Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-01275-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2014 01275 01 (1964 -2021)
Demandante: PEDRO LUIS SÁNCHEZ ZAPATA.
Demandado: Municipio de Palmira.
Temas: Reconocimiento pensión convencional.
Competencia para fijar el régimen prestacional de
los empleados públicos de las entidades
territoriales. Posibilidad de los servidores públicos
de beneficiarse de las convenciones colectivas de
trabajo. Situaciones pensionales consolidadas al
tenor del artículo 146 de la Ley 100 de 1993. A cto
Legislativo 01 de 2005. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 25 de septiembre de 2019 , proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
El señor Pedro Lu is Sánchez Zapata , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:
1 Folios
27 a 41.
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, en adelante
CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2014 01275 01 (1964-2021)
Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
1.1. Pretensiones
La nulidad de l ofi cio 1141.1.8 -328 de l 21 de octubre de 2014
suscrito por el alcalde municipal de Palmira, por medio del cual,
negó el reconocimiento de la «pensión de jubilación extralegal» .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó condenar a la demandada a: (i) reconocer y
pagar la pensión de jubilación convencional a partir del 1 de abril
de 2009, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% de la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicios, con los respectivos re ajustes legales y con la
actualización mes a mes, de acuerdo al IPC, con la inclu sión de la
mesada adicional de junio, y, (ii ) pag ar las costas del proceso .
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
El demandante relató que (i) prestó sus servicios a la Alcaldía de l
Municipio de Palmira por más de 22 años; (ii) el 22 de enero de
2014 elevó petición tendiente al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación «extralegal», teniendo como ingreso base de
liquidación el 100% del promedio del salario devengado en el último
año de se rvicio, p or ser beneficia ri o de la Convención Colectiva
2005-2010 suscrita entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de
Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la entidad
territorial, de conformidad con el parágrafo 3 transitorio del Acto
Legislativo 01 de 2005 ; (iii) la solicitu d fue denegada por medio del
oficio 1141.1.8 -328 del 21 de octubre de 2014, suscrito por el
alcalde municipal de Palmira (Valle del Cauca ).
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El demandante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: artículos 48 y 58 de la Constitución Po lítica y el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 .
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
Al exponer el concepto de violación, sostuvo que, es beneficiario
de la Convención Colectiva suscrita entre el Municipio de Palmira
y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del
Municipio de Palmira y por lo tanto debe darse plena aplic abilidad
a lo establecido e n el parágrafo tran sitorio 3 del Acto Legislativo
01 de 2005 que mantuvo las reglas de carácter pensional vigentes
a la fecha de su promulgación y hasta el 31 de julio de 2010.
Conforme a lo anterior, solicitó anular el acto de mandado y, en
consecuencia , reconocer la pensión de jubilación extralegal por
haber cumplido con los requisitos p ara acceder a ella, es decir,
más de 22 años de servicios sin tener en cuenta la edad , tal y como
se estableció en el artículo 60 de la mentada Convención Colectiva .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA
El Municipio de Palmira 3 se opuso a las pretensiones por
considerar que no le asiste el derecho que reclama .
Adujo, que las normas citadas no le son aplicables al d emandante
en su calidad de empleado público, pues se encuentra sometido a
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución que señala que estos no pueden celebrar
convenciones colect ivas, por lo que no es posible re conocer el
beneficio convencional que reclama.
Propuso las excepciones de (i) ca rencia de derecho para demandar
y, (ii) la genérica o innominada.
3. AUDIENCIA INI CI AL 4
El 30 de marzo de 2016 , el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca celebró au diencia inicial en la que determinó que (i) no
existe ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere
nulidad; (ii) no ha y lugar a pronunciamiento sobre excepciones
3 Folios 83 a 87.
4 Folios 237 a 245. CD a folio 236.
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
previas, toda vez que la deman dada no las propuso y n o encontró
ninguna que deba ser tramitada de oficio y, (iii) delimitó el problema
jurídico , en los sig uientes términos:
«Se cont r ae a est ablecer si el of icio 114 1. 1. 8 - 328 de 21 de oct ubr e
de 2014 pr of er ido por el Alcalde ( sic) M unicipa l de Palm ir a ( V) el
21 de oct ubr e de 2014 se encuent r a viciado de nulid ad al haber
denegado la pens ió n de j ubilación ext r alega l al señor Pedro Luis
Sánchez Zapat a baj o el a r gum ent o de que las pr est aciones de los
em pleados púb licos son de car áct er legal y r eglam ent ar io.
En consecuenc ia de lo ant er ior , se ana liz ar á si el s eñor Pedr o Luis
Sánchez Zapat a t ien e der echo a que el M unicip io de Pa lm ir a ( V) le
r econozca y pague o no la pensión de j ubilación ext r alega l
conf or m e a las pr evi siones de la C onven ción Co lect iva de Tr abaj o
2005- 2010, que est ablecen el ingr eso base de liquidac ión del 100%
del pr om edio de l sal ar io devengad o en e l últ im o año de ser vi cios. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5
El 25 de septiembre de 2019 , el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda con sustento en lo
siguiente:
(i) C itó las normas aducidas por el demandante , así como la
sentencia C-377 de 1998, proferida por la Corte Constitucional,
mediante la cual consideró ajust ada a la Constitución la
diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos en
lo relacionado con el ejercicio del derecho de negociación
colectiva , que concede a los trabajadores oficiales el goce pleno
del derecho y lo restringe para los empleados públicos, bajo el
argumento de que no se puede afectar la facultad de las
autoridades de fijar, modificar o alterar las condiciones de empleo.
(ii) Consideró qu e, teniendo en cuenta que la convención colectiva
fue pactada inicialmente para el periodo 2003 a 2005 y
posteriormente ampliada a 2010, no resulta viable su aplicación a
la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, ya que surgió con
posterioridad a la e ntrada en vigencia de dicha norma.
5 Folios 300 a 314.
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
(iii) Relacionó el contenido del parágrafo transitorio 3 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y señaló que no le es aplicable porque (a)
únicamente aplica respecto de convenciones colectivas
válidamente celebradas, lo cual no ocurre en el presente caso , ya
que los empleados públicos no pueden beneficiarse de
convenciones colectivas ; (b) el mismo párrafo determina que no
pueden estipularse condiciones más favorables que las que se
encuentran vigentes y resulta evid ente q ue dicha convención
resulta más beneficiosa en temas pensionales que lo establecid o
en la Ley 100 de 1993, norma vigente al momento en que elevó la
solicitud pensional; (c) no es beneficiario de lo pactado en la
convención, toda vez que no consolidó el der echo antes de 1997 –
en virtud de lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 .
Condenó en costas a la parte demandante por haber resultado
vencida.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y so licitó que sea revocada y se
acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes motivos de impugnación:
(i) El artículo 55 superior es claro en garantizar el derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las
excepciones que contempla la ley, ésta última circunstancia
conforme a lo previsto por el parágrafo 3 transitorio del Acto
Legislativo 01 de 2005, que convalid ó las convenciones colectivas
celebradas antes del 31 de julio de 2010, disposición que adicionó
el artículo 48 de la Constitución Política.
