Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01802-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01802-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01802-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
Demandado: Municipio de Medellín - Secretaría de Movilidad
Tema: Falta de legitimación en la causa por activa de los
propietarios de los vehículos para promover demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos que confieren o revocan permisos de
transporte. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 12 de febrero de 2016, proferida por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. El señor John Henry López Díaz, actuando a través de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2, instauró demanda para elevar las
siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos comprendidos
en las siguientes Resoluciones: No 802 del 13 de diciembre de 2012, notificada por
aviso el día 28 de diciembre de 2012, “Por medio de la cual se dispone la cancelación
de ruta (s) y el ajuste de la capacidad transportadora de una empresa de transporte
público colectivo terrestre automotor de pasajeros, No 201 del 15 de abril de 2013,
notificada por aviso el día 6 de mayo de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición”, y No 0414 del 9 de julio de 2013, notificada por aviso el día 6
de agosto de 2013, Por medio de la cual se declara improcedente el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No 802 del 13 de diciembre de 2012,
emitida por la Secretaría de movilidad”.
SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLÍN-
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, permitir y otorgar la habilitación para operar la ruta
N° 097 I y su capacidad transportadora asignada para operación a la empresa de
transporte público colectivo terrestre automotor de pasajeros COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA -
1
Demanda Fol. 1 a 25. Escrito de reforma de la demanda fol. 150 a 169 del cuaderno 1.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
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Demandante: John Henry López Díaz
COOPCERQUIN-, cancelándole todos los dineros dejados de percibir desde el
momento que deje de prestar el servicio público hasta el momento de ejecutoria del
presente fallo, todos estos valores debidamente indexados y con sus respectivos
intereses de mora. Estos valores se cancelaran (sic) bajo la modalidad del daño
emergente y lucro cesante, los cuales se estiman de la siguiente manera:
Daño Emergente: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L CTE.
($387.663.965).
Lucro cesante: CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
NOVESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (sic)
PESOS M.L. CTE. ($474.914.839 (sic)).
[…]3”. (Mayúscula y negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2. Informó que el 21 de marzo de 1990, a través de la Resolución 2558, se reconoció
personería jurídica a la cooperativa Multiactiva de Transportadores Cerros Quinta
Linda -en adelante Coopcerquín- y, dentro de su objeto social se encuentra el de
facilitar al público en general el servicio público de transporte de pasajeros o de
carga, bien sea con vehículos de propiedad de la cooperativa o de sus asociados.
3. Indicó que a través de la Resolución 609 de 20 de diciembre de 2001, la Secretaría
de Transporte y Tránsito del municipio de Medellín dispuso reservar a la cooperativa
Coopcerquín la disponibilidad del servicio para habilitarse como empresa de
transporte público colectivo y servir la ruta Cerros – Quintalinda – Eterna Primavera
en la zona centro oriental de la ciudad.
4. Manifestó que mediante la Resolución 066 de 27 de mayo de 2003, se otorgó
habilitación a la referida cooperativa para operar como empresa de transporte
público colectivo.
5. Sostuvo que el señor John Henry López Díaz, mediante acuerdo del 10 de abril
de 2010, se asoció a la cooperativa antes referida con el vehículo de placas SMT
750, con el fin de brindar el servicio de transporte en las rutas habilitadas.
6. Agregó que a través de la Resolución 802 de 13 de diciembre de 20124, la
Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín dispuso la cancelación de la ruta
097 I y la capacidad transportadora asignada para su operación a la cooperativa
Coopcerquín. Este acto administrativo dispuso de forma expresa que contra ella
procedían los recursos de reposición y de apelación.
7. Explicó que, ante tal situación, la citada cooperativa interpuso el recurso de
reposición y el de apelación.
3
Las pretensiones que se transcriben en este acápite corresponden al escrito de reforma a la demanda.
4
“[…] Por medio de la cual se dispone la cancelación de ruta (s) y la capacidad transportadora a una empresa de transporte
público colectivo terrestre automotor de pasajeros […]”.
3
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Demandante: John Henry López Díaz
8. Agregó que mediante la Resolución 201 de 15 de abril de 20135, la Secretaría de
Movilidad resolvió el recurso de reposición y concedió el de apelación ante el alcalde
municipal y, posteriormente, a través de la Resolución 414 de 9 de julio de 20136,
la Alcaldía de Medellín declaró improcedente el recurso de alzada.
I.1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
9. Invocó como infringidos los artículos 2, 29, 43, 83 y 333 de la Constitución Política;
la Ley 336 de 20 de diciembre de 19967; el Decreto 3109 de 30 de diciembre de
19978; el Decreto 170 de 5 de febrero de 20019; y los artículos 93, 94, 95, 96, 97 y
137 de la Ley 1437.
I.1.3. El concepto de violación
i) Violación al debido proceso
10. Anotó que en el curso de toda la actuación administrativa se puso de presente
que los recursos procedentes contra la Resolución 802 de 2012, eran el de
reposición y, el de apelación que debía surtirse ante el alcalde como superior
jerárquico.
11. Adujo que la Alcaldía de Medellín, de manera sorpresiva, a través de la
Resolución 414 de 2013, declaró improcedente el recurso de apelación, actuación
que transgrede el debido proceso, los principios de buena fe y de seguridad jurídica
y el respeto por el acto propio.
12. Agregó que el recurso de reposición procede, por regla general, frente a los actos
administrativos de carácter personal y subjetivo y se presenta ante la misma
autoridad que lo expidió. Por su parte, el de apelación se interpone cuando la
entidad que lo emana se encuentra sometida a la jerarquía administrativa, como en
este caso, y quien lo decide es el superior jerárquico.
ii) La revocatoria de la habilitación exigía el consentimiento previo y expreso
del titular y la decisión no tiene fundamento legal
13. Expresó que la revocatoria de actos administrativos de contenido particular y
concreto exige el consentimiento previo, expreso y escrito del titular.
14. Mencionó que según el artículo 17 del Decreto 170, los actos administrativos que
otorgan la habilitación para prestar el servicio son revocables, si se demuestra que
han variado las condiciones para prestar el servicio.
5
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
6
“[…] Por la cual se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 802 del 13 de
Diciembre de 2012, emitida por la Secretaría de Movilidad […]”.
7
“[…] Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. […]”.
8
“[…] Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la
utilización de los recursos de la Nación. […]”.
9
“[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y
municipal de pasajeros. […]”.
4
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Demandante: John Henry López Díaz
15. Sostuvo que la medida adoptada carece de fundamento legal, toda vez que la
cancelación de la habilitación solo procede cuando se produce el incumplimiento de
las condiciones establecidas para la prestación del servicio por parte del operador.
16. Estimó transgredido el derecho al trabajo de las personas que prestan el servicio
de transporte en la ruta cancelada y de su núcleo familiar y, además, expuso que
según los artículos 336 y 365 de la Constitución Política, debe mediar indemnización
por parte del Estado cuando una empresa queda por fuera del ejercicio de una
actividad lícita como la prestación del servicio de transporte, tal y como ocurrió en
el presente caso.
17. Destacó que los actos demandados desconocen lo dispuesto en los artículos 336
y 365 de la Constitución Política que prohíbe la creación de monopolios, porque los
actos demandados se expidieron en el marco de la política pública para la adopción
del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá para favorecer los intereses
económicos de la empresa Metroplus.
I.2. La contestación de la demanda10
i) Oposición al cargo de violación al debido proceso
18. Argumentó que a pesar de que a través de la Resolución 414 de 2013, la Alcaldía
de Medellín declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de
la Resolución 802 de 2012, dicha situación no afectó el debido proceso porque el
recurso procedente era el de reposición por mandato del artículo 12 de la Ley 489.
