Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00498-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00498-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00498-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-001-2014-00489-01(0774-2022)
Demandante Julián Duque
Demandado: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Tema: Sanción moratoria por consignación incompleta
de cesantías anuales - Rama Judicial.
Decisión: revoca parcialmente la sentencia de primera
instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 5 de octubre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
Se pretende la nulidad de las Resoluciones 0765 del 15 de marzo de 2013
proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y 5879 del
6 de diciembre de 2013 emanada de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial, por medio de los cuales se negó la reliquidación de las
cesantías de la anualidad 2011 y el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) se reconozca y paguen las
cesantías causadas por toda la anualidad de 2011, incluyendo la prima de
productividad, con los intereses a las cesantías generados, (ii) se reconozca y
pague la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de
retardo desde el 14 de febrero de 2012 hasta que se profiera la sentencia, (iii) se
reconozca y pague la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por
cada día de retardo desde el 14 de febrero de 2012 hasta que el 4 de septiembre
de 2012, (iv) se indexen y se paguen los valores a que haya lugar y (v) se
condene en costas a la entidad demandada.
1 Folios 6 y 7 del expediente digital.
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Demandante : Julián Duque
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Julián Duque se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el año
2008.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali mediante Resolución
nro. 865 del 23 de marzo de 20122, le reconoció las cesantías parciales del año
2011 en cuantía de 3.316.803 COP, sin la inclusión de la prima de productividad.
Cabe resaltar que las cesantías de los años 2009, 2010, 2012 y 2013 sí
incluyeron dentro de la liquidación, el factor salarial en debate.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali no canceló en su
totalidad y en forma oportuna las cesantías de la mencionada anualidad, dado
que solo le fue consignado el 14 de febrero de 2012 la suma de 2.874.263 COP
y el restante de 442.540 COP, el 4 de septiembre de 2012, esto es 7 meses
después.
El demandante el 18 de febrero de 2013 solicitó la reliquidación de las cesantías
del periodo 2011, con la debida inclusión de la prima de productividad y la
sanción moratoria. Como respuesta, la Dirección Seccional de Cali por medio de
la Resolución nro. 0765 del 15 de marzo de 2013 negó la solicitud argumentando
la falta de interposición de recursos dentro de los términos de ejecutoria del acto
administrativo que reconoció el derecho.
Inconforme con lo decidido en la Resolución nro. 0765, el actor interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto negativamente por la Dirección Nacional
Ejecutiva de Administración Judicial el 6 de diciembre de 2013 en la Resolución
nro. 5879.
Mediante escrito de adición de demanda 3 , la parte demandada añadió los
siguientes hechos:
El 10 de abril de 2012 se solicitó por escrito la consignación completa de las
cesantías, ya que había un faltante, petición reiterada el 22 de junio de 2012.
La entidad demandada contestó la última petición a través del Oficio DESAJ-TH-
2851 del 17 de agosto de 2012, reconociendo un error del nivel central e
informando que envió la información nuevamente para la cancelación del dinero
faltante.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
2 Sic
3 Folios 68 y 69 del expediente digital
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Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 53 de la
Constitución Política; 50 de la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996, Decreto
Reglamentario 1582 de 1998, Decreto 3118 de 1968, Ley 6 de 1945, Ley 65 de
1946, Decreto 2567 de 1946 y Decreto 1160 de 1947.
En síntesis, en el concepto de violación expuso que al demandante le asiste el
derecho a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le reliquide y
pague las cesantías del año 2011 con la inclusión de la prima de productividad.
De igual manera, se deben cancelar los intereses a las cesantías del año 2011 y
la sanción moratoria por dicha omisión.
1.4. Contestación de la demanda
La Nación - Rama Judicial, contestó extemporáneamente la demanda.
1.5. Sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 5 de
octubre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte vencida.
Tras verificar la liquidación efectuada y los valores contemplados en la
Resolución nro. 865 del 2 de febrero de 2012, el tribunal de primera instancia
encontró que existe una diferencia de 176.398 COP entre el valor total calculado
en el acto administrativo y la sumatoria de los factores allí relacionados, monto
que coincide con el valor de la prima de productividad devengada por el actor en
el año 2011, por lo que consideró que sí se incluyó el factor salarial en la
liquidación de las cesantías.
Ante lo anterior, negó la pretensión de reliquidación de las cesantías en la
anualidad 2011, el ajuste de los intereses a las cesantías y la sanción moratoria
reclamada por la no inclusión de la prima de productividad.
Con respecto a la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
del año 2011, precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
incumplió la obligación de consignar oportunamente las cesantías causadas en
el fondo de cesantías Protección. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien se
realizó un primer pago el 14 de febrero de 2012, la obligación se satisfizo por
completo el 4 de septiembre de la misma anualidad con una segunda
consignación.
4 Folios 187 a 193 del expediente físico.
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Por lo que, ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria desde el 15
de febrero hasta el 3 de septiembre de 2012, sin la indexación y condenó en
costas a la parte vencida con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
1.6. Recurso de apelación5.
El apoderado de la Nación - Rama Judicial interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, con el fin que se revoque la misma,
el cual sustentó en salvaguarda del patrimonio público, así:
En el presente caso es menester apreciar y valorar las pruebas obrantes en el
expediente, de ahí que no se dan los presupuestos para la configuración de la
sanción por mora.
Recalcó que la liquidación efectuada en la Resolución nro. 865 del 2 de febrero
de 2012 se hizo de forma correcta, por lo tanto, no hay lugar a la reliquidación
solicitada.