(ii) Se mostró inconforme respecto de la interpretación dada por el
a quo en relación con la prohibición contenida en el artículo 416
del Código Sustantivo del Trabajo , así como de los artículos 10 y
6 Folios 320 a 326.
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
12 de la Ley 4 de 1992, sin tener en cuenta la prevalencia que debe
atribuírsele al pará grafo 3 transitorio que adicionó el 48 de la Carta
Política , toda vez que se trata de una norma de carácter
constitucional.
(iii) Cuando el legislador condicionó las convenciones que tuvieran
vigencia a 31 de julio de 2010, no distinguió la clase de
convenciones a las que hacía referencia, por lo que no es posible
afirmar que se refiere a la prohibició n respecto de los empleados
públicos y agregó que la expresió n « válidamente celebrados»
refiere a que no hayan sido denunciadas.
(iv) El fallo no se pronunció respecto de la «sentencia de
unificación de la Corte Constitucional 555 del 24 de julio de 2014 »,
la cual establece q ue, para reconocer las pensiones de jubilación
con base en las convenciones colectivas en aplicación del
parágrafo transitorio, se deben cumplir lo siguien tes requisitos: (a)
que los acuerdos convencionales se hayan suscrito a ntes de la
fecha de promulgación del mencionado acto legislativo; (b) que
sean válidamente celebrados y, (c) que su vigencia no vaya más
allá del 31 de julio de 2010, requisitos que cum ple la Convención
Colectiva 2003 – 2005 suscrita entre el Municip io de Palmira y el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos,
prorrogada y adicionada el 15 de julio de 2005 .
(v) Antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 0 1 de 20 05
–29 de julio de 2005 –, ya se había suscrito el acta del acuerdo
convencional y, por tanto , resulta procedente el reconocimiento de
la pensión de jubilación solicitada a partir del 1 de abril de 2009 ,
la cual no va más allá del 31 de julio de 2010 , tal como lo exige la
disposición aplicab le.
(vi) Finalmente, precisó que de las p ruebas allegadas se encuentra
acreditado que el accionante prestó sus s ervicios al Municipio de
Palmira por 22 años, 11 meses y 9 días al 30 de junio de 2009 ,
siendo beneficiari o de la prestación solicitada por cumplir con los
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requisitos previsto s en el artículo 60 de la Convención Colectiva
2003-2005 relacionada .
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6.1 La parte demandante 7 reiteró los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación.
6.2 La parte dema ndada 8 solicitó conf irmar la sentencia de primera
instancia y adhirió a los argumentos esgrimidos por el tribunal.
La Agencia Nacional de Defensa Jurí dica del Estado y e l Ministerio
Público guardaron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
7 Memorial allegado vía correo electrónico, visible a índice 14 en SAMAI.
8 Memorial allegado vía correo electrónico, visible a índice 16 en SAMAI.
9« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribuna les, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
10« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audi encia.»
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de ap elación interpuesto por el
demandante, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
➢ ¿el señor Pedro Luis Sánchez Zapata tiene derecho a que le
sea reconocida la pensión de jubilación de acuerdo con la
Convención Colectiva de Trabajo 2003 -2005, prorrogada
hasta el año 2010, suscrita entre el Municipio de Palmira y el
sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos de
ese ente territoria l, al haber cumplido, presuntamente, con
los presupuestos contenidos en el parágrafo transitorio 3 del
Acto Legislativo 01 de 2005 ?
Para resolver lo anterior, se abordará el siguiente orden
metodológico: (i) Competencia para fijar el régimen prestacional de
los empleados públicos del orden territorial y la aplicación de
convenciones colectivas; (ii) La posibilidad de los servidores
públicos de beneficiarse de las convenciones colectivas del
trabajo; (iii) Las situaciones pensionales de carácter individual
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; (iv) Modificaciones al sistema pensional introducidas
por el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a los derechos
convencionales y, (v) caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.1 Competencia para fijar el ré gimen prestacional de los
empleados públic os del orden territorial y la aplicación de
convenciones colectivas
La Constitución Política de 1886 consagró en el artículo 62 la
competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las
condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de
servicios que darían derecho a la pensión del Tesoro Público .
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En el numeral 9 del artículo 76, señaló que correspondía al
Congreso hacer las leyes, y po r medio de ellas ejercer las
siguientes atribuciones:
«Det er m inar la est r uct ur a de la adm inist r ación naciona l m ediant e
la cr eación de m inist er ios, dep ar t am ent os adm inist r at ivos y
est ablecim i ent os pú blicos, y f ij ar las escalas de r em une r ación
cor r espondient es a l as dist int as cat egor í as de em pleos, así como
el régi men de sus prest aci ones soci al es ». (Se Resalta).
Por su parte, el nu meral 2.1 del artículo 120 , facultaba al presidente
de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del
orden nacional centralizado , dentro de las escalas de remuneración
fijadas por el Congreso de la Repúblic a de conformidad con el
numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 150 numeral 19
literal e), facultó al Congreso de la República para expedir las leyes
y a través de ellas , señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacion al para regular el régimen
prestacional de los servidores p úblico s. Igualmente, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 48 ibídem, la seguridad social, es
un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí
enunciados, en los términos que determine la ley.
A su vez, la Ley 4 de 1992, previ ó lo siguiente:
«ARTÍ CU LO 1. El G obier no Nac iona l, co n suj eción a l as nor m as,
cr it er ios y obj et ivos cont enidos en est a Ley, f ij ar á el r égim en
salar ia l y pr est acion al de:
a) Los em pleados públ icos de la Ra m a Ej ecut iva Nacional,
cualqu ier a que sea su sect or , denom inación o r égim en j ur í dico;
[ …]
ARTÍ CULO 2. Par a la f ij ación del r égim en salar ial y pr est aci onal
de los ser vidor es enum er ados en el ar tí culo ant er ior , el G obier no
Nacion al t endr á en cuent a los sigu ient e s obj et ivos y cr it er ios:
a) El r espet o a los der echos adquir idos d e los ser vidor es del
Est ado t ant o del r égim en gener a l, com o de los r egí m enes
especia les. En ning ún caso se podr án desm ej or ar sus salar ios y
pr est aciones socia le s;
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b) El r espet o a la car rer a adm inist r at iva y la am pliación de su
cober t ur a;
c) La concer t ación com o f act or de m ej or am ient o de la pr est aci ó n
de los ser vicios por par t e del Est ado y de las condiciones de
t r abaj o; [ …] ».
A su turno, señala en sus artículos 10 y 12 que el régimen
prestacional de los servidores públicos de l as entidades territo riales
será fijado por el Gobierno nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. Todo régimen
salarial o p restacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones cont enidas en la presente Ley o en los decretos que
dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos.
En sentencia C-315 de 19 de julio de 1995 , la Corte Constitucional
declaró exequible condicionalmente e l precitado artículo 12 y
aclaró: «[…] siempre que se entienda que las facultades conferidas
al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación d el régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen
prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al
límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades
territoriales […]».
