Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00080-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00080-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00080-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Demandado: Municipio de Palmira (Valle del Cauca)
Temas: Reconocimiento pensional de empleado público del nivel
territorial con base en convención colectiva de trabajo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 5 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Alonso Castro Sarasty, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes Oficios:
i) 2260-5100-0211 del 9 de junio de 2008 y ii) 22-58001 del 3 de marzo de 2009, por
medio de los cuales el municipio de Palmira negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación con fundamento en una convención colectiva de trabajo.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
i) reconocer y pagar la pensión de jubilación convencional, así como el pago del
retroactivo conformado por las mesadas adeudadas; ii) condenar al pago de los
intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) dar
cumplimiento a la sentencia dentro del término establecido en el artículo 176 del
CCA; iv) actualizar la condena respectiva en los términos del artículo 178 ibidem; y
v) condenar en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Alonso Castro Sarasty prestó sus servicios al municipio de Palmira desde
el 26 de mayo de 1980 (fecha en la cual tomó posesión del cargo como empleado
público en calidad de guarda bachiller en la secretaría de tránsito) hasta noviembre
de 2008.
ii) En el año 2008 cumplió los requisitos exigidos por el artículo 60 de la convención
colectiva de trabajo del municipio de Palmira para ser beneficiario de la pensión de
jubilación, esto es 50 años de edad y 20 de servicios. Al efecto realizó cotizaciones
a Colpensiones hasta el 31 de agosto de 1996, y desde septiembre de ese año
hasta noviembre de 2008 en el fondo de pensiones Porvenir.
iii) Por lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la prestación; sin embargo, a
través de los actos demandados la entidad negó la petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25, 29, 48, 49, 53, 125 de la Constitución
Política de Colombia; y la convención colectiva de trabajo
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1
1 Folios 46 a 56.
2
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
i) En la convención colectiva de trabajo del municipio de Palmira se incluyó la
posibilidad de conceder la pensión de jubilación a quienes alcanzaran cierta edad y
tiempo de servicio. El demandante satisfizo esos requisitos con los 28 años de
servicio y 50 años de edad, que cumplió en el año 2008. En el aludido acto se señaló
que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Además, la situación que
reguló fue convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
ii) Aunado al retiro del servicio del señor Castro Sarasty, este sufrió de otra
calamidad familiar con el fallecimiento de uno de sus hijos y el accidente del otro, lo
que le impidió adelantar el proceso contencioso a efectos de lograr el
reconocimiento que ahora depreca.
1.2. Contestación de la demanda
El municipio de Palmira (Valle del Cauca), por intermedio de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:2
i) El señor Alonso Castro Sarasty se vinculó con el municipio de Palmira mediante
una relación legal y reglamentaria por nombramiento efectuado a través del Decreto
111 del 21 de mayo de 1980, hasta el 18 de enero de 1993, en el empleo de guarda
bachiller de la Secretaría de Tránsito Municipal. Con posterioridad, se vinculó
nuevamente con la administración el 23 de marzo de 1994 en virtud del «Decreto
0135 del 2 de marzo de 1980», hasta el 23 de noviembre de 2011, en el cargo de
guarda bachiller de la Sección Técnica u Operativa adscrita a esa secretaría.
ii) Por lo anterior, la vinculación del demandante era en calidad de empleado público
y no de trabajador oficial, razón por la cual la convención colectiva del 15 de julio de
2005, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos
del municipio, no le es aplicable.
iii) Además, toda vez que el estatus del actor se consolidó el 2 de marzo de 2008,
2 Folios 149 a 156.
3
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
no resulta viable el reconocimiento pensional por virtud de la convalidación del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, ya que la situación jurídica no estaba definida
con anterioridad a su entrada en vigencia.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 5 de
agosto de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:3
i) A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995), más los dos
años contemplados en el artículo 146 ibidem, (30 de junio de 1997), el señor Alonso
Castro Sarasty no cumplía con el tiempo de servicio requerido por la convención
colectiva de la cual se pretende favorecer, teniendo en cuenta que esta exigía 20
años de servicio y él alcanzó 15 años, 10 meses y 29 días, lo que hace «inocuo
analizar el mismo factor con la modificación de la convención colectiva, donde se
exigen 22 años de servicios, es decir un tiempo adicional al ya estudiado».
