Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01491-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01491-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2011-01491-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 76001-23-31-000-2011-01491-02 (2704-2023)1
Demandante Roberto Felipe Muñoz y otros2
Demandada Nación – Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Acción Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998).
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la
litis, en contra de la sentencia del Veintinueve (29) de junio de Dos Mil
Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala de conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda3.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda4.
1.1. Pretensiones5.
1. El señor Roberto Felipe Muñoz y otros, por conducto de apoderado judicial,
promovieron acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el propósito que, se declare la nulidad de los
actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 0355, 0349, 0344
de Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Once (2011) y 262 del Catorce (14) de
febrero del mismo año, expedidas por la directora ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle), por medio del cual, se negó el
1
Expediente híbrido
2
Juan Manuel Tello Sánchez, Esperanza Duran Ariza y Ranulfo Guerrero Guerrero.
3
Expediente híbrido – Samai – índice No. 017
4
Expediente híbrido – Samai – SEC_C01_01 Demanda-poder y anexos
5
Expediente híbrido – Samai – SEC_C01_01 Demanda-poder y anexos, folios 157-160
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
reconocimiento y pago de las diferencias salariales adeudadas por concepto
de bonificación por compensación.
2. Asimismo, se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en
las Resoluciones 3630, 3619, 3647 de Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Once
(2011) y 3001 de Dos (2) de mayo del mismo año, por medio de las cuales,
se resolvieron los recursos de apelación, en el sentido de confirmar las
decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 0355, 0349, 0344 de 16 de
febrero de 2011 y 262 de 14 de febrero del mismo año.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitan se condene a la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a pagar las diferencias salariales adeudadas por concepto de
bonificación por compensación, que a la luz de lo establecido en el Decreto
610 de 1988, les corresponde, entre el Primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Diez (2010), el 60% para el año 1999; para el 2000 el 70% y para
el 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010 y en adelante, el 80% de lo que, por
todo concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes de Justicia,
quienes a su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
4 de 1992, deben recibir un salario o remuneración mensual, igual a los
ingresos que por todo concepto devenga un congresista.
4. De igual forma, solicitaron condenar a la Nación – Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los
intereses causados en los términos de ley, así como, indexar el valor de la
condena.
5. Subsidiariamente, además de las pretensiones de nulidad de los actos
administrativos demandados, solicitan a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la parte accionada, a pagar las diferencias salariales
adeudadas por concepto de bonificación por gestión judicial, teniendo en
cuenta que, de conformidad con el Decreto 4040 de 2004, le corresponde a
partir del Primero (1) de abril de Dos Mil Seis (2006), el 70% de lo que por
3
Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
todo concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes de Justicia,
quienes a su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
4 de 1992, deben recibir un salario igual a los ingresos que por todo concepto
tiene un congresista.
6. Finalmente, solicitaron ordenar el cumplimiento de la sentencia, en los
términos de ley.
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes6:
7. Los señores Juan Manuel Tello Sánchez, Roberto Felipe Muñoz Ortiz,
Esperanza Durán Ariza y Ranulfo Guerrero Guerrero, en calidad de
magistrados de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y Buga a través
de petición radicadas el Veintiséis (26) y Veintisiete (27) enero de Dos Mil
Once (2011), ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca, solicitaron aplicar el incremento salarial al 80% de lo que, por
todo concepto reciben los magistrados de Alta Corte, en forma retroactiva,
desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) y
hasta que se produzca su retiro del servicio.
8. La entidad accionada, por medio de las resoluciones No. 0355, 0349, 0344
del Dieciséis (16) de febrero y 262 del Catorce (14) de febrero de Dos Mil
Once (2011), negó el reajuste solicitado, al indicar que, los pagos se han
realizado conforme con lo dispuesto por el Decreto 4040 del Tres (3) de
diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), que es la normativa que les resulta
aplicable.
9. A través de las resoluciones No 3630, 3619 y 3647 del Veintiuno (21) de
junio de Dos Mil Once (2011), y 3001 del Dos (2) de mayo de Dos Mil Once
(2011), se confirmaron las decisiones recurridas.
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Expediente híbrido – Samai – SEC_C01_01 Demanda-poder y anexos, folios 160-162
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
1.3. Normas violadas y concepto de violación7.
10. La parte demandante señaló como vulneradas, las disposiciones
contenidas en los artículos 2, 4, 13, 53 y 113 de la Constitución Política.
11. Asimismo, las previstas en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado
por los artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 10 de 1993. Decreto 610 de 1998,
art. 1, Decreto 4040 de 2004, artículo 1°- Convenio de la OIT (Derechos
Humanos para el nuevo Milenio, La Haya 2000, S. Freedman, Materiales OIT
• La Hora de la igualdad en el trabajo) y artículo 14 del Código Sustantivo del
Trabajo.
12. Sostuvo que, los actos administrativos demandados, desconocen el
marco constitucional y legal que regula la remuneración de los magistrados
de tribunal, al negar el reconocimiento y pago de las diferencias causadas por
el pago de la bonificación por compensación, así como, la bonificación por
gestión judicial.
13. Así, considera que, los derechos adquiridos fueron desprotegidos por la
entidad demandada, toda vez que, su derecho a recibir el salario legal fue
desconocido, proceder que, resulta contrario a las obligaciones que le impone
la Constitución Política.
14. Señaló que, existe una vulneración flagrante del derecho a la igualdad
ante la ley y el derecho al salario mínimo vital y móvil, al no pagarle la
asignación que le corresponde.
15. Con lo anterior, sostiene que, también resultó vulnerado su derecho al
debido proceso e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales.
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Expediente híbrido – Samai – SEC_C01_01 Demanda-poder y anexos, folios 162-167
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
1.4. Contestación de la demanda8.
16. La parte accionada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda, toda vez que, considera carecen de
fundamentos jurídicos.
17. En lo que corresponde a la pretensión de pagar la diferencia de sueldo
mensual, en los términos establecidos en el Decreto 4040 de 2004, señaló no
hacer pronunciamiento alguno dada la nulidad del mismo, ante lo cual, desde
el mes de enero de 2012, realiza el pago de los salarios, conforme al Decreto
610 de 1998.
18. Aduce que, no le es dable a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, efectuar equivalencias entre el valor que, se liquida por cesantías a
los congresistas y el valor que, se reconoce por el mismo concepto a los
magistrados de alta corte, para ordenar el pago de la diferencia del valor de
las cesantías por el concepto de prima especial de servicios; al igual que,
incluir dicha equivalencia al liquidar el 70% o el 80% de lo que, por todo
concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, para el pago de la
bonificación por gestión judicial o de bonificación por compensación a la que
tienen derecho los magistrados auxiliares de las Altas Cortes y los
magistrados de Tribunal, cuando la misma norma señala que, la prima
especial no tiene el carácter salarial.
