Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-01345-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2 022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2014 01 345 (2229 -2020)
Demandante: CARLOS LAUREANO JARAMILLO ENRÍQUEZ.
Demandado: Municipio de Palmira.
Temas: Reconocimiento pensión convencional.
Competencia para fijar el régimen prestacional de
los empleados públicos de las entidades
territoriales. Posibilidad de los servidores públicos
de beneficiarse de las convenciones colectivas del
trabajo. Situaciones pensionales consolidadas
que ampara el artí culo 146 de la Ley 100 de 1993.
Acto Legislativo 01 de 2005. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 10 de septiembre de 2019 , proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
El señor Carlos Laureano Jaramillo Enríquez , en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:
1.1. Pretensiones
La nulidad de l oficio 1141.1.8 .207 del 14 de julio de 2014 suscrito
por el alcalde municipal de Palmira, por medio del cual, denegó el
1 Folios
33 a 47.
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, en adelante
CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Carlos Laureano Jaramillo Enríquez
reconocimiento de la «pensión de jubilación extralegal» .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó condenar a la demandada a: (i) reconocer y
pagar la pensión de jubilación convencional a partir del 1 de julio
de 2009, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% de la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicios, con los respectivos re ajustes legales y con la
actualización mes a mes de acuerdo al IPC, con la inclusión de la
mesada adicional de junio; (ii ) pagar las costas del proceso .
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
El demandante relató que (i) la señora Liliana Benalcázar Baena,
en calidad de causante del derecho pensional, prestó sus servicios
al Municipio de Palmira por más de 22 años; (ii) el 3 de mayo de
2013 elevó petición tendiente al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación «extralegal» efectiva a partir del 1 de julio de
2009, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% del
promedio del salario devengado en el último año de se rvicio, por
ser beneficiaria de la Convención Colectiva 2005 -2010 suscrita
entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores
Oficiales y Empleados Públicos de la entidad territorial , de
conformidad con el parágrafo 3 transitorio del Acto Legislativo 01
de 2005; (iii) la solicitud fue denegada por medio del oficio
1141.1.8.207 del 14 de julio de 2 014 , suscrito por el alcalde
municipal de Palmira (Valle del Cauca ).
La señora Liliana Benalcázar Baena falleció el 15 de mayo de 2013
y su derecho pensional lo adquirieron su cónyuge supérstite, el
señor Carlos Laureano Jaramillo Enríquez y su menor hija Ana
María Jaramillo Be nalcázar.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El demandante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: artículos 48 y 58 de la Constitución Po lítica y el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 .
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Demandante: Carlos Laureano Jaramillo Enríquez
Al exponer el concepto de violación, sostuvo que la causante es
beneficiaria de la Convención Colect iva suscrita entre e l Municipio
de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados
Públicos del Municipio de Palmira y p or lo tanto debe darse plena
aplicabilidad a lo establecido en el parágrafo transitorio 3 del Acto
Legislativo 01 de 2005 que mantuvo las reglas de carácter
pensional vigentes a la fecha de su promulgación y hasta el 31 de
julio de 2010.
Conforme a lo anterior, solicitó anular el acto demandado y, en
consecuencia, reconocer la pensión de jubilación ex tralegal por
haber cumplido con los requisitos p ara acceder a ella, es decir,
más de 22 años de servicios sin tener en cuenta la edad , tal y como
se estableció en el artículo 60 de la mentada Convención Colectiva .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA
El Municipio de Palmira 3 se opuso a las pretensiones por
considerar que no le asiste el derecho que reclama .
Adujo que las normas citadas no le son aplicables a la causante,
en su calidad de empleada pública, pues se encuentra sometida a
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución que señala que estos no pueden celebrar
convenciones colectivas , por lo que no es posible reconocerle el
beneficio convencional que señala.
Propuso las ex cepciones de (i) carencia de derecho para
demandar; (ii) ca rencia de los requisitos para que se configure el
derecho a la sustitución pensional y, (iii) la genérica o innominada.