ii) De otra parte, la convención colectiva del 15 de julio de 2005, no fue aportada y
no se acreditó su depósito, por lo que no puede ser tenida en cuenta por sustracción
de materia, aunado a que la adición a la convención colectiva resulta a todas luces
inconstitucional en virtud del Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005, que prohíbe
fijar reglas pensionales más favorables a las de la ley.
iii) Así las cosas, no resulta procedente el reconocimiento y pago de la mesada
pensional del actor conforme a las normas convencionales, por lo que la decisión
administrativa contenida en los oficios atacados se ajusta a la legalidad y, por tanto,
corresponde denegar las pretensiones incoadas.
1.4. El recurso de apelación
El señor Alonso Castro Sarasty, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
3 Folios 253 a 260.
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
apelación4 y lo sustentó así:
i) No se discute la calidad de empleado público del demandante, toda vez que esto
quedó evidenciado en la sentencia apelada, quien fungió como guarda de tránsito
y, al no pertenecer al grupo de empleados señalados en el artículo 2.2.2.4.1 del
Decreto 160 de 2014, puede beneficiarse de la convención colectiva aludida en la
demanda.
ii) La convención aportada con el escrito inicial era una prórroga de las anteriores,
«lo que significa que el vínculo laboral del señor Alonso Castro fue continuo e
ininterrumpido desde 1980 a 1993 y de 1994 a 2008 fecha de retiro de servicio
unilateral por parte del municipio de Palmira, el H Tribunal no realizó un estudio
profundo sobre los hechos de la demanda, como tampoco de las pruebas
aportadas». No fueron valorados los aportes al fondo de pensiones Porvenir en los
que se evidencia que el empleador era el municipio de Palmira y con lo que se
demuestra la vinculación laboral.
Además, si existía duda sobre el acuerdo celebrado, la autoridad judicial debió
oficiar a la entidad a efectos de remitir los documentos que echaba de menos. No
se entiende por qué se dice que no fue aportada la convención colectiva del 2005
«si estas están enumeradas el (sic) folio 19 a 24 de la demanda».
iii) El a quo no tuvo en cuenta las Sentencias SU-555 del 2014 y C-314 del 2004,
pues el demandante tenía una expectativa legítima estructurada en un derecho
adquirido y por ser un sujeto de especial protección constitucional, en tanto padecía
cáncer de próstata metastásico. Aunado a ello, el señor Castro Sarasty no superó
la fecha fijada en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, alcanzó su estatus antes
del 31 de julio de 2010.
iv) El Tribunal debió considerar que su vida laboral «continuó hasta octubre de 2008
y era parte de la convención colectiva del 2005 y no determinar que para 1997 […]
no había cumplido con el status exigido por la convención colectiva».
4 Folios 266 a 274.
5
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
La parte demandante, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo
introductorio y en el recurso de alzada.5 Asimismo, solicitó el reconocimiento de
personería por virtud de la sucesión procesal de la señora Luz Dary Rondón
Aldaban en calidad de cónyuge supérstite del señor Alonso Castro Sarasty, por
razón de su fallecimiento.
1.5.2. La demandada
El municipio de Palmira (Valle del Cauca), por intermedio de su apoderado, solicitó
confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la
contestación de la demanda.6
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto, según se desprende de
la constancia secretarial del 8 de abril de 2022.7
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor Alonso Castro Sarasty, en calidad de
empleado público del nivel municipal, tiene derecho al reconocimiento y pago de
una pensión convencional al amparo de lo dispuesto en los artículos 48 de la
Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; y 146 de la Ley
100 de 1993.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial
5 Índices 36, 37 y 42, del aplicativo Samai.
6 Índice 45, del aplicativo Samai.
