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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00698-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00698-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009. Subtema 1: incidencia de las
cesantías de los magistrados de alta corte en la remuneración de los jueces de la
República. Subtema 2. prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Juez de la República. Reiteración jurisprudencial. Subtema 3: reconocimiento de la
prima especial de servicios como adicional a la remuneración mensual. Subtema 4:
imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 25
de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante prestó sus servicios como juez de circuito. Solicitó el reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas desde 2009, al
considerar que su remuneración debía corresponder al 43 % para ese año y al 43.2 %
a partir de 2010, del 70 % de lo que por todo concepto percibiera anualmente un
magistrado de alta corte. Asimismo, pidió incluir en la base de liquidación el auxilio de
cesantías de dichos magistrados, y reconocer efectos salariales al 30 % de la prima
especial de servicios. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos
administrativos que le negaron lo solicitado.

Se modificará la sentencia de primera instancia. Se negarán las pretensiones de
nivelación salarial, pues, aunque la entidad omitió incluir las cesantías de los
magistrados de alta corte en la base de comparación, no implicó reconocer sumas
inferiores a las que resultan de la aplicación de los porcentajes previstos en el Decreto

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1251 de 2009. No obstante, se reconocerá la prima especial de servicios equivalente
al 30 % de la remuneración básica mensual como un emolumento adicional al salario,
desde el 19 de febrero de 2010 y mientras tenga derecho por razón del cargo.
Asimismo, se ordenará reliquidar y pagar las prestaciones sociales causadas durante
ese periodo sobre el 100 % de la remuneración básica mensual, incluida la porción
descontada erróneamente como prima especial.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Mediante escrito del 12 de julio de 20131, la señora Lyda Rubio Puerta, por
conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan:

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución núm. 0484 del 1 de marzo
de 2013 y del acto administrativo configurado por el silencio administrativo negativo
respecto del recurso de apelación interpuesto el 19 de marzo de 2013.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que, de conformidad
con los cargos desempeñados al momento de devengar los salarios y las prestaciones
sociales correspondientes, proceda a:

a) Reliquidar y pagar los salarios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
3901 de 2008, desde el 1 de enero de 2009, para lo cual se contraste la
remuneración mensual con la remuneración anual de lo que, por todo concepto,
percibe un magistrado de las altas cortes.
b) Inaplicar, por excepción de inconstitucionalidad, los artículos 4.3 y 4.4 de los
decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011 y 874 de 2012, mediante
los cuales se fijó la remuneración mensual, así como las disposiciones que, en
lo sucesivo, se expidan con el mismo propósito.
c) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales, de conformidad con el Decreto
3901 de 2008, con la inclusión del 30 % de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y en sus decretos reglamentarios,
para efectos del reajuste y pago. Para tal efecto, solicitó inaplicar la expresión
«sin carácter salarial» contenida en el artículo 8 de los decretos 723 del 6 de
marzo de 2009, 1388 del 26 de abril de 2010, 1039 de 2011 y de las
disposiciones que, en lo sucesivo, se expidan con el mismo criterio.

1 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300520130069800, índice 2, actuación «Proceso

Abonado», documento «25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 43 al 76.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

d) Liquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales correspondientes,
desde el 2009, incluyendo en la base del 70 % el auxilio de cesantía reconocido
a los magistrados de las altas cortes, para efectos del reajuste y pago.
e) Liquidar y pagar, debidamente indexados y con los correspondientes intereses
moratorios, los reajustes salariales y prestacionales causados desde 2009 y
hasta la fecha de presentación de la demanda, tomando como base el ingreso
mensual, y no el ingreso anual, de los respectivos cargos.

4. Pidió que las sumas objeto de condena se indexen hasta la ejecutoria de la
sentencia y que, a partir del día siguiente, se reconozcan los intereses moratorios a la
tasa máxima autorizada hasta cuando se produzca el pago efectivo.

5. Finalmente, solicitó el pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

6. La demandante señaló que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial como
juez del circuito en el Distrito Judicial de Santiago de Cali y que, para la fecha de
presentación de la demanda, desempeñaba el cargo de juez primera penal para
adolescentes.

7. Manifestó que, en aplicación del artículo 2 del Decreto 3901 de 2008 y de los
decretos 707 y 1251 de 2009, durante el año 2009 y las vigencias posteriores su
remuneración debió corresponder al 43 %, porcentaje que ascendió al 43.2 % a partir
del año 2010, del 70 % de lo que por todo concepto perciba un magistrado de las altas
cortes.

8. Indicó que los factores salariales devengados por los magistrados de las altas
cortes corresponden a la asignación básica mensual, los gastos de representación, la
prima especial de servicios, la prima de navidad y el auxilio de cesantías. Asimismo,
refirió que los congresistas perciben sueldo básico mensual, gastos de representación,
prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad
y auxilio de cesantías. Por su parte, señaló que los jueces reciben asignación básica
mensual, prima especial de servicios, bonificación por actividad judicial, «únicamente
para determinar el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones y de
Salud, a partir del 1 de enero de 2009», prima de servicios, prima de vacaciones y
prima de navidad.

9. Sostuvo que esta corporación señaló que el auxilio de cesantías percibido por
los congresistas constituye un ingreso laboral permanente y, por tanto, un factor
prestacional para determinar la remuneración de estos y la de los magistrados de las
altas cortes. Con fundamento en ello, afirmó que, al liquidar el porcentaje previsto en
el artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 (43 % para el 2009 y 43.2 % para
el 2010), se omitió incluir el auxilio de cesantías dentro del 70 % de la remuneración
mensual de los referidos magistrados.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

10. Señaló que, con ocasión de esa omisión, el 19 de febrero de 2013 presentó
reclamación administrativa ante la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, mediante la cual solicitó la reliquidación del salario y de las
prestaciones sociales, con inclusión del auxilio de cesantías de los magistrados de las
altas cortes en la base del cálculo para los años 2009 y siguientes, así como el pago
de la indexación y de las sanciones moratorias.

11. Indicó que dicha solicitud fue negada mediante la Resolución núm. 0484 del 1
de marzo de 2013, notificada el 12 de marzo de 2013, bajo el argumento de que el
auxilio de cesantías no constituye factor para calcular la remuneración total de los
magistrados de las altas cortes y, en consecuencia, no debía considerarse en la
composición de la base del Decreto 1251 de 2009. Contra la anterior decisión, el 19
de marzo de 2013, interpuso recurso de apelación, el cual no había sido resuelto al
momento de presentar la demanda, razón por la cual, a su juicio, se configuró un acto
administrativo presunto negativo.

12. Asimismo, manifestó que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
la remuneración debía incluir la prima especial de servicios equivalente al 30 % con
carácter salarial, cuyos efectos debían reflejarse en la liquidación de todas las
prestaciones sociales, interpretación que, en su sentir, había sido respaldada por el
Consejo de Estado.

13. De igual manera, sostuvo que la reliquidación de las cesantías procede cuando
surge un hecho nuevo que permite incrementar su base liquidatoria. Afirmó que ese
supuesto se configuró con las decisiones judiciales que ordenaron incluir el auxilio de
cesantías de los magistrados de altas cortes y el 30 % de la prima especial como factor
salarial. Por ello, solicitó la reliquidación de sus cesantías, salarios y prestaciones
desde 2009, con indexación e intereses.

14. Señaló que también solicitó la reliquidación y el pago, debidamente indexados
y con los respectivos intereses moratorios, del reajuste de sus salarios y prestaciones
sociales desde el 2009, tomando como base el ingreso mensual y no el ingreso anual
del cargo de juez. No obstante, dichas solicitudes no fueron reconocidas.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:

• Constitución Política.
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Convenio 97 de 1949 de la OIT.
• Convenio 100 de 1951 de la OIT.
• Pacto de San José de Costa Rica.
• Protocolo de San Salvador.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

• Ley 4 de 1992.
• Decreto 3901 de 2008.
• Decreto 1251 de 2009.
• Ley 1395 de 2010.

16. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante propuso los siguientes
argumentos:

17. Sostuvo que el auxilio de cesantía de los magistrados de las altas cortes debía
incorporarse en la base para calcular el 70 % de la remuneración, por cuanto constituye
un ingreso laboral derivado de la relación de trabajo. Para sustentar esta afirmación,
invocó jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el salario comprende todo
lo que recibe el servidor público como retribución habitual y periódica por sus servicios,
y de la Corte Suprema de Justicia, para señalar que, aunque las prestaciones sociales
tienen una finalidad distinta al salario, ambas surgen de la relación laboral.

18. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, señaló que la
equiparación de los ingresos de los magistrados de las altas cortes con los de los
congresistas comprende todo lo devengado, incluida las cesantías, por tratarse de un
ingreso laboral permanente. En ese contexto, indicó que el artículo 2 del Decreto 1251
de 2009 imponía a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el deber de incluir dicho concepto al liquidar el porcentaje correspondiente a la
remuneración de los jueces.

19. Igualmente, sostuvo que la prima especial equivalente al 30 %, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y desarrollada por los decretos 723 de 2009, 1388 de
2010 y 1039 de 2011, no podía excluirse como factor salarial para la liquidación de las
prestaciones sociales, pues la Ley 4 de 1992 prohibió desmejorar los salarios y
prestaciones de los servidores públicos. Destacó que el Consejo de Estado inaplicó la
expresión «sin carácter salarial» contenida en los decretos reglamentarios, al
considerar que el Ejecutivo redujo indebidamente la remuneración de los servidores
públicos, y agregó que la Rama Judicial desconoció el artículo 114 de la Ley 1395 de
2010 al no aplicar el precedente judicial en casos análogos, vulnerando el derecho a
la igualdad.

20. En ese sentido, invocó el principio de salario igual por trabajo igual, desarrollado
por la Corte Constitucional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Protocolo de San Salvador, el Convenio 100 de la OIT y los criterios de la Comisión de
Expertos de la OIT, para sostener que su representada tenía derecho a recibir la misma
remuneración y efectos salariales reconocidos judicialmente a otros funcionarios en
condiciones equivalentes. En consecuencia, afirmó que con los actos acusados se
vulneraron, entre otras disposiciones, los artículos 13, 25, 53, 83 y 150.19.e) de la
Constitución; 2, 3 y 14 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1251 de 2009, por lo que
solicitó la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

21. De otra parte, sostuvo que el Decreto 3901 de 2008 únicamente señaló que la
remuneración del juez correspondía a «la remuneración que por todo concepto
perciba», sin precisar si debía entenderse en términos mensuales o anuales, mientras
que la norma posterior introdujo el criterio de anualidad para todos los funcionarios.
Para sustentar su interpretación, invocó el Convenio 95 de la OIT, la sentencia T-234
de 1997 de la Corte Constitucional y el artículo 313.6 de la Constitución, para afirmar
que remuneración y salario son conceptos equivalentes y que, de haber querido el
legislador que la remuneración del juez fuera anual, así lo habría previsto
expresamente, como sí ocurrió respecto de los magistrados de las altas cortes.

22. Asimismo, señaló que la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial aplicó indebidamente el criterio de anualidad con fundamento en un concepto
del Departamento Administrativo de la Función Pública, desconociendo el propósito de
la Ley 4 de 1992 de superar la desigualdad entre los funcionarios judiciales y los
magistrados de las altas cortes. Agregó que esa interpretación desconocía que la
asignación salarial de los funcionarios judiciales se paga mensualmente, conforme al
artículo 4 del Decreto 717 de 1978, por lo que, en todo caso, debía aplicarse el principio
de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución.

23. Finalmente, sostuvo que el parámetro de constitucionalidad aplicable está
integrado por la Constitución Política, la Ley 270 de 1996, la ratio decidendi de la
sentencia C-037 de 1996 y la Ley 4 de 1992. Con fundamento en jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, afirmó que los decretos 3901 de 2008,
707 y 1251 de 2009 omitieron precisar que la remuneración del juez fuera anual y que
la interpretación adoptada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
desconoció los principios de favorabilidad e irretroactividad de la ley laboral, así como
el derecho de los funcionarios judiciales a percibir una remuneración acorde con su
función, dignidad y jerarquía, previsto en el artículo 152.7 de la Ley 270 de 1996.

24. En consecuencia, sostuvo que el Decreto 3901 de 2008 debía continuar
produciendo efectos por ultraactividad, al ser la norma más favorable, y que, aun si
existiera duda sobre el alcance de la expresión «la remuneración que por todo
concepto perciba el juez», debía prevalecer la interpretación más favorable al
trabajador, conforme al artículo 53 de la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.

2.2. Contestación de la demanda

25. La entidad accionada se opuso a las pretensiones al considerar que la demanda
carece de fundamentos jurídicos. Asimismo, propuso las siguientes excepciones2:

26. Respecto de la «inexistencia de causa para demandar», señaló que los actos
administrativos demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.

2 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300520130069800, índice 2, actuación «Proceso

Abonado», documento «25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 129 al 139.

