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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00187-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00187-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 14 de abril de 2016, exp. 05001-23-31-000-2003-00103-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Esta postura fue reiterada por esta Subsección en sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. 68001-23-33-000-2016-01270-02 (68145), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 17 Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498) Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros Referencia: Acción de reparación directa Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00187-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)

Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – indebida escogencia de la acción.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia proferida el 28 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante pretende la declaratoria de responsabilidad de las accionadas, por
los efectos nocivos que le produjeron las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT
489 de 2002 -anuladas por el Consejo de Estado- mientras estuvieron vigentes.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 8 de febrero de 2011 (fl. 266. c. 1), Empresas Municipales
de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P., por conducto de apoderado judicial, interpuso

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., con el fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (fls. 252 – 266, c. 1):

2.1. Declarar administrativamente responsables a la Nación - Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Comisión de Regulación de
Comunicaciones “CRC” y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP., de los
perjuicios causados de orden material a la demandante Empresas Municipales
de Cali “EMCALI EICE E. S.P.”, y cuyo fundamento radica en la nulidad que
declaró la Sección Primera (1) del H. Consejo de Estado. Exp. 2003 - 00047,
del 2 de agosto de 2008 Magistrado Ponente Dr. Marco Antonio Velilla Moreno,
de los artículos 2º numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12
de abril de 2002 y del artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997,
modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y la aclaración a dicha
sentencia.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación -
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones "CRC” y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. a pagar a Empresas Municipales de Cali "EMCALI EICE E.S.P.” o a
quienes representen sus derechos: Como reparación o indemnización del daño
ocasionado, los perjuicios de orden material, así:

2.2.1. PERJUICIOS MATERIALES:

2.2.1.1. Daño emergente. Causados hasta la fecha de presentación de esta
demanda, consistentes en los menores valores cobrados por cargos de acceso
por capacidad, desde el 24 de abril de 2020 (sic) (fecha en que fue publicada
en el diario oficial la resolución CRT 489) hasta el 4 de Febrero de 2011 (fecha
de presentación de la demanda) por concepto de devolución de los dineros
dejados de cobrar de los cargos de acceso por minutos [como debió (sic) haber
sido realmente liquidados] y como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del Honorable Consejo de Estado, y que ascienden a la suma de $
107.073.512.286,oo Mcte, conforme a las certificaciones generadas y
debidamente conciliadas por EMCALI EICE E.S.P.

2.2.1.2. Lucro Cesante. Por las sumas de dinero correspondiente a los menores
valores cobrados [entiéndase las diferencias resultantes entre los cargos de
acceso por capacidad frente a los cargos de acceso por minuto] y que se
generen con posterioridad a la presentación de esta demanda.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 21 de octubre de 1998, EMCATEL (posteriormente EMCALI) y Orbitel
(posteriormente UNE EPM) suscribieron un contrato con el objeto de «regular el
acceso uso e interconexión entre sus redes», para lo cual se acordó que el cobro
se efectuaría en la modalidad de minutos establecida en la Resolución CRT 087 de
1997 (fls. 84 – 87, c.1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

En el contrato de interconexión se pactaron los cargos de acceso bajo la modalidad
de minutos. Posteriormente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
mediante Resolución 463 de 2001, compilada en la Resolución 489 de 2002,
concedió a los operadores de TPBCLD -Telefonía Pública Conmutada de Larga
Distancia- y TMC -Telefonía Móvil Celular-, la opción de solicitar a los operadores
locales con los que tuvieran contratos de interconexión, modificar el esquema de
pago de cargos de acceso por minuto a cargos de acceso por capacidad.

De hecho, el numeral 4.2.2.19 del artículo 2° de la Resolución 489 del 12 de abril
de 2002, señala: «El título iv de la Resolución 087 de 1997, quedará así: (…) Artículo
4.2.2.19. Cargo de acceso a las redes de telefonía. A partir del primero de enero de
2002, los operadores telefónicos deberán ofrecer por lo menos las siguientes dos
opciones de cargos de acceso a los operadores que les demanden interconexión
(…)».

