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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00184-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00184-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.” 2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia. 3º) Acéptase la renuncia presentada por los abogados Juan Carlos Jiménez Triana y Viviana Carolina Rodríguez Prieto quienes actuaban como apoderados judiciales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (índice 19 SAMAI). 4º) Reconócese personería jurídica a la abogada Diana Paola Copete Díaz identificada con cédula de ciudadanía número 1032459438 y tarjeta profesional número 276.565 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada judicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los términos del poder a ella conferido (fls. 8 a 50, índice 23 SAMAI). 5º) Reconócese personería jurídica al abogado Leonardo Juniors Martínez Joven identificado con cédula de ciudadanía número 1.016.008.625 y tarjeta profesional número 237.928 del Consejo Superior de la Judicatura y al abogado Milcíades 28 Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293) Demandante: Emcali EICE ESP Reparación directa Apelación sentencia Rodríguez Quintero identificado con cédula de ciudadanía número 19.439.920 y tarjeta profesional número 36.096 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado judicial principal y sustituto, respectivamente, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del poder a ellos conferidos (fls. 1 a 20 y fl. 25, índice 20 SAMAI). 6º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00184-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE
ESP
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
• COMCEL SA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CONTRATO
AFECTADO POR ACTO ADMINISTRATIVO
GENERAL QUE FUE DECLARADO NULO

Síntesis del caso: el 7 de julio de 1995, entre Emcali EICE ESP y Occel SA -posteriormente
Comcel SA- se celebró un contrato para interconectar la red telefónica pública conmutada
(RTPC) de la primera empresa con la red de telefonía móvil celular (RTMC) operada por la
segunda sociedad. La demandante sostiene que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones mediante las Resoluciones nos. 463 de 2001 y 489 de 2002 modificó la
forma pactada en el contrato del 7 de julio de 1995 para liquidar los cargos de acceso, sin
embargo, dichos actos administrativos fueron declarados parcialmente nulos por la Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 2008. Emcali, en acción
de reparación directa, argumenta que mientras las resoluciones de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones estuvieron vigentes dejó de percibir los ingresos que
realmente le correspondían. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora1 en contra de
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca2 que dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: DISPONER el ARCHIVO del expediente reconstruido, previa
anotación en la plataforma SAMAI.” (fls. 1 a 9 índice 129 SAMAI - negrillas
y mayúsculas fijas del texto original).

1 Índice 133 SAMAI primera instancia.
2 Índice 129 SAMAI primera instancia.

2

Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

Mediante escrito radicado el 8 de febrero de 20113, las Empresas Municipales de
Cali (EMCALI) EICE ESP por intermedio de apoderado judicial instauraron
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación -
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC) y Comunicación Celular SA Comcel SA, con
las siguientes súplicas:

“2.1. Declarar administrativamente responsables a la Nación – Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Comisión de
Regulación de Comunicaciones ‘CRC’ y la empresa Colombia
Telecomunicaciones SA ESP, de los perjuicios causados de orden
material a la demandante EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI
EICE ESP, y cuyo fundamento radica en la nulidad que declaró la Sección
Primera (1) del H. Consejo de Estado. Exp. 2003-00047, del 2 de agosto
de 2008 Magistrado Ponente Dr. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO,
de los artículos 2º numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489
de 12 de abril de 2002 y del artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087
de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y la aclaración a
dicha sentencia.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a La Nación
• Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones ‘CRC’ y la empresa
COMCEL a pagar a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ‘EMCALI EICE
ESP’ o a quienes representen sus derechos: como reparación o
indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material, así:

2.2.1. PERJUICIOS MATERIALES:

2.2.1.1. Daño emergente. Causados hasta la fecha de presentación de
esta demanda, consistentes en los menores valores cobrados por cargos
de acceso por capacidad, desde el 24 de abril de 2020 (sic) (fecha en que
fue publicada en el diario oficial la resolución CRT 489) hasta el 4 de
febrero de 2011 (fecha de presentación de la demanda) por concepto de
devolución de los dineros dejados de cobrar de los cargos de acceso por
minutos [como debió haber sido realmente liquidados] (sic) y como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Honorable Consejo de
Estado, y que ascienden a la suma de: $36.777.854.142,oo Mcte,
conforme a las certificaciones generadas y debidamente conciliadas por
EMCALI EICE ESP.

2.2.1.2 Lucro Cesante. Por las sumas de dinero correspondiente a los
menores valores cobrados [entiéndanse las diferencias resultantes entre

3 Fl. 95 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera
instancia.

3

Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

los cargos de acceso por capacidad frente a los cargos de acceso por
minuto] y que se generen con posterioridad a la presentación de esta
demanda.

(…).

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $36.777.854.142,oo Mcte.

2.3.- Los anteriores valores se actualizarán de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del CCA, y se reconocerán los intereses legales desde
la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal
cumplimiento al acuerdo conciliatorio prejudicial si a ello se llegare, de
conformidad con el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará
primero a intereses.

2.4.- La Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Comisión de Regulación de Comunicaciones ‘CRC’ y la
empresa COMUNICACIÓN CELULAR SA - COMCEL SA, dará
cumplimiento al acuerdo conciliatorio prejudicial en los términos de los
artículos 176 y 177 del CCA.” (fls. 3 a 4 del archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128
SAMAI primera instancia - mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 7 de julio de 1995, entre la empresa Emcali EICE ESP y la sociedad Occel SA
-posteriormente Comunicación Celular Comcel SA- se celebró un contrato -el cual
fue modificado el 7 de julio de 2005- cuyo objeto fue el uso e interconexión de las
redes de telecomunicaciones de Comcel SA y Emcali EICE ESP; en dicho contrato
se establecieron las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y
económico para el acceso, uso e interconexión de las redes de telecomunicaciones
y se estipuló que por el uso de las redes de interconexión el cargo por acceso se
liquidaría “bajo la modalidad de minutos”4.

2) La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)5, a través de la

4 Fl. 6 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera
instancia.
5 La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) se creó mediante Decreto 2122 de 1992

como unidad administrativa especial perteneciente al Ministerio de Comunicaciones (artículo 2). Por
virtud de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 se creó la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto
2888 de 2009 funcionó con la misma estructura y ejerció las mismas funciones que la antigua CRT,

4

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Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

Resolución no. 463 de 2001 compilada en la Resolución no. 489 de 2002, otorgó a
los operadores del servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia
(TPBCLD) y telefonía móvil celular (TMC) la opción de solicitar a los operadores
locales con los cuales tuvieran contratos de interconexión modificar el “esquema de
pago de cargos de acceso por minuto a cargos de acceso por capacidad” 6 en la
forma prevista en el numeral 4.2.2.19 del artículo 2º de la Resolución no. 489 de
2002, esta determinación impactó el contrato de interconexión suscrito entre Emcali
EICE ESP y Comcel SA y provocó una rebaja en la facturación de Emcali EICE ESP
en más del 60%, en beneficio de los usuarios de las redes de la empresa de
servicios públicos de la ciudad de Cali (Valle).