19. Señala que, lo anterior significa automáticamente que, dicho concepto no
hará parte de las prestaciones sociales, estando entre ellas, las cesantías, por
lo tanto, no podrán ser iguales a las de los congresistas, es decir que, estarán
compuestas únicamente por la asignación básica y los gastos de
representación, sin incluir el valor que conforma la prima especial, tercer
componente de la remuneración del magistrado de alta corte, tal como se
viene liquidando en la actualidad.
8
Expediente híbrido – Samai – índice No. 13
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
20. En lo que corresponde a la prima especial de servicios a la que tienen
derecho los magistrados de altas cortes, en virtud a lo dispuesto en la Ley 4
de 1992, no tiene carácter salarial, razón por la cual, no es procedente tenerla
en cuenta para la liquidación de la bonificación de gestión judicial o la
bonificación por compensación a que tienen derecho los magistrados de
Tribunal y a los magistrados auxiliares de altas cortes, para igualar sus
ingresos al 70% o al 80% de lo que por todo concepto perciben los
magistrados de Altas Cortes, según lo estipulado en el Decreto 4040 de 2004
y el Decreto 610 de 1998 respectivamente.
21. Aduce que, en el presente caso, operó la prescripción trienal de los
derechos laborales, comprendidos entre el catorce (14) de abril de Dos Mil
Cinco (2005), hasta el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Ocho (2008), pues,
solo hasta el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Once (2011), los
interesados solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales por concepto de todos los
factores, considerando los ingresos totales de los magistrados de las altas
cortes y el de los congresistas según lo previsto en la Ley 4 de 1992 el Decreto
10 de 1993 y en el Decreto 610 de 1998.
1.5. Sentencia de primera instancia9.
22. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de conjueces, mediante
sentencia del Veintinueve (29) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), resolvió:
«PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones No.
0355, 0349, 0344 del 16 de febrero de 2011 y 262 del 14 de febrero del mismo
año expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cali
surgidos como respuesta a las peticiones presentadas por los señores JUAN
MANUEL TELLO SANCHEZ, ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ, ESPERANZA
DURAN ARIZA y RANULFO GUERRERO GUERRERO con el fin de que se
reconociera a su favor el reajuste y pago salarial de la diferencia que ha dejado
de cancelársele conforme con el Decreto 610 de 1998, por las razones expuestas
en este fallo de las resoluciones No 3630, 3619 y 3647 del 21 de junio de 2011
y 3001 del 02 de mayo de 2011 mediante las cuales se confirmó las decisiones
primigenias.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a los
señores JUAN MANUEL TELLO SANCHEZ, ROBERTO FELIPE MUÑOZ
ORTIZ, ESPERANZA DURAN ARIZA y RANULFO GUERRERO GUERRERO
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Expediente digital – Samai – índice No. 17.
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
la bonificación por compensación consagrada en el decreto 610 de 1998, en un
valor equivalente al ochenta por ciento (80%) de los ingresos que por todo
concepto perciban los magistrados de las Altas Corporaciones, como salario,
prestaciones sociales, incluyendo las cesantías devengadas por ellos así:
Al señor JUAN MANUEL TELLO SANCHEZ a partir del 26 de enero de 2008 en
adelante, descontando lo que haya percibido por el mismo concepto en un
porcentaje menor a través de la denominada bonificación por gestión judicial.
Estas sumas se actualizarán mes a mes de acuerdo con la fórmula consignada
en este fallo.
A los señores ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ, ESPERANZA DURAN
ARIZA y RANULFO GUERRERO GUERRERO a partir del 25 de enero de 2008
en adelante, descontando lo que hayan percibido por el mismo concepto en un
porcentaje menor a través de la denominada bonificación por gestión judicial.
Estas sumas se actualizarán mes a mes de acuerdo con la fórmula consignada
en este fallo.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de los derechos pretendidos por los
accionantes así: Del señor JUAN MANUEL TELLO SANCHEZ causados con
anterioridad al 26 de enero de 2008.
De los señores ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ, ESPERANZA DURAN
ARIZA y RANULFO GUERRERO GUERRERO causados con anterioridad al 25
de enero de 2008.
CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL el cumplimiento a esta
providencia con observancia a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A.
QUINTO: NO CONDENAR en costas, conforme a la parte motiva de la presente
providencia.»
23. El Tribunal, luego de exponer el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al sub examine, pasó a efectuar el análisis del caso concreto, donde
resaltó que, encontró acreditado que, los demandantes ejercieron los
siguientes cargos: Juan Manuel Tello Sánchez, Magistrado Sala Penal
Tribunal Superior de Buga desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), Roberto Felipe Muñoz Ortiz, Magistrado Sala Penal
Tribunal Superior de Cali, desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), Esperanza Duran Ariza, Magistrada Sala Penal
Tribunal Superior de Cali, desde el Primero (1) de enero de Dos Mil Ocho
(2008) y Ranulfo Guerrero Guerrero, Magistrado Sala Penal Tribunal Superior
de Cali desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999).
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
24. Sostiene que, en los certificados laborales expedidos por la Rama Judicial,
evidenció que, al liquidar los salarios y prestaciones sociales de los
demandantes, se excluyó de la base el 80% de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de las Altas Cortes, el valor de las cesantías
anuales, lo que, conllevó una disminución en los salarios y prestaciones
sociales por el tiempo en que, han desempeñado sus funciones como
magistrados del Tribunal Superior de Cali y Buga.
25. Por lo anterior, las diferencias entre el salario de los demandantes
realmente pagado y las sumas que han debido pagárseles (asignación
mensual, incluyendo la prima especial de servicios como factor salarial, más
las prestaciones sociales – incluida la cesantía anual), se debía reajustar,
aplicando la fórmula r6 = rh x ipc final, tomando como base el índice de precios
al consumidor.
26. Señala que, tratándose de pagos de tracto sucesivo, la fórmula arriba
establecida se aplicará separadamente, mes por mes, para cada reliquidación
prestacional.
27. Establecido el derecho reclamado a favor de los demandantes, pasó a
dilucidar el fenómeno jurídico procesal de la prescripción, para lo cual, resaltó
que, era importante indicar la fecha en que, los accionantes presentaron su
petición ante la demandada para que, les reajustaran su derecho conforme el
Decreto 610 de 1998.
28. Así, señaló que, el señor Juan Manuel Tello Sánchez, la presentó el
Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Once (2011), Roberto Felipe Muñoz Ortiz
el Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Once (2011), Esperanza Duran Ariza,
el Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Once (2011) y Ranulfo Guerrero
Guerrero el Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Once (2011).