19. Explicó que mediante el Decreto 248 de 17 de febrero de 2012, la administración
municipal delegó en el secretario de movilidad la facultad para expedir los actos
administrativos para la reestructuración de las rutas de transporte público colectivo
urbano de pasajeros prevista en la Resolución Metropolitana 918 de 2011 y sus
modificaciones.
20. Expuso que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 489, los actos suscritos
por las autoridades delegatarias están sometidos a los mismos requisitos
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. Por ende, el
recurso de reposición era el pertinente.
ii) Oposición al cargo sobre la exigencia del consentimiento previo y expreso
del titular y al hecho de que la decisión no tiene fundamento legal
21. Indicó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que la
administración goza de ciertos derechos y prerrogativas y una de ellas consiste en
la posibilidad de revocar licencias de funcionamiento por razones de interés público
o por circunstancias previamente establecidas en la Constitución Política, la ley o el
10
Fol. 115 a 119 del cuaderno 1 escrito de contestación de la demanda. Contestación a la reforma de la demanda visible a
fol. 174 a 175 del cuaderno 1.
5
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Demandante: John Henry López Díaz
reglamento. Además de ello, han sostenido que el otorgamiento de licencias de
funcionamiento para operar el servicio de transporte no genera derechos adquiridos
a favor de los operadores del servicio.
22. Propuso las siguientes excepciones: i) “[…] falta de causa para pedir […]”; ii) falta
de legitimación en la causa por activa; iii) prescripción y; iv) la genérica.
23. Frente a la “[…] falta de causa para pedir […]”, indicó que “[…] la Secretaría de
Movilidad no ha violado los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa y contradicción consagrado en la Constitución Política de Colombia, en
tanto su actuar ha estado precedida de plenas facultades y reconociendo todas las
garantías procesales, lo cual evidencia que el obrar de la administración estuvo
encajado dentro de los principios de seguridad jurídica y respeto al acto propio […]”.
24. En relación con la falta de legitimación en la causa por activa, anotó que “[…] el
accionante no está legitimado por activa, ya que la capacidad transportadora es
otorgada a la empresa más no a los propietarios de los vehículos, es por esto que
el acto administrativo se refiere directamente a la empresa transportadora y no a
otras personas, por lo cual no se puede predicar la existencia de atribuciones. […]”.
25. Sobre la prescripción, adujo que esta figura se presentó por virtud del “[…] tiempo
transcurrido desde que se hace exigible las pretendidas obligaciones […]”.
I.3. La audiencia inicial y la fijación del litigio11
26. El 4 de diciembre de 2014, se celebró la audiencia prevista en el artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011. Al resolverse las excepciones, se indicó:
“[…] demandar quien crea que se le ha ocasionado un daño con ese acto
administrativo y no obstante se debería resolver dicha excepción durante la Audiencia
Inicial, esta se consagra en el caso excepcionalísimo en que sea obvia la falta de
legitimación. Así las cosas, como en el caso concreto el demandante afirma haber
padecido un daño a causa del Municipio, éste tiene hasta la sentencia para demostrar
que está legitimado, y lo que corresponde al Juzgador es verificar si los hechos
afirmados por el demandante efectivamente ocurrieron y le ocasionaron el daño que
dice haber sufrido y en caso afirmativo; determinar si existe algún tipo de
responsabilidad por parte del Municipio, para finalmente declararlo en la sentencia.
Por las razones expuestas se deja en suspenso entonces esta excepción de falta de
legitimación en la causa por activa propuesta por el Municipio de Medellín para ser
resuelta en la sentencia.
[…]
EXCEPCIONES:
Dentro de la oportunidad legal pertinente se formularon excepciones denominadas:1.
Falta de causa para pedir, 2. Prescripción y 3. La genérica:
No deben resolverse de fondo estas excepciones, porque se trata de argumentos
encaminados a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora
sustenta sus pretensiones, los cuales al no versar sobre hechos extintivos o
11
Fol. 212 a 214 acta de audiencia inicial del cuaderno 1.
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impeditivos de la pretensión, deben ser resueltos con la sentencia. Así mismo frente
a la excepción de prescripción, no se observa de bulto que haya prescripción del
derecho y se analizará esto en el fondo de la sentencia.
[…]”.
27. Igualmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“[…] HECHOS
1. Que el 21 de marzo de 1990 se le reconoció personería jurídica a la
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES CERROS QUINTA
LINDA-COOPCERQUIN-, que el 28 de mayo de 2003, se le otorgó habilitación a la
cooperativa para operar como empresa de transporte público.
2. Que mediante acuerdo cooperativa del 15 de abril de 2010, el demandante,
propietario del vehículo SMT 750, se asoció a la COOPERATIVA COOPCERQUIN
para brindar a través de su vehículo el servicio de transporte público en las rutas
habilitadas por el ente territorial demandado.
3. Que por medio de la resolución N° 802 de 2012, notificada por aviso a la
representante legal de la cooperativa, se dispuso la cancelación de la ruta 097 I y la
capacidad transportadora a la empresa de transporte público colectivo terrestre
automotor de pasajeros COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
CERROS QUINTA LINDA- COOPCERQUIN-, proferida por el secretario de movilidad
del Municipio de Medellín.
4. Que ante tal situación y teniendo en cuenta que dicho acto administrativo concedía
el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, la cooperativa procedió a
presentarlos en término. Mediante resolución 201 del 15 de abril de 2013 el secretario
de movilidad del Municipio de Medellín decidió no reponer tal decisión y en
consecuencia concedió el recurso de apelación ante el Alcalde Municipal, quien
mediante resolución 0414 del 9 de julio de 2013 lo declaró improcedente.
PRETENSIONES.
1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos comprendidos en las
siguientes Resoluciones: N° 802 del 13 de diciembre de 2012, por medio de la cual
se dispone la cancelación de rutas y el ajuste de la capacidad transportadora de una
empresa de una empresa (sic) de transporte público colectivo terrestre automotor de
pasajeros, la N° 201 del 15 de abril de 2013, por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición y la N° 0414 del 9 de julio de 2013 por medio de la cual se
declara improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
N° 802 de 13 de diciembre de 2012 emitida por la Secretaría de movilidad.
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene al Municipio de Medellín-Secretaría de
movilidad, permitir y otorgar la habilitación para operar la ruta N° 097 I y su capacidad
transportadora asignada para operación a la empresa de transporte público colectivo
terrestre automotor de pasajeros COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES CERROS QUINTA LINDA -COOPCERQUIN-, cancelándole
todos los dineros dejados de percibir desde el momento en que dejó de prestar el
servicio público hasta el momento de ejecutoria del presente fallo, todos estos valores
debidamente indexados y con sus respectivos intereses de mora. Estos valores se
cancelaran (sic) bajo la modalidad del daño emergente y lucro cesante, los cuales se
estiman de la siguiente manera: Daño emergente: $387.663.965 y Lucro cesante:
$474.914.839.
[…]”. (Negrilla del texto).
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I.4. La sentencia de primera instancia12
28. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 12 de febrero de 2016: i) declaró probada parcialmente la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa; ii) denegó las pretensiones de la
demanda y; iii) condenó en costas a la parte demandante, así:
“[…] SEGUNDO: Se declara probada la EXCEPCIÓN DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA propuesta por la entidad demandada, respecto de la pretensión
relacionada con “permitir y otorgar la habilitación para operar la ruta No. 0971 (sic) y
su capacidad transportadora asignada para la operación a empresa de transporte
público colectivo terrestre automotor de pasajeros COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA -COOPCERQUIN-,
cancelándole todos los dineros dejados de percibir desde el momento de la ejecutoria
de la sentencia, debidamente indexados y con intereses de mora. […]”.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Se condena en costas a la parte demandante.
[…]”. (Negrilla del texto).
