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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01668-01

Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Fecha
27 de agosto de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01668-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dentro del marco conceptual enunciado y visto con detenimiento el contenido de la demanda, así como la carga argumentativa expuesta en el recurso de apelación, es preciso señalar que el reproche de responsabilidad que la parte demandante le endilga a las demandadas, a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se contrajo, en lo fundamental, en la supuesta omisión o negligencia en la que, a juicio de los actores, incurrieron las demandadas al no ordenar las medidas cautelares que procedían en relación con el vehículo de servicio público involucrado en el accidente de tránsito, el cual pertenecía al señor (…) quien fue vinculado a la actuación penal como tercero civilmente responsable, falla que, según los demandantes, les imposibilitó ser resarcidos como parte civil dentro del proceso penal, puesto que el bien salió del patrimonio de su propietario. Así las cosas, es evidente que la omisión a la cual se refieren los demandantes, como fuente del daño indemnizable, no existió, toda vez que se demostró que la Fiscalía encargada de la instrucción sí se pronunció en relación con las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, de manera que para la Sala no son de recibo los cuestionamientos que los actores le reprochan a la pasiva, como causantes o determinantes del daño que reclaman. La realidad probatoria evidencia que, mediante el proveído (…) la Fiscalía negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, lo cual sin lugar a dudas constituyó un resultado adverso a los intereses de los demandantes, providencia que, en todo caso, podían haber controvertido, en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 600 de 2000 -norma que regentó el proceso penal-, según el cual la parte civil podía denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, así como interponer recursos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01668-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

27 de agosto de 2021

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos. (…) Sobre esta base, no cabe duda de que todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial (…).

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia, consultar providencias de la Corte Constitucional, T-004 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del alcance y la noción de la tutela judicial, consultar providencias de 28 de mayo de 2012, Exp. 2011-01174, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; y de la Corte Constitucional, T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DIFERENCIA ENTRE ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[E]n concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial. (…) De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencias de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 16 de febrero de 2006, Exp. 14307, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 15 de abril de 2010, Exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALLA EN EL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO / CAUSALES DE FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA EN EL SERVICIO / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

[E]l concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Conforme a lo expuesto, debe indicarse, además, que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.

PRESUPUESTO PROCESAL / CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INEXISTENCIA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONSTITUCIÓN DE PARTE CIVIL / RECONOCIMIENTO DE LA PARTE CIVIL / LEGITIMACIÓN DE LA PARTE CIVIL

[H]uelga aclarar que la legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente. Desde esta óptica, resulta válido afirmar que la verificación de la legitimación en la causa únicamente procede respecto de los sujetos que gozan de la calidad de parte dentro del proceso, esto es, aquellos entre los cuales se traba la relación jurídico procesal, a partir de la fijación que el actor realiza al promover la demanda. Por ello, la capacidad de intervenir en el proceso, formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda y ser objeto de la decisión judicial, solo se predican de aquellos que en términos procesales fueron señalados por el demandante como partes. Así las cosas, la legitimación en la causa por activa indica la condición de parte procesal, como concepto formal y adjetivo, deriva exclusivamente de la voluntad de la parte actora, quien se define a ella misma como demandante, siendo este un requisito sine qua non para que proceda el análisis de su legitimación desde ámbito sustancial, esto es, la corroboración de que quien presenta la demanda tiene la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso. Al lado de lo anterior, resulta oportuno clarificar que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal de la acción que debe ser observado por el juez ad quem al margen que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso de apelación (…). En el evento sub examine, se observa, a partir del material probatorio revelado en precedencia, que la demandante (…) se constituyó en parte civil dentro del proceso penal seguido por el delito de lesiones personales culposas, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con el accidente de tránsito que dio lugar a ejercer la acción penal en esa causa, luego, en tal condición, obtuvo sentencia condenatoria a su favor (…). Así las cosas, la Sala advierte que los demandantes (…) (padre) y (…) (hijo) carecen de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal, por lo que, en consecuencia, no obtuvieron una condena a su favor dentro de la causa penal que diera a lugar a la pérdida patrimonial que hoy reclaman como fuente del perjuicio indemnizable.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez de decretar excepciones de oficio, consultar providencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INVESTIGACIÓN PENAL / LESIONES PERSONALES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO / MEDIDAS CAUTELARES / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES / TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN / PARTE CIVIL / FACULTADES DE LA PARTE CIVIL / INTERVENCIÓN DE LA PARTE CIVIL / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Dentro del marco conceptual enunciado y visto con detenimiento el contenido de la demanda, así como la carga argumentativa expuesta en el recurso de apelación, es preciso señalar que el reproche de responsabilidad que la parte demandante le endilga a las demandadas, a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se contrajo, en lo fundamental, en la supuesta omisión o negligencia en la que, a juicio de los actores, incurrieron las demandadas al no ordenar las medidas cautelares que procedían en relación con el vehículo de servicio público involucrado en el accidente de tránsito, el cual pertenecía al señor (…) quien fue vinculado a la actuación penal como tercero civilmente responsable, falla que, según los demandantes, les imposibilitó ser resarcidos como parte civil dentro del proceso penal, puesto que el bien salió del patrimonio de su propietario. Así las cosas, es evidente que la omisión a la cual se refieren los demandantes, como fuente del daño indemnizable, no existió, toda vez que se demostró que la Fiscalía encargada de la instrucción sí se pronunció en relación con las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, de manera que para la Sala no son de recibo los cuestionamientos que los actores le reprochan a la pasiva, como causantes o determinantes del daño que reclaman. La realidad probatoria evidencia que, mediante el proveído (…) la Fiscalía negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, lo cual sin lugar a dudas constituyó un resultado adverso a los intereses de los demandantes, providencia que, en todo caso, podían haber controvertido, en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 600 de 2000 -norma que regentó el proceso penal-, según el cual la parte civil podía denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, así como interponer recursos contra las providencias que resolvieran esos asuntos, medios de impugnación que en este caso no se demostró que se hubieran incoado. (…) De esta manera, la Sala encuentra infundados los cuestionamientos del apelante dirigidos a señalar que las demandadas incurrieron en conductas omisivas o negligentes frente a las medidas cautelares que recaían sobre el automotor con el cual se produjo el accidente de tránsito, puesto que, como se vio, durante el trámite de la instrucción -única oportunidad procesal en la que se elevó solicitud en tal sentido-, la Fiscalía emitió una decisión judicial que lo resolvió, de suerte que no puede reprochársele una conducta constitutiva de falla en el servicio, por omisión, como lo solicitan los demandantes. (…) Así las cosas, resulta válido afirmar que no obra prueba de la falla denunciada, por lo que el daño que la parte actora reprocha a las demandadas, amén que tampoco resultó probado por esta misma circunstancia, no les resultaría jurídicamente imputable, en tanto que no se puede desatender que fue su propia conducta al dejar de recurrir la decisión (…), o en solicitar su práctica para el momento en que por ley procedía, la que determinó que no se decretara la medida cautelar mencionada, debiendo entenderse bajo ese supuesto que el daño que se reclama, de estar probado, fue ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, como corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa".