29. De igual forma, resaltó que, la demanda se presentó estando los
demandantes vinculados a la Rama Judicial y cuando el derecho reclamado
era exigible.
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
30. De cara a lo antes expuesto, concluyó que, había operado la prescripción
bajo los siguientes términos: Del señor Juan Manuel Tello Sánchez anteriores
al Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Ocho (2008), del señor Roberto Felipe
Muñoz Ortiz anteriores al Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Ocho (2008),
de la señora Esperanza Duran Ariza anteriores al Veinticinco (25) de enero de
Dos Mil Ocho (2008) y los del señor Ranulfo Guerrero Guerrero anteriores al
Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Ocho (2008).
31. Como consecuencia de lo anterior, precisó que, el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación en el equivalente al 80% de lo devengado
por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, debía realizarse
desde las fechas antes indicadas y en adelante, durante el tiempo que ejerzan
o hayan ejercido el cargo de magistrados del Tribunal Superior de Cali y Buga
en la Rama Judicial.
1.6. Recurso de apelación.
1.6.1. Parte demandante10
32. El extremo activo de la litis, inconforme con la decisión de declarar probada
la prescripción trienal, interpuso recurso de apelación, pues considera que, la
denominada bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, entre
el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) y en
adelante, no se encuentra prescrita, en razón a que, el Catorce (14) de
Diciembre de Dos Mil Once (2011), la Sección Segunda, Sala de Conjueces,
del H. Consejo de Estado, en relación con el Decreto Nacional 4040 de 2004,
declaró su nulidad integral, fallo con el cual, se abrió el camino a los
demandantes para reclamar su total y legítimo derecho, como se hizo, el 80%
de lo que por todo concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes de
Justicia, quienes a su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley 4ª. de 1992, deben recibir un salario o remuneración mensual igual
a los ingresos que por todo concepto devenga un congresista, sin limitación,
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Expediente digital – Samai – índice No. 19
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
ni restricción alguna en el tiempo y en el espacio, porque dicho fallo judicial es
muy claro en que sus efectos son ex tunc, es decir, que el 80% debe
liquidarse, reconocerse y pagarse a los magistrados, desde que el derecho se
hizo exigible.
33. Aunado a lo anterior, señala que, sobre el pago del 80% de la bonificación
por compensación, de que trata el Decreto 610 de 1998, sin limitación, ni
restricción alguna en el tiempo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces del
H. Consejo de Estado, a través de la sentencia de Diez (10) de octubre de
Dos Mil Trece (2013), radicado 2008-00224-02, actor Luis Avelino Cortes
Forero contra la Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, caso similar al sub examine reconoció
el pago retroactivo del 80% de la bonificación por compensación, desde el
Primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001), solución que se ha dado en
muchas litis dilucidadas a nivel nacional, por los Tribunales Administrativos en
primera instancia y por el Consejo de Estado en segunda instancia.
34. Así, menciona las sentencias proferidas dentro de los expedientes
identificados con los siguientes radicados: i) 68001233300020130078402
Numero interno: 1153-2017, ii) 68001233100020110083002, Numero interno:
(2907-2016), de fecha Catorce (14) de julio de Dos Mil Veinte (2020), iii)
680012331000201000381 02, Numero interno: (2132-18), de fecha Primero
(1) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), todas ellas proferidas por el
Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda - Sala de Conjueces.
1.6.2. Parte demandada.
35. Indica que, la bonificación por compensación solo tiene efectos salariales
para el cálculo y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
Además, que el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para
los servidores judiciales que ostentan el cargo de magistrados de Tribunal y
cargos equivalentes, sobrepasaría los topes fijados con respecto a los
ingresos de los magistrados de las Altas Cortes.
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
36. Sostiene que, de aceptarse que se reliquiden las prestaciones sociales,
incluyendo la base de la liquidación de la bonificación por compensación,
observa dos situaciones: i) Lo que matemáticamente se conoce como una
referencia circular, situación que se presenta cuando la formulación para
definir el monto de ciertos criterios (prestaciones sociales) se desconoce un
valor (bonificación por compensación), que a su vez debe hacerse parte de la
cuantía que se pretende establecer. Donde no es posible efectuar cálculos
correctos ni obtener cifras ciertas, ii) al incluir en la liquidación de las
prestaciones sociales el valor obtenido como diferencia entre el ochenta por
ciento (80%) de la remuneración anual del magistrado de Alta Corte, y la
remuneración anual proyectada del magistrado de Tribunal y equivalente
(bonificación por compensación), tiene como consecuencia que, sobrepasa el
tope del 80% de lo que por todo concepto recibe anualmente como
remuneración el magistrado de Alta Corte.
37. Señala que, el A quo nada menciona sobre el pago de los aportes a la
seguridad social que debe realizar la parte actora, en relación con las sumas
que se impone pagar a la demandada, generando con ello, no solo un
enriquecimiento sin justa causa, sino, un incumplimiento para con los deberes
al Sistema de Seguridad Social en Pensión.
38. Concluye que, a la parte actora no le asiste el derecho reclamado, toda
vez que, la sentencia proferida no permite conocer o deducir los cálculos
actuariales que concedan el petitum en los términos solicitados.
1.7. Trámite de segunda instancia
39. A través de auto del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)11, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por los
extremos de la litis.
40. A su vez, en dicha providencia se ordenó que, una vez cobrara ejecutoria,
se corría traslado a las partes, para presentar sus escritos de alegatos de
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Expediente digital – Samai – índice No. 41
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
conclusión y, al Ministerio Público, para que si a bien lo tenía emitiera
concepto.
1.7.1. Alegatos.
1.7.1.1. Parte demandante12.
41. Aduce que, a los demandantes les asiste el derecho a la reliquidación de
sus ingresos laborales, en el entendido de incluir todas las prestaciones y todo
lo que han recibido como contraprestación por sus servicios, así como, al
reconocimiento y pago del 80% de lo que devenga por todo concepto salarial
un magistrado de Alta Corte, correctamente liquidado, es decir que, la base
para reconocer, liquidar y pagar el 80% que trata el Decreto 610 de 1998,
debe ser la que, en aplicación del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
corresponde, siendo idénticos los ingresos totales anuales del magistrado de
Alta Corte con los de los congresistas de la República.
42. Reitera el análisis normativo expuesto en el recurso de apelación, para
con ello, solicitar se profiera sentencia de mérito, reconociendo el periodo
completo reclamado en la demanda sin prescripción o en su defecto, se
confirme la sentencia de primera instancia.
