Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01187-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 76001-23-33-000-2013-01187-01
N° interno: 2916 - 2016
Actor: JUSTINIANO PATIÑO GONZALEZ
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS EN
SUPRESIÓN hoy UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
TEMA: CONTRATO REALIDAD.
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE
2011.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia del 4 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedieron a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
El señor Justiniano Patiño González en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
demandó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión hoy
Unidad Nacional de Protección - UNP, con el fin de obtener las declaraciones y
condenas, que en síntesis son las siguientes:
1. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 34004 del 16 de julio de 2013,
mediante el cual desconoce la existencia de una relación laboral, el pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales.
2. Como restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de la
relación laboral entre el señor Justiniano Patiño González y el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, a partir del momento en que fue vinculado con el
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
reconocimiento de las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan.
De igual forma, efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones tales como:
indemnización por retiro sin justa causa, bonificación por servicios prestados,
viáticos, vacaciones, prima de servicios, prima de antigüedad, prima de riesgo,
cesantías, intereses a las cesantías, dotaciones, primas especiales de clima e
instalación, reliquidación de salarios y prestaciones sociales, devolución de saldos
por conceptos de la seguridad social en salud y pensión, cancelada por el
demandante y que respondía al DAS. Así como las retenciones efectuadas al salario
y los respectivos intereses por haber sido asumidos el acto, el subsidio de caja de
compensación familiar, al reconocimiento y pago de la sanción o indemnización
moratoria, devolución de descuentos de retenciones, devolución de pólizas y gastos
asumidos por el señor Patiño y condenas a la entidad en costas.
1.1.1. Hechos
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda se resumen así1:
El demandante se vinculó al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en
forma continua e interrumpida a partir del 1 de julio de 2001 hasta el 15 de
noviembre de 2011, ejecutando funciones propias de las asignadas por la entidad,
desvirtuándose de esa manera las características del contrato de prestación de
servicios; se desempeñó como escolta servicio de protección en la ciudad de Cali,
prestó el servicio de forma personal, dependiente y subordinado, cumpliendo un
horario de trabajo y recibiendo una contraprestación.
Indicó, que el acto administrativo demandado es el 34004 del1 de julio de 2013,
expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, mediante el cual
se desconoció una relación laboral legal y reglamentaria entre las partes.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25,
29, 53, 83 y 122 de la Constitución Política; Leyes 50 de 1990 y 80 de 1993; art.
138, 150, 152 y 156 del C.P.A.C.A.; Decreto 2400 de 1968; 3136 de 1968 y 1042
1
Fls.229 a 249
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
de 1978; 2146 de 1989; Decreto 1951 de 1993; resolución 01759 del 17 de agosto
de 2004.
Expuso conceptos del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, contrato
de trabajo, los elementos constitutivos de la relación laboral y la presunción de la
subordinación laboral.
1.2. Contestación de la demanda
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS
La apoderada de la accionada señaló se opuso a las pretensiones por cuanto no
existe fundamento fácticos y jurídicos que sirvan de sustento a las mismas, ya que
los contratos suscritos por el demandante fueron de prestación de servicios, de
conformidad con la Ley 80 de 1993. Además, prestó los servicios de protección
como componente de seguridad a personas dentro del Programa del Ministerio del
Interior y Justicia, brindando protección a personas amenazadas que por su riesgo
o vulnerabilidad, deben tener protección como lo son los dirigentes sindicales,
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Propuso las siguientes excepciones de mérito: “Buena fe, Inexistencia de la
obligación, pago, falta de legitimación material en la causa por pasiva.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 4 de mayo
2016, declaró no probada las excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación,
pago, falta de legitimación en la causa por propuestas por el DAS. De igual forma,
declaró la nulidad del Oficio que negó el reconocimiento de las prestaciones sociales
y la existencia de la relación laboral de derecho público.
Condenó al DAS a pagar al demandante las prestaciones sociales a que tienen
derecho los escoltas del entidad, teniendo en cuenta para su liquidación el valor de
los honorarios pactados, por el periodo desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 15
de noviembre de 2011. Así mismo, deberá reconocer y pagar las prestaciones con
destino a la seguridad social.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
Indicó que, el presente caso se desvirtúo el vínculo contractual a través de la
modalidad de contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, ya
que el demandante se encontraba subordinado a las órdenes impartidas para el
cumplimiento del objeto del contrato, estuvo vinculado por 10 años de forma
continua, es decir no fue de manera temporal y como contraprestación recibió una
remuneración, configurándose de esta manera los elementos de la relación laboral.
Respecto de la prescripción, señaló que esta Corporación no tenía un criterio
uniforme, en un principio se declaraba pero en pronunciamientos recientes retomó
la posición de aceptar la prescripción en los contrato realidad, acogió lo resuelto en
la sentencia del 19 de febrero de 2019 radicado No 73001-23-31-000-2000-034449-
01(03074-05), en cuanto no resulta razonable aplicar la prescripción de un derecho
que no ha nacido a la vida jurídica.