3) En providencia del 2 de agosto de 2008 dictada en el proceso no.
110010324000200300047 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2º de la Resolución no. 489
de 12 de abril de 2002 y del artículo 4.2.2.19 de la Resolución no. 87 de 1997,
modificado por la Resolución no. 463 de 2001, compilada en esta última resolución.

4) Con fundamento en las nos. Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002 la
Comisión de Regulación de Comunicaciones modificó los contratos celebrados
válidamente por operadores telefónicos locales con antelación a la entrada en vigor
de las normas posteriormente anuladas.

5) Por consiguiente, le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones -antes Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones- porque expidió las Resoluciones números 463 de 2001 y 489
de 2002 cuyos apartes fueron declarados nulos, con las cuales se causó el daño a
Emcali ESP, quien no estaba obligado a asumir la disminución en los valores
cobrados por cargos de acceso por haberse cambiado el esquema de minutos por
capacidad.

por su parte, las regulaciones de carácter general y particular expedidas por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones en ejercicio de sus funciones antes de la entrada en vigencia de
la Ley 1341 de 2009, mantienen su vigencia.

6 Fl. 6 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera
instancia.

5

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Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
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6) Aunque la regulación provino de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
Comcel SA se benefició con la actuación irregular porque fue más favorable la
liquidación de los cargos de acceso por capacidad que los cargos de acceso por
minuto convenidos contractualmente; por lo tanto, se configuró un enriquecimiento
sin justa causa en favor de Comcel SA a costa del correlativo empobrecimiento de
Emcali EICE ESP.

7) La decisión de nulidad implica que los actos administrativos nunca produjeron
efectos, en consecuencia, deben ser devueltos a Emcali EICE ESP los menores
valores liquidados por “el cambio cargos de acceso de minuto a capacidad”7, los
cuales se estiman en la suma de dinero equivalente a “$36.777.854.142,oo mcte”8.

3. Contestación de las entidades demandadas

1) Por auto del 21 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda y ordenó la notificación personal de los representantes legales
de las entidades demandadas9.

2) El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 10 se opuso
a las pretensiones de la demanda por estimar que no debió ser demandada en el
presente proceso porque los actos administrativos generadores del daño alegado
fueron expedidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) -
hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)-, entidad que cuenta con
capacidad procesal como lo establece el inciso segundo del artículo 149 del Código
Contencioso Administrativo y cuya naturaleza jurídica se encuentra prevista en los
artículos 19 y 20 de la Ley 1341 de 2009. Propuso como excepciones: i) la “falta de
jurisdicción respecto del Ministerio de Tecnologías de la información y las
comunicaciones”, porque no existe conducta alguna de sus agentes; además, en la

7 Según lo pretendido en la demanda desde el 24 de abril de 2002 (fecha en que la Resolución 489

fue publicada en el Diario Oficial) hasta el 4 de febrero de 2011 (fecha de presentación de la
demanda).
8 Fl. 5 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera

instancia.
9 Fls. 97 a 99 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI

primera instancia.
10 Por escrito radicado el 4 de agosto de 2011 (fls. 361 a 371 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia).

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Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
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demanda no se indica cuáles habrían sido las acciones u omisiones imputables al
ministerio y, ii) “falta de legitimación en la causa”, pues, no tuvo injerencia en la
expedición de los actos administrativos generadores del daño reclamado.

3) Por su parte, la sociedad Comunicación Celular SA Comcel SA se opuso a las
súplicas de la demanda11 para lo cual invocó las excepciones denominadas: i) “falta
de legitimación e interés en la demandante”, puesto que la parte actora no sufrió
ningún perjuicio; ii) “acuerdo de las partes para la modificación del contrato”, debido
a que Emcali y Comcel convinieron de manera libre la modificación del contrato de
interconexión a través del otrosí no. 2 con fundamento en la Resolución no. 575 de
2002, acto administrativo que nunca fue demandado ni anulado, por lo cual dicha
modificación es plenamente válida; iii) “falta de relación entre el fundamento del
reclamo y la realidad”, toda vez que, la modificación del contrato de interconexión
no tuvo por fundamento las resoluciones de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones -ahora Comisión de Regulación de Comunicaciones- que
posteriormente fueron anuladas; iv) “prescripción”, por el vencimiento del término
para reclamar los posibles perjuicios causados con el contrato de interconexión
celebrado el 7 de julio de 2005; v) “autonomía de la voluntad”, debido a que las
partes, de mutuo acuerdo, establecieron la forma de liquidar los cargos de acceso
y, vi) “caducidad”, porque no fue demandado el “otrosí no. 2” del contrato de
interconexión en el cual se modificaron las condiciones inicialmente pactadas y el
término legal para demandarlo se encuentra vencido.

4) A su turno, la Comisión de Regulación de Comunicaciones manifestó12 que i)
Emcali no tenía contrato de interconexión vigente antes de la expedición de la
Resolución no. 489 de 2002; ii) el contrato suscrito el 17 de febrero de 200613 se

11 Por escrito presentado el 28 de marzo de 2014 (fl. 409 a 415 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia).
12 Fls. 420 a 461 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI

primera instancia.
13 La entidad demandada se refiere a un contrato de interconexión suscrito entre las partes el 17 de

febrero de 2006, sin embargo, las pruebas aportadas y decretadas en el proceso acreditan que el
contrato de interconexión se suscribió el 7 de julio de 1995 por la sociedad Occidente y Caribe Celular
SA (Occel SA) y las Empresas Municipales de Cali (Emcali), el cual fue modificado el 1º de diciembre
de 1997 a través de “Otrosí no. 1” y el 7 de julio de 2005 a través del “otrosi no. 2” (fls. 101 a 120
archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”; fl. 121 archivo
“92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)” y fls. 56 a 59 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)”, índice 128 SAMAI primera instancia).

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celebró con fundamento en lo regulado por la Resolución no. 489 de 2002, acto
administrativo que para entonces se encontraba vigente y mediante el cual se
adoptó un esquema mixto de cobro por capacidad y por minuto, según lo estipulado
en su anexo financiero; iii) la nulidad parcial de la Resolución no. 489 de 2002 no
impidió que los operadores continuaran con el esquema anterior de remuneración
ya que, el artículo 9 de la Resolución 489 de 2002, que lo permitía, no fue anulado
y, iv) las dos opciones de cobro de cargos de acceso (por minuto y por capacidad)
estuvieron vigentes desde el 24 de abril de 2002 hasta el 7 de diciembre de 2007,
sin que la decisión del Consejo de Estado afectara su validez.

