Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00982-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00982-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00982-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
20 de octubre de 2022
1
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00982-01 (0464-2020)
Demandante: José Luciano Rueda Lozada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00982-01 (0464-2020)
Demandante: JOSÉ LUCIANO RUEDA LOZADA
Demandadas: MUNICIPIO DE PALMIRA
Temas: Reconocimiento pensión convencional.
Competencia para fijar el régimen prestacional de los
empleados públicos de las entidades territoriales.
Posibilidad de los servidores públicos de
beneficiarse de las convenciones colectivas del
trabajo. Situaciones pensionales consolidadas que
ampara el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Acto
Legislativo 01 de 2005.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-181-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 28 de junio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Luciano Rueda Lozada en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del Oficio del 14 de julio de 2014 emitido por el alcalde
municipal de Palmira, por medio del cual se denegó al demandante el
reconocimiento de la pensión de jubilación «extralegal».
2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la parte pasiva
reconocer y pagar al señor José Luciano Rueda Lozada la pensión de
jubilación convencional a partir del 1.° de julio de 2010, teniendo como base
de ingreso de liquidación del 75 % de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, con los respectivos reajustes
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
2
Folio 33.
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2
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Demandante: José Luciano Rueda Lozada
legales y con la actualización mes a mes de acuerdo al IPC, con la inclusión
de la mesada adicional de junio.
3. Condenar a la entidad demandada al pago de costas procesales.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda3
1. El señor José Luciano Rueda Lozada nació el 29 de octubre de 1951 y
prestó sus servicios de la siguiente forma:
• Hospital Local de Candelaria: del 25 de septiembre de 1979 al 24 de
septiembre de 1980;
• Hospital San Rafael E.S.E. del Cerrito: del 1.º de noviembre de 1980 al
8 de noviembre de 1982;
• Gobernación del departamento del Valle del Cauca: del 18 de abril de
1983 al 16 de abril de 1991;
• Contraloría departamental del Valle del Cauca: del 16 de abril de 1991
al 7 de enero de 1992;
• Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: del 20 de diciembre de
1994 al 24 de noviembre de 2008;
• Secretaría de Protección en Salud del municipio de Palmira: del 26 de
noviembre de 2008 al 12 de septiembre de 2011.
2. El libelista elevó petición el 3 de mayo de 2013 tendiente al reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación extralegal efectiva a partir del 1.° de julio
de 2010, teniendo como base de liquidación el 75 % del promedio del
salario devengado en el último año de servicio, por ser beneficiario de la
Convención Colectiva 2005-2010, de conformidad con el parágrafo 3.°
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005.
3. La anterior solicitud fue denegada por medio de Oficio del 14 de julio de
2014, signado por el alcalde municipal de Palmira, Valle del Cauca.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 6 de agosto de 2015.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
3
Folios 33 a 36.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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«No hay lugar a pronunciarse en esta etapa de la Audiencia, toda vez que la parte
demandada al momento de contestar la demanda, sólo propuso excepciones de
fondo que deben ser resueltas al momento del fallo.». (Folio 220 y CD que
reposa a folio 250 del expediente).
Se notificó en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Se contrae a establecer, si el Oficio No. 1141.8.218 del 14 de julio de 2014
se encuentra viciado de nulidad, y por tanto le asiste derecho al señor José Luciano
Rueda Lozada de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con
cargo al municipio de Palmira de conformidad con la Convención Colectiva 2005-
2010 y en relación con los servicios que según él ha prestado las diversas
entidades.». (Folios 220 a 222 vuelto y CD visible a folio 250 del plenario).
SENTENCIA APELADA5
El a quo profirió sentencia escrita el 28 de junio de 2019, por medio de la cual
denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Indicó inicialmente que, conforme a la Constitución Política de 1991,
corresponde únicamente al Congreso de la República fijar las normas
generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para la determinación de
los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de
los empleados públicos, de tal suerte que se considera ilegal cualquier tipo de
disposición referente a normas de carácter local, como ordenanzas, acuerdos
municipales, entre otros, que regulen la materia; así como las convenciones
colectivas suscritas por los sindicatos de servidores públicos que prevean
disposiciones relativas a este derecho prestacional.
Resaltó que, no obstante lo anterior, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
avaló la aplicación de las normas pensionales de carácter municipal o
departamental siempre que se hubieren consolidado con anterioridad a la
fecha de promulgación de la citada normativa, lo cual se ajusta a lo señalado
en la sentencia C-410 de 1997 proferida por la Corte Constitucional.
De otro lado, se remitió a lo preceptuado por el parágrafo transitorio 3.º del
Acto Legislativo 01 de 2005, a fin de exponer que este desarrolló que se
mantendrían los efectos de las convenciones colectivas válidamente
celebradas, y agregó en su cuerpo normativo que no podrían estipularse
condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren
actualmente vigentes.
Ahora, a partir de los medios de prueba documentales aportados, afirmó que
el señor José Luciano Rueda Lozada no tenía derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación de acuerdo a la Convención Colectiva 2003-2005, que
luego fue ampliada hasta el año 2010, pues aquella surgió con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no resulta viable su
aplicación a la luz del artículo 146 ejusdem.
Agregó que, en gracia de discusión, carecería de fundamento legal remitirse a
los lineamientos del parágrafo transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005,
habida cuenta de que esta adición normativa únicamente cobija las situaciones
jurídicas que se consolidaron bajo una convención colectiva válidamente
5
Folios 273 a 290.
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celebrada, lo cual no ocurre en el sub lite si se tiene en cuenta que los
empleados públicos no pueden beneficiarse de este tipo de acuerdos.
