Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-00408-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2013 00408 01 (4517-2018)
Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Prescripción de las
mesadas pensionales. Ley 1437 de 2011
Decisión: Modificar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 15 de marzo de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Resolución nro. 20089 del 25 de julio de 2002 “por la cual se niega una
pensión de jubilación”.
• Resolución nro. 48933 del 20 de septiembre de 2006 “por la cual se niega
el reconocimiento y pago de una pensión gracia”.
• Resolución nro. 49068 del 22 de septiembre de 2008 “por la cual se niega
una pensión gracia”.
• Resolución nro. PAP 001750 del 11 de noviembre de 2009 “por la cual se
niega una pensión gracia”.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores devengados en
el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada; que se ajuste
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Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
el valor conforme lo indicado en el artículo 178 del CCA; que se paguen los
intereses a los que haya lugar y que se de cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Manifiesta la señora Myriam Eufemia Saavedra Vélez que el día 10 de mayo de
2001 cumplió 50 años de edad, fecha para la cual, ya contaba con 20 años de
servicio como docente.
En virtud de lo anterior, el día 22 de febrero de 2002 solicitó ante la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL, el reconocimiento de la pensión gracia, pero la
entidad demandada mediante acto administrativo nro. 20089 del 25 de julio de
2002, negó la prestación solicitada bajo el argumento de no cumplir con el lleno
de los requisitos contenidos en la norma, en especial el haber laborado con
antelación al 31 de diciembre de 1980.
Resalta que el 21 de octubre de 2004, elevó una nueva solicitud de
reconocimiento pensional donde se aportaron certificaciones de servicios
expedidas por el ente territorial; sin embargo, la petición fue resuelta
negativamente a través de la Resolución nro. 48933 del 25 de julio de 2006.
Posteriormente, la demandante en fecha del 21 de noviembre de 2007 reiteró la
solicitud de reconocimiento pensional, pero la misma fue negada mediante
Resolución 49068 del 22 de septiembre de 2008.
Después, el 12 de junio de 2009 realizó un último requerimiento pensional, pero
CAJANAL negó lo pedido a través de la Resolución nro. PAP 00750 del 11 de
noviembre de 2009.
Finalmente, aclara que no es obligatorio agotar el recurso de reposición para
presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 6, 13, 25,
29, 46, 48, 53 90, 121, 125, 128 y 129 de la Constitución; artículos 2, 3, 59 y 84
de la Ley 1437 de 2011; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de
la Ley 116 de 1928; artículo 3 de la Ley 37 de 1933; artículos 1 y 3 del Decreto
2285 de 1955; artículo 17 de la Ley 6 de 1945; artículo 1 – inciso 2 de la Ley 33
de 1985; artículo 15 – numeral 2 – literal “a” de la Ley 91 de 1989 y la Ley 43 de
1975 y su Decreto Reglamentario 223 de 1977.
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Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que la demandante al momento de
adquirir su estatus pensional, se encontraba no con una mera expectativa, sino
con un derecho adquirido, pues poseía la calidad de docente -nombrada antes
del 1° de enero de 1981-, no había sido sancionada y llevaba más de 20 años de
servicios prestados.
Alega que si bien no debe existir discriminación alguna sobre los docentes del
magisterio público frente al reconocimiento y pago de una pensión gracia,
tampoco debe hacerse tal diferenciación por causa de la naturaleza del
empleador, toda vez que en todos los casos del magisterio, es el estado quien
emplea servicios de los docentes, a través de diversas entidades territoriales o
despachos administrativos como son el Ministerio de Educación Nacional y las
Secretarías de Educación Departamental o Municipal.
1.4. Contestación de la demanda1
La entidad CAJANAL EICE hoy – UGPP, a través de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones y en evento contrario, solicitó se aplique la
prescripción de las mesadas pensionales anteriores a los 3 últimos años de la
presentación de la demanda.
Indicó que el acto administrativo acusado no adolece de nulidad debido a que el
mismo tiene su sustento en normatividad vigente y aplicable al caso concreto,
conforme al cual, la parte actora no cumple los requisitos para acceder al derecho
pensional que anhela.