El 2 de mayo de 2002, Orbitel solicitó a la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones su intervención, con el fin de solucionar las diferencias que
tuvo con EMCALI respecto de la aplicación de la opción de cargos de acceso por
capacidad, establecida en la Resolución CRT 463 de 20011. Como resultado de esa
solicitud, la Comisión inició un procedimiento administrativo; sin embargo, esa
entidad violó su «simple función mediadora para la solución de los conflictos. Y por
mediación debe entenderse, no la facultad de dirimir un conflicto, sino de proponer
fórmulas de arreglo, que las partes pueden o no aceptar».

La actuación irregular de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, le
causó un perjuicio patrimonial a la parte actora porque «conllevó a un
empobrecimiento de EMCALI, a costas del correlativo enriquecimiento de la
convocada».

El 2 de agosto de 2008, mediante providencia proferida por el Consejo de Estado
en el curso del proceso de nulidad con radicado 2007-00047, se declaró «la nulidad
de la expresión ‘a partir del primero de enero de 2002’, contenida en el artículo 2°,
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de

1
Diferencia presentada dentro del contrato GT-006 del 21 de octubre de 1998, suscrito entre
EMCALI y Orbitel, y que consistió en «la definición del esquema que se utilizará para pagar los
cargos por interconexión, acceso y uso de las redes de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP
previstos en forma diferente en el contrato, a partir de la expedición de la Resolución CRT 463 de
2001».

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

la expresión ‘o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo
4.2.2.19 de la CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y
compilada en la presente resolución, para todas sus interconexiones’, contenida en
el artículo 9°, ibidem». Por medio de providencia del 29 de enero de 2009, el
Consejo de Estado negó una solicitud de aclaración presentada en contra de la
sentencia antes relacionada.

Las resoluciones declaradas nulas se expidieron con falsa motivación, pues su
verdadera intención era revivir normas que ya habían sido derogadas. De igual
manera, la Resolución CRT 489 del 12 de abril de 2002 violó el principio general
que proscribe la retroactividad de los actos administrativos, por cuanto estableció
que sus efectos se surtían desde enero de 2002, a pesar de que se expidió el 12 de
abril siguiente y se insertó en el Diario Oficial el 24 de abril del mismo año, fecha en
la cual se entiende promulgada.

Según se expresa en la demanda, la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRT desconoció la validez de los contratos celebrados con
anterioridad a la «vigencia de la Resolución CRT 489 de 2002 y los contratos
celebrados con anterioridad de la Resolución CRT 463 de 2001 y que se
encontraban en plena ejecución y vigencia de la Resolución CRT 087 de 1997. En
otras palabras la CRT autorizó por vía administrativa a que los operadores
incumplieran las obligaciones contractuales adquiridas previamente».

Se concluyó que, con fundamento en las Resoluciones 463 y 489, la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, de manera arbitraria, inició actuaciones
administrativas encaminadas a la modificación de algunos contratos celebrados
válidamente por operadores telefónicos locales con antelación a la vigencia de las
normas declaradas nulas. Por esa razón, los demás operadores solicitaron el ajuste
de sus contratos al nuevo esquema de cargos de acceso.

2. El trámite en primera instancia

El 25 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al Ministerio
Público (fls. 269 – 271, c. 1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se opuso a las
pretensiones. Propuso la excepción de indebida integración del contradictorio, dado
que esa entidad no debió ser convocada al presente asunto, por cuanto las
actuaciones a que hace referencia el demandante fueron surtidas por la Comisión
de Regulación de Comunicaciones. Además, porque entre sus funciones no se
encuentra la de «intervenir en las relaciones de interconexión que surjan entre
operadores o proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones» (fls. 327 –
335, c. 1).

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (antes Orbitel) se opuso a la totalidad de las
pretensiones, para lo cual indicó que el fundamento de la demanda «radica en el
hecho de un tercero, ausencia de nexo de causalidad y de cualquier manera
ausencia de daño».