Condenó en costas a la entidad demandada.
1.4. Argumentos de la apelación
El apoderado del DAS hoy la Unidad Nacional de Protección, señaló que las
funciones por las cuales fue contratado el demandante, debían realizarse de manera
directa y personal, dichas obligaciones del servicio de escolta no podía ser ejercido
por un tercero; de igual forma indicó, que el hecho que un supervisor estuviera en
constante vigilancia de control, no era sinónimo de subordinación, ya que la
actividad contractual requiere una atención por parte del contratante, puesto que de
él depende la labor contratada, acatamiento al deber de un contratista tal como lo
determina la Ley 80 de 1993.
Manifestó que el demandante percibió un pago como contraprestación por el
cumplimiento de sus obligaciones, los cuales no se pueden confundir con salarios,
toda vez que solo se cancelan a personal de planta del DAS y tampoco se configura
como elemento esencial del contrato el pago de honorarios, dado que estaban
estipulados en las respectiva cláusulas contractuales de os diferentes tipos
contractuales.
Señaló que los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante
y el extinto DAS, se suscribieron bajo los supuestos de la Ley 80 de 1993 pues la
entidad no contaba con personal suficiente para cumplir con el programa, siendo
esta situación uno de los requisitos legales para la realización de contratos de
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
prestación de servicios. Además, en los mismos quedo estipulado la designación de
un supervisor, quien tenía como función revisar que las obligaciones del objeto se
cumplieran.
Indicó que, la subordinación alegada no existió por cuanto la relación laboral fue
eminentemente contractual entre las partes, y fue el resultado de las actividades
debidamente coordinadas con relación al objeto del contrato, demostrando que el
demandante cumplió con sus compromisos y tareas para el desarrollo efectivo de
la actividad contractual encomendada, en cada uno de los contratos de prestación
de servicios.
Respecto a las funciones ejercidas por el DAS, manifestó que el ser escolta
contratista de líderes sociales o defensores de derechos humanos, no era misión
de la entidad, pues se ejecutó en función de un apoyo que se brindó al programa de
Protección de Ministerio del Interior y de Justicia, sin embargo el DAS ofreció
seguridad a las personas cuando fue necesario, siempre que dicha obligación fuera
sumida por los otros organismos estatales que desarrollan esa función.
Por lo expuesto, considera que la sentencia de primera instancia debe revocarse en
su integridad y en su lugar negar todas las pretensiones de la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 7 de diciembre de 2016, se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo2.
Por la parte demandante
Manifestó que en el presente caso está probado que los elementos esenciales se
configuraron, puesto que de manera personal como Escolta al servicio de protección
de personas, estuvo bajo subordinación, dependencia, órdenes, asignaciones,
traslados y requerimientos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS3.
Indicó que uno de los elementos de la contratación a través de prestaciones de
servicios profesionales es la temporalidad, que no se presentó en la relación aboral
2
Folio 321.
3
Fls 567 a 573
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
ya que estuvo vinculado el demandante por 10 años de manera ininterrumpida,
desvirtuando la temporalidad de las funciones ejercidas.
Solicitó se acceda a las pretensiones de la demanda y se reconozcan de acuerdo a
la jurisprudencia todos prestaciones solicitadas.
Por la entidad demandada
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
La apoderada de la Unidad Nacional de Protección – UNP, presentó alegatos de
conclusión en segunda instancia, solicitando se absuelva a la entidad y se declare
falta de legitimación en la causa por pasiva y se desvincule por no ser la entidad
sucesora procesal del DAS4.
Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y el recurso de apelación,
en cuanto a la prestación personal del servicio, subordinación, funciones del extinto
DAS y contraprestación5.
Agente del Ministerio Público
La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, después de hacer
un estudio detallado, señaló que la protección de la persona que se le asignaba un
esquema de seguridad era para ese momento, función propia del DAS, de acuerdo
a sus funciones y hoy siendo irrelevante que en la actualidad esa función ya ni sea
misión de la entidad, puesto que el vinculado laboral tuvo lugar cuando la imputación
obligacional estaba vigente.
Adujo que el demandante tiene derecho al reconocimiento de las pretensiones que
resultan de la relación laboral y está de acuerdo con el Tribunal de instancia, en
cuanto no se configuró la prescripción trienal.
II. CONSIDERACIONES
4
Folios 353 a 359
5
Fls 581 a 587
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones.
2.1. Competencia
La Sala, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, es
competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia del 4 de mayo
de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.2. Problema jurídico
El problema jurídico se contrae en determinar si en el presente asunto se
encuentran demostrados los elementos que la ley y la jurisprudencia exigen para
que se declare la existencia de un contrato realidad entre las partes en conflicto y
de ser así, si habría lugar al consecuente reconocimiento de las prestaciones a que
considera tiene derecho el demandante.