1.7.1.2. Parte demandada13.
43. Alega que, en lo que corresponde a la bonificación por compensación, no
se considera factor salarial, dado que, su propósito fue materializar el principio
de equidad mediante la nivelación de los ingresos de los magistrados de las
altas cortes y los de los tribunales, hasta alcanzar el 80% de lo que los
primeros percibían.
44. Señala que, la prescripción debe mantenerse, debido a que las
reclamaciones posteriores al Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Doce (2012),
la prescripción trienal aplica sin excepciones.
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Expediente digital – Samai – índice No. 48
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Expediente digital – Samai – índice No. 46
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Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
45. Frente al demandante Juan Manuel Tello Sánchez, informa que, obtuvo
sentencia favorable bajo similares supuestos de hecho y pretensiones, donde
solicitó igual reconocimiento; la cual, fue proferida por la Sala de conjueces
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Quince (15) de noviembre
de Dos Mil Veintitrés (2023), dentro del expediente con radicado 76001-23-
31-000-2011-01492-00, por lo que, sugiere de oficio resolver la excepción de
cosa juzgada.
46. De igual forma, señala que, el demandante «Leoxmar Benjamín Muñoz
Alvear», obtuvo sentencia favorable en proceso donde le fue reconocida la
bonificación por compensación, expediente bajo el radicado 76001-23-31-
000-00445-02, consejero ponente doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez,
providencia del Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), por lo tanto,
también debe declararse la cosa juzgada y ser condenado al pago de las
costas del proceso.
47. Colige que, debe tenerse en cuenta que, a los demandantes les ha sido
reconocida la prima especial de servicios del 30%, la cual, al articularse con
la bonificación por compensación, no debe exceder el tope máximo del 80%
de los ingresos que por todo concepto recibe un magistrado de Alta Corte,
como lo estableció la Sección Segunda del Consejo de Estado en la citada
sentencia de unificación del Catorce (14) de septiembre de Dos Mil Diecisiete
(2017).
1.7.2. Concepto del Ministerio Público.
48. El Ministerio Público, no presentó concepto dentro del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
49. El sub examine fue presentado bajo la vigencia del Código Contencioso
Administrativo, se precisa que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
• Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación
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interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 129 del CCA.
2.2. Problema jurídico
50. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿Se encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada frente a las
pretensiones del señor Juan Manuel Tello Sánchez?
ii) La bonificación por compensación tiene efectos salariales y si su
reconocimiento sobrepasaría los topes fijados por el gobierno
nacional con respecto a los ingresos de los magistrados de las Alta
Cortes.
iii) ¿Operó la prescripción extintiva respecto de todo el tiempo
reclamado o de formas parcial sobre las diferencias causadas por
concepto de la bonificación por compensación y de los aportes al
sistema pensional derivados de su reconocimiento?
51. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: i) Análisis del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, ii)
Marco normativo y jurisprudencial, iii) Hechos probados; iv) Caso concreto y
v) Condena en costas.
2.3. De la cosa juzgada.
52. Lo primero que resalta la Sala es que, la cosa juzgada fue alegada por la
parte actora, en la etapa de alegatos de segunda instancia, en razón a que, el
Quince (15) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), se profirió sentencia
de primera instancia dentro del expediente con radicado 76001-23-31-000-
2011-01492-00, donde también funge como demandante el señor Juan
Manuel Tello Sánchez. De igual forma, señala que, dicho fenómeno jurídico,
se configuró frente a quien identifica con el nombre de Leoxmar Benjamín
Muñoz Alvear.
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53. En razón al hecho sobreviniente, la Sala de oficio, verificará si existen los
elementos que, exige el ordenamiento jurídico para tener por acredita la cosa
juzgada, no sin antes, precisar que, en el presente medio de control, el señor
Leoxmar Benjamín Muñoz Alvear, no funge en calidad de demandante, motivo
por el cual, el análisis solo se realizará frente a las pretensiones del señor
Juan Manuel Tello Sánchez, quien sí tiene dicha calidad.
54. Establecido lo anterior, se tiene que, el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo –CCA- hace alusión a la cosa juzgada, pero
únicamente como uno de los efectos de la sentencia, por lo que,
resulta necesario acudir a las previsiones contenidas en el Código de
Procedimiento Civil por expresa remisión del artículo 267 del Código
Contencioso Administrativo.
55. El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, consagra la cosa
juzgada, siempre que se configure identidad de partes, identidad de objeto e
identidad de causa.
56. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de
la Corporación señaló14 que, la misma tiene por objeto «impedir que entre las
mismas partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y
con idénticas pretensiones de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo,
con la finalidad de que dicha providencia lleve inmerso un carácter inmutable
o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la controversia se
perpetúe».
57. Ahora bien, para efectos de establecer sí en el presente asunto se
configura el fenómeno de la cosa juzgada, la Sala procedió a consultar el
proceso identificado con el radicado 76001-23-31-000-2011-01492-0015 / 0116
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024.
Exp. 11001-03-15-000-2022-06769-01. M.P. Milton Chaves García.
15
La información se obtiene de la consulta en el sistema Samai, donde reposa la trazabilidad de las actuaciones
surtidas en el expediente tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
16
Expediente en trámite de segunda instancia cuyo conocimiento correspondió por reparto a este despacho
sustanciador, quien por auto del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) admitió el recurso de
apelación y actualmente no cuenta con sentencia de segunda instancia.
16
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y al comparar con el de la referencia 76001-23-31-000-2011-01491-02 (2704-
2023), se observa que las partes guardan identidad en ambos procesos, y
sobre lo pretendido u objeto en el primero, solicita se inaplique por ilegal el
Decreto 4040 de 2004, la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución 0353 de 16 de febrero de 2011, Resolución 3649 de 21 de junio
del 2011, por medio de la cual, se resolvió el recurso de apelación en el
sentido de confirmar la primera en mención, a título de restablecimiento del
derecho, y como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos, se
ordene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, que incluya en la nómina del mes de octubre de
2011, y las de los meses subsiguientes, los pagos de su remuneración
periódica o salario correspondiente al 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de las Altas Cortes de Justicia, en cumplimiento de
los Decretos 610 de marzo de 1998 y 1239 de 2 de julio de 1998. Igualmente,
se reconozca, liquide y pague debidamente actualizadas, y de manera
retroactiva, las diferencias salariales existentes entre el 70% y el 80% entre el
Primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001) a la fecha a los demandantes”.
58. A su turno, a través de la acción de la referencia, se pretende la nulidad
de los actos administrativos contenidos en las resoluciones números 0355,
0349, 0344 de 16 de febrero de 2011 y 262 de 14 de febrero del mismo año,
así como, en las resoluciones 3630, 3619, 3647 de Veintiuno (21) de junio de
Dos Mil Once (2011) y 3001 de Dos (2) de mayo del mismo año, por medio de
las cuales, se resolvieron los recursos de apelación en el sentido de confirmar
las primeras resoluciones en mención.