Está probado que hizo el pago de las cesantías para la fecha que el demandante
formuló su solicitud, el 18 de marzo de 2013; pero no se le dio credibilidad a este
hecho.
No se evaluó por parte del a quo que en la cuenta personal del fondo de
pensiones del actor se le consignó el día 14 de febrero el valor de 2.974.263
COP y el faltante que por error no se consignó, fue girado el 4 de septiembre de
2012. En ese sentido, se condenó a un pago por mora de un día de salario sin
tener en cuenta que sí existió un desembolso, sobre el cual ya estaba
percibiendo unos dividendos en calidad de intereses.
Además, agregó:
«Por las anteriores razones que se fundamentan en las pruebas aportadas por el
demandante y en las cuales se reconocen dentro de la Sentencia, y, sin embargo
aun así se condena a un pago de una mora total desconociendo que de igual forma
a la Entidad demandada se debe tratar de forma igual que al demandante y no por
el hecho de ser parte del Estado se le dejen de reconocer sus derechos; téngase
en cuenta que la ley dispone que las partes en un proceso gozan de igualdad ante
la ley.
En este sentido la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional convoca y
empodera a los jueces de la República como los primeros llamados a ejercer una
función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte
5 Folios 200 a 206 del expediente físico.
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en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho
sustancial, y con ello la realización de la justicia material.
Reitero de manera comedida y respetuosa que se proceda a dar el valor probatorio
a los pagos realizados a las razones expuestas y atendiendo estas se proceda a
determinar que no existe razón de condenar a el pago de una sanción moratoria y
en el evento de que se considere que procede sea proporcional a la suma de
$442.540.13» (sic)
Por último, solicitó dar aplicación a los numerales 5 y 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso en cuanto al pago de las costas procesales.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
La Sala deja constancia que dado que el proceso se ha tramitado en forma legal
y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)6.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP), la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita
a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si hay lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria, contemplada en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 producto de la no consignación oportuna de las cesantías
correspondientes a la anualidad 2011, antes del 15 de febrero de 2012 tal como
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». Norma
igual a norma antes de la vigencia de la Ley 2080
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se dispuso en la sentencia de primera instancia o le asiste razón al recurrente
quien afirma que no hay lugar a ello.
Definido lo anterior, la Sala determinará en caso de existir sanción moratoria, si
esta se causó en forma parcial o total, como alega la parte apelante.
Para responder a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará estos
temas: 2.3. normativa y jurisprudencia aplicable al caso y 2.4.) caso concreto.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Cesantías
El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador,
sino «en lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un
respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»7
La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago
de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la
dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía 8.
Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
La Ley 6 de 19459 en el artículo 12, literal f), estableció a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente por fracciones de año, y en el artículo 17,
literal a) se consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente10.
Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
7 SU 448 de 2016, SU 098-18.
8 Sentencia C-486 de 2016
9 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
10 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
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promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.
2.3.2. Régimen anualizado de Cesantías
Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 11, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional, estableciendo en el artículo 27, la
novedad de un régimen anualizado, en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
Y, respecto de la consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales
de los empleados tal como lo dispuso el artículo 34, se realiza de conformidad
con lo previsto en el artículo 49, que regula lo siguiente:
«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos
y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se
causen en favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
a) Mensualmente, las entidades en referencia deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»
Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
11 Ver Artículo 1° del Decreto Ley 3118 de 1968
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subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 12 respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley
50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto
1582 de 199813.
La Ley 50 de 199014, consagró en el artículo 99 el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
12 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
13 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista
en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
14 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía
a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse
para el efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).
Como se evidencia, la precitada norma dispuso, en su numeral 3 una sanción en
caso de mora en la consignación en la cuenta individual que conforme al numeral
1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad laborada o
la fracción correspondiente.
2.3.3. Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial.
A efectos de precisar el régimen de cesantías aplicable a los servidores de la
Rama Judicial, conviene recordar lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación15 veamos:
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. c p: Juan Pablo Cárdenas Mejía de 16 de agosto de
2018 radicación: 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375)
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«...esta Sala ha precisado (Concepto 1777 de 2006) que en materia de cesantías
ha existido un “régimen retroactivo de cesantías, que consiste en que esta
prestación se liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes
de sueldo por cada año de servicios, …” Dicho régimen fue modificado para la rama
ejecutiva del poder público del orden nacional por virtud del Decreto 3118 de 1968,
que dispuso la liquidación anual de la prestación y reconoció intereses a la misma,
y para los servidores de la rama judicial por la Ley 33 de 1985, la cual dispuso para
los que se vincularán a partir del 1º de enero de 1985 un régimen de liquidación
anual definitiva con intereses.
En esta materia el artículo 7º de la Ley 33 de 1985 dispuso:
«Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la
Caja Nacional de Previsión asumirán directamente el pago de dicha prestación a
partir del 1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los
empleados oficiales de dichas entidades hasta concurrencia del valor de
transferencias que éstas hubieren efectuado “Quienes a partir del 1o de enero de
1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría
General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías,
se regirán por las normas del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo
adicionen y reglamenten en lo relacionado con la liquidación y el pago de sus
cesantías».
Así, a partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la Rama
Jurisdiccional se rigen en materia de cesantía por las normas del Decreto
Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo adicionen y reglamenten. Ahora
bien, con posterioridad a dicha fecha, el Decreto 57 de 1993, expedido por el
Gobierno Nacional en ejercicio de sus funciones legales y en desarrollo de las
conferidas por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, estableció una serie de normas
sobre el Régimen Salarial y Prestacional para los servidores públicos de la Rama
Judicial y en su artículo 10 dispuso:
«Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en
la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura
señale. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y
requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados
directamente a dichas Sociedades o Fondos».