Aclaró que, ante la expedición de las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002,
entre EMCALI y UNE surgieron algunas diferencias respecto de la aplicación de las
opciones de pago consagradas en esos actos generales. Sin embargo, el anterior
conflicto se resolvió entre Orbitel (hoy UNE) y EMCATEL (hoy EMCALI) mediante
«la suscripción de un convenio de renovación y de transacción suscrito el 14 de
diciembre de 2004, transigiendo incluso sobre los efectos de los actos
administrativos particulares; las resoluciones CRT 603 del 27 de enero y 660 del 30
de abril, ambas de 2003, como los procesos de nulidad contra los actos
administrativos generales, manifestando expresamente y de mutuo acuerdo que
estos no afectarían el convenio».

En ese momento, las partes pactaron de común acuerdo que «los fallos
relacionados con los procesos de nulidad contra las resoluciones CRT 463 y 489 de
2002, no afectarán el presente convenio», y así quedó estipulado en su cláusula
primera.

Finalmente, propuso las excepciones de i) transacción con efectos de cosa juzgada,
ii) derecho a la remuneración percibida por UNE, iii) hecho de un tercero y, iv)
ausencia de nexo causal, ausencia del daño y falta de legitimación en la causa (fls.
403 – 417, c. 1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00187-01 (62498)
Actor: Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

La Comisión de Regulación de Comunicaciones se opuso a las pretensiones de la
demanda, porque, en su criterio, las mismas carecen de fundamentos fácticos y
jurídicos respecto de la responsabilidad que se le pretende atribuir.

Aclaró que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la intervención del
Estado en materia de servicios públicos «conlleva la facultad de restringir las
libertades económicas de los particulares que se encarguen de su prestación». Es
así, que la parte actora no puede sujetarse de manera estricta a lo pactado en el
contrato celebrado. Lo anterior, por cuanto lo dispuesto a nivel contractual no puede
desconocer lo establecido por las autoridades competentes en relación con la
regulación de los servicios de telecomunicaciones en aras del bien común.

Además, cuando se modificaron las modalidades de pago de los cargos de acceso
de minuto a capacidad, no se hizo por desconocimiento de lo dispuesto en los
contratos ya celebrados por las partes, sino en aras de un bien común «cometido
que limita la autonomía de la voluntad manifiesta en los contratos», teoría
consagrada en el artículo 1602 del Código Civil, que sostiene que el contrato es ley
para las partes.

Si bien la parte demandante afirma que, en todos los casos, el daño proviene de la
anulación del acto administrativo general, es decir, de la Resolución 489 de 2002,
lo cierto, es que en el presente asunto, entre el supuesto daño y el acto
administrativo que se declaró nulo, existen actos administrativos de carácter
particular, tales como, las Resoluciones CRT 603 y CRT 660, ambas de 2003, por
medio de las cuales la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones resolvió una
solicitud realizada por Orbitel (hoy UNE), relacionada con lo establecido en la
regulación sobre los cargos de acceso por capacidad.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) falta de competencia por factor
territorial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ii) ineptitud de la demanda
por indebida escogencia de la acción, iii) inexistencia de daño antijurídico
indemnizable, iv) inexistencia del nexo de causalidad entre la actuación de la CRC
y el presunto daño demandado por EMCALI, v) caducidad de la acción de
reparación directa, vi) no ocurrencia de los efectos ex tunc de la declaratoria de
nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2° y el artículo 3° de la
Resolución 489 de 2002, por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas entre

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Referencia: Acción de reparación directa

Orbitel y EMCALI, vii) inexistencia de causa con relación a los cargos de acceso
generados desde el 24 de abril de 2002 hasta el 7 de diciembre de 2007 y, viii)
inexistencia de causa por los cargos de acceso generados desde el 7 de diciembre
de 2007 hasta la fecha (fls. 477 – 545, c. 1).

Por medio de providencia del 27 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca decretó las pruebas solicitadas en la demanda y las contestaciones
(fls. 609 – 611, c. 1). El 31 de julio de 2014 se corrió traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión (fl. 625, c. 1).

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (fls. 626 – 627,
c. 1), la parte demandante (fls. 628 – 657 y 674 – 710, c. 1), UNE E.P.M.
Telecomunicaciones S.A. (fls. 711 – 730, c. 1) y, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (fls. 731 – 746, c. 1), presentaron sus alegatos.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina2 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en los siguientes términos (fls. 797 – 859, c. ppal.):

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Comisión de Regulación
de Comunicaciones CRC y la UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP-, por
los daños causados a las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP.