3. AUDIENCIA INI CI AL 4
El 24 de agosto de 2017 , el Tribunal Administrativo de l Valle del
Cauca celebró au diencia inicial en la que determinó que (i) no
existe ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere
3 Folios 73 a 87.
4 Folios 105 a 107. CD a folio 108.
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nulidad; (ii) no ha y lugar a pronunciamiento sobre excepciones
previas, toda vez que la demandada no las propuso y n o encontró
ninguna que deba ser tramitada de oficio y, (iii) delimitó el problema
jurídico, en los sig uientes términos:
«[ …] consist e en est ablecer si el se ñor CARLO S LAU R EANO
JARAM I LLO ENRI Q UEZ t ien e der echo a que se le r econ ozca y
pague la pensión de j ubilación al 100% y t eniendo en cuenta t odos
los f act or es salar ial es per cibidos en el ú lt im o año de ser vicio s, con
f undam ent o en la Convención Co lect iva suscr it a par a el per iodo
2005 – 2010. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5
El 10 de septiembre de 2019 , el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda con sustento en lo
siguiente:
(i) Como consideración previa, precisó las pretensiones, de la
siguiente manera : (a) el reconocimient o de la pensión de jubilación
a la que en vida tendría derecho la señora Liliana Benalcázar
Baena, a partir del 1 de julio de 2009, fecha en la cual cumplió los
requisitos para ser beneficiaria de la prestación y, (b) el
reconocimient o de la pensión de su stitución pensional al señor
Carlos Laureano Jaramillo Enríquez y a su hija menor, en calidad
de beneficiarios, teniendo en cuenta que la señora Liliana
Benalcázar Baena, falleció el 15 de mayo de 2013.
(ii) Atendiendo lo anterior, respecto a la primera pretensión,
sostuvo que (a) e l demandante no había agotado la actuación
administrativa en nombre propio y en representación de su hija,
pues no realizó petición a la entidad demandada relativa al
reconocimiento de la sustitución pensio nal y, por lo tanto, la
administración no se ha pronuncia do al respecto , siendo ello un
requisito indispen sable para acudir al presente mecanismo de
control; (b) por lo anterior, declaró probada la excepción previa de
ineptitud sustantiva de la demanda frente a ese tema .
5 Folios 300 a 314.
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(iii) Respecto al reconocimiento de la pensión de jubilación
convencional de la señora Liliana Benalcázar Baena, consideró lo
siguiente:
Luego de realizar el recuento normativo relativo a l derecho que
reclama y con base en las pruebas aportadas , concluyó que la
señora Liliana Benalcázar Baena, a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995), más los dos años
contemplados en el artículo 146 ibidem, no cumplía con el tiempo
de servicios reque rido en la convención –20 años–, toda vez que,
para el 30 de junio de 1997, solamente había acumulado 10 años
de servicio, por lo que la decisión administrativa contenida en el
oficio 1141.1.8.207 del 14 de julio de 2014, se encontraba ajustad a
a la legalidad.
Se refirió también a la aplicación d el parágrafo transitorio 3 del
Acto Legislativo 0 1 de 2005 , cuyo objeto fue el de proteger los
derechos adquiridos y expectativas legítimas de quienes eran
beneficiarios de las convenciones colectivas existentes antes de su
entrada en vigencia, el 22 de julio de 2005, y aclaró que, si bien
puede interpretarse una aparente derogatoria del artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, lo cierto es que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, los sindicatos de
empleados públicos no pueden presentar pliegos ni celebra r
convenciones colectivas y en tal medida, todas las convenciones
territoriales perdie ron vigencia después del 30 de junio de 1997 y
así lo ha señalado el Consejo de Estado en reit erada
jurisprudencia.
(iv) Por lo anterior, y no habiendo acreditado los requisitos
pensionales antes del 30 de junio de 1997, no le resultan aplicables
los términos previstos en el acto legislativo.
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5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y solicitó que esta sea revocada y
se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en
las siguientes razones:
(i) El artículo 55 superior es claro en garantizar el derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las
excepciones que contempla la ley, ésta última circunstancia
conforme a lo previsto por el parágrafo 3 transitorio del Acto
Legislativo 01 de 2005, que convalid ó las convenciones colect ivas
celebradas antes del 31 de julio de 2010, disposición que adicionó
el artículo 48 de la Constitución Política.
(ii) No es cierto q ue el artículo 150 de la Constitución Política
otorgara facultades exclusivas al Congreso para el tema
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales,
pues, la adición del parágrafo transitorio terce ro del Acto
Legislativo 01 de 2005 convalidó, precisamente, las reglas
pensionales que regían a la fecha de su promulgación y las
prorrogó hasta el 31 de julio de 2010. Aseveró , que esta última
goza de prevalencia por tratarse de una norma de carácter
constitucional , respecto de lo dispuesto en el artículo 416 del
Código Sustantivo del Trabajo , así como de los artículos 10 y 12
de la Ley 4 de 1992 .
