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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-00405-02

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-00405-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la la providencia apelada, esto es, la sentencia de 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Itinerante Administrativa de Descongestión, el cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Número de Radicado; Expediente 68001-23-15-000-1995-01120-01(22159) actor: Luz Stella Calderón Martínez y otro, demandado: Corporación de Defensa de La Meseta De Bucaramanga, M, P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 25 Frente a la legitimación material como requisito necesario para dictar sentencia de mérito se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 2021, radicado: 05001-23-31-000-2003-00813-01 (57325ª), actor: Departamento de Antioquia, demandado: Álvaro Vásquez Osorio y Luis Ignacio Guzmán Ramírez, MP: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado: 25000-23-36-000-2015-02165-02 (65207), actor: Colvita S.A.S., demandado: Fiduciaria la Previsora s.a. - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAP – defensa jurídica del extinto DAS y su fondo rotatorio, MP: Marta Nubia Velásquez Rico (e) y; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicado: 41001-23-31-000-2011-00243-01 (56038), actor: José Nelson Figueroa y otros, demandado: Hospital Universitario Hernando Moncaleano ESE y otros, MP: Guillermo Sánchez Luque. 19 Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02 ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2011-00405-02

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-2331- 000- 2011-00405 02
Demandante LUCILA PARRA TRIANA
Demandados: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTROS
Tema: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA PROMOVER LA ACCIÓN
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN CONTRA DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REESTRUCTURAN Y REVOCAN
PERMISOS CUANDO QUIEN INSTAURA LA DEMANDA SON LOS
PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS - REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 30 de octubre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Itinerante Administrativa de
Descongestión, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de
legitimación por activa propuesta por el Área Metropolitana de Barranquilla, la
Alcaldía Distrital de Barranquilla y el municipio de Soledad y, en consecuencia, se
inhibió para decidir el fondo del asunto.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La ciudadana Lucila Parra Triana en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo instauró demanda ante esta jurisdicción en contra del Área
Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, el municipio de Soledad, el municipio de Puerto Colombia, el municipio
de Malambo y el municipio de Galapa con miras a que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos y se restablezca su derecho1:

1
“(…) PRIMERO: Declárase nula la Resolución número 051, 10 de fecha 23 de febrero de 2010, expedida por el ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, mediante la cual se REVOCO (sic) los PERMISOS DE OPERACIÓN de todas las
rutas asignadas a cada una de las empresas de transporte de servicio público urbano y metropolitano de Barranquilla.

SEGUNDO: Como consecuencia de la DECLARACIÓN DE NULIDAD de la mencionada Resolución, 051, 10 de Fecha 23
de Febrero de 2010, solicito que se DECLAREN NULAS las RESOLUCIONES: 326, 10 del 12 de julio de 2010; 327, 10 del
12 de julio de 2010; 328, 10 del 12 de julio de 2010; la 329, 10 del 12 de julios (sic) de 2010; la 463, 10 del 4 de octubre de
2010; 280,10 del 11 de octubre de 2010. Expedidas por el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

TERCERO: Restablecer los derechos cesantes que fueron afectados con aplicación de los actos administrativos 051, 326,
10 del 12 de julio de 2010; 327, 10 del 12 de julio de 2010; 328, 10 del 12 de julio de 2010; la 329, 10 del 12 de julios (sic) de
2010; la 463, 10 del 4 de octubre de 2010; 280,10 del 11 de octubre de 2010. Para que se retorne el restablecimiento de los

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

• Resolución 051 de 23 de febrero de 2010“Por medio del cual se establecen
criterios para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito
de Barranquilla y su Área Metropolitana”.
• Resolución 326.10 de 12 de julio de 2010, mediante la cual se reestructuró
la Ruta Soledad 2000, Calle 72 Zoológico que había sido autorizada a la
empresa Transportes Lolaya Ltda.
• Resolución 327.10 de 12 de julio de 2010, mediante la cual se reestructuró
la Ruta Valle Silencio que había sido autorizada a la empresa Transportes
Lolaya Ltda.
• Resolución 328.10 de 12 de julio de 2010, mediante la cual se revocó el
permiso de operación de la Ruta Prado Porvenir que había sido autorizada a
la empresa Transportes Lolaya Ltda.
• Resolución 329.10 de 12 de julio de 2010, mediante la cual se revocó el
permiso de operación de la Ruta Murillo Soledad 2000, Granabastos que
había sido autorizada a la empresa Transportes Lolaya Ltda.
• Resolución 463.10 de 4 de octubre de 2010, por medio de la cual se resuelve
una solicitud de revocatoria directa contra las Resoluciones Metropolitanas
No. 326.10 y 327.10.

I.1.1. Los hechos

2. La Sala destaca como hechos relevantes invocados por el actor los siguientes:

3. La señora Lucila Parra Triana es propietaria de los vehículos identificados con
las placas UYN-638 y UYO-465, los cuales se encuentran vinculados a la empresa
Transportes Lolaya Ltda., mediante los contratos Nos. 178-430 y 415–403,
respectivamente.

4. La empresa Transportes Lolaya Ltda., identificada con el NIT 890.101.414-9 fue
creada el 29 de septiembre de 1962, protocolizada mediante Escritura Pública 1983
de la Notaría Tercera de Barranquilla y registrada ante la Cámara de Comercio de
Barranquilla el 9 de octubre de 1962, con el número 14.181 y a partir de ese
entonces viene prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros.

5.Las decisiones adoptadas en los actos administrativos censurados le han
causado graves perjuicios económicos, esto es, la pérdida de movilidad de
pasajeros y, por ende, la disminución de los ingresos diarios, la pérdida del valor

anteriores actos administrativos vigentes antes de la emisión de las resoluciones atacadas, cuyos actos administrativos
consistentes en Resoluciones, enumero a continuación:

CUARTO: Ordenar la indemnización y pago por el perjuicio económico representado por daños materiales (daño emergente,
envilecimiento de los automotores identificados con placas UYN-638, con tarjeta de operación vigente número 07136 y UYO-
465, con tarjeta de operación vigente número 415-403, por el lucro cesante representado en lo que ha dejado de percibir en
el vehículo de propiedad de la persona afectada); por los perjuicios morales causados a mi poderdante; daños causados por
los actos emitidos en forma ilegal por el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y LAS ALCALDÍAS QUE LA
INTEGRAN, en la cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L
($742.900.00), acorde a la liquidación adjunta y que se encuentra plenamente justificada en cada uno de sus tenores”.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

comercial de los vehículos y el desmejoramiento en su currículo crediticio ante las
diferentes entidades financieras por la reducción en su flujo de caja.