Por último, condenó en costas procesales a la parte activa del litigio por haber
resultado vencida en esa instancia.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a las
pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó que la sentencia de
unificación proferida por la Corte Constitucional 555 del 24 de julio de 2014
determinó los requisitos para la aplicación de las convenciones colectivas, los
cuales obedecen a que: i) estas se encuentren vigentes a la fecha de
promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, ii) sean válidamente celebradas
y iii) su vigencia no se extienda más allá del 31 de julio de 2010.
Advirtió que de las pruebas allegadas al plenario está probado que el libelista
al 30 de junio de 1995 contaba con 59 años de edad y 27 años, 3 meses y 3
días de servicios. En esos términos, consideró que cumplió con la totalidad de
los requisitos para que le fuese otorgada una pensión de jubilación en cuantía
del 75 % del salario devengado en el último año de labor, como en efecto lo
previó el artículo 60 de la Convención Colectiva 2003-2005, la cual fue suscrita
el 15 de julio de 2005 entre el municipio de Palmira y el sindicato de
trabajadores oficiales y empleados públicos del mentado ente territorial.
Agregó que el desconocer el derecho pensional del señor Rueda Lozada en
razón de los términos de la Ley 4ª de 1992 y del artículo 416 del Código
Sustantivo del Trabajo, sería tanto como incurrir en un defecto sustantivo por
falta de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, pues el parágrafo
transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005 es una norma con superioridad
jerárquica, a la cual se le debe otorgar prevalencia.
Continuó su razonamiento al esbozar que, si bien la expresión «o cumplan
dentro de los dos años siguientes» contenida en el artículo 146 de la Ley 100 de
1993 fue declarada inconstitucional mediante sentencia C-410 de 1997, lo
cierto es que en aquella oportunidad no se modularon los efectos retroactivos
de la misma, razón por la cual la aludida prerrogativa rige a nivel municipal y
departamental a partir del 30 de junio de 1995, como lo ha considerado la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Finalmente, manifestó su inconformidad con la condena en costas de primera
instancia al considerar que el a quo debía aplicar un criterio objetivo para su
imposición, pues, en su concepto, no se demostraron los gastos procesales
con ocasión de la intervención de la entidad demandada.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada7: solicitó confirmar la sentencia impugnada, al
considerar que, del análisis del caso en concreto, es plausible concluir que la
convención colectiva a la que hace alusión el demandante fue pactada entre
el municipio de Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados
públicos inicialmente para el período comprendido entre 2003 y 2005, y
posteriormente ampliada hasta el año 2010, por lo que es evidente que no
resulta viable su aplicación a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, al
6
Folios 295 a 304.
7
Índice 12 del registro de SAMAI.
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haberse celebrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la aludida
norma.
Añadió que los argumentos sostenidos por el tribunal de primera instancia
frente a la inoperancia del parágrafo transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de
2005 en el caso de marras también resultan ciertos, dado que esta convención
colectiva no fue celebrada válidamente en los términos previstos por la ley.
La parte demandante8: reprodujo los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 324 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente
caso solo fue formulado únicamente por la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿El señor José Luciano Rueda Lozada tiene derecho a que le sea
reconocida la pensión de jubilación de acuerdo con la Convención
Colectiva de Trabajo 2003-2005, prorrogada hasta el año 2010, suscrita
entre el municipio de Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y
empleados públicos de ese ente territorial, al colmar presuntamente los
presupuestos contenidos en el parágrafo transitorio 3.º del Acto Legislativo
01 de 2005 y consolidar el derecho pensional, de conformidad con el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993?
2. ¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia
por haber resultado vencida en el proceso?
Primer problema jurídico
¿El señor José Luciano Rueda Lozada tiene derecho a que le sea reconocida
la pensión de jubilación de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo
2003-2005, prorrogada hasta el año 2010, suscrita entre el municipio de
Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos de ese
ente territorial, al colmar presuntamente los presupuestos contenidos en el
parágrafo transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005 y consolidar el derecho
pensional, de conformidad con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la prestación deprecada, habida cuenta de que
no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicho instrumento
convencional para beneficiarse de aquel, conforme pasa a explicarse.
8
Índice 13 del registro de SAMAI.
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Ø Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados
públicos del orden territorial y la aplicación de convenciones
colectivas
En primer lugar, es importante precisar que el numeral 9.° del artículo 76 de la
Constitución Política de 1886, señaló que correspondía al Congreso hacer las
leyes, y por medio de ellas ejercía las siguientes atribuciones: «Determinar la
estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios,
departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el
régimen de sus prestaciones sociales» y en el artículo 120 numeral 2.1 se
facultaba al presidente de la República para fijar la asignación salarial de los
empleos del orden nacional centralizado. (Se Resalta).
Por su parte, con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991,
en el artículo 150 numeral 19 literal e), facultó al Congreso de la República
para expedir las leyes y a través de ellas señalar los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el régimen
prestacional de los servidores públicos. Igualmente, de acuerdo con el artículo
48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un
servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en
los términos que determine la ley.
A su vez la Ley 4.ª de 1992, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su
sector, denominación o régimen jurídico;
[…]
ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios
por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; […]».
A su turno, los artículos 10 y 12 de esta última normativa preceptuaron:
«[…] Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el
Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios
y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.».
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Cabe aclarar que el precitado artículo 12 fue declarado exequible
condicionalmente por la Corte Constitucional, en sentencia C-315 de 19 de
julio de 1995, en el sentido de que «[…] siempre que se entienda que las
facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional
mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los
empleados públicos de las entidades territoriales […]».