7 Folio 321.
6
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
En vigencia de la Carta Política de 1886, el Acto Legislativo 01 del 11 de diciembre
de 1968 asignó al Congreso de la República la competencia exclusiva para fijar el
régimen prestacional de los empleados públicos y autorizó al presidente de la
república para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional. A partir
de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen prestacional de los
empleados del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley. Al
respecto, señala el numeral 19, literales e) y f del artículo 150 superior:
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la fuerza pública
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
A su turno, la Ley 4.ª de 1992, dispone en sus artículos 10 y 12:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado
por el Gobierno nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la
presente Ley.
Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo
de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Se sigue de lo anterior, que compete al Congreso de la República dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos; es decir, que se presenta una competencia compartida entre
el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el
Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros
generales conforme a los cuales el Gobierno nacional habrá de fijar todos los
elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados
públicos. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f) de la Constitución Política.
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que las entidades del orden territorial
carecen de competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con
fundamento en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al
ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como
ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos
públicos, nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los
empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
En cuanto al último aspecto mencionado, es del caso precisar que si bien el artículo
55 de la Constitución Política8 garantiza el derecho de negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, dicha prerrogativa admite excepciones legales
como la misma norma lo prevé. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las excepciones al derecho a la
negociación colectiva, a que hace referencia el referido artículo, es precisamente el
caso de los empleados públicos, en virtud de la naturaleza legal y reglamentaria de
su relación y la trascendencia de su misión en la preservación de los intereses
públicos. Sobre el particular, precisó lo siguiente:
La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre
presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene
sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación
colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se
considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa.
Posteriormente, en la Sentencia C-1234 de 2005, mediante la cual se analizó la
exequibilidad del primer aparte del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, 9
la Corte Constitucional señaló que la imposibilidad de los empleados públicos de
presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no pugna con el
orden constitucional, en tanto que el derecho a la negociación colectiva no se ciñe
únicamente a la posibilidad de celebrar ese tipo de acuerdos, sino que comprende
8 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales,
con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la Sala].
9 «Articulo 416. Limitación de las funciones. <Texto subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los
sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar
convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las
atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los
mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
un mayor campo de acción a través de diversas figuras que sí pueden ser utilizadas
por los empleados públicos.
Adicionalmente, reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente
establecidas para determinar las condiciones laborales de quienes están vinculados
al Estado mediante una relación legal y reglamentaria y exhortó al legislador para
que regulara los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el
propósito de materializar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites
que comporta la naturaleza de su vinculación con el Estado.
Al respecto, en la aludida sentencia, la Corte precisó que los Convenios 151 y 154
de la OIT, incorporados a la legislación interna a través de las Leyes 411 de 1998 y
524 de 1999 establecen en forma clara que la expresión «negociación colectiva»
comprende todas aquellas «que tienen lugar entre un empleador, un grupo de
empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una
parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores», es decir, que
se trata de una enumeración más variada y amplia del contenido de la expresión y,
en consecuencia, los conflictos que se susciten con motivo de las condiciones de
empleo de los servidores públicos pueden solucionarse en forma concertada
mediante procedimientos independientes e imparciales.
En tal sentido concluyó lo siguiente respecto de los empleados públicos: i) tienen
derecho a realizar negociaciones colectivas, pues gozan del ejercicio del derecho
de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y tenidos en cuenta,10 con el objeto
de alcanzar una concertación voluntaria y libre de las condiciones de trabajo, a fin
de garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan; y ii) si bien
no gozan de los plenos derechos de asociación y convención colectiva, como ocurre
con los trabajadores oficiales, la Constitución y los Convenios sí les permiten
participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se
entienda que –en última instancia– la decisión final corresponde al Gobierno
10 La excepción al goce de tal derecho solo comprendería a servidores de «alto nivel que tengan
poder decisorio o desempeñen cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de
naturaleza altamente confidencial». Además, se excluye a las fuerzas armadas por expresa
prohibición constitucional (artículos 39 y 218 de la Carta).
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Demandante: Alonso Castro Sarasty
nacional.
Es así que el presidente de la República expidió el Decreto 160 de 2014, 11 con el
fin de regular el procedimiento para la negociación entre autoridades y empleados
públicos. En la aludida norma se establecen, entre otras, las materias objeto de
negociación y las que están excluidas de este; las reglas, los términos y las etapas
del proceso; así como el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo.
