Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2017 › Radicado 76001-23-33-000-2014-01231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Sistema pensional: sostenibilidad financiera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-01231-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
1 de junio de 2017
RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS-Fijación / COMPETENCIA
Corresponde al Congreso de la República expedir las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para definir los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, por lo que, es ilegal cualquier disposición, instrumentada en: (i) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (ii) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tópico.
SISTEMA PENSIONAL - Sostenibilidad financiera / CONVENCIÓN COLECTIVA / DERECHOS ADQUIRIDOS
Para la Sala, el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema pensional, poniéndolo a tono con el esquema incorporado con la Ley 100 de 1993, que buscó unificar las reglas pensionales aplicables para todos los trabajadores del país sin distinguir la naturaleza jurídica de sus relaciones laborales. En cuanto a las convenciones colectivas, y teniendo en cuenta que desde antaño han regido situaciones pensionales no solo de los trabajadores oficiales, sino también de los empleados públicos, la modificación considerable se encuentra en que dichas reglas debían desaparecer, estableciendo además que a partir de la promulgación del acto legislativo no podían celebrarse nuevos pactos colectivos con condiciones más favorables indistintamente de sus destinatarios. Sin embargo, debían subsistir por virtud de la noción de los derechos adquiridos hasta el término inicialmente pactado sin que exceda del 31 de julio de 2010.
FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS - Límites
Los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, no tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas. Empero, tampoco se les puede vulnerar su derecho a buscar por diferentes medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que los afectan, sin quebrantar, como es obvio, la facultad que ostentan las autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de forma unilateral, las condiciones laborales de los empleados públicos. En todo caso, dichos mecanismos de concertación deben permitir afianzar un clima de tranquilidad y justicia social. NOTA DE RELATORIA: Corte Constitucional, sentencia C-1234-05
FUENTE FORMAL: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - ARTÍCULO 416 / CONVENIO 151 DE LA OIT
PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reconocimiento / CONVENCIÓN COLECTIVA- Convalidación
Es válido afirmar que dos son los eventos que, a pesar de ser de origen extralegal, merecen protección por vía de la garantía contenida en el mencionado artículo 146 de la Ley 100 de 1993, así: La de quienes con anterioridad a su entrada en vigencia en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran una situación jurídica definida, esto es, que se les hubiera reconocido el derecho pensional; y, La de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas, esto es, que hayan alcanzado el estatus así no se les haya reconocido. Es pertinente agregar, que aun cuando la norma analizada regula la protección de las pensiones extralegales originadas en actos del orden municipal y departamental, adquiridas antes de la Ley 100 de 1993 y que su inciso final señaló que “las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley lo cierto es que de una interpretación armónica de todo su contenido, y especialmente del artículo 151 ibídem, así como de la aplicación del principio de favorabilidad y los efectos de la sentencia de constitucionalidad, esta Corporación, ha entendido que la última fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de 1997. Es evidente que la situación de la demandante no puede ampararse a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues al 30 de julio de 1997, tiempo límite para entender convalidado el derecho, debió cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio, exigidos en el artículo 60 de la Convención Colectiva plurimencionada.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 140 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., primero (1) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01231-01(3787-16)
Actor: MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ
Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)
TEMA: Reconocimiento pensión extralegal de empleado público – derecho adquirido – Parágrafo 3º Transitorio, artículo 48 Constitución Política - Acto Legislativo 01 de 2005.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, que estaban encaminadas al reconocimiento de una pensión de jubilación con base en la convención colectiva 2005-2010 vigente para los empleados del municipio de Palmira.
ANTECEDENTES
Pretensiones.
La señora María Eugenia Figueroa Vélez, a través de apoderado especial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad del oficio del 14 de julio de 2014, signado por el Alcalde Municipal de Palmira (Valle del Cauca), que le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada con fundamento en la convención colectiva 2005-2010 vigente en la entidad.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordene a la entidad demandada reconocer a la actora una pensión vitalicia de jubilación con efecto fiscal al 1º de noviembre de 2007, en monto del 100% del promedio devengado durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de factores de salarios devengados en dicho periodo; y se le condene al pago de las mesadas pensionales causadas a partir del estatus, sumas que deberán indexarse a valor presente y pagarse en los términos descritos en los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.
Hechos.
