dado que para la fecha de la
presentación de la demanda (8 de febrero de 2011), la cuantía debía ser equivalente
o superior a $267’800.0003 y dado que, en el caso concreto, la pretensión mayor es
de $1.775’540.2164, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2.- Idoneidad de la acción y su ejercicio oportuno

El ordenamiento jurídico colombiano liga la procedencia de las acciones al origen
del daño alegado, reservando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a
aquellos eventos en los que los perjuicios alegados sean consecuencia de un acto
administrativo y, la acción de reparación directa, para los que encuentren su fuente
en un hecho, omisión u operación administrativa.

Si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado de manera excepcional
la posibilidad de pretender por la vía de la reparación directa el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados con el acto administrativo general que ha sido anulado 5, en
el caso concreto no procede dicha acción sino la de nulidad y restablecimiento del
derecho, en consideración a la fuente del daño alegado, que según la empresa
demandante, se deriva directamente del acto general que surtió efectos
particulares, el restablecimiento se produciría automáticamente con la declaración
de nulidad de este6.

3
Para el año 2011, el salario mínimo mensual legal vigente era de $535.600.
4
Indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, según el acápite de la
estimación razonada de la cuantía. (fl. 242, c. 1).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 26437. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6
De antaño, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido y encauzado la procedencia de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos generales, cuando
de su anulación se derive el restablecimiento automático de derechos por los efectos particulares
que dichos actos hayan causado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 4 de marzo de 2003, exp. 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030). M.P. Manuel
Santiago Urueta Ayola.
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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Sobre el particular, la Sala advierte que, aunque en principio la accionante sostuvo
que su pretensión de declaratoria de responsabilidad extracontractual se funda en
los efectos dañosos causados con la aplicación de unos actos administrativos de
carácter general que posteriormente fueron anulados por el Consejo de Estado, lo
cierto es que una lectura integral de la demanda permite comprender que la
verdadera causa del perjuicio alegado es el acto administrativo general que surtió
efectos particulares desde su expedición, el cual estima contrario a derecho e incidió
negativamente en un negocio jurídico previamente perfeccionado.

Específicamente, en la pretensión segunda se señaló que:

2.2.1. PERJUICIOS MATERIALES:

2.2.1.1. Daño emergente. Causados hasta la fecha de presentación de esta
demanda, consistentes en los menores valores cobrados por cargos de acceso
por capacidad, desde el 24 de abril de 2020 (sic) (fecha en que fue publicada
en el diario oficial la resolución CRT 489) hasta el 4 de Febrero de 2011 (fecha
de presentación de la demanda) por concepto de devolución de los dineros
dejados de cobrar de los cargos de acceso por minutos [como debió (sic) haber
sido realmente liquidados] y como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del Honorable Consejo de Estado, y que ascienden a la suma de $
107.073.512.286,oo Mcte, conforme a las certificaciones generadas y
debidamente conciliadas por EMCALI EICE E.S.P.

Además, como fundamento de las pretensiones, adujo que la expedición de las
Resoluciones CRT 463 2001 y CRT 489 de 2002, implicó la modificación de los
contratos que fueron suscritos en vigencia de la Resolución CRT 087 de 1997, así:

(ii) Posteriormente la CRT, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones
“CRC” expide las Resoluciones CRT 463/01 y CRT 489/02, que cambia la
modalidad de cargos de acceso de minutos a capacidad.

(iii) Con esta determinación tomada por el Comisión de Regulación, conllevo a
que la facturación de EMCALI rebajara más de un 60% en beneficio de los
usuarios de las redes de la Empresa de servicios públicos de la ciudad de Cali.

(vi) La declaratoria de nulidad, lleva como consecuencia lógica que sus efectos
se retrotraen como si las mismas no hubiesen existido. Recuérdese que con la
expedición de esas resoluciones se modificó el acuerdo de voluntades
previamente fijados y plasmados en los contratos de los operadores,
violentando la seguridad jurídica.