SEGUNDA: CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, Comisión de Regulación de
Comunicaciones CRC y la UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP, por
concepto de daño emergente, derivado de los valores dejados de cobrar
durante la vigencia de la Resolución CRT 489 de 2002.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

En lo que tiene que ver con la excepción de transacción propuesta por UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., fundada en que el 15 de diciembre de 2004 se suscribió
entre esa entidad y EMCALI un contrato por medio del cual se transigió el conflicto

2
Mediante auto de 23 de junio del 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en virtud de unas
medidas de descongestión, tribunal que avocó su conocimiento por medio de auto del 13 de julio de
2017.

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Información y las Comunicaciones y otros
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de las opciones de cobro de la interconexión, con el objeto de evitar litigios
posteriores con motivo de los hechos narrados en la demanda, el a quo consideró
que el documento denominado «convenio de renovación y de transacción del
contrato GT-006.99 celebrado entre EMCALI EICE ESP y ORBITEL S.A. (…)» no
se aportó al proceso como causal de terminación anormal del mismo, por lo que mal
haría el Tribunal en tomarlo como una transacción válida en este asunto.

Agregó que como el objeto de ese convenio no versa sobre los mismos hechos y
circunstancias que dieron lugar a la presente acción, dado que «con el presente
medio de control, la demandante busca que se indemnice el daño causado por la
declaratoria de nulidad de las resoluciones expedidas por la CRT y no la conciliación
sobre temas económicos por la decisión de una de las partes en aplicar una
modalidad de pago desfavorable para la otra, tal como se relaciona en el documento
privado».

Respecto del daño, el a quo consideró que éste consistió en el cobro por cargos de
acceso a un valor menor al que se había pactado en el contrato suscrito por las
partes, debido a la modificación en la modalidad introducida por medio de las
resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el cual
se encontró debidamente acreditado.

Añadió que, «la sentencia proferida por el Consejo de Estado en fecha 21 de agosto
de 2008, le ocasionó un daño a las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE
ESP», por cuanto con dicho pronunciamiento «las condiciones contractuales que se
habían suscrito entre las partes intervinientes en este proceso, regresaron a la
estructura tarifaria que tenían a la fecha del acuerdo contractual, consolidándose el
daño que aparejaba la variación que de esta tarifa se hizo a través de los actos
administrativos anulados».

Además, concluyó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones desconoció
la validez de los contratos que fueron celebrados con antelación a la expedición de
la Resolución 489 de 2002 y los contratos que se encontraban en ejecución durante
la vigencia de la Resolución CRT 087 de 1997, daño que soportó EMCALI, que
emanó directamente de la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado
y que, posteriormente, tuvo como resultado la modificación del contrato suscrito,
con el objeto de establecer las condiciones de carácter legal, técnico, comercial,

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operativo y económico para el acceso, uso e interconexión entre las redes de
telecomunicaciones de UNE (Orbitel) y EMCALI (EMCATEL).

Finalmente, señaló que la parte actora allegó al plenario una liquidación que carece
de claridad y exactitud sobre el cómputo de los valores que EMCALI dejó de percibir
y, además «no se conoce el valor exacto equivalente a la diferencia de lo que se
cobró durante la vigencia de la resolución CRT 489 de 2002 y lo que se debió cobrar
por causa de la declaratoria de nulidad de dicho acto administrativo (…) y no cuenta
la Sala con elementos para calcular el valor del perjuicio», por ende, condenó en
abstracto, para que mediante incidente posterior se determine la cuantía de los
perjuicios.

4. El recurso de apelación

4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación, con el fin de que se
modifique el numeral 2 de la parte resolutiva, respecto de condenar en abstracto y,
en su lugar, se condene a las entidades demandadas a pagar una cifra concreta,
monto señalado en la demanda, acápite de «estimación razonada de la cuantía»
(fls. 866 – 868, c. ppal.).