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27. En relación con la «caducidad del medio de control», indicó que operó por
cuanto, a su juicio, la demanda fue presentada por fuera del término de 4 meses
previsto en la ley. Al respecto, sostuvo que debía tenerse en cuenta la fecha de
expedición de la constancia de conciliación extrajudicial, correspondiente al 27 de
enero de 2012, y la fecha de presentación de la demanda, esto es, el «29 de marzo de
2012».

28. Frente a la «prescripción trienal de los derechos laborales», sostuvo que la
reclamación administrativa fue presentada el 19 de febrero de 2013, motivo por el cual
los derechos laborales exigibles con anterioridad al 19 de febrero de 2010 se
encontraban prescritos.

29. Explicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen de
prescripción en materia laboral quedó unificado en el término de 3 años para los
derechos de los empleados públicos, salvo las excepciones previstas en normas
especiales. En ese sentido, citó los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del
Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal del Trabajo, así como providencias
del Consejo de Estado, para señalar que el simple reclamo escrito interrumpe la
prescripción por un término igual y que, en ausencia de una regulación especial, dicho
término resulta aplicable por analogía a los derechos laborales no previstos
expresamente en esas disposiciones.

30. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las diferencias salariales, respecto
del 30 % de la prima especial de servicios, reclamadas con anterioridad al 19 de
febrero de 2010, se encontraban prescritas.

31. Finalmente, solicitó que se declarara cualquier otra excepción que resultara
probada en el proceso.

2.3. Sentencia de primera instancia

32. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió sentencia el 25 de abril de
2018, mediante la cual3:

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA, la excepción de INEXISTENCIA DE CAUSA
PARA DEMANDAR, LA INNOMINADA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN; y
DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS
DERECHOS LABORALES presentada por la parte demandada, conforme lo expuesto
en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución N.º 0484 del 1 de marzo de 2013
y del acto administrativo presunto negativo, proferidas por la Dirección Ejecutiva de

3 Samai, expediente digital, índice 8, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_53FALLO(.pdf) NroActua 8».

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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Administración Judicial Seccional Cali, por las razones expuestas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cali lo siguiente:

1.- Reliquidar y pagar a la Señora LYDA RUBIO PUERTA, su remuneración y
prestaciones sociales desde el 12 de Julio de 2010 para lo cual deberá incluirse en el
porcentaje a que se refiere el decreto 1251 de 2009, y demás normas que lo adicionen
o complementen y los subsiguientes proferidos en los años restantes, incluyendo al
establecer lo que por todo concepto percibe anualmente el Magistrado de Altas Cortes.
Teniendo en cuenta para su liquidación el valor del auxilio de las cesantías de los
Magistrados de las Altas Cortes.

2.- Toda vez que por mandato de la Ley el pago de la parte del salario omitido y cuyo
pago se ordena, tiene efectos en la liquidación de las prestaciones sociales, deberá
procederse al reajuste de las mismas. Tales pagos se harán debidamente indexados y
devengarán intereses moratorios en cuanto se den las condiciones para ello.

CUARTO: INDEXAR las sumas adeudadas hasta que se normalice el pago, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

R= Rh X Índice final
Índice inicial

El valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la
suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE,
por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes respecto de cada obligación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.

QUINTO: Sin costas. (Sic para la cita).

33. Como fundamento de la anterior decisión, expuso los siguientes argumentos:

34. Delimitó el problema jurídico a establecer si procedía declarar la nulidad de la
Resolución núm. 0484 del 1 de marzo de 2013 y del acto administrativo ficto negativo
y, como consecuencia, reconocer a la demandante el reajuste salarial mediante la
aplicación del porcentaje previsto en el Decreto 3901 de 2008, en lugar del Decreto
1251 de 2009; la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión del 30 % de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 al
considerar que esta constituye factor salarial, y la reliquidación de las diferencias
salariales y prestacionales con inclusión del auxilio de cesantías de los magistrados
de las altas cortes dentro de la base de liquidación.

35. En relación con la pretensión encaminada a incluir el auxilio de cesantías de los
magistrados de las altas cortes en la base de liquidación salarial, el Tribunal examinó

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el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y la regulación contenida en el Decreto 1251 de
2009. Asimismo, hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los
ingresos laborales permanentes de los congresistas y de los magistrados de las altas
cortes, según la cual el auxilio de cesantías integra la expresión «por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes». Igualmente, advirtió que,
aunque la demandante solicitó la aplicación del Decreto 3901 de 2008, este fue
derogado por el Decreto 707 de 2009, el cual, a su vez, fue sustituido por el Decreto
1251 de 2009, motivo por el cual este último resultaba aplicable. Con fundamento en
ello, concluyó que la remuneración de la demandante debía reliquidarse conforme al
porcentaje previsto en el Decreto 1251 de 2009 y en las normas expedidas para las
vigencias posteriores, incluyendo el valor correspondiente al auxilio de cesantías
dentro de la base de liquidación, con el consecuente reajuste de las prestaciones
sociales.

36. En cuanto a la pretensión relacionada con la prima especial de servicios examinó
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que creó para determinados servidores judiciales
dicho emolumento equivalente, como mínimo, al 30 % del salario básico, sin carácter
salarial. Señaló que la Ley 332 de 1996 aclaró que esa prima haría parte del ingreso
base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Asimismo,
advirtió que los decretos anuales de remuneración reprodujeron la prima, pero
dispusieron que el 30 % del salario mensual se consideraría como tal, con lo cual, en
la práctica, ese porcentaje fue sustraído de la asignación básica en lugar de
reconocerse como un incremento adicional.

37. Explicó que esa interpretación reglamentaria desnaturalizó el beneficio previsto
por el legislador. En efecto, mientras una lectura entendía que el 30 % del salario
básico constituía la propia prima, la interpretación correcta consistía en reconocer,
además del salario completo, una suma adicional equivalente al 30 % de este. Para
sustentar esa conclusión, acudió a la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la
cual las primas remuneran condiciones especiales del empleo y representan un
incremento económico adicional. También destacó que, desde 2009, esa corporación
había advertido que el Gobierno interpretó erróneamente la Ley 4 de 1992 al convertir
parte del salario básico en prima especial.

38. Indicó que la Corte Constitucional había considerado que las primas constituyen
incrementos de la remuneración y no pueden utilizarse para desmejorar las
condiciones laborales. Añadió que posteriores decisiones del Consejo de Estado
reconocieron efectos salariales a la prima especial, al menos para la liquidación
pensional. Con fundamento en esos criterios, concluyó que los actos demandados
«desmejoraron laboralmente los salarios y derechos prestacionales de la demandante,
puesto que se desconoció, en el procedimiento administrativo, el que las primas
representan un incremento a la remuneración y no una merma de la misma,
contrariando la progresividad en materia laboral».

39. Pese a concluir que la prima especial de servicios fue indebidamente detraída del

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salario y que esa porción tenía incidencia prestacional y que dicha prima era un
competente adicional al salario que solo constituye factor salarial para efectos
pensionales, el Tribunal no impartió una orden dirigida a su reconocimiento. En su
lugar, dispuso el pago de la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009.

40. Finalmente, el Tribunal estudió las excepciones propuestas por la entidad
demandada. Respecto de la «inexistencia de causa para demandar», consideró que
la demandante contaba con fundamento para reclamar los derechos que el mismo
Estado trasgredió con la creación de decretos que desconocieron las acreencias
solicitadas. En cuanto a la excepción «innominada», estimó que no era posible
declararla probada, por cuanto no fue individualizada ni sustentada.

41. Frente a la «prescripción trienal de los derechos laborales», con fundamento en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, concluyó que los efectos económicos del
restablecimiento del derecho debían reconocerse únicamente a partir del 12 de julio
de 2010, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó ante la
entidad el «12 de julio de 2013».

42. Finalmente, declaró no probada la excepción de caducidad, al considerar que las
pretensiones recaían sobre prestaciones periódicas, las cuales pueden demandarse
en cualquier tiempo, de conformidad con «el numeral 2 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo».

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Demandada

43. La parte demandada interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia4. Fundamentó su inconformidad en las siguientes
razones:

44. Manifestó que a la demandante se le cancelaron los salarios y prestaciones
sociales conforme al régimen jurídico aplicable y a las disposiciones salariales
expedidas anualmente por el Gobierno nacional, autoridad competente para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso de la República y de la Fuerza Pública, en virtud del artículo 150, numeral
19, de la Constitución Política y de la Ley 4 de 1992.

45. Señaló que, en desarrollo de dicha ley, el Gobierno nacional expidió los decretos
salariales de la Rama Judicial, en los cuales dispuso que la prima especial equivalía
al 30 % del salario básico mensual y carecía de carácter salarial, razón por la cual la
entidad se limitó a aplicar las normas vigentes sin apartarse de su tenor literal.

4 Samai, expediente digital, índice 8, documento «ED_CUADERNO1_56RECURSOAPELACION(.pdf) NroActua

8», folios 7 al 12.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

46. Indicó que las sentencias del Consejo de Estado que declararon la nulidad de
los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007 fueron proferidas dentro del medio
de control de simple nulidad y, por tanto, producen efectos generales y hacia el futuro
(ex nunc), de manera que no podían servir de fundamento para ordenar el
reconocimiento retroactivo de diferencias salariales y prestacionales.

47. En ese sentido, sostuvo que la acción de nulidad persigue exclusivamente la
protección del orden jurídico abstracto, mientras que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tiene por finalidad el reconocimiento de una situación
jurídica particular, razón por la cual los efectos de restablecimiento de las decisiones
únicamente benefician a quienes obtuvieron la correspondiente declaración judicial.

48. Agregó que la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa
invocada confirma que, por regla general, las sentencias que declaran la nulidad de
actos administrativos producen efectos hacia el futuro, con el fin de preservar la
seguridad jurídica y evitar la afectación de situaciones jurídicas consolidadas.

49. Con fundamento en ello, afirmó que no era procedente reliquidar las
prestaciones sociales de la demandante incluyendo el 30 % de la prima especial como
factor salarial, pues ello implicaría desconocer el régimen salarial fijado por el Gobierno
nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, así como
otorgar efectos retroactivos a decisiones judiciales que no los previeron.

50. Sostuvo, además, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó
la prima especial conforme a los decretos salariales vigentes en cada anualidad, los
cuales establecieron expresamente que dicha prestación carecía de carácter salarial,
por lo que el salario y las prestaciones sociales de la demandante fueron reconocidos
y pagados conforme al ordenamiento jurídico.

51. Finalmente, advirtió que acceder a las pretensiones implicaría modificar el
régimen salarial previsto por el legislador y superar el porcentaje máximo de
remuneración fijado para los jueces en relación con la percibida por los magistrados
de las altas cortes, contrariando lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009. En
consecuencia, insistió en que la actuación de la administración se ajustó a la normativa
vigente y solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

2.4.2. Demandante

52. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita5. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones:

53. Manifestó que la declaratoria parcial de prescripción respecto de los derechos
causados con anterioridad al 12 de julio de 2010 desconoció el precedente del Consejo

5 Samai, expediente digital, índice 8, documento «ED_CUADERNO1_56RECURSOAPELACION(.pdf) NroActua

8», folios 1 al 6.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de Estado sobre la materia, el cual, a su juicio, fue expuesto tanto en la demanda como
en los alegatos de conclusión e, incluso, desarrollado por el propio Tribunal en la parte
motiva de la sentencia.

54. Sostuvo que la prescripción solo comienza a correr cuando el derecho se hace
exigible, conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. En ese sentido, afirmó
que los derechos reclamados únicamente adquirieron exigibilidad a partir de los
pronunciamientos judiciales que declararon la nulidad o inaplicaron, por excepción de
inconstitucionalidad, las disposiciones que regulaban la prima especial sin carácter
salarial, razón por la cual no podía entenderse configurada la prescripción trienal.

55. Indicó que el contenido material de los decretos que establecieron que el 30 %
de la remuneración básica correspondía a una prima especial sin carácter salarial fue
retirado del ordenamiento jurídico mediante diversas sentencias del Consejo de
Estado. Agregó que dicha corporación, en procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho promovidos por funcionarios judiciales, ordenó reliquidar las prestaciones
sociales incluyendo ese 30 % como factor salarial, criterio que, en su concepto,
resultaba plenamente aplicable al presente asunto.

56. Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido de manera
uniforme que la denominada prima especial constituye un incremento de la
remuneración y no una reducción del salario básico, por lo que estimó que la
interpretación adoptada por la administración desnaturalizó dicha prestación y afectó
ilegalmente la liquidación de las prestaciones sociales de los servidores judiciales.

57. Con fundamento en lo anterior, reiteró que no podía declararse la prescripción
de los derechos reclamados, pues mientras estuvieron vigentes las disposiciones
posteriormente anuladas o inaplicadas, el reconocimiento de tales derechos se
encontraba jurídicamente impedido, de manera que la exigibilidad solo surgió a partir
de los correspondientes pronunciamientos judiciales.