Expuso que, después de efectuar un profundo análisis de los documentos
allegados con la petición de reconocimiento pensional, encontró que la
demandante no se desempeñó como docente nacionalizada departamental
municipal o distrital antes del 31 de diciembre de 1980, por tanto, no cumple el
requisito más importante para acceder a la pensión, situación que conllevó a
negar el reconocimiento pensional.
Finalmente, propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación”,
“prescripción de las mesadas” y “genérica e innominada”.
1.5. Sentencia de primera instancia2
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 15 de marzo de
2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido,
en dicha providencia se dispuso:
1 Folios 82 a 87 del expediente físico
2 Folios 199 a 207 del expediente físico
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“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción parcial, pues como se
explicó en las anteriores líneas, están afectadas por el fenómeno de prescripción todas
las mesadas causadas con anterioridad al 24 de abril de 2010, formulada por la parte
demandada.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones nos. 20089 del 25 de julio de
2002, 48933 del 20 de septiembre de 2006, 49068 del 22 de septiembre de 2008 y la PAP
001750 del 11 de noviembre del 2009, proferidas por CAJANAL (hoy en día UGPP) que
negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
TERCERO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, que reconozca y pague a favor de la docente Myriam Eufemia
Saavedra Vélez la pensión gracia, efectiva a partir del 10 de mayo de 2001 momento en
que adquirió el estatus, en cuantía equivalente al 75% del promedio de la totalidad de los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del
derecho pensional, con efectos fiscales a partir del 24 de abril de 2010 por prescripción
trienal.
CUARTO: DAR cumplimiento de esta sentencia de conformidad a los arts. 187 inciso
final y 192 de la Ley 1437 de 2011
QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales deberán ser
liquidadas por Secretaría según el art. 365 de la Ley 1564, en concordancia con el
Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y
atendiendo los criterios fijados en el numeral 3.1.3 del mismo acuerdo. Para ese efecto,
se fijan las agencias en derecho en a la suma equivalente al 1% del valor de las
pretensiones.
[…]”
Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que en el
plenario quedó acreditado que: i) la señora Myriam Eufemia Saavedra Vélez,
efectivamente estuvo vinculada como docente en interinidad en el Departamento
del Valle del Cauca antes del 31 de diciembre de 1980; ii) cumplió los 20 años
de servicios como docente; iii) no incurrió en causales de mala conducta; iv) no
existe prueba de que disfrute de otra pensión de carácter nacional y v) cumplió
50 años de edad el 10 de mayo de 2001.
Indicó que no es de recibo el argumento de la carencia de valor probatorio de las
copias simples donde acredita la demandante su vínculo laboral antes del 31 de
diciembre de 1980, ya que ese asunto fue decidido por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2013.
Frente a la prescripción de las mesadas pensionales, aclaró que pese a las
múltiples solicitudes de reconocimiento pensional que radicó la demandante, la
norma es clara en señalar que el escrito solo interrumpe la prescripción, por un
lapso igual – una sola vez, coligiéndose que el lapso que contempla la norma es
para acudir a la jurisdicción, por tanto, la interposición indiscriminada de
peticiones no interrumpe indefinidamente el fenómeno mencionado.
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Así las cosas, para el caso en concreto tuvo en cuenta la presentación de la
demanda para efectos de cómputo de prescripción -artículo 94 del CGP-, por
tanto, reconoció la pensión gracia a partir del 10 de mayo de 2001 momento en
que adquirió el estatus, con efectos fiscales a partir del 24 de abril del 2010.
Finalmente, consideró el Tribunal de primera instancia que el comportamiento
omisivo de la entidad demandada es un elemento estructurante del animus
nocendi, razón por la que lo condenó en costas.
1.6. Recursos de apelación3
El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP4 inconforme con
la sentencia de primera instancia, interpuso recurso de apelación en el que
manifiesta que la señora Myriam Eufemia Saavedra Vélez no acredita el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.