(iii) Cuando el legislador condicionó las convenciones que tuvieran
vigencia al 31 d e julio de 2010, no distinguió la clase de
convenciones a las que hacía referencia, por lo que no es posible
afirmar que se refiere a la prohibició n respecto de los empleados
públicos y agregó que la expresió n « válidamente celebrados»
refiere a que no hayan sido denunciadas.
6 Folios 157 a 164
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(iv) El fallo no se pronunció respecto de la «sentencia de
unificación de la Corte Constitucional 555 del 24 de julio de 2014 »,
la cual establece q ue, para reconocer las pensiones de jubilación
con base en las convenciones colectivas en aplicación del
parágrafo transitorio, se deben cumplir lo siguientes req uisitos: (i)
que los acuerdos convencionales se hayan suscrito a ntes de la
fecha de promulgación d el mencionado acto legislativo; (ii) que
sean válidamente celebrados y, (iii) que su vigencia no vaya más
allá del 31 de julio de 2010, requisitos que cumple la Convención
Colectiva 2003 – 2005 suscrita entre el Municip io de Palmira y el
Sindicato de Traba jadores Oficiales y Empleados Públicos,
prorrogada y adicionada el 15 de julio de 2005 .
(v) Antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 0 1 de 2005
–29 de julio de 2005 –, ya se había suscrito el acta del acuerdo
convencional y, por tanto , resulta procedente el reconocimiento de
la pensión de jubilación solicitada a partir del 1 de julio de 2009 , la
cual, no va más allá del 31 de julio de 2010 , tal como lo exige la
disposición aplicab le.
(vi) De las pruebas allegadas se encuentra probado que la señ ora
Liliana Benalcázar Baena prestó sus s ervicios a la Alcaldía
Municipal de Palmira por 22 años y 4 días, al 30 de junio de 2009,
siendo beneficiari a de la prestación solicitada por cumplir con los
requisitos previsto s en el artículo 60 de la Convención Colectiva
2003-2005 relacionada .
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6.1 La parte demandante 7 reiteró los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación.
6.2 La parte demandada 8 reiteró los argumentos del escrito de
contestación y solicitó «negar las peticiones de la demanda» .
7 Memorial allegado vía correo electrónico, visible a índice 13 en SAMAI.
8 Memorial allegado vía correo electrónico, visible a índice 1 2 en SAMAI.
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La Agencia Nacional de Defensa Jurí dica del Estado y e l Ministerio
Público guardaron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos e xpuestos por el apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de ap elación interpuesto por el
demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
➢ ¿La causante Liliana Benalcázar Baena (q.e.p.d.) tenía
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de
acuerdo con la Co nvención Colectiva de Trabajo 2003 -2005,
9« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
10« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a
instancia deberá pronunciarse solament e sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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prorrogada hasta el año 2010, suscrit a entre el Municipio de
Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados
públicos de ese ente territorial, al haber cumplido,
presuntamente, con los presupuestos contenidos en el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 ?
Para resolver lo anterior, se abordará el siguiente orden
metodológico: (i) Competencia para fijar el ré gimen prestacional de
los empleados públicos del orden territorial y la aplicación de
convenciones colectivas; (ii) La posibilidad de los servidores
públicos de beneficiarse de las convenciones colectivas del
trabajo; (iii) Las situaciones pensionales de c arácter individual
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; (iv) Modificaciones al sistema pensional introducidas
por el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a los derechos
convencionales y, (v) caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.1 Competencia para fijar el ré gimen prestacional de los
empleados públic os del orden territorial y la aplicación de
convenciones colectivas .
La Constitución Política de 1886 consagró en el artículo 62 la
competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las
condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de
servicios que darían derecho a la pensión del Tesoro Público .
En el numeral 9 del artículo 76, señaló que correspondía al
Congreso hacer las leyes, y po r medio de ellas ejercer las
siguientes atribuciones:
«Det er m inar la est r uct ur a de la adm inist r ación naciona l m ediant e
la cr eación de m inist er ios, dep ar t am ent os adm inist r at ivos y
est ablecim i ent os pú blicos, y f ij ar las escalas de r em une r ación
cor r espondient es a l as dist int as cat egor í as de em pleos, así como
el régi men de sus prest aci ones soci al es ». (Se Resalta).