Se sigue de lo anterior que compete al Congreso de la República
dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivo s y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al
momento de fijar el régimen salarial y prestacion al de los
empleados públicos; esto es, que se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el eje cutivo para efectos salaria les
y prestacionales, en tanto que el Congreso de la República
determina mediante la ley marco, los parámetros generales,
conforme a los cuales, el Gobierno nacional habrá de fijar todos los
elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de
los empleados públicos. En lo que toca con el régimen de seguridad
social en pension es, de conformidad con las nítidas voces del
artículo 48 constitucional es materia reservada a la ley.
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De lo anterior se concluye que las entidades del orden territoria l
carecen de competencia para expedir actos de reco nocimiento
pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales y
por lo tanto, las disposiciones de carácter local como ordenanzas,
acuerdos municipales o acuerdos de establecimientos públicos,
nacionale s o departamentales que regulen el régimen prestacional
de los empleados públicos, al igual que las normas de orden
convencional resultan por tanto contrarias al ord enamiento
constitucional y le gal .
3.2 La posibilidad de los servidores públicos de benefi ciarse
de las convenciones colectivas del trabajo
Al respecto, el Convenio 151 de la Organización Internacional del
Trabajo, prevé lo siguiente:
«Ar t í culo 1 . El pr esent e Conveni o debe r á aplicar se a t odas las
per sonas em pleadas por la adm inist r ació n pública, en la m edida
en que no les sean aplic ables d isposic i ones m ás f avor ables de
ot r os convenios int e r naciona les del t r abaj o.
[ …]
Ar t í cu lo 7 . Deber án adopt ar se, de ser necesar io, m edidas
adecuadas a las condic iones nacion ales par a est im ular y
f om ent ar el pleno d esar r ollo y ut i liz ació n de pr ocedim ie nt os de
negociac ión ent r e las aut or idades públicas com pet ent es y las
or ganizac iones de em pleados pú bl icos acer ca de las condiciones
de em pleo, o de cualesqu ier a ot r os m ét odos que per m it an a los
r epr esent ant es de los em plead os p úblic os par t icipar en la
det er m inación de di chas condici ones. ».
Por su parte , el Convenio 154 de la misma Organización , refiere al
fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible
entre todos los empleadores y a todas las categorías de
trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.
De otro lado, e l artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el
ejercicio del derecho a la negociación colectiva, limitado
únicamente a las excepciones que defina la ley.
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A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene
precisamente la limitación de las funciones de los sindicatos de
empleados públi cos, en los siguientes términos:
«Lim it ació n de las f unciones . Los si ndi cat os de empl eados
públ i cos no pued en present ar pl i egos de pet i ci one s ni
cel ebrar convenci o nes col ect i vas , pero los sindic at os de los
dem ás t r abaj ador es of icia les t ienen t oda s las at r ibucion es de los
ot r os sindicat os de tr abaj ador es, y sus plieg os de pet iciones se
t r am it ar án en los m ism os t érm inos que los dem ás, aun cuando no
puedan declar ar o hacer huelga . » 11 ( Ne gr ill as f uer a del t ext o
or igina l) .
Lo anterior tiene f undamento precisamente en la vinculación legal
y reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la
posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar
unilateralmente las condiciones del empleo 12.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de 1998, al
examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el
precitado Convenio 151, consideró ajustada a la Constitución
Política la diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados
públicos, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de la
negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce del
derecho plenamente, y restringirlo para los segundos, bajo el
argumento de que no se puede afectar la facultad de las
autoridades (Congreso, presidente en el plano nacional,
asambleas, concejos, gobernadores y a los alca ldes en los distintos
órdenes territoriale s), de fijar autónomamente las condiciones del
empleo.
Así al referirse al Convenio 151 de la OIT, en la sente ncia C-377
de 1998 y en la sentencia C-1234 de 2005 , se dispuso que «Los
sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas», bajo el entendido
de que para hacer efectivo el derecho a la nego ciación colectiva
11 D e c l a r a d a
exequible por la sentencia C-1234 de 2005.
12Corte constitucional, Sentencia C -201 de 2002. Referencia: expediente D -
3692. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379 -e
parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 4 08 parcial y 467 del Código Sustantivo
del Trabajo y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, las
organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a
otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de
trabajo, a partir de la solicitud que al respe cto formulen estos
sindicatos, en tanto el Congreso de la República regule el
procedimiento para el efecto.
Mediante el Decreto 160 del 5 de fe brero de 2014 13, el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley 411 de 1997 y reguló el procedimiento
para la negociació n entre las autoridades públicas y las
organizaciones sindicales de empleados públicos, limitado
exclusivamente a las condiciones de empleo (artículo 1), dentro del
cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención
colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo
(artículo 13).
De acuerdo a lo anterior , se colige que los empleados públicos no
gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva pues si bien
no se les puede vulnerar la prerro gativa de buscar medios de
concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las
decisiones que los afectan no puede quebrantar la facultad que
ostentan las autoridades constitucional y legalmente concretas de
fijar, de forma unilatera l, sus condiciones laborales.
3.3 Las situaciones pensionales de carácter individual
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993
No obstante lo dicho con relación a la competencia privativa del
Congreso de la República co mpartida con el Gobierno Nacional
para determinar el régimen prestacional de los empleados públicos,
en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior , por lo que el
legislador, en respeto de los derechos laborales consolidados, dejó
13 C o m p i l a d o
en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
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a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos
adquiridos.
En efecto, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, señaló lo
siguiente:
«Ar t í culo 146. Si t uaci ones j urí di cas i ndi vi dual es def i ni das por
di sposi ci ones munici pal es o depart ament al es . Las sit uaciones
j ur í dicas de car áct er indivi dual d ef ini da s con ant er ior idad a la
pr esent e Ley, con base en disposi ciones m unic ipal es o
depar t am ent ales e n m at er ia de pe nsiones de j ubil a ción
ext r alegales e n f avor de em pleados o ser vidor es públ ico s o
per sonas vincu ladas labor alm ent e a las ent idades t er r it or ial es o
sus or ganism os descent r al izados, cont i nuar án vigent es.
Tam bién t endr án der echo a pensionar se con arr eglo a tale s
dispos icion es, quie nes, con ant er ior ida d a la vigenc ia de est e
ar t í culo, hayan cum plido [ o cum plan dent r o de los dos años
sigui ent es] los r equisit os exig idos en dichas nor m as. ( en
par ént esis: declar ad o inexequ ib le por la Sala P lena d e la C or t e
Const it ucion al m ed i ant e sent encia C - 4 10 del 28 d e agost o de
1997. )
Lo dispuest o en la pr esent e Ley no af ect a ni m odif ica la sit uación
de las per sonas a que se r ef ier e est e art í culo.
Las disposic iones d e est e art í culo r egirán desde la sanción de la
pr esent e Ley. ».
La Corte Constit ucional mediante sentencia C-41 0 de 1997 ,
declaró la exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones
Municipales y De partamentales en relación con las pensiones,
indicó:
«[ …] El inciso pr imer o de la norm a en r ef er encia se encue nt r a
aj ust ado a los pr ecept os const it ucion ales y en especia l a lo
pr evist o en el ar t í culo 58 d e la Const it ución P olí t ica, segú n el
cual “ se gar ant izan los der echos adquir idos con ar r eglo a las
leyes civ i les, los cuales no puede n ser desconoci do s ni
vulner a dos por leye s post er ior es. ” .