Complementariamente propuso las excepciones de: i) “inexistencia de daño
antijurídico indemnizable”, porque Emcali basa su reclamación en una hipótesis no
demostrada, según la cual habría perdido la oportunidad de recibir ingresos
superiores con la entrada en vigencia de la Resolución 489 de 2002; sin embargo,
no acreditó la existencia de un contrato afectado por dicha regulación; ii)
“inexistencia de nexo de causalidad entre la actuación de la CRC y el presunto daño
demandado por Emcali”, pues, el daño supuestamente sufrido por Emcali no tiene
origen en la aplicación ni en la posterior anulación de la Resolución 489 de 2002;
además, el argumento de que la sentencia de nulidad tiene efectos retroactivos
desconoce lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 142 de 199414, e incluso si se
admitiera la retroactividad en materia indemnizatoria no habría relación causal por
cuanto los cargos de acceso fueron pactados libremente por las partes conforme a
la autonomía reconocida en la resolución15; iii) “caducidad de la acción”, toda vez
que, la aplicación de los cargos de acceso -de acuerdo con la Resolución 489 de
2002- finalizó el 7 de diciembre 2007; en ese orden, en caso de existir algún reparo
la demanda debía formularse a partir de dicha fecha; iv) “no ocurrencia de los
efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del
artículo 2º y el artículo 3 de la Resolución 489 de 2002, por tratarse de situaciones

14 Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones -antes Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones-, la Resolución no. 489 de 2002 es un acto administrativo en materia de
servicios públicos que tuvo por objeto regular “ciertas condiciones respecto de la explotación de las
redes de los prestadores del servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada, el
cual, al momento de los hechos de la demanda de nulidad y de la ejecutoria de la sentencia del
Consejo de Estado, era calificado como tal por el artículo 14.26 de la Ley 142 de 1994”(fl. 451 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia), servicio
que perdió su carácter de “domiciliario” a partir de la vigencia de la Ley 1341 de 2009 (artículo 73).
15 Fl. 453 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera

instancia).

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
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Reparación directa
Apelación sentencia

jurídicas consolidadas entre Colombia Móvil y Emcali”, en el contrato de
interconexión celebrado entre Emcali y Colombia Móvil existía una situación jurídica
consolidada, pues, desde la suscripción, las partes de mutuo acuerdo pactaron la
remuneración de los cargos de acceso; de modo que, no pueden retrotraer los
efectos del fallo de nulidad para reliquidar los cargos de acceso y, v) “inexistencia
de causa con relación a los cargos de acceso generados desde el 7 de diciembre
hasta la fecha”, porque las resoluciones expedidas en su momento por la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones –hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones- que regularon los cargos de acceso desde el 7 de diciembre de
2007 conservan la presunción de legalidad, en consecuencia, no pueden
extenderse los efectos del fallo de nulidad invocado por la parte actora.

4. Actuación relevante en primera instancia

Luego de que se reportara la pérdida del expediente, el tribunal de primera instancia
mediante auto del 27 de septiembre de 202116 dio inicio a su reconstrucción, la cual
finalizó en proveído del 18 de abril de 202317, en el que además se ordenó la
organización de las piezas procesales aportadas por las partes en un solo archivo,
que fue incorporado en el índice 128 del aplicativo SAMAI.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 18 de septiembre
de 202418 declaró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda con sustento
en los siguientes argumentos:

1) La demandante refiere que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -
hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones- con la expedición de las
Resoluciones nos. 463 del 27 de diciembre de 2001 y 489 del 12 de abril de 2002-
afectó la relación contractual que existía entre Emcali EICE ESP y Comcel SA, pues,
modificó el esquema de pago de cargos de acceso por minuto a cargos de acceso

16 Índice 82 SAMAI.
17 Índice 120 SAMAI primera instancia.
18 Índice 129 SAMAI primera instancia.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

por capacidad.

2) En ese sentido, la causa del daño alegado es el acto administrativo que surtió
efectos particulares desde su expedición sobre el referido contrato, de modo que la
acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

3) Ciertamente, la parte actora pretende la reparación de los perjuicios ocasionados
por el acto administrativo que consideraba ilegal, lo cual no es viable a través de la
acción de reparación directa, pues, le correspondía “solicitar el restablecimiento del
derecho como consecuencia de la nulidad de la expresión ‘a partir del primero de
enero de 2002’, contenida en el artículo 2°, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión ‘o acogerse, en su
totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la CRT 087 de 1997,
modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en esta última, lo que
no ocurrió a instancia de la demandante”19.

4) Es procedente declarar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción, “acogiendo el antecedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, dado que los hechos y pretensiones tienen similitud con los
expuestos en el fallo de segunda instancia que revocó la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle dentro del
proceso con radicación 76001233100020110018200”20.

6. Recurso de apelación

El 8 de octubre de 2024, la parte actora interpuso recurso de apelación21, las
razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1) La responsabilidad extracontractual del Estado puede provenir de un acto
administrativo que ha sido declarado ilegal y la procedencia de la acción de
reparación directa tiene lugar cuando entre el daño antijurídico causado y el acto

19 Fl. 7 índice 129 SAMAI.
20 Fl. 8 índice 129 SAMAI primera instancia.
21 Índice 133 SAMAI primera instancia.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

administrativo general “no media acto administrativo particular que pueda ser
atacado en sede jurisdiccional”22.

2) La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de nulidad simple
dictada el 2 de agosto de 200823 anuló algunos apartes de la Resolución no. 489 de
12 abril de 2002 expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
que a su vez compiló la Resolución no. 87 de 1997 modificada por la Resolución
no. 463 de 200124.

3) La resolución anulada era un acto administrativo de carácter general, en
consecuencia, si el daño proviene de este, el medio de control judicial de reparación
directa es el mecanismo procesal idóneo para solicitar el reconocimiento y pago de
los perjuicios causados.