En este sentido, al Congreso de la República le compete dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos; esto es, que se presenta una competencia compartida
entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en
tanto que el Congreso de la República determina mediante la ley marco, los
parámetros generales, conforme a los cuales, el Gobierno nacional habrá de
fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto
de los empleados públicos.
De ahí se concluye que las entidades del orden territorial carecen de
competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento
en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al
ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como
ordenanzas, acuerdos municipales o acuerdos de establecimientos públicos,
nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los
empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
Ø La posibilidad de los servidores públicos de beneficiarse de las
convenciones colectivas del trabajo
En relación con este aspecto, el Convenio 151 de la Organización
Internacional del Trabajo, prevé:
«Artículo 1
1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la
administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones
más favorables de otros convenios internacionales del trabajo.
[…]
Artículo 7
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las
organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de
cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados
públicos participar en la determinación de dichas condiciones.».
Por su parte, el Convenio 154 de la misma Organización se refiere al fomento
de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los
empleadores y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica
dicho Convenio.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 55 de la Constitución Política, garantiza
el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, limitado únicamente a las
excepciones que defina la ley.
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A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la
limitación de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los
siguientes términos:
«LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos
no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones
colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas
las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones
se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan
declarar o hacer huelga.»9 (Negrillas fuera del texto original).
Lo anterior tiene fundamento precisamente en la vinculación legal y
reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de
afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones
del empleo10.
Es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de
1998, al examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el
Convenio 151 antes citado, consideró ajustada a la Constitución Política la
diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos, en lo
relacionado con el ejercicio de la negociación colectiva, para conceder a los
primeros el goce del derecho plenamente, y restringirlo para los segundos,
bajo el argumento de que no se puede afectar la facultad de las autoridades
(Congreso, presidente en el plano nacional, asambleas, concejos,
gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales), de fijar
autónomamente las condiciones del empleo.
En el mismo sentido, al referirse a los Convenios 151 y 154 de la OIT, en la
sentencia C-201 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo
416 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la sentencia C-1234 de 2005
que declaró la exequibilidad condicionada de la expresión contenida en el
mismo artículo «Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego
de peticiones ni celebrar convenciones colectivas», bajo el entendido de que para
hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo
55 de la Constitución Política, y de conformidad con los Convenios 151 y 154
de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir
a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo,
a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el
Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto.
Ahora bien, a través del Decreto 160 del 5 de febrero de 201411, el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley 411 de 1997. Dicho acto reguló el procedimiento
para la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones
sindicales de empleados públicos, limitado exclusivamente a las condiciones
de empleo (artículo 1), dentro del cual, si se llega a un consenso, no culmina
con una convención colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo
colectivo (artículo 13).
En línea con lo expuesto, se advierte que los empleados públicos no gozan de
un derecho pleno a la negociación colectiva, y si bien es cierto no se les puede
vulnerar su prerrogativa a buscar medios de concertación, voluntaria y libre, la
participación en la toma de las decisiones que los afectan no pueden
9
Declarada exequible por la sentencia C-201-02.
10
Corte constitucional, Sentencia C-201 de 2002. Referencia: expediente D-3692. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 408
parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
11
Compilado en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo».
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quebrantar la facultad que ostentan las autoridades constitucional y legalmente
concretas de fijar, de forma unilateral, sus condiciones laborales.
Ø Las situaciones pensionales consolidadas que ampara el artículo 146 de la
Ley 100 de 199312
A pesar de la competencia privativa del Congreso de la República, compartida
con el Gobierno Nacional, para determinar el régimen prestacional de los
empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior. Fue así como el legislador
consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos
laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos
adquiridos.
En efecto, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, señaló lo siguiente:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales
en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente
a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán
vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o
cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas
normas.13
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas
a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente
Ley.».
De conformidad con el artículo transcrito, las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en
disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes;
asimismo, quienes antes de su entrada en vigor obtuvieren los requisitos para
pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión
en las condiciones allí previstas, en aras de garantizar los derechos adquiridos.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997, declaró la
exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones Municipales y
Departamentales en relación con las pensiones, indicó:
«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los
preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores.”.
12
A nivel territorial el sistema general de pensiones entró a regir a partir del 30 de junio de 1995, así se
desprende del parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 que señala: «PARÁGRAFO. El Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará
a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental.»
13
Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997.
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10
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En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte
Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)”
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos
de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la
ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad,
por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes. [...]».
La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia del Consejo
de Estado admitió que dentro de las disposiciones del orden territorial
quedaron incluidas las regulaciones consagradas en convenciones colectivas
de trabajo14.
Igualmente, es relevante señalar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993
en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibidem determinó que
entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente
las situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha
deben ser respetadas, sin embargo, el artículo 146 permitía la consolidación
del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema
General de Seguridad Social, aparte que fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional en la reseñada sentencia C-410 de 1997.
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado entendió que dicho aparte sí
surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se
consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con
fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las
sentencias de inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y toda vez que la
sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión,
quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se
consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes
del 30 de junio de 1997 o previo a la fecha en que hubiese entrado a regir el
Sistema General en cada entidad territorial. Así lo concluyó la Sección
Segunda en sentencia del 7 de octubre de 201015:
«[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se
consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento
en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad,
quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino
también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera,
estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad
efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de
14
Se pueden consultar sobre el tema: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
del 7 de abril de 2011, radicado Interno 2073-07; del 21 de mayo de 2011, radicados internos:
2333-10 y 1721-08 y, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 29 de septiembre
de 2011, radicado interno 2434-2010.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010,
radicación: 1484-09.