Señala que la demandante no cuenta con el tiempo de servicios para hacerse
acreedora de una pensión gracia, pues no acredita su vinculación dentro del
término legal establecido, para que le sea reconocida la pensión, razón por la que
es imposible realizar el solicitado requerimiento.
De otro lado, el apoderado de la parte demandante5 también presentó recurso
de alzada contra la anterior providencia, en tanto considera que los efectos
fiscales de la prestación debieron concederse desde el momento en que la
docente cumplió el estatus de pensionada. Estima que dicho fenómeno no se
aplica a este caso concreto, dado que la beneficiaria presentó varias
reclamaciones antes de radicar la demanda; por lo que solicita se revoque lo
correspondiente a la excepción de prescripción.
Argumenta que para los trabajadores al servicio de una entidad estatal, los
términos de prescripción de sus derechos laborales se deben contabilizar desde
el momento en que el acto contentivo de la decisión administrativa queda
debidamente ejecutoriado.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto del 11 de junio de 20196, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión. En esa oportunidad, el apoderado
de la parte demandante insistió en el cumplimiento de los requisitos normativos
para el reconocimiento de la pensión gracia y en la no ocurrencia de la
prescripción trienal7.
3 Folios 215 a 217 del expediente físico.
4 Folios 215 a 217 del expediente físico.
5 Folios 218 a 229 del expediente físico.
6 Folio 277 del expediente físico.
7 Folios 282 a 284 del expediente físico.
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Por su parte, el apoderado de la UGPP8 reiteró lo dicho en la contestación de la
demanda y en el recurso de apelación, es decir, que los actos administrativos
acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico, que no se
cumplen a cabalidad los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913 y que la
presunción de legalidad avala los actos enjuiciados.
Por su parte, el agente del Ministerio Público ante esta Corporación guardó
silencio.
De otro lado, en fecha del 10 de agosto de 20239, se dictó auto de mejor proveer
en donde se requirió a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, para que allegara los siguientes documentos:
a) Copia legible de los contratos de trabajo, órdenes de prestación de servicios y/o actos
administrativos de nombramiento y las respectivas actas de posesión, por medio de los
cuales se designó como docente a Myriam Eufemia Saavedra Vélez, identificada con
cédula de ciudadanía 29.531.898, de acuerdo con las diferentes vinculaciones que
mantuvo desde 1979 a la actualidad.
b) Certificado de tiempos de servicios como docente Myriam Eufemia Saavedra Vélez,
identificada con cédula de ciudadanía 29.531.898, en el que conste tanto fechas de inicio
como de terminación de cada una de las vinculaciones, en caso de que aún se encuentre
adscrita a la educación, deberá ser precisado en la mencionada certificación junto a la
naturaleza del vínculo (nacional, nacionalizado o territorial), con la respectiva justificación.
c) Certificación en la que se indique con claridad la naturaleza de las instituciones
educativas y la plaza en la cual la demandante prestó sus servicios como docente.
d) Certificado que especifique de dónde provenían los dineros con los que fueron pagados
los salarios y prestaciones durante el tiempo de servicio de Myriam Eufemia Saavedra
Vélez como docente.
En respuesta a los requerimientos realizados, la secretaría de educación del Valle
del Cauca10 informó que el pago de los salarios para el personal docente fue
financiado con recursos provenientes de la Nación por medio del situado fiscal y
el sistema general de participaciones; que el pago se efectuó a través del Fondo
Educativo Regional desde el 1° de enero de 1980 hasta 1996. A partir de 1996,
se procedió a cancelar a través del Fondo Educativo Departamental, con recursos
recibidos por transferencias de la Nación.
De otra parte, indicó que revisada la historia laboral de la señora Myriam Eufemia
Saavedra Vélez, laboró al servicio del departamento del Valle del Cuaca en una
plaza nacional, como se refleja en los certificados de tiempos expedidos desde
el 23 de marzo de 1981 hasta el 26 de diciembre de 2013, fecha en la que se
retiró del servicio.