Por su parte el artículo 12 del mismo Decreto dispuso:
«Artículo 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia
Penal Militar que tomen la opción establecida en este Decreto o se vinculen por
primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de
capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios,
vacaciones, navidad y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí
mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
“Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario
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3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con
excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33
de 1985” (se subraya).
De esta manera, de conformidad con este Decreto, las cesantías de los servidores
públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968, que establece el
pago anual y definitivo, y a las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten,
pero para su pago se aplica el artículo 7º de la Ley 33 de 1985.
Por último, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 dispuso lo siguiente:
Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías: “a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que
deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; “b) Les
serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
Desde esta perspectiva encuentra la Sala que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996,
que es posterior al Decreto 57 de 1993, complementa el régimen dispuesto por el
Decreto 3118 de 1968 y tiene un alcance general, pues incluyó a todas “las personas
que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado ” y sólo exceptuó “al personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, por lo que claramente
complementa el Decreto 3118 de 1968».
Por tanto, para la Sala, dicha norma también es aplicable a la Rama Judicial.
2.3.4. Interpretación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En cuanto a la causación de la mora contenida en el numeral 3 del artículo 99 de
Ley 50 de 1990, concretamente producto de la no consignación de un periodo
de las cesantías antes del 15 de febrero de la siguiente anualidad, existen
diferencias en la interpretación que sobre el particular ha adoptado esta
Corporación y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
La Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos cuyo supuesto fáctico
es similar al analizado, ha considerado lo siguiente:
• Sentencia de 10 de febrero de 2022, la Subsección “B” -Sección Segunda se
consideró lo siguiente 16:
«19. El legislador estableció una sanción económica para los eventos en que
ocurra el pago tardío de las cesantías, que debe ser liquidada y reconocida
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, Radicado 25000-23-42-000-2018-02833-01 (0612-2021).
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mediante acto administrativo en firme, equivalente a un día de retardo por
cada día de mora hasta que se haga efectivo su pago.
20. De la misma manera, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consagra lo
referente al pago de las cesantías y a su vez, la sanción moratoria por
incumplir dicho pago dentro del término estipulado14:
[...]
21. Con base en la norma expuesta, se establece que la sanción moratoria
es un castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por
no consignar oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en un
día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías. El
plazo para consignar las cesantías al fondo de cesantías, vence el 14 de
febrero de cada año, así que la sanción corre desde el 15 de febrero hasta
que se realice la consignación.
Análisis del caso concreto.
22. Ahora bien, como se extrae del tenor literal de la norma, la
reclamación de la sanción moratoria surge ante el incumplimiento del
empleador al deber de consignar las cesantías anualizadas al servidor en la
fecha determinada por la ley, por cada periodo anual servido, que como se
vio, es a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al liquidado. Este
supuesto fáctico no se configura en el presente caso, ya que no se presentó
tal incumplimiento, pues la entidad demandada consignó las cesantías de la
actora el 14 de febrero de 2017, por la suma de $ 1.144.980, monto que fue
modificado por la Resolución No. 6447 del 17 de octubre de 2017, por la suma
de $ 5.325.649, el 20 de diciembre de 2017.
23. Si bien la entidad demandada incurrió en error al realizar el cálculo
y liquidación de las cesantías de la demandante para el año 2016,
porque no liquidó diez meses servidos que corresponden a los meses
de enero a octubre del mismo año, no puede confundirse la situación
fáctica que genera la sanción moratoria establecida por la ley, con el
pago de reliquidación después de desatar la discusión sobre el monto
consignado. La sanción moratoria es una penalidad para el Estado –
empleador, por su incumplimiento en la consignación de las cesantías en el
respectivo fondo, en tiempo oportuno, consistente en el pago de un día de
salario por cada día de retardo; de manera que solo la ausencia en el pago
de las cesantías es la castigada con la mora. Por consiguiente, no puede
extenderse la sanción cuando se presenta una discusión sobre ese
monto que puede, a su turno, generar o no un reajuste.
24. En ese sentido, no es posible crear una segunda regla de derecho
para decir que cuando hay discusión sobre el monto liquidado, si el
recurso prospera, ello indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado por
el legislador para castigar o sancionar a la entidad que omitió el pago, no para
el caso inconsistente en la liquidación. Recuérdese que esta es una sanción
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pecuniaria de reserva legal, de modo que por vía de interpretación no puede
extenderse la sanción moratoria a los valores complementarios de la
liquidación inicial que fue satisfecha en tiempo.
25. Dilucidado lo anterior, la sanción moratoria no tiene el alcance que
pretende endilgarle la actora para extenderla a los eventos en que hubo lugar
a un reajuste de las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o
discutido al tiempo de liquidación. De igual forma, el nuevo valor
correspondiente a la reliquidación se genera con ocasión de la controversia
que la actora provocó al punto que le fue modificado por la administración el
acto de reconocimiento aceptando sus argumentos, pero sin que ello
encuadre en la descripción de la norma que regula la penalidad.»17 (Negrilla
y subrayado fuera de texto original)
• La misma subsección en recientes sentencias del 6 de octubre de 202218 y 9 de
febrero de 202319, iteró la anterior postura. Así:
«2.2.1. Reglas Jurisprudenciales sentadas en la Sentencia de Unificación
CE-SUJ-SII-022-2020 proferida por la Sección Segunda de la Corporación
el 6 de agosto de 2020.
La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de agosto
de 2020, dictó la siguiente Sentencia de Unificación con las reglas de
jurisprudencia relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990,
por la no consignación de cesantías anualizadas:
“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de
la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de
1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la
anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente
por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a
partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la
sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción”.