29. El Tribunal de primer grado declaró probada parcialmente la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa frente a la pretensión formulada por el actor
encaminada a que se permita y otorgue la habilitación para operar la ruta 097 I y su
capacidad transportadora y a que se le cancelen los dineros dejados de percibir
desde el momento de ejecutoria de la sentencia, debidamente indexados. Ello, por
considerar que la cooperativa Coopcerquín es quien tiene un interés legítimo para
reclamar esta pretensión.
i) Violación al debido proceso
30. Explicó que según el artículo 12 de la Ley 489, los actos expedidos por las
autoridades delegatarias se encuentran sometidos a los mismos requisitos
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y son
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. De ahí que “[p]or
el acto de delegación no surge el recurso jerárquico, los recursos proceden por ley
y no por voluntad del funcionario que expide el acto. […]”.
31. Argumentó que la competencia para la cancelación de la ruta se encuentra
atribuida al alcalde, por virtud de las Leyes 105 y 336 y las decisiones que ellos
adopten, por ser la máxima autoridad en el municipio, solo son susceptibles del
recurso de reposición.
32. Agregó que mediante el Decreto 248 de 2012, el alcalde de Medellín delegó
expresamente la facultad de expedir los actos administrativos para reestructurar las
rutas de transporte público colectivo en la Secretaría de Movilidad. Por lo tanto, los
12
Fol. 272 a 283 del cuaderno 1.
8
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Demandante: John Henry López Díaz
actos administrativos expedidos en desarrollo de esa delegación solo son
susceptibles del recurso de reposición.
33. En síntesis, indicó que el hecho de que la administración haya señalado que
procedía el recurso de apelación no lo convierte en procedente ni transgrede el
debido proceso ni el principio de confianza legítima.
ii) Estudio del segundo cargo. La revocatoria de la habilitación exigía el
consentimiento previo y expreso del titular y la decisión no tiene fundamento
legal
34. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, subrayó que los actos que revocan, modifican o reestructuran este tipo de
permisos en materia de transporte no requieren el consentimiento expreso y escrito
del titular porque estos derechos son precarios y temporales.
35. Precisó que sí resulta posible revocar, modificar o complementar los permisos
cuando se produzcan cambios en las condiciones que dieron lugar a la expedición;
también para optimizar el servicio o para dar cumplimiento a normas posteriores de
carácter legal o reglamentarias en defensa del interés general.
36. Resaltó que la cancelación de la ruta se fundamentó en la necesidad de
implementar el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá y estos
motivos no fueron controvertidos por el actor. Por lo tanto, en aplicación del principio
de justicia rogada no podía entrar a analizar la veracidad de estos argumentos.
I.5. Recurso de apelación13
37. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, con sustento en los siguientes argumentos:
i) Violación al debido proceso
38. Insistió en que la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín, en el curso
de la actuación administrativa, señaló que los recursos procedentes contra la
Resolución 802 de 2012, eran el de reposición y el de apelación y este último debía
surtirse ante el alcalde municipal.
39. Explicó que a través de la Resolución 414 de 2013, la Alcaldía de Medellín
declaró improcedente el recurso de apelación; situación que transgrede los
derechos al debido proceso, la confianza legítima y el principio que prohíbe ir en
contra de sus propios actos.
13
Fol. 286 a 294 del cuaderno 1.
9
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Demandante: John Henry López Díaz
40. Adujo que resulta obligatorio por parte de la administración no desconocer sus
actuaciones previas en salvaguarda de la seguridad jurídica, los principios de buena
fe y la confianza legítima.
ii) La revocatoria de la habilitación exigía el consentimiento previo y expreso
del titular y la decisión no tiene fundamento legal
41. Destacó que los actos administrativos de contenido particular y concreto solo
pueden ser revocados por la administración, siempre que medie el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
93 de la Ley 1437.
42. Adujo que los actos administrativos que conceden la habilitación para prestar el
servicio público son revocables, siempre que se compruebe que las condiciones en
la prestación del servicio han cambiado por parte del operador; situación que no se
presentó.
I.6. El trámite del recurso de apelación
43. El magistrado sustanciador del proceso de la primera instancia, mediante auto
de 26 de mayo de 201614 concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación
interpuesto por el demandante.
44. A través de auto de 19 de diciembre de 201615, se admitió la alzada y, surtido el
anterior trámite, se corrió traslado a las partes a fin de que presentaran sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera
concepto. Dentro del traslado anterior, todos los sujetos procesales guardaron
silencio16.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
45. La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos demandados; iii) el problema
jurídico; iv) análisis del caso concreto; v) condena en costas y otros
pronunciamientos y; vi) conclusiones.
II.1. Competencia de la Sala
46. Según el artículo 150 de la Ley 1437 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto en segunda instancia.
14
Fol. 301 del cuaderno 1.
15
Fol. 4 del cuaderno del Consejo de Estado.
16
Constancia secretarial Fol. 9 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Demandante: John Henry López Díaz
II.2. Los actos demandados
47. Corresponden a: i) la Resolución 802 de 2012; ii) la Resolución 201 de 2013 y;
iii) la Resolución 414 de 2013.
48. LaResolución 802 de 201217, expedida por la Secretaría de Movilidad del
municipio de Medellín, dispuso la cancelación de la ruta 097 I y la capacidad
transportadora asignada para su operación a la cooperativa Coopcerquín, con
ocasión de la implementación del Sistema Integrado del Transporte Masivo del Valle
de Aburrá, en los siguientes términos:
“[…] 1. Conforme al Artículo 2° de la Constitución Política, “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.”
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares...”
2. El Artículo 24 de la Carta Política, establece que; "Todo colombiano, con las
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia...”
3. La función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios
Constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones, como lo establece el artículo 209 de la Constitución Política.
4. Por su parte la ley 105 de 1993 en el capítulo segundo donde hace relación a los
principios rectores del transporte el literal b) establece "intervención del Estado.
“Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del
transporte y de las actividades a él vinculadas…” Es de esta manera como deberá
intervenir el estado realizando los ajustes necesarios para adecuación de nuevos y
mejores sistemas de transporte.
5. Conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 "el otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares,
no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o
permisos...”. Complementa el artículo 18 de la ley 336 de 1996 cuando precisa que
“El permiso para la prestación del servicio es revocable e intransferible, y obliga a su
beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas...”
6. Sobre la revocabilidad de los permisos en transporte ha manifestado el Máximo
Tribunal Constitucional: "La expedición de las Resoluciones que modifican la
capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo de esa
ciudad no corresponde a actos personales y concretos que requieran el
consentimiento previo de las empresas. Al contrario, se trata de una de las
manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para "introducir
17
Fol. 36 a 39 del cuaderno 1.
11
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y
funcionamiento del servicio de transporte (...)18
7. Ante la dinámica del crecimiento de las ciudades, la motorización y la expansión
del área urbana que generan grandes desafíos al sistema de transporte, el Gobierno
Nacional incorporó el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
como uno de los proyectos del subsector transporte dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2003 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, aprobado mediante la Ley
812 de 2003.
8. Conforme al documento Conpes 3307, “Sistema Integrado de Servicio Público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá” dentro de las
condiciones de participación de la nación se requiere el cumplimiento de algunos
presupuestos para la operación del sistema y la regulación del transporte y tránsito,
entre los que se encuentra: “definir e implantar diferentes mecanismos que garanticen
la reducción de la sobreoferta, entre otros, la cancelación de matrículas, la definición
de la reglamentación de los procedimientos de desintegración física y su verificación,
de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte...”
9. Para determinar y atender la problemática de movilidad en el Valle de Aburrá se
han elaborado, entre otros, los siguientes estudios técnicos:
• Diseño operacional, financiero, de infraestructura, económico, socio-ambiental y
físico-espacial para el proyecto Metroplús, elaborado por la Empresa de Transporte
del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.; el cual arrojó un diagnóstico que permitió
concluir que la prestación del servicio de transporte no se desarrollaba en las
condiciones de comodidad, accesibilidad y seguridad determinados en los principios
que regulan la prestación de dicha actividad.