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la misma. […]».
Conforme a lo anterior, son dos las situaciones pensionales que, a pesar de
ser de origen extralegal, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 merecen protección al amparo del artículo 146, así: (i) la de
quienes, para el 30 de junio de 1997, tuvieran una situación jurídica definida,
esto es, con el derecho reconocido; y, ii) la de quienes en el sector territorial
cumplieran los requisitos exigidos, es decir, que hayan adquirido el derecho,
así no lo tuvieran reconocido.
Finalmente, es relevante señalar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de 29 de septiembre de 201116, concluyó que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones
colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos señalados en
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Ø Modificaciones al sistema pensional introducidas por el Acto
Legislativo 01 de 2005 en cuanto a los derechos convencionales
El artículo 48 de la Constitución Política fue adicionado por el Acto Legislativo
01 de 22 de julio de 2005 en los siguientes términos:
«[…] El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago
de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en
materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de
este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido
en ellas".
"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados
de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho".
"Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás
condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de
invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una
pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del
Sistema General de Pensiones".
"En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos".
"Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de
pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse
acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido".
"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley
podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión".
"A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente
artículo".
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
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Número interno de radicación: 2434-2010.
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presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales
al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los
requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento".
"La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados".
"Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública".
"Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán
establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico
alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del
Sistema General de Pensiones".
"Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en
el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir
de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos
en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de
la Ley 812 de 2003".
"Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo
establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes
pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al
establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones
expirará el 31 de julio del año 2010".
"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha
de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas
de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el
término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se
suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no
podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se
encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de
2010".
"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más
allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los
cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen".
"Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia
de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de
los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes".
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"Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del
presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes
del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al
año".
La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. […]».
(Negrillas del texto original, subrayas de la Sala).
Dentro de la exposición de motivos plasmada en la Gaceta 385 de 27 de julio
de 2004 de la Cámara de Representantes, se consagró que la finalidad en la
expedición del citado acto legislativo, fue hacerle frente a los graves problemas
que se presentan en materia de financiación del pasivo pensional y buscar
criterios para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad
social, de la siguiente forma:
«[…] El proyecto de Acto Legislativo que se presenta a consideración del Congreso
constituye un elemento fundamental del conjunto de medidas que se han venido
adoptando para hacerle frente a los graves problemas que se presentan en materia
de financiación del pasivo pensional.
A través de dicho proyecto se introduce como criterio el que debe procurarse
la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, asegurando
realmente la efectividad del derecho a una pensión para todos los
colombianos, y conciliando el derecho a las pensiones con la necesidad que
tiene el Estado de destinar recursos para atender sus deberes frente a todos
los colombianos en materia de salud, educación y otros gastos sociales.
Buscando lograr esto también se establece que a partir de la vigencia del presente
Acto Legislativo el Sistema General de Pensiones solo reconocerá trece mesadas
al año.
Adicionalmente el presente Acto Legislativo busca asegurar que el sistema
pensional colombiano sea equitativo para todos los colombianos, para lo cual
señala que a partir del 2008 los requisitos y beneficios pensionales serán los que
establezca la Ley del Sistema General de Pensiones. […]». (negrita intencional).
Y respecto del caso puntual de las convenciones colectivas, como fuente de
derechos pensionales determinó la misma exposición de motivos:
«[…] el artículo 48 de la Constitución Política estableció que la seguridad social se
prestaría con arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Bajo
estos principios la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema General de Pensiones.
Para lograr una armonía en materia pensional, la Ley 100 de 1993 al desarrollar el
precepto constitucional, previó claramente el respeto de los derechos adquiridos
"conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de
trabajo", pero igualmente dejó claro que ello era "sin perjuicio del derecho de
denuncia que les asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las
diferencias entre las partes". Lo anterior con el claro propósito que las
convenciones y pactos colectivos se ajustaran a lo dispuesto en la Ley 100
de 1993 y al hecho de que la pensión ya no puede considerarse simplemente
una consecuencia de una relación laboral sino una prestación derivada del
régimen de seguridad social organizado por el legislador.
Sin embargo, dado que la Constitución Política garantiza el derecho a la
negociación colectiva, con las excepciones previstas en la ley, no se ha podido
lograr el propósito de la Ley 100, expresado en su artículo 11, pues aún existe la
posibilidad de continuar estableciendo reglas particulares en materias pensionales,
por lo cual y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha afirmado
reiteradamente que los beneficios pensionales deben armonizarse con la Ley 100
de 1993, no solamente no se han armonizado las convenciones colectivas
con la ley, sino que se siguen suscribiendo convenios en los que las
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entidades se obligan a asumir directamente nuevas obligaciones
pensionales, privilegiando a ciertos servidores y rompiendo la igualdad que
quiso el Constituyente imprimirle al régimen de seguridad social.
En efecto, la universalidad del régimen de seguridad social, según la Corte
Constitucional presupone la garantía de la protección para todas las personas, sin
ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y esa garantía sin
discriminación solamente puede ofrecerla un sistema unificado que no pueda ser
variado por voluntad de un sector de sus titulares.
Por lo anterior, y con el fin de lograr el propósito que inspira el artículo 48 de la
Constitución Política es necesario establecer claramente que el régimen
pensional no se encuentra dentro del ámbito de la negociación colectiva.