En ef ect o, ha expr esado la j ur ispr udenci a de la Cor por ación, que
los der echos adq uir idos com pr ende n aquellas sit uac i ones
indiv idua les y subj et ivas que se han consolid ado y def inido baj o
la vigenc ia de la ley, y por ende ellos se encuent r an
gar ant izados, de t al f or m a que no pueden ser m enoscabados por
dispos icion es f ut uras, basado en la segur idad j ur í dica que
car act er iza dichas si t uaciones.
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Desde luego que lo que es m at er ia de pr ot ección const it uci onal
se ext iende a las s i t uaciones j ur í dicas d ef inidas, y no a las qu e
sólo conf igur an m er as expect at ivas.
[ …]
Nuest r o Est at ut o Super ior pr ot ege expr esam ent e, en el ar t ículo
58, los der echos ad quir idos y pr ohí be a l legis lador exped ir l eyes
que los vu lner en o desconozcan, dej ando por f uer a de esa
cober t ur a a las llam adas expect at ivas, cuya r egulación com pet e
al legi s lador , conf or m e a los par ám et r os de equidad y j ust icia que
le ha t r azado el pr opio const it uyent e par a el cum plim ient o de su
f unción. ( Cor t e Const it uciona l, Sent enci a C - 168 de 1995, M . P.
Dr . Car los G avir ia Dí az)
De est a m aner a, t eniendo e n cuent a la int an gib il idad de lo s
der echos adquir ido s de los pensionad os por j ubilaci ón del
or den t er r it or ial ant es de la expedic ión de la ley 100 de 199 3,
las sit uac iones j ur í dicas indiv idua les def in idas co n
ant er ior idad, por disposiciones m unicipales y
depar t am ent ales, d eben cont inuar vigent es [ . .. ] . »
La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia
del Consejo de Estado admitió que dentro de las disposiciones del
orden territorial quedaron incluidas las regulaciones consagradas
en convenciones colectiva s de trabajo 14.
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 protegió
los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímenes
pensionales territoriales –con anterio ridad a su vigencia –, pese a
su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes , previo a
su entrada en rigor, cumplieran con los requisitos para p ensionarse
conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las
condiciones allí determinadas.
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado
que los reco nocimientos pensionales individuales suste ntados en
convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los
supuestos establecidos en el aludido artículo. Particularm ente, esta
corporación en sentencia de unificación de 29 de septiembre de
2011 15, señaló:
14 Sobre el tema s e pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del 7 de abril de 2011, radicado Interno 2073 -07; del 21 de
mayo de 2011, radicados internos: 2333 -10 y 1721-08 y, la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del 29 de septiembre d e 2011, radicado
interno 2434-2010.
15 C o n s e j e r o P o n e n t e V í c t o r H e r n a n d o A l v a r a d o A r d i l a , e x p e d i e n t e 2 4 3 4 - 1 0 .
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«En pr inc ipi o podr í a pensar se, com o en ef ect o lo hiz o la Sal a en
m últ iples f a llos, que las disp osic iones d el or den t er r it or ial, c om o
Decr et os O r denanzas, r egulaban, sin com pet encia, el r égim en
pensiona l de los em pleados púb licos, m ient r as que en lo que se
r ef ier e a las convenciones col ect ivas, r egulaban l a aplic a ción
sólo par a los t r abaj ador es of iciales y no par a em pleados
públ icos; per o en ú lt im as, uno y ot r o er an ext r alegal es, y en
am bos casos, los saneó el leg isla dor .
La convención col e ct iv a de t r abaj o en est e caso sur gió por la
negociac ión cont r a ct ual y consensu al celebr ada ent r e el
sindic at o y los dir ect ivos de la Un iv er sidad, quien es t ení an
aut onom í a adm inist r at iva y pr esupuestal, per o que, com o se
pr ecisó en conside r aciones pr ecedent es, no podí an r egular
salar ios y pr est aci ones de sus em pleados por que est o le
cor r espondí a al legi slador .
[ …]
En sí nt esis, aun cuando la Convenc ión C olect iva f ue em anad a de
aut or idades incom p et ent es par a la regulac ión del r égi m en
pensiona l de los em pleados pú bl ico s, dicha sit uac ión f ue
conval idada por expr esa disposició n del legislad or a tr avés del
r ef er ido ar t í culo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya
const it uciona li dad f ue avalada por e l Ó r gano que de conf or m i dad
con la Const it ución Polí t ica de 1991 e s el encar gado de m antener
la guar da e int egr id ad del or denam ient o super ior . »
Sobre la vigencia d e la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el
nivel territo rial, el artículo 151 ibidem determinó que entraría a
regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones,
solamente las situaciones particulares que se definieron con
anticipación a esa fecha deben ser respetadas, sin embargo, el
artículo 146 permitía la consolidación del derecho dentro de los dos
años siguientes a la vigencia del Sistema Gen eral de Seguridad
Social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la reseñada sentencia C -410 de 1997.
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado entendió que dicho
aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones
pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio d e 1995 y el
30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley
270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de
inexequibilidad tie nen efectos hacia futuro, y toda vez que la
sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su
decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
materia pensional se consolidaron con base en disposiciones
municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o
previo a la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General
en cada entidad territo rial. Así lo concluyó la Sección Segunda en
sentencia del 7 de octubre de 2010 , radicado interno 1484 -2009:
«[ …] Por lo expuest o, r esult a válido af ir m ar que no sólo las
sit uaciones que se consol idar on o adq u ir ier on con a nt er ior i dad al
30 de j unio de 1 99 5 con f undam ent o en nor m as m unicip ales o
depar t am ent ales, se r eit er a, a pesar de su ilega li dad, quedan
am par adas por lo dispuest o en el ar t í culo 146 de la Ley 100 de
1993; sino t am bién aqu el las que se ad quir ier on ant es de l 30 de
j unio de 1997, pues, se r eit er a, est as últ im as no se vier on af ect adas
por la declar at or ia de inexequ ibi li dad e f ect uada con la Sent encia
C- 410 de 28 de ag ost o de 1997, dado s los ef ect os de la m ism a.
[ …] ».
Conforme a lo anterior, son dos las situaciones pensionales que, a
pesar de ser de origen extralegal, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 merecen protección al amparo del
artículo 146, así: (i) la de quienes, para el 30 de junio de 1997,
tuvieran una situación jurídica definida, esto es, con el derecho
reconocido y, (ii) la de quienes en el sector territorial cumplieran
los requisitos exigidos, es decir, que hayan adquirido el derecho,
así no lo tuvieran reconocido.
3.4 Modifica ciones al sistema pensional introducidas por el
Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a l os derechos
convencionales
El artículo 48 de la Constitución Política fue adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 22 de julio de 2005 en los siguientes términos:
«[ …] El Est ado gar ant izar á los der echos, la sost enibil idad
f inancier a de l Sis t em a Pensional, r espet ar á los der echos
adquir i dos con ar r eglo a la ley y asum ir á el pago de la deuda
pensiona l que de ac uer do con la ley est é a su car go. Las leyes en
m at er ia pensi onal que se expidan con post er ior idad a la entr ada en
vigenc ia de est e acto legisl at ivo, deber án asegur ar la sost enibil idad
f inancier a de lo est a bleci do en ell as" .