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala resumirá de la siguiente manera la situación fáctica de la demanda:
Señaló, que la señora María Eugenia Figueroa Vélez presta sus servicios al municipio de Palmira (Valle) desde el 1º de octubre de 1985, acumulando al 31 de octubre de 2007, un tiempo de 22 años y 1 mes de labores.
Precisó, que la actora el 3 de mayo de 2013, solicitó al municipio de Palmira el reconocimiento de la pensión de jubilación, con efecto al 1º de noviembre de 2007, al considerar que cumplía con los requisitos contenidos en la convención colectiva 2005-2010 y que dicho beneficio extralegal quedó a salvo con el parágrafo 3º transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por le Acto Legislativo 01 de 2005; sin embargo, fue negada la petición al estimarse que la fuente normativa de donde se deriva el derecho es incompatible con la condición de empleada pública que ostenta.
Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
De la Constitución Política, el artículo 48, parágrafo 3º transitorio, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
De la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 12 de diciembre de 2003 entre el municipio de Palmira y su Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, artículo 60.
Sostuvo que la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 12 de diciembre de 2003 entre el municipio de Palmira y su Sindicato de Trabajadores Oficiales y de Empleados Públicos, en su artículo 60 otorga el derecho a la pensión de jubilación a los trabajadores y empleados del ente territorial cuando alcancen la edad de 50 años de edad y acumulen 20 años de servicios, con el 100% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
Agregó, que la mencionada convención colectiva es aplicable a los empleados públicos del municipio demandado, y en tal sentido, dicha condición que es la de la actora, no es óbice para negarle el derecho extralegal, en la medida que el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 superior, insertándole un parágrafo transitorio, dejó a salvo los derechos convencionales hasta el término inicialmente pactado, comprendiéndose allí, el estatus pensional de la demandante que lo obtuvo el 1º de noviembre de 2007, esto es, antes de vencer el plazo del pacto colectivo.
Contestación de la demanda.
El municipio de Palmira se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el régimen prestacional de los empleados públicos, es de reserva legal, al fundamentarse en relaciones legales y reglamentarias, por lo que éste tipo de servidores tienen restringido el derecho de negociación colectiva y por ende, no pueden celebrar convenciones que mejoren sus derechos laborales.
En ese orden, indicó que la demandante desconoce su condición de empleada pública, la que le impide beneficiarse de las prestaciones extralegales contenidas en la convención colectiva que por definición está dirigida exclusivamente a los trabajadores oficiales.
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 7 de julio de 2016, desestimó la pretensión de nulidad del acto que en vía gubernativa negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por la actora con fundamento en el artículo 60 de la Convención Colectiva celebrada por la demandada y el sindicato de sus empleados y de trabajadores el 12 de diciembre de 2003, y demás consecuenciales; decisión que fundamentó en lo siguiente:
Concluyó que el Acto Legislativo 01 de 2005, introdujo modificaciones transversales al sistema pensional colombiano, destacando la desaparición de las condiciones para obtener el derecho a la pensión, establecidas en las convenciones colectivas suscritas por las entidades oficiales, y en todo caso, dejando a salvo las legalmente celebradas para tales fines.
En ese contexto, señaló que respecto de los empleados públicos del municipio de Palmira, la convención colectiva no puede tenerse como legalmente celebrada, porque aquellos no estaban legitimados ni para intervenir en la negociación colectiva, ni para beneficiarse de los derechos recogidos en el pacto colectivo, tal como se establece en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sostuvo también, que la situación pensional de la demandante no quedó amparada en las previsiones del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, como quiera que el cumplimiento de los requisitos convencionales para la pensión de jubilación no fueron alcanzados antes del 30 de junio de 1997, aunado que tal norma no contempla los pactos colectivos como fuente de derecho para los empleados públicos.
Recurso de apelación.
La parte demandante, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado pidiendo su revocatoria, para que en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda; al considerar que la Convención Colectiva 2005-2010 vigente para los empleados y trabajadores del municipio de Palmira, quedó salvaguardada por la modificación que el Acto Legislativo 01 de 2005 hizo al artículo 48 constitucional.
Indicó, que en la exposición de motivos del mencionado acto legislativo, quedó sentado el respeto por los derechos adquiridos y en proceso de consolidación que traían los empleados públicos para pensionarse al amparo de convenciones colectivas del trabajo legalmente celebradas por las entidades públicas, y que dichos derechos mantenían vigencia hasta el 31 de julio de 2010; en la medida que el derecho a la negociación colectiva es de rango constitucional, sin que sea admisible su restricción por parte del legislador.