4) El daño ocasionado a la parte demandante proviene directamente de la anulación
del acto administrativo general (Resolución no. 489 de 12 de abril de 2002) y “no de
aquellos mediante los cuales la Comisión de Regulación de Comunicaciones se
pronunció respecto al conflicto que se suscitó entre las partes”25; por lo tanto, la
excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción decretada por
el tribunal de primera instancia es improcedente.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 12 de febrero de 2025 (índice 5 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 7 de mayo de 2025 (índice 10 SAMAI) se corrió traslado a las partes
para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10)
días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

22 Fl. 5 índice 133 SAMAI primera instancia.
23 Declaró la nulidad de la expresión “a partir del primero de enero de 2002” contenida en el artículo

2º, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión
“o acogerse en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT
087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente Resolución,
para todas sus interconexiones”, contenida en el artículo 9º de la Resolución 489 de 2002.
24 Que según afirma el apelante, “modificó la modalidad de cargos de acceso de minuto a cargos de

acceso por capacidad, otorgando la opción a los operadores de TPBLD Y TMC de solicitar a los
operadores locales con los cuales tuviera contratos de interconexión, modificar el esquema de pago”
(fls. 8 a 9 índice 133 SAMAI primera instancia).
25 Fl. 9 índice 133 SAMAI primera instancia.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

En dicha oportunidad procesal, el representante del Ministerio Público guardó
silencio26, mientras que la demandante reiteró los argumentos de apelación,
especialmente la procedencia de la acción de reparación directa para solicitar la
indemnización de perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general
declarado nulo27.

Las entidades demandadas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
por su parte, solicitaron confirmar la sentencia de primera instancia por los motivos
que se citan a continuación:

a) Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe
acogerse el antecedente jurisprudencial del Consejo de Estado según el cual la
acción de reparación directa no resulta procedente para controvertir actos generales
que han surtido efectos particulares, pues, dicho medio de impugnación está
concebido como un mecanismo para reclamar la responsabilidad patrimonial del
Estado cuando el daño alegado proviene de hechos, omisiones u operaciones
administrativas concretas28.

b) Comcel SA solicitó confirmar la sentencia de primera instancia29 porque el
contrato suscrito el 7 de julio de 1995 entre Emcali y Occel (hoy Comcel) fue
modificado mediante el otrosí no. 2 del 7 de julio de 2005 en el cual las partes
acordaron, de manera libre y voluntaria, que “la remuneración sería una
combinación de las opciones 1 y 2 que trata el artículo 4.2.2.19 de la Resolución
575 de 2002”30; por consiguiente, el contrato no fue afectado por las resoluciones
nos. 463 de 2001 y 489 de 2002 ni por la sentencia de nulidad emitida por el Consejo
de Estado el 2 de agosto de 2008, en primer lugar, porque i) los efectos de la
sentencia de nulidad no son retroactivos sino que, rigen a futuro y, ii) lo regulado en
dichas resoluciones solo aplica cuando las partes se acogen al esquema propuesto
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -ahora Comisión de
Regulación de Comunicaciones- en alguna de sus interconexiones, o cuando no

26 Índice 27 SAMAI.
27 Índice 25 SAMAI.
28 Índice 23 SAMAI.
29 Índice 24 SAMAI.
30 Fl. 7 índice 24 SAMAI.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

existe un acuerdo entre ellas sobre la materia.

c) A su vez, la Comisión de Regulación de Comunicaciones insistió en la ineptitud
sustantiva de la demanda puesto que, en su criterio, la fuente del daño alegado son
los efectos nocivos particulares que el acto administrativo general causa; de manera
que, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se
ha considerado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado31.

d) Finalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró que la
fuente del daño alegado es un acto administrativo general que surtió efectos
particulares por lo cual la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho; asimismo, concluyó en la ausencia de falla del servicio porque i) el contrato
de interconexión suscrito entre EMCALI y COMCEL SA el día 7 de julio de 2005 se
celebró en vigencia de la Resolución 575 de 2002, además, ii) estipuló una
modalidad de pago que combinaba la remuneración de cargos de acceso por minuto
y por capacidad32.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

31 Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones citó las sentencias del 9 de agosto de

2023 proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (MP María Adriana
Marín), expedientes 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61839) y 76001-23-31-000-2011-00187-01
(62498).
32 Índice 21 SAMAI.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
Reparación directa
Apelación sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna33, el objeto de la controversia consiste
en determinar si se reúnen los elementos para declarar extracontractual y
patrimonialmente responsables al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a Comcel SA
por los perjuicios derivados de la expedición de la Resolución no. 489 del 12 de abril
de 2002, parcialmente anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La demandante sostiene que dicha resolución modificó el esquema de pago de los
cargos por acceso en la relación contractual existente entre Emcali EICE ESP y
Comcel SA, lo cual provocó que la primera percibiera ingresos inferiores a aquellos
que le correspondían.

La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

En efecto, aunque la acción de reparación directa procede de manera excepcional
para reclamar la reparación de perjuicios causados por actos administrativos
generales que en forma posterior son declarados nulos por la jurisdicción encargada
de su control, en este caso no se probó que las resoluciones dictadas por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -ahora Comisión de Regulación de
Comunicaciones - fueran la causa del daño invocado, tal como se explicará a
continuación.

33 La demandante alega haber recibido ingresos inferiores a los que le correspondían por concepto

de cargos de acceso derivados de la interconexión entre la red telefónica pública conmutada de
Emcali y la red móvil celular de Occel SA -luego Comcel SA-. Según Emcali EICE ESP, el contrato
respectivo fue modificado por las Resoluciones nos. 463 de 2001 y 489 de 2002, expedidas por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, las cuales fueron declaradas parcialmente nulas
mediante sentencia del 2 de agosto de 2008 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
la cual quedó ejecutoriada el 10 de febrero de 2009 (fl. 61 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia).

La pretendida antijuridicidad del daño alegado surge a partir de dicha decisión, luego entonces, la
demanda presentada el 8 de febrero de 2011 (fl. 95 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia) satisfizo
el presupuesto procesal de oportunidad para la acción de reparación directa, ello sin contar que los
términos se ampliaron mientras se surtió el trámite de la conciliación prejudicial (fls. 33 a 37 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia).

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
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2. Análisis de la impugnación

1) El tribunal de primera instancia declaró probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por estimar que i) de conformidad con lo afirmado por la
demandante, las Resoluciones números 463 del 27 de diciembre de 2001 y 489 del
12 de abril de 2002 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones modificaron
el contrato existente entre Emcali EICE ESP y Comcel SA, de manera que se
redujeron los ingresos que debía percibir Emcali y, ii) en atención a que el daño se
encuentra en actos administrativos generales que producen efectos particulares
sobre el contrato, para la reparación de los perjuicios causados debió solicitarse “el
restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad”34.

2) Sobre el particular la Sala encuentra que, contrario a lo expuesto por el tribunal
de primera instancia, la reparación directa procede para reclamar la reparación de
perjuicios causados con un acto administrativo de carácter general que
posteriormente es declarado nulo.

3) Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación35 ha precisado que la acción
de reparación directa procede, además de los eventos dispuestos por el legislador,
excepcionalmente también cuando la fuente del daño es un acto administrativo, para
lo cual ha identificado tres (3) hipótesis a saber:

a) Por cuenta de los perjuicios causados por los actos administrativos legales,
siempre y cuando su legalidad no se cuestione en sede judicial y se atente contra
el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

b) Por los perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo
declarado nulo o que haya sido revocado directamente.

