Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01745-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01745-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01745-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Falta de legitimación en la causa por activa de los propietarios de
los vehículos para promover demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho contra actos administrativos que
confieren o revocan permisos de transporte. Reiteración
jurisprudencial
Decisión: Modifica, declara probada excepción y se inhibe para decidir sobre
las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 18 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. DEMANDA
El 30 de octubre de 2013, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA),
los señores Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo (en adelante la
parte actora), presentaron la demanda de la referencia en contra del Municipio de
Medellín (en adelante el municipio o la parte demandada).
1.1. Pretensiones
PRIMERO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos comprendidos en
las siguientes Resoluciones: No. 802 de 13 de diciembre de 2012, notificada por aviso
el día 28 de diciembre de 2012, “Por medio de la cual se dispone la cancelación de
ruta (s) y el ajuste de la capacidad transportadora de una empresa de transporte
Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
público colectivo terrestre automotor de pasajeros”, No 201 del 15 de abril de 2013,
notificada por aviso el día 6 de mayo de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición”, y No 0414 del 9 de julio de 2013, notificada por aviso el día 6
de agosto de 2013, Por medio de la cual se declara improcedente el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No 802 del 13 de diciembre de 2012,
emitida por la Secretaría de Movilidad”.
SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLÍN –
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, permitir la continuación de la operación de la ruta
097i con los vehículos de servicio público de nuestra propiedad, los cuales hacen
parte del parque automotor de la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA, -COOPCERQUIN- legalmente
habilitada para prestar el servicio público de transporte a la estación Exposiciones del
Metro de Medellín, mediante resolución No 330 de 2005 expedida por la Secretaría
de Transporte y Tránsito de Medellín, cancelándonos todos los dineros dejados de
percibir desde el momento que dejamos de prestar el servicio público hasta el
momento de ejecutoria del presente fallo, todos estos valores debidamente indexados
y con sus respectivos intereses de mora. Estos valores se cancelarán bajo la
modalidad del daño emergente y el lucro cesante, el cual se estima de la siguiente
manera:
Daño Emergente: Trescientos veintiún millones doscientos mil pesos ($321.200.000)
Lucro cesante: Mil ochocientos nueve millones doscientos sesenta y dos mil
ochocientos setenta y ocho pesos ($1.809’262.878)
Estos valores se justificarán por medio de la prueba pericial que se aporta a la
presente demanda.
TERCERO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia en los términos del
Artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: Vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo
del Artículo 192 del C.P.A.C.A. sin que la demandada hubiese realizado el pago
efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas
causarán un interés moratorio a la tasa comercial.
QUINTO: Se condene a la entidad accionada al pago de costas y agencias en
derecho1.
1.2. Actos cuestionados
• Resolución núm. 802 de 2012, expedida por la Secretaría de Movilidad del
Municipio de Medellín, dispuso la cancelación de la ruta 097i y la capacidad
transportadora asignada para su operación a la cooperativa Coopcerquín, con
1 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Demandado: Municipio de Medellín
ocasión de la implementación del Sistema Integrado del Transporte Masivo del
Valle de Aburrá, en los siguientes términos:
Conforme al Artículo 2° de la Constitución Política, “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.”.
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares...”.
2. El Artículo 24 de la Carta Política, establece que; "Todo colombiano, con las
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia...”.
3. La función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios
Constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones, como lo establece el artículo 209 de la Constitución Política.
4. Por su parte la ley 105 de 1993 en el capítulo segundo donde hace relación a los
principios rectores del transporte el literal b) establece "intervención del Estado.
“Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del
transporte y de las actividades a él vinculadas…” Es de esta manera como deberá
intervenir el estado realizando los ajustes necesarios para adecuación de nuevos y
mejores sistemas de transporte.
5. Conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 "el otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares no
genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o
permisos...”. Complementa el artículo 18 de la ley 336 de 1996 cuando precisa que
“El permiso para la prestación del servicio es revocable e intransferible, y obliga a su
beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas...”.
6. Sobre la revocabilidad de los permisos en transporte ha manifestado el Máximo
Tribunal Constitucional: "La expedición de las Resoluciones que modifican la
capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo de esa
ciudad no corresponde a actos personales y concretos que requieran el
consentimiento previo de las empresas. Al contrario, se trata de una de las
manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para "introducir
las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y
funcionamiento del servicio de transporte (...)
7. Ante la dinámica del crecimiento de las ciudades, la motorización y la expansión
del área urbana que generan grandes desafíos al sistema de transporte, el Gobierno
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Nacional incorporó el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
como uno de los proyectos del subsector transporte dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2003 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, aprobado mediante la Ley
812 de 2003.
8. Conforme al documento Conpes 3307, “Sistema Integrado de Servicio Público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá” dentro de las
condiciones de participación de la nación se requiere el cumplimiento de algunos
presupuestos para la operación del sistema y la regulación del transporte y tránsito,
entre los que se encuentra: “definir e implantar diferentes mecanismos que garanticen
la reducción de la sobreoferta, entre otros, la cancelación de matrículas, la definición
de la reglamentación de los procedimientos de desintegración física y su verificación,
de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte...”.
9. Para determinar y atender la problemática de movilidad en el Valle de Aburrá se
han elaborado, entre otros, los siguientes estudios técnicos:
• Diseño operacional, financiero, de infraestructura, económico, socio-ambiental y
físico-espacial para el proyecto Metroplús, elaborado por la Empresa de Transporte
del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.; el cual arrojó un diagnóstico que permitió
concluir que la prestación del servicio de transporte no se desarrollaba en las
condiciones de comodidad, accesibilidad y seguridad determinados en los principios
que regulan la prestación de dicha actividad.
• Encuesta Origen Destino, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia.
• El Plan Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá, aprobado por el Acuerdo Municipal
042 de 2007, en el que se identificaron los requerimientos de movilidad de la Región
Metropolitana al 2020 y se determinó la necesidad de impulsar el desarrollo del
transporte masivo y la integración física, tarifaria, institucional y operacional de todos
los modos de transporte.
• La Estructuración Técnica del SIT-VA, elaborada por la Unión Temporal Akiris S.A.,
Steer Davies y Nohora Patricia Acero que soportan la implementación y viabilidad de
la operación del sistema.
• La Estructuración de las rutas de transporte público colectivo urbanas de Medellín y
metropolitanas complementarias al SIT-VA., elaborado por la Unión Temporal Akiris
S.A., Steer Davies.
10. Mediante la Resolución Metropolitana No MO-0001130 del 08 de septiembre de
2009, se reglamentó el funcionamiento y uso del cuarto de catos (sic) del Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA., disposición que fue modificada
por las Resoluciones Metropolitanas Nos MO-001381 y MO-0001576 del 19 de
noviembre de 2009, con el propósito de dar a conocer la información que soporta las
condiciones por las que se regirá la operación del servicio de transporte masivo de
pasajeros bajo la modalidad terrestre automotor.
11. El Gobierno Nacional y la Región Metropolitana dando cumplimiento al carácter
prioritario y a la propensión de sistemas masivos y basados en estudios técnicos
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“análisis del número de vehículos a racionalizar por la entrada en operación de la
troncal Metroplús Universidad Medellín - Aranjuez”, ha puesto en marcha la
implementación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá SIT-VA, con
el que se garantizará a los habitantes en forma concreta la satisfacción de las
necesidades de movilización, bajo condiciones de eficiencia, calidad, seguridad y
comodidad.