58. Por otro lado, manifestó que el Tribunal omitió ordenar la reliquidación y pago
del reajuste salarial y prestacional tomando como base el ingreso mensual del cargo y
no el ingreso anual utilizado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

59. Sobre este aspecto, sostuvo que los decretos 707 y 1251 de 2009 modificaron
el régimen previsto en el Decreto 3901 de 2008 e introdujeron disposiciones que
comparaban anualidades para determinar la remuneración de los funcionarios
judiciales. Señaló que dicha metodología fue reproducida en los decretos salariales
expedidos en los años siguientes, pese a que, en su sentir, debía aplicarse el criterio
establecido en el Decreto 3901 de 2008 y, por vía de excepción de
inconstitucionalidad, inaplicarse las disposiciones que mantuvieron ese sistema de
cálculo.

60. Agregó que la circunstancia de que el Decreto 707 de 2009 hubiera sido

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derogado por el Decreto 1251 del mismo año no impedía su control judicial, pues,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la derogatoria no elimina los
efectos jurídicos producidos durante su vigencia ni restablece por sí sola el orden
jurídico presuntamente vulnerado.

61. Por las razones expuestas, solicitó revocar parcialmente la sentencia para que
se declare no probada la excepción de prescripción parcial respecto de la pretensión
relacionada con la reliquidación y pago salarial y prestacional, con la inclusión del 30
% de la prima especial de servicios —con efectos prestacionales— prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992; se fije como fecha de exigibilidad del derecho el
momento determinado por la jurisprudencia del Consejo de Estado; y ordene reliquidar
y pagar, debidamente indexados y con los intereses correspondientes, los salarios y
prestaciones sociales desde el año 2008, tomando como base el ingreso mensual del
cargo y no el ingreso anual utilizado por la entidad demandada.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

62. Mediante auto del 29 de abril de 2026 se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes, se concedió el término de 10 días para presentar alegatos
de conclusión y se ordenó notificar personalmente al procurador delegado ante esta
corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA, y a las partes según el artículo
205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 20216.

2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia

2.6.1. Demandante

63. Sostuvo que la exigibilidad del derecho constituye el punto de partida del
término prescriptivo, de manera que este no podía comenzar a correr antes del
reconocimiento judicial de la ilegalidad e inconstitucionalidad de las disposiciones
reglamentarias que regulaban la prima especial. En ese sentido, invocó el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 y reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado que declaró
la nulidad de tales disposiciones e inaplicó, por vía de excepción de
inconstitucionalidad, los decretos que despojaban de carácter salarial a dicha prima,
para concluir que no era procedente declarar probada la excepción de prescripción
respecto de ese derecho.

64. Asimismo, sostuvo que, pese a que la sentencia acogió parte de sus
planteamientos, omitió ordenar el reajuste salarial y prestacional tomando como base
el ingreso mensual de los jueces y no el ingreso anual aplicado por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Para sustentar esta pretensión, reiteró que los
decretos 707 y 1251 de 2009 introdujeron el criterio de anualidad al derogar el Decreto
3901 de 2008 y que dicha interpretación desnaturalizó la nivelación salarial prevista en

6 Samai, expediente digital, índice 60, documento «119Autoqueadmite_16622022AUTOADMITEAN(.pdf) NroActua

60».

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la Ley 4 de 1992. Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, afirmó
que los decretos derogados continuaban siendo susceptibles de control judicial por los
efectos jurídicos producidos durante su vigencia y que la comparación anual de
ingresos carecía de respaldo normativo.

65. En consecuencia, solicitó revocar parcialmente la sentencia para que se
declarara no probada la excepción de prescripción parcial respecto de la pretensión
relacionada con la reliquidación y pago salarial y prestacional, con la inclusión del 30
% de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como
factor salarial, precisando que la exigibilidad del derecho no podía fijarse antes de la
declaratoria de nulidad de las disposiciones reglamentarias.

66. De igual manera, pidió confirmar las decisiones favorables adoptadas en
primera instancia y ordenar el reajuste y pago, debidamente indexado y con los
intereses correspondientes, de los salarios y prestaciones sociales desde el año 2008,
tomando como base el ingreso mensual de su cargo de juez y no el ingreso anual
aplicado por la entidad demandada7.

2.6.2. Demandada

67. Sostuvo que, si bien la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 reconoce
la reliquidación de las prestaciones sociales con fundamento en el 100 % del salario
básico mensual y la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y las
entidades públicas deben extender sus efectos a quienes se encuentren en situaciones
fácticas y jurídicas similares, el Decreto 272 de 2021 únicamente autorizó el pago de
dicha prima con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2021. En ese sentido, afirmó
que desde abril de 2021 la entidad procedió a su pago por nómina, pero que resultaba
presupuestalmente inviable reconocer obligaciones causadas con anterioridad por
falta de apropiación presupuestal asignada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo
2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.

68. Asimismo, indicó que el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adoptó la política de no conciliar las
reclamaciones relacionadas con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
por ausencia de disponibilidad presupuestal. Agregó que la entidad adelantó gestiones
ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de
la Nación para obtener la asignación de los recursos necesarios, mediante la
conformación de una mesa interinstitucional, para lo cual remitió información sobre las
condenas pendientes de pago, las reclamaciones en trámite y la proyección del
impacto fiscal derivado de la aplicación de la sentencia de unificación.

69. Finalmente, sostuvo que debía mantenerse la declaratoria parcial de la

7
Samai, expediente digital, índice 66, documento «123_MemorialWeb_Alegatos-10notificacion(.pdf) NroActua 66».

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excepción de prescripción trienal respecto de los derechos causados con anterioridad
al 12 de julio de 2010, en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Reiteró
que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue concebida por
el legislador como un emolumento sin carácter salarial y, en consecuencia, solicitó
revocar la sentencia apelada, negar las pretensiones de la demanda y declarar
probadas las excepciones propuestas8.

2.7. Ministerio Público

70. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto9.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

71. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión

72. Previo a abordar los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario
precisar que, en los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia, la parte
demandada expuso argumentos relacionados con la imposibilidad de reconocer
retroactivamente la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 por
ausencia de disponibilidad presupuestal.

73. Para sustentar dicha posición, hizo referencia al Decreto 272 de 2021, a las
normas orgánicas de presupuesto, a las políticas adoptadas por el Comité Nacional de
Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
a las gestiones adelantadas ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y la Procuraduría General de la Nación para obtener la asignación de los recursos
necesarios.

74. No obstante, al examinar los fundamentos del recurso de apelación formulado por
la parte demandada, la Sala advierte que tales planteamientos no fueron propuestos
como motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, razón por
la cual no integran el objeto de la alzada ni pueden ser analizados en esta oportunidad.

8 Samai, expediente digital, índice 67, documento «125RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL16622022ALEG(.pdf)
NroActua 67».
9
Samai, expediente digital, índice 65, documento «Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 65».

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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75. En efecto, los alegatos de conclusión constituyen una oportunidad procesal
destinada a desarrollar, reforzar o reiterar los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, mas no a introducir nuevos fundamentos fácticos o jurídicos que amplíen el
marco de competencia del juez de segunda instancia. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre dichas consideraciones y limitará su análisis a los
aspectos oportunamente planteados en la apelación.

3.2.2. Del alcance del recurso de apelación respecto de la prima especial de
servicios

76. En el recurso de apelación, la parte demandante controvirtió, entre otros aspectos,
la decisión de primera instancia sobre la prescripción. En concreto, sostuvo lo
siguiente:

La sentencia que se recurre declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal de los derechos laborales respecto de las pretensiones, entre estas la del 30%
de la prima especial como factor salarial, para todos aquellos valores con anterioridad
al 12 de Julio de 2010. Ello en consonancia con la declaración del numeral 2. a favor
de la demandante: “el pago del salario omitido y cuyo pago se ordena, tiene efectos en
la liquidación de las prestaciones sociales, debe procederse al reajuste de las mismas”.

77. En otras palabras, la parte actora controvierte la prescripción de los derechos
salariales derivados de la prima especial de servicios. En su criterio, como dicha prima
fue reconocida, se opuso a la prosperidad del fenómeno prescriptivo que se deriva de
ese reconocimiento.

78. A partir de lo expuesto y de la síntesis de la sentencia de primera instancia, la Sala
advierte que esa decisión presenta una imprecisión en la técnica jurídica, derivada de
la falta de congruencia entre sus consideraciones y la parte resolutiva, circunstancia
que pudo inducir a error a la parte apelante. Para explicar esta falencia, resulta
pertinente reproducir lo resuelto por el Tribunal respecto de la prima especial de
servicios:

Frente a la pretensión, de reconocerle efectos prestacionales a la prima especial del
30% creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se considera lo siguiente:

• El art. 14 de la Ley 4 de 1992 dispuso:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la
Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1)
de enero de 1993”.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del distrito capital y
los niveles directivos y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y
empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios
de equidad.” (Resaltado fuera de texto).

Posteriormente dicha norma fue aclarada por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 así:

“Art. 1. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la
excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de
jubilación aún se encuentren vinculados al servicio harán parte del ingreso base únicamente para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de
pensiones establecida por la Ley.

La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y
abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación.”

Esta norma ha tenido varios desarrollos: los artículos 7º de los Decretos 57 de 1993;
106 de 1994; 36 de 1996; 76 de 1997; 64 de 1998; 44 de 1999; 673 de 2002; 3569 de
2003; 4172 de 2004; 936 de 2005; 389 de 2006; 618 de 2007; 8º del Decreto 43 de
1995; 9º del Decreto 657 de 2008; 6º y 7º del Decreto 658 de 2008; 11 del Decreto 726
de 2009; 8º y 9º del Decreto 741 de 2009; 11 del Decreto 726 de 2009; 8º y 9º del
Decreto 723 de 2009; 6º y 8º del Decreto 1387 de 2010; 9º y 11 del Decreto 1391 de
2010; 8º del Decreto 1387 de 2010; 9º y 11 del Decreto 1043 de 2011; 8º del Decreto
1039 de 2011; 6º y 8º del Decreto 849 de 2012; 9º y 11 del Decreto 841 de 2012; 8º del
Decreto 874 de 2012, entre otros, así como todos los demás expedidos en los años
subsiguientes.

Con distintas nominaciones numéricas, en tales decretos se repite el siguiente
contenido —el citado corresponde al decreto 57 de 1993:

“Art. 3. A partir del 1o. de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleos de la Rama
Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
(…)
Art. 6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª. de 1992, se considerará
como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.”

Pero dichas normas, en cuanto sustrajeron del salario mensual de los funcionarios el
30% para decir que de él dicho porcentaje se considera prima y equivaldría o se
consideraría sin carácter salarial, trasgredió mínimos del derecho laboral. En 2014 el
Consejo de Estado precisó, a propósito de esta confusión, lo siguiente:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos
demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por
los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como
prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente
por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era
la prima misma y no que esta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario
básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la
Constitución Política, como se explicara más adelante, implica que se puede tomar el 30% del
salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al
salario básico. La diferencia se evidencia en el siguiente ejemplo, para el cual hemos tomado un
salario básico de $10, 000.000:

Primera interpretación. Segunda y correcta interpretación

(el 30 % del salario básico es la prima (la prima equivale al 30% del salario
misma) básico)
Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000
Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000
Salario sin prima: $7.000.000 Salario más prima: $13.000.000
Total a pagar al servidor: $10.000.000 Total a pagar al servidor:
$13.000.000

Frente al tema, el Consejo de Estado mediante sentencia del 2 de abril de 2009 afirma
que:

“[…] la noción de ‘prima’ como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos
económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características
particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso Laboral, es así, como
la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras, representan un sistema
utilizado en la función pública para reconocer un ‘plus’ en el ingreso de los servidores públicos,
sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial,
prestacional o simplemente bonificatorio. ‘Por consiguiente, la Sala puede señalar que el concepto
de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la Carta de 1991, opera
invariablemente como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral
cumplida por el servidor público’.”

Desde 2010 esa superioridad había advertido la vulneración. Es ese fallo de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se accedió a las pretensiones de la juez Chacón
Anita afirmó:

“1. El Ejecutivo desbordó su poder por cuanto bajo la apariencia de una prima especial
equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojo de efectos salariales a dicho
porcentaje, con lo que disminuyo el monto de las prestaciones sociales.

2. La Ley 4a de 1992 materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Nacional, que contiene criterios para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, miembros del Congreso y Fuerza Pública. Esta Ley en el artículo 2 previo un concepto
cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las
prestaciones sociales de los servidores del Estado.

3. El control de legalidad sobre los decretos reglamentarios de la Ley 4a de 1992, no se agota en
la confrontación formalista de los textos, sino que el alcance del control conduce al Juez
Contencioso a examinar los contenidos de la norma respecto de la formulación de los programas
para organizar la remuneración de los servidores públicos.