4.2. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
interpuso recurso de apelación contra la sentencia, para lo cual solicitó que fuera
revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda respecto de
esa entidad o, en su defecto, se ordenara su desvinculación del asunto.

Reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda, respecto de
su falta de legitimación en la causa por pasiva para ser convocada al presente caso
porque considera que no existe conexión entre sus funciones y los hechos
constitutivos de la demanda.

Finalmente, sostuvo que la parte demandante tuvo la voluntad y capacidad para
suscribir el convenio de transacción con UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por lo
tanto, es totalmente válido y eso conlleva a terminar cualquier acción judicial o
extrajudicial instaurada con posterioridad. Pero, si EMCALI se consideraba en
desventaja por ese convenio, debió atacarlo por medio de la acción judicial

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correspondiente, no siendo idónea la acción de reparación directa (fls. 869 – 874, c.
ppal.).

4.3. UNE EPM Telecomunicaciones S.A. solicitó que se revoquen los numerales
primero y segundo de la decisión y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda. Señaló, que el contrato de transacción que obra en el expediente, i) sí
hace tránsito a cosa juzgada y, ii) sí tiene relación directa con la materia que se
debate en el presente asunto. Por lo tanto, el a quo debió darle validez jurídica a
dicho contrato porque fue aportado con la demanda y se tuvo como prueba en el
curso del proceso.

Sostuvo que, pese a que en primera instancia se tuvo por acreditado el daño
antijurídico causado al demandante, existe ausencia del mismo. Lo anterior, por
cuanto i) la declaratoria de nulidad de la Resolución CRT 489 de 2002, no generó
perjuicio alguno a la parte demandante y, ii) el actuar de esa entidad se fundamentó
en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento.

Finalmente, señaló que estaba demostrada la ausencia de un nexo causal, dado
que «la parte demandante se limitó a indicar que la declaratoria de nulidad de la
Resolución CRT 489 de 2002 le había producido una serie de perjuicios. Sin
embargo, no establece la relación entre el comportamiento de mi prohijada y la
pretensión de declaratoria de responsabilidad». Lo anterior, por cuanto no hay
imputación jurídica que le pueda ser atribuida (fls. 886 – 893, c. ppal.).

4.4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones también solicitó que se
revocara la decisión. Señaló, que el a quo «desconoció la existencia de unos actos
administrativos de contenido individual cuya legalidad se presume y que son la
fuente del supuesto daño sufrido por EMCALI, los cuales debieron ser demandados
en acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término legal de
caducidad», lo que impide a la parte demandante reclamar el perjuicio por medio de
la reparación directa.

Sostuvo, que no se logró acreditar la configuración del daño alegado por la parte
demandante, por cuanto la Resolución CRT 489 de 2002, permitió que entre el
operador que accede a la red y el pagador de cargos de acceso de la interconexión,
pudiesen elegir, a conveniencia, el esquema de remuneración que mejor se ajustara

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Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

a sus necesidades; alternativas de pago que no fueron declaradas nulas por el
Consejo de Estado y, que de acuerdo con el esquema de cargos de acceso
legítimamente escogido al amparo de la regulación vigente, UNE EPM
Telecomunicaciones -antes Orbitel- pagó a EMCALI, los valores que fueron
pactados.

Por otra parte, señaló que el a quo interpretó de manera errada los efectos de la
sentencia de nulidad del Consejo de Estado, porque «asume que la opción de
remuneración por capacidad fue anulada y que su aplicación por parte de los
operadores devino en ilegal desde la expedición de la Resolución CRT 489 de 2002
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia de nulidad y, por eso, condenó como lo
hizo».

Indicó, que el a quo desconoció los efectos de cosa juzgada del convenio de
transacción suscrito entre EMCALI y UNE EPM Telecomunicaciones. Lo anterior,
dado que entre las partes surgió un conflicto sobre los valores que por cargos de
acceso debía pagar UNE y, por tal razón decidieron firmar un acuerdo de
transacción a través del cual, quedaron cubiertos los efectos económicos que sobre
la relación de interconexión se llegaran a producir por la posible anulación de las
Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002.