34 Fl. 7 índice 129 SAMAI.
35 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 3 de diciembre de 2008, en el

expediente 16.054; MP Ramiro Saavedra Becerra; del 3 de abril de 2013, en el expediente 26.437,
MP Mauricio Fajardo Gómez y, del 10 de diciembre de 2018, en el expediente 39.546, MP Marta
Nubia Velásquez Rico. En similar sentido, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de
septiembre de 2025, en el expediente 72.451, MP Fredy Ibarra Martínez.

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c) Por los perjuicios de la declaración de nulidad o revocatoria directa de un acto
administrativo favorable al interesado, siempre que tales decisiones no hubieran
sido provocadas por este ni “por la inobservancia de las reglas propias del
procedimiento administrativo”36.

4) Sobre este aspecto debe repararse en el hecho consistente en la existencia de
un contrato de interconexión entre la demandante Emcali EICE ESP y una de las
demandadas Comcel SA cuyas tarifas, presuntamente, se vieron afectadas por la
regulación que a la postre fue anulada por la jurisdicción, escenario en el cual la
diferencia suscitada entre estas partes debió tramitarse a través del medio de
control de controversias contractuales; sin embargo, la demandante sustentó sus
pretensiones en contra de Comcel SA en un supuesto enriquecimiento sin justa
causa derivado de la expedición de un acto general que finalmente fue declarado
nulo y, por tanto, esta circunstancia no impide la definición de fondo de la
controversia porque se trata de un caso de acumulación de pretensiones en los
términos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil37, que disponía:

“Artículo 82. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular
en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no
sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán
acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene
al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla
y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios
demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas
provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se
hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse

36 Texto extraído de la sentencia del 10 de diciembre de 2018, en el expediente 39.546, MP Marta

Nubia Velásquez Rico.
37
Norma aplicable por razón de la fecha de la presentación de la demanda.

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específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el
interés de unos y otros.

(…).”. (resalta la Sala).

5) En este específico caso, aunque la vía procesal idónea para que Emcali EICE
ESP reclamara la reparación de perjuicios de su contraparte del negocio jurídico era
la acción contractual, dada la evidente y acreditada existencia de un negocio jurídico
entre ellas, las súplicas están debidamente acumuladas porque el asunto se tramita
por el procedimiento ordinario previsto en el CCA, no se excluyen entre sí y estaban
llamadas a ser conocidas por el mismo juez; asimismo, la norma en cita autoriza
acumular pretensiones en forma subjetiva aunque el interés de unos y otros
demandantes o demandados sea distinto siempre que exista una causa común,
que, para este caso, la identifica la parte demandante como la expedición de una
regulación contenida en un acto administrativo de carácter general anulado que
estima le generó daños y enriqueció sin causa a Comcel SA.

6) A partir de lo expuesto, le asiste razón al apelante en relación con la posibilidad
de decidir de fondo las súplicas de la demanda y, en tal virtud, corresponde a la
Sala determinar a partir de los hechos probados si en efecto hay lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por los supuestos daños que se atribuyen a
la expedición de un acto administrativo que posteriormente fue anulado (en forma
parcial) por la jurisdicción.

7) Con las pruebas aportadas al expediente están demostrados los siguientes
hechos relevantes para la adopción de la decisión:

a) El 7 de julio de 1995, la sociedad Occidente y Caribe Celular SA (Occel SA) y las
Empresas Municipales de Cali (Emcali) celebraron un contrato38 en cuyo objeto se
establecieron “los derechos y las obligaciones técnicas, operacionales,
administrativas, económicas, financieras y jurídicas que regirán la interconexión de
la red telefónica pública conmutada de Emcali con la red de telefonía móvil celular
a cargo de Occel”39.

38 Fls. 101 a 120 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
39 Fl. 103 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.

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Por cuenta del referido contrato, Emcali EICE ESP se comprometió a garantizar la
interconexión de sus equipos con la red de telefonía móvil celular de Occel SA “tanto
para el tráfico saliente como para el tráfico entrante, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 37 de 1993 y en el decreto 741 de 1993”40, igualmente se obligó a efectuar
“el recaudo de los valores causados por concepto de las llamadas originadas por
sus abonados hacia la RTMC de Occel, de conformidad con lo establecido en la
resolución 004 de 1993 emanada de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, transfiriendo a Occel la porción correspondiente a los valores
recaudados por el uso de su RTMC [red de telefonía móvil celular] y reteniendo para
sí el valor de los cargos de acceso por el uso de la RTPC [red de telefonía pública
conmutada] de Emcali”41.

Entre tanto, la empresa Occel SA se obligó a “reconocer y pagar mensualmente a
EMCALI los cargos de acceso causados por las llamadas originadas en la RTMC
[red de telefonía móvil celular] de OCCEL hacia la RTPC [red de telefonía pública
conmutada] de EMCALI, en los términos previstos en la Ley 37 de 1993, el Decreto
741 de 1993 y las Resoluciones no. 002 y 004 de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones”42; en el contrato se estipuló que “[d]ichos cargos de acceso
se calcularán tomando como base los registros de EMCALI y OCCEL y aplicándoles
un procedimiento similar al descrito en el numeral B.I.1 de la cláusula segunda [del]
contrato”43 y el pago de los mismos mediante deducción “que efectuará EMCALI
sobre los valores que adeuda a OCCEL por concepto de uso de RTMC durante el
mismo periodo sobre el cual se causaron los cargos de acceso”44 mencionados.

La duración del contrato se convino en cinco (5) años a partir de su
perfeccionamiento, con la posibilidad de (i) prorrogar por periodos iguales, siempre
que las partes no manifestaran por escrito lo contrario (cláusula décima tercera) y
(ii) de incorporar modificaciones durante su vigencia “salvo en aquellas cláusulas

40 Fl. 41 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera
instancia).
41Cláusula segunda.- Obligaciones de Emcali (fl. 108 archivo
“92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
42 Cláusula tercera.- Obligaciones de Occel, en relación con las tarifas de interconexión y otros

ingresos que se causen a favor de Emcali (fl. 112 archivo
“92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI).
43 Fl. 112 archivo 92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.

“92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI).
44 Fl. 112 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.

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impuestas por la Ley, para lo cual la parte interesada deberá manifestarlo en forma
escrita a la otra”45.