4. La Constitución Nacional mantiene el criterio de la Carta Política anterior respecto de que las
primas representan un incremento a la remuneración y no una merma en las condiciones
laborales.”

Este fallo, reiterado en múltiples oportunidades en Salas de Conjueces concluyó con la
expulsión definitiva por el Consejo de Estado de la limitación en reconocerle a la prima
efectos salariales —“únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

jubilación”—. El argumento central fue el que, si bien el legislador puede suprimirle
efectos salariales a una prestación, nunca puede privar el salario o una parte del mismo
de tales efectos como hizo el Gobierno mal interpretando la norma, al expedir los
mencionados decretos.

Lo cierto es que, desde 2009, se han sucedido múltiples fallos del Consejo de Estado
reiterando el reproche al Gobierno por el anómalo proceder. De hecho en el más
reciente de septiembre 15 de 2015, Conjuez Ponente Doctora Carmen Anaya de
Castellanos, actor José Fernando Osorio Cifuentes. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Bogotá D.C., Dos (2) de septiembre de
dos mil quince (2015). Radicación No. 7300123310002011000102 02. No. Interno:
2422-13. Actor: José Fernando Osorio Cifuentes. Demandada: Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Conjuez Ponente: Carmen Anaya De Castellanos.

Hechas estas precisiones, para este Despacho de Conjuez es claro que tales normas
y actos administrativos demandados, desmejoraron laboralmente los salarios y
derechos prestacionales de la demandante, puesto que se desconoció, en el
procedimiento administrativo, el que las primas representan un incremento a la
remuneración y no una merma de la misma, contrariando la progresividad en materia
laboral. En consecuencia, se procederá a ordenar, a título de restablecimiento del
derecho, la reliquidación y pago de su remuneración y prestaciones sociales a la Sra.
LYDA RUBIO PUERTA, al tenor de lo ordenado en el Decreto 1251 de 2009, incluyendo
el 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente el Magistrados de las Altas
Cortes, teniendo en cuenta para su liquidación el valor de las cesantías de los
Congresistas. (Destaca la Sala)

79. Ahora bien, aunque el Tribunal concluyó que la prima especial de servicios había
sido indebidamente detraída del salario, que esa porción tenía incidencia prestacional
y que la prima constituía un componente adicional de la remuneración —aunque solo
era factor salarial para efectos pensionales—, no impartió una orden encaminada a su
reconocimiento. Esta omisión destaca, ya que aun cuando la sentencia sostuvo que
«[los] actos administrativos demandados desmejoraron laboralmente los salarios y
derechos prestacionales de la demandante, puesto que se desconoció, en el
procedimiento administrativo, el que las primas representan un incremento a la
remuneración y no una merma de la misma», dispuso:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cali lo siguiente:

1.- Reliquidar y pagar a la Señora LYDA RUBIO PUERTA, su remuneración y
prestaciones sociales desde el 12 de Julio de 2010 para lo cual deberá incluirse en el
porcentaje a que se refiere el decreto 1251 de 2009, y demás normas que lo adicionen
o complementen y los subsiguientes proferidos en los años restantes, incluyendo al
establecer lo que por todo concepto percibe anualmente el Magistrado de Altas Cortes.
Teniendo en cuenta para su liquidación el valor del auxilio de las cesantías de los
Magistrados de las Altas Cortes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

80. De las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia se advierte
que el Tribunal examinó la prima especial de servicios y concluyó que se produjo un
fraccionamiento del 100 % de la remuneración, al catalogar el 30 % del salario como
prima especial. Asimismo, sostuvo que esta prima constituye un emolumento adicional,
pues señaló que «las primas representan un incremento a la remuneración». No
obstante, al pronunciarse sobre su incidencia prestacional, precisó que dicho
porcentaje únicamente constituye factor salarial para efectos pensionales.

81. En virtud de lo anterior y del examen integral del recurso de apelación, la Sala
advierte que algunos de los reparos formulados por la demandante no guardan plena
correspondencia con lo decidido por el Tribunal, en particular aquellos relacionados
con el carácter salarial de la prima especial de servicios y la prescripción de los
derechos derivados de su reconocimiento. Sin embargo, tal entendimiento se explica
por las falencias en la estructura y en la técnica jurídica de la sentencia apelada,
especialmente por la falta de claridad al trasladar las consideraciones de la parte
motiva a la parte resolutiva.

82. Al respecto, se advierte que la recurrente formuló argumentos relacionados con la
prescripción trienal de los derechos laborales, incluso frente a la pretensión orientada
a reconocer el 30 % de la prima especial de servicios como factor salarial para todos
los efectos y no únicamente para fines pensionales. Si bien el juez de primera instancia
no impartió una orden en ese sentido, sí reconoció la existencia del fraccionamiento
salarial en este tipo de asuntos y precisó que la prima especial de servicios constituye
un incremento de la remuneración, no una disminución de esta.

83. En otras palabras, aunque la sentencia no declaró que la prima especial de
servicios constituyera factor salarial para efectos distintos de los pensionales ni
ordenó, como restablecimiento del derecho, la reliquidación de las prestaciones
sociales con inclusión de ese porcentaje —aspecto respecto del cual podría
examinarse la prescripción en los términos planteados en la apelación—, lo cierto es
que su parte motiva contiene consideraciones encaminadas a reconocer los efectos
prestacionales derivados del fraccionamiento del salario y a admitir que el 30 % de la
prima especial de servicios corresponde a un emolumento adicional a la remuneración.

84. De lo anterior se advierte que, en relación con estos aspectos, el recurso de
apelación no guarda plena congruencia con la sentencia de primera instancia, pues el
Tribunal no reconoció la prima especial de servicios como factor salarial en los
términos señalados por la recurrente. Sin embargo, esta deficiencia técnica también
encuentra explicación en la imprecisión conceptual del fallo apelado y en la falta de
correspondencia entre sus consideraciones sobre la prima especial de servicios y las
conclusiones y órdenes contenidas en la parte resolutiva.

85. Ello también se advierte en el recurso de apelación de la entidad demandada, en
el que se abordaron aspectos relacionados con la prima especial de servicios. La
entidad sostuvo que pagó las acreencias laborales de la demandante conforme a los

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decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional; destacó la competencia de
este para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; afirmó que
dicha prima no constituye factor salarial, salvo para efectos de la pensión de vejez; y
advirtió sobre la eventual superación de los topes remuneratorios si se reconociera
ese emolumento.

86.En otras palabras, a partir de los razonamientos y conclusiones de la sentencia
sobre la prima especial de servicios, la entidad demandada también entendió, de
manera razonable, que el fallo había ordenado el reconocimiento de dicho
emolumento.

87. En ese contexto, como la apelación de la demandante insistió en argumentos
sustanciales relacionados con el reconocimiento de dicha prima, una lectura integral y
transversal del recurso permite concluir que la parte demandante pretende que este
asunto sea examinado en segunda instancia. Por tanto, en ejercicio de la facultad
judicial de interpretar los escritos procesales cuando su alcance no resulte
suficientemente claro, la Sala se encuentra habilitada para abordar su estudio.

88. En conclusión, la Sala, en ejercicio del control de legalidad, abordará la
controversia relacionada con el reconocimiento de la prima especial de servicios y la
nivelación salarial en la resolución del problema jurídico. Ello, en atención a que se
invocaron la Ley 4.ª de 1992 y el Decreto 1251 de 2009 como fundamento de dicha
solicitud y como se explicó, la sentencia se pronunció sobre la prima mencionada.

3.3. Problemas jurídicos

89. De acuerdo con los recursos de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los escritos de apelación,
corresponde a la Sala definir si:

(a) En relación con la pretensión de nivelación salarial se determinará:

90. ¿Cuál es la normativa vigente y aplicable para determinar la nivelación salarial
de los jueces de la República, es decir, el Decreto 3901 de 2008 o los decretos 707 y
1251 de 2009?

91. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su
condición de juez de circuito, de las diferencias salariales y prestacionales según lo
previsto en el Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009, el 43%, y los años
2010 y siguientes, el 43.2%, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?

92. ¿El reajuste salarial y prestacional reclamado por la demandante debía
calcularse con base en el ingreso mensual del cargo o mediante la comparación de

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ingresos anuales?

(b) Por otra parte, en relación con la pretensión de la prima especial de servicios, la
Sala determinará si:

93. ¿La demandante tiene derecho al pago de la prima especial de servicios durante
el ejercicio del cargo de juez de la República con la inclusión del 30 % que
presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial
de servicios, a pesar de que la Rama Judicial adujo que actuó de conformidad con los
decretos salariales anuales del Gobierno nacional?

94. En caso afirmativo, se estudiará:¿constituye el argumento relacionado con los
topes salariales fijados por el Gobierno nacional respecto de la remuneración percibida
por los jueces, una razón jurídica suficiente para negar el reconocimiento y pago de
los derechos reclamados?

95. Asimismo, en atención a los argumentos expuestos en la apelación de la
demandante se precisará: ¿procede la reliquidación de las prestaciones sociales de la
actora con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, a pesar de que la normativa establece que no tiene carácter salarial?

96. ¿Se configuró la prescripción trienal de los derechos reclamados, esto es, el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, y la reliquidación de las
prestaciones sociales causadas acorde con el 100 % del salario?

97. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará, en su orden,
los siguientes aspectos: a) la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009;
b) consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la
Rama Judicial; c) los hechos probados; y d) el caso concreto.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

98. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Ley 4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo
de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en
materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la
Nación.

99. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 2008 10,
reglamentaron, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces
y fiscales, en los siguientes términos:
10
«Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».

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ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al
cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al
treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes (negrillas por la Sala).

100. Por su parte, el Decreto 707 del 6 de marzo de 2009, estableció dicha
remuneración en el siguiente sentido:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado,
el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal
ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez
de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de
Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo
Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de
Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la
aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1° a 3° de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes, no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto legal y su
pago se imputará con cargo al ordinal Otros de la cuenta de Gastos de Personal
(Negrillas por la Sala).

101. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció, a partir de 2010 y en
adelante, para el juez municipal, el 34.9 % y respecto a juez de circuito 43.2 %, del
valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado,
el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal
ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o
de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de
Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de
Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de
los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de
la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de servicios
personales autorizados por ley. (Negrillas por la Sala).

102. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente precisar que los magistrados
de las altas cortes tienen un régimen salarial especial, el cual dispone que sus ingresos
totales anuales deben coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992, así:

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ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>11 Los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador
Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad,
por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El
Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y
Almirantes de la Fuerza Pública.

103. El Decreto 10 de 1993, en sus artículos 1 y 2 reglamentó la prima especial de
servicios, así:

ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella.

ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…).

104. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen derecho
a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos laborales, debe
igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso de la República,
sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe tener en cuenta los ingresos
laborales totales anuales percibidos por los congresistas.

105. En atención a la normativa expuesta, se desprende que la remuneración de los
jueces del circuito y municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos
jueces, depende directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte, y a su
vez, de los ingresos anuales de los miembros del Congreso.

106. Ahora, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos
recibirán su remuneración según el porcentaje que por todo concepto perciba
anualmente un magistrado de las altas cortes; por ello, es necesario establecer cuáles
son los conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de mayo de 200912,
señaló lo siguiente:

Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha

11 Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia

C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.
12
Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez

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partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones
sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los Magistrados
de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que sumada a los
demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso.

Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de servicios,
regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, fue
el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992
equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas,
cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos
laborales totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales
totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley los ubicó en una misma situación
de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de
ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados
de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales
remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas y subrayado por la
Sala)

107. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación13, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:

Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo
decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de

13Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso.
250002325000201000246-02, (0845)

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cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio
del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia
el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito
de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos.

108. Por lo anterior, se puede desprender que el auxilio de cesantías debe tenerse
en cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en la Ley 4 de 1992, beneficio que a su vez incide en el
porcentaje que estableció los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces
del circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.

109. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de esta corporación 14 se ha
pronunciado respecto a la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de 2009,
en los siguientes términos:

[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto 1251
de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas
por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los beneficiarios de la prima
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

110. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció un monto al
que deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del
circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios, sin que dichos
porcentajes puedan ser desconocidos en virtud del principio de progresividad de los
derechos laborales.

3.4.2 Marco normativo y reiteración jurisprudencial de la prima especial de
servicios

111. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior

14 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, proceso 25000-

23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) C.P. Héctor Santaella Quintero

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al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

112. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199315 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General

Magistrado Auxiliar
[…].

113. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (a) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (b) se aplicaría, con las
mismas limitaciones16, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.

114. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de

15 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».
16
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.

29

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».

115. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
«quitarle» a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»17.

116. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»18.

117. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».

118. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,

rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009,

rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).

30

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»19. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 20.

119. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»21.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-

00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los
siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del
Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997;
6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto
2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13
del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730
de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del
Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de
2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto
935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007;
y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
20 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30 % de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70 % de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30 %, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese
porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de

2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

31

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80 % es un piso y un techo.

120. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30 % del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.

121. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.

3.5. Hechos probados

122. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes:

123.Certificación del 24 de abril de 201722, expedida por la coordinadora de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca, en la que consta:

22 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300520130069800, índice 2, actuación
«Proceso Abonado», documento «25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 175
al 177.

32

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

a) La señora Lyda Rubio Puerta se vinculó a la Rama Judicial el 1 de agosto de
1991, y para la fecha de expedición del documento, no registraba retiro del
servicio, así:

Que a Señora LYDDA RUBIO PUERTA identificada con la cédula de ciudadanía
Número No. (…) registra Vinculación a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
desde el 01 de agosto de 1991.

b) Asimismo, en calidad de juez primero penal para adolescentes [del circuito],
acreditó la remuneración percibida durante el período comprendido entre los
años 2009 y 2017:

PERIODICID
Rubro Año 2009 Año 2010 Año 2011
AD

Sueldo Básico $3.964.686 $4.063.804 $4.192.627 MENSUAL

Bonificación Judicial $0 $0 $0 MENSUAL

Bonificación X Servicios Prestados $1.387.640 $1.422.331 $1.467.419 ANUAL

Vacaciones $0 $3.630.497 $3.293.243 ANUAL

Prima Vacaciones $0 $2.178.298 $2.245.393 ANUAL

Prima Servicios $2.040.161 $2.091.166 $2.157.456 ANUAL

Prima Especial de Servicios(2) $1.189.406 $1.219.141 $1.257.788 MENSUAL

Prima de Navidad $4.427.433 $4.538.121 $4.681.979 ANUAL

Bonificación Actividad Judicial $6.796.739 $6.932.674 $7.152.440 SEMESTRAL

Servicios Autorizados x Ley $7.997 $12.037 $12.418 MENSUAL
Tabla 1. Remuneración demandante 2009-2011.

PERIODICID
Rubro Año 2012 Año 2013 Año 2014
AD

Sueldo Básico $4.402.258 $4.553.696 $4.687.575 MENSUAL

Bonificación Judicial $0 $539.991 $1.059.365 MENSUAL

Bonificación X Servicios Prestados $0 $0 $0 ANUAL

$3.932.862
Vacaciones $3.925.371 $0 ANUAL
$4.068.153

$2.359.717
Prima Vacaciones $2.355.223 $0 ANUAL
$2.440.892

Prima Servicios $2.265.329 $2.343.256 $2.412.148 ANUAL

Prima Especial de Servicios(2) $1.320.678 $1.366.109 $1.406.273 MENSUAL

Prima de Navidad $4.916.078 $5.085.191 $5.234.696 ANUAL

Bonificación Actividad Judicial $7.510.062 $7.768.409 $7.996.801 SEMESTRAL

Servicios Autorizados x Ley $13.038 $0 $0 MENSUAL
Tabla 2. Remuneración demandante 2012-2014.

33

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

PERIODICI
Rubro Año 2015 Año 2016 Año 2017
DAD

Sueldo Básico $4.906.016 $5.287.213 $5.287.213 MENSUAL

Bonificación Judicial $1.604.433 $2.196.230 $2.617.486 MENSUAL

Bonificación X Servicios Prestados $1.717.106 $1.850.525 $1.850.525 ANUAL

Vacaciones $4.187.757 $4.723.458 ANUAL

Prima Vacaciones $2.512.654 $2.834.075 ANUAL

Prima Servicios $2.524.554 $2.720.712 ANUAL

Prima Especial de Servicios(2) $1.471.805 $1.586.164 $1.586.164 MENSUAL

Prima de Navidad $5.468.876 $5.904.322 ANUAL

SEMESTRA
Bonificación Actividad Judicial $8.369.452 $9.019.758
L

Tabla 3. Remuneración demandante 2015-2017.

c) Igualmente, relacionó los rubros de sueldo básico, prestaciones sociales y
demás de carácter laboral correspondiente a un juez categoría circuito desde
el año 2009:

Rubro Año 2009 Año 2010 Año 2011 PERIODICIDAD

Sueldo básico $3.964.686 $4.063.804 $4.192.627 MENSUAL

Bonificación judicial $0 $0 $0 MENSUAL

Bonificación por servicios
$1.387.640 $1.422.331 $1.467.419 ANUAL
prestados

Vacaciones (25 días) $3.541.947 $3.630.496 $3.745.583 ANUAL

Prima vacaciones $2.125.168 $2.178.298 $2.247.350 ANUAL

Prima servicios $2.040.161 $2.091.166 $2.157.456 ANUAL

Prima especial de servicios (2) $1.189.406 $1.219.141 $1.257.788 MENSUAL

Prima de navidad $4.427.433 $4.538.121 $4.681.979 ANUAL

Bonificación actividad judicial $6.796.739 $6.932.674 $7.152.440 SEMESTRAL

Servicios autorizados x ley $7.997 $12.037 $12.418 MENSUAL
Tabla 4. Remuneración juez circuito 2009-2011.

34

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Rubro Año 2012 Año 2013 Año 2014 PERIODICIDAD

Sueldo básico $4.402.258 $4.553.696 $4.687.575 MENSUAL

Bonificación judicial $0 $539.991 $1.059.365 MENSUAL

Bonificación por servicios
$1.540.790 $1.593.794 $1.640.651 ANUAL
prestados

Vacaciones (25 días) $3.932.862 $4.068.153 $4.187.757 ANUAL

Prima vacaciones $2.359.717 $2.440.892 $2.512.654 ANUAL

Prima servicios $2.265.329 $2.343.256 $2.412.148 ANUAL

Prima especial de servicios (2) $1.320.678 $1.366.109 $1.406.273 MENSUAL

Prima de navidad $4.916.077 $5.085.191 $5.234.696 ANUAL

Bonificación actividad judicial $7.510.062 $7.768.408 $7.996.801 SEMESTRAL

Servicios autorizados por ley $13.038 $0 $0 MENSUAL
Tabla 5. Remuneración juez circuito 2012-2014.

d) Los factores salariales para la liquidación del auxilio de cesantías.

124. Certificación del 25 de mayo de 201723 expedida por el director administrativo de
la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
en la que consta los ingresos mensuales y anuales, incluido el auxilio de cesantías, de
los magistrados de las altas cortes, correspondientes al período comprendido entre los
años 2009 y 2016.

125. Petición radicada el 19 de febrero de 201324, mediante la cual la demandante
solicitó:

a) el reajuste y pago de los salarios y prestaciones sociales desde el 2009,
incluyendo el auxilio de cesantías devengado por los magistrados de las altas
cortes;
b) la reliquidación y el pago, debidamente indexados y con los respectivos
intereses moratorios, del salario y las prestaciones sociales desde el año 2008
y hasta la fecha, tomando como base el ingreso mensual del cargo de juez y no
el ingreso anual;
c) el reajuste y pago de todas las prestaciones sociales devengadas durante su
vinculación como juez primero penal para adolescentes con funciones de
conocimiento, con inclusión 30 % de la prima especial mensual prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, al considerar que
constituye factor salarial para todos los efectos y no únicamente para la pensión.

23 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 2, actuación «Proceso Abonado», documento

«25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 179 al 181.
24 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 2, actuación «Proceso Abonado», documento

«25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 4 al 17.

35

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

126. Resolución núm. 0484 del 1 de marzo de 201325, mediante la cual la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, negó la
petición presentada por la accionante, al considerar que los salarios y demás
prestaciones habían sido reconocidos y pagados conforme a la normatividad vigente
y al régimen aplicable.

127. Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación el 19
de marzo de 201326, el cual no fue resuelto por la entidad demandada, por lo que se
configuró el acto ficto negativo derivado del silencio administrativo.

3.6. Caso concreto

128. La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de los reajustes salariales y prestacionales según lo previsto
en el Decreto 3901 de 2008, como juez de circuito, con la precisión que su salario
mensual debía calcularse, para el año 2009 el 43% y los siguientes el 43.2%, del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de altas cortes, para lo cual, pidió que no se aplicara el Decreto 1251 de
2009. Asimismo, el reajuste y pago de las prestaciones sociales, con inclusión del 30
% de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor
salarial para todos los efectos.

129. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que el Decreto 1251 de 2009 era la norma
aplicable y ordenó reliquidar la remuneración y las prestaciones sociales de la
demandante con inclusión del auxilio de cesantías percibido por los magistrados de
las altas cortes. Respecto a la pretensión de la prima especial de servicios, precisó
que esta corresponde a un equivalente al 30 % del salario básico y no tiene carácter
salarial —con efectos pensionales en los términos de la Ley 332 de 1996—, y que los
decretos reglamentarios interpretaron que ese porcentaje hacía parte del salario
mensual y lo sustrajeron de este, con lo cual redujeron la base salarial al 70 % y
disminuyeron las prestaciones sociales.

130. Con fundamento en lo anterior y en decisiones de esta corporación, precisó que
la prima debía adicionarse al salario básico, pues constituye un incremento
remuneratorio y no una reducción de la asignación. Por ello, concluyó que los actos
demandados desmejoraron los derechos salariales y prestacionales de la demandante
y desconocieron el principio de progresividad laboral.

131. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y, como argumentos centrales de la alzada, sostuvo que: (a) la entidad

25 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 2, actuación «Proceso Abonado», documento

«25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 20 al 23.
26 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 2, actuación «Proceso Abonado», documento

«25ProcesoAbonad_00989_ilovepdf_merged72pdf(.pdf) NroActua 2», folios 24 al 35.

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Demandante: Lyda Rubio Puerta
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reconoció y pagó los salarios y prestaciones sociales de la demandante conforme a
los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno nacional; (b) las
sentencias que declararon la nulidad de algunas de esas disposiciones produjeron
efectos generales hacia el futuro, por lo que no procedía reconocer retroactivamente
diferencias salariales y prestacionales ni extender sus efectos restablecedores a
situaciones jurídicas consolidadas; y (c) la reliquidación ordenada desconocería el
régimen fijado por el Gobierno nacional y superaría los límites remuneratorios
establecidos en el Decreto 1251 de 2009.

132. Por su parte, la demandante interpuso recurso de apelación y, como
argumentos centrales de la alzada, (a) reiteró sustancialmente los argumentos
respecto del reconocimiento de la prima especial de servicios; (b) sostuvo que no
procedía declarar la prescripción parcial, porque los derechos reclamados solo se
hicieron exigibles a partir de las decisiones judiciales que anularon o inaplicaron las
normas que excluían el carácter salarial del 30 % correspondiente a la prima especial
de servicios; y (c) el reajuste salarial y prestacional debía calcularse con base en el
ingreso mensual del cargo, conforme al Decreto 3901 de 2008, y no mediante la
comparación de ingresos anuales prevista en los decretos 707 y 1251 de 2009 y en
las disposiciones posteriores que reprodujeron esa metodología.

3.6.1. Del derecho a la nivelación salarial. Normativa aplicable en materia de
nivelación salarial para los jueces de la República

133. Ahora bien, con el objeto de resolver el primer problema jurídico, corresponde
a la Sala analizar la vigencia del Decreto 1251 de 2009. Este examen resulta
determinante, por cuanto la tesis de la demandante, según la cual la normativa
aplicable era el Decreto 3901 de 2008, constituye uno de los reproches centrales
expuestos en la alzada y exige precisar el alcance temporal de la disposición.

134. Tal como se anticipó en renglones anteriores, la demandante sostuvo que los
decretos 707 y 1251 de 2009 modificaron el régimen previsto inicialmente en el
Decreto 3901 de 2008 e introdujeron disposiciones que comparaban anualidades para
determinar la remuneración de los funcionarios judiciales. En su sentir, debía aplicarse
el criterio establecido en el Decreto 3901 de 2008, que establecía el cálculo en
mensualidades para los jueces.

135. Sin embargo, la Sala advierte que dicha postura se sustenta en una
interpretación equivocada de las disposiciones aplicables. En primer lugar, (a) los tres
decretos —3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009— establecieron la comparación
con base en lo que, «por todo concepto», percibieran los respectivos servidores, sin
disponer que el cálculo debiera efectuarse por mensualidades, como lo sostiene la
demandante. En segundo lugar, y de manera determinante, (b) la norma aplicable a la
nivelación salarial era el Decreto 1251 de 2009. En efecto, aunque esta materia fue
regulada inicialmente por el Decreto 3901 de 2008, dicho cuerpo normativo fue
derogado expresamente por el artículo 5 del Decreto 707 de 2009: «El presente

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Decreto rige a partir de la fecha de publicación, deroga el Decreto 3901 de 2008 y surte
efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2009». A su vez, el Decreto 707 de 2009
fue derogado por el artículo 5 del Decreto 1251 de 2009: «Artículo 5°. El presente
decreto rige a partir de la fecha de publicación, deroga el Decreto 707 de 2009 y surte
efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2009».