12. El 3 de febrero de 2011 se firma convenio interadministrativo No. 4600031108 el
cual tiene por objeto la entrega por parte del Municipio "la explotación de los
corredores viales Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal (Estación Industriales del
Metro - Avenida Oriental – Avenida Echeverri - Carrera Bolivar - Estación Hospital del
Metro), genéricamente denominadas Metroplús, en forma especial y exclusiva..."
además Establece en la cláusula Décima Primera que: “EL MUNICIPIO asume el
compromiso de realizar las actividades que le competen como autoridad de transporte
público colectivo, necesarias para garantizar la reestructuración del mismo, del que
deberá derivarse la eliminación y modificación de rutas, disminución de capacidad
transportadora de las empresas de transporte público colectivo que operen en la
respectiva cuenca, de conformidad con los parámetros definidos por la autoridad de
transporte masivo; lo anterior con el fin de que no queden recorridos superpuestos
que incrementen los costos, incentiven la competencia entre modos por el pasajero y
no se propenda por un eficiente, cómodo y seguro servicio, de conformidad con las
Políticas de Movilidad Regional.”
13. Que mediante Acuerdo Metropolitano No. 5 del 04 de Febrero 2011 se autoriza a
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada para la prestación del
servicio de la Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal Avenida Oriental y para
adelantar los respectivos procesos contractuales de los servicios de alimentación al
Sistema en las Cuencas 3 y 6, como primera fase, bajo las Políticas de Movilidad
Regional y Parámetros que le determine la autoridad de transporte masivo;
facultándose al Director de la Entidad para determinar los Parámetros necesarios para
la prestación del servicio en la Troncal U. de M. - Aranjuez y Pretroncal y los servicios
de alimentación al Sistema en las Cuencas 3 y 6, como primera fase.
14. A través de la Resolución Metropolitana N° D 918 del 5 de julio 2011, modificada
por la resolución metropolitana N° 348 del 16 de febrero de 2012, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá adopta los parámetros para la prestación del
servicio de la Troncal U de Medellín - Aranjuez, la Pretroncal Avenida Oriental y los
servicios de alimentación de las Cuencas 3 y 6 del SITVA;
Es de esta manera como se reorganiza el Transporte Público Colectivo en las
Cuencas 3 y 6 del SITVA, en cuanto a reducción de capacidad transportadora y/o
eliminación de rutas necesarias para la implementación del Sistema Masivo, ello con
base en los estudios técnicos antes mencionados contratados para el efecto y
avalados por el Municipio de Medellín.
15. En la citada Resolución Metropolitana se estableció que “...antes de la entrada en
operación de las rutas y servicios de la troncal y pretroncal del municipio de Medellín
y la alimentación de las cuencas 3 y 6 del SIT-VA, la autoridad municipal de transporte
competente, deberá certificar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su calidad
de autoridad de transporte masivo y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
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Aburrá Limitada que se encuentran notificados los actos administrativos de reducción
de capacidad transportadora y/o eliminación y/o modificación de rutas y/o
reorganización de rutas, con base en los estudios técnicos contratados por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y que fueron avalados por el municipio de Medellín.”
16. La Resolución Metropolitana 2256 del año 2011, que modificó la Resolución
Metropolitana 1066 de 2010, establece en su artículo 12 que, “Se le dará prioridad a
la compra de los vehículos de las rutas que se verán comprometidas con la entrada
en operación de la troncal de Metroplús Universidad de Medellín Aranjuez, previo
análisis técnico y aprobación por parte del Área”.
17. En ejercicio de la autoridad que en materia de transporte público colectivo urbano
ejerce la Secretaría de Movilidad de Medellín y en desarrollo de los principios de
economía, eficiencia y coordinación que debe regir en la planificación y organización
del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá -SITVA- se hace necesario
expedir las actuaciones administrativas tendientes a reducir la capacidad
transportadora y/o eliminar las rutas necesarias para la implementación del Sistema
Masivo.
En consideración a lo expuesto, el Secretario de Movilidad de Medellín, en uso de sus
facultades Constitucionales y Legales;
RESUELVE:
Artículo Primero: Disponer la CANCELACIÓN de la RUTA 097 I y la capacidad
transportadora asignada para su operación a la empresa de transporte público
colectivo terrestre automotor de pasajeros COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN. Según se
discrimina en el siguiente cuadro:
Artículo Segundo: De acuerdo a la cancelación de la ruta del Artículo primero, la
empresa COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE TRANSPORTADORES CERROS
DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN. Quedará operando con tres vehículos menos.
Artículo Tercero: La empresa de COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN, una vez
cobre ejecutoria el presente Acto contará la empresa con un término de (60) días para
indicar las placas de los vehículos que saldrán por este proceso, lo anterior para que
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la Secretaría de Movilidad proceda a expedir actos administrativos de carácter
particular.
Parágrafo 1: De no darse cumplimiento a lo dicho en el presente artículo, la Secretaría
de Movilidad; realizará sorteo con todas las placas del parque automotor
pertenecientes a la empresa COOPERATIVA MUTIACTIVA (sic) DE
TRANSPORTADORES CERROS DE QUINTA LINDA COOPCERQUIN, hasta
completar las cifras a racionalizar con el número de vehículos.
Parágrafo 2: Una vez se defina los vehículos que saldrán de operación, se procederá
por parte de la Secretaría de Movilidad a realizar los Actos Administrativos tendientes
a la cancelación de las tarjetas de operación.
Artículo Cuarto: Para garantizar la prestación del servicio de transporte público
colectivo, la cancelación de la ruta y las respectivas tarjetas de operación de los
vehículos que saldrán de la capacidad transportadora de la empresa, este acto y sus
consecuentes surtirán efecto a partir del primer día de operación de los servicios de
alimentación de la cuenca del SITVA a la que pertenecen y que fueron adjudicados al
concesionario respectivo.
Artículo Quinto: Remitir al operador de trámites de la Secretaría de Movilidad todo lo
actuado, para que una vez ejecutoriada la presente Resolución, proceda a realizar las
anotaciones pertinentes en el registro y las bases de datos físicas y magnéticas de la
Secretaría.
Artículo Sexto: Contra la presente resolución procede los recursos de reposición ante
quien expide la resolución y apelación ante el inmediato superior administrativo o
funcional que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los (10) diez días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del términos (sic) según el caso; en los términos consagrados en los
artículos 74, 75, 76 y 77 de la ley 1437 de 20112.
• Resolución núm. 201 de 2013, expedida por la Secretaría de Movilidad del
Municipio de Medellín, resolvió no reponer la resolución inicial y concedió el
recurso de apelación el cual debía surtirse ante el alcalde, así:
1. VIOLACION AL CONTROL CONSTITUCIONAL Y LEGAL JERARQUICO:
VÍA DE HECHO
Si bien es cierto en la notificación realizada al recurrente el día 27 de diciembre de
2012 donde se indica que el recurso de reposición de la resolución 802 del 13 de
diciembre de 2012 deberá ser interpuesto ante el líder de programa de planeación de
transporte de la Secretaría de Movilidad y el recurso de apelación ante el Secretario
de Movilidad, en al (sic) actuar de la administración no se materializa la violación al
control constitucional a que hace mención el recurrente toda vez que el recurso de
reposición es conocido por el Secretario de Movilidad quien es el que profirió el acto
2 Ibidem.
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administrativo y en caso que no se recurra el mismo, el recurso de Apelación se surtirá
ante el Alcalde Municipal.
2. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, ARTÍCULO 29 SUPERIOR
Sea lo primero indicar que en Colombia los servicios públicos están sometidos al
régimen jurídico que fija la Ley, por lo cual el Estado mantendrá la regulación,
vigilancia y control sobre los mismos, bajo la prevalencia del interés general sobre el
particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el
reglamento para cada modo de transporte.
Uno de los principios del Transporte Público es el acceso a éste, exigiéndose a las
autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso
de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con
la demanda, y propendiendo por el uso de transporte masivo.
[…]
La implementación de los Sistemas Masivos se encuentran (sic) condicionados a la
estructuración del transporte público colectivo, mediante la eliminación y modificación
de rutas, con el fin de que no queden recorridos superpuestos, que incrementen los
costos, incentiven la competencia entre modos por el pasajero y presten un mal
servicio, lo cual se encuentra consagrado en los documentos CONPES y las Políticas
de Movilidad Regional del SITVA.
Constituye una política de ciudad y del Valle de Aburrá impulsar la implementación de
un sistema integrado de transporte para el Valle de Aburrá (SITVA) conformado por
Metro, Metroplús, Cables, Tranvía, Ruta Alimentadoras. El Sistema Metroplús forma
parte del Plan de Expansión del Metro de Medellín, es decir, lo que le ocurre a las
empresas de transporte urbano colectivo no es nada diferente que el resultado de la
aplicación de las políticas de movilidad que fija el gobierno y que no requieren
actuaciones administrativas previas frente a cada empresa para su implementación
toda vez que es el Estado para el caso concreto la Secretaría de Movilidad de
Medellín, haciendo uso de su potestad reguladora ejecuta las actuaciones
administrativas necesarias para la exitosa implementación de los sistemas masivos,
dando así cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Unidos un Hogar para la
Vida" contempla en la Línea 3 "Competitividad para el Desarrollo Económico con
Equidad", el Componente 2: “Desarrollo urbano para la competitividad”, teniendo
como Objetivo: Fomentar el desarrollo urbano en la ciudad a través del mejoramiento
de su infraestructura física con la finalidad de fortalecer las condiciones, la
competitividad de la región, y hacerla más atractiva para el emplazamiento de
empresas e inversionistas en general, mediante programas como seguridad vial y
cultura ciudadana para una mejor movilidad; construcción y mantenimiento de
infraestructura pública; Sistema integrado de transporte; Conectividad física regional
y nacional; desarrollo urbano inmobiliario, y gestión territorial para la construcción del
cinturón verde.
3. INCOMPLETA NOTIFICACIÓN Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA
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Es claro que en virtud del Estatuto General del Transporte Ley 336 de 1996, la
habilitación del servicio público de transporte a particulares constituye un acto
administrativo de autorización indefinida otorgada por el Estado, para que cumplidos
ciertos requisitos legales o reglamentarios, que consultan las necesidades del bien
común y de la seguridad pública, sean estos quienes desarrollen dicha actividad y el
usufructo de la ejecución de la misma que originalmente estaría a cargo del Estado,
pero no compone un derecho adquirido, ni impide que a futuro el Estado opte por
prestar dicho servicio directamente a la comunidad.
La capacidad transportadora es otorgada a la empresa mas no a los propietarios de
los vehículos por esto es que el acto administrativo se difiere es directamente a la
empresa transportadora y no a otras personas en relación de las cuales no se puede
predicar la existencia de atribuciones.
4. IGUALDAD ANTE LA LEY, SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS ADJUDICATARIOS
Y TRANSPORTADORES. LAS PERSONAS TIENEN DERECHO AL MISMO TRATO
Y PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES
El proyecto Metroplús fue de amplia divulgación, socialización y explicación mediante
diferentes medios y adicionalmente el proceso licitatorio 01 de 2012 fue debidamente
publicado en la página del gobierno nacional www.contratos.gov.co. Todos aquellos
ciudadanos interesados en el transporte de pasajeros podían tener acceso al proceso
que se llevó a cabo y dar lectura a todos y cada uno de los documentos que hicieron
parte del mismo, de lo (sic) concluimos y evidenciamos fue un proyecto incluyente y
no discriminatorio.
En éstos se explicó claramente sobre el proyecto Metroplús y la descripción de las
zonas a licitar y su área de influencia con el tradicional sistema de transporte terrestre
colectivo, que para el caso específico de la cuenca 6 incluía el proyecto Tranvía de
Ayacucho, Cables y alimentaciones. El hecho de que si por alguna razón los
empresarios no se documentaron o interesaron en el mencionado proceso y
decidieron quedarse por fuera del mismo, no significa que no hubieran tenido el
mismo derecho de participar que los ganadores del proceso.
[…]
5. CANCELACIÓN DE RUTA: EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN PARA LAS
EMPRESAS
En cuanto a la expropiación de la que habla el recurrente resulta oportuno aclararle
que a la luz de la Corte, se entiende por derecho adquirido “Aquellas situaciones
individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y
que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser
respetado...”, situación que ratifica el doctrinante Valencia y Ortíz quien afirma que:
“Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que
hacen parte de él y que nadie nos los puede arrebatar...” atendiendo a éstas
definiciones el decreto 170 de 2001 en su Artículo 17 estipula que: “Sin perjuicio de
las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio la habilitación será
indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su
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otorgamiento.", a su vez el artículo 18 de ley 336 de 1996 precisa que “El permiso
para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a
su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas" y el
numeral 5 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares,
no generan derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o
permisos.
[…]
Posteriormente y en cumplimiento de todo lo anterior la administración en ejercicio de
la autoridad que en materia de transporte público colectivo urbano ejerce y en
desarrollo de los principios de economía, eficiencia y coordinación que debe regir en
la planificación y organización del Sistema Integrado de Transporte del Valle de
Aburrá - SITVA- procede a expedir las actuaciones administrativas tendientes a
reducir la capacidad transportadora y/o eliminar las rutas necesarias para la
implementación del Sistema Masivo, lo cual evidencia que el obrar de la
administración estuvo encajado perfectamente dentro de los principios de seguridad
jurídica, respeto al acto propio y buena fe, pues obro (sic) en cumplimiento del
ordenamiento jurídico y en uso de las facultades y obligaciones que la ley le fija.
Sin embargo, pese a que la implementación del proyecto no era más que la búsqueda
del bien común para la sociedad, la administración en aras de proteger a quienes se
encontraban amparados por la confianza legítima, desarrollo (sic) un plan de
socialización del proyecto Metroplús el cual tenía como objetivo principal dar a
conocer el mismo y sus implicaciones a la comunidad en general y en especial al
gremio transportador.