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 50 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 72 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 400 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70

INVESTIGACIÓN PENAL / LESIONES PERSONALES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO / CONDENA PENAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / TÍTULO EJECUTIVO / EXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / PARTE CIVIL / FACULTADES DE LA PARTE CIVIL / DAÑO CIERTO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[E]s claro que la parte civil tenía a su favor una condena al pago de los perjuicios inferidos con el accidente de tránsito que dio lugar a la acción penal ejercida en contra del señor (…), pues, en efecto, en sentencia (…) el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali lo condenó de manera solidaria junto con el señor (…) como tercero civilmente responsable, al pago de los perjuicios morales y materiales causados con la conducta delictiva, de manera que con esta sentencia, la cual quedó debidamente ejecutoriada, como lo demostró el material probatorio, la parte civil contaba con el título ejecutivo procedente que la habilitaba para demandar ejecutivamente el pago de esa obligación, en los términos así prescritos en el artículo 488 del C. de P.C. (…). La circunstancia anotada conduce, además, a asegurar que no nos encontramos frente a un daño cierto, pues ninguna garantía de pago de la obligación fue objeto de definición judicial por las circunstancias anotadas, de manera que a disposición del beneficiario de la condena quedó la posibilidad de perseguir los bienes y derechos del deudor, sin limitación de ninguna naturaleza. En estas circunstancias, no es viable admitir el argumento de la parte actora dirigido a señalar que perdió la oportunidad de ser resarcida de los perjuicios causados con el delito, cuando contaba con la posibilidad de demandar, a través de un proceso ejecutivo singular, el pago de la condena impuesta por la jurisdicción penal, en sentencia de condena proferida dentro del proceso penal que se siguió por el delito de lesiones personales culposas, la cual, se itera, emergía como título ejecutivo a su favor.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto de la consejera María Adriana Marín.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01668-01(50093)

Actor: MILDREY GIRALDO MERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la señora Mildrey Giraldo Mera sufrió un accidente de tránsito que le causó lesiones de carácter permanente; como consecuencia de este hecho, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal en contra del señor Carlos Alberto Balanta Paredes, como conductor del vehículo de servicio público causante del accidente, a la cual vinculó a la referida señora como parte civil y al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo como tercero civilmente responsable, dada su condición de propietario del vehículo. Afirman los demandantes que en el referido proceso las autoridades judiciales dejaron transcurrir considerablemente el tiempo de la investigación y omitieron disponer el embargo y secuestro del vehículo causante del accidente, circunstancia que les impidió, como parte civil, obtener la reparación de perjuicios dentro de esa causa.

SENTENCIA IMPUGNADA

1.1. Corresponde a la sentencia del 12 de abril de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 15 de noviembre de 2011, por los señores Mildrey Giraldo Mera (afectada directa), Manuel Antonio Giraldo (padre) y Jefferson Bekenbaguerk Saavedra Giraldo (hijo), en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que afirman les fueron irrogados, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el cual incurrieron la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial dentro del proceso penal adelantado por el delito de lesiones personales culposas, en el que la señora Mildrey Giraldo Mera se había constituido en parte civil.

Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) 300 SMLMV para la señora Mildrey Giraldo Mera y 200 SMLMV para cada uno de los demás demandantes, por concepto de perjuicios morales; ii) $36’894.743 por concepto de daño emergente para la afectada directa, los cuales corresponden al valor de la condena que fue proferida a su favor dentro del proceso penal; iii) $103’000.000, por concepto de lucro cesante para la misma demandante, los cuales corresponden al valor de los ingresos que recibía en el momento en que se originó el accidente de tránsito; y, iv) 300 SMLMV por “perjuicios fisiológicos o daño a la vida de relación … toda vez que a partir del accidente y hasta la actualidad no ha podido disfrutar de la vida”.

Hechos

1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que, el 8 de octubre de 2003, la señora Mildrey Giraldo Mera fue atropellada por el vehículo de servicio público, tipo taxi, de placas VBW 051, conducido por el señor Carlos Alberto Balanta Paredes, accidente que le ocasionó graves lesiones de carácter permanente.

1.2.3. Señalaron que, como consecuencia de los referidos hechos, la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal en contra del señor Carlos Alberto Balanta, por el delito de lesiones personales culposas, a la cual se vinculó a la señora Mildrey Giraldo Mera, como parte civil, y al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, como tercero civilmente responsable, dada su condición de propietario del vehículo involucrado en el accidente.

1.2.4. Sostuvo que, por la negligencia de las demandadas “no se pudo lograr el embargo del vehículo con el cual se produjo el accidente, pues no obstante se hicieran las peticiones, ya del abogado de la parte civil como del Agente del Ministerio Público, nunca tuvo eco por parte de las entidades”, lo cual fue en detrimento del resarcimiento de los perjuicios.