En ese marco es pertinente resaltar que en el proceso de la referencia no reposa el
“anexo financiero no. 2”, el cual, conforme a lo estipulado en la cláusula décima
sexta, constituye parte integral del contrato; este anexo permitía establecer el
esquema de liquidación de los cargos de acceso.

b) El 5 de septiembre de 1997 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones, expidió la Resolución no. 87 “por
medio de la cual se regul[ó] en forma integral los servicios de Telefonía Pública
Básica Conmutada (TPBC) en Colombia”46.

c) El 1° de diciembre de 1997, Occel SA y Emcali EICE ESP suscribieron el “Otrosí
no. 1” con el objeto de “regular los aspectos técnicos, operativos y financieros
relacionados con el enrutamiento a través del CCM de OCCEL SA de las llamadas
cursadas entre los abonados de la RTPC de EMCALI -EICE y los abonados de
CELCARIBE SA y de COMCEL SA”47.

d) El 27 de diciembre de 2001, la Comisión de Regulación de Comunicaciones
expidió la Resolución no. 463 por medio de la cual modificó “el título IV y el título V
de la Resolución 087 de 1997” y dictó otras disposiciones48.

La referida resolución adicionó en el título IV de la Resolución no. 87 de 1997, los
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8.

El numeral 4.2.2.19 estableció que “a partir del primero de enero de 2002 los
operadores telefónicos deberán ofrecer por lo menos las siguientes dos opciones
de cargos de acceso a los operadores que les demanden interconexión”49, una

45 Fl. 118 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
46 Fls. 277 a 652 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
47 Fl. 121 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI. Se pone de

presente que el referido otro sí no reposa en el expediente, no obstante, se tiene conocimiento de
su existencia a partir del otro sí no. 2.
48 Fls. 263 a 275 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
49 Fl. 265 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.

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opción de remuneración por cargos de acceso máximo por minutos y, otra de cargos
de acceso máximo por capacidad; igualmente determinó la forma de liquidación de
dichos cargos en una y otra opción, para lo cual identificó y agrupó en el anexo no.8
las empresas operadoras de telefonía pública básica conmutada para calcular los
valores correspondientes.

El numeral 4.3.8 definió que “a partir del primero de enero de 2002 los cargos de
acceso por uso y por capacidad de que trata la presente Resolución se actualizarán
mensualmente de acuerdo con el Anexo 008 de la presente resolución”50 e incorporó
una fórmula de actualización para tal efecto.

Asimismo, el artículo 5 de la citada resolución dispuso que “los operadores de TMC
y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores vigentes
en las interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de la
presente resolución o acogerse, en su totalidad a las condiciones previstas en la
presente resolución para todas sus interconexiones”51.

e) Mediante Resolución no. 489 del 12 de abril de 2002 la Comisión de Regulación
de Comunicaciones expidió “el Régimen General de Protección a los Suscriptores
y Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones” y compiló “los títulos I, IV, V y
VII de la Resolución 087 de 1997”52.

En la citada resolución, además de adoptar el régimen general de protección a los
suscriptores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones decidió “que mientras se actualizan completamente
las modificaciones de la Resolución CRT 087 de 1997 en un solo cuerpo resolutivo,
es importante compilar los títulos I, IV, V y VII de la Resolución CRT 087 de 1997,
con el objeto de brindar un mejor entendimiento y manejo a su articulado”53.

50 Fl. 268 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
51 Fl. 271 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
52 Fls. 125 a 261 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.
53 Fl. 125 archivo “92Aldespacho_cuadernoRESOLUCIONES(.pdf)”, índice 128 SAMAI.

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En consecuencia, en la Resolución no. 489 de 2002 la Comisión de Regulación de
Comunicaciones compiló varios títulos de la Resolución no. 87 de 1997, que habían
sido modificados, entre otros actos, por la Resolución no. 463 de 2001.

f) El 21 de diciembre de 2004, la sociedad Comcel SA se fusionó con las
sociedades Occidente y Caribe Celular SA Occel SA y la Empresa Regional de
Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica SA Celcaribe SA54.

g) El 7 de julio de 2005, Emcali EICE ESP y Comcel SA suscribieron el “otrosí no.
2” del contrato de interconexión celebrado entre Emcali y Occel SA con el objeto de
revisar las condiciones que regirían la renovación del contrato y definir “el esquema
de cargos de acceso por el uso de la RTPBCL [red de telefonía pública básica
conmutada local] de Emcali que aplicará para el tráfico que curse por la
interconexión directa a partir del 7 de julio de 2005”55 y, en el cual se incorporaron
las siguientes cláusulas:

“PRIMERA: Para el tráfico que curse a partir del 7 de julio de 2005 por la
interconexión directa entre COMCEL y EMCALI, las partes aplicarán el
siguiente esquema de cargos de acceso:

CARGOS DE ACCESO Y USO DE LA RED DE TPBC DE EMCALI: Por
las llamadas completadas entrantes y salientes entre la RTPBC de
EMCALI y la red de TMC de COMCEL, COMCEL reconocerá a EMCALI
un cargo de acceso por el uso de la red local, que resulta de la
combinación de las opciones 1 y 2 de que trata el artículo 4.2.2.19 de
la Resolución CRT 575 de 2002, y que se aplicará dependiendo del
número promedio de minutos reales por llamada completada
cursados por los enlaces (E1) asociados a la interconexión directa
de que trata este contrato, así:

3.1. Si el número promedio de minutos reales cursados por E1 durante
el respectivo mes calendario, tomando para efectos de establecer el
promedio de la totalidad de E1s instalados y en funcionamiento en la
interconexión directa entre COMCEL y EMCALI, es igual o inferior a
250,000 minutos reales, COMCEL remunerará los cargos de acceso
por el uso de la red local a EMCALI, liquidados conforme a la “Opción

54 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de

Comercio de Bogotá el 31 de enero de 2011, mediante escritura pública no. 3799 de la Notaría
Veinticinco de Bogotá DC del 21 de diciembre de 2004, inscrita el 27 de diciembre de 2004 bajo el
número 969083 del libro IX, aclarada por la Escritura Pública no. 143 de la Notaría Veinticinco de
Bogotá DC del 20 de enero de 2005, inscrita el 27 de enero de 2005 bajo el número 974105 del libro
IX, la sociedad Comcel SA se fusionó con las sociedades Occidente y Caribe Celular SA Occel SA
y Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica SA Celcaribe SA (fl. 19
archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI primera instancia).
55 Fls. 56 a 59 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI

primera instancia.

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2: Cargos de Acceso Máximos por Capacidad”, de que trata el
artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 575 de 2002. En este evento, no
se reconocerá a EMCALI ninguna remuneración adicional o distinta de la
anteriormente mencionada por concepto de acceso y uso de la red local
de EMCALI.