Las principales actividades desarrolladas fueron:
[…]
6. FALSA O ERRÓNEA MOTIVACIÓN
[…]
Queda claro que a la luz del decreto 170 de 2001 la autoridad podrá en cualquier
tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente
el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de
demanda, en este punto confunde el recurrente los términos revocatoria y pérdida de
efectos jurídicos del acto administrativo (revocatoria tácita), toda vez que de manera
tácita al cancelar las rutas desaparecen los efectos jurídicos de los actos
administrativos que las asignan, es decir, no se cancela el permiso de operación de
la empresa (Habilitación) porque la misma no desaparece, de hecho continuará
operando, sin embargo al cambiar las circunstancias del servicio por la entrada en
operación del Metroplús, se hace necesario que se reestructure el mismo a fin de
evitar duplicidades en el servicio y que entren en conflicto los sistemas (SITVA y
urbano colectivo).
7. INDETERMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
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Con respecto a lo que indica el recurrente, la fecha es determinable, esto quiere decir
que en estrada (sic) en operación de los servicios alimentadores del SITVA surtirán
efecto las consecuencias del acto administrativo y para esto se establecieron
cronogramas de implementación que en su momento fueron socializados con las
empresas.
De conformidad con todo lo anterior, una vez analizado el escrito y en mérito de lo
expuesto el SECRETARIO DE MOVILIDAD DE MEDELLIN;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la decisión adoptada en la resolución 802
proferida el 13 de diciembre de 2012 “por medio de la cual se ajusta la capacidad
transportadora a una empresa de transporte público colectivo terrestre automotor de
pasajeros a sus rutas originales.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Señor Alcalde
Municipal; en consecuencia remitir copias al despacho del señor Alcalde para lo
Pertinente3.
• Resolución núm. 414 de 2013, expedida por la Alcaldía de Medellín, mediante la
• cual declaró improcedente el recurso de apelación, en los siguientes términos:
“[…] 3. Que analizada la competencia atribuida para conocer sobre asuntos
relacionados con el transporte público, vemos como, en desarrollo de las Leyes 105
de 199321 y 336 de 1996, que regulan la operación del transporte público en
Colombia, fue expedido el Decreto 170 de 2001, reglamentario de la modalidad de
servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano distrital y
municipal de pasajeros, el cual en su Artículo 10 estableció que en materia de
transporte y dentro de la jurisdicción municipal, son competentes los alcaldes
municipales o en los que estos deleguen tal atribución.
4. Que dentro del Municipio de Medellín, el Alcalde municipal mediante el Decreto 248
del 17 de Febrero de 2012, delegó en el Secretario de transportes y transito (sic) la
facultad para expedir los actos administrativos, para reestructurar las rutas de
transporte publico colectivo urbano de pasajeros previstas en la Resolución
metropolitana N° 918 de 2011 y sus modificaciones si a ello hubiera lugar.
5. Que en virtud del Decreto Municipal N° 1364 de 201224 la Secretaria de Transporte
y Transito adquiere la nueva denominación de Secretaria de Movilidad quien
continuará ejerciendo las funciones en materia de transporte y transito dentro del
Municipio de Medellín, no siendo necesaria una nueva delegación toda vez que el
Articulo 351 de este decreto estableció que “Para todos los efectos, las actuaciones
administrativas adelantadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto por
los organismos, dependencias del nivel central, entidades municipales que cambian
su denominación, se entenderán realizadas según corresponda a la nueva
denominación”.
3 Ibidem.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
6. Que existiendo delegación especifica en la Secretaría de Movilidad para tomar
medidas que afecten la capacidad transportadora de las empresas transporte público
colectivo, significa que estamos frente a asunto de única instancia, pues cuando una
función está directamente otorgada por la Ley al Alcalde municipal y este la ha
delegado, como en el caso a estudio, no es susceptible del recurso de apelación de
conformidad con lo establecido en el Artículo 7425 (sic) de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Que según el Artículo 1226 (sic) de la ley 489 de 1998, los actos expedidos por las
autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para
su expedición por la autoridad o entidad delegante, y serán susceptibles de los
recursos procedentes contra los actos de ellas, y en vista de que no existe superior
administrativo del Alcalde, no es procedente el recurso de apelación.
Por lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución N° 802 del 13 de Diciembre de 2012 expedida por la
Secretaria (sic) de Movilidad del Municipio de Medellín y, en consecuencia, queda en
firme la decisión tomada y agotados los recursos de Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente a la Secretaría de Movilidad para los
fines pertinentes, y se comisiona a ésta para la notificación de este acto
administrativo4.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas la parte actora señaló los artículos 2, 29, 53, 83 y 333
de la Constitución Política, la Ley 336 de 1996, el Decreto 3109 de 1997, el Decreto 170
de 2001, y los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 137 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Hechos
Como parte de los hechos que sustentan la demanda, los señores Iván de Jesús Ossa
Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo expusieron que la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Cerros de Quinta Linda (COOPCERQUIN), tiene por objeto el desarrollo
de actividades de transporte de personas y carga.
Refirieron que, mediante Resolución núm. 609 de 20 de diciembre de 2001, la Secretaría
de Transportes y Tránsito del Municipio de Medellín reservó a favor de dicha cooperativa
la disponibilidad del servicio para habilitarse como empresa de transporte público
colectivo terrestre automotor y operar la ruta Cerros – Eterna Primavera, correspondiente
4 Ibidem.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
a la zona centro oriental de la ciudad, condicionando dicha habilitación al cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios dentro de los tres meses siguientes a la
notificación del acto administrativo.
Indicaron que la cooperativa obtuvo posteriormente la habilitación para la prestación del
servicio público de transporte mediante Resolución núm. 066 de 27 de mayo de 2003,
notificada el 28 de mayo del mismo año, y que acreditaron el cumplimiento de las
condiciones allí previstas, además de ostentar la propiedad de los vehículos identificados
con placas TSF-114 y TSE-892, vinculados a la cooperativa mediante acuerdos
cooperativos suscritos el 25 de mayo de 2009.
Igualmente, precisaron que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, a través
de la Resolución núm. 802 de 13 de diciembre de 2012, dispuso la cancelación de la ruta
097i y de la capacidad transportadora asignada para su operación.
Señalaron que dicha decisión fue confirmada en sede de reposición mediante la
Resolución núm. 201 de 15 de abril de 2013, en tanto que el recurso de apelación fue
declarado improcedente mediante la Resolución núm. 414 de 9 de julio de 2013.
Fundamentos de derecho
La parte actora sostuvo que en el trámite administrativo que culminó con la expedición
de los actos acusados, se vulneraron de manera ostensible los derechos al debido
proceso, defensa y contradicción, en la medida en que la administración se abstuvo de
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 802 de 13 de
diciembre de 2012, pese a que, inicialmente, había reconocido su procedencia. Señaló
que la posterior decisión del alcalde de declarar improcedente dicho recurso desconoció
las actuaciones adelantadas por su delegatario y, con ello, la figura misma de la
delegación administrativa, además de contrariar los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y respeto por los actos propios.
Asimismo, afirmó que los actos demandados desconocieron el principio de legalidad, en
tanto la decisión adoptada equivalía, en la práctica, a una revocatoria directa del acto
administrativo que otorgó la habilitación para la prestación del servicio público de
transporte, sin contar con el consentimiento previo, expreso y escrito, en contravía de lo
previsto en los artículos 15 y 18 de la Ley 336 de 1996.