1.2.5. Indicaron que la Fiscalía instructora calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra del señor Carlos Alberto Balanta Paredes, por considerarlo penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas, y, en sentencia del 15 de abril de 2010, el juzgado de conocimiento condenó al sindicado y al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, propietario del vehículo, como tercero civilmente responsable.

1.2.6. Concluyeron que los funcionarios judiciales de manera negligente “… dejaron transcurrir considerablemente el tiempo en la investigación, situación ésta que generara la figura la prescripción de la acción civil y en ningún momento tomaron medidas para lograr el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, inclusive ni siquiera dispusieron el embargo y secuestro del vehículo objeto del accidente, lo que perjudicaría enormemente los intereses de mis representados”.

La defensa

1.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda en auto del 16 de julio de 2011, siendo debidamente notificada a las demandadas, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:

1.3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que no incurrió en falla del servicio de administración de justicia, puesto que todas sus decisiones se ajustaron a derecho y no se acreditó arbitrariedad alguna en su actuación.

Señaló que la parte actora tenía otra instancia judicial diferente a la reparación directa para cobrar el perjuicio ocasionado con el accidente de tránsito, por cuanto el proceso penal concluyó con sentencia condenatoria a su favor, la cual había ordenado el pago de los perjuicios causados con la conducta punible, de manera que, con soporte en ese título judicial, bien pudo acudir a la jurisdicción ordinaria a reclamar el pago de la condena, a través de un proceso ejecutivo singular.

1.3.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación no expuso argumentos dirigidos a controvertir los hechos de la demanda, pues su escrito solo se centró en analizar los criterios aplicados en los eventos de privación injusta de la libertad, cuestión que no se debatió en el libelo.

Alegatos

1.4. Mediante auto del 29 de noviembre de 2013 el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

1.4.1. La Fiscalía General de la Nación alegó que la parte actora no probó la falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que le reprochó.

1.4.2. La parte actora sostuvo que se probó que las demandadas incurrieron en omisión de buscar los mecanismos necesarios y procedentes para evitar que el automotor involucrado en el accidente pudiera ser vendido y de esa manera impedir que el tercero civilmente responsable entrara en estado de insolvencia económica.

1.4.3. La Rama Judicial, sin ahondar en análisis, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

1.4.4. En esta oportunidad, el Ministerio Público guardó silencio.

La decisión

1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, ante la falta de certeza del daño antijurídico alegado.

De manera introductoria, el a quo señaló que el daño por cuya indemnización reclaman los actores consistió: i) en la mora o dilación del trámite del proceso penal adelantado por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito, lo cual determinó para los demandantes la pérdida de la oportunidad de obtener el resarcimiento de perjuicios causados con el siniestro que sufrió la señora Mildrey Giraldo Mera, y ii) en la omisión de las demandadas de disponer sobre las medidas cautelares respecto del vehículo causante del accidente, lo cual le impidió el resarcimiento de los perjuicios reclamados por la señora Mildrey Giraldo Mera, quien se constituyó en parte civil dentro del proceso penal.

Dentro de ese marco y luego de analizar el material probatorio, consideró que, si bien el accidente de tránsito ocurrió el 8 de octubre de 2003 y la sentencia penal condenatoria en contra del conductor del vehículo se profirió el 15 de abril de 2010, lo que, en principio, denotaría cierta dilación en el trámite, lo cierto es que no se podía desconocer la congestión judicial que aqueja a los despachos judiciales, situación que hace sumamente difícil, por no decir imposible, el cumplimiento irrestricto de los términos judiciales, situación que, en criterio del a quo, constituye un hecho notorio.

Agregó que no se podía desconocer que dentro de ese interregno la Fiscalía emprendió una densa labor investigativa tendiente a identificar plenamente al conductor del vehículo causante del accidente, por cuanto la información que dio la querellante (demandante en reparación directa) fue imprecisa, a lo cual se sumó que ésta fue renuente a la práctica de las valoraciones médico legales ordenadas en el decurso del proceso, lo cual era indispensable para el normal desarrollo de la acción penal, además, no concurrió a la audiencia de conciliación ordenada para que se transaran los perjuicios que alegó en esa causa.

Sobre este punto, concluyó que “… no se vislumbra vulneración alguna por parte de las autoridades demandadas en el derrotero mismo de la acción penal que pueda constituir un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” y, agregó, “… si bien pudo presentarse alguna demora en la investigación penal … ello no es prueba suficiente para demostrar como lo manifiesta la actora que perdió la oportunidad de ser resarcida por los perjuicios que sufrió producto de las lesiones personales infligidas, dentro de la demanda de parte civil instaurada, toda vez que los mismos fueron reconocidos por la jurisdicción penal; luego, no es legalmente posible, ni lógico ni razonable, que en este proceso contencioso administrativo tengan cabida meras suposiciones o elucubraciones, como para pretender que sería declarada la responsabilidad de las demandadas, ni consecuente indicar, que producto del pretenso retardo acaecido dentro del mismo, se le impidió al accionante acceder a la indemnización por ella solicitada en la demanda de parte civil incoada”.

Respecto de la medida cautelar sobre el bien de propiedad del tercero civilmente responsable, señaló que se pudo avizorar que la misma fue denegada por la Fiscalía en providencia motivada y bajo el argumento que dicha medida sólo era procedente sobre bienes de propiedad del sindicado.

Finalmente sostuvo que como la demandante tenía una sentencia condenatoria que había ordenado un pago a su favor, bien pudo incoar una vía más expedita para el cobro de la decisión judicial, es decir, debió acudir al cobro de la condena a través de un proceso ejecutivo singular.