2.3. Marco legal y jurisprudencial en materia de contrato realidad
Esta Subsección ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios
no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y
conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que
pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la
Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la finalidad
de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la
misma función pero en calidad de servidores públicos.
Así las cosas, en el presente caso, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia del 16
de julio de 2009, radicación 85001-23-31-000-2003-00478-01 (1258-07), en relación
con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios
y su distinción con las relaciones de carácter laboral:
.- El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral.
La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública,
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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• DAS
lo siguiente:
“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)... ”
“Art. 125.-Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.
De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas tres
clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos
tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria);
b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas
de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los
contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos
esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se
asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa,
cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas
funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
Respecto a la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los
beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas
por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con
radicación 21554:
“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la
presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por
un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que
demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por
ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le
corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la
subordinación” (Subrayas de la Sala).
.- Del contrato de prestación de servicios con entidades públicas
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por
nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más
recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:
“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
En sentencia C-154-976 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de
inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las
características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el
contrato de trabajo, concluyendo que:
“el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como
el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino
la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado
o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante
de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así
se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente” (El resaltado es de la Sala).
Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto
3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:
“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas
por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil,
por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones”.
La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia
C-614 de 2009 señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más
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Corte Constitucional, Sentencia del 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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que indica la existencia de una verdadera relación laboral.
.-Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de servicios.
Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir al contrato de
prestación de servicios en los casos y para los fines previstos en el artículo 3º de la
Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso
de esta figura jurídica.
El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones
públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos
correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente
Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad
administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado
mediante esta modalidad” (Resaltado fuera de texto).
En este sentido, el Decreto 2503 de 19987 define el empleo de la siguiente manera:
“ARTICULO 2º. DE LA NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el conjunto
de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado.
Las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por las
respectivas entidades, con sujeción a los generales que establezca el Gobierno
Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 5º de este decreto,
salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la
Constitución Política o en leyes especiales”.
Así mismo, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones,
dispuso en materia de empleo público:
“Art. 19 El Empleo Público.
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto
de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
7 Por el cual se establece la naturaleza general de las funciones y los requisitos generales para los diferentes empleos públicos
de las entidades del Orden Nacional a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones, publicado en
el Diario Oficial No. 43.449 del 11 de diciembre de 1998.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita
identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo
los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones
para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser
coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales”.
Además, para que una persona natural desempeñe un empleo en calidad de
empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice su
ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir, requiere de
la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la
posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho empleo.
Otra limitación fijada en la ley para evitar el uso indebido del contrato de prestación
de servicios se encuentra prevista en la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se
expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente
de la República, la cual consagra en su capítulo de disposiciones finales lo siguiente:
“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los
Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades
públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento.
En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos
o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para
cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de
conformidad con los decretos de planta respectivos.
En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios
personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del
sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el
particular.
PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades
no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con
la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de
renovación de la administración pública” (Subrayado fuera de texto).
Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario,
establece en el artículo 48 como falta gravísima:
“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento
de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo
completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del
contratista, salvo las excepciones legales”.
Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la prohibición
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias
previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también
sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines
contemplados en el estatuto de contratación estatal.
Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de
servicios.
La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corporación,
ha acudido a principios constitucionales en la solución de controversias que tienen
que ver con relaciones laborales o legales y reglamentarias disfrazadas mediante
contratos de prestación de servicios, las cuales se realizan con el principal propósito
de evitar el pago de los beneficios prestacionales inherentes a las primeras.
En la práctica, cuando el Legislador utilizó la expresión "en ningún caso... generan
relación laboral ni el pago de prestaciones sociales" no consagró una presunción de
derecho que no admita prueba en contrario, puesto que el afectado podrá demandar
por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación
laboral y, por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales a que haya lugar.
El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta
Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado
contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal
manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el
efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del
derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o
denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer
la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta
primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado8.
Adicionalmente, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un
derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el
ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen
actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector
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Ibídem.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional,
independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.
En sentencia de fecha 18 de noviembre de 20039, la Sala Plena del Consejo de
Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella
oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario
que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba
presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no
resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”,
aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la
tarea de desentrañar la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades.
Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la
parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su
actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una
remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador
exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual
debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la
equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados
de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia10 para
desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una verdadera
relación laboral.
Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la
relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue
vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una
verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede
otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se
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Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, M.P.: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay
Ramírez Orozco.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de
2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica
María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P.: Dr. Tarsicio Cáceres Toro.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión
como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe
resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres
Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados
públicos, precisando que:
“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN
CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA)
que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro
régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o
elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las
funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se
halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio
correspondiente”.