Como corolario de lo anterior, los empleados públicos no gozan de un derecho pleno
a la convención colectiva, ni tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones;
lo que no quiere decir que estén impedidos para hacer uso de otros medios de
concertación, voluntaria y libre, que les permitan participar en la toma de las
decisiones que los afectan, en ejercicio del derecho a la negociación colectiva
reconocida en los convenios 151 y 154 de la OIT y en la Sentencia C-1234 de 2005,
esto es, sin trasgredir la facultad exclusiva que ostentan el Congreso de la República
y el Gobierno nacional para fijar las condiciones salariales y prestacionales.
2.2.2. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
No obstante lo dicho en relación con la competencia privativa del Congreso de la
República compartida con el Gobierno nacional, para establecer el régimen
prestacional de los empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes
prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior. Fue así como el
legislador, consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos
laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en
desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos.
En ese sentido, el artículo 146 de la ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones
jurídicas de carácter individual, consolidadas bajo el amparo de la legislación
11 «Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo
relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de
empleados públicos».
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preexistente, no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en
vigencia de la nueva ley. Particularmente, el citado artículo dejó a salvo las
situaciones pensionales individuales definidas con fundamento en disposiciones
municipales o departamentales, en virtud de la intangibilidad de los derechos
adquiridos. Al respecto, la aludida norma señala:
Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas
con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales
en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores
públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido <o cumplan dentro de los dos
años siguientes>12 los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se
refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
Respecto de la constitucionalidad del artículo citado, se pronunció la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-410 de 1997, en los siguientes términos:
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según
el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores».
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos
comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido
bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no
pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que
caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las situaciones
jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[...]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos
y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de
esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme
a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el
cumplimiento de su función.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993,
12 Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-410 de 1997.
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las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 protegió los derechos
pensionales adquiridos con fundamento en regímenes pensionales territoriales, con
anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal; así mismo, estableció que
quienes previo a su entrada en vigor, cumplieran con los requisitos para pensionarse
conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí
determinadas. Entonces, para el caso concreto, en consideración a que la Ley 100 de
1993 entró a regir en el sector territorial a partir del 30 de junio de 1995, la situación
particular definida con anterioridad a esa fecha, debe ser respetada.
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 2011,13 señaló:
En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos, que las
disposiciones del orden territorial, como Decretos Ordenanzas, regulaban, sin competencia,
el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que se refiere a las
convenciones colectivas, regulaban la aplicación sólo para los trabajadores oficiales y no
para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos,
los saneó el legislador.
La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y
consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían
autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones
precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le
correspondía al legislador.
[...]
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes
para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue
convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley
100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la
Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e integridad del
ordenamiento superior.
Es importante destacar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, radicado 2434-
10, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibídem estableció que entraría a regir
a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones
particulares que se definieron con antelación a esa fecha deben ser respetadas; sin
embargo el artículo 146 permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años
siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social, no obstante, este
aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-410
de 1997 antes mencionada.
Pese a lo expuesto, esta Corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos
respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de
junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley
270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos
hacia futuro, y comoquiera que la decisión no moduló sus efectos quedaron
amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con
base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997
o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el SGSS en cada entidad territorial.
Así se concluyó en la sentencia del 7 de octubre de 2010:14
[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o
adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales
o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto
en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del
30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria
de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los
efectos de la misma.[…]
2.2.3. Efectos del Acto legislativo 01 de 2005 en materia pensional
El artículo 48 de la Constitución Política fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de
22 de julio de 2005 en los siguientes términos:
El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional,
respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar
la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas".
14Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010,
Radicación: 1484-09 Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila.
13
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de
acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor
de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho".
"Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones
que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y
sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez
o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones".
"En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos".
"Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de
vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General
de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de
lo allí establecido".
"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al
salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que
se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a
personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener
derecho a una pensión".
"A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni
exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a
lo establecido en los parágrafos del presente artículo".
"[…]".