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" Sin per j uicio de los descuent os, deducciones y em bar gos a
pensiones or denad o s de acuer do con la ley, por ningún m ot ivo
podr á dej ar se de pagar , congelar se o r educir se el valor de la
m esada de las pensi ones r econocidas co nf or m e a der echo" .
" Par a adquir ir el der echo a la pensió n ser á necesar io cum pl ir con
la edad, el t iem po de ser vicio, las se m anas de cot izació n o el
capit al necesar io, así com o las dem ás condic iones que señala l a
ley, sin per j uic io de lo disp uest o par a la s pensiones d e inva l idez y
sobr evivenc ia. Los requis it os y benef icios par a adquir ir el der echo
a una pensión d e inval id ez o de sobr evivencia ser án los
est ablecid os por las leyes del Sist em a G ener al de Pension es" .
" En m at er ia pensiona l se r espet arán t odos los der echos
adquir i dos" .
" Los r equisit os y be nef icios pe nsion ales par a t odas las per s onas,
inclu idos los de pe nsión de vej ez por act ividades de alt o r iesgo,
ser án los est ableci dos en las leyes del Sist em a G ener al de
Pension es. No pod r á dict ar se disposi ción o invoc ar se acuer do
alguno par a apar t ar se de lo allí est able cido" .
" Par a la liqui dació n de las pensiones s ól o se t endr án en cuent a los
f act or es sobr e los cuales cada per sona hubier e ef ect uado las
cot izaciones. Ni ngu na pensión podr á ser inf er ior al salar io m í nim o
lega l m ensual vigen t e. Sin em bar go, la ley podr á det erm inar los
casos en que se puedan conceder ben ef icios econó m icos
per iódic os inf er ior e s al salar io m í nim o, a per sonas de escasos
r ecur sos que no cumplan con las cond ici ones r equer idas par a t ener
der echo a una pensi ón" .
" A par t ir de la vigencia del pr esent e Act o Legislat ivo, no habr á
r egí m enes especial e s ni except uados, sin per j uicio del apl ic able a
la f uer za públ ica, al pr esident e de la R epúbl ica y a l o est a bleci do
en los par ágr af os del pr esent e ar t í culo" .
" Las per sonas cuyo der echo a la p ensi ón se cause a par t i r de la
vigenc ia de l pr esen t e Act o Legis lat ivo no podr án r ecib ir m ás de
t r ece ( 13) m esadas pensiona les al añ o. Se ent iende que l a pensió n
se causa cuand o se cum plen t odos los r equisit os par a acc eder a
ella, aun cuand o no se hubiese ef ect uad o el r econocim ient o" .
" La ley est ablecer á un pr oce dim ient o br eve par a la r evisión de las
pensiones r eco nocid as con abuso de l der echo o sin e l cum pl i m ient o
de los r equisit os es t ablecidos en la ley o en las convencio nes y
laudos ar bit r al es vál idam ent e celebr ado s" .
" Par ágr af o 1º . A par t ir del 31 de j u lio de 2010, no podr án ca usar se
pensiones super i or es a veint icinco ( 25) salar ios m í nim os legale s
m ensuales vigent es, con car go a r ecur sos de nat ur aleza públ ica" .
" Par ágr af o 2º . A part ir de la vigencia de l pr esent e Act o Legislat ivo
no podr án est ablec er se en pact os, convenciones co lect iv as de
t r abaj o, laudos o act o j urí dico alguno, condicion es pensi onale s
dif er ent es a las est ablec idas en l as ley es del S ist em a G ener al de
Pension es" .
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
" Par ágr af o t r ansit orio 1º . El r égim en pensiona l de los docent es
naciona les, naci ona lizad os y t er r it or ial es, vinculad os al s er vicio
públ ico educat ivo of i cial es el est ab lec id o par a el M ag ist er io en las
dispos icion es lega l es vigent es con an t er ior idad a la ent r ada en
vigenc ia de la Ley 8 12 de 2003, y lo pr ecept uado en el ar t í culo 81
de est a . Los docent es que se hayan vinculado o se vinculen a par t ir
de la vigencia de la cit ada ley, t endr án los der echos de pr ima m edia
est ablecid os en las l eyes del Sist em a G ener al de Pens iones, en lo s
t ér m inos del ar t í culo 81 de la Ley 812 de 2003" .
" Par ágr af o t r ansit or io 2º . Sin per j uicio de los der echos adquir idos ,
el r égim en ap lic abl e a los m iem br os de la Fuer za Públ i ca y al
pr esident e de l a Re públ ica, y lo est abl e cido en l os par ágr af os del
pr esent e ar t í culo, la vigenc ia de los r egí m enes pensionales
especia les, los except uados, así com o cualquier ot r o dist int o al
est ablecid o de m aner a per m anent e en las leyes de l Si st em a
G ener al de Pension es expir ar á el 31 de j ulio del año 20 10" .
" Par ágr af o t r ansit orio 3º . Las r eglas d e car áct er pension al qu e
r igen a la f ech a de vigenc ia de est e Act o Legislat iv o cont enid as en
pact os, convencion es colect ivas d e t r abaj o, laudos o ac uer dos
válid am ent e celebr a dos, se m ant endr án por el t ér m ino inicia l m ent e
est ipulad o. En los pact os, convenciones o laudos que se suscr iban
ent r e la vigenc ia de est e Act o Legisl at iv o y el 31 de j ul io de 2010,
no podr án est ip ular s e condic iones pensi onales m ás f avor ab l es que
las que se encu ent r en act ualm ent e vigent es. En t odo caso per der án
vigenc ia el 31 de j ul io de 2010" .
" Par ágr af o t r ansit or io 4º . El r égim en de t r ansición est ableci do en
la Ley 100 de 1993 y dem ás norm as que desar r ollen d icho r égim en,
no podr á ext ender se m ás allá del 31 de j ulio de 2 010; except o par a
los t r abaj ador es que est ando en dicho r égim en, adem ás, t engan
cot izadas al m enos 750 se m anas o su equivalent e en t ie m po de
ser vicios a la ent r ada en vigencia del pr esent e Act o Legislat ivo, a
los cuales se les m a nt endr á dicho r égim en hast a el año 201 4" .
" Los r equisit os y benef icios pens ion ales par a las per sonas
cobij adas por est e régim en ser án los exigid os por el ar t í culo 36 de
la Ley 100 de 1993 y dem ás nor m as que desar r ollen d icho r égi m en" .
" Par ágr af o t r ansit or io 5º . De conf or m idad con lo dispuest o por el
ar t í culo 140 de la L ey 100 de 1993 y e l Decr et o 2090 de 2 003, a
par t ir de la ent r ada en vigenci a de est e últ im o decr et o, a los
m iem br os del cuer po de cust odia y vigi lanc ia Pen it enci ar ia y
Car celar ia Nacio nal se les apl icar á el r égim en de alt o r iesg o
cont em plado en el m ism o. A quienes in gr esar on con ant er ior idad a
dicha f echa se apl ic ar á el r égim en hast a ese ent onces vigent e par a
dichas per sonas por r azón de los r iesgos de su labor , este es el
dispuest o par a el ef ect o por la Ley 32 de 1986, par a lo cual deben
haber se cubier t o las cot izaciones cor r espondient es" .