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Por su parte, el nu meral 2.1 del artículo 120 , facultaba al presidente
de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del
orden nacional centralizado , dentro de las escalas de remuneración
fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el
numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 150 numeral 19
literal e), facultó al Congreso de la República para expedir las leyes
y a través de ellas , señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacion al para regular el régimen
prestacional de los servidores p úblico s. Igualmente, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 48 ibidem, la seguridad social, es
un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí
enunciados, en los términos que determine la ley.
A su vez, la Ley 4 de 1992, previ ó lo siguiente:
«ARTÍ CU LO 1. El G obier no Nac iona l, co n suj eción a l as nor m as,
cr it er ios y obj et ivos cont enidos en est a Ley, f ij ar á el r égim en
salar ia l y pr est acion al de:
a) Los em pleados públ icos de la Ra m a Ej ecut iva Nacional,
cualqu ier a que sea su sect or , denom inación o r égim en j ur í dico;
[ …]
ARTÍ CULO 2. Par a la f ij ación del r égim en salar ial y pr est aci onal
de los ser vidor es enum er ados en el ar tí culo ant er ior , el G obier no
Nacion al t endr á en cuent a los sigu ient e s obj et ivos y cr it er ios:
a) El r espet o a lo s der echos adquir idos d e los ser vidor es del
Est ado t ant o del r égim en gener a l, com o de los r egí m enes
especia les. En ning ún caso se podr án desm ej or ar sus salar ios y
pr est aciones socia le s;
b) El r espet o a la car rer a adm inist r at iva y la am pliación de su
cober t ur a ;
c) La concer t ación com o f act or de m ej or am ient o de la pr est aci ó n
de los ser vicios por par t e del Est ado y de las condiciones de
t r abaj o; [ …] ».
A su turno, señala en sus artículos 10 y 12 que el régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territo riales
será fijado por el Gobierno nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. Todo régimen
salarial o p restacional que se establezca contraviniendo las
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disposiciones cont enidas en la presente Ley o en los decretos que
dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos.
En sentencia C-315 de 19 de julio de 1995 , la Corte Constitucional
declaró exequible condicionalmente e l precitado artículo 12 y
aclaró: «[…] siempre que se entienda que las facultades conferidas
al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación d el régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen
prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al
límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades
territoriales […]».
Se sigue de lo anterior que compete al Congreso de la República
dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al
momento de fijar el régimen salarial y prestacion al de los
empleados públicos; esto es, que se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el eje cutivo para efectos salaria les
y prestacionales, en tanto que el Congreso de la República
determina mediante la ley marco, los parámetros generales,
conforme a los cuales, el Gobierno nacional habrá de fijar todos los
elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de
los empleados públicos. En lo que toca con el régimen de seguridad
social en pension es, de conformidad con las nítidas voces del
artículo 48 constitucional es materia reservada a la ley.
De lo anterior se concluye que las entidades del orden territoria l
carecen de competencia para expedir actos de reco nocimiento
pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales y
por lo tanto, las disposiciones de carácter local como ordenanzas,
acuerdos municipales o acuerdos de establecimientos pú blicos,
nacionales o departamentales que regulen el régimen prestacional
de los empleados públicos, al igual que las normas de orden
convencional resultan por tanto contrarias al ord enamiento
constitucional y le gal .
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3.2 La posibilidad de los servidores pú blicos de beneficiarse
de las convenciones colectivas del trabajo
Se tiene a l respecto, el Convenio 151 de la Organización
Internacional del Trabajo, que prevé:
«Ar t í culo 1 . El pr esent e Conveni o debe r á aplicar se a t odas las
per sonas em pleadas por la adm inist r ació n pública, en la m edida
en que no les sean aplic ables d isposic i ones m ás f avor ables de
ot r os convenios int e r naciona les del t r abaj o.
[ …]
Ar t í cu lo 7 . Deber án adopt ar se, de ser necesar io, m edidas
adecuadas a las condic iones nacion ales par a est im ular y
f om ent ar el pleno d esar r ollo y ut i liz ació n de pr ocedim ie nt os de
negociac ión ent r e las aut or idades públicas com pet ent es y las
or ganizac iones de em pleados públ icos acer ca de las condiciones
de em pleo, o de cualesqu ier a ot r os m ét odos que per m it an a los
r epr esent ant es de los em plead os p úblic os par t icipar en la
det er m inación de di chas condici ones. ».