I.1.2. Normas violadas y el concepto de la violación

6. . La demandante invocó las siguientes disposiciones normativas: los artículos 1,
2, 4, 29, 58, 333, 334 y 365 de la Constitución Política; los artículos 1, 3, 35, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50 y 135 del Código Contencioso Administrativo; el artículo 1°
de la Ley 57 de 1985; los artículos 5 (parágrafo 3°), 13, 18 y 26 de la Ley 128 de
1994; el artículo 3 de la Ley 105 de 1993; los artículos 7, 8, 28, 32 y 34 del Decreto
170 de 2001; el artículo 11 de la Ley 489 de 1998; los artículos 40 y 41 de la Ley
734 de 2002 -Código Disciplinario Único-; el artículo 897 del Código de Comercio
y; los artículos 413 y 428 del Código Penal, vulneración que sustentó en los
siguientes cargos de nulidad:

I.1.2.1. Falta de competencia del Área Metropolitana para expedir los actos
acusados

7. Destacó que la autoridad facultada para expedir actos administrativos dirigidos
a la adecuación y reglamentación del transporte público en el Área Metropolitana de
Barranquilla es la Junta Metropolitana, ello de conformidad con el artículo 14
numeral 1 literal d) de la Ley 128 de 1994, que le asigna a ese órgano, entre otras,
la atribución de «[d]eterminar cuáles servicios son de carácter metropolitano y
adoptar las medidas necesarias para su adecuada prestación».

8. Aseveró que el artículo 11 de la Ley 489 de 1998 prohibe la delegación para
expedir actos administrativos de carácter general y, sin embargo, el Director del
Área Metropolitana de Barranquilla se abrogó la competencia para expedir los actos
acusados. Reparó en que según los designios de la Ley 128 de 1994, la dirección y
administración del Área Metropolitana está a cargo de una junta metropolitana, un
alcalde metropolitano y un gerente, de tal suerte que el cargo de “Director” no fue
previsto por el legislador.

I.1.2.2. De la violación al debido proceso

9. Sostuvo que la Resolución No. 051 de 23 de febrero de 2010, “Por medio de la
cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público
colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”, no fue publicada en
el Diario Oficial o Gaceta dentro del término de los diez (10) días siguientes a su
expedición, conforme lo ordena el artículo 81 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con el artículo 43 del CCA, pues, la divulgación del citado acto se
surtió cuando había transcurrido ya un (1) año desde la fecha de su emisión, esto
es, en La Gaceta 350 del mes de marzo de 2011. Por lo anterior, consideró que se
trata de un acto ineficaz desde su origen, al igual que todos los actos administrativos
que nacieron bajo el amparo de ella, esto es, las resoluciones demandadas.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

10. Aseveró que las Resoluciones 326.10 de 12 de julio de 2010; 327. 10 de 12 de
julio de 2010; 328.10 de 12 de julio de 2010, 329.10 de 12 de julio de 2010 y 463.10
de 4 de octubre de 2010 no fueron notificadas a la parte demandante, conforme lo
ordena el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, transgrediendo el
debido proceso, el derecho de defensa, de contradicción y el principio de
transparencia, al no otorgársele la oportunidad de controvertir las pruebas y
presentar los recursos en la vía gubernativa.

I.2. Trámite de primera instancia

11. La magistrada a cargo de la sustanciación del proceso, mediante providencia
de 28 de junio de 20112, dispuso inicialmente el rechazo de la demanda, por falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación, decisión que fue
revocada por esta Sección, mediante proveído de 13 de febrero de 20143.

12. Mediante auto de 14 de noviembre de 20144, se admitió la demanda, se dispuso
la notificación personal a los representantes legales del Área Metropolitana de
Barranquilla, al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y a los
alcaldes de los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, y se
denegó la solicitud de la medida cautelar de la suspensión de los efectos jurídicos
de los actos acusados. Notificada la anterior providencia judicial, contestaron de
manera oportuna la demanda la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el Área
Metropolitana de Barranquilla y el municipio de Soledad, en los siguientes términos:

I.3. Contestaciones de la demanda

1.3.1. Contestación de la demanda por la Alcaldía Distrital de Barranquilla

13. La Alcaldía Distrital de Barranquilla propuso las siguientes excepciones: (i) de
falta de legitimación en la causa por activa, tras considerar que las Resoluciones
326.10 de 12 de julio de 2010; 327.10 de 12 de julio de 2010; 328.10 de 12 de julio
de 2010, 329.10 de 12 de julio de 2010 y 463.10 de 4 de octubre de 2010 son actos
administrativos de carácter particular que inciden en la situación jurídica de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., por contera, la única legitimada para actuar en
el presente proceso es la citada empresa, en su calidad de beneficiaria del
otorgamiento del permiso de operación del transporte público colectivo de pasajeros
y; (ii) de falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que el Área
Metropolitana, en su calidad de persona jurídica de derecho público es la única que
está llamada a ser parte dentro del proceso.

2
Folios 253 a 254 del Cuaderno 1 del Tribunal.
3
Folios 9 a 14 del Cuaderno del Consejo de Estado.
4
Folios 390 a 392 del Cuaderno 1.