"La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas
con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados".
"Parágrafo 1º. […]".
"Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse
en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones
pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones".
"Parágrafo transitorio 1º. […]".
"Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a
los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los
parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los
exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las
leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia
de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o
acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.
En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto
Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más
favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia
el 31 de julio de 2010".
"Parágrafo transitorio 4º. […]".
"Parágrafo transitorio 5º. […]".
"Parágrafo transitorio 6º. […]".
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.
14
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Dentro de la exposición de motivos plasmada en la Gaceta 385 de 27 de julio de
2004 de la Cámara de Representantes, se consagró que la finalidad en la
expedición del citado acto legislativo, fue hacerle frente a los graves problemas que
se presentan en materia de financiación del pasivo pensional y buscar criterios para
asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Respecto de
las convenciones colectivas, se dijo lo siguiente:
[...] el artículo 48 de la Constitución Política estableció que la seguridad social se prestaría
con arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Bajo estos principios la
Ley 100 de 1993 organizó el Sistema General de Pensiones. Para lograr una armonía en
materia pensional, la Ley 100 de 1993 al desarrollar el precepto constitucional, previó
claramente el respeto de los derechos adquiridos "conforme a disposiciones normativas
anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo", pero igualmente dejó claro que ello era
"sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste a las partes y que el tribunal de
arbitramento dirima las diferencias entre las partes". Lo anterior con el claro propósito que
las convenciones y pactos colectivos se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y al
hecho de que la pensión ya no puede considerarse simplemente una consecuencia de una
relación laboral sino una prestación derivada del régimen de seguridad social organizado por
el legislador.
Sin embargo, dado que la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación
colectiva, con las excepciones previstas en la ley, no se ha podido lograr el propósito de la
Ley 100, expresado en su artículo 11, pues aún existe la posibilidad de continuar
estableciendo reglas particulares en materias pensionales, por lo cual y a pesar de que la
Corte Suprema de Justicia ha afirmado reiteradamente que los beneficios pensionales deben
armonizarse con la Ley 100 de 1993, no solamente no se han armonizado las
convenciones colectivas con la ley, sino que se siguen suscribiendo convenios en los
que las entidades se obligan a asumir directamente nuevas obligaciones pensionales,
privilegiando a ciertos servidores y rompiendo la igualdad que quiso el Constituyente
imprimirle al régimen de seguridad social.
En efecto, la universalidad del régimen de seguridad social, según la Corte Constitucional
presupone la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación,
en todas las etapas de la vida y esa garantía sin discriminación solamente puede ofrecerla
un sistema unificado que no pueda ser variado por voluntad de un sector de sus titulares.
Por lo anterior, y con el fin de lograr el propósito que inspira el artículo 48 de la Constitución
Política es necesario establecer claramente que el régimen pensional no se encuentra dentro
del ámbito de la negociación colectiva.
Lo anterior es además particularmente imperioso si se tienen en cuenta no solo los principios
que deben regir el sistema de seguridad social sino también las consecuencias económicas
de la situación actual.
En efecto, uno de los elementos fundamentales para el diseño, implementación y desarrollo
de un sistema pensional lo constituyen sus soportes económicos y financieros. Desde este
punto de vista los regímenes pensionales de origen convencional han representado, y si no
se corrige la situación actual continuarán haciéndolo, un considerable esfuerzo para las
finanzas públicas y privadas para el desarrollo y crecimiento de la economía.
15
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
De hecho, se están destinando a financiar regímenes pensionales especiales cuantiosos
recursos que podrían dirigirse a ampliar la cobertura del sistema general de seguridad social
y a incrementar la inversión social o a generar mayor desarrollo del país. [Resalta la Sala].
De conformidad con lo reseñado, se tiene que en el sector público se han
establecido regímenes pensionales convencionales sin delimitar los efectos nocivos
para la sostenibilidad del sistema y de las propias entidades que han puesto en
peligro su propia existencia, razón por la cual se señalaron varias directrices en aras
de la preservación de las futuras pensiones.