Por último, adjuntó los siguientes actos administrativos: Decreto nro. 0587 del 5
de marzo de 1981 -por el cual se hacen unos nombramientos y un traslado, en la
8 Folios 285 a 290 del expediente físico.
9 Folios 298 a 299 del expediente físico.
10 Actuación visible en índice 36 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
Secretaría de Educación Departamental- y Acta de posesión de 23 de marzo de
1981; Decreto nro. 0243 del 12 de febrero de 2004 -por medio del cual se hace
la incorporación del personal docente cancelado con recursos del Sistema
General de Participaciones, que presta sus servicios en los municipios no
certificados que componen el GAGEM No. 2 de Palmira del Departamento del
Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones- y Acta de posesión nro. 2004-
03261D del 27 de febrero de 2004; Resolución nro. 0613 del 25 de febrero de
2013 -por medio de la cual se retira del servicio activo un docente Planta de
Cargos Docente y Directiva Docente financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones-; certificado de salario nro. 171 del 19 de julio de 1994
suscrito por el rector del Instituto Ginebra de la época; certificado de salario nro.
281 del 14 de mayo de 2001 suscrito por el rector del Instituto Ginebra de la
época, el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo nro. 18982023 del 9 de noviembre de 2023 suscrito por la
Subsecretaria Administrativa y Financiera para la época de los hechos.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso12,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
los apelantes en los respectivos recursos.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Myriam Eufemia
Saavedra Vélez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias mínimas para su reconocimiento.
En caso de superar el anterior problema jurídico, le corresponde a la Sala de
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
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Subsección analizar si en el caso sub examine, ha operado el fenómeno de la
prescripción respecto de las mesadas pensionales.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»13
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201814 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».15
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Del docente interino
Esta Subsección16 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de
la misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual
la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
tal actividad, en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del
servicio de educación.
En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha
señalado que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en
interinidad, en la medida que el nombramiento haya sido del orden territorial o
nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación se
reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al
30 de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de
20 años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es
decir, sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el
empleo de docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria
o interina. Al respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia
de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la
actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las
normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al
servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre
que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley 17.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de
la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha
precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en
16 Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 –
expediente 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019).
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014).
Sentencia de 30 de julio de 2015.
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atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los
servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma
de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración
de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en
el caso del señor Arcos Gómez»18. (Resalta la Sala).19
2.4 Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, el día 22 de febrero de
200220, solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social – hoy UGPP el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la
Resolución 20089 del 25 de julio del 200221, considerando la entidad que los
documentos de posesión aportados para acreditar el tiempo docente al servicio
de la Alcaldía de Florida – Valle del Cauca, fue allegado en copia simple,
estimando que por tanto no era idónea dicha documentación.
Posteriormente, la señora Saavedra Vélez presentó petición el 06 de mayo de
2004, reiterada el 21 de octubre de 200422 a fin de obtener el reconocimiento de
la pensión gracia, la cual fue decidida a través de la Resolución 48933 del 25
de julio de 200623, negando nuevamente lo deprecado, en esta ocasión, en tanto
no se establecía en el certificado aportado, la clase de vinculación jurídica, y
tampoco se identificada el acto administrativo y su fecha, y tampoco se valoró
documentación aportada en copias.
Luego, la demandante el 21 de noviembre de 200724 radicó otra reclamación de
la pensión gracia; sin embargo, la misma fue negada por CAJANAL – hoy UGPP
mediante Resolución 49068 del 9 de septiembre de 200825, con el argumento
que la petente no acreditó vinculación docente departamental, distrital o
municipal al 31 de diciembre de 1980.
Finalmente, el 12 de julio de 200926 presentó una última solicitud pensional, lo y
la UGPP, con Resolución PAP 001750 del 11 de noviembre de 200927, negó
el derecho por cuarta vez, insistiendo en que, al 31 de diciembre de 1980, la
actora no se encontraba vinculada como docente de carácter departamental,
distrital o municipal.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014).
Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
19 Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-
2015).