5

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

1.3.2. Contestación de la demanda por el Área Metropolitana de Barranquilla

14. Excepciones propuestas. El Área Metropolitana de Barranquilla propuso las
siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por activa, bajo el
argumento de que las resoluciones censuradas “(…) son actos Administrativos de
Carácter particular expedidos en razón a la relación Jurídica Área Metropolitana de
Barranquilla como Autoridad de Transporte y Transporte Lolaya Ltda como
beneficiaria del otorgamiento de Permiso de Operación de Transporte Público
Colectivo de Pasajeros. En este orden de ideas, la única legitimada para actuar es
la empresa Transporte Lolaya Ltda. y no la señora Lucila Parra Triana”; (ii) de
“indebida formulación de pretensiones”, al considerar que la Resolución No. 051 de
23 de febrero de 2010 es un acto administrativo de carácter general, cuya legalidad
se debe ventilar a través de la acción de simple nulidad; por su parte, las
Resoluciones 326.10 de 12 de julio de 2010; 327.10 de 12 de julio de 2010; 328. 10
de 12 de julio de 2010, 329.10 de 12 de julio de 2010 y 463.10 de 4 de octubre de
2010 son actos de contenido particular, cuyo enjuiciamiento se debe realizar a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y; (iii) de caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

15. De la falta de competencia del Área Metropolitana. Precisó que el Área
Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de la facultad legal conferida en el
artículo 11 del Decreto 170 de 2001, literal c) del artículo 3° de la Ley 105 de 1993,
y previo los estudios técnicos del caso, expidió la Resolución No. 051 de 23 de
febrero de 2010 “Por medio de la cual se establecen criterios generales para la
reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su
Área Metropolitana” y, con fundamento en dicho acto se expidieron las Resoluciones
326.10 de 12 de julio de 2010; 327.10 de 12 de julio de 2010; 328. 10 de 12 de julio
de 2010, 329.10 de 12 de julio de 2010 y 463.10 de 4 de octubre de 2010, con el
propósito de modificar el sistema integrado de transporte masivo, como prioridad
legal y constitucional, en la medida que efectiviza los servicios públicos a cargo del
Estado y redunda en mejorar la calidad de vida de los asociados.

16. Por otro lado, reconoció que si bien el artículo 7° de la Ley 128 de 1994, dispuso
que la dirección y administración del Área Metropolitana está a cargo de una junta
metropolitana, un alcalde metropolitano y un gerente, no era menos cierto que el
Gobierno Nacional a través del artículo 8° del Decreto 1569 de 1998, estableció el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades
territoriales, previendo para tales efectos que el cargo de gerente pasaría a
denominarse de “Director General”. De tal suerte que no era cierto que la
nomenclatura del cargo de “Director del Área Metropolitana” sea atípica o
inexistente, pues la ley especial que regula el empleo público es la que le otorga
esa denominación5.

5
Aseguró que los permisos expedidos por el Estado en ejercicio del poder de policía constituyen actos administrativos
mediante los cuales se autoriza a un particular a desarrollar una actividad permitida por el ordenamiento jurídico, como ocurre
con la prestación del servicio público de transporte. En igual sentido y por ser una clara manifestación de la intervención
estatal en la economía, el Estado está investido de ciertas prerrogativas, como aquella que consagra la posibilidad de revocar
tal permiso por razones de interés público o cuando así lo prevea la Constitución, la ley o los reglamentos, pues el derecho

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

17. De la violación al debido proceso por la falta de publicidad de la
Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 y falta de notificación de los actos
administrativos particulares. Aseguró que la Resolución No. 051 de 23 de febrero
de 2010 fue notificada de manera personal al representante legal de la empresa
Transportes Lolaya Ltda. y publicada en la Gaceta del Área Metropolitana de
Barranquilla No. 350 de 31 de marzo de 2011. Así mismo, los actos administrativos
demandados de carácter particular fueron notificados al representante legal de la
citada empresa transportadora en debida forma. En apoyo a su aserto, hizo una
relación detallada de la fecha de notificación personal en que se efectuó cada una
de las resoluciones demandadas6.

I.3.3. Contestación de la demanda por el municipio de Soledad

18. Propuso la excepción de la falta de legitimación en la causa por activa, bajo el
entendido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser
instaurada por quien se crea lesionado en un derecho amparado por una norma
jurídica, es decir, por el titular del derecho subjetivo. En este caso, según su
parecer, el titular del derecho es la empresa Transportes Lolaya Ltda., persona
jurídica distinta de las personas naturales que la integran y, por ende, es dicha
sociedad la que se encuentra facultada para controvertir la legalidad de las
resoluciones acusadas.

I.4. La sentencia de primera instancia

19. La Sala Itinerante Administrativa de Descongestión del Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante sentencia del 30 de octubre de 2015, declaró probada la
falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, se inhibió para
decidir el fondo del presente asunto.

20. La instancia judicial analizó como problema jurídico el consistente en definir si
la señora Lucila Parra Triana estaba legitimada para solicitar la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se revocaron y reestructuraron algunas rutas y
se modificó la capacidad transportadora de la empresa Transportes Lolaya Ltda.,
en su calidad de propietaria de algunos vehículos vinculados al parque automotor
de dicha empresa.

21. El Tribunal de primer grado se refirió, en primer término, a los contornos de la
institución de la falta de legitimación desde el derrotero jurisprudencial de esta
jurisdicción. Luego, consideró que los actos administrativos acusados son de
naturaleza particular y concreta, pues resuelven situaciones jurídicas que afectan
única y exclusivamente a la empresa de Transporte Lolaya Ltda., pues modifican la

otorgado por dichas autorizaciones es «precario» y «temporal». Finalmente, aclaró que el actor confunde la figura del encargo
con la de delegación de funciones.
6
Finalmente propuso las siguientes excepciones: “Inexistencia de violación a las normas de publicación de los actos
administrativos”; “Inexistencia de violación de los términos de publicación”; “Inexistencia de violación por firma de funcionario
incompetente”; “Inexistencia de violación por delegación no permitida”; e “Inexistencia de violación por carencia de
competencias”.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

capacidad transportadora de la misma y ordenan reestructurar y revocar algunas
rutas que le habían sido asignadas con anterioridad.