En razón a lo expuesto y como lo ha señalado esta Corporación en la sentencia del
1.º de junio de 201715 «el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene
que ver con la sostenibilidad financiera del sistema pensional, poniéndolo a tono
con el esquema incorporado con la Ley 100 de 199316, que buscó unificar las reglas
pensionales aplicables para todos los trabajadores del país sin distinguir la
naturaleza jurídica de sus relaciones laborales» [Resaltados del texto original].
En cuanto a las convenciones colectivas, la providencia previamente señalada
expuso que «teniendo en cuenta que desde antaño han regido situaciones
pensionales no solo de los trabajadores oficiales, sino también de los empleados
públicos, la modificación considerable se encuentra en que dichas reglas debían
desaparecer, estableciendo además que a partir de la promulgación del acto
legislativo no podían celebrarse nuevos pactos colectivos con condiciones más
favorables indistintamente de sus destinatarios. Sin embargo, debían subsistir por
virtud de la noción de los derechos adquiridos hasta el término inicialmente pactado
sin que exceda del 31 de julio de 2010». En ese orden, se tiene que los regímenes
convencionales a partir de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, estaban
destinados a perder su vigencia.
2.3. Hechos probados
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de junio de 2017, radicado
76001-23-33-000-2014-01231-01(3787-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
16
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
El 2 de marzo de 1958, nació el señor Alonso Castro Sarasty, tal y como consta en
el registro civil de nacimiento y en la copia de su cédula de ciudadanía.17
El 21 de mayo de 1980, el demandante tomó posesión del empleo de guarda
bachiller en la Secretaría de Tránsito del municipio de Palmira (Valle del Cauca).18
El 1.º de abril de 2006, la secretaria de servicios administrativos de la entidad
territorial certificó que el actor presta sus servicios como agente de tránsito 12, en
propiedad, desde el 23 de marzo de 1994 hasta la fecha de elaboración de la
constancia.19
De acuerdo con el certificado expedido por el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir, el señor Castro Sarasty cotizó 747 semanas en el régimen de prima media
y 612 en el de ahorro individual con solidaridad y acumuló un capital total de
$ 115.107.443. En este documento se indicó que el empleador era el municipio de
Palmira.20
En el expediente obra un reporte expedido por Colpensiones, según el cual el señor
Castro Sarasty realizó cotizaciones desde el 21 de mayo de 1980 hasta el 31 de
agosto de 1996, cuyo empleador era el municipio de Palmira.21
El 15 de febrero de 2008, el señor Castro Sarasty solicitó al alcalde del municipio
demandado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Convención Colectiva de Trabajadores del
Municipio de Palmira.22
17 Folios 5 y 6.
18 Folio 3.
19 Folio 4.
20 Folios 13 a 21.
21 Folios 22 y 23.
22 Folio 7.
17
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
El 9 de junio de 2008, mediante el Oficio 2260-51001-0211 suscrito por la secretaria
de servicios administrativos y la coordinadora de Talento Humano de la entidad
demandada, se denegó la petición anterior con fundamento en que de conformidad
con lo establecido en la Constitución Política, las Leyes 4 de 1992 y 100 de 1993 y
el Decreto 1919 de 2002, «los empleados públicos del nivel territorial para obtener
el beneficio de pensión deben acudir al Fondo de Pensiones al cual se encuentran
afiliados para su reconocimiento».23
El 3 de marzo de 2009, la secretaria de despacho de la Secretaría de Desarrollo
Institucional del municipio de Palmira emitió el Oficio 2260-58001, por el cual negó
la solicitud de reconocimiento pensional con fundamento en que la petición fue
resuelta de fondo a través del acto anterior.24
El 2 de septiembre de 2016, el señor Castro Sarasty solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.25 En el expediente no obra
documento alguno que permita establecer si la entidad dio respuesta a esta petición.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que dentro del expediente se encuentra probado que el señor Alonso Castro Sarasty
se vinculó al municipio de Palmira el 21 de mayo de 1980, fecha en la cual se
posesionó en el empleo de guarda bachiller.