De igual forma, manifestó que el artículo 17 del Decreto 170 de 2001 prevé que la
habilitación para prestar el servicio público de transporte tiene carácter indefinido y que,
si bien los actos que la conceden pueden ser revocados, ello únicamente procede cuando
se acrediten modificaciones en las condiciones de prestación del servicio o
incumplimientos atribuibles al operador.
Bajo ese entendido, indicó que en el presente asunto no se configuró ninguna
circunstancia que justificara la cancelación de la ruta 097i operada por la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Cerros de Quinta Linda –COOPCERQUIN–.
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Demandado: Municipio de Medellín
Adicionalmente, alegó la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo y al
mínimo vital, al considerar que la cancelación de la ruta afectaba directamente la
estabilidad laboral de los conductores vinculados a los vehículos afiliados a la empresa
demandante.
También aseguró que la parte demandada desconoció los artículos 336 y 365 de la
Constitución Política, pues la privación de la actividad lícita de prestación del servicio
público de transporte debía estar precedida de una indemnización. En ese sentido,
advirtió que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, los vehículos
involucrados aún contaban con vida útil para continuar prestando el servicio público de
transporte.
Finalmente, concluyó que las decisiones adoptadas por el Municipio de Medellín
constituían una vía de hecho administrativa y vulneraban el principio de confianza
legítima. Añadió que las actuaciones cuestionadas respondían a una política pública
orientada a concentrar la prestación del servicio público de transporte en el Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, a través de Metroplús y del Metro de
Medellín.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El municipio respondió el libelo introductorio bajo los siguientes argumentos5:
El 3 de febrero de 2011 suscribió con Metroplús S.A. un convenio interadministrativo
mediante el cual se establecieron obligaciones relacionadas con la puesta en
funcionamiento del sistema Metroplús y la adecuada prestación del servicio de operación
a cargo de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.
Adicionalmente, explicó que celebró el convenio interadministrativo núm. 4600031108
con dicha empresa, posteriormente modificado el 16 de febrero de 2012, por medio del
cual se le entregó, de manera especial y exclusiva, la explotación de los corredores viales
Troncal Universidad de Medellín – Aranjuez, en el marco de la implementación gradual
del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.
En relación con la operación de los servicios alimentadores correspondientes a las
cuencas 3 y 6, aclaró que esta debía adelantarse mediante licitación pública, conforme a
los parámetros técnicos, rutas y número de vehículos definidos por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá en la Resolución Metropolitana núm. 918 de 5 de julio de 2011,
modificada por la Resolución núm. 348 de 16 de febrero de 2012, expedidas con el
propósito de racionalizar la prestación del servicio de transporte en la Troncal Universidad
de Medellín – Aranjuez y las rutas alimentadoras del sistema.
5 Ibidem.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
Dentro de ese proceso de reorganización, señaló que el Municipio de Medellín adoptó
medidas de reestructuración del servicio público de transporte colectivo urbano de
pasajeros mediante el Decreto 248 de 17 de febrero de 2012, y que la Empresa Metro
adelantó la Licitación Pública núm. 1 de 2012, cuyo resultado fue la adjudicación de dos
contratos de concesión para la operación de las cuencas 3 y 6 en octubre de ese mismo
año.
En ese contexto, indicó que se expidió la Resolución núm. 802 de 13 de diciembre de
2012, mediante la cual se dispuso la cancelación de la ruta 097i asignada a
COOPCERQUIN y el ajuste de la capacidad transportadora correspondiente. Reveló que
dicha cancelación implicaba el cese de la prestación del servicio colectivo en la ruta
afectada, condicionado a la entrada en operación de las rutas alimentadoras del sistema
masivo, cuya primera fase inició el 28 de octubre de 2013. Añadió que, mediante oficio
radicado núm. 2013PP02909N01 de 4 de octubre de 2013, la cooperativa informó las
placas de los vehículos objeto de cancelación.
Frente a los cargos relacionados con la vulneración del debido proceso, manifestó que a
la parte actora se le garantizó plenamente el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción, en tanto la representante legal de COOPCERQUIN interpuso los recursos
de reposición y apelación contra la Resolución núm. 802 de 2012.
Precisó que, aunque el recurso de apelación fue declarado improcedente mediante
Resolución núm. 0414 de 9 de julio de 2013, dicha determinación obedeció a que el acto
recurrido había sido expedido por la Secretaría de Movilidad en ejercicio de funciones
delegadas por el alcalde municipal, razón por la cual, de conformidad con el artículo 13
de la Ley 489 de 1998, únicamente procedía el recurso de reposición.
Respecto de los reparos relativos al desconocimiento del principio de confianza legítima,
advirtió que este no impide a las autoridades introducir modificaciones normativas o
adoptar decisiones de política pública orientadas a satisfacer el interés general,
particularmente en materia de reorganización del sistema de transporte.
Con ello, destacó que las medidas adoptadas se enmarcaban en los proyectos del
subsector transporte previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un
Estado Comunitario”, aprobado mediante la Ley 812 de 2003, e incorporados
posteriormente en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida”.
Así, sostuvo que la administración, previa realización de estudios técnicos y en aplicación
de los principios de economía, eficiencia y coordinación expidió las actuaciones
administrativas dirigidas a reducir la capacidad transportadora y eliminar las rutas
requeridas para la implementación del sistema masivo de transporte. Señaló, además,
que, en garantía del principio de confianza legítima, el municipio desarrolló un proceso
de socialización del proyecto Metroplús dirigido a los operadores del servicio.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
Por último, propuso las excepciones de falta de causa para pedir y falta de legitimación
en la causa por activa, al considerar que la capacidad transportadora es otorgada a la
empresa habilitada y no a los propietarios de los vehículos afiliados.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 18 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y desestimó
las pretensiones de la demanda, bajo las siguientes razones:
Reseñó que el objeto del medio de control del trámite de la referencia consistía en obtener
la nulidad de los actos administrativos expedidos por el Municipio de Medellín mediante
los cuales se dispuso la cancelación de rutas y el ajuste de la capacidad transportadora
de COOPCERQUIN, así como de las resoluciones que resolvieron los recursos
interpuestos en sede administrativa.
Indicó que, a título de restablecimiento del derecho, la parte actora pretendía que se
autorizara nuevamente la operación de la ruta 097i y se restituyera la capacidad
transportadora asignada a la cooperativa, además del reconocimiento y pago de
perjuicios materiales derivados de la salida de operación de dos vehículos de su
propiedad afiliados a dicha empresa de transporte.
Relató que las pretensiones se fundamentaban en que el Municipio de Medellín había
reservado a favor de COOPCERQUIN la disponibilidad del servicio correspondiente a
una ruta mediante la Resolución núm. 609 de 20 de diciembre de 2001 y, posteriormente,
le otorgó habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor a través de la Resolución núm. 066 de 27 de mayo de 2003. Bajo ese
entendido, la demanda alegaba que con la expedición de la Resolución núm. 802 de 13
de diciembre de 2012, mediante la cual se canceló la ruta 097i y se redujo la capacidad
transportadora de la cooperativa, se impidió la prestación del servicio público de
transporte con los vehículos de placas TSF-114 y TSE-892 y la consecuente generación
de los ingresos derivados de dicha actividad.