De este modo, señaló que es perfectamente viable la aplicación de la convención colectiva a la demandante, derecho que no tiene límite en la condición de empleada pública, pues se celebró antes de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, fue válidamente suscrita y su vigencia no va más allá del 31 de julio de 2010.
De otra parte, precisó que ésta sección unificó la postura jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, según la cual, las convenciones colectivas de trabajo si pueden contener y desarrollar derechos extralegales para las pensiones de los empleados públicos, como es el caso de la demandante.
1.7 Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público.-
La parte demandante presentó sus alegatos de cierre, reiterando las peticiones y argumentos contenidos en la alzada.
El delegado del Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.
Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se tiene en cuenta las siguientes,
CONSIDERACIONES
2.1 Problema jurídico:
Considerando los cargos desarrollados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la Sala deberá determinar, si un empleado público del orden territorial puede tener derecho a una pensión convencional al tenor del parágrafo 3º transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, o del canon 146 de la Ley 100 de 1993.
Con la respuesta al anterior problema, la Sala podrá dilucidar para el caso particular de la demandante, si le asiste el derecho a la prestación reclamada con fundamento en el artículo 60 de la Convención Colectiva suscrita entre la entidad demandada y su sindicato de empleados y de trabajadores oficiales el 12 de diciembre de 2003.
2.2 Análisis de la Sala frente al problema planteado.-
La Sala analizará; i) el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a partir de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el asunto; ii) la modificación al sistema pensional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto a derechos pensionales de origen extralegal; iii) el límite a la negociación colectiva para los empleados públicos; iv) la situación regulada en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 frente a las pensiones extralegales, y la jurisprudencia sobre el particular, para finalmente; v) abordar el estudio del caso concreto.
Competencia para la fijación del régimen pensional.
La Constitución Política de 1886 establecía en el artículo 76 – numeral 9º la competencia del Congreso para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales, y en el artículo 120 – numeral 21 facultaba al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional centralizado.
En el nuevo contexto superior, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se tiene que el artículo 150, numeral 19, literal e), dispone:
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
...
e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
...”.
Conforme a lo anterior, corresponde al Congreso de la República expedir las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para definir los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, por lo que, es ilegal cualquier disposición, instrumentada en: (i) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (ii) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tópico.
En tal propósito, la Ley 4ª de 1992, dispuso en sus artículos 10 y 12, que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, entendiendo también las descentralizadas y autónomas del mismo orden, será el fijado por el Gobierno Nacional, y que cualquier norma salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la citada ley, o decretos, carecerán de efecto y no serán fuente de derechos adquiridos.
Entonces, la Sala puede concluir que es de reserva legal todo lo relacionado con el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que la competencia para fijarlo reside en forma exclusiva e indelegable en el Gobierno Nacional atendiendo el marco general dispuesto por el Congreso. Mal podría entonces, una corporación territorial, o un organismo descentralizado por servicios en el mismo orden arrogarse tal competencia, ya que tal situación atentaría de manera flagrante contra el principio de legalidad imperante dentro del estado de derecho.
2.2.2 Modificaciones al sistema pensional introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a los derechos convencionales.
El artículo 48 de la Constitución Política de 1991, en su contenido original establecía que:
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
Esta disposición constitucional, fue adicionada por el Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005, quedando así:
"(…)
El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas".
"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho".
"Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones".
"En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos".
"Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido".
"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión".
"A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento".
"La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados".
"Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública".
"Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones".
"Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
"Parágrafo transitorio 2º.
Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010". (subrayas fuera de texto original)
"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".
"Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes".
"Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año". La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Vale la pena señalar, que el marco general que justificó la promulgación del mencionado acto legislativo, quedó compendiado en la exposición de motivos así:
“El proyecto de Acto Legislativo que se presenta a consideración del Congreso constituye un elemento fundamental del conjunto de medidas que se han venido adoptando para hacerle frente a los graves problemas que se presentan en materia de financiación del pasivo pensional.
A través de dicho proyecto se introduce como criterio el que debe procurarse la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, asegurando realmente la efectividad del derecho a una pensión para todos los colombianos, y conciliando el derecho a las pensiones con la necesidad que tiene el Estado de destinar recursos para atender sus deberes frente a todos los colombianos en materia de salud, educación y otros gastos sociales. Buscando lograr esto también se establece que a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo el Sistema General de Pensiones solo reconocerá trece mesadas al año.