22. A partir de la anterior premisa, indicó que “[…] es fácil inferir que la situación
jurídica afectada por los actos administrativos demandados, hace relación
solamente a las rutas y a la capacidad transportadora otorgada inicialmente a la
persona jurídica privada Transportes Lolaya Ltda., pues de ninguna manera podría
llegar a decirse que las mismas le fueron concedidas a cada vehículo y propietario
en particular. De ahí que se pueda afirmar, sin lugar a dudas, que quien estaba
legitimado en la causa para demandar es la persona jurídica en mención y no los
propietarios de cada vehículo que haga parte del parque automotor de la misma
[…]”.

23. Precisó además que no era cierto que las decisiones adoptadas por el Área
Metropolitana de Barranquilla hayan afectado los intereses jurídicos de propiedad y
usufructo de prestación del servicio público de transporte a los cuales tiene derecho
la parte demandante como propietaria de los vehículos, puesto que la autorización
sobre las rutas que fueron revocadas y reestructuradas, así como la modificación a
la capacidad transportadora era detentada por la empresa Transportes Lolaya Ltda.

24. Agregó que no puede confundirse el contrato de vinculación y administración
que firma el propietario de un bus con una empresa de transporte, con el poder de
representación judicial, pues en el presente caso no se está haciendo relación al
derecho de postulación, sino a la capacidad jurídica procesal, traducida en la
legitimación para actuar de la que carece la señora Lucila Parra Triana.

25. Así las cosas, concluyó señalando que la parte demandante no estaba
legitimada por activa para demandar la legalidad de los actos acusados, habida
cuenta que dichos actos administrativos se refieren a situaciones jurídicas de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., en la medida que modifican su capacidad
transportadora, se reestructuran y revocan algunas rutas que le habían sido
asignadas con anterioridad, motivo por el cual, el Tribunal se inhibió para decidir el
fondo del asunto.

I.5. El recurso de apelación

26. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de alzada contra la
decisión consignada en la providencia del 30 de octubre de 2015, emitida por la
Sala Itinerante Administrativa de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin de que sea revocada y, en su lugar se emita un pronunciamiento
de fondo.

27. Señaló inicialmente que el fallo apelado desconoce el artículo 85 del CCA, pues
del tenor literal de la norma toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado por la norma jurídica invocada puede solicitar, por medio de su
representante, ante la jurisdicción que se declare la nulidad de un acto

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ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

administrativo, en procura de lograr restaurar el ordenamiento jurídico con ocasión
de la expedición de la decisión administrativa y la reparación del derecho subjetivo
conculcado.

28. Según su parecer, el interés jurídico no solo reside en la empresa Transportes
Lolaya Ltda., sino también en los propietarios de los vehículos que se encuentran
autorizados para la prestación del servicio público de transporte; de tal manera que
al no permitir la participación de los propietarios de los vehículos afiliados a la
empresa se estarían contrariando los artículos 58, 313 y 316 de la Constitución
Política.

29. Agregó que toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público tiene
capacidad para ser parte en el proceso por lo que, a su juicio, es evidente que la
accionante goza de capacidad para ser parte y se encuentra habilitada para ser
sujeto procesal, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de acceso de
administración de justicia.

30. Finalmente, reiteró lo expuesto en el escrito introductorio del proceso respecto
de la configuración de los cargos de nulidad por la falta de publicación y notificación
de los actos acusados y la incompetencia del funcionario que los expidió.

I.6. Trámite de segunda instancia

31. El recurso de apelación fue concedido por la magistrada sustanciadora de la
primera instancia mediante auto del 18 de febrero de 20167. Remitido y repartido el
proceso entre los diferentes despachos que integran la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante auto de 30 de septiembre de 2016 8 se admitió el
recurso interpuesto y se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto. Vencido el plazo para alegar de conclusión, no hubo
manifestación alguna por parte de todos los sujetos procesales9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA10, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
7
Folio 569 del Cuaderno del Tribunal.
8
Folio 5 del cuaderno Consejo de Estado.
9
Cabe agregar que, el Área Metropolitana de Barranquilla, luego de proferirse el fallo de primera instancia, allegó escrito de
fecha 14 de octubre (fecha no legible), contentivo de los alegatos de conclusión, en el cual manifestó que debía confirmarse
la sentencia de primera instancia, al encontrarse demostrada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
Igualmente, la Alcaldía Distrital de Barranquilla quien reiteró que en el presente caso está llamada a prosperar la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, reiterando, en definitiva, los mismos argumentos de la contestación
de la demanda. Esta Sala se remite a los consignado en la parte pertinente de esta providencia.
10
“[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.

9

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la Sentencia de 30 de
octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala
Itinerante Administrativa de Descongestión.

II.2. Los actos demandados objeto de juzgamiento en este proceso

32. En el presente caso se pretende la declaratoria de nulidad de los siguientes
actos administrativos:

33. La Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 “Por medio de la cual se
establecen criterios generales para la reorganización del transporte público
colectivo en el Distrito de Barranquilla y su área metropolitana”, expedida por el
Director del Área Metropolitana de Barranquilla (e) en ejercicio de las facultades
conferidas por las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, por el Decreto Reglamentario
170 de 5 de febrero de 2001 y por las normas establecidas en los Acuerdos
Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003, por la cual se reorganizó
el sistema de transporte masivo por la entrada en operación del Sistema Transmetro
y se dispuso la pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte
público colectivo para la implementación de sus troncales, es decir, de los actos
particulares que concedieron los permisos11.

34. La Resolución 326.10 de 12 de julio de 2010 “Por medio de la cual se ordena
la reestructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo de la Ruta
Soledad 2000 – Calle 72 – Zoológico autorizada a Transportes Lolaya Ltdo. Nit.
890.101.414-9”, expedida por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.

35. La Resolución 327.10 de 12 de julio de 2010 “Por medio de la cual se ordena
la reestructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo de la Ruta
Valle Silencio autorizada a Transportes Lolaya Ltda. Nit. 890.101.414-9”,
expedida por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.

36. La Resolución 328.10 de 12 de julio de 2010 “Por medio del cual se revoca el
permiso de transporte público colectivo de la ruta Prado Porvenir autorizada a
Transportes Lolaya Ltda. Nit. 890.101.414-9”, expedida por el Director del Área
Metropolitana de Barranquilla.