" Par ágr af o tr ansit or io 6º . Se except úan de lo est ablecido por el
inciso 8° del pr esent e ar t í culo, aquellas per sonas que per ciban una
pensión i gual o i n f er ior a t r es ( 3) salar ios m í nim os l egales
m ensuales vigent es, si la m ism a se causa ant es del 31 de j ulio de
2011, quienes r ecib i r án cat or ce ( 14) m esadas pensiona les a l año" .
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
La Segur id ad Soc ial es un ser vicio p úbl i co de car áct er oblig at or io
que se pr est ar á baj o la dir ecc ión, coor di n ación y cont r ol d el E st ado,
en suj eción a los pr incip ios de ef i cienci a, unive r sal id ad y
solid ar idad, en los t é r m inos que est ablez ca la Ley. [ …] ». (Negrilla s
del texto original, subrayas de la Sala).
En la exposición d e motivos -Gaceta 385 de 27 de julio de 2004 de
la Cámara de Representantes -, se estableció que la finalidad del
acto legislativo fu e hacer frente a los graves problemas que se
presentan en materia de financiación del pasivo pensional y busca r
criterios para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad socia l. Respecto del caso puntual de las co nvencio nes
colectivas, como fuente de derechos pensionales determinó :
«[ …] el ar t í culo 48 de la C onst it ució n Polí t ica est ab leció que la
segur idad soc ial s e pr est ar í a con arr eglo a los pr inc ip ios de
ef icienc ia, univer sa li dad y solidar i dad. B aj o est os pr incipios la Ley
100 de 199 3 or ganiz ó el S ist em a G ener al de Pens iones. Par a logr ar
una ar m oní a en m at er ia pensi onal, la Ley 100 de 1993 al des ar r ollar
el pr ecept o const it uciona l, pr evió clar am ent e el r espet o de los
der echos adqu ir id os " conf or m e a dispos icion es nor m a t ivas
ant er ior es, pact o o convención cole ct iva de tr abaj o" , per o
igua lm ent e dej ó clar o que ello er a " sin per j uicio del der ec ho de
denuncia qu e les asist e a las par t es y que el t r ibunal de
ar bit r am ent o dir im a las dif er encias ent r e las par t es " . Lo ant eri or
con el cl aro propós i t o que l as convenc i ones y pact os c ol ect i vos
se aj ust aran a l o di spuest o en l a Ley 1 00 de 1993 y al hec ho de
que l a pensi ón ya no puede consi derarse si mpl emente una
consecuen ci a de una rel aci ón l aboral si no una prest aci ón
deri va da del régi men de seguri dad soci al organi zado por el
l egi sl ador .
Sin em bar go, dado q ue la C onst it ució n P olí t ica gar ant iza e l d er echo
a la negociac ión col ect iva, con las excepciones pr evist as en la ley,
no se ha podido logr ar el pr opósit o de la Ley 100, ex pr esado en su
ar t í culo 11, pues aún exist e la posib il idad de co nt inuar
est ablecie ndo r egl a s par t icular es en m at er ias pensio nales, por lo
cual y a pesar de que la Cor t e Supr ema de Just icia ha af ir m ado
r eit er adam ent e que los benef ic ios pensi onales deben ar m o n izar se
con la Ley 100 de 1993, no sol ament e no se han armoni zado l as
convenciones col ect i vas con l a l ey, si no que se si guen
suscri bi endo conveni os en l os que las ent i dades se obl i gan a
asumi r direct ament e nuevas obl igaci ones pensi onal es,
pri vi l egi ando a c i ert os servi dores y rompi endo l a i gual dad que
qui so el Const i t uyent e i mpri mi rl e al régi men de seguri dad
soci al .
En ef ect o, la universalid ad del r égim en de segur idad socia l, según
la Cor t e Const it ucio nal pr esupone la gar ant í a de la pr ot ección par a
t odas las per sonas, sin ninguna discr im i nación, en t odas las et apas
de la vid a y esa gar ant í a sin discr i m inación so lam ent e puede
of r ecer la un sist em a unif icado q ue no pueda ser var iad o por
volunt ad de un sect or de sus t it ular es.
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Demandante: Pedro Luis Sánchez Zapata.
Por lo ant er ior , y con el f in de l ogr ar el pr opósit o que ins pir a el
ar t í culo 48 de la C onst it ución Po lí t ica es necesari o est a bl ecer
cl arament e que el régi men pensi onal n o se encue nt ra dent ro del
ámbi t o de l a negoci aci ón col ect i va .
Lo ant eri or es ade más part i cul armente i mperi oso si se t i enen
en cuent a no sol o l os pri nci pi os que deben regi r el si st ema de
seguri dad soci al sino t ambi én l as consecuenci as econó mi cas
de l a si t uaci ón actual .
En ef ect o, uno de los el ement os f undament al es para el di seño,
i mpl ement aci ón y desarrol l o de un si s t ema pensi onal l o
const i t uyen sus soport es económi cos y f i nanci eros . Desde est e
punt o de vist a l os r egí m enes pensiona l es de or igen co nve nciona l
han r epr esent ado, y si no se cor r ige la si t uación act ual co nt in uar án
haciéndo lo, un cons ider abl e esf uer zo par a l as f inanzas púb licas y
pr ivadas par a el des ar r ollo y cr ecim ient o de la econom í a.
De hecho, se est án dest inando a f inanci ar r egím enes pensionales
especia les cuant ios os r ecur sos que podr í an dir igir se a ampliar la
cober t ur a del sist em a gener al de segur i dad s ocia l y a incr e m ent ar
la inver si ón socia l o a gener ar m ayor desar r ollo del paí s.
No sobra señ al ar que en el caso de l sect or públ i co di chos
regí menes convenci onal es se han creado muchas veces si n
cuant i f i car su ef ect o f i nal, de t al manera que se han creado
regí menes i nequi t at i vos que a l a post re han puest o en p el i gro
l a exi st enci a mi sma de l as respect i vas empresas . El sect or
pr ivado no es aj eno a est a sit uación. D e hecho, se evid enc ia ho y
cóm o m uchas em pr esas de ese sect or se han vist o af ect adas par a
cont in uar oper ando por ef ect o del cost o que par a e llas r epr esent a
su pasivo pensi onal.
Las r azones ant er ior es j ust if ican claram ent e l a necesi dad de
est abl ecer que l a negoci aci ón col e ct i va no debe i nc l ui r el
régi men pensi onal [ …] ». (Negrillas de la Subsección).
Se tiene entonces que , en el sector público se ha n previsto
regímenes pensionales convencionales sin delimitar los efectos
nocivos para la sostenibilidad del sistema, y de las propias
empresas que han puesto en peligro su propia existencia, razón por
la cual se señalaron varias directrices en aras de la preservación
de las futuras pensiones.