Adicionalmente el presente Acto Legislativo busca asegurar que el sistema pensional colombiano sea equitativo para todos los colombianos, para lo cual señala que a partir del 2008 los requisitos y beneficios pensionales serán los que establezca la Ley del Sistema General de Pensiones.” (negrillas y subrayas fuera de texto original).
Y respecto del caso puntual de las convenciones colectivas, como fuente de derechos pensionales determinó la misma exposición de motivos:
Como ya se dijo, el artículo 48 de la Constitución Política estableció que la seguridad social se prestaría con arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Bajo estos principios la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema General de Pensiones. Para lograr una armonía en materia pensional, la Ley 100 de 1993 al desarrollar el precepto constitucional, previó claramente el respeto de los derechos adquiridos "conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo", pero igualmente dejó claro que ello era "sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes". Lo anterior con el claro propósito que las convenciones y pactos colectivos se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y al hecho de que la pensión ya no puede considerarse simplemente una consecuencia de una relación laboral sino una prestación derivada del régimen de seguridad social organizado por el legislador.
Sin embargo, dado que la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación colectiva, con las excepciones previstas en la ley, no se ha podido lograr el propósito de la Ley 100, expresado en su artículo 11, pues aún existe la posibilidad de continuar estableciendo reglas particulares en materias pensionales, por lo cual y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha afirmado reiteradamente que los beneficios pensionales deben armonizarse con la Ley 100 de 1993, no solamente no se han armonizado las convenciones colectivas con la ley, sino que se siguen suscribiendo convenios en los que las entidades se obligan a asumir directamente nuevas obligaciones pensionales, privilegiando a ciertos servidores y rompiendo la igualdad que quiso el Constituyente imprimirle al régimen de seguridad social.
En efecto, la universalidad del régimen de seguridad social, según la Corte Constitucional presupone la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y esa garantía sin discriminación solamente puede ofrecerla un sistema unificado que no pueda ser variado por voluntad de un sector de sus titulares.
Por lo anterior, y con el fin de lograr el propósito que inspira el artículo 48 de la Constitución Política es necesario establecer claramente que el régimen pensional no se encuentra dentro del ámbito de la negociación colectiva.
Lo anterior es además particularmente imperioso si se tienen en cuenta no solo los principios que deben regir el sistema de seguridad social sino también las consecuencias económicas de la situación actual.
En efecto, uno de los elementos fundamentales para el diseño, implementación y desarrollo de un sistema pensional lo constituyen sus soportes económicos y financieros. Desde este punto de vista los regímenes pensionales de origen convencional han representado, y si no se corrige la situación actual continuarán haciéndolo, un considerable esfuerzo para las finanzas públicas y privadas para el desarrollo y crecimiento de la economía.
De hecho, se están destinando a financiar regímenes pensionales especiales cuantiosos recursos que podrían dirigirse a ampliar la cobertura del sistema general de seguridad social y a incrementar la inversión social o a generar mayor desarrollo del país.
No sobra señalar que en el caso del sector público dichos regímenes convencionales se han creado muchas veces sin cuantificar su efecto final, de tal manera que se han creado regímenes inequitativos que a la postre han puesto en peligro la existencia misma de las respectivas empresas. El sector privado no es ajeno a esta situación. De hecho se evidencia hoy cómo muchas empresas de ese sector se han visto afectadas para continuar operando por efecto del costo que para ellas representa su pasivo pensional.
Las razones anteriores justifican claramente la necesidad de establecer que la negociación colectiva no debe incluir el régimen pensional.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala, el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema pensional, poniéndolo a tono con el esquema incorporado con la Ley 100 de 1993, que buscó unificar las reglas pensionales aplicables para todos los trabajadores del país sin distinguir la naturaleza jurídica de sus relaciones laborales.
En cuanto a las convenciones colectivas, y teniendo en cuenta que desde antaño han regido situaciones pensionales no solo de los trabajadores oficiales, sino también de los empleados públicos, la modificación considerable se encuentra en que dichas reglas debían desaparecer, estableciendo además que a partir de la promulgación del acto legislativo no podían celebrarse nuevos pactos colectivos con condiciones más favorables indistintamente de sus destinatarios. Sin embargo, debían subsistir por virtud de la noción de los derechos adquiridos hasta el término inicialmente pactado sin que exceda del 31 de julio de 2010.