136. En consecuencia, la interpretación planteada por la demandante no resulta
procedente, por cuanto desconoce el alcance normativo de los artículos 3 y 5 del
Decreto 1251 de 2009. El primero que fijó —de manera expresa— el régimen
remuneratorio aplicable a los jueces de la República, desde el año 2009, y a partir de
la vigencia 2010 en adelante. El segundo, la expresa derogatoria de los decretos
precedentes que inicialmente regulaban la nivelación salarial de los jueces de la
República.

137. Con fundamento en lo expuesto, la Sala examinará si a la demandante le asistía
el derecho a la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009.

3.6.1.1. Del derecho a la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

138. En relación con el segundo problema jurídico, el material probatorio demostró
que Lyda Rubio Puerta se desempeñó como juez de circuito en la entidad demandada
para el año 2009 al 2017. Asimismo, las certificaciones salariales incorporadas al
expediente evidenciaron que, en esos años, la entidad liquidó y pagó su remuneración
de acuerdo con ese cargo.

139. Por otro lado, se allegó certificación expedida por el director administrativo de
la división de asuntos laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
en la que hace constar lo percibido por los magistrados de altas cortes, para los años
2009 a 2016.

140. Al descender al caso bajo estudio, se advierte que en virtud de lo señalado en
el artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, para los funcionarios allí
señalados, entre los que se encuentran los jueces de circuito, les asiste el derecho a
recibir una remuneración del 43 % del valor del 70 % que por todo concepto reciba un
magistrado de alta corte; porcentaje que se incrementa al 43.2 % desde el 2010 y en
adelante. En ese orden de ideas, resulta evidente que la señora Lyda Rubio Puerta se
encuentra en el supuesto consignado en la norma en cita, al acreditarse que desde el
año 2009 desempeña el anterior empleo.

141. Por lo anterior, la demandada se encontraba en la obligación de pagar, teniendo
en cuenta los cargos que desempeñó la parte actora, como mínimo, por todo concepto
laboral y prestacional, los valores equivalentes que fueron señalados en el Decreto
1251 de 2009, para los años 2009 y siguientes.

142. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un juez de circuito —cargo que
ocupó la parte demandante— dependía directamente de lo percibido por un

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magistrado de alta corte, incluyendo las cesantías, que, como se explicará en párrafos
siguientes, no fueron tenidas en cuenta en la liquidación.

143. Como se dejó expuesto anteriormente, la entidad demandada mediante la
Resolución núm. 0484 del 1 de marzo de 2013, negó la nivelación salarial conforme al
Decreto 1251 de 2009, al afirmar que la remuneración se realizó según la normativa
aplicable.

144. Como se ilustra a continuación, en lo referente a la forma en que se liquidó el
salario de la demandante, durante el periodo en el que se desempeñó en el cargo de
juez de la República, se destaca que la entidad demandada en el trámite judicial aceptó
que se le calculó sin tener en cuenta las cesantías.

145. En efecto, en el acto administrativo demandado, indicó que en los siguientes
términos realizó la liquidación salarial en materia de la nivelación salarial:

Que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
le ha cancelado a la doctora LYDA RUBIO PUERTA, Juez 1 Penal Adolescentes del
Circuito de Cali, sus salarios y demás prestaciones, conforme a la normatividad vigente y
al régimen al cual pertenece; y una vez estudiada la petición a la luz de la normatividad
jurídica, nos permitimos señalar:

Que el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 señala:
(…)
Que igualmente, el artículo 5 del Decreto 1042 reza:
(…)
Que se debe analizar el contenido de las normas antes mencionadas frente a la posibilidad
de tomar en cuenta el auxilio de cesantías y demás prestaciones como un ingreso
permanente a tener en cuenta para el cálculo de lo que tienen que devengar los
funcionarios judiciales, tal como lo solicita la peticionaria y que, tal como se desprende en
su escrito, es lo que en su entendido marca la diferencia en la remuneración.

Que bajo ese supuesto precisa la entidad manifestar que en dicha interpretación se
detecta una abierta contradicción con lo establecido en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992,
en consideración a que de su contenido se desprende con claridad que la remuneración,
las prestaciones sociales, entre ellas las cesantías y demás derechos laborales de los
Magistrados de Altas Cortes son idénticos, esto es, que para efectos de dichos conceptos
se aplica lo especialmente establecido para los Magistrados y, por ende, no se puede
igualar al del cargo de Congresista conceptos como las prestaciones sociales, y mucho
menos para el cargo de Jueces de la República, pues lo único que se equipara a dicho
cargo es la prima especial, que debe estar calculada con base en los ingresos
permanentes y, en consecuencia de ello, mal podría tomarse en cuenta para la
fijación de la prima especial en el caso de los Magistrados de Tribunales y otros
cargos equivalentes las cesantías devengadas de manera anual por los primeros.
(Destaca la Sala)

146. En virtud de lo expuesto, se constata que la entidad efectuó la liquidación
conforme a lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, esto es, calculando el 43 % del 70

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% de lo que por todo concepto percibe los magistrados de alta corte. Para tal efecto,
tuvo en cuenta los varios de los emolumentos del Decreto 1042 de 1978. Sin embargo,
no se advierte que se hubiera incluido concepto alguno relacionado con cesantías;
todo lo contrario, advirtió que para el cálculo de la prima especial de servicios en el
caso de los magistrados no se toman en cuenta aquellas.

147. Así, durante el período en que la demandante se desempeñó como juez de la
República, desde el año 2009, su remuneración también dependía de lo que percibían
los magistrados de alta corte, que debía incluir las cesantías. Sin embargo, para la
liquidación en el presente asunto, dentro de los ingresos devengados por dichos altos
funcionarios no se incluyó concepto alguno por cesantías. Tal circunstancia se
desprende de lo acreditado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con la constancia DEAJRHO17-2596 del 25 de mayo de 2017, a través
de la cual se certificaron los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de las
altas cortes desde 2009 hasta 2016, en los que sí se relaciona el concepto de
cesantías. A efectos explicativos, se relacionarán los años 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013, como aparecen certificados en los documentos, así:

Año 2009
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $36.554.292,00
Gastos de representación anual $64.985.424,00
Prima especial $174.114.756,00
Prima de navidad $8.461.643,00
Total ingresos anuales $284.116.115,00
Cesantías $9.166.780,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.100.014,00
Total anual incluidas las cesantías $294.382.909,00
Tabla 6. Remuneración magistrado alta corte 2009.

Año 2010
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $37.285.392,00
Gastos de representación anual $66.285.120,00
Prima especial $177.597.048,00
Prima de navidad $8.630.876,00
Total ingresos anuales $289.798.436,00
Cesantías $9.350.116,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.122.014,00
Total anual incluidas las cesantías $300.270.566,00
Tabla 7. Remuneración magistrado alta corte 2010.

Año 2011
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $38.467.344,00
Gastos de representación anual $68.386.356,00
Prima especial $183.226.860,00
Prima de navidad $8.904.475,00
Total ingresos anuales $298.985.035,00
Cesantías $9.646.515,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.157.582,00

40

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Total anual incluidas las cesantías $309.789.132,00
Tabla 8. Remuneración magistrado alta corte 2011.

Año 2012
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $40.390.716,00
Gastos de representación anual $71.805.672,00
Prima especial $192.388.200,00
Prima de navidad $9.349.699,00
Total ingresos anuales $313.934.287,00
Cesantías $10.128.841,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.215.461,00
Total anual incluidas las cesantías $325.278.589,00
Tabla 9. Remuneración magistrado alta corte 2012.

Año 2013
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $41.780.148,00
Gastos de representación anual $74.275.800,00
Prima especial $199.006.440,00
Prima de navidad $9.671.329,00
Total ingresos anuales $324.733.717,00
Cesantías $10.477.273,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.257.273,00
Total anual incluidas las cesantías $336.468.263,00
Tabla 10. Remuneración magistrado alta corte 2013.

148. En virtud de lo anterior, la Sala verificará si la remuneración percibida por la
demandante como juez de circuito, incluida las cesantías correspondientes a ese
cargo, respetó los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, es decir, con
el 43 % [para el año 2009] y 43.2 % [para el 2010 y siguientes] del 70 % de lo que por
todo concepto devengue un magistrado de alta corte, con inclusión de las cesantías.
Para efectos explicativos se realizará los siguientes cuadros explicativos:

Año 2009

Concepto Operación Total anual

Sueldo básico $3.964.686 $47.576.232

Bonificación por servicios
$1.387.640 $1.387.640
prestados

Vacaciones (25 días) $3.541.947 $3.541.947

Prima de vacaciones $2.125.168 $2.125.168

Prima de servicios $2.040.161 $2.040.161

Prima especial de servicios $1.189.406 $14.272.872

Prima de Navidad $4.427.433 $4.427.433

Bonificación por actividad
$6.796.739 $13.593.478
judicial

Servicios autorizados por ley $7.997 $95.964

Total $89.060.895

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Año 2009

Concepto Operación Total anual

Cesantías $3.964.686

Total con cesantías, juez $93.025.581

43 % del 70 % ingresode
Magistrado de alta corte con $88.609.255
cesantías

Tabla 11. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2009.

Año 2010

Concepto Operación Total anual

Sueldo básico $4.063.804 [12] $48.765.648

Bonificación por servicios
$1.422.331 [1] $1.422.331
prestados

Vacaciones (25 días) $3.630.496 [1] $3.630.496

Prima de vacaciones $2.178.298 [1] $2.178.298

Prima de servicios $2.091.166 [1] $2.091.166

Prima especial de servicios $1.219.141 [12] $14.629.692

Prima de Navidad $4.538.121 [1] $4.538.121

Bonificación por actividad
$6.932.674 [2] $13.865.348
judicial

Servicios autorizados por ley $12.037 [12] $144.444

Total $91.265.544

Cesantías $4.063.804

Total con cesantías, juez $95.329.348

43.2 % del 70 % ingreso
magistrado de alta corte con $90.801.819
cesantías
Tabla 12. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2010.

Año 2011

Concepto Operación Total anual

Sueldo básico $4.192.627 [12] $50.311.524

Bonificación por servicios
$1.467.419 [1] $1.467.419
prestados

Vacaciones (25 días) $3.745.583 [1] $3.745.583

Prima de vacaciones $2.247.350 [1] $2.247.350

Prima de servicios $2.157.456 [1] $2.157.456

Prima especial de servicios $1.257.788 [12] $15.093.456

42

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Año 2011

Concepto Operación Total anual

Prima de Navidad $4.681.979 [1] $4.681.979

Bonificación por actividad
$7.152.440 [2] $14.304.880
judicial

Servicios autorizados por ley $12.418 [12] $149.016

Total $94.158.663

Cesantías $4.192.627

Total con cesantías, juez $98.351.290

43.2 % del 70 % ingreso
$93.680.233
magistrado alta corte con
cesantías
Tabla 13. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2011.

Año 2012

Concepto Operación Total anual

Sueldo básico $4.402.258 [12] $52.827.096

Bonificación por servicios
$1.540.790 [1] $1.540.790
prestados

Vacaciones (25 días) $3.932.862 [1] $3.932.862

Prima de vacaciones $2.359.717 [1] $2.359.717

Prima de servicios $2.265.329 [1] $2.265.329

Prima especial de servicios $1.320.678 [12] $15.848.136

Prima de Navidad $4.916.077 [1] $4.916.077

Bonificación por actividad
$7.510.062 [2] $15.020.124
judicial

Servicios autorizados por ley $13.038 [12] $156.456

Total $98.866.587

Cesantías $4.402.258

Total con cesantías, juez $103.268.845

43.2 % del 70 % ingreso
magistrado alta corte con $98.364.245
cesantías
Tabla 14. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2012.

Año 2013

Concepto Operación Total anual

Sueldo básico $4.553.696 [12] $54.644.352

Bonificación judicial $539.991 [12] $6.479.892

43

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Año 2013

Concepto Operación Total anual

Bonificación por servicios
$1.593.794 [1] $1.593.794
prestados

Vacaciones (25 días) $4.068.153 [1] $4.068.153

Prima de vacaciones $2.440.892 [1] $2.440.892

Prima de servicios $2.343.256 [1] $2.343.256

Prima especial de servicios $1.366.109 [12] $16.393.308

Prima de Navidad $5.085.191 [1] $5.085.191

Bonificación por actividad
$7.768.408 [2] $15.536.818
judicial

Total $108.585.656

Cesantías $4.553.696

Total con cesantías, juez $113.139.352

43.2 % del 70 % ingreso
magistrado alta corte con $101.748.002
cesantías
Tabla 15. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2013.