El actor solicitó al municipio de Palmira el reconocimiento de la pensión de
jubilación, por considerarse beneficiario de la condición prevista en el artículo 60 de
la convención colectiva de trabajo «que a la letra dice: Que todo servidor público se
jubilará con 20 años de servicios y 50 años de edad».26 Al respecto valga precisar
23 Folio 8.
24 Folio 10.
25 Folios 33 a 35.
26 Así lo señala el demandante en la reclamación administrativa. Folio 9.
18
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
que tal y como lo señaló el a quo, con la demanda no se aportó la aludida
convención, sino que se allegaron los siguientes documentos:
i) Copia del Acuerdo 08 del 15 de mayo de 1981, por medio del cual el Concejo de
Palmira resolvió lo siguiente:27
El Municipio de Palmira, continuará pagando a los extrabajadores y exempleados que hayan
sido jubilados o que se jubilen al servicio del mismo, las pensiones de jubilación a que tienen
derecho conforme lo hizo hasta el mes de septiembre del presente año.
ii) Copia del Acta de Acuerdo entre el municipio de Palmira y el Sindicato de
Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Palmira del 15 de
julio de 2005, que previó lo siguiente:28
1. Vigencia:
La Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de
Trabajadores Oficiales y empleados públicos, tendrá una vigencia a partir del 19 de
Noviembre del 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2010.
[…]
4. Jubilación: (igual redacción del artículo 60º, sus parágrafos y literal de la CCTV) y se le
adiciona:
Para efectos del beneficio establecido en el artículo 60 de la Convención Colectiva de Trabajo
vigente, tendrán derecho a jubilarse únicamente quienes a la fecha de la firma del presente
acuerdo de voluntades se encuentren vinculados a la administración municipal y hasta el 31
de diciembre de 2010 cumpliere 22 años de servicio sin tener en cuenta la edad.
Por el servicio continuo o discontinuo en la entidad territorial se le reconocerá como pensión
de jubilación del 100 % del promedio del salario en el último año y para quienes hallan (sic)
compartido dicho tiempo con otras entidades del estado se le reconocerá el 75 % del salario
devengado en el último año.
De conformidad con lo expuesto, se advierte que contrario a lo señalado en el
recurso de apelación la convención colectiva de la que pretende beneficiarse el
demandante no fue debidamente incorporada al presente trámite. Ello, si se tiene
en cuenta que no se aportó ni se solicitó con la demanda, tal y como quedó
evidenciado en la audiencia inicial,29 etapa en la cual el demandante guardó silencio
frente al decreto de pruebas. Aunado a lo anterior, si bien este solicitó su
incorporación en sede de segunda instancia, esta Sala, mediante auto del 21 de
27 Folios 29 a 31.
28 Folios 24 a 28.
29 Folios 172 a 177.
19
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
junio de 2021, denegó la petición por no cumplir con las causales establecidas en
el artículo 212 del CPACA.30
Al margen de lo anterior, la Sala advierte, de los documentos debidamente
incorporados, que la aludida convención desconoció lo dispuesto en la ley y en la
jurisprudencia citada en líneas anteriores, al encontrarse acreditado que usurpó las
competencias que tiene asignadas el legislador de manera exclusiva respecto de
las condiciones de ingreso, permanencia, retiro del servicio y el régimen salarial y
prestacional que se aplica a los empleados públicos del nivel territorial.
Si bien el legislador, consciente de que existían regímenes prestacionales contrarios
al ordenamiento superior y con el fin de amparar derechos laborales consolidados,
preservó las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del mandato
constitucional que ampara los derechos adquiridos, lo cierto es que dispuso, en el
artículo 146, que las prestaciones de origen extralegal no reconocidas estarían
condicionadas al cumplimiento de los requisitos temporales allí descritos hasta el
30 de junio de 1997.
Al verificar la situación del demandante, se tiene que laboró con el municipio de
Palmira desde el 21 de mayo de 1980 hasta el 18 de enero de 199331 (12 años, 7
meses y 28 días) y luego se vinculó nuevamente el 23 de marzo de 1994,32 por lo
que para el 30 de junio de 1997 acreditó 15 años, 11 meses y 5 días de servicio y
39 años de edad. Esta circunstancia lo excluye del amparo del artículo 146 aludido,
pues como ya se indicó para la fecha límite que consagró la disposición no había
cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 60 de la Convención Colectiva
tantas veces mencionada, modificada por el Acuerdo celebrado entre el municipio
de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos el 15 de
julio de 2005.