37.La Resolución 329.10 de 12 de julio de 2010 “Por medio del cual se revoca el
permiso de transporte público colectivo de la ruta Murillo – Soledad 2000 –

11
La Sala de Decisión de la Sección Primera en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la Resolución 051 de 23 de febrero
de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido general tiene la virtud de modificar o extinguir situaciones jurídicas
particulares respecto de aquéllos a quienes les han sido asignadas rutas de transporte público colectivo que circulan por el
corredor de la Troncal de Transmetro y que con ocasión de ello perdieron tal habilitación. En efecto, se consideró que dicho
acto administrativo reguló lo ateniente a la “pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo
por la implantación del sistema de transmetro”, luego su eventual declaratoria de nulidad daría lugar al restablecimiento
automático del derecho de las empresas en comento. En este sentido, la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 es pasible
de control jurisdiccional por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no por la vía de la acción de nulidad.
Sentencia de 2 de marzo de 2017. Rad.: 2011 – 00660. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia
de 6 de abril de 2017. Rad.: 2011 – 00658. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

10

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

Granabastos autorizada a Transportes Lolaya Ltda. Nit. 890.101.414-9”, expedida
por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.

38. La Resolución 463.10 de 4 de octubre de 2010 “Por medio de la cual se
resuelve una solicitud de revocatoria directa contra las resoluciones metropolitanas
326,10 y 327,10”, expedida por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.

II.3. El problema jurídico

39. Esta Sala de Decisión abordará como problema jurídico el consistente en
establecer si en el presente caso está llamada a prosperar o no la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa y, de resultar lo contrario, si los cargos de
nulidad esgrimidos en la demanda asociados a la violación al debido proceso y falta
de competencia por parte del funcionario que profirió los actos acusados están
llamados a prosperar.

II.4. Cuestión previa: la naturaleza jurídica de la Resolución 051 de 23 de
febrero de 2010

40. Esta Sección de manera pacífica y reiterada, al analizar lo concerniente a
naturaleza jurídica de la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 ha señalado que,
pese a tratarse de un acto administrativo de contenido general tiene la virtualidad
de modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular, en cuanto
disponen la pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público
colectivo con ocasión de la implementación del sistema Transmetro, al tiempo que
señala que la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio de
transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla sufriría una
reducción basada en estudios así lo justifique. Luego, entonces, la eventual
declaratoria de nulidad de dicho acto administrativo daría lugar al restablecimiento
automático del derecho, de tal suerte que la acción idónea para enjuiciar la legalidad
de dicho acto es la de nulidad y restablecimiento del derecho y, no la acción de
simple nulidad.

41. Así, en sentencia de 13 de mayo de 202112, esta Sección señaló:

“(…) 92. Sea lo primero indicar que en sentencia de 2 de marzo de 2017, esta
Sección ya tuvo la oportunidad de analizar la legalidad de la misma resolución
bajo idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los expuestos por el demandante

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, número
de radicado: Radicado: 08001233100020110067301, actor: Elkin Rafael Fruto Pizarro, demandado: Área Metropolitano de
Barranquilla y otro, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

También pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado:
08001-23-31-000-2011-00676-01, actor: Transporte Lolaya Ltda., MP: Nubia Margoth Peña.

11

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

en el sub judice. A continuación se destacan algunas consideraciones de la
providencia, que ahora prohíja la Sala:

[…]

Son reiteradas las decisiones de esta Corporación que han señalado que
resulta posible que, con la protección del orden jurídico general, se puedan
generar efectos particulares y concretos respecto de personas determinadas,
en este evento ha sido pacífica la jurisprudencia que ha sostenido que cuando
el restablecimiento de derechos subjetivos fuere automático, por el solo efecto
de la nulidad, la acción de nulidad no procede. […] Al respecto se pueden citar
las siguientes decisiones:

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Auto de 17 de marzo de 2016. Rad.: 2014 – 00398. Magistrado Ponente: Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

(…)

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Auto de 21 de abril de 2016. Rad.: 2015 – 00091. Magistrado Ponente: Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

(…)

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Auto de 28 de julio de 2016. Rad.: 2013 – 00795. Magistrada Ponente: Dra.
María Claudia Rojas Lasso.

(…)

94. Con fundamento en lo dicho, y en consonancia con lo resuelto en
primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso en
referencia, esta Sala concluyó que si bien es cierto la Resolución n.o 051
de 2010 es un acto administrativo general, también lo es que modifica o
extingue situaciones jurídicas particulares, pues aunque no individualizó
a los destinatarios de sus efectos, claramente puede deducirse que lo
serían las empresas de transporte público colectivo autorizadas para
circular por el corredor de la troncal de Transmetro, cuya habilitación
perdió vigencia con ocasión de su expedición, razón por la cual la acción
adecuada para demandar su legalidad no es la de nulidad sino la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho” (destacado de la Sala).

II.5. La solución al problema jurídico

42. La Sala Itinerante Administrativa de Descongestión del Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante Sentencia del 30 de octubre de 2015, declaró probada la
falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, se inhibió para
decidir el fondo del presente asunto, al considerar que los actos acusados son de
contenido particular y concreto, en razón a que resuelven la situación jurídica de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., en tanto regulan lo atinente a la capacidad
transportadora y disponen reestructurar y revocar algunas rutas que le habían sido
asignadas, situación de la cual se desprendía que la demandante en su calidad de
propietaria carece de legitimación en la causa por activa para controvertir la

12

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

legalidad de los actos administrativos acusados de ilegalidad en el presente
proceso.

43. Contrario a la tesis sostenida por el Tribunal de primer grado, la recurrente
considera que del tenor literal del artículo 85 del CCA, se desprende que toda
persona que se crea lesionada en un derecho puede controvertir la legalidad de los
actos administrativos con el objetivo de “(…) restaurar el ordenamiento jurídico con
ocasión de la expedición de un acto administrativo que quebrante los postulados
legales y, el segundo obtener la reparación de un derecho de orden subjetivo
vulnerado por el acto acusado”, motivo por el cual, negar la participación de los
propietarios de los vehículos, además de desconocer el contenido de la citada
disposición normativa, vulnera el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, el derecho de propiedad y la libre empresa reconocidos
en los artículos 58, 313 y 336 de la Carta Política.