Por su parte , el Convenio 154 de la misma Organización , refiere al
fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible
entre todos los em pleadores y a todas las categorías de
trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.
De otro lado, e l artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el
ejercicio del derecho a la negociación colectiva, limitado
únicamente a las excepciones que de fina la ley.
A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene
precisamente la limitación de las funciones de los sindicatos de
empleados públicos, en los siguientes términos:
«Lim it ació n de las f unciones . Los si ndi cat os de empl eados
públ i cos no pued en present ar pl i egos de pet i ci one s ni
cel ebrar convenci o nes col ect i vas , pero los sindic at os de los
dem ás t r abaj ador es of icia les t ienen t oda s las at r ibucion es de los
ot r os sindicat os de tr abaj ador es, y sus plieg os de pet iciones se
t r am it ar án en los m ism os t érm inos que los dem ás, aun cuando no
puedan decl ar ar o hacer huelga . » 11 ( Negr ill as f uer a del t ext o
or igina l) .
11 D e c l a r a d a exequible por la sentencia C -201-02.
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Lo anterior tiene f undamento precisamente en la vinculación legal
y reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la
posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar
unilateralmente las condi ciones del empleo 12.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de 1998 , al
examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el
precitado Convenio 151, consideró ajustada a la Constitución
Política la diferenciación entre trabajadores ofic iales y empleados
públicos, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de la
negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce del
derecho plenamente, y restringirlo para los segundos, bajo el
argumento de que no se puede afectar la facultad de las
autoridades (Congreso, president e en el plano nacional,
asambleas, concejos, gobernadores y a los alca ldes en los distintos
órdenes territoriale s), de fijar autónomamente las condiciones del
empleo.
Así al referirse al Convenio 151 de la OIT, en la sente ncia C -377
de 1998 y en la sentencia C-1234 de 2005 , se dispuso que «Los
sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas», bajo el entendido
de que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva
consagrado en el ar tículo 55 de la Constitución Política, las
organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a
otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de
trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos
sindicatos, en tan to el Congreso de la República regule el
procedimiento para el efecto.
Mediante el Decreto 160 del 5 de fe brero de 2014 13, el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley 411 de 1997 y reguló el procedimiento
12 Corte constitucional, Sentencia C -201 de 2002. Referencia: expediente D -
3692. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379 -e
parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 4 67 del Código Sustantivo
del Trabajo y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
13 C o m p i l a d o e n e l D e c r e t o 1 0 7 2 d e l 2 6 d e m a y o d e 2 0 1 5 « P o r m e d i o d e l c u a l
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
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para la negociación entre las autoridades públicas y la s
organizaciones sindicales de empleados públicos, limitado
exclusivamente a las condiciones de empleo (artículo 1), dentro del
cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención
colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo
(artículo 13).
Por lo expuesto, se colige que los empleados públicos no gozan de
un derecho pleno a la negociación colectiva pues si bien no se les
puede vulnerar la prerrogativa de buscar medios de concertación,
voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que
los afectan no puede quebrantar la facultad que ostentan las
autoridades constitucional y legalmente concretas de fijar, de forma
unilateral, sus condicio nes laborales.
3.3 Las situaciones pensionales de carácter individual
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993
No obstante lo dicho con relación a la competencia privativa del
Congreso de la República compartida con el Gobierno Nacional
para determinar el régimen prestacional de los empleados públicos,
en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior , por lo que el
legislador, en respeto de los derechos laborales consolidados, dejó
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos
adquiridos.
En efecto, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, señaló lo
siguiente:
«Ar t í culo 146. Si t uaci ones j urí di cas i ndi vi dual es def i ni das por
di sposi ci ones munici pal es o depart ament al es . Las sit uaciones
j ur í dicas de car áct er indivi dual d ef ini da s con ant er ior idad a la
pr esent e Ley, con base en disposi ciones m unic ipal es o
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depar t am ent ales e n m at er ia de pe nsiones de j ubil a ción
ext r alegales e n f avor de em pleados o ser vidor es públ ico s o
per sonas vincu ladas labor alm ent e a las ent idades t er r it or ial es o
sus or ganism os descent r al izados, cont i nuar án vigent es.