Lo anterior es además particularmente imperioso si se tienen en cuenta no
solo los principios que deben regir el sistema de seguridad social sino
también las consecuencias económicas de la situación actual.
En efecto, uno de los elementos fundamentales para el diseño,
implementación y desarrollo de un sistema pensional lo constituyen sus
soportes económicos y financieros. Desde este punto de vista los regímenes
pensionales de origen convencional han representado, y si no se corrige la
situación actual continuarán haciéndolo, un considerable esfuerzo para las
finanzas públicas y privadas para el desarrollo y crecimiento de la economía.
De hecho, se están destinando a financiar regímenes pensionales especiales
cuantiosos recursos que podrían dirigirse a ampliar la cobertura del sistema
general de seguridad social y a incrementar la inversión social o a generar mayor
desarrollo del país.
No sobra señalar que en el caso del sector público dichos regímenes
convencionales se han creado muchas veces sin cuantificar su efecto final,
de tal manera que se han creado regímenes inequitativos que a la postre han
puesto en peligro la existencia misma de las respectivas empresas. El sector
privado no es ajeno a esta situación. De hecho se evidencia hoy cómo muchas
empresas de ese sector se han visto afectadas para continuar operando por efecto
del costo que para ellas representa su pasivo pensional.
Las razones anteriores justifican claramente la necesidad de establecer que la
negociación colectiva no debe incluir el régimen pensional […]». (Negrillas
de la Subsección).
De conformidad con lo reseñado, se tiene que en el sector público se han
previsto regímenes pensionales convencionales sin delimitar los efectos
nocivos para la sostenibilidad del sistema, y de las propias empresas que han
puesto en peligro su propia existencia, razón por la cual se señalaron varias
directrices en aras de la preservación de las futuras pensiones.
Al respecto, el Consejo de Estado en la sentencia del 1.º de junio de 201717
señaló «el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene que ver con la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, poniéndolo a tono con el esquema
incorporado con la Ley 100 de 1993, que buscó unificar las reglas pensionales
aplicables para todos los trabajadores del país sin distinguir la naturaleza jurídica de
sus relaciones laborales».
En cuanto a las convenciones colectivas, la providencia previamente señalada
expuso que:
17
Sección Segunda, Subsección B, radicado: 76001-23-33-000-2014-01231-01(3787-16). Dicha tesis
fue reafirmada por esta Sección en sentencia del 21 de junio de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2014-
01277-01(3250-17).
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«[…] teniendo en cuenta que desde antaño han regido situaciones pensionales no
solo de los trabajadores oficiales, sino también de los empleados públicos, la
modificación considerable se encuentra en que dichas reglas debían desaparecer,
estableciendo además que a partir de la promulgación del acto legislativo no podían
celebrarse nuevos pactos colectivos con condiciones más favorables
indistintamente de sus destinatarios. Sin embargo, debían subsistir por virtud de la
noción de los derechos adquiridos hasta el término inicialmente pactado sin que
exceda del 31 de julio de 2010. […]».
En ese orden, se tiene que los regímenes convencionales a partir de la
promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, estaban destinados a perder su
vigencia.
Ø El demandante no cumplió con los requisitos para ser beneficiario
de la pensión convencional deprecada
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial descrito, la Sala advierte
que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo largo del
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
• Según formato único de hoja de vida, el señor José Luciano Rueda Lozada
nació el 29 de octubre de 1951 (folio 98).
• El municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos del ente territorial, suscribieron Convención Colectiva
de Trabajo 2003-2005 con vigencia de dos años, ratificada por cinco años
más (2005-2010), que en su artículo 60 determinó las reglas para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de sus beneficiarios (folios 17 a
30). Concretamente en lo relevante al particular, indicó:
«[…] ARTÍCULO 60. JUBILACIÓN: El Municipio de Palmira jubilará a sus
Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos con veinte (20) años de servicio al
Municipio, continuos o discontinuos, y cincuenta (50) años de edad con el cien por
ciento 100% del promedio del salario devengado en el último año. […]».
• En la ratificación de la mentada convención se indicó que serían
beneficiarios de la prestación pensional quienes se encontraran vinculados
al municipio de Palmira y contaran con 22 años de servicios sin importar la
edad (folios 27 a 30).
• El certificado de información laboral expedido por el Hospital Local de
Candelaria el 2 de enero de 2014, da cuenta de que el señor Rueda Lozada
estuvo vinculado al servicio del mencionado ente desde el 25 de
septiembre de 1979 y hasta el 24 de septiembre de 1980 (folio 8).
• Según certificación del 9 de enero de 2014, expedida por el Hospital San
Rafael E.S.E., el demandante laboró en dicha entidad entre el 1.º de
noviembre de 1980 y el 8 de noviembre de 1982 (folio 9).
• Conforme constancia fechada 1.º de diciembre de 2008, el libelista prestó
sus servicios en la Gobernación del Valle del Cauca en el cargo de
profesional de ciencias de la salud 13, desde el 18 de abril de 1983 y hasta
el 16 de abril de 1991 (folio 10).
• Acorde con la certificación expedida por la Contraloría departamental del
Valle del Cauca, el señor Rueda Lozada ejerció el cargo de jefe de
relaciones industriales entre el 16 de abril de 1991 y el 7 de enero de 1992
(folio 11).
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• Del certificado emitido por la jefe de división de gestión humana del INPEC,
se desprende que el demandante laboró en el instituto desde el 20 de
diciembre de 1994 y hasta el 24 de noviembre de 2008 (folio 12).