17 Transcripción incluido errores.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, C.P. César
Palomino Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2018-01693-01 (3168-2020).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2023, C.P. César
Palomino Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021).
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La anterior decisión tuvo como fundamento el hecho que la Sección Segunda,
mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016[1], fijó
la regla jurisprudencial según la cual la sanción moratoria está sujeta al
término prescriptivo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social[2], esto es, que la reclamación del empleado
sobre un derecho o prestación debida, tendrá que efectuarse dentro de los 3
años, so pena de la prescripción, término que es susceptible de interrupción a
través del simple reclamo escrito del trabajador, pero solo por un lapso igual,
es decir, un trienio. Sin embargo, la forma como debe computarse la
prescripción de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anualizadas no ha sido pacífica entre las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda y, por lo tanto, debía aclararse[3].
Que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es claro en señalar la sanción
moratoria como una de las características del nuevo régimen de cesantías,
así: “(…)3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de
retardo”.
Que el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho
exigible, el cual, de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo,
surge a partir del vencimiento de éste[4]. En consecuencia, la causación de la
sanción por mora por falta de consignación de las cesantías anualizadas
ocurre al día siguiente al del vencimiento de la oportunidad que tiene la
Administración para proceder en tal sentido, esto es, 15 de febrero siguiente
a la anualidad que causó la cesantía (plazo fijado por el ordenamiento). Aclaró
que este momento es el parámetro cierto y determinado que permite el
nacimiento de la penalidad que, sin ser un derecho, beneficia al empleado.
Precisó que la causación de la sanción por mora es totalmente independiente
a la prestación social. El nacimiento de la sanción por mora no está
condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho
por el incumplimiento del pago por parte del empleador dentro de los términos
de ley. Sin embargo, ello no se confunde con la extensión de la penalidad en
el tiempo, que sí está directamente asociada a que se efectúe la cancelación
de la prestación social. El pago de las cesantías, ante la causación eventual
de la moratoria, ocasiona que ésta cese, no que se extinga, como sí ocurre
con la prescripción una vez transcurridos los 3 años establecidos en el artículo
151 del CPTSS.
A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se establecieron
respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anualizadas reguladas por la Ley 50 de 1990, son igualmente aplicables frente
a la sanción relativa al reconocimiento y pago extemporáneo de cesantías
definitivas o parciales, regidas por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
pues lo que varía en estos casos es el momento en que se hace exigible la
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sanción moratoria, y no, el criterio cómo debe contarse la prescripción a partir
de su exigibilidad.
[...]
Pues bien, de acuerdo con los hechos probados y según las reglas
jurisprudenciales señaladas en líneas atrás, la Sala advierte que la accionante
tiene derecho a reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías anualizadas, teniendo en cuenta que por la fecha de su vinculación
(1 de enero de 2016) es beneficiaria del tal régimen.
Empero, la sanción moratoria solo se causa conforme los presupuestos
establecidos por el legislador; esto es, al estar regida entonces por el
principio de legalidad, su aplicación no puede ser extensiva o analógica
a supuestos no contemplados en la norma, como es el caso del reajuste
de las cesantías.
Por consiguiente, por el hecho del reajuste de las cesantías no procede el
reconocimiento de la sanción pretendida; pues, la jurisprudencia de esta
Colegiatura ha sido clara en señalar que una indebida liquidación de las
cesantías no implica que el empleador haya incurrido en mora, “de
manera que el hecho de que la administración haya liquidado un monto por
cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un reajuste, no conlleva a
determinar que desde la fecha de la solicitud de reconocimiento de la
prestación hasta el pago de la misma, no se hayan cumplido con los términos
establecidos por la ley para tal efecto (…) pues una cosa es efectuar
liquidación y cancelación de acuerdo con las directrices tomadas por la entidad
demandada en su momento y otra es reconocer fuera del plazo determinado
la prestación aludida» (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
• La Subsección “A” de esta Corporación en sentencias del 15 de julio de
2021 20 y 3 de febrero de 2022 21 , entre otras, ha coincidido con la
Subsección “B”, al considerar:
«Segundo problema jurídico.
¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se
paga tardíamente una diferencia en la liquidación de las cesantías
anualizadas?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria
consagrada en Ley 50 de 1990 no procede cuando lo que existe es una
controversia sobre el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío,
esto es, con incumplimiento de los términos señalados en el numeral 3.°
del artículo 99 ibidem.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William
Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).
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Esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no
procede cuando lo que sucede es la inoportuna cancelación de una
diferencia en la liquidación que debió pagarse. Al respecto se ha
pronunciado en el siguiente sentido 13 :»
No obstante, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha
mantenido una línea de interpretativa desde la providencia SL 403-2013 del 3 de
julio de 2013, diferente a la expuesta por el Consejo de Estado.
• Concretamente en sentencia SL 1451-2018 del 25 de abril de 2018; se reiteró lo
dicho en la providencia de 3 de julio de 2013; frente a la causación de la sanción
moratoria, por la consignación deficitaria de las cesantías anualizadas.
«El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dice:
“3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
De la pretrascrita disposición se extrae la obligación para el empleador de
consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, en el fondo respectivo, el
valor de la cesantía liquidada a 31 de diciembre de cada año, so pena de
hacerse merecedor de la sanción consistente en un día de salario por día de
retardo.