Tam bién t endr án der echo a pensionar se con arr eglo a tale s
dispos icion es, quie nes, con ant er ior ida d a la vigenc ia de est e
ar t í culo, hayan cum plido [ o cum plan dent r o de los dos años
sigui ent es] los r equisit os exig idos en dichas nor m as. ( en
par ént esis: declar ad o inexequ ib le por la Sala P lena d e la C or t e
Const it ucion al m ed i ant e sent encia C - 4 10 del 28 d e agost o de
1997. )
Lo dispuest o en la pr esent e Ley no af ect a ni m odif ica la sit uación
de las per sonas a que se r ef ier e est e art í culo.
Las disposic iones d e est e art í culo r egirán desde la sanción de la
pr esent e Ley. ».
La Corte Constit ucional mediante sentencia C-41 0 de 1997 ,
declaró la exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones
Municipales y De partamentales en relación con las pensiones,
indicó:
«[ …] El inciso pr imer o de la norm a en r ef er encia se encuent r a
aj ust ado a los pr ec ept os const it ucion ales y en especia l a lo
pr evist o en el ar t í culo 58 d e la Const it ución P olí t ica, segú n el
cual “ se gar ant izan los der echos adquir idos con ar r eglo a las
leyes civ i les, los cuales no puede n ser desconoci do s ni
vulner ados por leye s post er ior e s. ” .
En ef ect o, ha expr esado la j ur ispr udenci a de la Cor por ación, que
los der echos adq uir idos com pr ende n aquellas sit uac i ones
indiv idua les y subj et ivas que se han consolid ado y def inido baj o
la vigenc ia de la ley, y por ende ellos se encuent r an
gar ant izados, de t al f or m a que no pueden ser m enoscabados por
dispos icion es f ut uras, basado en la segur idad j ur í dica que
car act er iza dichas si t uaciones.
Desde luego que lo que es m at er ia de pr ot ección const it uci onal
se ext iende a las s it uaciones j ur í dicas d ef inidas, y no a las qu e
sólo conf igur an m er as expect at ivas.
[ …]
Nuest r o Est at ut o Super ior pr ot ege expr esam ent e, en el ar t ículo
58, los der echos ad quir idos y pr ohí be a l legis lador exped ir l eyes
que los vu lner en o desconozcan, dej an do por f uer a de esa
cober t ur a a las llam adas expect at ivas, cuya r egulación com pet e
al legis lador , conf or m e a los par ám et r os de equidad y j ust icia que
le ha t r azado el pr opio const it uyent e par a el cum plim ient o de su
f unción. ( Cor t e Const it uciona l, Sent enci a C- 168 de 1995, M . P.
Dr . Car los G avir ia Dí az)
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De est a m aner a, t eniendo e n cuent a la int angib il idad de lo s
der echos adquir ido s de los pensionad os por j ubilaci ón del
or den t er r it or ial ant es de la expedic ión de la ley 100 de 199 3,
las sit uac iones j ur í dicas i ndiv idua les def in idas co n
ant er ior idad, por disposiciones m unicipales y
depar t am ent ales, deben cont inuar vigent es [ . .. ] . »
La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia
del Consejo de Estado admitió que dentro de las disposiciones del
orden territorial quedaron incluidas las regulaciones consagradas
en convenciones colectivas de trabajo 14.
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 protegió
los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímen es
pensionales territoriales –con anterio ridad a su vigencia –, pese a
su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes , previo a
su entrada en rigor, cumplieran con los requisitos para p ensionarse
conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las
condiciones allí determinadas.
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado
que los reconocimientos pensionales individuales suste ntados en
convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los
supuestos est ablecidos en el aludido artículo. Particularm ente, esta
corporación en sentencia de unificación de 29 de septiembre de
2011 15, señaló:
«En pr inc ipi o podr í a pensar se, com o en ef ect o lo hiz o la Sal a en
m últ iples f a llos, que las disp osic iones d el or den t er r i t or ial, c om o
Decr et os O r denanzas, r egulaban, sin com pet encia, el r égim en
pensiona l de los em pleados púb licos, m ient r as que en lo que se
r ef ier e a las convenciones col ect ivas, r egulaban l a aplic a ción
sólo par a los t r abaj ador es of iciales y no par a em pleados
públ icos; per o en ú lt im as, uno y ot r o er an ext r alegal es, y en
am bos casos, los saneó el leg isla dor .