20 Folios 17 y 18 del expediente físico.
21 Folios 4 y 5 del expediente físico.
22 Folios 19 y 20 del expediente físico.
23 Folios 6 a 8 del expediente físico.
24 Folio 21 del expediente físico.
25 Folios 6 a 8 del expediente físico.
26 Folios 22 a 25 del expediente físico.
27 Folios 12 a 14 del expediente físico.
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2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, por lo que se procede a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión. Y de ser necesario, se establecerá si había lugar a
declarar probada la excepción de prescripción de mesadas, como lo hizo el a
quo.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que la señora Myriam
Eufemia Saavedra Vélez nació el 10 de mayo de 1951, razón por la cual, el 10
de mayo de 2001 cumplió 50 años28, aspecto este que no fue objeto de
controversia en sede administrativa como tampoco en sede judicial en primera
instancia.
• Buena conducta
De igual manera, no se observan reproches sobre la buena conducta en el
desempeño docente, por lo que se entiende probado dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
Conforme acta de posesión nro. 691 del 19 de julio de 197929, la señora Myriam
Eufemia Saavedra Vélez tomó posesión del cargo de profesora de segunda
categoría en interinidad en el Colegio Regional Simón Bolívar de Florida - Valle
del Cauca. Dicho acto administrativo contiene la anotación de que sus efectos
son retroactivos, entendiéndose a partir del 2 de abril de 1979.
28 C o p i a de la cédula de ciudadanía .
29 Folio 148 del expediente físico.
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Lo anterior, también fue certificado el 28 de febrero de 2014 por la Secretaría de
Desarrollo Institucional del municipio de Florida – departamento del Valle del
Cauca, con fundamento en los certificados expedidos por la rectora de la
Institución Educativa Regional Simón Bolívar, que data de 21 de mayo de 200930,
así como conforme a la certificación de 22 de mayo de 200931, suscrita por el
Secretario de Desarrollo Institucional.
De igual manera, la Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía de Florida – Valle del
Cauca en fecha 5 de abril de 200432, certificó que la señora Saavedra Vélez,
laboró al servicio del municipio de Florida - Valle del Cauca como profesora de
segunda categoría en interinidad-, posesionada el 19 de julio de 1979, con
retroactividad al 2 de abril de ese mismo año.
Es de resaltar que, pese al decreto probatorio efectuado en el presente asunto,
solo se logró obtener información respecto al extremo inicial de este vínculo, más
30 Folio 146 del expediente físico.
31 Folio 147 del expediente
32 Folio 19 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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no el extremo final. Así entonces, la Sala tendrá en cuenta un total de 3 meses y
17 días de tiempo servido, de conformidad con el acta de posesión 691 de 1979,
en la que se consignó que la actora tomó posesión del cargo el 19 de julio de
1979, pero con efectos retroactivos a partir del 2 de abril de 1979, acta frente
a la cual no se presentó cuestionamiento alguno.
Ahora bien, respecto de la naturaleza de la vinculación, en el presente caso es
necesario poner de presente que del acta de posesión nro. 691 del 19 de julio de
1979, se desprende que el alcalde del Municipio de Florida – Valle del Cauca fue
quien fungió como nominador de la docente Saavedra Vélez.
El anterior recuento probatorio, da cuenta que el nombramiento del que fue objeto
la demandante fue expedido por una autoridad territorial sin la intervención u
orden de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y si bien su expedición
ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 por medio
de la cual se nacionalizó la educación en Colombia, no se observa en el
mencionado acto administrativo que la plaza a ocupar corresponda a una que se
haya sido objeto de ese proceso de nacionalización.
Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de
1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la
Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se
surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos
categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:
«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo
cual ocurre en este caso. […]» (Negrilla de la Sala)
Por su parte, esta Sala ha precisado que « El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
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entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la
Corte Constitucional, mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los
«docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por
las entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación
en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que
a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la
norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.
Todo lo anterior, permite concluir que el periodo acá analizado corresponde a una
vinculación de naturaleza territorial, por lo que el tiempo de servicio transcurrido
antes del 31 de diciembre de 1980, a saber, desde el 2 de abril hasta el 19 de
julio de 1979, para un total de 3 meses y 17 días, resulta valido para el cómputo
de la pensión gracia.