La severa consecuencia prevista por la citada norma ante el
incumplimiento del empleador de su obligación de consignar las
cesantías, como un elemento característico del nuevo régimen de
cesantías que eliminó la retroactividad, indica la trascendencia que el
legislador le quiso dar a dicho pago, no solo en beneficio directo de cada
trabajador a quien le favorece que sus cesantías comiencen a rentar a tiempo
en el respectivo fondo, sino también para garantizar que el sistema de
administración de cesantías creado por misma Ley 50 de 1990 reciba a tiempo
los recursos y facilitarle que pueda cumplir con sus planes de rentabilidad.
Por demás, conforme al principio de la buena fe que ha de regir la ejecución de
todos los contratos de trabajo, artículo 55 del CST, las partes están obligadas
“no solo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen
a ella”.
No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la
citada disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema
de cesantías sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a
quo consistente en que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma
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automática, para el caso de la consignación deficitaria de las cesantías al igual
que si se hubiese hecho esta de forma total.
Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación podría
traer, pues bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por
cesantías, para enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho
proceder se estaría perjudicando al trabajador y al sistema de administración
de cesantías.
Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a
las cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la
retroactividad, porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma
perentoria, fijó la ley para realizar la consignación; es claro que la norma
ordena la consignación del valor de las cesantías correspondientes a 31
de diciembre de cada año, antes del 14 de febrero del año siguiente; si, a
esta fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está atendiendo el plazo
legal, pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la obligación.
Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que
conlleva la exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación
deficitaria de cesantías. En esta dirección, se ha de decir que la
consecuencia contenida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 está prevista tanto para el pago parcial como para el no pago.
(negrillas y resaltados del texto)
• Sentencia SL5146-2020 7 de octubre de 202022.
«Ahora, el juez de primer grado erró al concebir que la referida indemnización
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo era procedente en los casos
en los que no se hacía la consignación de la cesantía, pues la Corte ha
precisado que dicha sanción también opera en los casos en que el empleador
realiza la consignación de manera deficitaria o parcial porque, por ejemplo, no
tiene en cuenta el salario realmente devengado por el trabajador, como sucedió
en este caso.
En la sentencia CSJ SL403-2013, reiterada en la decisión CSJ SL1451-2018,
se explicó:
No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la
citada disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema
de cesantías sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a
quo consistente en que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma
automática, para el caso de la consignación deficitaria de las cesantías al igual
que si se hubiese hecho esta de forma total. Ni que decir de las consecuencias
perversas que esta interpretación podría traer, pues bastaría con que el
empleador consignase cualquier valor por cesantías, para enervar los efectos
22 Radicación n.° 69731 Acta 37 Bogotá, D. C.,
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de la norma, no obstante que con dicho proceder se estaría perjudicando al
trabajador y al sistema de administración de cesantías.
Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a
las cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la
retroactividad, porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma
perentoria, fijó la ley para realizar la consignación; es claro que la norma
ordena la consignación del valor de las cesantías correspondientes a 31 de
diciembre de cada año, antes del 14 de febrero del año siguiente; si, a esta
fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está atendiendo el plazo legal,
pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la obligación.
Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que
conlleva la exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación
deficitaria de cesantías. En esta dirección, se ha de decir que la consecuencia
contenida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 está prevista
tanto para el pago parcial como para el no pago.»
3. Caso concreto
Del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala acreditado que
mediante Resolución nro. 865 del 2 de febrero de 201223, notificada el 23 de
marzo del mismo año, fueron liquidadas las cesantías anualizadas del señor
Julián Duque por haber laborado entre el 1° y el 31 de diciembre de 2011; esto
es, por 361 días. Aquí, se incluyeron los factores salariales de: «sueldo básico,
bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicios y
prima de navidad», arrojando un total de 3.316.803 COP.
Inconforme con la liquidación efectuada, el demandante el 10 de abril de 201224,
solicitó que le fuera depositado el excedente de las cesantías, habida cuenta
que, del valor total 3.316.803 COP, sólo le consignaron 2.889.147 COP; petición
que fue reiterada el 17 de mayo25 y el 22 de junio de 201226.
La coordinadora del Área de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali a través del Oficio DESAJ-TH-2581 del 17 de
agosto de 201227 dio respuesta a la solicitud del 22 de junio en la que da cuenta
de un error en la consignación de las cesantías, en los siguientes términos:
«De conformidad a su petición del asunto, recibida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial el día 22 de junio del año en curso, me permito dar una respuesta
de la siguiente manera:
23 Folios 15 y 16 del expediente digital.
24 Folio 70 del expediente digital.
25 Folio 72 del expediente digital.
26 Folio 77 del expediente digital.
27 Folio 78 del expediente digital.
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Se revisó cuidadosamente su caso con la Seccional y con la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con sede en la Ciudad de Bogotá, logrando constatar que
efectivamente por un error del NIVEL CENTRAL se le habían consignado sus
cesantías con el archivo equivocado.
Sin embargo se envió nuevamente la información desde esta Seccional ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que ellos adicionen el dinero que hace
falta en cuanto a sus cesantías e intereses a las cesantías…» (Negrilla fuera de texto)
El 18 de febrero de 2013 28 , el señor Julián Duque solicitó ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cali la reliquidación de sus cesantías
anualizadas del 2011 con la inclusión de la prima de productividad y la sanción
moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1996.
Como respuesta a la anterior solicitud, la directora ejecutiva seccional de Cali
expidió la Resolución nro. 0765 del 15 de marzo de 2013,29 notificada el 19 de
marzo del mismo año en la cual negó lo solicitado, con fundamento en lo
siguiente: i) la reliquidación se debió solicitar a través de los recursos ordinarios
dentro del término de notificación, y ii) al enviar el consolidado de cesantías de
los servidores judicial correspondientes al periodo de 2011 antes del 15 de
febrero de 2012, no hay lugar a la sanción moratoria.