Al respecto, esta Corporación en la sentencia del 1 de junio de
2017 16 señaló «el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de
2005, tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, poniéndolo a tono con el esquema incorporado con la
16Sección Segunda, Subsección B, radicado: 76001 -23-33-000-2014-01231-
01(3787-16). Dicha tesis fue reafirmada por esta Sección en sentencia del 21
de junio de 2018, radicado: 76001 -23-33-000-2014-01277-01(3250-17).
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Ley 100 de 1993, que buscó unificar las reglas pensionales
aplicable s para todos los trabajadores del país sin distinguir la
naturaleza jurídica de sus relaciones laborales».
En cuanto a las convenciones colectivas, la providencia
previamente señalada expuso que:
«[ …] t eniendo en cuent a que desde ant año han r egido sit uac iones
pensiona les no solo de los t r abaj ador es of icia les, sino t am bién de
los em pleados púb li cos, la m odif icación consider ab le se encuent r a
en que dichas r egla s debí an desapar ecer , est ableciendo ad em ás
que a par t ir de la pr om ulgación del a ct o legislat ivo no podí an
celebr ar se nuevos pact os colect ivos con condic iones m ás
f avor ables indist i nt am ent e de sus dest inat ar ios. Sin embar go,
debí an subsist ir por vir t ud de la noci ón d e los der echos adqu i r idos
hast a el t ér m ino ini cialm ent e pact ado sin que exceda del 3 1 de
j ulio de 2010. [ …] ».
En ese orden, se tiene que los regímenes convencionales a partir
de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, estaban
destinados a perder su vigencia.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el caso del señor Pedro Luis Sánchez Zapata , se encuentra
acreditado lo siguiente:
a. Nació el 20 de noviembre de 1961 17.
b. De acuerdo con las constancia s emitidas por la Dirección de
Talento Humano de la Alcaldía de Pa lmira 18, se constata que se
desempeñó en los siguientes tiempos y cargos así:
➢ JEFE PRESTACIONES SOCIALES, del 11 de febrero de 1980 al
30 de agosto de 1995. (15 años, 6 meses y 19 días)
➢ TÉCNICO OPERA TIVO GRADO 04, del 21 de noviembre de
2001 hasta el 18 de noviembre de 2008. (6 años, 11 meses y 27
17 S e g ú n se constata con la copia de la cédula de ciudadanía a folio 204.
18 F o l i o 10, emitido el 29 de abril de 2011 y 102, emitido el 19 de febrero de
2015.
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días)
➢ TECNICO ADMINI STRATIVO GRADO 01, desde el 19 de
noviembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2013 (4 años, 3
meses y 12 días)
➢ TÉCNICO OPERA TIVO GRADO 01, adscrito a la secretaría de
movilidad desde el 1 de abril de 2013 hasta la fecha de emisión
de la constancia –15 de febrero de 2015–. (1 año, 10 meses y
14 días)
c. El 22 de enero de 2014, elevó solicitud ante la Alcaldía de
Palmira, Valle, con el fin de que le fuera reconocida la pensión
de jubilación esta blecida en la con vención colectiva suscrita
entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de Trab ajadores
Oficiales y Empleados Públicos del Municipio 2005 – 2010, por
haber adquirido el derecho «el 1 de mayo de 2008, siendo el
ingreso base de liquidación el 100% del promedio del salario
devengado en el último año, incluyendo la mesada adicional
correspondiente al mes de junio, ya que su derecho pensional
se causó antes de que entrara en vigencia el Acto Legislativo
01 de 2005 […]».
d. La anterior petición fue resuelta de forma negativa por medio
del Oficio 1141.1.8 -328 de 21 de octubre de 2014 , suscrito por
el alcalde municipal de Palmira, con las siguientes
consideraciones:
• Invocó los artículos 150, numeral 19 de la Constitución
Política y 12 de la Ley 4 de 1992, y afirmó que no le es
permitido a las entidades territoriales ni a autoridades
públicas expedir normas sobre pensiones o que sea n
concedid as a través de una negociación colectiva entre un
sindicato de trabajadores oficiales y una entidad territorial.
• Señaló lo dispuesto en el artículo 55 Superior, relativo al
derecho a la negociación colect iva y resaltó que una de las
excepciones e s la consagrada en el artículo 416 del Código
Sustantivo del Tra bajo y por ello , el Decreto 1092 de 2012
que reglamenta la negociación colectiva de empleados
públicos, taxativamente excluye de dichas negociaciones el
régimen prestacional.
• Adujo que no le es aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005
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que refiere a las convenciones válidamente celebradas,
situación que no se predica de la invocada, toda vez que los
empleados públicos no pueden ser beneficiarios de estas.
• Aclaró que el artículo 146 de la Ley 10 0 de 1993 convalidó
los derechos adquiridos en materia pensional reconocidos
mediante normas irregulares antes del 30 de junio de 1995,
ello está referido únicamente a normas pactadas con
trabajadores particulares o con trabajadores oficiales, m as no
con empleados públicos, con base en la prohibición
establecida en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
e. El Municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales
y Empleados Públicos del ente territorial, suscribieron
Convención Colect iva de Trabajo 2003 -2005 con vigencia de
dos años 19, ratificada por cinco años más (2005 -2010 20). La
inicial, en su artículo 60 , determinó las reglas para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de sus beneficiarios
en los siguientes términos :
«[ …] JUBI LACI Ó N: El M unicip io de Palm ir a j ubil ar á a sus
Tr abaj ador es O f iciales y Ser vidor es P úblic os con veint e ( 20)
años de ser vicio al M unicip io, cont inuos o discont inuo s, y
cincuent a ( 50) años de edad con el ci en por cient o 100% del
pr om edio del salar io devengado en el últ im o año. [ …] ».
4.2. Análisis sustancial
4.2.1 ¿El señor Pedro Luis Sánchez Zapata tiene dere cho a que
le sea reconocida la pensión de jubilación de acuerdo con la
Convención Cole ctiva de Trabajo 2003 -2005, prorrogada hasta
el año 2010, suscrita entre el Municipio de Palmira y el
sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos de
ese ente territoria l, al haber cumpli do, presuntamente, con los
presupuestos contenidos en el pará grafo transitorio 3 del Acto
Legislativo 01 de 2005?
De conformidad con el marco normativo y las pruebas que obran en
el proceso, se concluye que (i) el instrumento convencional
19 F o l i o s 13 a 21
20 F o l i o s 22 a 25.
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invocado por el accionante, prevé el derecho a la pensión de
jubilación tanto a trabajadores oficiales como a empleados
públicos; (ii) en principio, se debe tener en cuenta que respecto de
éstos últimos , tienen restringida su p articipación en la n egociación
colectiva al tener una relación laboral de naturaleza legal y
reglamentaria que impide el ejercicio de la autonomía de la
voluntad de los extremos (por ser de reserva legal y estatutaria );
(iii) con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo
del principio de los derechos adquiridos, previó que existían
regímenes prestacionales contrarios a l ordenamiento superior , por
lo que preservó situaciones jurídicas de carácter individual que
fueron definidas con anterior idad a su entrada en vigor y en el
artículo 146 ibidem y, (iv), señaló que las prestaciones de origen
extralegal no reco nocidas, estarían condicionadas al cumplimiento
de los requisitos temporales allí descritos, hasta el 30 de junio de
1997.