44. Para resolver, la Sala recuerda que la legitimación en la causa ha sido
concebida como la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la
demanda -vista desde el extremo activo- o para contradecir las pretensiones de ella
–vista desde el extremo pasivo- por ser el sujeto activo o pasivo de la relación
jurídica sustancial que plantea el proceso13.

45. Ha sido clara la distinción entre legitimación en la causa de hecho y la
legitimación en la causa material, pues la primera se refiere a la relación procesal
existente entre el demandante y demandado, la cual surge a partir de la
presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio y, se traduce en la
posibilidad de los sujetos litigiosos para intervenir en el proceso y ejercer los
derechos de defensa y de contradicción. La segunda, supone la conexión de las
partes con los hechos constitutivos del litigio, bien porque dieron lugar a la
producción del daño o porque resultaron perjudicadas14. Bajo tal escenario, habrá
debida legitimación en la causa cuando el actor es la persona a quien le
corresponde formular las pretensiones o cuando el demandado es quien debe
responder por la atribución hecha por el demandante15.

46. Ahora bien y descendiendo al caso en concreto esta Sala de Sección, en su
jurisprudencia pacífica y reiterada ha señalado que los actos administrativos
demandados en este proceso resuelven una situación jurídica y particular de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., para operar como empresa de servicio público
de transporte en unas rutas determinadas (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico - Valle
Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos) y regulan lo

13
Sentencia del Consejo de Estado del 17 de julio de 2014, Número de Radicado: 250002324 000200700076, actor: Trasuran,
Magistrado Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, sentencia de 14 de diciembre
de 2015, radicado: 44001-23-31-000-2009-00002-01(40732). actor: Esther María Robles Matos y otros, CP: Ramiro Pazos
Guerrero.
15
Sentencia del Consejo de Estado del 17 de julio de 2014, Número de Radicado: 250002324 000200700076, actor: Trasuran,
Magistrado Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

13

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

concerniente a su capacidad transportadora16, por lo que la legitimación en la causa
por activa radica en la citada empresa y no en los propietarios de los vehículos
automotores vinculados, quienes procesalmente pueden acudir al proceso como
coadyuvantes.

47. A continuación, se citan los principales pronunciamientos emanados por esta
jurisdicción que apuntan en esa misma dirección:

48. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 26 de noviembre de 2020, radicado: 2011-00369-01, actor: Cefemiro
Ramírez Bernal, demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros, MP:
Hernando Sánchez Sánchez, en la que se indicó:

“(…) 30. Sala considera que se está frente a: i) la legitimación de hecho, cuando
con la presentación de la demanda y la correspondiente debida notificación
surge la relación procesal; y ii) la legitimación material, cuando existe conexidad
entre las partes y los hechos constitutivos del litigio para así obtener una
sentencia favorable a las pretensiones de la demanda.

31. La legitimación en la causa es un elemento necesario para acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que es indispensable demostrar que existe
identidad entre: i) la parte demandante y la persona que tiene interés en el
objeto del litigio (legitimación en la causa por activa); y ii) la parte demandada y
la persona que, de acuerdo con la relación sustancial, tenga el deber de
responder frente a las pretensiones de la demanda (legitimación en la causa por
pasiva).

(…)34. El artículo 6.° del Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 2001 , dispone
que el "[...] [s]ervicio público de transporte terrestre automotor colectivo de
pasajeros. Es aquél que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte legalmente constituida [...]" (Destacado fuera de texto).

35. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-033 de 2014,
consideró:

"[...] las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con
equipos matriculados o registrados para dicho servicio y previamente
homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo
23 de la Ley 336 de 1996”; coincidiendo entonces el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional en que el servicio público de transporte
presenta las siguientes características (está en negrillas en el texto
original). “Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar
a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero.

16
La Sala de Decisión de la Sección Primera en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la Resolución 051 de 23 de febrero
de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido general tiene la virtud de modificar o extinguir situaciones jurídicas
particulares respecto de aquéllos a quienes les han sido asignadas rutas de transporte público colectivo que circulan por el
corredor de la Troncal de Transmetro y que con ocasión de ello perdieron tal habilitación. En efecto, se consideró que dicho
acto administrativo reguló lo ateniente a la “pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo
por la implantación del sistema de transmetro”, luego su eventual declaratoria de nulidad daría lugar al restablecimiento
automático del derecho de las empresas en comento. En este sentido, la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 es pasible
de control jurisdiccional por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no por la vía de la acción de nulidad.
Sentencia de 2 de marzo de 2017. Rad.: 2011 – 00660. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia
de 6 de abril de 2017. Rad.: 2011 – 00658. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

14

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

• Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la
comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre
competencia;

• El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés
público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de
su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida-, y
la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad
del sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, art. 2°)-;

• Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del
Estado;

• El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y
habilitadas por el Estado […]» (Destacado fuera de texto).

36. Razón por la cual, siguiendo el criterio de la Sala en los casos citados supra,
como los actos administrativos acusados: i) son de contenido particular y
concreto, por cuanto modificaron la capacidad transportadora de la empresa
Transportes Lolaya Ltda., en su condición de persona jurídica, encargada de
la prestación del servicio público de trasporte, y reestructuraron y revocaron
rutas que le habían sido asignadas directamente a dicha empresa; ii) tienen un
destinatario específico, por cuanto se dirigen directamente hacia la empresa
Transportes Lolaya Ltda.; y, adicionalmente, iv) como el servicio de transporte
público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas
por el Estado, la Sala considera que la única legitimada en la causa para
demandar era la empresa Transportes Lolaya Ltda. y no el señor Ceferino
Ramírez Bernal quien se encuentra legitimado de hecho pero no de forma
material” (destacado es original).

49. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta17,
sentencia de 5 de abril de 2018, radicado: 2011-00559-01, actor: Leidy Guarín Pico,
demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros, MP: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, en la cual se expresó:

“(…) Descendiendo tales premisas al asunto sub judice, resulta claro para esta
colegiatura que la señora LEIDY GUARÍN PICO, al no ser la dueña de la
relación jurídico material que se define en los actos administrativos
demandados, carece de legitimación en la causa por activa, lo cual resulta
suficiente para confirmar el fallo objeto de la apelación.

Cabe aclarar que esta legitimatio ad causam18 es plenamente distinguible de la
ad processum19, pues, mientras la primera está relacionada con el objeto de la
litis, y responde a un elemento sustancial de la pretensión como condición para
la sentencia de fondo; la segunda, atañe a la posibilidad que se tiene de
intervenir en juicio y ejercer todos los actos procesales permitidos a los
correspondientes sujetos procesales, lo cual, además, constituye un
presupuesto procesal.

17
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las
Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
18
(Cita es original): Denominación latina para la legitimación en la causa.
19
(Cita es original): En tal sentido se puede consultar lo dicho en el auto de 23 de enero de 2015, C. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, rad. 2014-00033-00.

15

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

Dentro de esta última categoría se inscriben las censuras esbozadas en el
escrito de apelación, toda vez que con ellas insiste en la capacidad de la actora,
y en la de su apoderado, para comparecer al juicio de nulidad y restablecimiento
del derecho como sujeto procesal habilitado para reclamar la declaratoria de
ilegalidad de los actos acusados y obtener el resarcimiento pertinente.

(…)

En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que la demandante
sí está legitimada de hecho porque es quien atribuye las pretensiones a la
demandada y el legislador autorizó y avaló que estaría legitimado quien se
crea lesionado “en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca
( )” (art. 85 C.C. A).

Pero no lo está materialmente, porque de los actos administrativos
demandados no se deriva una relación sustancial de derecho con la
entidad demandada.

De ahí que ante la falta de integración del binomio conformado por los dos
aspectos que entrañan la legitimación, permita a la Sala reiterar que las
pretensiones de la demanda de la referencia no están llamadas a prosperar y
que, bajo esa égida, se debe confirmar el fallo objeto de la apelación”
(destacado de la Sala).

50. Igualmente, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 2011-00556-
0120, actor: Paulino Triana Triaba, demandado: Área Metropolitana de Barranquilla
y otros, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés, en la cual se sostuvo:

“(…) Sala advierte que las resoluciones demandadas resuelven una situación
jurídica particular y concreta en cabeza de la empresa de Transportes Lolaya
Ltda., en tanto deciden sobre la autorización para operar como empresa de
servicio público de transporte en unas rutas determinadas (Soledad 2000, Calle
72 Zoológico - Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000,
Granabastos) y regulan lo ateniente a su capacidad transportadora21.

Al respecto, la Sala resalta que el señor Paulino Triana Triana es propietario de
los vehículos automotores de placas UYW 414 y UYS 179, los cuales se
encuentran vinculados a la Empresa de Transporte Lolaya Ltda, mediante los
contratos 0310 – 182 y 0447 – 218.

En este sentido, si bien es cierto que la parte actora puede llegar a tener un
eventual interés en que se declare la nulidad de los actos demandados y, por
ende, se le autorice continuar prestando el servicio público de transporte urbano

20
También se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; auto de 1° de noviembre de 2012; número único de radicación 08001-2331-000-2011-00517-01. Actor:
Charoll Lizarazo Triana. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 26 de julio de 2012; C.P. maría Elizabeth
García González; número único de radicación 08001-2331-000-2011-00468-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 2 de febrero de 2012; C.P. María
Elizabeth García González; número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00388-01. Actor: Ernesto Macías Acelas.
21
(cita es original): La Sala de Decisión de la Sección Primera en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la Resolución 051
de 23 de febrero de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido general tiene la virtud de modificar o extinguir
situaciones jurídicas particulares respecto de aquéllos a quienes les han sido asignadas rutas de transporte público colectivo
que circulan por el corredor de la Troncal de Transmetro y que con ocasión de ello perdieron tal habilitación. Al respecto,
puede consultarse las siguientes providencias:
Sentencia de 2 de marzo de 2017. Rad.: 2011 – 00660. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 6 de abril de 2017. Rad.: 2011 – 00658. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

de pasajeros, también lo es que ello no lo habilita para sustituir a dicha empresa
en su condición de parte legitimada para incoar la acción de la referencia.

En efecto, la situación jurídica particular se encuentra radicada en la persona
jurídica en mención y no en los propietarios de los vehículos automotores
vinculados, quienes procesalmente pueden acudir al proceso como
coadyuvantes.

Sobre el particular, la Sala recuerda que un caso similar en el que se
demandaron los mismos actos administrativos objeto de la presente litis,
la Sala se refirió a la naturaleza particular y concreta de los mismos y a la
falta de legitimación por activa cuando no era la empresa de Transporte
Lolaya Ltda., la cual acudía a la jurisdicción contenciosa administrativa
para solicitar su nulidad, tal y como se observa a continuación (…)”
(destacado es nuestro).

51. De conformidad con los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales
prohijados por esta Sala se concluye lo siguiente:

52. En primer lugar, las resoluciones acusadas son actos administrativos de
contenido particular y concreto, en cuanto resuelven la situación jurídica de la
empresa Transportes Lolaya Ltda., en su calidad de persona jurídica, al regular lo
atinente a la modificación de la capacidad transportadora y dispusieron la
reestructuración y revocatoria del permiso de operación de transporte público
colectivo para algunas rutas determinadas por la entrada en operación del Sistema
de Transporte Masivo de Pasajeros Transmetro (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico
• Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos).

53. En segundo lugar, si bien la señora Lucila Parra Triana es propietaria de los
vehículos identificados con las placas UYN-638 y UYO-465, los cuales se
encuentran vinculados a la empresa Transportes Lolaya Ltda., mediante los
contratos Nos. 178-430 y 415–403, respectivamente, no es menos cierto que la
relación que mantiene la hoy demandante con la citada empresa es de naturaleza
contractual, la cual dista de la relación legal existente entre la empresa Transportes
Lolaya y el Área Metropolitana.