Al discrepar de lo resuelto en el acto administrativo, el actor interpuso recurso de
apelación el 22 de marzo de 201330, el cual fue decidido mediante la Resolución
nro. 5879 del 6 de diciembre de 2013 31 confirmando la decisión inicial. Cabe
resaltar que en dicha respuesta se afirmó haber incluido la prima de
productividad en la liquidación inicial.
En el estado de cuenta expedido por el Fondo de Cesantías Protección 32 se
constata que la Rama Judicial consignó los siguientes valores: 2.874.263 COP y
442.540 COP, el 14 de febrero y 4 de septiembre de 2012, respectivamente a la
cuenta individual del servidor. Es decir, que la consignación total del auxilio de
cesantías se realizó en esta última fecha.
Según el certificado expedido por la coordinadora de recursos humanos y la
tesorera del a Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali,
el servidor Julián Duque durante el año 2011 devengó los siguientes factores
salariales: «sueldo básico, bonificación de servicios, prima de vacaciones,
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y prima de productividad 33».
28 Folio 30 del expediente digital
29 Folios 31 a 33 del expediente digital.
30 Folios 35 a 39 del expediente digital
31 Folios 40 a 46 del expediente digital.
32 Folio 25 del expediente digital
33 Folio 17 del expediente digital.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 76001-23-33-001-2014-00489-01
Demandante : Julián Duque
De cara a los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y lo acreditado
en el proceso, considera la Sala que le asiste razón al a quo al encontrar
acreditado que: i) dentro de la liquidación inicial se incluyó la prima de
productividad 34 y ii) existió una consignación incompleta de las cesantías
anualizadas del periodo 2011.
Es evidente que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consignó la
totalidad de las cesantías anualizadas del señor Julián Duque el 4 de septiembre
de 2012, es decir fuera del término fijado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
De hecho, la misma entidad demandada en el Oficio DESAJ-TH-2581 del 17 de
agosto de 2012 acepta el error e informa que enviaría nueva solicitud ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para adicionar el dinero restante
de las cesantías.
Lo anterior, no deja dudas que la consignación antes del 15 de febrero de 2012
de las cesantías anualizadas del año 2011 del demandante constituye un pago
incompleto y, por lo tanto, tal y como lo encontró acreditado el tribunal hay lugar
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías anualizadas del actor.
En ese sentido, la Sala rectifica el criterio adoptado en asuntos similares por esta
Subsección al considerar en esta oportunidad que la consignación incompleta de
la cesantía anualizada del año 2011 del actor da lugar a la sanción moratoria del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Conforme a las decisiones citadas en el acápite normativo, esta Corporación
consideraba que, en asuntos como el presente, el pago incompleto correspondía
a una reliquidación o ajuste a las cesantías, y por ende no se generaba la sanción
moratoria, no obstante, la Sala fundamenta el criterio adoptado en este asunto,
en lo siguiente:
1. La sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de la cesantía, proviene del incumplimiento de las normas que
regulan el auxilio de cesantía, prestación que constituye un derecho mínimo
laboral en favor del trabajador amparado por el principio de progresividad y
en consecuencia la prohibición de regresividad. De tal manera, que al
encontrarse el actor sujeto al régimen anualizado de cesantías desde el año
200835, no solo cuenta con la prestación, sino con la garantía de que, a falta
de su efectivo cumplimiento, se cause a su favor la sanción moratoria hasta
la extinción total de la obligación.
34 Si bien en el acto administrativo que reconoció las cesantías no aparece expresamente el factor de prima
de productividad, cierto es que el valor correspondiente a la doceava parte es la diferencia faltante de la
totalidad del dinero consignado en la Resolución nro. 865 del 2 de febrero de 2012.
35 A partir de su vinculación a la Rama Judicial.
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2. Si bien esta Corporación ha sido enfática en afirmar que del texto del numeral
3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no se desprende la sanción moratoria
cuando la liquidación y consignación resulta deficitaria, y no ha diferenciado
cuando lo acontecido es producto de una reliquidación o ajuste por monto y
liquidación incompleta del periodo anual laborado, tratándose del régimen de
liquidación anual de cesantías, no existe duda que tal circunstancia
desconoce, que el cumplimiento de una obligación y por lo tanto su extinción
de conformidad con lo previsto en el artículos 1625 y 1626 del Código Civil,
se produce por su pago total.
Disponen las normas citadas lo siguiente:
«Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente
de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
[...]»
«Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se
debe.»
A la luz del precitado artículo 1626 del Código Civil, por pago completo se
entiende el efectivo cumplimiento de lo que se debe o, dicho de otra manera,
es la consumación de las obligaciones con el cual el deudor extingue las
obligaciones que posee con su deudor, mientras que el pago parcial se
refiere a una porción de lo que se debe, véase que el artículo 1649 de la
norma civil estipula que «el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba
por partes lo que se le deba».
Por lo que, al evidenciarse un pago incompleto, no es posible afirmar
conforme a la norma civil, que se cumplió con la obligación al consignar en
la fecha prevista en la ley, el valor correspondiente a un periodo de la
anualidad laborada, pues la norma contentiva de la obligación consagra que
«El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente», es decir, por todo el
periodo laborado, lo que da lugar a la sanción moratoria por el
incumplimiento de la norma.
Por lo tanto, precisa la Sala que no se está frente al supuesto del ajuste de
cesantías por desconocimiento de factores salariales o por incrementos
salariales tardíos, sino frente a un pago incompleto o deficitario de las
cesantías, que sin duda alguna conlleva al desconocimiento de la norma.