3.2. Si el número promedio de minutos reales cursados por E1 durante
el respectivo mes calendario, tomando para efectos de establecer el
promedio la totalidad de E1s instalados y en funcionamiento en la
interconexión directa entre COMCEL y EMCALI, es superior a 250.000
minutos reales pero inferior a 360.000 minutos, COMCEL remunerará los
cargos de acceso por el uso de la red local de EMCALI, así: (i) se
reconocerá el valor por enlace instalado y en funcionamiento liquidado
conforme a la “Opción 2: Cargos de Acceso Máximos por Capacidad”
de que trata el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 575 de 2002,
más (ii) el resultado de multiplicar un valor de cargo de acceso por minuto
equivalente al 85% del valor de cargo de acceso establecido en la “Opción
1: Cargos de Acceso Máximos por minuto” para empresas del Grupo 2,
por el promedio de minutos reales cursados por E1 que exceda de
250.000 minutos reales pero sobrepasar 360.000 minutos reales,
multiplicado por el número de E1s instalados y en funcionamiento.

3.3. Si el número promedio de minutos reales redondeados cursados por
E1 durante el respectivo mes calendario, tomando para efectos de
establecer el promedio la totalidad de E1s instalados y en funcionamiento
en la interconexión directa entre COMCEL y EMCALI, es superior a
360.000 minutos, COMCEL no remunerará los minutos que excedan de
360.000.

(…).

SEGUNDA: El esquema de cargos de acceso mencionado en la cláusula
PRIMERA de este OTROSI, se incorporará y hará parte del documento
que suscriban las partes como constancia de las nuevas condiciones que
regirán a partir de la renovación del contrato de interconexión. TERCERA.
Duración del contrato: El término de duración del contrato actual se
extiende hasta que las partes acuerden y entre en ejecución el nuevo
contrato de interconexión. CUARTA: Los demás términos del contrato de
interconexión no modificados o adicionados por el presente otrosí,
permanecen iguales.” (fls. 56 a 59 archivo
“91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128 SAMAI
primera instancia -mayúsculas sostenidas del texto original y negrillas de
la Sala).

h) Contra los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2 y el artículo 9 de la
Resolución no. 489 de 2002 se presentó acción de nulidad simple, la cual fue
conocida por la Sección Primera de esta Corporación, quien en sentencia del 21 de
agosto de 200856 declaró la nulidad de la “expresión ‘a partir del primero de enero
de 2002’, contenida en el artículo 2º, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución

56 Fls. 195 a 263 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)”, índice 128 SAMAI

primera instancia.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
Demandante: Emcali EICE ESP
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CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión ‘o acogerse, en su totalidad, a
las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997,
modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente
resolución, para todas sus interconexiones’, contenida en el artículo 9º, ibidem”57.

Las consideraciones de esa decisión fueron las siguientes:

(i) La Resolución no. 489 de 12 de abril de 2002, que contiene las normas acusadas,
es un acto administrativo de carácter general, de tal manera que, la acción
procedente es la de nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho
“máxime si las pretensiones de la demanda no se refieren a restablecimiento del
derecho alguno ni la eventual declaratoria de nulidad conlleva un restablecimiento
automático”58.

(ii) La expresión “a partir del primero de enero de 2002” contenida en el artículo 2º,
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. acusados viola los artículos 11 y 12 del Código Civil, 52
y 53 del Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913) y 43 del Código Contencioso
Administrativo que prevén que todo acto administrativo de carácter general es
obligatorio únicamente a partir de su publicación en el Diario Oficial; en este caso,
a partir del 24 de abril de 2002 cuando se publicó la Resolución 489.

(iii) Las expresiones anuladas no podían producir efectos, en primer lugar, porque
el título IV de la Resolución 87 de 1997, que fue modificado por la Resolución no.
463 de 2001 para incorporar el nuevo esquema de pagos y liquidación de los cargos
de acceso por interconexión, fue derogado por la Resolución no. 469 del 4 de enero
de 2002; en segundo término, porque luego se expidió la Resolución 489 publicada
el 24 de abril de 2002 que, so pretexto de ejercer una función compiladora, revivió
el título IV ya derogado para disponer que dicho esquema de pagos empezaría a
regir a partir del primero de enero de 2002, es decir, de manera retroactiva a la
publicación de la resolución compiladora.

57 Fls. 261 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)”, índice 128 SAMAI primera

instancia.
58 Fl. 247 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)”, índice 128 SAMAI primera

instancia.

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(iv) Aunque la Circular no. 40 de 2002 expedida por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones explica que no hubo derogatoria del título IV de la Resolución 87
de 1997, esta norma no tiene la capacidad jurídica de revivir disposiciones
expresamente derogadas.

(v) La primera parte del artículo 9º de la Resolución no. 489 de 2009 en la cual se
dispone que “los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán
mantener las condiciones y valores existentes antes de la fecha de publicación de
la Resolución 463 de 2001”, se entiende ajustado a la legalidad, pues, el mismo se
sustrae de los alcances de la citada Resolución 463.

(vi) En cambio, la nulidad de la expresión “a partir del primero de enero de 2002”
contenida en los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2 de la Resolución no. 489
incide en la segunda parte del artículo 9 de la misma resolución, particularmente en
el aparte que prevé la posibilidad a los operadores de “acogerse, en su totalidad, a
las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997,
modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente
resolución, para todas sus interconexiones”, pues, respecto de estas condiciones
es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pretende hacer producir
efectos antes de su vigencia, aunque el referido numeral se encontraba
expresamente derogado conforme al artículo 3 de la Resolución no. 469 de 2002.

8) La demandante estima que con ocasión de la modificación introducida por la
Resolución no. 463 de 2001 de la CRC -que a su vez fue compilada en la Resolución
489 de 2002- las partes del contrato de interconexión, en este caso, Emcali EICE
ESP y Comcel SA, se vieron compelidas a modificar lo convenido en relación con el
valor y la forma de liquidar los cargos de acceso por el uso de la red de telefonía
pública básica conmutada que operaba Emcali EICE ESP, lo cual le acarreó
perjuicios.

9) En el contexto probatorio analizado el caso amerita precisar, como fue
considerado por el juez de legalidad, que la Resolución no. 489 de 12 de abril de
2002 expedida en su momento por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones -ahora Comisión de Regulación de Comunicaciones- es un

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00184-01 (72.293)
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acto administrativo de carácter general; en ese orden, con ocasión de la declaración
judicial de nulidad, la acción de reparación directa resulta procedente para estudiar
si se configuró la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados con dicho
acto administrativo durante su vigencia.