59. A título de restablecimiento del derecho, solicitan se condene a la Nación
– Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a pagar las diferencias salariales adeudadas por concepto de
bonificación por compensación, que a la luz de lo establecido en el Decreto
610 de 1998, le corresponde entre el Primero (1) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Diez (2010) el 60% para el año 1999; para el 2000 el 70% y para el 2001 hasta
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Diez (2010), y en adelante, el
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80% de lo que, por todo concepto devengan los Magistrados de las Altas
Cortes de Justicia, quienes a su vez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, deben recibir un salario o remuneración
mensual igual a los ingresos que por todo concepto devenga un Congresista.
60. En ese orden, aun cuando se observa similitud entre las partes y los
hechos, las pretensiones guardan cierta diferencia en el tiempo reclamado,
además en el proceso donde funge como único demandante el señor Juan
Manuel Tello Sánchez, este es, 76001-23-31-000-2011-01492-0017 / 0118 se
encuentra al despacho sustanciador para sentencia de segunda instancia,
circunstancia que, para este momento, no permite a tener por definido el
asunto de fondo, lo que descarta el fenómeno de la cosa juzgada. En todo
caso, se ordenará en la presente providencia, remitir copia del expediente del
medio de control de la referencia al proceso con radicado 76001-23-31-000-
2011-01492-00/01 para que al proferir la sentencia se tenga en cuenta lo
decidido en esta oportunidad.
61. En consideración a lo anterior, entrará la Sala a resolver el fondo del
asunto, para lo cual analizará el marco normativo y jurisprudencial de la
bonificación por compensación:
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Bonificación por compensación
62. El Veintiséis (26) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), en
uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió
17
La información se obtiene de la consulta en el sistema Samai, donde reposa la trazabilidad de las actuaciones
surtidas en el expediente tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
18
Expediente en trámite de segunda instancia cuyo conocimiento correspondió por reparto a este despacho
sustanciador, quien por auto del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) admitió el recurso de
apelación y actualmente se encuentra al Despacho para no cuenta con sentencia de segunda instancia.
18
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el Decreto 610 de 199819, a través del cual se creó la bonificación por
compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito20.
63. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual, tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para
el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por
todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura;
sin embargo, se precisó que el citado porcentaje tendría un incremento
gradual, así para el año 2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y
para el año 2001 y sucesivos sería del ochenta por ciento (80%).
64. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668
de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del Trece (13) de
abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), derogado por el Decreto
2738 del Veintisiete (27) de diciembre de Dos mil (2000), derogado por el
Decreto 1476 del Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Uno (2001), este a su
vez derogado por el Decreto 2726 del Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil
19
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
20
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
19
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Uno (2001), derogado por el Decreto 663 del Diez (10) de abril de Dos Mil Dos
(2002), derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003, a su vez,
derogado por el Decreto 4040 de 2004.
65. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el
Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el Veinticinco
(25) de septiembre de Dos Mil Uno (2001), expediente Nº 395-99, con efectos
ex tunc. Ante ello, el Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe
entenderse que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza
ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se
expidieron con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación
de los magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de
1998 había desaparecido del orden jurídico.
2.4.2. Bonificación de gestión judicial
66. El Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podía cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
20
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b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación».
67. Quienes debería, antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Cuatro (2004), por escrito manifestar dicha intención ante la entidad
empleadora.
68. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
catorce (14) de diciembre de Dos Mil Once (2011), expediente No. 11001-03-
25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el Veintisiete (27) de enero de Dos Mil
Doce (2012). En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto
610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por
los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la
establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
69. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó
los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
70. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para
sus beneficiarios.
21
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71. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 201221, retomó el derrotero de
la bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 122.
2.4.3. De la prescripción.
72. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia del 6 de agosto de 202023, en la cual, se identificaron
los elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica de manera general
respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción de aquellos en los
que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden
extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de
ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación
debida, salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii)
el transcurso del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro
del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena de que se
extinga».
73. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de
prescripción empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo
que el efecto es la «extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo,
que se producen debido a la sentencia judicial que acoge la correspondiente
excepción propuesta por el demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
74. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
21
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
22
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con
carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del
Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a
un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que
por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente,
sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33 000-
2013-00666-01 (0833-2016).
22
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reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como
director del proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en
el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno
extintivo, sin perjuicio, de la no reformatio in pejus. De manera que la
prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de
oficio»24.
75. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
regula la prescripción al indicar que: «Las acciones que emanen de los
derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción,
pero sólo por un lapso igual.»
76. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el
artículo 102 señala:
«Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el
Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3)
años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
77. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 2016, la Sala de
Conjueces analizó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la
bonificación por compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe
ser exigible, pero que para los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el
Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba
imposible referirse a la exigibilidad del derecho». En este contexto, la
providencia determinó que «solo puede hablarse de exigibilidad de la
bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que
declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
24
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
23
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quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201125, que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004.
78. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 2019 26, la Sala de
Conjueces abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación
por compensación, para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó
ninguna regla respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación
por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición
del Decreto 4040 de 2004», por ello, consideró que previo al Decreto 4040 de
2004 «el único régimen vigente respecto de la bonificación por compensación
era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era plenamente exigible».
79. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001] 27 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción.
Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios
de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de
interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla general
operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
80. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del
2 de septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la
prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación
entre el 2 de diciembre de 2004 y el «27» de enero de 2012 -
vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho periodo,
como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes.
Al salir de la vida jurídica, el «27» de enero de 2012 dicho decreto,
los destinatarios podían efectuar reclamaciones hasta el «27» de
enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por fuera de
ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de
diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta
25
Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado Exp. No. 250002325000201000246-02
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del
25 de septiembre de 2001.
24
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Ejecutiva de Administración Judicial
el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la
excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber
presentado reclamación durante el tiempo que no hubo
coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre
2004.
81. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala
de Conjueces, se extrae que:
a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó
por regla general la prescripción de la bonificación por
compensación, si no se interpuso reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto
4040 de 2004) y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción,
pues el derecho no era exigible dada la coexistencia de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004,
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de
prescripción trienal sin excepciones.
82. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de esta
Corporación, se procede a decidir el presente caso.