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3. Considerar cumplida la obligación pese a que no se consignó en su totalidad
al fondo de cesantías escogido por el servidor público las cesantías
analizadas del año 2011, desnaturaliza el cumplimiento de la obligación
laboral, pues libre de todo apremio, deja su cumplimiento al arbitrio del
empleador, quien por desgreño administrativo u otra razón, no realiza bien
la liquidación y/o consignación del dinero oportunamente.
4. Los principios “in dubio pro-operario” y “progresividad”, que rigen las
relaciones laborales, resultan sacrificados, pues a pesar de no constituir la
sanción moratoria una prestación social, su finalidad no es otra que hacer
efectivo el cumplimiento de la prestación social, a la que como se dijo en
líneas anteriores tanto la legislación como la jurisprudencia le han reconocido
una especial connotación.
5. La no liquidación y/o consignación de las cesantías dentro del término
previsto en la norma, constituye sin duda el incumplimiento de la prestación
por parte de su empleador. Máxime, que los fondos de cesantías generan un
beneficio económico producto de la afiliación y disposición de dichos dineros
conforme a una rentabilidad regulada en la normatividad, que resulta
afectada por su pago incompleto, lo que impacta negativamente el
patrimonio del servidor público36.
Postura que en el caso bajo estudio se fundamenta, en lo siguiente:
1. Por medio de la Resolución nro. 865 del 2 de febrero de 2012, le fueron
liquidadas las cesantías de la anualidad 2011 al actor, por valor de 3.316.803
COP, de los cuales le fueron consignados el 14 de febrero del mismo año
2.874.263 COP
2. El 10 de abril de 2012, solicitó que le fuera depositado el excedente de las
cesantías, en respuesta fue expedido el Oficio DESAJ-TH-2851 del 17 de
agosto de 2012, donde la administración reconoce el error en la consignación
de las cesantías y afirma que procederá a desplegar sus acciones para
arreglar dicho yerro.
3. La consignación completa de las cesantías del año 2011 se produjo hasta el
4 de septiembre de 2012, esto es, 7 meses después del término legal.
36 Fedesarrollo. Documento final Efectos sobre el mercado laboral de la Ley 50 de 1990. abril de 1995. «Para
solucionar este problema, la Ley 50 creó los” Fondos de Cesantías”, donde el empleador coloca anualmente
el monto de las cesantías adeudada a sus trabajadores más el 12% de interés cancelando así, año a año,
el pasivo prestacional por ese concepto. El fondo de cesantías tiene la obligación de pagarle al trabajador
un interés, como mínimo igual al DTF.
De acuerdo con la Ley 50, la rentabilidad mínima que pagan los fondos al trabajador debe ser igual al DTF,
si la rentabilidad que obtiene el fondo es inferior, debe responder con su propio patrimonio o con la reserva
de estabilización de rendimientos que obliga la Superintendencia Bancaria. Si los rendimientos son
superiores al DTF, puede cobrar comisión.»
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Así las cosas, al tener acreditado que la entidad demandada consignó las
cesantías de la anualidad 2011 del actor por fuera de la fecha prevista en la ley;
concluye la Sala que se causó la sanción moratoria solicitada desde el 15 de
febrero hasta el 3 de septiembre de 2012, día anterior a cuando se produjo la
consignación total de las cesantías.
En cuanto al segundo problema jurídico, la entidad apelante ha afirmado que la
penalidad debe ser proporcional, por haber realizado un pago dentro del término
legal por valor de 2.874.263 COP, y el valor restante solo ascendió a la suma
442.540 COP, los cuales fueron consignados el 4 de septiembre de 2012,
aspecto que desconoció el Tribunal, al condenar a un día de salario por cada día
de retardo como si no existiera pago alguno, dinero sobre el cual el demandante
ha recibido unos «dividendos en calidad de intereses que reconoce el Fondo de
pensiones»
Para resolver el problema jurídico considera la Sala pertinente recordar, que la
sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, dispone el pago de un día de
salario por cada día de retardo, salario que corresponde a la asignación mensual,
y cuyo objetivo es apremiar al empleador el cumplimiento de la obligación,
además la consignación oportuna de las cesantías reporta un beneficio
económico no solo para el empleado sino para los fondos de cesantías.
En el presente asunto, la Nación - Rama Judicial, pese a que procedió a realizar
la liquidación de las cesantías anualizadas, tal y como lo dispone el numeral 1°
del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, incumplió dentro del término legal con la
consignación de una parte del valor liquidado y a la cual tenía derecho el
demandante, en este caso la Sala no desconoce que frente a la suma
consignada efectivamente al actor, debió percibir los rendimientos dispuestos
por el sistema para los fondos de cesantías los cuales hacen parte del patrimonio
del empleado, por lo que corresponde a la Sala determinar si ordenar la sanción
moratoria en forma plena, un día de salario por cada día de retraso como lo
dispuso el tribunal genera un incremento injustificado en el patrimonio del
demandante, pese a que la entidad se allanó a cumplir parte de la obligación y
en consecuencia si hay lugar a lo peticionado por el recurrente.
Para dichos efectos, la Sala establecerá:
1. Los porcentajes correspondientes al valor consignado en tiempo y el
depositado extemporáneamente.
Proporción que se determina conforme a la siguiente fórmula:
x= (a * 100) / b
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En la que “x” corresponde: al porcentaje que representa las cesantías
consignadas por fuera del término de ley.
En la que “a” equivale: al valor de las cesantías consignadas por fuera del
término de ley.
En la que “b” concierne: al valor total de las cesantías que debieron ser
consignadas y/o pagadas.