Concluyó que no se cuenta con el grado de certeza suficiente que conduzca a establecer el daño alegado en la demanda y el nexo causal entre éste y la actuación que se les reprochó a las demandadas y, por tanto, indicó que no hay lugar a resarcimiento alguno a través de la acción de reparación directa.

EL RECURSO INTERPUESTO

2.1. Sustentación del recurso de apelación

2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.

Centró su inconformidad en que el a quo desconoció que las demandadas fueron negligentes en garantizar la efectividad de las medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico para obtener el pago de los perjuicios causados con la conducta punible, omisión que determinó que la señora Mildrey Giraldo Mera no fuera resarcida dentro del proceso penal que se adelantó por el delito de lesiones personales culposas y en el que fue vinculada como parte civil.

Precisó que la conducta punible obliga al penalmente responsable a reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas; de allí que sea factible el secuestro y embargo de los automotores involucrados en los accidentes de tránsito que dan lugar a la acción penal, bienes que se devolverán de manera definitiva a los legítimos propietarios o tenedores cuando se garantice el pago de los perjuicios, lo cual no ocurrió en el proceso penal, por la negligencia de las demandadas.

Señaló que “… la irregularidad presentada radica en que el órgano judicial investigador a lo largo de la investigación desarrollada dentro del proceso penal no hizo el más mínimo uso de las herramientas que la misma normatividad jurídica penal civil le imponían. Como se evidencia a lo largo de la investigación penal, no solo la parte actora a través de su apoderado insistió en que la Fiscalía tomara medidas necesarias tendientes a evitar la posible insolvencia económica por parte de los responsables a indemnizar, como en este caso efectivamente se dio, pues el propietario del vehículo, inmediatamente lo saca de su ámbito de propiedad, sino que también el Ministerio Público eleva tal petición”.

Precisó que, la señora Giraldo Mera solicitó que se decretara una medida cautelar sobre el vehículo causante del accidente, solicitud que reiteró en múltiples ocasiones y que coadyuvó el Ministerio Público, sin que se obtuviera respuesta o se diera trámite a su petición.

Agregó que el propietario del vehículo involucrado en el accidente de tránsito lo vendió sin inconveniente alguno antes de dictarse sentencia condenatoria.

Concluyó que fue inane intentar la acción ejecutiva civil, como lo sugirió el a quo, cuando los responsables penales se habían insolventado “… y precisamente esta fue la causa eficiente para recurrir a la vía administrativa en aras de lograr la indemnización por esta vía, pues a claras luces se ve la omisión por parte de la administración judicial, al no desplegar ninguna diligencia tendiente a evitar que los responsables salieran de sus bienes, más aún se trataba precisamente del vehículo con el cual ocurrió el trágico accidente”.

2.2. En proveído del 5 de marzo de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 14 de mayo siguiente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A..

2.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación, como única interviniente en esta etapa, insistió en la legalidad de su actuación.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.

3.1. Problema jurídico

3.1.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación se circunscribe a verificar si la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación son responsables por los daños irrogados a los demandantes, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la omisión en ordenar las medidas cautelares dentro del proceso penal adelantado por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito, en estas, el embargo y secuestro del automotor causante de las lesiones.

Es preciso señalar que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la responsabilidad que se les reprochó a las demandadas por la dilación en la que pudieron incurrir en el trámite del proceso penal, en tanto que dicho aspecto fue definido por la primera instancia, sin que fuera objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación que se analiza.

3.2. Motivación de la sentencia

3.2.1. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta Subsección encuentra probados como hechos relevantes los siguientes:

• Mediante querella presentada ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Reacción Inmediata URI, la señora Mildrey Giraldo Mera manifestó que, el 8 de octubre de 2003, fue víctima de un accidente de tránsito cuando el vehículo de servicio público, tipo taxi, de placas VBW 051, la atropelló en las inmediaciones del Terminal de Transporte de Cali, causándole lesiones de consideración.

• El 19 de enero de 2004, la Fiscalía 28 Local, Unidad Primera Lesiones Personales de Cali adelantó una investigación previa con el fin de determinar la ocurrencia del delito y lograr la identificación e individualización de los posibles autores o partícipes del mismo.

• El 30 de enero de 2004, la referida Fiscalía se abstuvo de iniciar la investigación penal, en consideración a que la querellante hizo caso omiso a los requerimientos del despacho, tendientes a lograr mayor información sobre los hechos denunciados; sin embargo, por solicitud de la Personería de Cali, el órgano de la instrucción revocó esa decisión y el 14 de abril siguiente ordenó continuar con la investigación.

Con base en el dictamen de medicina legal practicado a la lesionada y a la información recibida respecto del accidente, la misma Fiscalía abrió investigación penal por el delito de lesiones personales culposas, contra el señor Carlos Alberto Balanta Paredes, en su condición de conductor del vehículo con el cual se causó el accidente de tránsito en el cual resultó lesionada la señora Mildrey Giraldo Mera.

A través de demanda de constitución de parte civil, la señora Mildrey Giraldo Mera, por conducto de apoderado, solicitó que se le reconociera su calidad de afectada con el accidente de tránsito, demanda que dirigió en contra del señor Carlos Alberto Balanta Paredes, en su condición de conductor, y del señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, como propietario del vehículo. En la demanda elevó solicitud indemnizatoria en: i) 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales, ii) $3’000.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, y iii) $996.000, por concepto de lucro cesante, en consideración a los 90 días de incapacidad médico legal que le fue dictaminada.

Al lado de lo anterior, solicitó que se decretaran las medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico en relación con el vehículo causante del accidente, ello con el fin de que éste fuera sacado del comercio, en aras de evitar la insolvencia económica “por parte de quienes les corresponde resarcir los daños causados con el acto”; para el efecto, allegó la tarjeta de propiedad del vehículo, en la cual figuraba el señor Patiño Ocampo como propietario .