Así es dable concluir que no por el hecho de haber laborado para el Estado se
adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se
predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.
De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación
laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se
debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional11.
Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta
Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las
prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:
“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte
automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que
precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño,
que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el
reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el
cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las
prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”
Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la
posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de
reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios
pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de
personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los
perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones
11 Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P.
Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre
una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo,
esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo
que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.
(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación
se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”.
15
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir
esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”12.
Sin embargo, advierte la Sala que en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección
Segunda de esta Corporación unificó el criterio de interpretación sobre el título en
virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato
realidad, en los siguientes términos:
“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente
con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que
acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el
reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que
la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha
de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la
nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara,
el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y
situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada
al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título
de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de
la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de
condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una
relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración
constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las
prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la
modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de
trabajo”13 (Subraya la Sala).
Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se
deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a
la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe
asumirlas.
En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador
directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema
de Seguridad Social Integral.
Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se
encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las
cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del
Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos
12
Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
13
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
profesionales, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar
una cotización.
Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de
servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del
sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de
cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador
y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley
para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso
laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el
empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado
correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.
Por lo expuesto es dable concluir que en el caso de las prestaciones sociales a
cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas,
derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran
la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar
a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la
totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.
Ahora bien, de acuerdo a la sentencia del 9 de septiembre de 202114 de la Sección
Segunda de esta Corporación, se unificó el criterio en relación a la no afiliación a
las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, la
improcedente del reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de
más por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal y la no solución
de continuidad, en los siguientes términos: frente al hecho consumado de
“(…)
3.4. Síntesis de las reglas objeto de unificación
167. La primera regla define que el «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual,
de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
168. La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un
contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los
casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre
probadas dentro del plenario.
14 Sentencia De Unificación Por Importancia Jurídica CE-SUJ-025-CE-S2-2021
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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• DAS
169. La tercera regla determina que frente a la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales
por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal.
4. Análisis del caso concreto. Resolución de los problemas jurídicos a partir de las materias objeto
de unificación
(…)”
2.4. Los hechos probados
De acuerdo a las pruebas aportadas por las partes, se pudo verificar que el señor
Justiniano Patiño González celebró los siguientes contratos de prestación de