2. El valor en dinero equivalente al porcentaje de consignación extemporánea
del salario básico devengado en el año en que se causó la sanción moratoria.
Proporción que se determina conforme a la siguiente operación matemática:
x= (a * b) / 100
En la que “x” corresponde: al valor proporcional de la consignación
extemporánea.
En la que “a” equivale: la asignación básica mensual devengada por el actor en
el año 2012.
En la que “b” concierne: al porcentaje de lo dejado de consignar
3. El valor diario proporcional por los días de mora. Determinado el porcentaje
del salario mensual proporcional al incumplimiento, se halla el valor diario
para luego multiplicarlo por los días de mora. Conforme a la siguiente
fórmula:
x= (a* 30)/100
Lo que arroja el valor total de la mora en forma proporcional a lo debido, y la
diferencia con la misma aplicada sin descontar el valor previamente consignado.
Aplicadas las fórmulas al presente asunto, tenemos lo siguiente.
1. El porcentaje del pago consignado extemporáneamente, es igual a:
x= (442.540 * 100) / 3.316.803 COP. x= 13,3%
De la anterior operación se tiene que el porcentaje de la consignación
extemporánea (442.540 COP) equivale al 13,3% del valor total de las cesantías
(3.316.803 COP), por lo tanto, el porcentaje del valor consignado dentro de la
oportunidad prevista en la norma (2.874.263 COP), corresponde al 86,7%.
2. El valor proporcional de la asignación básica corresponde a la suma de
357.987 COP, es decir el 13,3 del salario básico 2012 devengado por el actor
37 (2.691.663 COP), fecha de causación de la sanción moratoria.
37 Página 20 del expediente digital PDF 202102191460
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x= (2.691.663 * 13.3) / 100. x = 357.987 COP
3. La anterior cantidad al ser dividida entre 30 que corresponde a los días del
mes, arroja el valor diario de mora, así.
x= 357.987/ 30. x= 11.933 COP.
Cantidad que multiplicada por los días de mora, 201 días, arroja un valor de
2.398.533 COP, tal y como se refleja a continuación:
x= 11.933 *201, es igual x= 2.398.533 COP.
De lo anterior se tiene, que la sanción moratoria en forma proporcional al pago
realizado asciende a la suma de 2.398.533 COP, cantidad sustancialmente
diferente a la resultante a la ordenada por el a quo, cuyo valor realizada la
operación aritmética por la Sala, asciende a una cantidad similar a 18.033.941
COP, valor que a simple vista resulta contrario a la realidad, al desconocer que
la entidad demandada se allanó a cumplir dentro del término con la obligación
hasta un 86,7%, cantidad sobre la cual dada la oportunidad de su consignación
no se genera la sanción moratoria. por lo que en criterio de la Sala le asiste
razón al recurrente.
Cabe aclarar que si bien en oportunidades anteriores esta Sala 38 condenó a la
Nación - Rama Judicial al pago total de la sanción moratoria por la liquidación y
consignación incompleta, en aquellos casos se encontró acreditado que la
entidad omitió realizar la liquidación por toda la anualidad laborada39, es decir se
hace de manera parcial y no por todo el tiempo laborado-, pese a que los
demandantes trabajaron sin solución de continuidad todo el año, lo que es disímil
a lo ocurrido en este caso, donde pese a haberse realizado la liquidación de la
anualidad respectiva, no se procedió a su consignación completa antes de la
fecha prevista en la norma, causándose la penalidad pero en forma proporcional.
En consecuencia, se revocará el numeral segundo de la sentencia del 5 de
octubre de 2020, que condenó a la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, y en su lugar se
dispondrá, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a un día
de salario por cada día de retardo proporcional al valor incumplido (13,3%), por
un monto de 2.398.533 COP, sin lugar a indexación aspecto que no fue objeto
de recurso.
38 Sentencias con radicado interno: 1016-2021 y 0443-2021.
39 En el expediente con radicado interno 0443-2021 el acto administrativo que reconoció las cesantías del
demandante tomó como periodo laborado solo 12 días de los 360 laborados y en el proceso con radicado
interno 1016-2021, se tomaron 260 días.
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No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 187
del CPACA, la suma aquí ordenada debe ser ajustada conforme al índice de
precios al consumidor, conforme a la formula universal adoptada por esta
Corporación.
Por último, frente al reparo de la condena en costas en primera instancia, la Sala
advierte que de conformidad con el artículo 188 del CPACA (norma vigente al
momento de proferirse la sentencia), en concordancia con el numeral 5 del
artículo 365 del CGP, el operador judicial se abstendrá de condenar en caso de
prosperar parcialmente la demanda costas, situación que ocurrió en este
proceso, por lo que se revocará el numeral cuarto de sentencia de primera
instancia.
4. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte vencida; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no se
observó carencia de fundamentación legal. Tanto es así, que el recurso de
apelación prosperó parcialmente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar los numerales SEGUNDO y CUARTO de la sentencia del 5
de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por las motivaciones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia,
quedarán así:
«SEGUNDO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer y pagar en favor del señor
JULIAN DUQUE la sanción moratoria equivalente a un día de salario por
cada día de retardo al proporcional al valor incumplido (13,3%), desde el 15
de febrero de 2012 hasta el 3 de septiembre de 2012, en cuantía de
2.398.533 COP, conforme la liquidación efectuada en precedencia, sin
que la misma sea objeto de indexación alguna, conforme se explicó en
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precedencia. Sin embargo, la suma ordenada deberá ser ajustada en los
términos del artículo 187 del CPACA
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia»
SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
con salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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