2.5. Hechos probados.
83. De las pruebas allegadas al plenario, se tiene por acreditado que:
• Los señores Juan Manuel Tello Sánchez28, Roberto Felipe Muñoz
Ortiz29, Esperanza Duran Ariza30, y Ranulfo Guerrero Gurrero31, por
medio de apoderado judicial, el Veintiséis (26) y Veintisiete (27) de
enero de Dos Mil Once (2011), solicitaron la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Valle del Cauca, el reconocimiento y pago,
de las diferencias salariales adeudadas por concepto de lo dispuesto
en el Decreto 610 de 1998.
28
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 19 - 22
29
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 45 - 48
30
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 73 - 76
31
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 112, la información de la fecha en la que presentó la petición
de reconocimiento y pago de la bonificación por compensación se obtiene de la Resolución No. 3001 del 2 de mayo
de 2011.
25
Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
• La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valle del Cauca,
por medio de las Resoluciones No. 035532, 034933, 034434 del Dieciséis
(16) de febrero de Dos Mil Once (2011) y 0262 del Catorce (14) de de
febrero de Dos Mil Once (2011)35, resolvió negar el reconocimiento y
pago, de las diferencias salariales adeudadas por concepto de lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
• Inconforme con las anteriores decisiones, presentaron recurso de
apelación36, los cuales fueron resueltos por medio de las Resoluciones
363037, 361938, 364739 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Once
(2011) y, 3001 del Dos de Mayo de Dos Mil Once (2011)40, en el sentido
de conformar las decisiones recurridas, al considerar «(…) que la
Dirección de Administración Judicial de la Seccional de la ciudad de
Cali y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial han dado
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4 de mayo 18 de 1992
en sus artículos 15 y 16, así como a lo mandado en el Decreto 10 de
1993 y por ende ha liquidado como es procedente las Bonificaciones
de Compensación y de Gestión, reguladas por los Decretos 610 de
marzo 26 de 1998 y 4040 de diciembre 3 del 2004, así como la prima
especial.»
• El jefe de la sección de pagaduría del Senado de la República, por
medio de certificado hace constar los conceptos devengados y
deducciones durante los años 1993 a 201041.
• La coordinadora de recursos humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Cali, certificó que, el señor Roberto Felipe
Muñoz Ortiz, labora en la Rama Judicial en el cargo de Magistrado,
Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, y durante el año 1999,
32
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 25-27
33
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 52-55
34
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 80-83
35
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 102-107
36
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 28-35, 56-63, 84-91, 108-110
37
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 37- 42
38
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 65-70
39
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 93-98
40
Sistema Samai, índice 005 demanda y anexos, folios 112 - 117
41
Sistema Samai, índice 016
26
Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
devengó salario básico, prima especial, a partir del mes de octubre a
diciembre la bonificación por compensación, en los años 2000 al 2008
salario básico, prima especial, la bonificación por gestión y realizó
aportes a pensión a CAJANAL42,
• La coordinadora de recursos humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Cali, certificó que el señor Ranulfo Guerrero
Guerrero, labora en la Rama Judicial en el cargo de magistrado, Sala
Penal del Tribunal Superior de Cali, y durante el año 1999, devengó
salario básico, prima especial, a partir del mes de octubre a diciembre
la bonificación por compensación, en los años 2000 al 2010 salario
básico, prima especial, la bonificación por gestión y realizó aportes a
pensión a CAJANAL43.
• La coordinadora de recursos humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Cali, certificó que la señora Esperanza Duran
Ariza, labora en la Rama Judicial en el cargo de magistrado, Sala Penal
del Tribunal Superior de Cali, y durante el año 2008 al 2010 devengó
salario básico, prima especial, la bonificación por gestión y realizó
aportes a pensión a CAJANAL44.
• La coordinadora de recursos humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Cali, certificó que, el señor Juan Manuel Tello
Sánchez, labora en la Rama Judicial en el cargo de magistrado, Sala
Penal del Tribunal Superior de Buga y durante el año 1999, devengó
salario básico, prima especial, a partir del mes de octubre a diciembre
la bonificación por compensación, en los años 2000 al 2010 salario
básico, prima especial, la bonificación por gestión y realizó aportes a
pensión a CAJANAL45.
2.6. Caso concreto
42
Sistema Samai, índice 017, folios 2-11
43
Sistema Samai, índice 017, folios 12-25
44
Sistema Samai, índice 017, folios 26-28
45
Sistema Samai, índice 017, folios 29-40
27
Interno: 2704-2023
Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
84. En el sub examine, el material probatorio permite tener por acreditado que
los señores Juan Manuel Tello Sánchez, Roberto Felipe Muñoz Ortiz,
Esperanza Duran Ariza, y Ranulfo Guerrero Gurrero prestaron sus servicios a
la Rama Judicial, en el cargo de magistrado en los siguientes periodos: 1999
a 2010, 1999 a 2008, 2008 a 2010 y 1999 a 2010, respectivamente.
85. En virtud de ello, presentaron reclamación administrativa ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Valle del Cauca, para obtener la
diferencia con ocasión al reconocimiento de la bonificación por compensación
en el porcentaje previsto en el Decreto 610 de 1998; peticiones que fueron
negadas por la entidad en los actos demandados, previamente referenciado.
86. En este orden de ideas, en primer lugar, la Sala precisa que, a los
demandantes, en su calidad de magistrados de la Sala Penal de los
Tribunales Superior de Cali y Buga, tienen derecho al reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998.
87. Para tal efecto, deberá tenerse en cuenta que, dicha prestación produjo
efectos fiscales a partir del Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa
y Nueve (1999) y que su reconocimiento se sujetó al esquema gradual
previsto en el Decreto 610 de 1998, de manera que la remuneración de los
servidores beneficiarios, sumada a la bonificación por compensación, debía
equivaler al 60 % durante el año 1999, al 70 % para el año 2000 y al 80 % a
partir del año 2001, de lo que por todo concepto recibe un magistrado de Alta
Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan
los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios
como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pues es un ingreso
anual permanente que perciben éstos funcionarios, conforme a los
antecedentes jurisprudenciales antes expuestos.
88. Lo anterior, por cuanto la nulidad del Decreto 4040 de 2004, hizo exigible
la bonificación por compensación conforme al Decreto 610 de 1998.
28
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89. Establecido lo anterior, se procede a resolver el segundo problema
jurídico, de cara a verificar sí la bonificación por compensación tiene efectos
salariales y si su reconocimiento sobrepasaría los topes fijados por el gobierno
nacional con respecto a los ingresos de los magistrados de las Alta Cortes.
90. Al respecto, se precisa que la bonificación por compensación por mandato
legal –artículos 1 de los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012– solo tiene tal
atribución «para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de
Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud46.»