• Encuesta Origen Destino, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia.
• El Plan Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá, aprobado por el Acuerdo
Municipal 042 de 2007, en el que se identificaron los requerimientos de movilidad de
la Región Metropolitana al 2020 y se determinó la necesidad de impulsar el desarrollo
del transporte masivo y la integración física, tarifaria, institucional y operacional de
todos los modos de transporte.
• La Estructuración Técnica del SIT-VA, elaborada por la Unión Temporal Akiris S.A.,
Steer Davies y Nohora Patricia Acero que soportan la implementación y viabilidad de
la operación del sistema.
• La Estructuración de las rutas de transporte público colectivo urbanas de Medellín
y metropolitanas complementarias al SIT-VA., elaborado por la Unión Temporal Akiris
S.A., Steer Davies.
10. Mediante la Resolución Metropolitana No MO-0001130 del 08 de septiembre de
2009, se reglamentó el funcionamiento y uso del cuarto de catos del Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA., disposición que fue modificada
por las Resoluciones Metropolitanas Nos MO-001381 y MO-0001576 del 19 de
noviembre de 2009, con el propósito de dar a conocer la información que soporta las
condiciones por las que se regirá la operación del servicio de transporte masivo de
pasajeros bajo la modalidad terrestre automotor.
11. El Gobierno Nacional y la Región Metropolitana dando cumplimiento al carácter
prioritario y a la propensión de sistemas masivos y basados en estudios técnicos
“análisis del número de vehículos a racionalizar por la entrada en operación de la
troncal Metroplús Universidad Medellín - Aranjuez”, ha puesto en marcha la
18
Sentencia T-026 de 2006. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
12
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
implementación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá SIT-VA, con
el que se garantizará a los habitantes en forma concreta la satisfacción de las
necesidades de movilización, bajo condiciones de eficiencia, calidad, seguridad y
comodidad.
12. El 3 de febrero de 2011 se firma convenio interadministrativo No. 4600031108 el
cual tiene por objeto la entrega por parte del Municipio "la explotación de los
corredores viales Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal (Estación Industriales del
Metro - Avenida Oriental – Avenida Echeverri - Carrera Bolivar - Estación Hospital del
Metro), genéricamente denominadas Metroplús, en forma especial y exclusiva..."
además Establece en la cláusula Décima Primera que: “EL MUNICIPIO asume el
compromiso de realizar las actividades que le competen como autoridad de transporte
público colectivo, necesarias para garantizar la reestructuración del mismo, del que
deberá derivarse la eliminación y modificación de rutas, disminución de capacidad
transportadora de las empresas de transporte público colectivo que operen en la
respectiva cuenca, de conformidad con los parámetros definidos por la autoridad de
transporte masivo; lo anterior con el fin de que no queden recorridos superpuestos
que incrementen los costos, incentiven la competencia entre modos por el pasajero y
no se propenda por un eficiente, cómodo y seguro servicio, de conformidad con las
Políticas de Movilidad Regional.”
13. Que mediante Acuerdo Metropolitano No. 5 del 04 de Febrero 2011 se autoriza a
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada para la prestación del
servicio de la Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal Avenida Oriental y para
adelantar los respectivos procesos contractuales de los servicios de alimentación al
Sistema en las Cuencas 3 y 6, como primera fase, bajo las Políticas de Movilidad
Regional y Parámetros que le determine la autoridad de transporte masivo;
facultándose al Director de la Entidad para determinar los Parámetros necesarios para
la prestación del servicio en la Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal y los servicios
de alimentación al Sistema en las Cuencas 3 y 6, como primera fase.
14. A través de la Resolución Metropolitana N° D 918 del 5 de julio 2011, modificada
por la resolución metropolitana N° 348 del 16 de febrero de 2012, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá adopta los parámetros para la prestación del
servicio de la Troncal U de Medellín - Aranjuez, la Pretroncal Avenida Oriental y los
servicios de alimentación de las Cuencas 3 y 6 del SITVA;
Es de esta manera como se reorganiza el Transporte Público Colectivo en las
Cuencas 3 y 6 del SITVA, en cuanto a reducción de capacidad transportadora y/o
eliminación de rutas necesarias para la implementación del Sistema Masivo, ello con
base en los estudios técnicos antes mencionados contratados para el efecto y
avalados por el Municipio de Medellín.
15. En la citada Resolución Metropolitana se estableció que “...antes de la entrada en
operación de las rutas y servicios de la troncal y pretroncal del municipio de Medellín
y la alimentación de las cuencas 3 y 6 del SIT-VA, la autoridad municipal de transporte
competente, deberá certificar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su calidad
de autoridad de transporte masivo y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá Limitada que se encuentran notificados los actos administrativos de reducción
de capacidad transportadora y/o eliminación y/o modificación de rutas y/o
reorganización de rutas, con base en los estudios técnicos contratados por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y que fueron avalados por el municipio de Medellín.”
16. La Resolución Metropolitana 2256 del año 2011, que modificó la Resolución
Metropolitana 1066 de 2010, establece en su artículo 12 que, “Se le dará prioridad a
la compra de los vehículos de las rutas que se verán comprometidas con la entrada
en operación de la troncal de Metroplús Universidad de Medellín Aranjuez, previo
análisis técnico y aprobación por parte del Área”.
13
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
17. En ejercicio de la autoridad que en materia de transporte público colectivo urbano
ejerce la Secretaría de Movilidad de Medellín y en desarrollo de los principios de
economía, eficiencia y coordinación que debe regir en la planificación y organización
del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá -SITVA- se hace necesario
expedir las actuaciones administrativas tendientes a reducir la capacidad
transportadora y/o eliminar las rutas necesarias para la implementación del Sistema
Masivo.
En consideración a lo expuesto, el Secretario de Movilidad de Medellín, en uso de sus
facultades Constitucionales y Legales;
RESUELVE:
Artículo Primero: Disponer la CANCELACIÓN de la RUTA 097 I y la capacidad
transportadora asignada para su operación a la empresa de transporte público
colectivo terrestre automotor de pasajeros COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN. Según se
discrimina en el siguiente cuadro:
Artículo Segundo: De acuerdo a la cancelación de la ruta del Artículo primero, la
empresa COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE TRANSPORTADORES CERROS
DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN. Quedará operando con tres vehículos menos.
Artículo Tercero: La empresa de COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN, una vez
cobre ejecutoria el presente Acto contará la empresa con un término de (60) días para
indicar las placas de los vehículos que saldrán por este proceso, lo anterior para que
la Secretaría de Movilidad proceda a expedir actos administrativos de carácter
particular.
Parágrafo 1: De no darse cumplimiento a lo dicho en el presente artículo, la
Secretaría de Movilidad; realizará sorteo con todas las placas del parque automotor
pertenecientes a la empresa COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN, hasta
completar las cifras a racionalizar con el número de vehículos.
Parágrafo 2: Una vez se defina los vehículos que saldrán de operación, se procederá
por parte de la Secretaría de Movilidad a realizar los Actos Administrativos tendientes
a la cancelación de las tarjetas de operación.
Artículo Cuarto: Para garantizar la prestación del servicio de transporte público
colectivo, la cancelación de la ruta y las respectivas tarjetas de operación de los
vehículos que saldrán de la capacidad transportadora de la empresa, este acto y sus
consecuentes surtirán efecto a partir del primer día de operación de los servicios de
alimentación de la cuenca del SITVA a la que pertenecen y que fueron adjudicados
al concesionario respectivo.