54. En efecto, según se lee del contrato de vinculación 178-430 del año 2008 (sin
especificar día y mes22), suscrito entre la empresa Transportes Lolaya Ltda. y la
señora Lucila Parra Triana, dicho acuerdo de voluntades tuvo como objeto “(…)
vincular el vehículo automotor de placas UYN-638 al servicio público terrestre
urbano de pasajeros a través de la empresa Transportes Lolaya Limitada para que
haga parte de la capacidad transportadora del parque automotor que tiene
autorizado por las autoridades de tránsito (…) Este vehículo automotor prestará el
servicio en las rutas actualmente asignada a la EMPRESA o en cualquier ruta que
con posterioridad sea adjudicada a la misma” y con un término de duración de seis
(6) meses renovable por un término adicional.

22
Folios 45 a 47 del cuaderno principal.

17

Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

55. Así mismo, según consta en el contrato de vinculación 415-403 del 201023 (sin
especificar día y mes) suscrito entre la empresa Transportes Lolaya Ltda. y la
señora Lucila Parra Triana, aquel tuvo como objeto “(…) vincular el vehículo
automotor de placas UYO 465 al servicio público terrestre; urbano de pasajeros a
través de la empresa Transportes Lolaya Limitada para que haga parte de la
capacidad transportadora del parque automotor que tiene autorizado por las
autoridades de tránsito (…) Este vehículo prestará el servicio en las rutas
actualmente asignada a la EMPRESA o en cualquier ruta que con posterioridad sea
adjudicada” y con un término de duración de seis (6) meses, con posibilidad de
renovación.

56. En tercer lugar, se colige que en la empresa Transportes Lolaya Ltda., en su
calidad de persona jurídica recae el interés jurídico que se debate en el presente
proceso, en consideración a que dicha sociedad es la destinataria de las decisiones
de la administración mediante las cuales se dispuso la modificación de la capacidad
transportadora, la reestructuración y la revocatoria del permiso de operación de
ciertas rutas con ocasión de la entrada en operación del Sistema de Transporte
Masivo de Pasajeros Transmetro. Sin embargo, dicha condición no se predica de
los propietarios de los vehículos, como personas naturales, quienes procesalmente
pueden concurrir como coadyuvantes.

57. Nótese que, de conformidad con el Código Civil, la persona jurídica es una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. A su vez, la Corte Constitucional ha
expresado que “(…) Las personas jurídicas (…) están por esencia concebidas como
vehículo para canalizar las aspiraciones grupales de sus asociados, que siempre
es sólo una fracción de la sociedad civil, generalmente incluso de un número muy
limitado. Su fundamento es el artículo 38 de la Carta, en virtud del cual las personas
naturales pueden asociarse libremente (…)] las personas jurídicas (…), incluso las
que persiguen fines filantrópicos o colectivos, sólo poseen intereses particulares,
consignados expresamente en los respectivos estatutos y cuyo contenido
específico condiciona el otorgamiento de la personería jurídica por parte del
Estado”.

58. En cuarto lugar, se tiene que, en el presente proceso, no se discute la existencia
de la legitimación de hecho, la que se origina con la presentación de la demanda y
la notificación del auto admisorio y se traduce en la posibilidad de intervenir en el
proceso, sino la ausencia de legitimación material que ubica al juzgador en la tarea
de auscultar la existencia de un verdadero interés legítimo de las partes,
presupuesto que de no verificarse conlleva a la existencia de un fallo denegatorio
de las pretensiones. En este sentido, esta Corporación ha expresado que «[…] la
legitimación en la causa se entiende como la “posición sustancial” que tiene el
sujeto procesal “en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la
controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se
desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se

23
Folios 41 a 43 del cuaderno principal.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

les exoneran de las segundas”24. La legitimación en la causa, por lo tanto, permite
reconocer al sujeto autorizado para intervenir en el proceso, formulando u
oponiéndose a las pretensiones de la demanda (dependiendo de la calidad de
sujeto activo o pasivo frente a la relación jurídica). Así mismo, la legitimación en la
causa es una cuestión de mérito (…)».

59. A partir de los anteriores derroteros jurisprudenciales que esta Sala prohíja,
se colige que, si bien la señora Lucila Parra Triana está legitimada procesalmente
o de hecho para incoar la presente demanda, no lo está desde un punto de vista
material, pues los actos administrativos acusados tienen la virtualidad de afectar la
situación particular y concreta de la persona jurídica Transportes Lolaya Ltda.,
motivo por el cual, esta Sala negará las pretensiones de la demanda en la medida
que, conforme se indicó con anterioridad, la legitimación material es una condición
necesaria para dictar sentencia de mérito25 como, en efecto, así quedará
consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la la providencia apelada, esto es, la
sentencia de 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico - Sala Itinerante Administrativa de Descongestión, el cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por activa
de la demandante. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Número de Radicado;
Expediente 68001-23-15-000-1995-01120-01(22159) actor: Luz Stella Calderón Martínez y otro, demandado: Corporación de
Defensa de La Meseta De Bucaramanga, M, P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25
Frente a la legitimación material como requisito necesario para dictar sentencia de mérito se pueden consultar, entre otras,
las siguientes providencias:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 2021, radicado:
05001-23-31-000-2003-00813-01 (57325ª), actor: Departamento de Antioquia, demandado: Álvaro Vásquez Osorio y Luis
Ignacio Guzmán Ramírez, MP: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, radicado: 25000-23-36-000-2015-02165-02 (65207), actor: Colvita S.A.S., demandado: Fiduciaria la
Previsora s.a. - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAP – defensa jurídica del
extinto DAS y su fondo rotatorio, MP: Marta Nubia Velásquez Rico (e) y; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicado: 41001-23-31-000-2011-00243-01 (56038), actor: José Nelson
Figueroa y otros, demandado: Hospital Universitario Hernando Moncaleano ESE y otros, MP: Guillermo Sánchez Luque.

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Expediente No. 08001-2331-000-2011-00405-02
ACTOR: LUCILA PARRA TRIANA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P(5)

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