Además, en un caso similar al que ahora se estudia, en el cual Telepereira interpuso
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, atacó las Resoluciones
CRT 758 y 826 de 2003 expedidas por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (resoluciones que tienen idéntica naturaleza a las
Resoluciones CRT 603 y 660 de 2003), el Consejo de Estado en sede de segunda
instancia, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
negar las pretensiones de la demanda, por «encontrarse probado dentro del
proceso un contrato de transacción celebrado entre Telepereira y Orbitel».

Es así, como EMCALI no puede obtener una restitución de carácter económico, aún
si hubiera presentado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por existir
un contrato de transacción suscrito a voluntad de las partes.

Finalmente, considera que el a quo no debió imponer una condena en abstracto,
porque con ello pasa por alto la carga de la prueba respecto de la cual el

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demandante debe, al menos, acreditar la existencia de un perjuicio cierto y no
eventual o hipotético. Dado que, no se logró demostrar «cuál fue el tráfico real
cursado a través de la interconexión ni si el valor recibido por compensación es
menor o mayor al que se hubiera recibido por la modalidad de uso o minuto y, mal
puede decirse que existe prueba de un daño cierto sufrido por EMCALI» (fls. 922 –
935, c. ppal.).

5. El trámite en segunda instancia

Los recursos de apelación fueron admitidos el 19 de octubre de 2018 (fl. 978, c.
ppal.). Posteriormente, 16 de noviembre de 2018, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl.
983, c. ppal.)

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. solicitó revocar los numerales primero y
segundo del fallo de primera instancia, para lo cual hizo un recuento normativo de
la regulación en relación con la remuneración de los cargos de acceso e insistió en
los argumentos plasmados en el recurso de apelación (fls. 985 – 1003, c. ppal.).

La parte demandante reiteró los planteamientos de su recurso de apelación en
cuanto a «que no había lugar a que se procediera con la condena en abstracto»,
en especial, porque si bien el a quo indicó que la liquidación que obra en el
expediente carece de exactitud y claridad, lo cierto, es que no explicó con base en
qué deducción lógica arribó a esa conclusión (fls. 1004 – 1007, c. ppal.).

La Comisión de Regulación de Comunicaciones solicitó revocar la sentencia
impugnada, para lo cual señaló que la conclusión a la que llegó el a quo y los
fundamentos de la demanda, «carecen de toda razonabilidad jurídica y fáctica y,
por el contrario, no existen motivos para considerar que existe responsabilidad por
parte de la CRC en los hechos que son objeto de discusión dentro del presente
proceso».

Además, consideró que la petición de la parte demandante respecto de que se
modifique la sentencia y no se condene en abstracto, sino que se ordene a las
demandadas a pagar el valor total citado en la demanda -estimación razonada de
la cuantía-, es inaceptable, porque dicho valor es una simple afirmación dada por

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el actor, de la cual no obra prueba que lo demuestre. Aunado a lo anterior, afirmó
que EMCALI debió haber allegado al proceso pruebas de i) el tráfico real de
llamadas en curso y, ii) de los valores que realmente fueron pagados por parte de
Orbitel (fls. 1008 – 1011, c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó que la sentencia de primera instancia fuera revocada
en su totalidad, por considerar que EMCALI y UNE EPM «se encontraban en total
libertad de mantener las condiciones vigentes estipuladas en el contrato de acceso,
uso e interconexión suscrito en 21 de octubre de 1988, y si realizaron un cambio a
dichas condiciones, lo hicieron por la voluntad de las partes», porque la Resolución
489 de 2002, no obligó a las partes a modificar las condiciones pactadas, sino que
por el contrario, les otorgó a los operadores la facultad de mantener los parámetros
establecidos al momento de suscribir los contratos.

Señaló que, en el presente caso, la parte actora no podía atacar la legalidad de los
actos administrativos particulares mediante una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que la acción idónea es la reparación directa. Lo
anterior, por cuanto las Resoluciones 603 y 660, ambas de 2003, expedidas por
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, «no lograron producir efectos
jurídicos, porque las partes suscribieron el Convenio de Renovación y de
Transacción del Contrato GT-006.99»3. (fls. 1020 – 1039, c. ppal.).