Artículo Quinto: Remitir al operador de trámites de la Secretaría de Movilidad todo
lo actuado, para que una vez ejecutoriada la presente Resolución, proceda a realizar
las anotaciones pertinentes en el registro y las bases de datos físicas y magnéticas
de la Secretaría.
14
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
Artículo Sexto: Contra la presente resolución procede los recursos de reposición
ante quien expide la resolución y Apelación ante el inmediato superior administrativo
o funcional que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los (10) diez días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del términos (sic) según el caso; en los términos consagrados en los
artículos 74, 75, 76 y 77 de la ley 1437 de 2011.
[…]”. (Cursiva, negrilla y subrayado del texto).
49. LaResolución 201 de 201319, expedida por la Secretaría de Movilidad del
municipio de Medellín, resolvió no reponer la resolución inicial y concedió el recurso
de apelación el cual debía surtirse ante el alcalde, así:
“[…] 1. VIOLACION AL CONTROL CONSTITUCIONAL Y LEGAL JERARQUICO:
VÍA DE HECHO
Si bien es cierto en la notificación realizada al recurrente el día 27 de diciembre de
2012 donde se indica que el recurso de reposición de la resolución 802 del 13 de
diciembre de 2012 deberá ser interpuesto ante el líder de programa de planeación de
transporte de la Secretaría de Movilidad y el recurso de apelación ante el Secretario
de Movilidad, en al (sic) actuar de la administración no se materializa la violación al
control constitucional a que hace mención el recurrente toda vez que el recurso de
reposición es conocido por el Secretario de Movilidad quien es el que profirió el acto
administrativo y en caso que no se recurra el mismo, el recurso de Apelación se surtirá
ante el Alcalde Municipal.
2. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, ARTÍCULO 29 SUPERIOR.
Sea lo primero indicar que en Colombia los servicios públicos están sometidos al
régimen jurídico que fija la Ley, por lo cual el Estado mantendrá la regulación,
vigilancia y control sobre los mismos, bajo la prevalencia del interés general sobre el
particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el
reglamento para cada modo de transporte.
Uno de los principios del Transporte Público es el acceso a éste, exigiéndose a las
autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso
de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con
la demanda, y propendiendo por el uso de transporte masivo.
[…]
La implementación de los Sistemas Masivos se encuentran (sic) condicionados a la
estructuración del transporte público colectivo, mediante la eliminación y modificación
de rutas, con el fin de que no queden recorridos superpuestos, que incrementen los
costos, incentiven la competencia entre modos por el pasajero y presten un mal
servicio, lo cual se encuentra consagrado en los documentos CONPES y las Políticas
de Movilidad Regional del SITVA.
Constituye una política de ciudad y del Valle de Aburrá impulsar la implementación de
un sistema integrado de transporte para el Valle de Aburrá (SITVA) conformado por
Metro, Metroplús, Cables, Tranvía, Ruta Alimentadoras. El Sistema Metroplús forma
parte del Plan de Expansión del Metro de Medellín, es decir, lo que le ocurre a las
empresas de transporte urbano colectivo no es nada diferente que el resultado de la
aplicación de las políticas de movilidad que fija el gobierno y que no requieren
actuaciones administrativas previas frente a cada empresa para su implementación;
19
Fol. 49 a 70 del cuaderno 1.
15
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
toda vez que es el Estado para el caso concreto la Secretaría de Movilidad de
Medellín, haciendo uso de su potestad reguladora ejecuta las actuaciones
administrativas necesarias para la exitosa implementación de los sistemas masivos,
dando así cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Unidos un Hogar para la
Vida" contempla en la Línea 3 "Competitividad para el Desarrollo Económico con
Equidad", el Componente 2: “Desarrollo urbano para la competitividad”, teniendo
como Objetivo: Fomentar el desarrollo urbano en la ciudad a través del mejoramiento
de su infraestructura física con la finalidad de fortalecer las condiciones, la
competitividad de la región, y hacerla más atractiva para el emplazamiento de
empresas e inversionistas en general, mediante programas como seguridad vial y
cultura ciudadana para una mejor movilidad; construcción y mantenimiento de
infraestructura pública; Sistema integrado de transporte; Conectividad física regional
y nacional; desarrollo urbano inmobiliario, y gestión territorial para la construcción del
cinturón verde.
3. INCOMPLETA NOTIFICACIÓN Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA
Es claro que en virtud del Estatuto General del Transporte Ley 336 de 1996, la
habilitación del servicio público de transporte a particulares constituye un acto
administrativo de autorización indefinida otorgada por el Estado, para que cumplidos
ciertos requisitos legales o reglamentarios, que consultan las necesidades del bien
común y de la seguridad pública, sean estos quienes desarrollen dicha actividad y el
usufructo de la ejecución de la misma que originalmente estaría a cargo del Estado,
pero no compone un derecho adquirido, ni impide que a futuro el Estado opte por
prestar dicho servicio directamente a la comunidad.
La capacidad transportadora es otorgada a la empresa mas no a los propietarios de
los vehículos por esto es que el acto administrativo se difiere es directamente a la
empresa transportadora y no a otras personas en relación de las cuales no se puede
predicar la existencia de atribuciones.
4. IGUALDAD ANTE LA LEY, SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS ADJUDICATARIOS
Y TRANSPORTADORES. LAS PERSONAS TIENEN DERECHO AL MISMO
TRADO Y PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES.
El proyecto Metroplús fue de amplia divulgación, socialización y explicación mediante
diferentes medios y adicionalmente el proceso licitatorio 01 de 2012 fue debidamente
publicado en la página del gobierno nacional www.contratos.gov.co. Todos aquellos
ciudadanos interesados en el transporte de pasajeros podían tener acceso al proceso
que se llevó a cabo y dar lectura a todos y cada uno de los documentos que hicieron
parte del mismo, de lo (sic) concluimos y evidenciamos fue un proyecto incluyente y
no discriminatorio.
En éstos se explicó claramente sobre el proyecto Metroplús y la descripción de las
zonas a licitar y su área de influencia con el tradicional sistema de transporte terrestre
colectivo, que para el caso específico de la cuenca 6 incluía el proyecto Tranvía de
Ayacucho, Cables y alimentaciones. El hecho de que si por alguna razón los
empresarios no se documentaron o interesaron en el mencionado proceso y
decidieron quedarse por fuera del mismo, no significa que no hubieran tenido el
mismo derecho de participar que los ganadores del proceso.
[…]
5. CANCELACIÓN DE RUTA: EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN PARA LAS
EMPRESAS.
En cuanto a la expropiación de la que habla el recurrente resulta oportuno aclararle
que a la luz de la Corte, se entiende por derecho adquirido “Aquellas situaciones
16
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y
que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser
respetado...”, situación que ratifica el doctrinante Valencia y Ortíz quien afirma que:
“Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que
hacen parte de él y que nadie nos los puede arrebatar...” atendiendo a éstas
definiciones el decreto 170 de 2001 en su Artículo 17 estipula que: “Sin perjuicio de
las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio la habilitación será
indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su
otorgamiento.", a su vez el artículo 18 de ley 336 de 1996 precisa que “El permiso
para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a
su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas" y el
numeral 5 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares,
no generan derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o
permisos.
[…]
Posteriormente y en cumplimiento de todo lo anterior la administración en ejercicio de
la autoridad que en materia de transporte público colectivo urbano ejerce y en
desarrollo de los principios de economía, eficiencia y coordinación que debe regir en
la planificación y organización del Sistema Integrado de Transporte del Valle de
Aburrá - SITVA- procede a expedir las actuaciones administrativas tendientes a
reducir la capacidad transportadora y/o eliminar las rutas necesarias para la
implementación del Sistema Masivo, lo cual evidencia que el obrar de la
administración estuvo encajado perfectamente dentro de los principios de seguridad
jurídica, respeto al acto propio y buena fe, pues obro (sic) en cumplimiento del
ordenamiento jurídico y en uso de las facultades y obligaciones que la ley le fija.