• La constancia signada por la directora administrativa de la dirección de
talento humano de la Alcaldía de Palmira, da cuenta de que la parte activa
prestó sus servicios en calidad de subsecretario de despacho en la
Secretaría de Protección en Salud, desde el 26 de noviembre de 2008 y
hasta el 12 de septiembre de 2011 (folio 13).
• El señor José Luciano Rueda Lozada elevó solicitud ante el municipio de
Palmira el 3 de mayo de 2013, tendiente al reconocimiento de la pensión
de jubilación con efecto retroactivo al 1.° de julio de 2010, teniendo como
ingreso base de liquidación el 75 % del promedio del salario devengado en
el último año de servicio, acorde con la Convención Colectiva suscrita entre
el municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos del ente territorial en comento (folios 5 a 7).
• La anterior petición fue resuelta de forma negativa por medio de Oficio del
14 de julio del 2014, signado por el alcalde municipal de Palmira, Valle,
(folios 2 a 4), conforme a los argumentos que se citan a continuación:
«[…] Tampoco es viable que lo que directamente ha determinado la Constitución
y la Ley como función del Congreso y el Gobierno Nacional en lo referente a las
prestaciones sociales de los empleados públicos, indirectamente sea concedido
a estos a través de una negociación colectiva entre un Sindicato de Trabajares
(sic) Oficiales y una entidad territorial.
Reafirma lo anterior, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, al
preceptuar, en la parte que interesa, que “Los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar
convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales
tienen todas las atribuciones de otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de
peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, …” (Resalta y
subraya la Sala).
Valga decir, que dichas normas legales estaban vigentes, antes de que se
expidiera la Convención Colectiva de Trabajo que se invoca como fuente de
derecho y en la cual se dispuso su aplicación a los “servidores públicos” y
trabajadores oficiales de Municipio de Palmira.
Reafirma lo anterior, el artículo 55 de la actual Constitución, que establece que se
garantizará el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley, siendo precisamente una de
ellas, la consagrada en el artículo 416 citado, y es por ello que el Decreto 1092 de
2012 por medio del cual se reglamenta la negociación colectiva de los empleados
públicos, taxativamente excluye de estas la negociación del régimen prestacional.
Siendo ello así, obviamente los empleados públicos, tampoco podrían
beneficiarse de dichos acuerdos colectivos, por extensión que en ellos se les
haga.
En cuanto a la aplicación del Acto Legislativo No.001 de 2005 es evidente que
este se refiere a su contenido al respeto de los derecho (sic) adquiridos pero frente
a las convenciones, laudos, pactos o acuerdos válidamente celebrados,
circunstancia que no ocurre en este caso, respecto al artículo 60 de la misma ya
que como se explicó anteriormente los empleados públicos no pueden ser
beneficiarios de Convenciones Colectivas y menos en los temas sobre
prestaciones sociales, las cuales como se manifestó son competencia del
Gobierno y el Congreso, lo cual no permite que se consolide ese principio
constitucional del derecho adquirido.
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El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalido (sic) todos aquellos derechos
adquiridos en materia pensional que fueron reconocidos mediante normas
irregulares antes de su vigencia, la cual para el caso de los entes territoriales
ocurrió el día 30 de junio de 1995, día en que empezó a regir la Ley 100 de 1993
en los entes territoriales.
Ahora en lo atinente a lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
ante el Municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos
en julio 15 de 2005, cuyo artículo 60 consagra una pensión de jubilación para
“servidores públicos” y trabajadores oficiales.
Por lo que debe entenderse que el Acto Legislativito (sic) 01 de 2005 cuando
establece que a partir de la vigencia del mismo no podrá establecerse en pactos,
convenciones colectivas, laudos etc., condiciones personales diferentes a las
establecidas en las Leyes del Sistema General de Pensiones igualmente cuando
manifiesta que las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia
en ese Acto Legislativo se mantendrán en todo caso hasta el 31 de julio de 2010,
es referido únicamente a aquellas normas que fueron pactadas o acordadas bien
con trabajadores particulares o en lo público con trabajadores oficiales más no
con empleados públicos, pues es claro que el artículo 10 de la Ley 4 de 1992
reitera esa prohibición al disponer textualmente […].
Por todo lo anterior le reitero nuestra decisión de negar la solicitud presentada.
[…]». (Negrillas, cursivas y subrayas del texto original).
Conforme con las consideraciones expuestas en precedencia al igual que las
pruebas que obran en el expediente, permiten concluir que el instrumento
convencional referenciado, prevé el derecho a la pensión de jubilación tanto a
trabajadores oficiales como a empleados públicos, siendo viable considerar
respecto de éstos últimos que tal como quedó registrado en líneas anteriores,
tienen restringida su participación a la negociación colectiva, al tener una
relación laboral de naturaleza legal y reglamentaria que impide que la
autonomía de la voluntad de los extremos, pueda alterar lo que sobre temas
prestacionales ha señalado el legislador y el ejecutivo.
En consecuencia, tratándose de empleados públicos, es de reserva legal y
estatutaria la fijación del régimen pensional, porque es la ley en sentido lato la
que se ocupa de determinar las condiciones de ingreso, permanencia, retiro
del servicio, y aspectos salariales y prestacionales de los mencionados
servidores; de modo que, permitir beneficios convencionales para este tipo de
servidores es desnaturalizar la relación laboral.