El 8 de junio de 2004, la Fiscalía 28 Local, Unidad Primera Lesiones Personales de Cali admitió la demanda de constitución de parte civil y ordenó la vinculación del señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, como tercero civilmente responsable, dada su demostrada condición de propietario del vehículo de placas VBW 051.

En relación con la medida cautelar señaló (transcripción literal):

“En relación con la medida cautelar solicitada del bien de propiedad del Tercero, se negara, por no ser objeto, por cuanto el artículo 72 reza que solo procedera una vez ejecutoriada la Resolución de Acusación y porque conforme al artículo 52 del C.P.P. solo son embargables los bienes del SINDICADO” (se resalta).

• La decisión anterior fue notificada personalmente a la señora Mildrey Giraldo Mera el 22 de junio de 2004, sin que fuera objeto de recurso alguno.

• El 8 de julio de 2005 el apoderado de la parte civil indicó que, en consideración a que la Fiscalía no se había pronunciado sobre su solicitud de medida cautelar elevada en el libelo introductorio de la demanda de constitución de parte civil, se tornaba necesario reiterarla, “… en aras de lograr lo pretendido y no hacer ilusorias las pretensiones materia de la demanda” .

Luego de varios intentos por lograr la vinculación del conductor del vehículo y del tercero civilmente responsable, la Fiscalía encargada de la instrucción los emplazó; posteriormente, el 22 de noviembre de 2006, los referidos señores concurrieron al proceso, por lo cual, tras ser escuchado en indagatoria, se pudo vincular formalmente a la actuación al señor Carlos Alberto Balanta Paredes, como responsable penal, y, por otra parte, se le notificó al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, de todas las decisiones que se habían proferido en el curso de la instrucción, dada su vinculación como tercero civilmente responsable.

• El 17 de mayo de 2007, la Fiscalía 41 Local de Cali declaró el cierre de la instrucción y el 16 de julio siguiente definió el sumario con resolución de acusación en contra del señor Carlos Alberto Balanta Paredes, como autor responsable del delito de lesiones personales culposas, en consideración a que “obró de manera imprudente e inobservante de las normas de tránsito, pues no observó con la prudencia que se le exigía, por lo cual se dan los presupuestos para edificar pliego de cargos en contra del implicado, al existir nexo de causalidad entre el resultado dañoso, como fueron las lesiones sufridas en su humanidad por parte de la señora Mildrey Giraldo y su conducta”.

El 24 de agosto de 2007, cumplida la ejecutoria de la resolución de acusación, el proceso fue remitido al Juzgado 22 Penal Municipal de Cali, autoridad que avocó el conocimiento de la actuación en etapa de juicio y corrió traslado común a las partes procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, para celebrar audiencia preparatoria, “lapso en el que podrán solicitar las nulidades que se hayan presentado u originado en la etapa de la instrucción y no se hayan resuelto” .

La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2007, oportunidad en la cual el juzgado de conocimiento resolvió la solicitud elevada por la defensa de la parte civil, tendiente a ordenar la remisión de la señora Mildrey Giraldo Mera a una Junta de Calificación de Invalidez, con miras a que se dictaminara la pérdida de su capacidad laboral.

Concluida la etapa de juicio, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Descongestión de Cali asumió el conocimiento de la actuación, en atención al plan de descongestión previsto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y, en sentencia del 15 de abril de 2010, condenó al señor Carlos Alberto Balanta Paredes, como autor penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas infligidas a la señora Mildrey Giraldo Mera, en el accidente de tránsito ocurrido el 8 de octubre de 2003.

Como consecuencia de la declaración de responsabilidad anterior, el juzgado condenó al señor Carlos Alberto Balanta Paredes a pagar los perjuicios causados a la víctima, en la cuantía fijada mediante dictamen pericial practicado en el sumario, el cual no fue controvertido por los sujetos procesales; así, lo condenó al pago de 8 SMLMV, por concepto de perjuicios morales, y de $36’894.743. por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Mildrey Giraldo Mera.

Por otra parte, sostuvo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 69 de la Ley 600 de 2000, y 2341 y siguientes del Código Civil, procedía la condena solidaria en relación con el señor Carlos Alberto Patiño Campo, quien ostentó la calidad de tercero civilmente responsable, dada su calidad de propietario del vehículo, siendo en tal condición guardián de la actividad peligrosa.

• Dentro del término de ejecutoria de la decisión anterior, el apoderado de la parte civil interpuso recurso de apelación; sin embargo, el 14 de mayo de 2010, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Descongestión de Cali lo declaró desierto, debido a su falta de sustentación.

• El 9 de junio de 2010, el juzgado de conocimiento dejó constancia que, en la fecha, se cumplió la ejecutoria de la sentencia absolutoria, en tanto que la decisión que declaró desierto el recurso de apelación no fue recurrida por el sujeto procesal interesado.

3.2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado por Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

Así mismo, la tutela judicial efectiva además de comprender la plenitud de las garantías procesales, que se resumen en el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.

Sobre esta base, no cabe duda de que todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.

Bajo las anteriores consideraciones, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial.

Sobre esta distinción, la Corporación ha dicho:

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. (...)

“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho” (se resalta).

De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.
Al respecto, la doctrina ha sostenido que el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Así se ha expresado:
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”.

Conforme a lo expuesto, debe indicarse, además, que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.

Así, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: i) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia; ii) puede provenir de funcionarios judiciales, particulares en ejercicio de facultades jurisdiccionales y empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) comprende un funcionamiento defectuoso o anormal que se proyecta por fuera de los estándares de funcionamiento del servicio, lesionando el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; y, iv) se manifiesta de tres formas, a saber, la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.

3.3. Cuestión previa

3.3.1. Legitimación en la causa por activa

De manera preliminar, la Sala advierte que la demanda fue promovida por la señora Mildrey Giraldo Mera, en calidad de afectada, y por los señores Manuel Antonio Giraldo y Jefferson Bekenbaguerk Saavedra Giraldo, quienes adujeron las calidades de padre e hijo de aquélla, personas que alegaron la materialización de daños derivados de la imposibilidad de ser resarcidos dentro del proceso penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales culposas, causadas en accidente de tránsito en el cual se vio afectada la referida señora, siendo procesado el señor Carlos Alberto Balanta Paredes.