servicios de escolta con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS hoy
suprimido, de la siguiente manera:
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE INICIO FINALIZACIÓN PLAZO FOLIOS
SERVICIOS
Acta de inicio 8 meses CD antecedentes
01 de octubre 1 de junio de 2002 administrativos fl.
51 de 2001 439/440 – 440ª
Interrupción de 3
meses
130 Acta de inicio 2 de marzo de 6 meses CD de antecedentes
2 de 2003 administrativos fl.
septiembre de 439/440 – 440A y 198
2002 a 201 del expediente
001 07 marzo de 30 de abril de 2003 1 mes y 24 días CD antecedentes
2003 administrativos y 188
a 192 del expediente
01 de mayo de 31 de mayo de 1 mes CD antecedentes
Prorroga No 1 del 2003 2003 administrativos fl.
contrato 001 439/440 – 440ª
55 01 de junio de 30 de noviembre de 6 meses CD de antecedentes
2003 2003 administrativos
174 01 de 30 de abril de 2004 5 meses Cd antecedentes
diciembre de administrativos y 186
2003 a 187, 193 a 197 del
expediente
60 01 de mayo de 31 de diciembre de 8 meses Cd antecedentes
2004 2004 administrativos y 172
a 176, 177, 178 a 181
del expediente
Prorroga No 1 del 01 de enero 28 de febrero de 2 meses Cd antecedentes
contrato 60 2005 2005 administrativos y 182
a 183 del expediente
64 01 de marzo 30 de junio de 2005 4 meses Cd antecedentes
2005 administrativos y 162
a 171 del expediente
169 01 de julio de 30 de agosto 2005 2 meses Cd antecedentes
2005 administrativos
(Certificado)
265 31 de agosto 28 de febrero de 6 meses y 1 día Cd antecedentes
2005 2006 administrativos 154 a
161 del expediente
63 01 de marzo 30 de noviembre de 9 meses Cd antecedentes
2006 2006 administrativos y 148
a 153 del expediente
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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• DAS
171 01 de 30 de junio de 2007 7 meses Cd antecedentes
diciembre 2006 administrativos
73 01 de julio de 31 de diciembre de 6 meses Cd antecedentes
2007 2007 administrativos y 142
a 147 del expediente
186 01 de enero 31 de diciembre de 12 meses Cd antecedentes
2008 2008 administrativos y 128
a 134, 135 a 141 del
expediente
76 01 de enero 30 de junio de 2009 6 meses Cd antecedentes
2009 administrativos y 116
a 121 del expediente
Prorroga 1 al contrato 01 de julio 29 de agosto de 60 días Cd antecedentes
76 2009 2009 administrativos y 122
a 124 del expediente
Prorroga 2 al contrato 30 de agosto 28 de septiembre 30 días Cd antecedentes
76 de 2009 de 2009 administrativos y 125
a 16 del expediente
71 29 de 29 de noviembre de 60 días Cd antecedentes
septiembre de 2009 administrativos y 101
2009 a 107 del expediente
Prorroga 1 al contrato 30 de 17 de diciembre de Se Prorrogó Cd antecedentes
71 noviembre de 2009 hasta el 17 de administrativos y 108
2009 contrato a 109 del expediente
diciembre de
2009
223 18 de 31 de marzo de Se pactó hasta Cd antecedentes
diciembre de 2010 el 31 de marzo administrativos y 110
2009 de 2010 a 115 del expediente
48 Suscripción 31 30 de junio de 2010 Se pactó hasta 85 a 88 del
de marzo de el 30 de junio de expediente
2010 2010
Prorroga 1 al contrato 01 de julio de 31 de julio de 2010 Se prorrogó 89 a 90 del
48 2010 hasta el 31 de expediente
julio de 2010
118 01 de agosto 27 de diciembre de Se pactó hasta Cd antecedentes
de 2010 2010 el 31 de administrativos y 97 a
diciembre de 100 del expediente
2010
187 28 de 31 de marzo de Se pactó hasta Cd antecedentes
diciembre 2010 2011 el 31 de marzo administrativos
de 2011
Prorroga 1 al contrato 01 de abril de 30 de abril de 2011 Se prorrogó Cd antecedentes
187 2011 hasta el 30 de administrativos y 95 a
abril de 2011 96 del expediente
21 01 de mayo de 31 de mayo de Se pactó el 31 Cd antecedentes
2011 2011 de mayo de administrativos y 57
2011 61 del expediente
50 01 de junio de 30 de junio de 2011 Se pactó hasta Cd antecedentes
2011 el 30 de junio de administrativos
2011
69 01 de julio de 31 de agosto de Se pactó hasta Cd antecedentes
2011 2011 el 31 de agosto administrativos y 62 a
de 2011 66 del expediente
Prorroga No 1 al 01 de 30 de septiembre Se prorrogó por Cd antecedentes
contrato 69 septiembre de de 2011 30 de días, administrativos
2011 hasta el 30 de
septiembre de
2011
81 01 de octubre 31 de octubre de Se pactó hasta 72 a 77 del
de 2011 2011 el 31 de octubre expediente
de 2011
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
Prorroga No 1 al 01 de 15 de noviembre de Se prorrogó por 78 a 79 del
contrato 81 noviembre de 2011 15 días, del 1 de expediente
2011 noviembre de
2011 hasta el 15
de noviembre
de 2011
Tomado de los contratos y actas de inicio, así como de las certificaciones aportadas al expediente.
Así las cosas, advierte la Sala que no está de acuerdo con el análisis realizado por el
Tribunal a los contratos de prestación de servicios, en el cual aduce que en ningún
caso transcurrieron más de 15 días entre los mismos y por lo anterior no hubo solución
de continuidad, ya que verificado el cuadro realizado por el juez de instancia en la
sentencia se observa que entre los contratos Nos 113 (7 de junio de 2002 hasta el
7 de diciembre) y 130 (2 de septiembre de 2002 hasta el 2 de marzo de 2003) se
cruzan los periodos.
Ahora bien, si bien en el expediente obra copia física del contrato No 11315, en el
certificado expedido por la Asesora Jurídica del DAS no hay registro de dicho
contrato y lo mismo ocurre con la certificación de Ejecución de Contratos proferida
por el Director del DAS en supresión – Seccional Valle del Cauca16, en el cual no se
aporta la carpeta contractual del mismo, ni documento por el cual se pueda acreditar
la vinculación, por lo que el periodo entre el 2 de junio de 2002 hasta 1 de septiembre
de la misma anualidad, no puede ser reconocido ya que existe una interrupción de
tres (3) meses.
Respecto del periodo entre el 2 de septiembre de 2002 hasta el 15 de noviembre
2011, de acuerdo a las pruebas fue continuo y de manera ininterrumpida, por lo cual
se reconocerá la relación laboral de este periodo.
La Asesora Jurídica de la entidad allegó en medio magnético, carpetas
contractuales donde obran los contratos de prestación de servicios que reposan en
el archivo de la entidad (folios 439/440A), los siguientes: Nos 51/2001, 130/2002,
01/2003, 55/2003, 174/2003, 60/2004, 63/2005, 64/2005 265/2005, 171/2006,
76/2008, 186/2008, 71/2009, 73/2009, 223/2009, 118/2010, 187/2010, 50/2011,
69/2011 y 21/2011.