Lo anterior, en voces del mismo constituyente derivado por cuanto:
El derecho a la pensión de jubilación no solo es una consecuencia de la relación laboral, sino que se constituye en el nuevo entorno normativo de la Ley 100 de 1993, como una prestación derivada del sistema de seguridad social.
Las convenciones colectivas vulneran el principio de igualdad de los servidores públicos frente al sistema de seguridad social.
Los regímenes pensionales convencionales han representado un esfuerzo fiscal considerable que debe corregirse para el desarrollo y crecimiento de la economía y la sostenibilidad financiera de las entidades estatales.
El régimen pensional no es un asunto que deba ser sometido a la negociación colectiva.
El régimen pensional no solo se sustenta en los principios de la seguridad social, sino además, en la sostenibilidad financiera del sistema.
Entonces, en el anterior orden de ideas, es claro que los regímenes convencionales a partir de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, estaban destinados a perder vigencia, inclusive respecto de los derechos adquiridos para aquellos trabajadores en virtud de los cuales, el pacto colectivo fue celebrado de manera legítima, asunto que será abordado a continuación.
Límites a la negociación colectiva de los empleados públicos.
El derecho a la negociación colectiva fue consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
“Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.”
De dicha disposición, lo primero que salta a la vista es que a pesar de ser un derecho constitucional, admite excepciones legales; precisamente, uno de los supuestos que se consideró como excepción la jurisprudencia inicial de la Corte Constitucional, fue la relativa a empleados públicos, en atención a lo establecido en el artículo 416 del C.S. del T. Veamos:
La disposición antes enunciada, expresó:
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga.” Negrilla fuera de texto.” (negrillas fuera de texto original).
La Corte Constitucional en Sentencia C-110 de 1994 consideró que una de las excepciones al derecho a la negociación colectiva a que hace referencia el artículo 55 de la Constitución Política es precisamente el caso de los empleados públicos, en atención a la naturaleza legal y reglamentaria de su relación y a la trascendencia de su misión en la preservación de los intereses públicos. Al respecto, se precisó en la mencionada providencia:
“La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa.”.
Ahora bien, el parámetro de análisis normativo del artículo 416 del C. S. del T. se vio modificado con la entrada en vigencia de los Convenios Internacionales de la OIT 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”, adoptados por la Legislación Nacional mediante las Leyes 411 de 1997 y 524 de 12 de agosto de 1999, respectivamente.
Es este sentido, en Sentencia C-1234 de 2005 la Corte Constitucional expresó respecto a la viabilidad de efectuar un nuevo análisis de constitucionalidad sobre el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, que:
“Surge con claridad, entonces, que se está ante un panorama legal distinto al que existía cuando la Corte, en el año de 1994, en la sentencia C-110 de 1994, examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, por un lado, no habían sido incorporados por medio de la Ley, los Convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por las razones expuestas en las sentencias que aprobaron dichos tratados.”
En la referida providencia, además, se consideró que la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no riñe con el ordenamiento jurídico superior, en la medida, en que la negociación colectiva no se identifica con dichos institutos, sino que comprende un mayor campo de acción a través de diversas figuras que si pueden ser utilizadas por los empleados públicos. De esta forma, expresó la Corte, deben buscarse mecanismos de concertación que permitan equilibrar la tensión existente entre el derecho de los empleados públicos de intervenir en las decisiones que afectan su ejercicio laboral, por un lado; y, la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial, para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria.
Para arribar a dicha conclusión, la Corte Constitucional acudió a la definición del pliego de peticiones, como un “proyecto de convención colectiva de trabajo” propuesta por los trabajadores sindicalizados; a la definición de convención colectiva regulada en el artículo 467 del C.S. del T., y a la definición de negociación colectiva expuesta en el artículo 2º del Convenio 154 de la OIT. Al respecto, en la referida Sentencia C-1234 de 2005 se expresó:
“Se puede afirmar, entonces, que la negociación colectiva es el género y la convención colectiva y el pliego de peticiones son la especie, y como especie, pueden ser objeto de algunas restricciones tratándose de ciertos empleados públicos, que “están al servicio del Estado y de la comunidad” (art. 123 de la Carta) y tienen la enorme responsabilidad de hacer cumplir los fines esenciales del Estado, asuntos que están ligados directamente al interés general. Sin que tales limitaciones conduzcan al desconocimiento del derecho.”