91. En lo que, corresponde a los topes fijados por el gobierno nacional, los
cuales considera la parte accionada fueron desconocidos por el juez de
instancia, resulta necesario delimitar la procedencia de lo reconocido en el
fallo impugnado, que en síntesis consistió en (i) que a los demandante les
asiste el derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, esto es, teniendo en
cuenta el 80% de lo percibido por los magistrados de altas cortes, y, en
consecuencia, (ii) la reliquidación de sus prestaciones sociales,
especialmente sus cesantías, teniendo en cuenta la bonificación por
compensación.
92. En cuanto al reconocimiento de la anterior acreencia, debido a que los
accionantes se desempeñaron como magistrados de Tribunal durante la
vigencia del Decreto 610 de 1998, no hay discusión que son beneficiarios de
dicho emolumento.
93. A propósito del motivo de la apelación atinente al desconocimiento de los
topes establecidos por el Gobierno nacional, se advierte que, el A quo ordenó,
el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación consagrada en
el decreto 610 de 1998, en un valor equivalente al ochenta por ciento (80%)
de los ingresos que por todo concepto perciban los magistrados de las Altas
Corporaciones, como salario, prestaciones sociales, incluyendo las cesantías
devengadas por ellos.
46
Artículo 1 del Decreto 1102 de 2012
29
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94. Precisado esto, como resulta procedente el reconocimiento de la referida
bonificación en los términos establecidos por el A quo, carece de objeto el
reproche de la apelación atinente al presunto desconocimiento de los topes
fijados por el Gobierno nacional, en especial cuando la acreencia lo que busca
es nivelar salarial y prestacionalmente, entre otros, a los magistrados de
tribunal con los de las altas cortes, pero dejando claro que lo percibido por los
primeros no puede superar el 80% de lo devengado por los segundos, motivo
por el cual que se otorgue la referida compensación está inescindiblemente
relacionado con los límites establecidos por el Gobierno nacional.
95. Así, es claro que, dicho límite porcentual fue impuesto por el mismo
legislador al regular la prestación objeto de este litigio, por lo tanto, la entidad
demandada al efectuar el reajuste, debe respetar lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto 610 de 1998, esto es, que los ingresos laborales no superen para
el año 1999 el 60%, 2000 el 70% y del 2001, en adelante el 80% de lo que por
todo concepto perciben los magistrados de Alta Corte, motivo por el cual, se
adicionará la sentencia en tal sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 328
del CGP.
2.6.1. De la prescripción.
96. Establecido el derecho reclamado por los demandantes, pasa la Sala a
dilucidar el motivo de inconformidad con el cual, la parte actora recurrió la
sentencia de primera instancia, este es, la declaratoria de prescripción, pues
considera no se configuró.
97. La Sala advierte que, a la luz del marco normativo y jurisprudencial
expuesto en la presente providencia sobre la prescripción se, recuerda que
del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001]47 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso
no hubo dualidad de normas, por lo tanto, los beneficiarios establecidos en el
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna,
sentencia del 25 de septiembre de 2001.
30
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artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla».
En consecuencia, se estableció que, por regla general operó la prescripción
del derecho al pago de la bonificación por compensación entre el Cinco (5) de
octubre de Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004), salvo que, la persona demuestre que reclamó antes de esta última
fecha.
98. En el sub lite, se recuerda que el derecho reclamado corresponde a las
anualidades 1999 a 2010, 1999 a 2008, 2008 a 2010 y 1999 a 2010 y los
demandantes, presentaron las reclamaciones administrativas ante la entidad
demandada los días Veintiséis (26) y Veintisiete (27) de enero de Dos Mil
Once (2011), sin embargo, se precisa que, entre el tres (3) de diciembre de
Dos Mil Cuatro (2004) (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004) y el
Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Doce (2012), no operó la prescripción,
pues, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, el derecho no
era exigible dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.
99. En el caso concreto, para los periodos reclamados desde 1999 al 2010,
se encuentran prescritas las diferencias causadas con anterioridad al Dos (2)
de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), dado que, a la fecha de presentar la
reclamación administrativa -enero de 2011-, estaban superados los tres años,
que tenía la parte actora para interrumpir la prescripción durante el tiempo que
no coexistieron las dos normas en mención.
100. Para el periodo reclamado entre el 2008 al 2010, se concluye que, no se
encuentra afectado con el fenómeno jurídico de la prescripción, en atención a
que, dicho lapso esta incorporado en el periodo que coexistieron los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004, y la reclamación administrativa fue radicada el
Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Once (2011).
101. Establecido lo anterior, se modificarán los ordinales segundo y tercero,
de la sentencia recurrida, en los términos que se indicará en la parte resolutiva
de la presente providencia.
31
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102. Por otra parte, es oportuno precisar que las providencias que menciona
la parte recurrente, no pueden tenerse como parámetro, pues, el carácter
constitutivo de la sentencia que fijó los efectos no irradia a ese tiempo, por
expresa disposición de la sentencia que estableció las reglas.
2.6.2. De los aportes pensionales
103. Finalmente, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación nada
se dijo respecto a los aportes pensionales al porcentaje que corresponde a la
demandante; por lo que, la parte accionada solicita emitir decisión al respecto.
104. Ese orden, le asiste razón a la parte accionada, pues a pesar de dicha
omisión, los aportes hacen parte del derecho a la pensión, el cual, es
imprescriptible e irrenunciable, la Sala ordenará la reliquidación de aquellos,
desde el momento en el que los demandantes ejercieron el cargo que
le dio derecho a percibir la bonificación por compensación.
105. Con lo anterior, se precisa que, los aportes deberán liquidarse conforme
con los porcentajes aplicables en cada vigencia y respecto de los períodos en
los cuales los demandantes tienen derecho al reconocimiento de la
prestación y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios de los
magistrados de alta corte, a partir de la cual se calcula la citada bonificación,
debe incluir las cesantías reconocidas a los congresistas de la República.
106. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 100 de
199348, se tiene que, el aporte a pensión, si bien es responsabilidad del
empleador, no es menos cierto que, está dividido en porcentajes asignados,
por una parte, al empleador y por otra al trabajador, luego entonces,
comoquiera que, el A quo omitió ordenar el pago del porcentaje del aporte a
la seguridad social que debe realizar la parte actora, se procede a ordenar su
48 ARTÍCULO 22. Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte
de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el
monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado,
y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de
los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
32
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descuento por parte de la entidad accionada al momento de dar cumplimiento
a la presente providencia.
107. Se precisa que, la orden de efectuar los aportes pensionales comprende
no solo los períodos respecto de los cuales se dispuso el reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación, sino también aquellos que puedan
estar afectados por el fenómeno de la prescripción, toda vez que, la
prescripción de las acreencias salariales no se extiende a las cotizaciones al
sistema pensional, pues estas se encuentran directamente vinculadas con el
derecho irrenunciable a la seguridad social.