Sin embargo, pese a que la implementación del proyecto no era más que la búsqueda
del bien común para la sociedad, la administración en aras de proteger a quienes se
encontraban amparados por la confianza legítima, desarrollo (sic) un plan de
socialización del proyecto Metroplús el cual tenía como objetivo principal dar a
conocer el mismo y sus implicaciones a la comunidad en general y en especial al
gremio transportador.
Las principales actividades desarrolladas fueron:
[…]
6. FALSA O ERRÓNEA MOTIVACIÓN.
[…]
Queda claro que a la luz del decreto 170 de 2001 la autoridad podrá en cualquier
tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente
el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de
demanda, en este punto confunde el recurrente los términos revocatoria y pérdida de
efectos jurídicos del acto administrativo (revocatoria tácita), toda vez que de manera
tácita al cancelar las rutas desaparecen los efectos jurídicos de los actos
administrativos que las asignan, es decir, no se cancela el permiso de operación de
la empresa (Habilitación) porque la misma no desaparece, de hecho continuará
operando, sin embargo al cambiar las circunstancias del servicio por la entrada en
operación del Metroplús, se hace necesario que se reestructure el mismo a fin de
evitar duplicidades en el servicio y que entren en conflicto los sistemas (SITVA y
urbano colectivo).
7. INDETERMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
17
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
Con respecto a lo que indica el recurrente, la fecha es determinable, esto quiere decir
que en estrada (sic) en operación de los servicios alimentadores del SITVA surtirán
efecto las consecuencias del acto administrativo y para esto se establecieron
cronogramas de implementación que en su momento fueron socializados con las
empresas.
De conformidad con todo lo anterior, una vez analizado el escrito y en mérito de lo
expuesto el SECRETARIO DE MOVILIDAD DE MEDELLIN;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la decisión adoptada en la resolución 802
proferida el 13 de diciembre de 2012 “por medio de la cual se ajusta la capacidad
transportadora a una empresa de transporte público colectivo terrestre automotor de
pasajeros a sus rutas originales.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Señor Alcalde
Municipal; en consecuencia remitir copias al despacho del señor Alcalde para lo
Pertinente.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
50. La Resolución 414 de 201320, expedida por la Alcaldía de Medellín, mediante la
cual declaró improcedente el recurso de apelación, en los siguientes términos:
“[…] 3. Que analizada la competencia atribuida para conocer sobre asuntos
relacionados con el transporte público, vemos como, en desarrollo de las Leyes 105
de 199321 y 336 de 199622, que regulan la operación del transporte público en
Colombia, fue expedido el Decreto 170 de 2001, reglamentario de la modalidad de
servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano distrital y
municipal de pasajeros, el cual en su Artículo 10 estableció que en materia de
transporte y dentro de la jurisdicción municipal, son competentes los alcaldes
municipales o en los que estos deleguen tal atribución23.
4. Que dentro del Municipio de Medellín, el Alcalde municipal mediante el Decreto 248
del 17 de Febrero de 2012, delegó en el Secretario de transportes y transito (sic) la
facultad para expedir los actos administrativos, para reestructurar las rutas de
transporte publico colectivo urbano de pasajeros previstas en la Resolución
metropolitana N° 918 de 2011 y sus modificaciones si a ello hubiera lugar.
5. Que en virtud del Decreto Municipal N° 1364 de 201224 la Secretaria de Transporte
y Transito adquiere la nueva denominación de Secretaria de Movilidad quien
continuará ejerciendo las funciones en materia de transporte y transito dentro del
Municipio de Medellín, no siendo necesaria una nueva delegación toda vez que el
Articulo 351 de este decreto estableció que “Para todos los efectos, las actuaciones
administrativas adelantadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto por
20
Fol. 73 a 74 del cuaderno 1.
21
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y
las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
22
Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte.
23
ARTICULO 10.-Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las siguientes:
En la jurisdicción nacional. El Ministerio de Transporte.
En la jurisdicción distrital y municipal. Los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución.
En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano
o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada.
No se podrá prestar el servicio de transporte público de esta modalidad en un radio de acción diferente al autorizado.
Las autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o distritales, no podrán autorizar servicios de transporte por fuera
del territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
24
“Por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal, se definen las funciones da sus organismos y
dependencias. se crean y modifican unas entidades descentralizadas y se dicten otras disposiciones”.
18
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Demandante: John Henry López Díaz
los organismos, dependencias del nivel central, entidades municipales que cambian
su denominación, se entenderán realizadas según corresponda a la nueva
denominación”.
6. Que existiendo delegación especifica en la Secretaría de Movilidad para tomar
medidas que afecten la capacidad transportadora de las empresas transporte público
colectivo, significa que estamos frente a asunto de única instancia, pues cuando una
función está directamente otorgada por la Ley al Alcalde municipal y este la ha
delegado, como en el caso a estudio, no es susceptible del recurso de apelación de
conformidad con lo establecido en el Artículo 7425 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Que según el Artículo 1226 de la ley 489 de 1998, los actos expedidos por las
autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para
su expedición por la autoridad o entidad delegante, y serán susceptibles de los
recursos procedentes contra los actos de ellas, y en vista de que no existe superior
administrativo del Alcalde, no es procedente el recurso de apelación.
Por lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución N° 802 del 13 de Diciembre de 2012 expedida por la
Secretaria (sic) de Movilidad del Municipio de Medellín y, en consecuencia, queda en
firme la decisión tomada y agotados los recursos de Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente a la Secretaría de Movilidad para los
fines pertinentes, y se comisiona a ésta para la notificación de este acto
administrativo.
[…]”. (Negrilla y subrayado del texto).
II.3. Problema jurídico
51. El problema jurídico que será analizado tiene como finalidad establecer si el
señor John Henry López Díaz se encuentra legitimado en la causa por activa para
instaurar la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por
tratarse de un presupuesto procesal de la acción, el cual debe ser analizado por el
juez de segunda instancia de manera oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 187 de la Ley 143727.
25
ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. (…)
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades
y organismos del nivel territorial.
26
ARTÍCULO 12.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán
sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles
de los recursos procedentes contra los actos de ellas. (…)
27
“[…] ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen
de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando
los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
Sobre la legitimación en la causa como presupuesto procesal ver, entre otras sentencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2021, MP: José Roberto Sáchica Méndez,
radicado núm.: 76001-23-31-000-2011-01668-01 (50093); ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 15 de febrero de 2018, radicado núm.: 13001-23-31-000-
2009-00260-01 (56389); iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de
19
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Demandante: John Henry López Díaz
52. En el evento de llegar a considerarse que el señor John Henry López Díaz se
encuentra legitimado en la causa por activa debe analizarse si la parte demandada,
al expedir los actos cuestionados:
a) Transgredió el debido proceso, los principios de buena fe y la confianza
legítima, así como la regla que prohíbe ir en contra de sus propios actos, al
haber declarado improcedente el recurso de apelación presentado contra el
acto que ordenó cancelar la ruta 097 I y la capacidad transportadora asignada
a la cooperativa Coopcerquín para su operación y;
b) Desconoció lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437, que exige el
consentimiento expreso y escrito del titular para la revocatoria de actos
administrativos de contenido particular y concreto.
II.4. El caso concreto
53. La legitimación en la causa ha sido definida como la idoneidad jurídica que tiene
una persona para formular la demanda o para contradecir las pretensiones de ella,
por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial que plantea el
proceso28.
54. Esta Corporación ha considerado que existen dos clases de legitimación: la de
hecho y la material. La primera “[…] hace referencia a la circunstancia de obrar
dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha indicado
el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente
pretensión procesal. […]29”. Por su parte, la segunda “[…] da cuenta de la
participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-,
con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda 30.