Respecto de la vinculación de la demandante en este periodo, como docente en
interinidad, es menester aclarar que la Ley 114 de 1913, creó la pensión gracia
de jubilación como una recompensa a favor de quienes ejercen la actividad
docente en el nivel territorial o nacionalizado durante 20 años de servicio, entre
otros requisitos; razón por la cual, y conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia
de esta Corporación33, no existe justificación alguna para excluir los tiempos
servidos como docentes en interinidad, pues, como se ha dejado sentado, ello no
corresponde a una de las exigencias de la ley en cita, como tampoco de la
jurisprudencia sobre la materia, por lo que, para efectos del reconocimiento
33 Al respecto, ver entre otras providencias, las del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P Gabriel Valbuena Hernández, del 10 de agosto de
2023 dentro del proceso con radicado nro. 25000 23 42 000 2017 06196 01 y Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez, del 5 de
octubre de 2023 dentro del proceso con radicado nro. 25000-23-42-000-2015-01035-01.
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pensional, no tiene relevancia si la modalidad de vinculación fue temporal o no,
en la medida, se insiste, que sea con carácter territorial o nacionalizado.
Por ello, los docentes que acrediten su vinculación, ya sea de tipo nacionalizado
o territorial, sin distinción de la interinidad, tienen derecho a que dichos periodos
le sean computados para la satisfacción del tiempo de servicio prestado, pues,
ello no afecta ni varía la naturaleza de la relación, ni mucho menos el desempeño
del docente.
• Desde el 23 de marzo de 1981 hasta el 1° de marzo de 2013
En atención al requerimiento realizado por auto de mejor proveer, la secretaría
de educación del departamento del Valle del Cauca, allegó el formato único para
la expedición de historia laboral del 9 de noviembre de 202334, donde certifica
que el tipo de vinculación correspondiente a la docente Myriam Saavedra Vélez
fue como nacionalizada por un tiempo de 31 años, 11 meses y 7 días; así
mismo, se observan las siguientes novedades.
34 actuación visible en el índice 36 del aplicativo SAMAI.
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Para corroborar lo previamente descrito, el ente territorial anexó los siguientes
actos administrativos:
I)Decreto nro. 0587 del 5 de marzo de 198135 “por el cual se hacen unos
nombramientos y un traslado, en la Secretaría de Educación Departamental”,
entre otros docentes, a la señora Myriam Saavedra Vélez, y acta de posesión sin
número del 23 de marzo de 1981.
Ii)Decreto nro. 0243 del 12 de febrero de 200436 “por medio del cual se hace la
incorporación del personal docente cancelado con recursos del Sistema General
de Participaciones, que presta sus servicios en los municipios no certificados que
35 actuación visible en el índice 36 del aplicativo SAMAI
36 actuación visible en el índice 36 del aplicativo SAMAI
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componen el GAGEM No. 2 de Palmira del Departamento del Valle del Cauca y
se dictan otras disposiciones” y acta de posesión del 27 de febrero de 200437.
Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, en el presente caso es
necesario poner de presente que del Decreto 0587 de 5 de marzo de 1981, se
desprende que el gobernador en uso de sus facultades legales fue quien fungió
como nominador de la docente Saavedra Vélez.
Lo descrito previamente, permite concluir que el nombramiento del que fue objeto
la demandante, fue expedido por autoridad territorial, y si bien el ente territorial al
dar respuesta al requerimiento de pruebas efectuado en esta instancia, adujo que
hubo intervención del delegado del FER, ello no lo convierte en un vínculo del
orden nacional, pues como se indicó en la sentencia de unificación de 21 de junio
de 2018, «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.»38
Así entonces, se estima que el vínculo en comento fue del orden nacionalizada,
en la medida que el acto fue expedido con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 43 de 1975, por medio del cual se nacionalizó la educación en
Colombia; siendo pertinente destacar que el artículo 10 de la ley en cita, dispuso
que los recursos para atender el proceso de nacionalización estarían
administrados por el FER , con sujeción a los planes que establezca el Ministerio
de Educación Nacional.