El Director del DAS en supresión – seccional Valle del Cauca, profirió el 5 de julio
de 2012 Certificación de Ejecución de Contratos, en la cual consta que el señor
15
Folios 202 a 205
16
Folio 440ª CD pruebas
20
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
Justiniano Patiño González prestó sus servicios bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde
el 01 de julio de 2001 hasta 15 de noviembre de 2011, como escolta contratista al
servicio del Programa Especial de Seguridad del Gobierno Nacional (algunos
periodos están incorrectos).
Dentro de los mencionados contratos se encuentra las siguientes clausulas
OBJETO EL CONTRATISTA: “en virtud de sus condiciones personales se compromete
para con el DAS a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de
Cali, y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del
componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes Sindicales,
Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de
seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos de
Ministerio del Interior y de Justicia”.
El demandante radicó petición ante el DAS con el fin de solicitar el reconocimiento
de una relación laboral y el consecuente pago de todas las prestaciones sociales y
cotizaciones a seguridad social integral, el día 10 de julio de 201317.
Obra a folio 19, certificación de ejecución de contrato fechada del 5 de julio de 2012,
donde consta que el demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de contrato
de prestación de servicios al DAS, desde el 1 de julio de 2001 a la fecha, como del
programa especial de seguridad del Gobierno Nacional.
A folio 20 a 45, obra copia de las ordenes de trabajo y misiones que realizó el señor
Justiniano Patiño al servicios de DAS.
Obra a folios 46 a 56, certificado de permanencia y registro de las anotaciones en
el libro realizadas por los contratistas, en el cual consta la ubicación del recorrido
realizado, fecha, cargo y nombre de quien certifica que podría ser el inspector de
turno, el Secretario de Gobierno de los Municipios de Cerrito y Zarzal (Valle) o el
Responsable del puesto Operativo del DAS Buenaventura.
Reposa en el expediente las planillas de recibo de armamento, como también
planilla de mantenimiento y limpieza de armas (206 a 216).
2.5. Acto administrativo demandado
17
Folios 7 a 9.
21
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS en supresión, mediante Oficio 34004
del 25 de julio de 2013, negó la solicitud del señor Justiniano Patiño González18.
En síntesis, respondió que es evidente que se encontraba caducada la acción,
puesto que desde la primera vinculación han transcurrido 2 años y para su
reconocimiento no ejerció ningún tipo de acción.
De la relación entre el DAS y el demandante surgieron varios relaciones
contractuales, cuyo objeto fue la prestación de servicios de protección a personas
amenazadas por la situación de violencia del país, en el marco de Protección a
Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sindicales y Defensores de Derechos
Humanos.
2.6. Caso concreto
Observa la Sala que el señor Justiniano Patiño González prestó sus servicios de
escolta para el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, mediante
contratos de prestación de servicios, desde el 01 de octubre de 2001 hasta el 15 de
noviembre de 2011, en el cual se observa una interrupción, según se puede verificar
en los contratos de prestación de servicios relacionados en los hechos probados.
Adicionalmente, es evidente que el objeto común de los contratos era el siguiente:
“el CONTRATISTA en virtud de sus condiciones personales se compromete para
con el D.A.S a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad
de Cali y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro
del componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes
Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos,
conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación
y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia”.
Así las cosas, para la Sala el actor en el cumplimiento del objeto correspondía
prestar sus servicios de seguridad a determinadas personas, utilizando los medios
de defensa, transporte y comunicación suministrados por la entidad; De igual forma,
comunicar permanentemente al supervisor del contrato o al inspector de turno,
18
Folios 7 a 9.
22
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
cualquier novedad en el desarrollo de sus actividades y certificar la permanencia en
el territorio de los distintos municipios, donde prestaba los servicios, precisando las
horas de entrada y salida de cada uno, según se puede leer en las obligaciones de
los contratos de prestación de servicios19.
Lo anterior evidencia que por la naturaleza de la función, el actor prestaba sus
servicios dentro de un estricto marco temporal y espacial, sujeto a las precisas
instrucciones dictadas por la entidad; en este caso, el atento y constante
seguimiento a las directrices de la entidad tenía vital importancia, por tratarse del
cuidado de una persona en especial situación de riesgo.
Por ello, para la Sala está comprobado que el desarrollo del contrato implicaba una
relación que iba mucho más allá de la coordinación, ya que el escolta contratista no
podía adelantar su labor en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
considerara adecuadas, siempre que cumpliera con los resultados, sino que
desarrollaba una actividad minuciosamente estructurada y vigilada, para evitar
riesgos de seguridad sobre los protegidos.