No obstante ello, el legislador consciente de que existían regímenes
prestacionales contrarios al ordenamiento superior, y con el fin de amparar
derechos laborales consolidados, preservó las situaciones jurídicas de
carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los
derechos adquiridos. En ese sentido, el artículo 146 ibidem señaló que las
prestaciones de origen extralegal no reconocidas, estarían condicionadas al
cumplimiento de los requisitos temporales allí descritos, hasta el 30 de junio
de 1997. De esta forma, se hace necesario verificar la situación particular del
demandante, así:
Conforme a la cláusula convencional señalada, se evidencia que para acceder
a la pensión de jubilación deprecada el trabajador debía cumplir 50 años de
edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos. De los medios de
pruebas allegados al plenario, se observa que este prestó sus servicios de la
siguiente forma:
• Hospital Local de Candelaria: del 25 de septiembre de 1979 al 24 de
septiembre de 1980;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00982-01 (0464-2020)
Demandante: José Luciano Rueda Lozada
• Hospital San Rafael E.S.E.: del 1.º de noviembre de 1980 al 8 de
noviembre de 1982;
• Gobernación del departamento del Valle del Cauca: del 18 de abril de
1983 al 16 de abril de 1991;
• Contraloría departamental del Valle del Cauca: del 16 de abril de 1991
al 7 de enero de 1992;
• Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: del 20 de diciembre de
1994 al 24 de noviembre de 2008;
• Secretaría de Protección en Salud del municipio de Palmira: del 26 de
noviembre de 2008 al 12 de septiembre de 2011.
Bajo esa óptica, es claro que el libelista solo se vinculó al Municipio de Palmira
el 26 de noviembre de 2008, circunstancia que lo excluye del amparo del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues como ya se vio, para la fecha límite
que consagró la citada disposición no había cumplido con los requisitos
exigidos en el artículo 60 de la Convención Colectiva tantas veces
mencionada, toda vez que contaba con 45 años de edad18 al 30 de junio de
1997; y no se encontraba vinculado al ente territorial en comento en la
mencionada fecha, tal como lo prevé el artículo 10 del instrumento
convencional: «[…] Se benefician de la Convención Colectiva de Trabajo los
Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales que laboren al servicio del Municipio y
tendrán las mismas obligaciones estipuladas en ellas, sean o no afiliados al
sindicato.», dado que en ese momento prestaba sus servicios a la INPEC, tal
como se observa de la certificación emitida por ese organismo visible a folio
12 del cartulario.
En gracia de discusión y al tenor de la adición realizada al artículo 60 de la
Convención Colectiva por el artículo 4.° de la ratificación que prevé: «[…] por
el servicio continuo o discontinuo en la entidad territorial se le reconocerá como
pensión de jubilación el 100% del promedio del salario devengado en el último año y
para quienes hallan compartido dicho tiempo con otras entidades del estado
(sic) se le reconocerá el 75% del salario devengado en el último año», se
advierte que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, más los 2 años
contemplados en el artículo 146 ibidem, esto es, 30 de junio de 1997, el
libelista tenía 14 años, 3 meses y 5 días de servicio, motivo por el cual no
cumplía con el tiempo requerido para ser beneficiario de la convención
colectiva a dicha fecha.
En consecuencia, la parte activa no tenía configurado un derecho adquirido o
una expectativa legítima para acceder a la prestación en la forma solicitada al
no haberse consolidado su situación pensional antes del 30 de junio de 1997,
en razón a que no quedó convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de
1993, y, por lo tanto, no tiene derecho a que se le reconozca y pague la
prestación que reclama en aplicación del instrumento convencional.
En efecto, el Consejo de Estado19 al decidir un asunto de contornos similares
al aquí analizado, señaló:
«[…] Ahora bien, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el
actor cumplió 50 años de edad el 28 de septiembre de 2012 y ha laborado en el
municipio de Palmira del 1° al 18 de septiembre de 1983, desde el 4 de mayo de
1984 hasta el 23 de noviembre de 2008 y a partir del 26 de noviembre de 2008,
como empleado público, es decir, que ha completado como tiempo de servicios
más de 20 años.
Así las cosas, se desprende que a 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial, el accionante carecía de una
18
Se itera que el demandante nació el 29 de octubre de 1951, tal como se desprende del
formato único de hoja de vida obrante a folio 98.
19
Sección Segunda, Subsección B: sentencia del 20 de septiembre de 2019, radicado: 76001-
23-33-000-2014-01280-01(3855-16).
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00982-01 (0464-2020)
Demandante: José Luciano Rueda Lozada
situación pensional consolidada, pues la convención colectiva de trabajo
estuvo vigente para los años 2003-2005 y 2005-2010 y cumplió cincuenta (50)
años de edad el 28 de septiembre de 2012, fecha para la cual tenía más de
veinte (20) de servicios al sector oficial, razón por la cual su derecho
pensional no se encuentra amparado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
[…]». (Resaltado intencional).
En este sentido se reitera, que los reconocimientos pensionales como el que
en esta oportunidad se analiza, solamente pueden quedar convalidados en los
términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, sí y solo sí, se consolidaron
hasta el 30 de junio de 1997, en consideración a la fecha de entrada en
vigencia de dicha norma en el nivel territorial, esto es el 30 de junio de 1995 y
en atención a que el aparte de la norma que concedió el plazo adicional de
dos años para extender sus efectos de amparo, se declaró inexequible por la
Corte Constitucional a través de una sentencia con efectos hacia futuro,
proferida el 28 de noviembre de la citada anualidad (C-410 de 1997)20.
De otro lado, la Sala desestima el reproche esgrimido en el recurso de alzada,
según el cual, se debe dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2005, pues es
claro que aquel no convalidó los regímenes convencionales en los que se
beneficiaron empleados públicos, dada precisamente la naturaleza de tal acto,
que acogió el respeto por las prohibiciones previstas en el artículo 416 del
Código Sustantivo de Trabajo.