Con ese panorama, expuso que la Resolución núm. 802 de 2012 correspondía al marco
del proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, orientado a
reducir la capacidad transportadora y eliminar determinadas rutas del sistema de
transporte colectivo tradicional, como consecuencia, entre otros aspectos, de la
suscripción del convenio interadministrativo núm. 4600031108 celebrado entre el
Municipio de Medellín y Metroplús, así como del Acuerdo Metropolitano núm. 5 de 4 de
febrero de 2011, mediante el cual se autorizó a la Empresa de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá para la prestación del servicio correspondiente.
Refirió que contra la Resolución núm. 802 de 2012 la representante legal de
COOPCERQUIN interpuso recursos de reposición y apelación. Añadió que el recurso de
reposición fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución núm. 201 de 15 de abril
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
de 2013, en tanto que el recurso de apelación fue declarado improcedente mediante
Resolución núm. 414 de 9 de julio de 2013.
A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que la Resolución núm. 802 de 2012 recaía
exclusivamente sobre la ruta operada por COOPCERQUIN y sobre la capacidad
transportadora asignada a dicha cooperativa, sin que su contenido estuviera dirigido a
afectar directamente a los propietarios de los vehículos afiliados. En consecuencia,
consideró que la cooperativa era la única legitimada para controvertir tales actos y
reclamar el eventual restablecimiento del derecho, en su condición de titular de la
habilitación y de la autorización para operar la ruta objeto de cancelación.
Bajo esa perspectiva, advirtió que los señores Jesús Uldarico Ossa Giraldo e Iván de
Jesús Ossa Giraldo acudieron al proceso alegando un perjuicio derivado de la expedición
de los actos demandados y solicitando, en consecuencia, tanto su nulidad como el
reconocimiento de una indemnización. No obstante, estimó que una eventual declaratoria
de nulidad de los actos administrativos acusados y el consecuente restablecimiento del
derecho en favor de la cooperativa no implicaban, de manera automática, el
reconocimiento de derechos indemnizatorios a favor de los propietarios de los vehículos
afiliados, toda vez que de los actos demandados no surgía una relación jurídica sustancial
directa entre estos y el municipio.
En ese sentido, destacó que si bien los demandantes podían tener un interés económico
derivado de su calidad de propietarios de vehículos vinculados a COOPCERQUIN, dicho
interés no resultaba suficiente para conferirles legitimación en la causa por activa dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la relación existente
entre los afiliados y la cooperativa correspondía a un vínculo de naturaleza contractual
regido por el derecho privado que resultaba ajeno al juicio de legalidad.
Para respaldar su decisión, el tribunal citó la sentencia del 14 de septiembre de 2017,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con el radicado
número 08001-33-31-004-2011-00556-016, que definió que en materia de prestación del
servicio público de transporte, la relación jurídica se establece exclusivamente entre la
empresa transportadora y el Estado, razón por la cual la capacidad transportadora es
asignada únicamente a la persona jurídica habilitada y no a los propietarios de los
vehículos afiliados.
Para finalizar, el a quo decidió condenar en costas a la parte demandante, por concepto
de “agencias en derecho (…) en el 3% de la cuantía, esto es, NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($9.636.000)”.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
6 Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
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La parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con fundamento en 2 argumentos dirigidos a controvertir la falta de
legitimación en la causa por activa y la condena en costas por agencias en derecho, que
se sintetizan así7:
Mencionó que el a quo efectuó una interpretación de la figura de la legitimación en la
causa por activa que desconoció la relación existente entre los propietarios de los
vehículos asociados a la referida cooperativa, los actos acusados y los perjuicios cuya
reparación se pretende.
Expuso que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la legitimación en la
causa constituye la calidad subjetiva que habilita a una persona para reclamar
judicialmente la protección de un interés sustancial comprometido en el litigio,
presupuesto que, en su criterio, se encuentra plenamente acreditado.
Precisó que los propietarios de los vehículos se encontraban vinculados a
COOPCERQUIN mediante acuerdos cooperativos, a través de los cuales participaban en
la prestación del servicio público de transporte autorizado a dicha empresa. En ese
sentido, la cancelación de la ruta 097i y la reducción de la capacidad transportadora
afectó de manera directa su situación jurídica y patrimonial, en tanto tornaba imposible la
continuidad de la explotación económica de los vehículos afiliados a la cooperativa.
Alegó que, aunque los actos demandados se dirigían formalmente a la cooperativa
habilitada, ello no desvirtúa que los verdaderos afectados con la decisión administrativa
eran los propietarios de los vehículos destinados a la prestación del servicio, quienes
asumen las cargas económicas y operativas inherentes a dicha actividad, tales como la
contratación del personal conductor, el mantenimiento de los automotores, el suministro
de combustible y el cumplimiento de las exigencias técnicas y normativas para la
operación del servicio público de transporte.
Además, argumentó que el tribunal omitió valorar que se acudió al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en calidad de sujetos directamente lesionados con
la expedición de los actos acusados, pues sufrieron la afectación derivada de la pérdida
de la habilitación para continuar prestando el servicio público de transporte mediante los
vehículos de su propiedad.
De igual manera, insistió en que durante el trámite administrativo la propia administración
municipal reconoció la procedencia de los recursos de reposición y apelación contra la
Resolución núm. 802 de 13 de diciembre de 2012; sin embargo, mediante la Resolución
núm. 0414 de 9 de julio de 2013 declaró improcedente el recurso de apelación, pese a
haber sostenido previamente lo contrario. De ese modo, replicó los reproches
relacionados con la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción, así como de los principios de confianza legítima y respeto por los actos
7 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
18
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
propios, toda vez que la administración modificó injustificadamente las reglas procesales
aplicables al trámite administrativo.
En segundo lugar, los recurrentes atacaron la condena en costas impuesta por concepto
de agencias en derecho observando que el juez de primera instancia no motivó
debidamente la acreditación dentro del proceso, toda vez que se limitó a fijar un
porcentaje equivalente al tres por ciento (3%) de la cuantía de las pretensiones. Indicaron
que, de conformidad con los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del Código General del
Proceso, se debía imponer ese tipo de condena cuando las agencias en derecho se
encontraran efectivamente causadas y demostradas en el expediente.
Adujeron que en el presente asunto no se acreditó que el Municipio de Medellín hubiera
incurrido en gastos por concepto de representación judicial, pues las entidades
territoriales cuentan ordinariamente con abogados vinculados a su planta de personal
encargados de ejercer la defensa judicial de la administración.
Por consiguiente, estimaron que no existía soporte probatorio que justificara la imposición
y liquidación de agencias en derecho a su cargo, razón por la cual solicitaron revocar
dicha condena.
V. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
Mediante auto del 30 de junio de 20228, el Despacho Sustanciador admitió el recurso de
apelación interpuesto y sustentado contra la sentencia del 18 de abril de 2022. Además,
prescindió del traslado para alegar de conclusión y ordenó a la Secretaría de la Sección
que remitiera el expediente para proferir fallo de segunda instancia, comoquiera que en
la alzada no se solicitó prueba que debiera ser decretada.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el
asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
8 Ibidem.
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto.
8.2. Cuestión previa
Antes de abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte que es necesario descartar
la configuración de cosa juzgada respecto del proceso identificado con el radicado
número 05001-23-33-000-2013-01802-019, en el cual la Sección profirió fallo el 25 de
septiembre de 2025, al resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que pretendió la nulidad de los mismos actos demandados en el actual trámite,
esto es, las Resoluciones números 802 de 13 de diciembre de 2012, 201 del 15 de abril
de 2013 y 0414 del 9 de julio de 2013.