Así las cosas, esta Sala ha establecido que «El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en
tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados
a partir de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».
Todo lo anterior, permite concluir que, para el periodo que se analiza, la docente
ostentó una vinculación de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo de
servicio de 20 años, 11 meses y 2 días, transcurridos entre el 23 de marzo de
1981 al 22 de febrero de 2002 -fecha en que presentó en sede administrativa la
primera solicitud pensional-, resulta válido para el cómputo de la pensión gracia.
37 actuación visible en el índice 36 del aplicativo SAMAI
38 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Ii)Decreto nro. 0243 del 12 de febrero de 200439 “por medio del cual se hace la
incorporación del personal docente cancelado con recursos del Sistema General
de Participaciones, que presta sus servicios en los municipios no certificados que
componen el GAGEM No. 2 de Palmira del Departamento del Valle del Cauca y
se dictan otras disposiciones” y acta de posesión del 27 de febrero de 200440.
Pues bien, respecto del cumplimiento de los requisitos antes mencionados,
advierte la Sala que contrario a lo sostenido por la UGPP en el recurso de
apelación, la señora Myriam Eufemia Saavedra Vélez sí estuvo vinculada como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Véase que
de conformidad con el acta de posesión y los certificados aportados al plenario,
es claro que la demandante trabajó como docente en el Municipio de Florida –
Valle del Cauca desde el 2 de abril de 1979 hasta el 19 de julio de 1979.
Así mismo, con posterioridad, esto es entre el 23 de marzo de 1981 hasta el 22
de febrero de 2002 -fecha en que presentó en sede administrativa la primera
solicitud pensional-, la actora estuvo vinculada como docente nacionalizada, por
un periodo total de 20 años, 11 meses y 2 días de servicio-, los cuales resultan
válidos para el cómputo de la pensión gracia, que sumados con la vinculación
laboral anterior al 31 de diciembre de 1980, esto es -3 meses y 17 días-, lleva a
concluir que la actora trabajó como docente de carácter territorial y nacionalizada
por 21 años, 2 meses y 19 días. Lo anterior, sin perjuicio de su vinculación hasta
el 1° de marzo de 2013, cuando fue retirada del servicio docente.
Hasta lo aquí expuesto, se advierte que no tiene vocación de prosperidad el
recurso de apelación presentado por la parte demandada, pues, como se dejó
sentado, la señora Saavedra Vélez cumple con la totalidad de los requisitos para
hacerse acreedora a la pensión gracia, como lo dispuso el a quo, y en especial
cumple con la vinculación como docente territorial o nacionalizada antes del 31
de diciembre de 1980, y también acredita 20 años como docente territorial.
De la excepción de prescripción parcial de mesadas
La parte actora presentó recurso de apelación con miras a que se revoque lo
relacionado con la prescripción de las mesadas, para lo cual es necesario
mencionar que la pensión al ser una prestación periódica es de carácter
imprescriptible. Sin embargo, frente a las mesadas pensionales opera el
fenómeno de la prescripción trienal.
Al respecto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, trataron la interrupción de la prescripción de la siguiente manera:
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2013 00408 01
Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
«1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.»
Ahora bien, el artículo 94 del Código General del Proceso, dispone la interrupción
de la prescripción, así:
«La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que
se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento
ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del
día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término,
los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.»
Sobre el particular, se destaca:
1. La interrupción de la prescripción de las mesadas pensionales es por solo
una vez y por un lapso igual -3 años-.
2. El fenómeno de la prescripción no puede entenderse suspendido por la
espera de un pronunciamiento de la entidad administrativa.
3. La reclamación sobre el derecho o prestación debe incoarse dentro de los
tres años siguientes a que el derecho se hizo exigible, so pena de verse
afectado por el fenómeno prescriptivo.
4. Dicho reclamo del derecho tiene la virtualidad de interrumpir por una sola
vez en un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación
administrativa.