Lo anterior, de conformidad con los antecedentes expuestos en el marco
normativo de esta providencia y tesis reiterada por esta Sección, en cuanto a
que el Acto legislativo 01 de 2005 no preservó ningún derecho respecto de las
reglas pensionales enlistadas en las convenciones colectivas, toda vez que el
propósito de tal disposición fue justamente la pérdida de su vigencia «por ser
un foco de desigualdad y de inestabilidad financiera para el sistema pensional, a la
luz de los principios constitucionales y legales que gobiernan la seguridad social, en
cuyo contexto encontramos el derecho a la pensión de jubilación como una prestación
derivada de ésta, y no como una simple consecuencia de la relación laboral cual sea
su naturaleza»21.
Bajo esta línea de intelección, no le asiste razón al recurrente, al peticionar la
aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que en su parágrafo
transitorio 3.º es claro en señalar que se respetarán las condiciones
pensionales pactadas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o
acuerdos válidamente celebrados, esto es, conforme a la ley; empero, como
se dejó anotado en el acápite precedente, la convención colectiva invocada en
la demanda resulta contraria a la prohibición legal contenida en el Código
Sustantivo del Trabajo (artículo 416), consistente en la imposibilidad de
presentar pliegos de peticiones por parte de los sindicatos de empleados
públicos destinados a celebrar convenciones colectivas de trabajo.
En conclusión: el señor José Luciano Rueda Lozada no tiene derecho a que
se le reconozca la pensión de jubilación con fundamento en la Convención
Colectiva de Trabajo 2003-2005, ratificada por 5 años más 2005-2010 suscrita
entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos de dicho ente territorial, toda vez que su situación
prestacional no quedó convalidada al tenor de lo señalado por el artículo 146
de la Ley 100 de 1993, dado que no acreditó la totalidad de los requisitos para
acceder a aquella.
20
En este mismo sentido, se pronunció esta Sección al analizar procesos con similares
presupuestos a los aquí deprecados, en las siguientes sentencias: Subsección A: del 21 de
junio de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2014-01277-01(3250-17), de la Subsección B: del
1.° de junio de 2017: radicado: 76001-23-33-000-2014-01231-01(3787-16) y del 20 de
septiembre de 2019, radicado: 76001-23-33-000-2014-01280-01(3855-16).
21
Páginas 13 a 14.
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Demandante: José Luciano Rueda Lozada
Segundo problema jurídico
¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia
por haber resultado vencida en el proceso?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: la condena en costas
por parte del a quo en contra del demandante en primera instancia es
procedente, en atención a que resultó vencido en aquella oportunidad, es
decir, no prosperaron las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas y agencias en derecho
Esta Subsección en providencia del 7 de abril de 201622, sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en los siguientes términos:
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende
los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos
ordinarios del proceso23 y otros como son los necesarios para traslado de
testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares
de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación, pólizas, copias, etc.
Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora
atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso24, y que no necesariamente deben corresponder
al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado25 los
cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios
previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 200726.
Ahora bien, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas,
la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel
que resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales
como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre
los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía
22
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
23
Artículo 171 No. 4 en concordancia con el artículo 178 ibídem.
24
«[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […] En este sentido, 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada
con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque
se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación
de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede
los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]».
25
Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999.
26
Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo,
justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el
efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.
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Demandante: José Luciano Rueda Lozada
ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen
de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para
imponerla, o no27.
Sin embargo, esta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016
dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01,
número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio
objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al
concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala
fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal
como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo»–CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP28, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público29.
27
Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No.
1343-2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor:
Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015,
expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
28
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…).»
29
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […]”.
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Demandante: José Luciano Rueda Lozada
Asimismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes
resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.
En el presente caso, el a quo condenó en costas a la parte vencida, es decir a
la parte demandante. Ahora bien, el asunto de marras se promovió en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
obtener la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación en virtud de la convención colectiva celebrada
por el municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos de dicho ente territorial.
En ese sentido, al no haber tenido vocación de prosperidad los pedimentos
instados en el libelo, el tribunal de primera instancia condenó en costas al
extremo procesal subyugado, ello al considerar que se había comprobado su
causación.
Bajo los términos expuestos, para esta Sala no son de recibo los argumentos
esgrimidos por el apelante en cuanto el juez de primera instancia desconoció
el criterio objetivo para la imposición de dicha multa, pues la condena en costas
realizada por el a quo se efectuó en aplicación del artículo 365 del Código
General del Proceso y la Ley 1437 de 2011, es decir, que fue ordenada en
atención a que el nulidiscente fue vencido en el proceso, pues no prosperaron
las pretensiones de la demanda, aunado el hecho que se comprobó la
intervención del municipio de Palmira con la contestación de la demanda y la
presentación del escrito de alegatos de conclusión en primera instancia, lo cual
confirma la procedencia de esta carga.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 28 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de
apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
Bajo las consideraciones expuestas en el acápite anterior, en el presente caso
se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que conforme el
ordinal 3.º del artículo 365 del Código General del Proceso, esta resultó
vencida en segunda instancia al no prosperar los argumentos del recurso de
apelación y se pudo verificar que la autoridad demandada intervino en sede
de apelación con sus alegatos de conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 28 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor José Luciano Rueda Lozada
contra el municipio de Palmira.
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00982-01 (0464-2020)
Demandante: José Luciano Rueda Lozada
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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