(…)

5.6. Es claro que las normas declaradas nulas, fue expedido (sic) con falsa
motivación, dado que su verdadera intención fue revivir unas normas
derogadas, como lo deja explícitamente claro en sus pronunciamientos del la
(sic) Sección primera del H. Consejo de Estado, adicionalmente, con la

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

Resolución 489 se buscó subsanar la derogatoria que efectivamente había
ocurrido sobre las disposiciones de la Resolución 463 de 2001, más no la
desafortunada compilación intentada con la CRT 489 de 2002.

5.7. Por otro lado, estas resoluciones violaron el principio general que proscribe
la retroactividad de los actos administrativos. Obsérvese que la resolución
siendo expedida el 12 de abril de 2002, solo fue insertada en el diario oficial el
24 de abril de 2002, fecha en que se entiende promulgado, no obstante lo
anterior esta dispuso que rigiera cuatro (4) meses antes de tal expedición y
promulgación.

5.9. Con esta actuación la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
“CRT” hoy “CRC” desconoció la validez de los contratos celebrados con
antelación a la vigencia de la Resolución CRT 489 de 2020 (sic) y los contratos
celebrados con anterioridad de la Resolución CRT 463 de 2001 y que se
encontraban en plena ejecución y vigencia de la Resolución CRT-087 de 1997.
En otras palabras, la CRT autorizó por vía administrativa a que los operadores
incumplieran las obligaciones contractuales adquiridas previamente.

Como se observa, tanto la pretensión, como sus fundamentos aluden a que con la
expedición de las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001 y CRT 489
del 12 de abril de 2002 se afectó de manera inmediata y antijurídica el contrato
celebrado entre EMCALI y la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., pues
con esa regulación se modificó la forma en que debían remunerarse los contratos
de esa naturaleza que estuvieran perfeccionados y en ejecución, contraviniendo así
los principios jurídicos de la irretroactividad y la seguridad jurídica.

En ese contexto, como la fuente del daño alegado se refiere a los efectos nocivos
particulares que el acto general surtió sobre el referido contrato, concluye la Sala
que la acción procedente no es la de reparación directa, sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la medida en que dichos actos se consideran
ilegales por parte de la entidad demandante.

Esto es así, porque si bien las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001
y CRT 489 del 12 de abril de 2002 establecían reglas generales sobre remuneración
de los cargos de acceso a las redes, de acuerdo con lo expresamente aducido en
la demanda, dichas decisiones surtieron unos efectos particulares frente al contrato
400-GT-CIC-001-2001, suscrito el 29 de diciembre del 2000, lo que implica que
estas actuaciones tienen la naturaleza de actos administrativos mixtos, en tanto se
trata de actos generales que tuvieron efectos jurídicos particulares sobre la
accionante.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

En relación con el control judicial de los actos de esta naturaleza, esta Corporación
ha precisado que la acción procedente se determina por el interés jurídico con que
se acude al proceso, así:

[…] que el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean impugnables
por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del
derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso […] Así, si lo que se
busca es la desaparición de aquélla parte que afecta de manera directa y
específica el inmueble de propiedad del demandante o la indemnización de
perjuicios la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho;
en tanto que si lo perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto
sin ninguna referencia a un interés subjetivo entonces la procedente es la acción
de simple nulidad […]7.

Así las cosas, como en el presente asunto lo que se pretende es la reparación de
los perjuicios ocasionados por el acto administrativo que consideraba ilegal,
corresponde a la Sala revocar la decisión adoptada en la primera instancia y, en su
lugar, declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción.

3. Costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo normado en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre de 2016, proferida por la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo Cundinamarca, y en su lugar se dispone:

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 14 de abril de 2016,
exp. 05001-23-31-000-2003-00103-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Esta postura fue reiterada por
esta Subsección en sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. 68001-23-33-000-2016-01270-02
(68145), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: acción de reparación directa

PRIMERO: DECLARAR la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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