En ese sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que
estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las
partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial
en cuanto al conflicto. […]”31.
junio de 2017, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, radicado núm.: 15001-23-31-000-2010-01230-01 (47921). En esta última
sentencia se dijo que la legitimación en la causa es un presupuesto procesal que el juez de segunda instancia está en
obligación de estudiar y decretar este medio exceptivo cuando sea procedente.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2014,MP: Magistrado Ponente: Dr.
Marco Antonio Velilla Moreno, radicado núm.: 25000 2324 000 2007 00076 01.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, C.P. Danilo
Rojas Betancourth, número único de radicación 25000-23-26-000-1999-00802-01 (28204).
30
“(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde
dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal
que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación
jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está
legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación
del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas,
por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o
de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo
están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la
demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, exp. 76001-23-
31-000-1993-0090-01(14452), actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, C.P. Danilo
Rojas Betancourth, radicado núm.: 25000-23-26-000-1999-00802-01 (28204).
20
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
55. En el presente caso, consta que a través de la Resolución 609 de 200132, la
Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín dispuso reservar a
la cooperativa Coopcerquín la disponibilidad del servicio para habilitarse como
empresa de transporte público colectivo y así servir la ruta Cerros – Quintalinda –
Eterna Primavera en la zona centro oriental de la ciudad. Según el mencionado acto,
la referida empresa debía acreditar los requisitos de habilitación dentro de los tres
(3) meses siguientes a la notificación de la disponibilidad de rutas y frecuencias.
56. Mediante la Resolución 066 de 200333, el secretario de transportes y tránsito de
Medellín otorgó habilitación a la cooperativa Coopcerquín para operar como
empresa de transporte público colectivo, con las siguientes características:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar habilitación a la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Cerros Quinta Linda “COOPCERQUIN”, para operar en la prestación
del servicio de transporte público terrestre, con las siguientes características:
Modalidad: Pasajeros
Radio de acción: Municipal
Forma de contratación: Colectiva
Nivel de servicio: Básico
Tipo de vehículo: Microbús
[…]”. (Negrilla del texto).
57. La cooperativa Coopcerquín y el señor John Henry López Díaz suscribieron el
contrato de vinculación vehicular34, en virtud del cual este se comprometió a prestar
el servicio de transporte colectivo con el vehículo de placas SMT 750, cuyas
principales cláusulas se destacan:
“[…] PRIMERA: EL ASOCIADO, se obliga con COOPCERQUIN a prestar el servicio
de transporte y colectivo con el vehículo ya reseñado, en la Ciudad de Medellín, en la
forma y condiciones establecidas por COOPCERQUIN y las autoridades competentes
en materia de Transporte y Tránsito. SEGUNDA: EL ASOCIADO se obliga con
COOPCERQUIN a pagarle todos los aportes económicos establecidos en los
estatutos y demás reglamentos internos, pago que deberá consignar en la cuenta de
Banco o Corporación asignada por COOPCERQUIN y el tiempo determinado por
esta, en caso de mora COOPCERQUIN cobrará un interés correspondiente a la tasa
máxima legar (sic) vigente, por mes o fracción del mismo. TERCERA: EL ASOCIADO
se obligar (sic) para con COOPCERQUIN a acatar, no solamente las normas legales
de transportes y tránsito COOPCEQUIN a su vez hará cumplir al conductor del
vehículo los reglamentos y disposiciones escritas adoptadas por esta. CUARTA: Los
conductores que presten sus servicios para el manejo de microbuses afiliados a
COOPCERQUIN, son contratados directamente por la Cooperativa y para todos los
efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo de todas
las obligaciones legales y laborales. QUINTA: COOPCERQUIN se obliga a mantener
el vehículo objeto del presente contrato en perfecto estado mecánico, estético y de
presentación. SEXTA: EL ASOCIADO, se compromete a cancelar todos los gastos
que se causen por concepto de impuestos, cuotas o pagos de seguros de vida, de
accidentes a pasajeros y de responsabilidad civil, sanciones económicas de tránsito,
pago de perjuicios con fundamento en responsabilidad civil judicialmente declarada y
32
“[…] Por la cual se reservan unos servicios disponibles en materia de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la
ciudad. […]”. Fol. 26 a 28 del cuaderno 1.
33
“[…] Por medio de la cual se otorga una habilitación para operar como empresa de transporte público colectivo. […]”. Fol.
122 a 124 del cuaderno 1.
34
Fol. 82 del cuaderno 1.
21
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
en general, todos los gastos que las normas establecen en Colombia para este tipo
de vehículos. […]”. (Negrilla del texto).
58. A través de la Resolución 802 de 201235, la Secretaría de Movilidad del municipio
de Medellín dispuso la cancelación de la ruta 097 I y la capacidad transportadora
asignada para su operación a la cooperativa Coopcerquín, con ocasión de la
implementación del Sistema Integrado del Transporte Masivo del Valle de Aburrá
59. Como se observa, los actos administrativos demandados definen la situación
jurídica particular y concreta de la cooperativa Coopcerquín, dado que, a través de
estos la administración dispuso la cancelación de la ruta 097 I y la capacidad
transportadora asignada para su operación.
60. La Sección Primera del Consejo de Estado36, en relación con la legitimación en
la causa por activa de los propietarios de los vehículos cuando se controvierten
actos administrativos que otorgan o revocan permisos de transporte a favor de
empresas, ha considerado los siguiente:
“[…] 44. Para resolver, la Sala recuerda que la legitimación en la causa ha sido
concebida como la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la
demanda -vista desde el extremo activo- o para contradecir las pretensiones de ella
–vista desde el extremo pasivo- por ser el sujeto activo o pasivo de la relación
jurídica sustancial que plantea el proceso .
45. Ha sido clara la distinción entre legitimación en la causa de hecho y la
legitimación en la causa material, pues la primera se refiere a la relación procesal
existente entre el demandante y demandado, la cual surge a partir de la
presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio y, se traduce en la
posibilidad de los sujetos litigiosos para intervenir en el proceso y ejercer los
derechos de defensa y de contradicción. La segunda, supone la conexión de las
partes con los hechos constitutivos del litigio, bien porque dieron lugar a la
producción del daño o porque resultaron perjudicadas37. Bajo tal escenario, habrá
debida legitimación en la causa cuando el actor es la persona a quien le corresponde
formular las pretensiones o cuando el demandado es quien debe responder por la
atribución hecha por el demandante38.
46. Ahora bien y descendiendo al caso en concreto esta Sala de Sección, en su
jurisprudencia pacífica y reiterada ha señalado que los actos administrativos
demandados en este proceso resuelven una situación jurídica y particular de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., para operar como empresa de servicio público
de transporte en unas rutas determinadas (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico - Valle
Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos) y regulan lo
concerniente a su capacidad transportadora , por lo que la legitimación en la causa
por activa radica en la citada empresa y no en los propietarios de los vehículos
automotores vinculados, quienes procesalmente pueden acudir al proceso como
coadyuvantes.
[…]
35
Fol. 36 a 39 del cuaderno 1.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2022, CP: Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 08001-2331- 000- 2011-00405 02.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, sentencia de 14 de diciembre
de 2015, radicado: 44001-23-31-000-2009-00002-01(40732). actor: Esther María Robles Matos y otros, CP: Ramiro Pazos
Guerrero.