Adicionalmente, en la providencia referida, la Corte instó al legislador a regular claramente los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva, dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado.
De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, no tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas. Empero, tampoco se les puede vulnerar su derecho a buscar por diferentes medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que los afectan, sin quebrantar, como es obvio, la facultad que ostentan las autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de forma unilateral, las condiciones laborales de los empleados públicos. En todo caso, dichos mecanismos de concertación deben permitir afianzar un clima de tranquilidad y justicia social.
2.2.4 Situaciones pensionales consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Las situaciones pensionales definidas con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, a pesar de la ilegalidad de su fuente normativa por existir un vicio de incompetencia, en virtud de lo establecido en el artículo 146 ibídem, deben dejarse a salvo. Al respecto, la disposición en cita señala:
“Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes) los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.” (Negrilla y subraya fuera de texto).
La Corte Constitucional mediante sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, declaró la exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones municipales y departamentales en relación con las pensiones, dijo:
“ (...)
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
(…)
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. (…)”
Del contenido de la referida disposición cabe precisar los siguientes aspectos:
Bajo el marco de una trascendental reforma al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, promovida a través de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, es preciso señalar que, como materialización de lo ordenado por los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, su entrada en vigencia no alteró aquellas situaciones pensionales que al amparo de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresaron al patrimonio de sus beneficiarios.
Sin embargo, no sólo aquellas situaciones merecieron protección por parte de nuestro legislador. En este sentido, se precisó la necesidad de amparar a las personas que tenían una “expectativa cierta” de adquirir su derecho pensional bajo las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 y que, seguramente, verían afectado su derecho al acceso efectivo a dicha prestación si se hubieran visto cobijados indefectiblemente por el nuevo régimen pensional. Así, bajo dos criterios, edad y tiempo de servicio a la fecha de entrada en vigencia del referido régimen general de pensiones, se consagró el derecho a la transición, el cual garantizó, por un tiempo adicional, la permanencia y aplicabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico de los regímenes pensionales vigentes con antelación a la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, además de las dos situaciones descritas, la Ley 100 de 1993 en su artículo 146 consagró una protección especial para aquellos que con anterioridad a su entrada en vigencia adquirieron el derecho pensional con fundamento en normas municipales y departamentales, lo que también se previó, para quienes cumplieran los requisitos hasta 2 años después de la entrada en vigencia de la referida norma. Veamos:
En vigencia de la Constitución Política de 1886 la competencia para la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos recayó en el Congreso; y, con la actual recae, de manera concurrente, en el Congreso y en el Gobierno Nacional, tal como se precisó.
Por lo anterior, al referirse la norma objeto de estudio a situaciones pensionales reguladas por disposiciones del orden municipal y departamental ha de tenerse claro que: (i) una es la situación de aquellos que con anterioridad a la entrada en vigencia adquirieron su prestación con arreglo a la ley en virtud de convenciones colectivas; (ii) otra es la de los beneficiarios del régimen de transición, pues las expectativas ciertas que en este caso se pudieran tener provenían de normas ajustadas a la Constitución; y que dichas garantías, (iii) obedecieron a la intención del legislador de no desconocer la situación que se había generado dentro de un marco normativo pensional disgregado, esto es la ley y los beneficios extralegales, en las excepciones establecidas.
A su turno, es válido afirmar que dos son los eventos que, a pesar de ser de origen extralegal, merecen protección por vía de la garantía contenida en el mencionado artículo 146 de la Ley 100 de 1993, así:
La de quienes con anterioridad a su entrada en vigencia en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran una situación jurídica definida, esto es, que se les hubiera reconocido el derecho pensional; y,
La de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas, esto es, que hayan alcanzado el estatus así no se les haya reconocido.
Es pertinente agregar, que aun cuando la norma analizada regula la protección de las pensiones extralegales originadas en actos del orden municipal y departamental, adquiridas antes de la Ley 100 de 1993 y que su inciso final señaló que “las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es que de una interpretación armónica de todo su contenido, y especialmente del artículo 151 ibídem, así como de la aplicación del principio de favorabilidad y los efectos de la sentencia de constitucionalidad, esta Corporación, ha entendido que la última fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de 1997.