149. Conforme los cálculos anteriores, la entidad demandada omitió incluir las cesantías de
los magistrados de las altas cortes dentro de los ingresos anuales tomados como
referencia para determinar la remuneración de los jueces. Aunque esta omisión podía
incidir en el salario de la demandante, las certificaciones aportadas al proceso
demostraron que no produjo una diferencia a su favor. En efecto, al comparar, de una
parte, el sueldo básico, las prestaciones sociales y los demás emolumentos laborales
percibidos por un juez de circuito desde 2009 y, de otra, los ingresos mensuales y
anuales de los magistrados de las altas cortes, con aplicación de los porcentajes
previstos en el Decreto 1251 de 2009, se estableció que la actora recibió una
remuneración superior dispuestas en los porcentajes que se contemplan en esta última
normativa. Esta conclusión se mantuvo incluso al incluir las cesantías —e intereses—
de los magistrados de las altas cortes en la base de comparación, se itera, según la
información certificada por la entidad.

150. Así, para establecer lo devengado en cada año por un juez de circuito, partió de
lo certificado por la entidad que no incluyó cesantías —esto se puede extraer de la
certificación—. Frente a esta situación, se consideró pertinente para los años 2009 a
2013, sumar a lo certificado por la Rama Judicial, el equivalente a «un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio»27, correspondiente al auxilio de cesantías, con el fin
de obtener una cifra más aproximada a la remuneración efectivamente percibida, en
especial para las anualidades en las que esta se acercaba al monto que debía
devengar.

27
Ley 6 de 1945, artículo 17; Decreto 1045 de 1978, artículo 40 y Ley 344 de 1996, el artículo 13.

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151. Así, a partir de las operaciones contenidas en las tablas 8, 9, 10, 11 y 12 de esta
providencia se concluye que, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 la
demandante —como juez de circuito— percibió una remuneración superior a la
resultante de aplicar el porcentaje previsto en el Decreto 1251 de 2009, incluso si se
incluyen las cesantías dentro de los ingresos de los magistrados de alta corte, base
que, dadas las particularidades del caso, debe tenerse en cuenta.

152. Ahora bien, la demandante sostuvo que, de la interpretación de los decretos
3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, debía acogerse la fórmula más favorable.
Según esta, primero debía determinarse el ingreso anual de un magistrado de alta
corte; luego, calcular el 70 % de ese valor y aplicarle el porcentaje previsto para 2009
[es decir, el 43 %] y para 2010 y los años siguientes [43.2 %]; finalmente, el resultado
debía dividirse entre doce para establecer el ingreso mensual.

153. Sin embargo, la Sala no comparte este planteamiento, además de soportarse
sobre la normativa derogada —como se explicó en el acápite 3.6.1. de la presente
sentencia— en la que no contempla la remuneración mensual, también lo es, que este
cálculo materialmente limitaría a la asignación básica. Esa metodología desconoce la
remuneración total del juez de circuito que comprende, entre otros factores, la
bonificación por actividad judicial, la bonificación por servicios prestados y las primas
de servicios, vacaciones y navidad, como quedó acreditado tanto en las pruebas
allegadas al plenario como en las operaciones efectuadas por esta Subsección, la
suma de esos conceptos no implicó reconocer sumas inferiores a las que resultan de
la aplicación de los porcentajes previstos en el Decreto 1251 de 2009.

154. Así, aunque la demandante sostuvo que el Decreto 1251 de 2009 no estableció
una equivalencia entre ingresos anuales, sino una fórmula para determinar la
remuneración mensual de los jueces, la Sala no comparte esa interpretación. La norma
dispone expresamente que «la remuneración que por todo concepto perciba el Juez
del Circuito […] será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes». Por consiguiente, el parámetro «por todo concepto»
comprende la remuneración de ambos cargos. En virtud de lo expuesto, no resultaría
admisible a la luz de la literalidad de la norma, incluir la totalidad de los factores
percibidos por los magistrados de las altas cortes y, al mismo tiempo, excluir algunos
de los reconocidos a la juez de circuito, como tampoco distinguir entre anualidades y
mensualidades, dado que, como se indicó en renglones anteriores, desconocería los
demás emolumentos percibidos por el juez, adicional a la asignación básica.

155. Finalmente, la Sala no pasa por alto una incongruencia entre la parte motiva y
la resolutiva de la sentencia de primera instancia. En efecto, en esta última —
resolutiva—, el Tribunal ordenó que, para efectuar la liquidación, «deberá incluirse en
el porcentaje a que se refiere el Decreto 1251 de 2009, y demás normas que lo
adicionen o complementen y los subsiguientes proferidos en los años restantes,

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incluyendo al establecer lo que por todo concepto percibe anualmente el Magistrado
de Altas Cortes. Teniendo en cuenta para su liquidación el valor del auxilio de las
cesantías de los Magistrados de las Altas Cortes».

156. Sin embargo, en la motivación de la decisión se plasmó «que la reliquidación y
pago de su remuneración y prestaciones sociales a la Sra. LYDA RUBIO PUERTA, al
tenor de lo ordenado en el Decreto 1251 de 2009, incluyendo el 70% de lo que por
todo concepto percibe anualmente el Magistrados de las Altas Cortes, teniendo en
cuenta para su liquidación el valor de las cesantías de los Congresistas».

157. La anterior consideración resulta relevante, pues la inclusión de las cesantías
de los congresistas en la base de liquidación podría modificar el cálculo de las
diferencias salariales de los funcionarios beneficiarios de la nivelación prevista en el
Decreto 1251. Sin embargo, en el expediente no obran medios de prueba que permitan
establecer esa eventual diferencia —congresistas y magistrados de alta corte—.
Además, la pretensión de la demandante se circunscribió a comparar la remuneración
de los jueces de circuito con la percibida por los magistrados de las altas cortes, como
finalmente quedó establecido en la parte resolutiva de la decisión.

158. En virtud de lo anterior, y a partir de las pruebas allegadas al plenario, esta
Subsección revocará el fallo apelado y en su lugar negará las pretensiones de la
demanda en cuanto a la nivelación salarial, con fundamento en las razones expuestas
en la presente providencia.

3.6.2. Del derecho al pago de la prima especial de servicios

159. Con fundamento en las consideraciones expuestas en el acápite «3.2.2.» y en
el control de legalidad allí efectuado, la Sala abordará el estudio de la prima especial
de servicios. Como se explicó, la sentencia de primera instancia concluyó que dicha
prima había sido indebidamente detraída del salario, que esa porción tenía incidencia
prestacional y que constituía un componente adicional de la remuneración, aunque
solo tenía carácter salarial para efectos pensionales. Por ello, sostuvo que los «actos
administrativos demandados desmejoraron laboralmente los salarios y derechos
prestacionales de la demandante, puesto que se desconoció, en el procedimiento
administrativo, el que las primas representan un incremento a la remuneración y no
una merma de la misma».

160. Sin embargo, pese a esas consideraciones, la sentencia apelada presenta
falencias en su estructura y técnica jurídica, en particular por la falta de claridad al
trasladar a la parte resolutiva las conclusiones expuestas en la motivación sobre la
prima especial de servicios. No obstante, dado que tanto la parte demandante como
la entidad demandada formularon argumentos sustanciales sobre dicho emolumento,
la Sala abordará su estudio.

161. Así, de un lado, la demandante reiteró en su recurso los argumentos

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relacionados con la prima especial de servicios y cuestionó la prescripción declarada.
Sostuvo que la exigibilidad de ese derecho surgió a partir de los pronunciamientos
judiciales que declararon la nulidad de las disposiciones que regulaban dicha prima sin
carácter salarial. Por otro lado, la Rama Judicial se opuso a las pretensiones, al afirmar
que pagó las acreencias laborales conforme a los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional; que este era competente para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos; y que la prima especial de servicios solo constituye factor
salarial para efectos de la pensión de vejez. Además, advirtió que su eventual
reconocimiento implicaría superar los topes salariales.

162. Como se indicó en renglones anteriores, quedó demostrado que la señora Lyda
Rubio Puerta se desempeñó como juez de circuito en la entidad demandada del 2009
al 2017. Asimismo, las certificaciones salariales incorporadas al expediente
evidenciaron que, en esos años, la entidad liquidó y pagó su remuneración de acuerdo
con ese cargo. Por tal razón, se estima que ostentó uno de los empleos públicos (juez)
que otorga el derecho a la prima especial de servicios en los términos del artículo 14
de la Ley 4 de 1992.

163. Así, en lo referente al pago del emolumento en mención, durante el periodo
objeto de la demanda en el que la señora Lyda Rubio Puerta desempeñó el cargo de
juez de la República, se tiene que la constancia del 24 de abril de 2017, expedida por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca,
da cuenta de la remuneración mensual y el pago de la prima especial a su favor, como
juez penal para adolescentes del circuito, conforme se muestra a continuación,
respecto de algunos años:

Juez de circuito

Año Decreto Remuneración Salario Prima especial Total,
salarial mensual del devengado por devengada por devengado por
decreto salarial el actor el actor el actor
2009 723 de $5.154.092 $3.964.686 $1.189.406 $5.154.092
2009
2010 1388 de $5.282.945 $4.063.804 $1.219.141 $5.282.945
2010
2011 1039 de $5.450.415 $4.192.627 $1.257.788 $5.450.415
2011
2012 874 de $5.722.936 $4.402.258 $1.320.678 $5.722.936
2012
2013 1024 de $5.919.805 $4.553.696 $1.366.109 $5.919.805
2013
2014 194 de $6.093.848 $4.687.575 $1.406.273 $6.093.848
2014
2015 1257 de $6.377.821 $4.906.016 $1.471.805 $6.377.821
2015 (remuneración
mensual anterior
más 4.66%)
2016 245 de $6.873.377 $5.287.213 $1.586.164 $6.873.377
2016 (remuneración
mensual anterior

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más 7.77%)
Tabla 16. Cuadro comparativo remuneración percibida por la demandante y decreto salarial.

164. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que a la señora Lyda Rubio Puerta
se le pagaron los salarios con una base salarial reducida en el 30 %, el cual se pagaba
a título de prima especial, fraccionamiento que la entidad estimó procedente porque
los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional previeron esa forma de
pago.

165. Al respecto, la Sala destaca que esta situación es similar a la que dio origen a
la sentencia SUJ-016-S2-19, proferida el 2 de septiembre de 2019 por esta
corporación. En aquella decisión, se precisó que la prima especial es un incremento
del salario básico, y que los beneficiarios de dicho concepto «tienen derecho a la
reliquidación de las prestaciones sobre el 100% de [la asignación básica], es decir, con
la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial»28.

166. Asimismo, en la referida decisión se hizo referencia a la sentencia del 29 de
abril de 201429, en la que se declaró la nulidad parcial de los decretos emitidos por el
Gobierno nacional entre 1993 y 2007, que establecieron que el 30% correspondiente
a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hacía parte del salario.
Al respecto, se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una interpretación errada
por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron que el
30% del salario correspondía a la prima y el 70% restante a la asignación básica. En
ese orden, indicó que la forma de liquidación que se ajustaba a los principios
constitucionales de progresividad, favorabilidad y no progresividad era la de reconocer
como prima especial el 30% del 100% del salario, es decir, como una adición de la
asignación básica mensual.

167. En consecuencia, el hecho de que la Rama Judicial considerara que actuó
conforme a derecho al dar cumplimiento de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional, lo cierto es que lo hizo bajo una interpretación errónea, contraria a
las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, que debe ser corregida para
garantizar los principios mencionados, particularmente, en escenarios en los que está
demostrado que se fraccionó la remuneración mensual, al haberse pagado el 30 % de
esta a título de prima especial, y liquidado las prestaciones sociales sobre el 70 %
restante.

168. En ese orden de ideas, se estima pertinente adicionar el fallo impugnado, en el
sentido de incluir en la decisión el apartado resolutivo respecto al reconocimiento del
derecho antes estudiado, comoquiera que si bien la sentencia de primera instancia
arribó a esa conclusión, omitió plasmar las órdenes concretas.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de

2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,

rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00.

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3.6.2.1 De los porcentajes del Decreto 1251 de 2009 respecto al reconocimiento
de la prima especial de servicios

169. Ahora bien, frente a los argumentos expuestos por la entidad sobre la
superación de los porcentajes de remuneración de los jueces previstos en el Decreto
1251 de 2009, la Sala advierte que las diferencias salariales y prestacionales derivadas
de la correcta liquidación de la prima especial de servicios tampoco superarían los
porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, en los términos señalados por
la entidad en el recurso de apelación.

170. Lo anterior, dado que en la mencionada sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2
de septiembre de 2019 se señaló que los porcentajes allí aplicados —Decreto 1251 de
2009— ni siquiera alcanzan el 25 % de lo que devenga un magistrado de alta corte,
frustrando el propósito de reclasificación en condiciones de equidad para los
funcionarios judiciales.