Para comenzar se debe anotar que en la mencionada oportunidad la Sección declaró
probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, y, en
consecuencia, se inhibió de decidir sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
Ello demuestra que no existió un pronunciamiento de fondo o un asunto ya resuelto.
Ahora bien, esta Sección precisó el alcance de la cosa juzgada en los siguientes términos:
De acuerdo con el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. La disposición es del
siguiente tenor:
(…)
Así, la cosa juzgada se ha estructurado en torno a la triple identidad sujetos
(partes), objeto (pretensiones) y causa (fundamentos y hechos), a partir de la cual se
determina en qué eventos la jurisdicción debe abstenerse de pronunciarse
nuevamente sobre un asunto ya resuelto, pues de lo contrario se dejaría sin respaldo
la confianza de quienes participaron en el proceso inicial, así como la depositada por
la colectividad en sus autoridades judiciales para la solución regular, eficaz y definitiva
de los conflictos sometidos a su conocimiento.
En ese sentido, el Consejo de Estado ha indicado que “[l]a cosa juzgada, constituye
entonces un medio exceptivo que para su prosperidad se requiere de la conjunción
de los siguientes factores: Identidad de objeto (sobre qué recae el litigio): que las
pretensiones en el nuevo proceso correspondan a las mismas que integraban el
9 Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Demandante: John Henry López Díaz.
Demandado: Municipio de Medellín.
20
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
petitum del primer proceso en el que se dictó́ la decisión. Identidad de causa (por qué
el litigio): Que el motivo o razón que sustenta la primera demanda, se invoque
nuevamente en una segunda; e identidad de partes: que se trate de unas mismas
personas que figuren como sujetos pasivo y activo de la acción.
Ahora bien, sobre los elementos de la cosa juzgada, esta Corporación ha precisado
que en las acciones de nulidad no se requiere la identidad de sujetos entre un proceso
y otro, pues el carácter público de la acción permite que cualquier persona active la
jurisdicción en busca de la defensa de legalidad del ordenamiento jurídico.
(…)
En síntesis, respecto de las sentencias que niegan la nulidad solo habrá cosa juzgada
cuando sobre un mismo acto administrativo se discutan las mismas razones o causa
petendi del proceso anterior10. (Énfasis de la Sala).
De lo expuesto surge que en el presente asunto no hay lugar a declarar la existencia de
la cosa juzgada toda vez que no coinciden las partes, comoquiera que son diferentes los
demandantes.
En efecto, en el presente caso persiguen la nulidad y el restablecimiento del derecho los
señores Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo, mientras que en el
proceso 05001-23-33-000-2013-01802-01 la demanda la presentó el ciudadano John
Henry López Díaz, con el objeto de atacar las Resoluciones números 802 de 13 de
diciembre de 2012, 201 del 15 de abril de 2013 y 0414 del 9 de julio de 2013.
Así, dado que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho las
decisiones judiciales producen efectos inter partes, la ausencia de identidad jurídica en
el extremo activo del litigio impide, por sí sola, la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada.
8.3. Planteamiento
De las razones expuestas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de
primera instancia y de los argumentos formulados por la parte actora en el recurso de
apelación, la Sala advierte que la controversia en esta instancia se circunscribe, en primer
lugar, a determinar si los señores Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa
Giraldo se encontraban legitimados en la causa por activa para promover el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos
mediante los cuales el Municipio de Medellín dispuso la cancelación de la ruta 097i y el
ajuste de la capacidad transportadora asignada a COOPCERQUIN.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 25000 23 24 000 2005
01549-02.
21
Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
Para el tribunal, la legitimación para controvertir judicialmente los actos demandados
recaía exclusivamente en COOPCERQUIN, por ser la titular de la habilitación para la
prestación del servicio público de transporte y de la autorización administrativa para
operar la ruta cuya cancelación fue dispuesta mediante la Resolución núm. 802 de 13 de
diciembre de 2012. Bajo esa perspectiva, concluyó que los actos acusados únicamente
incidían sobre la situación jurídica de la cooperativa, en cuanto destinataria de la
capacidad transportadora y de la autorización de operación, sin que existiera una relación
jurídica sustancial directa entre el Municipio de Medellín y los propietarios de los vehículos
afiliados a dicha empresa transportadora.
Con fundamento en ello, el a quo estimó que el eventual perjuicio alegado por los
demandantes derivaba exclusivamente de la relación contractual o cooperativa existente
entre estos y COOPCERQUIN, vínculo de naturaleza privada que resultaba ajeno al
control de legalidad de los actos acusados. En consecuencia, consideró que el interés
económico que pudieran tener los propietarios de los vehículos afectados por la
reorganización del sistema de transporte no era suficiente para conferirles legitimación
en la causa por activa dentro del presente medio de control.
Por el contrario, la parte actora sostuvo que el tribunal efectuó una interpretación
restrictiva de la legitimación en la causa por activa, desconociendo que los propietarios
de los vehículos vinculados a COOPCERQUIN sí resultaron afectados de manera directa
e inmediata por la expedición de los actos demandados. En su criterio, la cancelación de
la ruta 097i y la reducción de la capacidad transportadora imposibilitó la explotación
económica de los automotores de su propiedad destinados a la prestación del servicio
público de transporte, circunstancia que comprometió de manera concreta su esfera
jurídica y patrimonial.
Bajo ese entendimiento, los apelantes alegaron que, aunque los actos administrativos
estuvieran formalmente dirigidos a la cooperativa habilitada, sus efectos materiales
recaían directamente sobre los propietarios de los vehículos afiliados, quienes asumían
las cargas económicas, operativas y laborales derivadas de la prestación del servicio
público de transporte. Añadieron que su condición de asociados de COOPCERQUIN y
de propietarios de los automotores involucrados los habilitaba para reclamar
judicialmente la nulidad de los actos administrativos y el consecuente restablecimiento
del derecho, en cuanto sujetos directamente lesionados por las decisiones adoptadas por
la administración municipal.
De igual manera, la controversia en esta instancia comprende el análisis de la condena
en costas impuesta en primera instancia por concepto de agencias en derecho. El tribunal
consideró procedente fijarlas en el tres por ciento (3%) de la cuantía de las pretensiones;
mientras que la parte actora alegó que dicha condena carecía de motivación y soporte
probatorio, puesto que no se acreditó dentro del expediente que el Municipio de Medellín
hubiera incurrido en gastos efectivos de representación judicial que justificaran la
imposición de agencias en derecho a su cargo.
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Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
8.4. Análisis de la Sala
8.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa de los propietarios de los
vehículos para promover demandas de nulidad y restablecimiento del derecho
contra actos administrativos que confieren o revocan permisos de transporte
Sobre el particular, la Sala estima pertinente traer a colación el criterio reiterado de la
Sección Primera del Consejo de Estado en torno a la legitimación en la causa por activa
en los litigios relacionados con actos administrativos que modifican la capacidad
transportadora o reestructuran rutas de servicio público de transporte.