Por otro lado, para determinar si las convenciones colectivas están dentro de aquellas situaciones que convalidó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, esta Sección mediante sentencia de 29 de septiembre de 2011, unificó la postura sobre el tema al considerar que no se puede dejar de lado, que en el sector territorial, existieron múltiples regulaciones que, aún sin competencia, reglamentaron y crearon beneficios de índole pensional, y, por supuesto, se permitió la suscripción y el amparo de tales actos jurídicos que han beneficiado y aplicado de manera general no sólo a los trabajadores oficiales, sino también, a los empleados públicos.
En virtud de lo expuesto, se puede concluir que aun cuando las decisiones administrativas locales emanadas de autoridades que carecían de competencia para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, extendieron beneficios extralegales a éstos; dichas situaciones fueron convalidadas por expresa decisión del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional, salvo el aparte que contempló la extensión hasta por dos años; protección que también se predica del derecho pensional que se consolidó a pesar de no estar reconocido.
Entonces, para dar alcance al problema planteado, debe decir la Sala que así como la ley expresamente convalidó las pensiones extralegales de los empleados públicos reconocidas por autoridades territoriales, también protegió los derechos adquiridos en el mismo contexto, aun cuando no se hubiere formalizado su reconocimiento; eso sí, guardando los criterios celosamente incorporados al artículo 48 de la Constitución Política, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, en el marco de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
2.2.5 Del caso concreto.
De conformidad con el marco jurídico y jurisprudencial esbozado, tenemos que la demandante reclama la pensión de jubilación prevista en artículo 60 de la Convención Colectiva suscrita el 12 de diciembre de 2003 entre el demandado y su sindicato de trabajadores y empleados, cuyo tenor literal es:
“JUBILACIÓN: El Municipio de Palmira jubilará a sus Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos con veinte (20) años de servicio al Municipio, continuos o discontinuos, y cincuenta (50) años de edad con el cien por ciento 100% del promedio del salario devengado en el último año
(…)”.
Debe considerarse, que la demandante, conforme al certificado laboral visible a folio 8 del expediente, se vinculó al municipio de Palmira el 1º de octubre de 1985, y que desde el 24 de noviembre 2008 se desempeñó como Profesional Especializado Grado 02, hasta el 30 de diciembre de 2011; que desde el 1 de enero de 2012, se desempeña como Secretaria de Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción.
Es apreciable, que la cláusula convencional referenciada, dispone el derecho a la pensión de jubilación tanto a trabajadores oficiales como a empleados públicos, siendo viable considerar respecto de éstos últimos que tal como quedó registrado en líneas anteriores, tienen restringido su derecho a la negociación colectiva, al tener una relación laboral de naturaleza legal y reglamentaria que impide que la autonomía de la voluntad de los extremos, pueda alterar lo que sobre temas prestacionales ha dispuesto el legislador y/o el ejecutivo.
Entonces, tratándose de empleados públicos, es de reserva legal y estatutaria la fijación del régimen pensional, ya que es la ley en sentido lato la que se ocupa de establecer las condiciones de ingreso, permanencia retiro del servicio, y aspectos salariales y prestacionales de los mencionados servidores; de modo, que permitir beneficios convencionales para este tipo de servidores es desnaturalizar la relación laboral.
No obstante, tal como también se analizó, en tiempos pasados fue posible la oponibilidad de los beneficios convencionales a los empleados públicos, bajo el entendido que en el orden municipal decisiones de las autoridades así lo permitieron, consignándolo en actos administrativos o negociando la extensión de tales derechos a los mencionados servidores.
Tal como ha sido el criterio de la jurisprudencia, dichas situaciones deben mirarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en cuyo contexto, se reitera que la salvaguarda de los derechos adquiridos que hizo el legislador sobre las prestaciones de origen extralegal que no habían sido reconocidas, estaba condicionada al cumplimiento de todos los requisitos dentro de los límites temporales allí descritos, esto es, hasta el 30 de junio de 1997, por lo que es necesario verificar la situación de la demandante así:
La señora María Eugenia Figueroa Vélez, ingresó al servicio de la demandada el 1º de octubre de 1985, por lo que al 30 de julio de 1997, acumulaba un poco más de 12 años de servicio.
Nació el 13 de mayo de 1964, por lo que al 30 de julio de 1997, tenía 33 años.
Conforme a lo probado, es evidente que la situación de la demandante no puede ampararse a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues al 30 de julio de 1997, tiempo límite para entender convalidado el derecho, debió cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio, exigidos en el artículo 60 de la Convención Colectiva plurimencionada.