108. Finalmente, se advierte que, el cumplimiento de la presente sentencia
quedará supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora
reconocidos; y que la bonificación por compensación y las demás
prestaciones percibidas no pueden superar los topes establecidos por el
gobierno nacional; asimismo, que se realicen los descuentos por seguridad
social sobre las diferencias no cotizadas.
109. Siendo, así las cosas, la Sala además de confirmar la sentencia de
primera instancia la adicionará para i) precisar que la bonificación por
compensación únicamente es factor de cotización para los aportes al Sistema
de Seguridad Social, ii) para ordenar el pago de los aportes al sistema general
de pensiones correspondientes a dicha prestación, por todo el periodo
reclamado y ordenar el descuento del porcentaje que corresponde a la parte
demandante.
110. De igual forma, se modificarán los ordinales segundo y tercero de la
sentencia objeto del recurso de apelación, en lo que, respecta al fenómeno
prescriptivo.
2.7. Conclusión
33
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Los demandantes, en calidad de magistrados de la Sala Penal de los
Tribunales Superior de Cali y Buga durante los periodos reclamados, tienen
derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, razón por la cual, se confirmará la
sentencia, la cual, a la vez se adicionará para precisar que la bonificación por
compensación únicamente es factor de cotización para los aportes al Sistema
de Seguridad Social, ordenar a la demandada pagar las diferencias en los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en atención a
su naturaleza irrenunciable e imprescriptible respecto a la bonificación por
compensación. Asimismo, se modificarán los ordinales segundo y tercero,
sobre el fenómeno prescriptivo.
2.8. Condena en costas.
111. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus
intereses, es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
171 CCA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
112. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala
no condenará en costas a la parte vencida.
113. Por otra parte, en cumplimiento del auto de fecha Nueve (9) de junio de
Dos Mil Veintiséis (2026), proferido dentro del expediente con radicado 76001-
23-33-000-2014-00966-02 (0299-2026), se ordenará remitir de forma digital y
con destino al proceso en mención, el presente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-23-31-000-
2011-01491-02, para lo de su competencia.
114. De igual forma, a la luz de lo expuesto en el acápite de cosa juzgada en
la presente providencia, se ordenará remitir de forma digital y con destino al
34
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Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
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proceso 76001-23-31-000-2011-01492-0049 / 0150, el presente medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
76001-23-31-000-2011-01491-02, para que en la oportunidad de emitir
sentencia se tenga en cuenta lo decidido en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia del
Veintinueve (29) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de conjueces, los cuales quedarán
así:
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
reconocer y pagar a los señores JUAN MANUEL TELLO
SANCHEZ, ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ, ESPERANZA
DURAN ARIZA y RANULFO GUERRERO GUERRERO la
bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998, en un valor equivalente al ochenta por ciento (80%) de los
ingresos que por todo concepto perciban los magistrados de las
Altas Corporaciones, como salario, prestaciones sociales,
incluyendo las cesantías devengadas por ellos así:
A los señores Juan Manuel Tello Sánchez, Roberto Felipe Muñoz
Ortiz, y Ranulfo Guerrero Gurrero a partir del Dos (2) de diciembre
de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
49
La información se obtiene de la consulta en el sistema Samai, donde reposa la trazabilidad de las
actuaciones surtidas en el expediente tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
50
Expediente en trámite de segunda instancia cuyo conocimiento correspondió por reparto a este
despacho sustanciador, quien por auto del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
admitió el recurso de apelación y actualmente no cuenta con sentencia de segunda instancia.
35
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Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
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de Dos Mil Diez (2010), descontando lo que haya percibido por el
mismo concepto en un porcentaje menor a través de la denominada
bonificación por gestión judicial. Estas sumas se actualizarán mes
a mes de acuerdo con la fórmula consignada en este fallo.
A la señora Esperanza Duran Ariza, desde 2008 a 2010
descontando lo que hayan percibido por el mismo concepto en un
porcentaje menor a través de la denominada bonificación por
gestión judicial. Estas sumas se actualizarán mes a mes de
acuerdo con la fórmula consignada en este fallo.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de los derechos
pretendidos por los accionantes así: De los señores Juan Manuel
Tello Sánchez, Roberto Felipe Muñoz Ortiz, y Ranulfo Guerrero
Gurrero, causados con anterioridad al Dos (2) de diciembre de Dos
Mil Cuatro (2004).
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal sexto a la sentencia del Veintinueve (29)
de junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca – Sala de conjueces, el cual quedará así:
SEXTO: ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el pago de las
diferencias en las cotizaciones o aportes hechos al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, en favor de los señores Juan
Manuel Tello Sánchez, Roberto Felipe Muñoz Ortiz, Esperanza Duran
Ariza, y Ranulfo Guerrero Gurrero en los siguientes periodos: 1999 a
2010, 1999 a 2008, 2008 a 2010 y 1999 a 2010, respectivamente, con
ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a
título de bonificación por compensación, en los porcentajes de ley a
cargo del empleador como el que, corresponde a los trabajadores en
mención, por medio del descuento que deberá realizar la accionada
al momento de dar cumplimiento a la presente providencia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
36
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Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán
exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional. Lo reconocido
con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar, que fueron reconocidas en esta
providencia, no se hayan pagado por la entidad previamente, por lo
que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.
Se precisa que la bonificación por compensación únicamente es factor
de cotización para los aportes al Sistema de Seguridad Social.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el Veintinueve
(29) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de conjueces, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por secretaría se ordena en cumplimiento del auto de fecha Nueve
(9) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido dentro del expediente con
radicado 76001-23-33-000-2014-00966-02 (0299-2026), remitir de forma
digital y con destino al proceso en mención el presente medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-23-
31-000-2011-01491-02, para lo de su competencia.
SEXTO: Por secretaría se ordena de forma digital y con destino al proceso
76001-23-31-000-2011-01492-0051 / 0152, el presente medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-23-
31-000-2011-01491-02, para que en la oportunidad de emitir sentencia se
tenga en cuenta lo decidido dentro de la acción de la referencia.
51
La información se obtiene de la consulta en el sistema Samai, donde reposa la trazabilidad de las actuaciones
surtidas en el expediente tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
52
Expediente en trámite de segunda instancia cuyo conocimiento correspondió por reparto a este despacho
sustanciador, quien por auto del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) admitió el recurso de
apelación y actualmente no cuenta con sentencia de segunda instancia.
37
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Demandante: Roberto Felipe Muñoz y otros
Demandada: Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial
SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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