171. En todo caso, la Sala recuerda que, en asuntos relacionados con el
reconocimiento de emolumentos a funcionarios de la Rama Judicial, ha dispuesto de
manera reiterada que las sumas reconocidas no podrán exceder, en ningún caso, el
tope salarial fijado por el Gobierno nacional, previsión que será contemplada
expresamente en la presente decisión.

172. En consecuencia, la respuesta al problema jurídico frente a la superación de los
porcentajes salariales es negativa, pues los cierto es que el reconocimiento del 30 %
adicional por concepto de prima especial no vulnera los mencionados porcentajes
establecidos por el Gobierno nacional establecidos en el Decreto 1251 de 2009 para
los jueces de la República.

3.6.2.2. De la naturaleza de la prima especial de servicios

173. En la alzada, la parte demandante insistió en los efectos prestacionales de la
prima especial de servicios. A su turno, la entidad demandada sostuvo que dicha prima
no constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales. Así, este último
planteamiento es acertado, pues, como concluyó la sentencia del 2 de septiembre de
2019, «[l]a prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación». En consecuencia, no prospera el reparo formulado sustancialmente contra
la sentencia de primera instancia, que no atribuyó a esa prima carácter salarial para
liquidar las demás prestaciones sociales (distinta al pensional).

174. Al respecto, es pertinente reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó
una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico sin carácter salarial,
para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces,
incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y

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jueces de instrucción penal militar.

175. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-279 de 1996, se pronunció sobre
la constitucionalidad de algunos apartes del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en los que
se estableció que la prima especial no tenía carácter salarial, y declaró la exequibilidad
de tales expresiones, con fundamento en lo siguiente:

«El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen
salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su
competencia desarrollar la Constitución. […]El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona derechos de los trabajadores, y
no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el
Estado tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que
Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional»30(Sic para la cita).

176. Adicionalmente, debe recordarse que la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de
1992 en el sentido de determinar que la prima especial prevista en el artículo 14 a favor
de los funcionarios mencionados en la norma, formaría «parte del ingreso base de la
cotización únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación».

177. Acorde con lo anterior, la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de 12 de septiembre de 201831, al explicar la incidencia de la
prima especial en las prestaciones sociales de los servidores de la Rama Judicial,
indicó lo siguiente: «En cuanto a las prestaciones sociales, la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no es un factor salarial, de
manera que no debe ser sumada ni excluida para establecer la base sobre la cual se
van a liquidar las prestaciones sociales. Dichas prestaciones deben ser liquidadas sólo
sobre la base del 100% del salario básico mensual».

178. En similar sentido, la sentencia del 2 de septiembre de 201932, dictada por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, precisó que «[l]a
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación».
La Sala de Consulta y Servicio Civil33, mediante concepto del 15 de diciembre de 2021,
señaló que la prima especial únicamente tiene naturaleza salarial para determinar las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en los siguientes
términos:

1. Respecto de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

Corresponde a un beneficio que debe reconocerse y pagarse permanentemente en el
curso de la relación laboral, como una suma adicional a la asignación o ingreso básico y,
en segundo lugar, que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 332 de 1996 a esta

30 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2018, exp. 73001-23-33-000-2012-

00183-02 (3546-2015).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-

00041-02(2204-18).
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto núm. 2441 del 15 de diciembre de 2021, exp.

11001-03-06-000-2019-00214-00.

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prima especial se le atribuyó naturaleza salarial pero únicamente “para efectos de la
liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones
establecidas por la ley.”.

Así las cosas, por carecer de naturaleza salarial, la prima especial de que trata el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 332 de 1996 y aclarado
por el artículo 1º de la Ley 476 de 1998, no debe tomarse como base del ingreso de los
destinatarios allí indicados, para efectos de liquidar las prestaciones sociales, salvo la
pensión de jubilación.

179. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que la sentencia apelada no atribuyó
carácter salarial a la prima especial de servicios —distinto al pensional—. Por tanto,
no impartirá ninguna orden adicional sobre este aspecto ni le reconocerá efectos
salariales distintos de los previstos para la pensión, como se explicará en el acápite
correspondiente de esta providencia.

3.6.2.3 De la prescripción del derecho a la prima especial de servicios y a la
reliquidación de las prestaciones sociales

180. La Sala recuerda que en la sentencia de primera instancia se declaró la
prescripción respecto a los periodos anteriores al «12 de julio de 2010». Por ello, la
parte demandante alegó que no debía declararse dicha excepción, comoquiera que el
derecho a la prima especial se hizo exigible desde la sentencia que declaró la nulidad
de los decretos salariales y prestacionales que establecían tal emolumento, máxime
cuando la reclamación administrativa se presentó el 19 de febrero de 2013.

181. En primer lugar, se destaca que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 34,
modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 196935, establece que las acciones
que emanan de los derechos previstos en esa normativa prescriben «en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» y que la
prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente del reconocimiento del derecho.

182. Sobre el particular, es preciso señalar que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de esta corporación,
en la que se discutió el derecho de un juez de la República al reconocimiento de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como el presente, se
definió que para la contabilización de la prescripción del referido derecho «se tendrá
en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a
partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad
con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969».

183. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:

34 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen

prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
35
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.

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[…] sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones
dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la prescripción,
por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este
se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante, con las liquidaciones a
cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el
Gobierno para reglamentarla. No obstante, los correspondientes decretos expedidos
entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos -parcialmente-, mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a juicio de la Corporación,
«interpretaron erróneamente (...) la Ley» y consagraron una liquidación en detrimento de
los derechos laborales de los servidores públicos beneficiarios, de esta.

Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es,
el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto
que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia. Ello
implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su
reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados
podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue
con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

184. En aplicación del anterior precedente, y en consonancia con los decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969, la Sala considera que la exigibilidad del derecho surgió desde
que la prima especial de servicios se reglamentó —Decreto 57 de 1993—; de modo
que, el término de prescripción del derecho a tal emolumento, se interrumpe con la
presentación de la reclamación administrativa, como lo sostuvo el juez de primera
instancia, y no a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, que
declaró la nulidad de los decretos reglamentarios salariales expedidos del año 1993 a
2007, como lo precisó la demandante. Ello, toda vez que esta última sentencia es
declarativa y no constitutiva del derecho.

185. Así, teniendo en cuenta que los interesados podían reclamar el derecho a la
prima especial de servicios desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 —7 de

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enero de 1993—, en tanto conocían de su existencia como acreencia laboral, resulta
válido establecer que en cada caso particular la prescripción se interrumpe en el
momento en el que se presenta la respectiva solicitud del derecho ante la
administración.

186. En virtud de lo expuesto, como se acreditó que la demandante presentó la
reclamación administrativa el 19 de febrero de 2013, se encuentran prescritas las
diferencias causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2010. En consecuencia, la
Sala modificará la sentencia de primera instancia, que ordenó su reconocimiento
desde el 12 de julio de 2010.

3.7. Consideraciones adicionales

187. La Sala reitera, por un lado, que la prima especial reclamada constituye un
factor a tener en cuenta para liquidar la pensión; por otro, que los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables36 e imprescriptibles37.

188. Se aclara que la prescripción extintiva de los derechos no impacta el pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por tratarse de una
prestación irrenunciable e imprescriptible que tiene el propósito de asegurar un ingreso
económico cuando se materializa el riesgo de vejez cubierto por las respectivas
cotizaciones.

189. Lo anterior resulta relevante, en la medida en que la prescripción antes probada
no se extiende al derecho de los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, por concepto de (a) la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, y de (b) la diferencia salarial del 30 % de la asignación básica, a
que tenía derecho el demandante como consecuencia de la omisión en el
reconocimiento y pago de la prima especial y que el salario se liquidó sobre el 70 % y
no sobre el 100 % como correspondía.

190. Se precisa respecto al reconocimiento de la prima especial de servicios, como
factor salarial para efectos pensionales, que es adecuado su inclusión desde la entrada
en vigor de la Ley 332 de 1996 —28 de diciembre de 199638—, en la medida en que a
partir de esta se consideró que dicha prestación constituye factor de cotización
únicamente para pensión, por el tiempo de ejercicio del cargo que otorga ese beneficio,
siempre que la entidad no los haya realizado.

36 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
38
Fecha de publicación de la ley, en el Diario Oficial 42.948, conforme lo establecido en su artículo 3.

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191. Los aportes pensionales derivados de la diferencia salarial ocasionada por el
fraccionamiento de la remuneración proceden durante el periodo en que la entidad
pagó una asignación inferior al 100 %, esto es, desde la entrada en vigor del Decreto
57 de 1993, el 7 de enero de ese año. Su reconocimiento estará condicionado a que
la entidad no los hubiera efectuado y a que la demandante hubiera desempeñado el
cargo que daba lugar al derecho.

192. Esto quiere decir que, para la liquidación de los aportes a seguridad social en
pensión de tenerse en cuenta: (a) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de
la Ley 332 de 1996, debe efectuarse teniendo como base el 100 % de remuneración
básica mensual; (b) y desde la entrada en vigor de la referida norma, 28 de diciembre
de 1996, con base en la anterior asignación más el 30 % correspondiente a la prima
especial. Lo anterior, se itera, durante los periodos en que la demandante hubiese
desempeñado el cargo que le concede el derecho. En virtud de estas razones, se
adicionará la decisión impugnada, en cuanto los aportes en seguridad social en
pensiones en los términos indicados.

193. Se deja la precisión de que el reconocimiento se dispuso a partir del año 1993
y con la previsión de que la demandante hubiese desempeñado el cargo que le
concede el derecho, toda vez que, si bien se allegaron certificaciones salariales en las
que consta que la demandante se desempeñó como juez entre los años 2009 y 2017,
también lo es que la señora Lyda Rubio Puerta se vinculó a la Rama Judicial el 1 de
agosto de 1991, pero no se precisó que dicha vinculación hubiese sido como juez
desde ese año. Por ello, de cara a garantizar el debido restablecimiento, se dispuso el
reconocimiento desde la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, se reitera, con la
precisión de que hubiese desempeñado el cargo que le concede el derecho a la prima
especial de servicios.

194. Asimismo, se aclara que lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia,
será procedente siempre que no se haya cancelado por la entidad previamente. Por lo
que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente. En todo caso, se
advierte que lo reconocido no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.

195. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados, por
ejemplo, con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del
cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

3.7. Conclusiones

196. La Sala concluye que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas por concepto de nivelación
salarial.

197. El Decreto 1251 de 2009 era la norma aplicable para determinar su nivelación

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

salarial y la comparación debía efectuarse sobre la totalidad de los ingresos anuales
percibidos por el juez de circuito y por el magistrado de alta corte. Los cálculos
realizados demostraron que, durante los años 2009 a 2013, la remuneración de la
accionante fue superior al 43 % para 2009 y al 43.2 % a partir de 2010, del 70 % de lo
devengado por un magistrado de alta corte, aun con la inclusión de las cesantías. Por
consiguiente, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda en cuanto a la nivelación salarial.

198. Sin embargo, tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como incremento adicional del 30 % de
la asignación básica mensual, desde el 19 de febrero de 2010 y mientras haya tenido
derecho por razón del cargo. Asimismo, la entidad deberá reliquidar las prestaciones
sobre el 100 % de la remuneración básica mensual, incluida la porción descontada
como prima especial, sin adicionar esta como factor salarial, salvo para pensión.

199. Por otro lado, se adicionará que el restablecimiento del derecho es procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas
no se hayan cancelado previamente por la entidad, por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente. Asimismo, que en ningún caso las sumas de
dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno
nacional, y que se debe efectuar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, en atención a su naturaleza irrenunciable e imprescriptible respecto a
la mencionada prima, en los términos dispuestos en la presente decisión.

3.8. Costas

200. Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario39 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Modificar la sentencia dictada el 25 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia. En su lugar, el ordinal tercero de la
sentencia anterior quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL lo
siguiente:

CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer
y pagar a la demandante Lyda Rubio Puerta, si aún no lo ha hecho, la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual, como un incremento adicional al salario básico y/o
asignación básica, a partir del 19 de febrero de 2010 (por efectos de la prescripción) y
hasta cuando tenga derecho por razón del cargo.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales a
[favor de] la señora Lyda Rubio Puerta, a partir del 19 de febrero de 2010 y hasta
cuando tenga derecho por razón del cargo, teniendo en cuenta para tal efecto una base
de liquidación del 100 % de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30 %
descontado erróneamente a título de prima especial de servicios.

ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes hechos al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en favor del señora Lyda Rubio
Puerta, (a) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996,
teniendo como base el 100 % de remuneración básica mensual; (b) y desde la entrada
en vigor de la referida norma, con base en la anterior asignación más el 30 %
correspondiente a la prima especial, siempre que hubiere desempeñado uno de los
cargos que le concede el derecho.

En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.

Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de los aportes ordenados no se hayan
cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente.

Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados, por ejemplo,

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00698-02 (1662-2022)
Demandante: Lyda Rubio Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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