Si bien el Tribunal de instancia hizo el análisis de las funciones de conformidad al
Decreto 643 del 2 de marzo de 2004, con posterioridad se profirió la Resolución
01759 del 17 de agosto de 2004, manual específico de funciones y requisitos a nivel
grado del DAS, señaló como funciones del cargo descrito, las siguientes:
“1. Realizar las actividades tendientes a lograr la protección de las personas a
las cuales el DAS les presta servicio de seguridad, según el programa para el
cual fue nombrado, utilizando los medios logísticos adecuados dentro del marco
jurídico que señala la ley y los reglamentos;
2. Conducir los vehículos de la Institución cuando las necesidades del servicio
lo requieran previo cumplimiento de los requisitos legales;
3. Reportar oportunamente al superior sobre los desplazamientos que realice el
protegido dentro y fuera de la ciudad;
4. Mantener en buen estado el vehículo, equipo, armas y demás elementos de
dotación;
5. Contribuir con sugerencias, iniciativas y propuestas que propicien un eficiente
servicio de seguridad;
6. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo”.
De la comparación entre dichas funciones y el objeto de los contratos, la Sala concluye
que el actor, como escolta, cumplía las mismas funciones esenciales que aquellos que
estaban vinculados en planta, bajo un marco de subordinación específico y con una
19
Folios 26 y ss.
23
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
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• DAS
retribución mensual por su labor, de manera que la vinculación por contrato de
prestación de servicios era una simple ficción, que encubría una verdadera relación
laboral con la entidad.
Pues bien, a esto también se le adiciona que la misma entidad era quien le
suministraba el arma de dotación para desarrollar sus labores de protección, así como
los equipos de comunicación y el vehículo para movilizarse, lo que fortalece la prueba
de la relación de la subordinación que mantenía la entidad sobre el escolta.
Por tales razones, esta Sala modificará la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto el a quo no especificó las
prestaciones sociales a que tiene derecho el actor, por lo cual se realizará las
siguientes precisiones.
Respecto a las prestaciones sociales, en sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, esta Corporación sostuvo:
“El restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se
decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto
administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones
afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las controversias de
contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó de
devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su situación jurídica fue
mediante un contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron los elementos
constitutivos de una relación laboral, que en caso de haber sido vinculado como
empleado público hubiese tenido derecho a las mismas prestaciones que devengan
los demás servidores de planta de la respectiva entidad (…)”20
Así las cosas, deben reconocerse las prestaciones sociales que el contratista dejó de
devengar con ocasión de la modalidad de vinculación a través de contratos de
prestación de servicios, y tener ese tiempo como efectivamente laborado para efectos
pensionales. La liquidación de las prestaciones sociales se hará con base en los
honorarios pactados en los contratos suscritos entre la entidad y el demandante21.
En lo relacionado con la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la misma sentencia de unificación, la Sala
manifestó que:
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 5 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001-23-33-000-
2013-00091-01(0237-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
24
Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
“quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación
de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad
e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad”.
Sobre el reconocimiento y pago de los viáticos que solicita la parte actora se incluyan
dentro del monto indemnizatorio, encuentra la Sala que no es procedente por dos
razones: i) la primera, porque el contratista no adquiere la condición de servidor público
al declarar, con fundamento en el principio de la primacía de la realidad sobre la
formalidad, que existió una relación laboral entre el demandante y el extinto DAS. El
pago que se reconoce a título de restablecimiento del derecho incluye el pago
prestacional y no salarial; y ii) porque dentro de la relación contractual y según
certificados allegados al expediente, al demandante le fueron cancelados unos valores
por concepto de “VALOR VIATICOS” y “GASTOS DE VIAJE” que se causaron durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios.
Bajo esa misma premisa, tampoco procede el reconocimiento de la prima de riesgo,
por cuanto es un factor salarial creado por el Decreto 1137 de 1994, para los cargos
de detective especializado, profesional o agente, de criminalístico especializado, de
profesional o técnico y para los conductores22. En el presente caso, el pago que se
reconoce comporta el reconocimiento de las prestaciones a que tiene derecho el
empleado de planta, y no a valores por concepto de salario, en cuanto que quien
estuvo vinculado a través de la relación contractual no ostenta por virtud de la
declaratoria de la existencia de una relación laboral, la condición de empleado público.
Respecto la petición formulada por la parte actora, en el sentido de ordenar la
devolución de los dineros descontados por concepto de retención en la fuente, ha
dicho la Sala, en casos como el presente, que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho cuando se discuten temas laborales, no es el medio adecuado para ello.
Por lo tanto, en atención a este criterio, la devolución de los dineros pagados por el
actor, por conceptos tributarios no es procedente, toda vez que la entidad demandada
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1 de agosto de 2013. Exp. No. 0070-2011. Demandante: Hector
Enrique Duque Blanco.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
no es la encargada de recibir ni administrar dichos valores23.
En cuanto a los aportes para pensión, la entidad deberá calcular el ingreso base de
cotización con base en los honorarios pactados para la época en que el actor prestó
sus servicios mes a mes y con base en ello, cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, por lo que el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá que efectuar los aportes correspondientes.