Vale la pena mencionar, que esta Sala en recientes oportunidades se ha pronunciado sobre la convalidación de las pensiones convencionales otorgadas por autoridades de orden territorial o que se hubieren causado, entendiendo que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 amparó los derechos reconocidos o consolidados hasta el 30 de junio de 1997; que no es el presente caso, debido que en tal fecha, la actora no tenía ni la edad ni el tiempo de servicio requerido por la convención colectiva.
De otra parte, es importante mencionar que contrario a lo manifestado por el apelante, el Acto Legislativo 01 de 2005 no dispuso el mantenimiento de ningún derecho para los empleados públicos respecto de las reglas pensionales previstas en convenciones colectivas, ya que el propósito para éstas fue justamente la pérdida de su vigencia, por ser un foco de desigualdad y de inestabilidad financiera para el sistema pensional, a la luz de los principios constitucionales y legales que gobiernan la seguridad social, en cuyo contexto encontramos el derecho a la pensión de jubilación como una prestación derivada de ésta, y no como una simple consecuencia de la relación laboral cual sea su naturaleza.
Debe precisar la Sala, que lo contemplado en el mencionado acto legislativo alrededor de los beneficios extralegales, fue el mantenimiento en los límites temporales allí descritos de aquellas reglas pensionales descritas o desarrollas en convenciones colectivas, siempre que fueran válidamente celebradas, lo que no puede ser entendido de manera distinta, a que su suscripción haya estado acorde con el ordenamiento jurídico, esto es, respetando las prohibiciones previstas legítimamente por el legislador en el artículo 416 del CST, antes analizado y avalado por la Corte Constitucional, corporación que en ningún espacio reservó tales restricciones de manera privativa al constituyente.
Así las cosas, la Sala comparte los argumentos que tuvo el Tribunal de primera instancia para negar las pretensiones, razón por la cual será confirmada la sentencia apelada sin consideración adicional.
En cuanto a las costas, la Sala debe reiterar lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, en la medida que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandante, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho de acción. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por María Eugenia Figueroa Vélez contra el municipio de Palmira (Valle), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, salvo el numeral 2º, relacionado con la condena en costas al demandante que se REVOCA.
SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Los Consejeros,
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso ingresó a Despacho el 10 de marzo de 2017, folio 171.
Folio 39
Folios 41 a 49.
Folios 6 a 12.
Folios 67 a 78.
Folios 103 a 116.
Folios 123 a 135.
Sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2011, expediente 2434-2010, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Folios 153 a 170.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M. P. doctor Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: “El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.”.
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
Gaceta 385 del 27 de julio de 2004, Cámara de Representantes.
Ídem.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998. Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-161 de 2000. Teniendo en cuenta lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 53, inciso 4º de la Constitución Política, dichos Convenios forman parte de nuestra legislación interna.
“(…) la Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa. Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente.”. Frente al tópico relativo al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos ver las sentencias C-110 de 1994, C-377 de 1998; C-161 de 2000, C-201 de 2002, C-1234 de 2005; C-280 de 2007 y C-466 de 2008. Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997. Artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Estos dos eventos fueron objeto de pronunciamiento de exequibilidad a través de la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997. Parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993. En el mismo sentido ver la sentencia de esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B; de 4 de septiembre de 2008, C. P. doctor Jesús María Lemos Bustamante; radicado interno No. 0699-2006; actor: Universidad del Valle del Cauca; así como también la Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, de 16 de febrero de 2006; C.P. doctor Tarsicio Cáceres Toro; radicado No. 2001-04783-01; actor: María Antonia Solórzano Veloza. Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, de 11 de febrero de 2015, C.P. Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado interno No. 3787-2013, se consideró: “A pesar de la decisión de la Corte, esta Sala ha concluido con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal no moduló los efectos de su decisión.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de 29 de septiembre de 2011, Expediente No. 080012331000200502866 03 (2434-2011), Actor: Universidad del Atlántico. Efecto ex nunc de la sentencia de constitucionalidad. Folio 31 cuaderno principal. Conforme al artículo 5º de la Ley 909 de 2004. Sentencias del 31 de mayo de 2016, expedientes 1497-2014, 0567-2015 y 2278-2015, y del 3 de noviembre de 2016, expediente 3273-2015, todas con ponencia de Sandra Lisset Ibarra Vélez. C-1234 de 2005.
Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP). Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.