En este punto, huelga aclarar que la legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.

Desde esta óptica, resulta válido afirmar que la verificación de la legitimación en la causa únicamente procede respecto de los sujetos que gozan de la calidad de parte dentro del proceso, esto es, aquellos entre los cuales se traba la relación jurídico procesal, a partir de la fijación que el actor realiza al promover la demanda. Por ello, la capacidad de intervenir en el proceso, formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda y ser objeto de la decisión judicial, solo se predican de aquellos que en términos procesales fueron señalados por el demandante como partes.

Así las cosas, la legitimación en la causa por activa indica la condición de parte procesal, como concepto formal y adjetivo, deriva exclusivamente de la voluntad de la parte actora, quien se define a ella misma como demandante, siendo este un requisito sine qua non para que proceda el análisis de su legitimación desde ámbito sustancial, esto es, la corroboración de que quien presenta la demanda tiene la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso.

Al lado de lo anterior, resulta oportuno clarificar que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal de la acción que debe ser observado por el juez ad quem al margen que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso de apelación; sobre este particular, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, se pronunció en los siguientes términos:

“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (subrayas fuera de texto).

En el evento sub examine, se observa, a partir del material probatorio revelado en precedencia, que la demandante Mildrey Giraldo Mera se constituyó en parte civil dentro del proceso penal seguido por el delito de lesiones personales culposas, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con el accidente de tránsito que dio lugar a ejercer la acción penal en esa causa, luego, en tal condición, obtuvo sentencia condenatoria a su favor, en tanto que, el 15 de abril de 2010, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali ordenó el pago solidario a cargo de los señores Carlos Alberto Balanta Paredes y Carlos Alberto Patiño Ocampo, como penalmente responsable y tercero civilmente responsable, de los perjuicios morales y materiales por ella reclamados y que halló probados.

Así las cosas, la Sala advierte que los demandantes Manuel Antonio Giraldo (padre) y Jefferson Bekenbaguerk Saavedra Giraldo (hijo) carecen de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal, por lo que, en consecuencia, no obtuvieron una condena a su favor dentro de la causa penal que diera a lugar a la pérdida patrimonial que hoy reclaman como fuente del perjuicio indemnizable.

3.4. Caso concreto

Dentro del marco conceptual enunciado y visto con detenimiento el contenido de la demanda, así como la carga argumentativa expuesta en el recurso de apelación, es preciso señalar que el reproche de responsabilidad que la parte demandante le endilga a las demandadas, a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se contrajo, en lo fundamental, en la supuesta omisión o negligencia en la que, a juicio de los actores, incurrieron las demandadas al no ordenar las medidas cautelares que procedían en relación con el vehículo de servicio público involucrado en el accidente de tránsito, el cual pertenecía al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, quien fue vinculado a la actuación penal como tercero civilmente responsable, falla que, según los demandantes, les imposibilitó ser resarcidos como parte civil dentro del proceso penal, puesto que el bien salió del patrimonio de su propietario.

Revisado el material probatorio, la Sala advierte que, con el escrito de demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal, la demandante Mildrey Giraldo Mera, a través de su apoderado, solicitó a la Fiscalía 28 Local de Cali unas medidas de embargo y secuestro en relación con el vehículo causante del siniestro -única oportunidad en la cual se advierte que la parte elevó una solicitud en tal sentido- con el fin de retirar del comercio el referido vehículo, el cual, para ese momento, le pertenecía al señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, quien tenía la condición de tercero civilmente responsable, medidas cautelares que pretendían evitar la insolvencia de quienes debían resarcir los daños causados con la conducta punible.

Asimismo, las pruebas que obran en la foliatura evidencian que la Fiscalía encargada de la instrucción no fue renuente, ni negligente en responder a la solicitud formulada por la parte civil, puesto que, mediante providencia del 8 de junio de 2004, además de pronunciarse respecto de la admisión de la demanda de constitución de parte civil se refirió a las medidas cautelares solicitadas, en el sentido de negar su decreto, para lo cual expuso que, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 600 de 2000 -normativa que regentó el proceso penal-, tales medidas se podían solicitar dentro de la ejecutoria de la resolución de acusación, decisión que le fue debidamente notificada a la parte civil.

Así las cosas, es evidente que la omisión a la cual se refieren los demandantes, como fuente del daño indemnizable, no existió, toda vez que se demostró que la Fiscalía encargada de la instrucción sí se pronunció en relación con las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, de manera que para la Sala no son de recibo los cuestionamientos que los actores le reprochan a la pasiva, como causantes o determinantes del daño que reclaman.

La realidad probatoria evidencia que, mediante el proveído de 8 de junio de 2004, la Fiscalía negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas por la parte civil, lo cual sin lugar a dudas constituyó un resultado adverso a los intereses de los demandantes, providencia que, en todo caso, podían haber controvertido, en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 600 de 2000 -norma que regentó el proceso penal-, según el cual la parte civil podía denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, así como interponer recursos contra las providencias que resolvieran esos asuntos, medios de impugnación que en este caso no se demostró que se hubieran incoado.

Ahora, si bien en memorial del 8 de julio de 2005, el apoderado de la parte civil le “reiteró” a la Fiscalía encargada de la instrucción que decretara las medidas cautelares solicitadas en la demanda de constitución de parte civil, por cuanto, en su concepto, ese órgano no se había pronunciado al respecto, lo cierto es que lo dicho en el referido memorial riñe con la realidad probatoria, pues ésta revela, como se analizó antes, que la Fiscalía, a través del auto de 8 de junio de 2004, sí se pronunció respecto de dicha solicitud, en un sentido desfavorable a los intereses de los demandantes.