Respecto a la devolución de aportes a seguridad social en salud realizados por el
demandante a cuenta propia, tienen la naturaleza de parafiscales, es decir, son de
obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a
favor del interesado, por lo cual, no es factible que se le retribuyan directamente
al contratista. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el
reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por la accionante,
por lo que la sentencia será modificada en ese aspecto.
Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, como se expuso
anteriormente se estableció la solución de continuidad en un periodo y los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, en el lapso del 2 de
junio de 2002 hasta el 1 de septiembre de 2002, por lo cual no puede liquidarse las
prestaciones de reclamadas del periodo anteriormente señalado; sin embargo, de
acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de 2016, la prescripción
no puede aplicarse a los aportes que por pensión se debían realizar por parte del
empleador, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas.
Por lo anterior, contaba para reclamar los derechos prestacionales de la vinculación
laboral del periodo entre el 2 de septiembre de 2002 hasta el 15 de noviembre de
2011, fue el 10 de julio de 2013, no había transcurrido más de tres años entre la
finalización del último contrato y la petición de reconocimiento, por lo cual no que
prescribieron las prestaciones causadas en el periodo descrito.
23
Sentencia de 13 de junio de 2013 Exp. 0042-13 Demandante: Alejandro Gómez Rodríguez. Demandado: Hospital San
Fernando de Ama ESE. CP: Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de 6 de octubre de 2016 Exp. No. 1773-15 Demandante:
Jhon Gerardo Giraldo Rubio. CP: William Hernández Gómez.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
En consecuencia, se declarará probada parcialmente de oficio la excepción de
prescripción extintiva, de las prestaciones sociales a que tendría derecho, causadas
entre el 1º de octubre de 2001 al 1 de septiembre de 2002. No obstante lo anterior,
el demandante tiene derecho a que la Unidad Nacional de Protección, como sucesor
procesal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realice las
cotizaciones a pensión, por dichos periodos, por tratarse de una prestación
imprescriptible.
En lo referente a la condena en costas, no se impondrá a la entidad demandada
en razón a que no basta ser vencida en el proceso sino que se deben acreditar
éstas; de ahí, que la Sala precise que para la imposición de aquélla el operador
judicial deberá tener en cuenta los siguientes elementos que la Sección Segunda
de esta Corporación ha trazado, a saber: “i) objetivo en cuanto a que toda sentencia
decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente
o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe
verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la
actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.”24.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 4 de mayo de
2016, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia, con las siguientes modificaciones:
SEGUNDO.- Declarar probada parcialmente de oficio la excepción de prescripción
extintiva de las prestaciones sociales a que tendría derecho, causadas entre el 1º
de octubre de 2001 al 1 de septiembre de 2002. No obstante lo anterior, el
demandante tiene derecho a que la Unidad Nacional de Protección, como sucesor
24
Sentencia del 26 de octubre de 2017, Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César
Palomino Cortés, radicación 52001-23-33-000-2014-00216-01(2215-15). Ver además las sentencias del 22 de febrero y 8 de
marzo de 2018, Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, Magistrados ponentes Sandra Lisset Ibarra Vélez y
Carmelo Perdomo Cuéter, radicados 25000-23-42-000-2015-00790-01(0525-17) y 18001-23-33-000-2013-00081-01 (3553-
14)
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
procesal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realice las
cotizaciones a pensión, por dichos periodos, por tratarse de una prestación
imprescriptible.
TERCERO.- MODIFICAR el numeral CUARTO (4) se ordenará reconocer todas las
prestaciones sociales a que tiene derecho el señor Justiniano Patiño González,
liquidadas por el valor que recibía como contraprestación a sus servicios, en las
mismas condiciones y emolumentos, primas, que recibían quienes detentaban las
mismas funciones del demandante en el cargo de escolta entre el 02 de septiembre
de 2002 y el 15 de noviembre de 2011, sin solución de continuidad del servicio y
no operó el fenómeno de la prescripción.
En cuanto a los aportes para pensión, la entidad deberá calcular el ingreso base de
cotización con base en los honorarios pactados para la época en que el actor prestó
sus servicios mes a mes y con base en ello, cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, por lo que el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá que efectuar los aportes correspondientes, y respecto a la devolución de
aportes a seguridad social en salud realizados por el demandante, son de obligatorio
pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del
interesado, por lo cual, no es factible que se le retribuyan directamente al
contratista. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso
por los mencionados conceptos en la forma solicitada por la accionante.
TERCERO.- Se reconoce personería al abogado Yolmar Reinaldo Yomayusa
Murcia con tarjeta profesional de abogado 278.006 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en los
términos y para los efectos del poder obrante a folio 592/598.
CUARTO.- Sin condena en costas.
QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Expediente No. 2916 - 2016
Demandante: Justiniano Patiño González
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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