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no intervino
en esta etapa procesal (fl. 1040, c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación
interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018, por
el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble

3
«donde acordaron abstraerse de cualquier resultado que pudiere presentarse del litigio pendiente
de resolver por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto a la nulidad de dichas
resoluciones y, en su lugar, establecieron un régimen tarifario propio e independiente de lo que
ordenaron dichos actos administrativos».

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instancia dado que para la fecha de la presentación de la demanda (8 de febrero de
2011), la cuantía debía ser equivalente o superior a $267’800.0004 y porque, en el
caso concreto, la pretensión mayor es de $107.073’512.286 5, la Sala tiene
competencia funcional para conocer del mismo.

2.- Idoneidad y oportunidad de la acción

El ordenamiento jurídico colombiano liga la procedencia de las acciones al origen
del daño alegado, reservando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a
aquellos eventos en los que los perjuicios alegados sean consecuencia de un acto
administrativo y, la acción de reparación directa, para los que encuentren su fuente
en un hecho, omisión u operación administrativa.

Si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido de manera excepcional
la posibilidad de pretender por la vía de la reparación directa el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados con el acto administrativo general que ha sido anulado 6, en
el caso concreto no procede dicha acción sino la de nulidad y restablecimiento del
derecho, en consideración a la fuente del daño alegado, que según la empresa
demandante, se deriva directamente del acto general y, por tanto, el
restablecimiento se produciría automáticamente con la declaración de nulidad de
este7.

Sobre el particular, la Sala advierte que, aunque en principio la accionante sostuvo
que su pretensión de declaratoria de responsabilidad extracontractual se funda en
los efectos dañosos causados con la aplicación de unos actos administrativos de
carácter general que posteriormente fueron anulados por el Consejo de Estado, lo
cierto es que una lectura integral de la demanda permite comprender que la
verdadera causa del perjuicio alegado es el acto administrativo general que surtió

4
Para el año 2011, el salario mínimo mensual legal vigente era de $535.600.
5
Indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, según el acápite de la
estimación razonada de la cuantía. (fl. 254, c. 1).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 26437. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7
De antaño, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido y encausado la procedencia de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos generales, cuando
de su anulación se derive el restablecimiento automático de derechos por los efectos particulares
que dichos actos hayan causado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 4 de marzo de 2003, exp. 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030). M.P. Manuel
Santiago Urueta Ayola.

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efectos particulares desde su expedición misma, el cual estima contrario a derecho
porque incidió negativamente en un negocio jurídico previamente perfeccionado.

Específicamente, en la pretensión segunda se señaló que:

2.2.1. PERJUICIOS MATERIALES:

2.2.1.1. Daño emergente. Causados hasta la fecha de presentación de esta
demanda, consistentes en los menores valores cobrados por cargos de acceso
por capacidad, desde el 24 de abril de 2020 (sic) (fecha en que fue publicada
en el diario oficial la resolución CRT 489) hasta el 4 de Febrero de 2011 (fecha
de presentación de la demanda) por concepto de devolución de los dineros
dejados de cobrar de los cargos de acceso por minutos [como debió (sic) haber
sido realmente liquidados] y como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del Honorable Consejo de Estado, y que ascienden a la suma de $
107.073.512.286,oo Mcte, conforme a las certificaciones generadas y
debidamente conciliadas por EMCALI EICE E.S.P.

Además, como fundamento de las pretensiones adujo que la expedición de las
Resoluciones CRT 463 2001 y CRT 489 de 2002, conllevó a la modificación de los
contratos que fueron suscritos en vigencia de la Resolución CRT 087 de 1997, así:

(ii) Posteriormente la CRT, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones
“CRC” expide las Resoluciones CRT 463/01 y CRT 489/02, que cambia la
modalidad de cargos de acceso de minutos a capacidad.

(iii) Con esta determinación tomada por el Comisión de Regulación, conllevo a
que la facturación de EMCALI rebajara más de un 60% en beneficio de los
usuarios de las redes de la Empresa de servicios públicos de la ciudad de Cali.