Pues bien, el expediente da cuenta que la demandante presentó diferentes
reclamaciones a saber i) el 22 de febrero de 2002, ii) el 21 de octubre de 2004,
iii) el 21 de noviembre de 2007 y iv) el 12 de junio de 2009, tendientes a obtener
el reconocimiento y pago de la pensión gracia con ocasión al estatus de
pensionada, lo cual ocurrió el 10 de mayo de 2001 cuando cumplió la edad de 55
años y tenía cumplidos los 20 años de servicios. Es decir, que el derecho
reclamado se hizo exigible el 11 de mayo de 2001, y la actora acudió en un primer
momento a reclamar el reconocimiento en sede administrativa dentro de los tres
años siguientes (22 de febrero de 2002).
Ahora, posteriormente presentó otras reclamaciones, no obstante, desde la
última petición presentada que data de 12 de junio de 2009, hasta el momento
en que se radicó la demanda objeto de estudio –esto es, el 3 de abril de 2013-,
transcurrieron más de tres años, por lo que, tal como lo resolvió el a quo, hay
lugar a declarar la prescripción parcial de las mesadas causadas con anterioridad
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Demandante: Myriam Eufemia Saavedra Vélez
al 3 de abril de 2010.
De conformidad con lo anterior, se advierte que no le asiste razón a la parte
demandante cuando manifiesta que la interrupción tuvo lugar en varias
oportunidades, pues, de conformidad con las normas expuestas, es claro que la
interrupción de la prescripción solo se da una vez y por el mismo término, es
decir, 3 años.41
Ahora, la sentencia de primera instancia declaró probada la excepción de
prescripción parcial de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 23
de abril de 2010, tomando como base del cómputo la fecha de presentación de
la demanda, que a juicio del tribunal ocurrió el 23 de abril de 2013. Sin embargo,
advierte la Sala que de conformidad con el acta individual de reparto obrante en
el expediente42, la fecha inicial de la presentación de la demanda, lo es la del 3
de abril de 2013, momento en que fue repartida al Juzgado 17 Administrativo de
Cali, que mediante auto del 11 del mismo mes y año, remitió el proceso al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca por carecer de competencia para conocer el
asunto.
Así entonces, se itera que en el asunto bajo estudio para efectos de la
prescripción de las mesadas pensionales, deberá tenerse en cuenta la fecha de
la presentación de la demanda, la cual es 3 de abril de 2013; por ende, las
mesadas causadas con anterioridad al 3 de abril de 2010 se encuentran
prescritas, por lo que no tiene vocación de prosperidad el recurso presentado por
la parte demandante.
2.5. Conclusión
Atendiendo a lo descrito previamente, la Sala considera que la docente Myriam
Saavedra Vélez cumplió con todos los requisitos para ser beneficiaria de una
pensión gracia, es decir, no existen reproches sobre la buena conducta en el
desempeño de la labor, cumplió 50 años de edad el 10 de mayo de 2001 y prestó
servicio en la educación oficial por más de 20 años, acreditó su vinculación como
docente nacionalizada interina antes del 1° de enero de 1981, tal y como lo
determinó la sentencia objeto de apelación. No obstante, encontrándose
acreditado que la presentación de la demanda fue el 3 y no el 24 de abril de 2013,
se modificará el ordinal primero de la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de aclarar que la
41 [1] Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de
septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-000-2014-00010-01 (3243-19) y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2017-01366-01
(1803-2019)
[1] folio 50 del expediente físico.
42 folio 50 del expediente físico.
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fecha en que se prescribieron las mesadas pensionales es el 3 de abril y no el 24
de abril de 2010.
2.6. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, comoquiera que si bien en
anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del recurso
de apelación, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, en el recurso
se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no
se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 15 de marzo de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada, el cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción parcial
propuesta por la parte demandada, pues como se explicó en las anteriores líneas,
están afectadas por el fenómeno de prescripción todas las mesadas causadas
con anterioridad al 3 de abril de 2010.”
SEGUNDO. CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia de primera
instancia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.
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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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