En el sub judice se evidencia que para acceder a la pensión de
jubilación convencional contenida en la Convención Colectiva de
Trabajo 2003 -2005, prorrogada hasta el año 2010, suscrita entre el
Municipio de Palmira y el sindicat o de trabajadores oficiales y
empleados públicos de ese ente territoria l en su artículo 60, el
trabajador debía cumplir 50 años de edad y 20 años de servicio s
continuos o discontinuos.
Al verif icar la situa ción del demandante , se tiene que (i) se vinculó
al Municipio de Palmira de manera interrumpida desde el 11 de
febrero de 1980 , por lo que, (ii) para el 30 de junio de 1997 contaba
con 15 años, 6 meses y 19 días de servicios y, con 35 años de
edad, teniendo en cuenta que nació el 20 de noviembre de 1961 .
De conformidad con l o expuesto, el accionante se encuentra
excluido del amparo del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues
como ya se vio , para la fecha lím ite que consagró la citada
disposición no había cumplido con los requisitos exig idos en el
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artículo 60 de la convención colectiva y adicionalmente no se
encontraba vinculad o al ente territorial en comento en la
mencionada fecha , toda vez que se había desvinculado desde el 30
de agosto de 1995.
Ahora bien, es preciso resaltar que, como se advirtió en
precedencia, el Acto Legislativo 01 de 2005 no preservó ningún
derecho respecto de las reglas pensionales enlistadas en las
convenciones colectivas, toda vez que el propósito de tal
disposición fue justamente la pérdida de su vigencia «por ser un
foco de desigualdad y de inestabilid ad financiera para el sistema
pensional, a la luz de los principios constitucionales y legales que
gobiernan la seguridad social, en cuyo contexto encontramos el
derecho a la pensión de jubilación como una prestación derivada
de ésta, y no co mo una simple consecuencia de la relación laboral
cual sea su naturaleza».
Sobre el particular, se tiene que esta Corporación en un asunto de
similares contornos, señaló lo siguiente 21:
«[ …] no le asist e r azón al r ecur r ent e al pedir la aplicac ión de l act o
legis lat ivo 1 de 200 5, puest o que en su par ágr af o t r ansit or io 3º es
clar o en est ablecer que se r espet ar án las condiciones pens i onales
pact adas en convenciones colect ivas de t r abaj o, laudos o acuer dos
válid am ent e celebr a dos, est o es, con f orm e a la ley; em per o, com o
se dej ó anot ado en el acápit e pr ecedent e, la convención co l ect iva
invocada en la dem anda r esult a cont r ar ia a la pr ohibici ón legal
cont enida en e l C ódigo Su st ant ivo d el Tr abaj o ( ar t í culo 416) ,
consist ent e en la im posib il idad de pr esent ar pliegos de pet iciones
por par t e de los sindicat os de em plea dos públicos dest i n ados a
celebr ar convencio n es colect ivas de t r abaj o. »
Así las cosas, e l demandante no tenía configurado un derecho
adquirido o una expectativa legítima para acceder a l a prestación
en la forma solicitada al no haberse consolidado su situación
pensional antes del 30 de junio de 1997, en razón a que no quedó
convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y, por lo
21Sentencia del 20 de septiembre de 2019, expediente 3855 -16, consejero
Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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tanto, no tiene derecho a que se le reconozca y pag ue la prestación
que reclama en aplicación del instrumento convencional.
Se establece de manera clara que los reconocimientos pensionales
peticionados con base en la Convención Colectiva de Trabajo 2003 -
2005 -prorrogada hasta el año 2010 -, suscrita entre el Municipio de
Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados
públicos de ese ente territorial , solamente pueden quedar
convalidados en los términos del artículo 146 de la Ley 100 de
1993, sí y solo sí, se consolidaron hasta e l 30 de junio d e 1997, en
consideración a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma en
el nivel territo rial, esto es el 30 de junio de 1995 y en atención a
que el aparte de la norma que concedió el plazo adicional de dos
años para extender sus efectos de amparo, se declaró inexequible
por la Corte Constitucional a través de una sentencia con efectos
hacia futuro, proferida el 28 de noviembre de la citada anualidad
(C-410 de 1997) 22.
Bajo tal entendimiento, la Sala desestima el reproche esgrimido en
el recurso de apelación, en el sentido de dar aplicación al Acto
Legislativo 01 de 2005, pues es claro que aquel no convalidó los
regímenes convencionales en los que se beneficiaron empleados
públicos, dada precisamente la naturaleza de tal acto, que acogió
el respeto por las prohibiciones pre vistas en el artícu lo 416 del
Código Sustantivo de Trabajo.
Tampoco resulta aplicable la sentencia SU -555 de 2015 emitida por
la Corte Constitucional, pues contrario a lo señalado en el recurso
de apelación, allí no se analizó la situación particular en relación
con la pensión de jubilación extraleg al en virtud de la Convención
Colectiva 2003 -2005 suscrita entre el Municipio de Palmira y el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, sino que
tuvo por objeto el carácter vinculante de las recomendaciones de la
22 E n
el mismo sentido las sentencias de esta Sala: radicados internos 2223 -
2017 de 18 de junio de 2020 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y 2035 -2020
de 25 de abril de 2020, C.P. William Hernández Gómez.
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OIT aprobadas por el Consejo de Administración respecto de otras
entidades públicas.
5. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala de Subsección
concluye que el demandante no tiene derecho a que se le
reconozca la pensión de jubilación con fundamento en la
Convención Colectiva de Trabajo 2003 -2005, ratificada por 5 años
más 2005 - 2010 suscrita entre el Municipio de Palmira y el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de dicho
ente territorial, toda vez que su situación prestacional no quedó
convalidada al tenor de lo señalado por el artículo 146 de la Ley
100 de 1993, da do que no acreditó la totalidad de los requisitos
para acceder a aquella.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 25 de
septiembre de 2019 , proferida por el Tribunal Administ rativo del
Valle del Cauca.
6. Condena en costa s de segunda inst ancia
En lo que se refiere a las costas en segunda instancia, esta
Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 23, concluyó que en
vigencia de la Ley 1437 de 2011 la legislación avanzó de un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo. Objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas,
bien sea total o parcial o con abstención, según las regl as del
Código General del Proceso y, valorativo, en cuanto se requiere
que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del
proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o
temeridad de las partes.
23 R a d i c a d o interno 1291-2014, C.P. William Hernández Gómez.
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Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en
derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las
partes y varía según sea la parte vencida el empleador o el
trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Cons ejo
Superior de la Judicatura) la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en
materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en
su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas; que la
liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará
el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
En el presente caso, atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y
3 del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará
en costas a la parte demandante, toda vez que (i) no prosperaron
los argumentos del recurso de apelación , (ii) la sentencia apelada
será confirmada en todas sus partes y , (iii) la entidad demandada
intervin o en el trámite de esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 25 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada por PEDRO LUIS SÁNCHE Z ZAPATA
contra EL MUNICIPIO DE PALMIRA, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CO NDENAR en costas a la parte demandante, con
fundamento en las consideraciones expuestas.
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TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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