De esta manera, la Sala encuentra infundados los cuestionamientos del apelante dirigidos a señalar que las demandadas incurrieron en conductas omisivas o negligentes frente a las medidas cautelares que recaían sobre el automotor con el cual se produjo el accidente de tránsito, puesto que, como se vio, durante el trámite de la instrucción -única oportunidad procesal en la que se elevó solicitud en tal sentido-, la Fiscalía emitió una decisión judicial que lo resolvió, de suerte que no puede reprochársele una conducta constitutiva de falla en el servicio, por omisión, como lo solicitan los demandantes.

Al lado de lo anterior, huelga precisar que, en cuanto se refiere a este tipo de medidas cautelares, puntualmente, dirigidas contra los bienes del tercero civilmente responsable, el artículo 72 de la Ley 600 de 2000, dispone que “El embargo y secuestro de bienes del tercero civilmente se podrá solicitar una vez ejecutoriada la resolución de acusación. En lo demás, se seguirán las normas consagradas en el procedimiento Civil”.

A tono con la referida norma, es claro que la señora Mildrey Giraldo Mera tenía la posibilidad de solicitar, dentro del término de la ejecutoria de la resolución de acusación, el embargo y secuestro del vehículo de servicio público con el cual se causó el accidente de tránsito de propiedad del señor Carlos Alberto Patiño Ocampo –en su calidad de tercero civilmente responsable-; sin embargo, no obra prueba alguna que acredite que en esa etapa procesal formuló solicitud alguna en ese sentido; por el contrario, lo que se observa es que la resolución de acusación cobró ejecutoria, sin que las partes hicieran manifestación alguna y, por tanto, la actuación penal llegó a la etapa de juzgamiento.

Asimismo, se advierte que durante el término de traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, según el cual los sujetos procesales estaban facultados para “… solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”, tampoco se evidenció que la parte civil hubiera informado o puesto en conocimiento del juzgado penal alguna nulidad o irregularidad procesal dirigida a cuestionar la supuesta falta de pronunciamiento respecto de las medidas cautelares de las que se aqueja; en cambio, lo que se advierte es que la única solicitud que elevó durante dicho traslado se dirigió a requerir la valoración de la pérdida de capacidad laboral de la señora Mildrey Giraldo Mera, petición que resolvió el juzgado de conocimiento en la respectiva oportunidad procesal.

Así las cosas, resulta válido afirmar que no obra prueba de la falla denunciada, por lo que el daño que la parte actora reprocha a las demandadas, amén que tampoco resultó probado por esta misma circunstancia, no les resultaría jurídicamente imputable, en tanto que no se puede desatender que fue su propia conducta al dejar de recurrir la decisión del 8 de julio de 2004 -mediante la cual la Fiscalía 28 Local de Cali negó su solicitud de medidas cautelares-, o en solicitar su práctica para el momento en que por ley procedía, la que determinó que no se decretara la medida cautelar mencionada, debiendo entenderse bajo ese supuesto que el daño que se reclama, de estar probado, fue ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, como corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa".

Por otra parte, y sin desatender la solución final del caso, es claro que la parte civil tenía a su favor una condena al pago de los perjuicios inferidos con el accidente de tránsito que dio lugar a la acción penal ejercida en contra del señor Carlos Alberto Balanta Paredes, pues, en efecto, en sentencia del 15 de abril de 2010, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali lo condenó de manera solidaria junto con el señor Carlos Alberto Patiño Ocampo, como tercero civilmente responsable, al pago de los perjuicios morales y materiales causados con la conducta delictiva, de manera que con esta sentencia, la cual quedó debidamente ejecutoriada, como lo demostró el material probatorio, la parte civil contaba con el título ejecutivo procedente que la habilitaba para demandar ejecutivamente el pago de esa obligación, en los términos así prescritos en el artículo 488 del C. de P.C., conforme al cual:

ARTÍCULO 488. TÍTULOS EJECUTIVOS. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

“La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr009.html" \l "294" \h 294” (se resalta).

La circunstancia anotada conduce, además, a asegurar que no nos encontramos frente a un daño cierto, pues ninguna garantía de pago de la obligación fue objeto de definición judicial por las circunstancias anotadas, de manera que a disposición del beneficiario de la condena quedó la posibilidad de perseguir los bienes y derechos del deudor, sin limitación de ninguna naturaleza. En estas circunstancias, no es viable admitir el argumento de la parte actora dirigido a señalar que perdió la oportunidad de ser resarcida de los perjuicios causados con el delito, cuando contaba con la posibilidad de demandar, a través de un proceso ejecutivo singular, el pago de la condena impuesta por la jurisdicción penal, en sentencia de condena proferida dentro del proceso penal que se siguió por el delito de lesiones personales culposas, la cual, se itera, emergía como título ejecutivo a su favor.

A tono con las razones hasta aquí expuestas, el llamado de la parte actora de revocar la sentencia del a quo será desatendido, toda vez que Manuel Antonio Giraldo (padre) y Jefferson Bekenbaguerk Saavedra Giraldo (hijo), carecen de legitimación en la causa, ante la evidencia de que no son titulares de un derecho de crédito, y en la medida que la actora Mildrey Giraldo Mera no demostró que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por su actuación omisiva, que fuera susceptible de indemnización.

3.5. Condena en costas

Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Manuel Antonio Giraldo y Jefferson Bekenbaguerk Saavedra Giraldo.