En especial, dicha línea jurisprudencial ha precisado la distinción entre legitimación de
hecho y legitimación material, así como el alcance de la relación jurídica existente entre
las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte y los
propietarios de los vehículos afiliados a estas, en los siguientes términos:
Ahora bien y descendiendo al caso en concreto esta Sala de Sección, en su
jurisprudencia pacífica y reiterada ha señalado que los actos administrativos
demandados en este proceso resuelven una situación jurídica y particular de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., para operar como empresa de servicio público de
transporte en unas rutas determinadas (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico - Valle
Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos) y regulan lo
concerniente a su capacidad transportadora, por lo que la legitimación en la causa
por activa radica en la citada empresa y no en los propietarios de los vehículos
automotores vinculados, quienes procesalmente pueden acudir al proceso
como coadyuvantes.
[…]
En primer lugar, las resoluciones acusadas son actos administrativos de
contenido particular y concreto, en cuanto resuelven la situación jurídica de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., en su calidad de persona jurídica, al regular lo
atinente a la modificación de la capacidad transportadora y dispusieron la
reestructuración y revocatoria del permiso de operación de transporte público
colectivo para algunas rutas determinadas por la entrada en operación del Sistema
de Transporte Masivo de Pasajeros Transmetro (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico -
Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos).
En segundo lugar, si bien la señora Lucila Parra Triana es propietaria de los vehículos
identificados con las placas UYN-638 y UYO-465, los cuales se encuentran
vinculados a la empresa Transportes Lolaya Ltda., mediante los contratos Nos. 178-
430 y 415–403, respectivamente, no es menos cierto que la relación que mantiene
la hoy demandante con la citada empresa es de naturaleza contractual, la cual
dista de la relación legal existente entre la empresa Transportes Lolaya y el Área
Metropolitana.
(…)
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Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
En tercer lugar, se colige que en la empresa Transportes Lolaya Ltda., en su
calidad de persona jurídica recae el interés jurídico que se debate en el presente
proceso, en consideración a que dicha sociedad es la destinataria de las
decisiones de la administración mediante las cuales se dispuso la modificación
de la capacidad transportadora, la reestructuración y la revocatoria del permiso
de operación de ciertas rutas con ocasión de la entrada en operación del Sistema
de Transporte Masivo de Pasajeros Transmetro. Sin embargo, dicha condición no se
predica de los propietarios de los vehículos, como personas naturales, quienes
procesalmente pueden concurrir como coadyuvantes.
[…]
En cuarto lugar, se tiene que, en el presente proceso, no se discute la existencia
de la legitimación de hecho, la que se origina con la presentación de la demanda
y la notificación del auto admisorio y se traduce en la posibilidad de intervenir
en el proceso, sino la ausencia de legitimación material que ubica al juzgador
en la tarea de auscultar la existencia de un verdadero interés legítimo de las
partes, presupuesto que de no verificarse conlleva a la existencia de un fallo
denegatorio de las pretensiones. En este sentido, esta Corporación ha expresado que
«[…] la legitimación en la causa se entiende como la “posición sustancial” que tiene
el sujeto procesal “en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la
controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se
desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les
exoneran de las segundas”. La legitimación en la causa, por lo tanto, permite
reconocer al sujeto autorizado para intervenir en el proceso, formulando u
oponiéndose a las pretensiones de la demanda (dependiendo de la calidad de sujeto
activo o pasivo frente a la relación jurídica). Así mismo, la legitimación en la causa es
una cuestión de mérito (…)».
A partir de los anteriores derroteros jurisprudenciales que esta Sala prohíja, se colige
que, si bien la señora Lucila Parra Triana está legitimada procesalmente o de hecho
para incoar la presente demanda, no lo está desde un punto de vista material, pues
los actos administrativos acusados tienen la virtualidad de afectar la situación
particular y concreta de la persona jurídica Transportes Lolaya Ltda11.
(Énfasis de la Sala).
De conformidad con el anterior precedente, la Sección Primera ha sostenido de manera
uniforme que, tratándose de actos administrativos que recaen sobre la habilitación,
capacidad transportadora, reestructuración de rutas o permisos de operación del servicio
público de transporte, la legitimación material para promover el medio de control
corresponde a la empresa transportadora habilitada, en cuanto destinataria directa de las
decisiones adoptadas por la administración.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de
2022, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 08001-2331- 000- 2011-00405 02.
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Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
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En contraste, los propietarios de los vehículos afiliados, aun cuando puedan experimentar
consecuencias económicas derivadas de tales decisiones y ostenten legitimación
procesal o de hecho para intervenir en el trámite, no adquieren por esa sola circunstancia
legitimación material para reclamar la nulidad de los actos administrativos, habida cuenta
de que el vínculo que mantienen con la empresa transportadora es de naturaleza
contractual.
En igual sentido, de forma reciente esta Sección prohijó dicha postura en la sentencia de
25 de septiembre de 2025, proferida dentro del proceso con radicado núm. 05001-23-33-
000-2013-01802-0112, a la cual se efectuó referencia en la cuestión previa de la presente
providencia.
En esa oportunidad se recordó que la legitimación en la causa por activa para controvertir
actos administrativos relacionados con el otorgamiento, modificación o revocatoria de
permisos de transporte corresponde exclusivamente a los destinatarios directos de tales
decisiones administrativas, esto es, a las empresas transportadoras habilitadas, y no a
los propietarios de los vehículos vinculados a estas mediante relaciones de naturaleza
contractual. Asimismo, reiteró que dichos propietarios pueden intervenir dentro del
proceso únicamente en calidad de coadyuvantes.
Con fundamento en ese criterio, la Sala considera que los hoy demandantes, esto es, los
señores Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo, carecen de
legitimación material en la causa por activa, por cuanto el interés jurídico recae en
COOPCERQUIN, la cooperativa titular de la habilitación y de la capacidad transportadora
afectada por los actos administrativos cuestionados.
En consecuencia, la Sala modificará el numeral primero del fallo recurrido para precisar
que, luego de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, corresponde inhibirse de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
8.4.2. De la controversia sobre la condena en costas por concepto de agencias en
derecho impuesta por el juez de primera instancia
En atención al artículo 188 del CPACA y al numeral 8 del artículo 365 del CGP, sumado
a lo expuesto respecto de las costas por esta Corporación, la Sala advierte que esa clase
de condenas atiende a un criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque
no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es
valorativo, porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios
del proceso y con la actividad que efectivamente realiza dentro de este.
12 Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Demandante: John Henry López Díaz.
Demandado: Municipio de Medellín. La sentencia referida replicó la posición de la Sección contenida en
los fallos de 14 de septiembre de 2017 (radicado núm.: 08001-33-31-004-2011-00556-01), 5 de abril de
2018 (radicado núm.: 08001-23-31-004-2011-00559-01) y de 26 de noviembre de 2020 (radicado núm.
08001-23-31-000-2011-00369-01), entre otras decisiones judiciales.
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Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
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Además, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad de
las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el ordinal 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, la Sala advierte que no se encuentran acreditadas expensas, gastos
procesales o agencias en derecho. Por lo tanto, revocará la condena que por tal concepto
impuso el a quo, ajustando el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
objeto de la alzada, y, por los mismos motivos, se abstendrá de imponerla en esta
instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 18 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
los cuales quedarán así:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa y, en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 28 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva voto
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Radicado: 05001 23 33 000 2013 01745 01
Demandante: Iván de Jesús Ossa Giraldo y Jesús Uldarico Ossa Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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