(vi) La declaratoria de nulidad, lleva como consecuencia lógica que sus efectos
se retrotraen como si las mismas no hubiesen existido. Recuérdese que con la
expedición de esas resoluciones de modificó el acuerdo de voluntades
previamente fijados y plasmados en los contratos de los operadores,
violentando la seguridad jurídica.

(…)

5.6. Es claro que las normas declaradas nulas, fue expedido (sic) con falsa
motivación, dado que su verdadera intención fue revivir unas normas
derogadas, como lo deja explícitamente claro en sus pronunciamientos del la
(sic) Sección primera del H. Consejo de Estado, adicionalmente, con la
Resolución 489 se buscó subsanar la derogatoria que efectivamente había
ocurrido sobre las disposiciones de la Resolución 463 de 2001, más no la
desafortunada compilación intentada con la CRT 489 de 2002.

5.7. Por otro lado, estas resoluciones violaron el principio general que proscribe
la retroactividad de los actos administrativos. Obsérvese que la resolución
siendo expedida el 12 de abril de 2002, solo fue insertada en el diario oficial el
24 de abril de 2002, fecha en que se entiende promulgado, no obstante lo
anterior esta dispuso que rigiera cuatro (4) meses antes de tal expedición y
promulgación.

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5.9. Con esta actuación la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
“CRT” hoy “CRC” desconoció la validez de los contratos celebrados con
antelación a la vigencia de la Resolución CRT 489 de 2020 (sic) y los contratos
celebrados con anterioridad de la Resolución CRT 463 de 2001 y que se
encontraban en plena ejecución y vigencia de la Resolución CRT-087 de 1997.
En otras palabras la CRT autorizó por vía administrativa a que los operadores
incumplieran las obligaciones contractuales adquiridas previamente.

Como se observa, tanto la pretensión, como sus fundamentos aluden a que con la
expedición de las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001 y CRT 489
del 12 de abril de 2002 se afectó de manera inmediata y antijurídica el contrato
celebrado ente EMCATEL (hoy EMCALI) y Orbitel (hoy UNE), pues con esa
regulación se modificó la forma en que debían remunerarse los contratos de esa
naturaleza que estuvieran perfeccionados y en ejecución, contraviniendo así los
principios jurídicos de la irretroactividad y la seguridad jurídica.

En ese contexto, como la fuente del daño alegado se refiere a los efectos nocivos
particulares que el acto general surtió sobre el referido contrato, concluye la Sala
que la acción procedente no es la de reparación directa, sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la medida en que dichos actos se consideran
ilegales por parte de la entidad demandante.

Esto es así, porque si bien las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001
y CRT 489 del 12 de abril de 2002 establecían reglas generales sobre remuneración
de los cargos de acceso a las redes, de acuerdo con lo expresamente aducido en
la demanda, dichas decisiones desataron unos efectos particulares frente al
contrato suscrito el 21 de octubre de 1998, lo que implica que estas actuaciones
tengan la naturaleza de actos administrativos mixtos.

En relación con el control judicial de los actos de esta naturaleza, esta Corporación
ha precisado que la acción procedente se determina por el interés jurídico con que
se acude al proceso, así:

[…] que el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean impugnables
por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del
derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso […] Así, si lo que se
busca es la desaparición de aquélla parte que afecta de manera directa y
específica el inmueble de propiedad del demandante o la indemnización de
perjuicios la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho;
en tanto que si lo perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto

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sin ninguna referencia a un interés subjetivo entonces la procedente es la acción
de simple nulidad […]8.

Así las cosas, como en el presente asunto lo que se pretende es la reparación de
los perjuicios ocasionados por el acto administrativo que consideraba ilegal,
corresponde a la Sala revocar la decisión adoptada en la primera instancia, y en su
lugar, declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción.

3. Costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo normado en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en su lugar se
dispone:

PRIMERO: DECLARAR la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 14 de abril de 2016,
exp. 05001-23-31-000-2003-00103-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Esta postura fue reiterada por
esta Subsección en sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. 68001-23-33-000-2016-01270-02
(68145), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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