SEGUNDO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 12 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ 
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA MARÍA ADRIANA MARÍN

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PARTE CIVIL / DEMANDA DE PARTE CIVIL / INVESTIGACIÓN PENAL / LESIONES PERSONALES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO / CONDENA PENAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / TÍTULO EJECUTIVO / EXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / DAÑO CIERTO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como en otras oportunidades se ha considerado, en casos como el presente es posible acudir a la teoría de la pérdida de oportunidad, para acreditar el primer elemento de la responsabilidad. Para predicar la existencia de tal institución, entendida como un daño autónomo imputable al Estado, es preciso demostrar sus elementos configurativos, esto es: (i) la certeza acerca de la existencia de una oportunidad legítima que sea: seria, verídica, real y actual; (ii) la imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento y (iii) que la víctima se encontrara en una situación fáctica y jurídicamente idónea para obtener el resultado esperado. Así pues, teniendo en cuenta las particularidades del caso y, acudiendo a los mismos argumentos que se consignaron en la sentencia (…) los demandantes no se encontraban en la imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento, dado que contaban con el título ejecutivo procedente que la habilitaba para demandar el pago de esa obligación y, en el curso de ese proceso, existía la “posibilidad de perseguir los demás bienes y derechos del deudor, sin limitación de ninguna naturaleza”.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos del daño por perdida de la oportunidad, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, me permito manifestar las razones que me llevan a aclarar el voto, pues si bien acompaño el sentido de la sentencia del 27 de agosto de 2021, considero que el asunto se debió abordar desde la teoría de la pérdida de oportunidad.

Según la demanda, la señora Mildrey Giraldo Mera sufrió un accidente de tránsito que le causó lesiones de carácter permanente; como consecuencia de este hecho, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal contra el conductor del vehículo de servicio público causante del siniestro, a la cual vinculó a la referida señora como parte civil y al propietario del vehículo como tercero civilmente responsable. Afirmaron los demandantes que en el referido proceso las autoridades judiciales (i) dejaron transcurrir considerablemente el tiempo de la investigación y (ii) omitieron disponer el embargo y secuestro del vehículo involucrado, circunstancia que les impidió, como parte civil, obtener la reparación de perjuicios dentro de esa causa.

La pretensión relacionada con la supuesta mora judicial en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación en la actuación penal no fue estudiada, dado el objeto del recurso de apelación. Frente a la segunda imputación, esto es, la omisión en ordenar las medidas cautelares dentro del referido proceso, estimó la Subsección que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, dado que (i) la única petición que en ese sentido se realizó se resolvió de manera desfavorable y la misma no fue recurrida y, (ii) posteriormente, los interesados se abstuvieron de solicitar la medida cautelar pretendida en el momento procesal establecido para el efecto.

Tales argumentos son correctos, pero los mismos se abordaron sin antes analizar el daño y sus elementos. Como en otras oportunidades se ha considerado, en casos como el presente es posible acudir a la teoría de la pérdida de oportunidad, para acreditar el primer elemento de la responsabilidad.

Para predicar la existencia de tal institución, entendida como un daño autónomo imputable al Estado, es preciso demostrar sus elementos configurativos, esto es: (i) la certeza acerca de la existencia de una oportunidad legítima que sea: seria, verídica, real y actual; (ii) la imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento y (iii) que la víctima se encontrara en una situación fáctica y jurídicamente idónea para obtener el resultado esperado.
Así pues, teniendo en cuenta las particularidades del caso y, acudiendo a los mismos argumentos que se consignaron en la sentencia del 27 de agosto de 2021, en este caso “no nos encontramos frente a un daño cierto, pues ninguna garantía de pago de la obligación fue objeto de definición judicial por las circunstancias anotadas, de manera que a disposición del beneficiario de la condena quedó la posibilidad de perseguir los bienes y derechos del deudor, sin limitación de ninguna naturaleza”.
Significa lo anterior que los demandantes no se encontraban en la imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento, dado que contaban con el título ejecutivo procedente que la habilitaba para demandar el pago de esa obligación y, en el curso de ese proceso, existía la “posibilidad de perseguir los demás bienes y derechos del deudor, sin limitación de ninguna naturaleza”.

Así las cosas, considero que el asunto quedaba resuelto en sede de daño, y no era necesario abordar el estudio del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima -artículo 70 de la Ley 270 de 1996- , propio del juicio de imputación.

En los anteriores términos dejo consignado mi aclaración de voto.

Respetuosamente,

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

Según sello de presentación personal de la demanda visible a folio 62 del cuaderno 1. Folios 56 y 57 del cuaderno 1. Folios 55 a 62 del cuaderno 1. Folios 65 y 66 del cuaderno 1. Folios 71 a 74 del cuaderno 1. Folios 80 a 88 del cuaderno 1. Folio 113 del cuaderno 1. Folios 116 del cuaderno 1. Folios 131 a 136 del cuaderno 1. Folio 140 del cuaderno 1. Folios 147 a 161 del cuaderno principal. Folios 162 a 173 del cuaderno principal. Folio 181 del cuaderno principal. Folio 188 del cuaderno principal. Folios 189 a 192 del cuaderno principal. Folio 1 del cuaderno 2. Folio 3 del cuaderno 2. Folios 7 y 18 del cuaderno 2. Folios1 a 3 del cuaderno 3. Folios 5 y 6 del cuaderno 3. Folio 6 del cuaderno 2. Folio 23 del cuaderno 3. Folios 36 del cuaderno 3. Folios 31 del cuaderno 3. Folio 99 del cuaderno 2. Folios 125 a 131 del cuaderno 2. Folio 136 del cuaderno 2. Folio 145 del cuaderno 2. Folio 231 del cuaderno 2. Folios 96 y 97 del cuaderno 1. Folio 98 del cuaderno 1. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud.

Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, rad. 13164, M.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 17507, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001 (exp. 13.164), reiterado, entre otras, en sentencia de 15 de abril de 2010 (exp. 17.507). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14.307. Cf. Hoyos Duque, Ricardo. “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, en: Revista Vasca de la Administración Pública, No. 49, 1997, Pág. 142 y 143. Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Ed. Tecnos, 1986. p. 358. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth. ADMISION DE LA DEMANDA Y FACULTADES DE LA PARTE CIVIL. “Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo” (se resalta). Artículo 50 de la Ley 600 de 2000. Artículo 70. “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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