Sobre esto último es pertinente resaltar que, si bien el juez de primer grado
consideró que la acción debía ser la de nulidad y restablecimiento del derecho con
fundamento en una decisión emitida por la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación59, la Sala se aparta de la misma, por cuanto, como se advirtió en
precedencia, la acción de reparación directa resulta procedente para reclamar los
perjuicios particulares causados por la expedición y ejecución del acto
administrativo declarado nulo, al cual se acumularon súplicas de enriquecimiento
sin causa en contra de Comcel SA

10) Precisado lo anterior, es evidente que la demandante no demostró que el
contrato del cual era parte sufrió alguna modificación por cuenta del acto
administrativo parcialmente anulado y, por el contrario, se acredita que el
fundamento citado en las modificaciones corresponde a una regulación distinta a
los actos referidos por Emcali EICE ESP como causa del daño alegado.

Ciertamente, i) la primera modificación se realizó el 1° de diciembre de 1997 con el
“otrosí no. 1”, esto es, antes de la expedición de la Resolución 489 de 2002 y, ii) la
modificación introducida de mutuo acuerdo en el “otrosí no. 2” del 7 de julio de 2005
acogió “un cargo de acceso por el uso de la red local, que resulta de la combinación
de las opciones 1 y 2 de que trata el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 575 de
2002”60; es decir, las partes acordaron cambiar la liquidación del cargo de acceso
aduciendo una resolución distinta a aquella que fue parcialmente anulada.

11) Adicionalmente, las súplicas de enriquecimiento sin causa esgrimidas en contra
de Comcel SA están llamadas al fracaso porque las relaciones económicas entre

59 El tribunal de primera instancia citó la sentencia del 9 de agosto de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (MP María Adriana Marín) en el
expediente 76001-23-31-000-2011-00182-01 (61.839), criterio que igualmente se reiteró en la
sentencia de la misma fecha en el expediente 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62.498).
60 Fls. 56 a 59 archivo “91Aldespacho_DEMANDAANEXOSADMISOR(.pdf)” índice 128

SAMAI primera.

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esta y Emcali EICE ESP se regularon específicamente por los negocios jurídicos
que suscribieron y constituyen la causa jurídica de las eventuales consecuencias
que de estas derivaron.

Al respecto, aunque la demandante no demostró cuál fue el esquema de liquidación
y pago de los cargos de acceso pactado inicialmente -por cuanto no fue aportado el
anexo financiero que contenía dicho esquema-, lo cierto es que, las modificaciones
realizadas al contrato se realizaron por la voluntad de las partes del negocio jurídico
de interconexión y no por cuenta del acto administrativo parcialmente anulado, a
saber, la Resolución no. 489 de 2002 (numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2 y
segunda parte del artículo 9).

En esa perspectiva entonces, en oposición a lo señalado por Emcali EICE ESP se
demuestra que las partes, en ejercicio de la autonomía negocial, acogieron un
esquema mixto para determinar los cargos de acceso por el uso de la red de
telefonía pública local; además, a partir de los elementos de convicción
incorporados al expediente no se extrae que las resoluciones 463 de 2001 y 489 de
2002 limitaron dicha autonomía, contrario sensu, es claro que tanto la Resolución
463 de 2001 que modificó el título IV de la Resolución 87 de 1997 (artículo 5), como
la Resolución 489 de 2002 que compiló dicho título con la modificación referida
(artículo 9), dejaron en libertad a los operadores de telefonía móvil celular y de
telefonía pública básica conmutada de “mantener las condiciones y valores vigentes
en las interconexiones existentes”, es decir, antes de la entrada en vigencia de la
regulación, “o acogerse en su totalidad” a la nueva reglamentación, “para todas sus
interconexiones”.

Por las razones precedentes, la Sala observa que no se demostró el nexo causal
existente entre el daño que aparentemente provino de la modificación contractual
realizada por las partes y el acto administrativo anulado, circunstancia precisa que
determina la no prosperidad de las súplicas de la demanda.

12) Por consiguiente, la Sala revocará la decisión apelada que declaró la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda y, en su lugar, negará las pretensiones,
porque la parte actora no demostró el nexo causal existente entre el daño alegado

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y el acto administrativo anulado ni los elementos del supuesto enriquecimiento sin
causa que pretendió atribuirle a Comcel SA.

3. Conclusión

Se revocará la sentencia de primer grado que declaró la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y, consecuencialmente, se negarán las pretensiones, por
cuanto, si bien procede la acción de reparación directa para reclamar los perjuicios
causados con un acto ya declarado nulo, en este caso específico la demandante no
probó que el contrato en el que participaba se hubiera modificado por el acto
administrativo parcialmente anulado y, por el contrario, se evidencia que el daño
alegado tiene origen contractual.

De otro lado, la Sala pone de presente que los abogados Juan Carlos Jiménez
Triana y Viviana Carolina Rodríguez Prieto presentaron renuncia al poder conferido
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (índice 19
SAMAI), mientras que la referida entidad, a través del director jurídico confirió poder
a la abogada Diana Paola Copete Díaz identificada con cédula de ciudadanía
número 1032459438 y tarjeta profesional número 276565 del Consejo Superior de
la Judicatura para que la represente, por lo cual se le reconocerá personería jurídica
en los términos del poder allegado (índice 23 SAMAI).

Igualmente se reconocerá personería jurídica al abogado Leonardo Juniors
Martínez Joven identificado con cédula de ciudadanía número 1.016.008.625 y
tarjeta profesional número 237.928 del Consejo Superior de la Judicatura para
actuar como apoderado principal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al abogado Milcíades Rodríguez Quintero identificado con cédula de
ciudadanía número 19.439.920 y tarjeta profesional número 36.096 del Consejo
Superior de la Judicatura como apoderado sustituto.

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4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de la parte vencida, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha medida procesal.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.”

2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia.

3º) Acéptase la renuncia presentada por los abogados Juan Carlos Jiménez Triana
y Viviana Carolina Rodríguez Prieto quienes actuaban como apoderados judiciales
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (índice 19
SAMAI).

4º) Reconócese personería jurídica a la abogada Diana Paola Copete Díaz
identificada con cédula de ciudadanía número 1032459438 y tarjeta profesional
número 276.565 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada
judicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los
términos del poder a ella conferido (fls. 8 a 50, índice 23 SAMAI).

5º) Reconócese personería jurídica al abogado Leonardo Juniors Martínez Joven
identificado con cédula de ciudadanía número 1.016.008.625 y tarjeta profesional
número 237.928 del Consejo Superior de la Judicatura y al abogado Milcíades

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Demandante: Emcali EICE ESP
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Apelación sentencia

Rodríguez Quintero identificado con cédula de ciudadanía número 19.439.920 y
tarjeta profesional número 36.096 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar
como apoderado judicial principal y sustituto, respectivamente, de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del poder a ellos conferidos
(fls. 1 a 20 y fl. 25, índice 20 SAMAI).

6º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Impedido

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de Subsección

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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