30 Folios 314 a 316.
31 Tal y como consta en el certificado expedido por la coordinadora de recursos humanos del ente
territorial. Folio 145.
32 En el empleo de guarda bachiller, según acta de posesión 103. Folio 144.
20
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Ahora bien, es preciso resaltar que de conformidad con los antecedentes expuestos
en el marco normativo de esta providencia, el Acto Legislativo 01 de 2005, no
preservó ningún derecho respecto de las reglas pensionales enlistadas en las
convenciones colectivas, toda vez que el propósito de tal disposición fue justamente
la pérdida de su vigencia «por ser un foco de desigualdad y de inestabilidad
financiera para el sistema pensional, a la luz de los principios constitucionales y
legales que gobiernan la seguridad social, en cuyo contexto encontramos el derecho
a la pensión de jubilación como una prestación derivada ésta, y no como una simple
consecuencia de la relación laboral cual sea su naturaleza».33
En efecto, esta Sala ha señalado que «el Acto Legislativo 01 de 2005 no convalidó
los regímenes convencionales en los que se beneficiaron empleados públicos, pues
precisamente la naturaleza de tal acto, acogió el respeto por las prohibiciones
previstas en el artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo»,34 por no haber sido
«válidamente celebrados» como lo prevé el parágrafo transitorio 3 de la norma
referida. Sobre el particular, se tiene que esta Corporación en un asunto de similares
contornos, señaló lo siguiente:35
[…]no le asiste razón al recurrente al pedir la aplicación del acto legislativo 1 de 2005, puesto
que en su parágrafo transitorio 3º es claro en establecer que se respetarán las condiciones
pensionales pactadas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente
celebrados, esto es, conforme a la ley; empero, como se dejó anotado en el acápite
precedente, la convención colectiva invocada en la demanda resulta contraria a la prohibición
legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 416), consistente en la
imposibilidad de presentar pliegos de peticiones por parte de los sindicatos de empleados
públicos destinados a celebrar convenciones colectivas de trabajo. [Subrayas del original].
Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia apelada toda vez que el
demandante no es beneficiario de la pensión convencional, bajo el amparo de lo
dispuesto en los artículos 48, parágrafo 3 transitorio de la Constitución Política,
adicionado por el Acto legislativo 01 de 2005, ni del 146 de la Ley 100 de 1993.
33 Ibídem página 19
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 21 de junio de 2018, radicado
76001 23 33 000 2014 01277 01 (3250-17), y sentencia del 18 de junio de 2020, radicado 76001 23
33 000 2014 01278 01 (2223-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de septiembre de 2019,
radicado 76001 23 33 000 2014 01280 01(3855-16), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Finalmente, debe señalarse que si bien la pretensión objeto de análisis en el sub
judice no está llamada a prosperar, el señor Alonso Castro Sarasty puede dirigirse,
si así lo considera, al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado para solicitar
el reconocimiento del derecho pensional que le corresponda según el régimen al
cual pertenezca.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,36 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001 23 33 000 2013 00022 01
(1291-2014), M.P William Hernández Gómez.
22
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,37 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación que interpuso fue resuelto en forma desfavorable y que el ente territorial
demandado presentó alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que el señor Alonso Castro Sarasty no
es beneficiario de la pensión convencional, bajo el amparo de lo dispuesto en el
parágrafo 3 transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el
Acto legislativo 01 de 2005, ni del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 5 de agosto de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda, en
el proceso promovido por el señor Alonso Castro Sarasty, contra el municipio de
Palmira (Valle del Cauca), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
37 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
23
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00080 01 (1065-2020)
Demandante: Alonso Castro Sarasty
Tercero. Reconocer personería al abogado Alexis Suárez Cardona como
apoderado de la parte actora, en los términos del poder visible a índices 36 y 37 del
aplicativo Samai.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
24
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