38
Sentencia del Consejo de Estado del 17 de julio de 2014, Número de Radicado: 250002324 000200700076, actor: Trasuran,
Magistrado Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
22
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
51. De conformidad con los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales
prohijados por esta Sala se concluye lo siguiente:
52. En primer lugar, las resoluciones acusadas son actos administrativos de
contenido particular y concreto, en cuanto resuelven la situación jurídica de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., en su calidad de persona jurídica, al regular lo
atinente a la modificación de la capacidad transportadora y dispusieron la
reestructuración y revocatoria del permiso de operación de transporte público
colectivo para algunas rutas determinadas por la entrada en operación del Sistema
de Transporte Masivo de Pasajeros Transmetro (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico
• Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos).
53. En segundo lugar, si bien la señora Lucila Parra Triana es propietaria de los
vehículos identificados con las placas UYN-638 y UYO-465, los cuales se
encuentran vinculados a la empresa Transportes Lolaya Ltda., mediante los
contratos Nos. 178-430 y 415–403, respectivamente, no es menos cierto que la
relación que mantiene la hoy demandante con la citada empresa es de naturaleza
contractual, la cual dista de la relación legal existente entre la empresa Transportes
Lolaya y el Área Metropolitana.
54. En efecto, según se lee del contrato de vinculación 178-430 del año 2008 (sin
especificar día y mes39), suscrito entre la empresa Transportes Lolaya Ltda. y la
señora Lucila Parra Triana, dicho acuerdo de voluntades tuvo como objeto “(…)
vincular el vehículo automotor de placas UYN-638 al servicio público terrestre
urbano de pasajeros a través de la empresa Transportes Lolaya Limitada para que
haga parte de la capacidad transportadora del parque automotor que tiene
autorizado por las autoridades de tránsito (…) Este vehículo automotor prestará el
servicio en las rutas actualmente asignada a la EMPRESA o en cualquier ruta que
con posterioridad sea adjudicada a la misma” y con un término de duración de seis
(6) meses renovable por un término adicional.
55. Así mismo, según consta en el contrato de vinculación 415-403 del 201040 (sin
especificar día y mes) suscrito entre la empresa Transportes Lolaya Ltda. y la señora
Lucila Parra Triana, aquel tuvo como objeto “(…) vincular el vehículo automotor de
placas UYO 465 al servicio público terrestre; urbano de pasajeros a través de la
empresa Transportes Lolaya Limitada para que haga parte de la capacidad
transportadora del parque automotor que tiene autorizado por las autoridades de
tránsito (…) Este vehículo prestará el servicio en las rutas actualmente asignada a
la EMPRESA o en cualquier ruta que con posterioridad sea adjudicada” y con un
término de duración de seis (6) meses, con posibilidad de renovación.
56. En tercer lugar, se colige que en la empresa Transportes Lolaya Ltda., en su
calidad de persona jurídica recae el interés jurídico que se debate en el presente
proceso, en consideración a que dicha sociedad es la destinataria de las decisiones
de la administración mediante las cuales se dispuso la modificación de la capacidad
transportadora, la reestructuración y la revocatoria del permiso de operación de
ciertas rutas con ocasión de la entrada en operación del Sistema de Transporte
Masivo de Pasajeros Transmetro. Sin embargo, dicha condición no se predica de
los propietarios de los vehículos, como personas naturales, quienes procesalmente
pueden concurrir como coadyuvantes.
[…]
58. En cuarto lugar, se tiene que, en el presente proceso, no se discute la existencia
de la legitimación de hecho, la que se origina con la presentación de la demanda y
la notificación del auto admisorio y se traduce en la posibilidad de intervenir en el
39
Folios 45 a 47 del cuaderno principal.
40
Folios 41 a 43 del cuaderno principal.
23
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
proceso, sino la ausencia de legitimación material que ubica al juzgador en la tarea
de auscultar la existencia de un verdadero interés legítimo de las partes,
presupuesto que de no verificarse conlleva a la existencia de un fallo denegatorio
de las pretensiones. En este sentido, esta Corporación ha expresado que «[…] la
legitimación en la causa se entiende como la “posición sustancial” que tiene el sujeto
procesal “en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o
litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no
derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exoneran de las
segundas”41. La legitimación en la causa, por lo tanto, permite reconocer al sujeto
autorizado para intervenir en el proceso, formulando u oponiéndose a las
pretensiones de la demanda (dependiendo de la calidad de sujeto activo o pasivo
frente a la relación jurídica). Así mismo, la legitimación en la causa es una cuestión
de mérito (…)».
59. A partir de los anteriores derroteros jurisprudenciales que esta Sala prohíja, se
colige que, si bien la señora Lucila Parra Triana está legitimada procesalmente o de
hecho para incoar la presente demanda, no lo está desde un punto de vista material,
pues los actos administrativos acusados tienen la virtualidad de afectar la situación
particular y concreta de la persona jurídica Transportes Lolaya Ltda. […].”.
(Subrayado fuera del texto).
61. La anterior posición ha sido reiterada por esta Sección en sentencias de 14 de
septiembre de 201742, de 5 de abril de 201843, de 26 de noviembre de 202044, entre
otras decisiones judiciales45, en las cuales se ha señalado que la legitimación en la
causa por activa para cuestionar la legalidad de actos administrativos mediante los
cuales se otorgan o revocan permisos de transporte recae en los destinatarios de
estos, y no en los propietarios de los vehículos vinculados con las empresas en
virtud de una relación contractual, quienes en todo caso pueden concurrir al proceso
como coadyuvantes.
62. Así las cosas, y conforme con la jurisprudencia citada supra, la Sala considera
que el señor John Henry López Díaz no está legitimado en la causa por activa, toda
vez que el titular del interés jurídico que se debate en el proceso recae en la
cooperativa Coopcerquín.
63. Por lo expresado, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa. En consecuencia, se inhibirá de emitir un pronunciamiento sobre el fondo
del asunto.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Número de Radicado;
Expediente 68001-23-15-000-1995-01120-01(22159) actor: Luz Stella Calderón Martínez y otro, demandado: Corporación de
Defensa de La Meseta De Bucaramanga, M, P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2017,
radicado núm.: 08001-33-31-004-2011-00556-01.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicación número: 08001-23-31-004-2011-
00559-01, sentencia de 5 de abril de 2018, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (De conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta
Corporación).
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 08001-23-31-000-2011-00369-01,
sentencia de 26 de noviembre de 2020, MP: Hernando Sánchez Sánchez.
45
i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 2 de febrero de 2012.
radicado núm.: 2011 – 00368, CP: María Elizabeth García González; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, providencia de 26 de julio de 2012, radicado núm..: 2011 – 00468, CP: María Elizabeth
García González; iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.° de
noviembre de 2012, radicado núm.: 2011 – 00517. CP: María Claudia Rojas Lasso; iv) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 23 de mayo de 2013, radicado núm.: 2011 – 00519, CP: Marco
Antonio Velilla Moreno; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.° de
marzo de 2007, radicado núm.: 2006 – 03336, CP: Martha Sofía Sanz Tobón.
24
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
II.5. Condena en costas y otros pronunciamientos
64. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con el
artículo 361 y 365 (numerales 4.46 y 8.47) de la Ley 1564 y atendiendo al criterio
objetivo–valorativo, la Sala no condenará en costas a la parte demandante, por
cuanto las mismas no se encuentran probadas en el expediente.
65. Finalmente, se reconocerá al abogado Andrés Felipe Correa Hernández, como
apoderado judicial de la parte demandante, conforme a la sustitución de poder que
obra en el expediente digital48.
II.6. Conclusiones
66. Por las razones expresadas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa. En consecuencia, se inhibirá de decidir sobre las pretensiones
de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2016, proferida por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa y, en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las
pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: RECONOCER al abogado Andrés Felipe Correa Hernández, como
apoderado judicial de la parte demandante, conforme a la sustitución de poder que
obra en el expediente digital.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
46
“[…] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias. […]”.
47
“[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
[…]”.
48
Índice 12 Samai.
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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01802-01
Demandante: John Henry López Díaz
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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