La convención col e ct iva de t r abaj o en est e caso sur gió por la
negociac ión cont r a ct ual y consensu al celebr ada ent r e el
14 Sobre el tema s e pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del 7 de abril de 2011, radicado Interno 2073 -07; del 21 de
mayo de 2011, radicados internos: 2333 -10 y 1721-08 y, la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del 29 de septiembre de 2011, radicado
interno 2434-2010.
15 C o n s e j e r o P o n e n t e V í c t o r H e r n a n d o A l v a r a d o A r d i l a , e x p e d i e n t e 2 4 3 4 - 1 0 .
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sindic at o y los dir ect ivos de la Un iv er sidad, quien es t ení an
aut onom í a adm inist r at iva y pr esupuestal, per o que, com o se
pr ecisó en conside r aciones pr ecedent es, no podí an r egular
salar ios y pr est aci ones de sus em pleados por que est o le
cor r espondí a al legi slador .
[ …]
En sí nt esis, aun cuando la Convenc ión C olect iva f ue em anad a de
aut or idades incom p et ent es par a la regulac ión del r égi m en
pensiona l de los em pleados pú bl ico s, dicha sit uac ión f ue
conval idada por expr esa disposició n del legislad or a tr avés del
r ef er ido ar t í culo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya
const it uciona li dad f ue avalada por e l Ó r gano que de conf or m i dad
con la Const it ución Polí t ica de 1991 es el encar gado de m antener
la guar da e int egr id ad del or denam ient o super ior . »
Sobre la vigencia d e la Ley 100 de 1993 en materia pensio nal en el
nivel territo rial, el artículo 151 ibidem determinó que entraría a
regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones,
solamente las situaciones particulares que se definieron con
anticipación a esa fecha deben ser respetadas, sin embarg o, el
artículo 146 permitía la consolidación del derecho dentro de los dos
años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad
Social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la reseñada sentencia C -410 de 1997.
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado entendió que dicho
aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones
pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio d e 1995 y el
30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley
270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de
inexequibilidad tie nen efectos hacia futuro, y toda vez que la
sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su
decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en
materia pensional se co nsolidaron con base en disposiciones
municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o
previo a la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General
en cada entidad territo rial. Así lo concluyó la Sección Segunda en
sentencia del 7 de oct ubre de 2010 , radicado interno 1484 -2009:
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«[ …] Por lo expuest o, r esult a válido af ir m ar que no sólo las
sit uaciones que se consol idar on o adq u ir ier on con a nt er ior i dad al
30 de j unio de 1 99 5 con f undam ent o en nor m as m unicip ales o
depar t am ent ales, se r eit er a , a pesar de su ilega li dad, quedan
am par adas por lo dispuest o en el ar t í culo 146 de la Ley 100 de
1993; sino t am bién aquel las que se ad quir ier on ant es de l 30 de
j unio de 1997, pues, se r eit er a, est as últ im as no se vier on af ect adas
por la declar at or ia de inexequ ibi li dad e f ect uada con la Sent encia
C- 410 de 28 de ag ost o de 1997, dado s los ef ect os de la m ism a.
[ …] ».
Conforme a lo anterior, son dos las situaciones pensionales que, a
pesar de ser de origen extralegal, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 merecen protección al amparo del
artículo 146, así: (i) la de quienes, para el 30 de junio de 1997,
tuvieran una situación jurídica definida, esto es, con el derecho
reconocido y, (ii) la de quienes en el sector territorial cumplieran
los requisitos exigidos, es decir, que hayan adquirido el derecho,
así no lo tuvieran reconocido.
3.4 Modifica ciones al sistema pensional introducidas por el
Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a l os derechos
convencionales .
El artículo 48 de la Constitución Política fue adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 22 de julio de 2005 en los siguientes términos:
«[ …] El Est ado gar ant izar á los der echos, la sost enibil idad
f inancier a de l Sis t em a Pensional, r espet ar á los der echos
adquir i dos con ar r eglo a la ley y asum ir á el pago de la deuda
pensiona l que de ac uer do con la ley est é a su car go. Las leyes en
m at er ia pensi onal que se expidan con post er ior idad a la entr ada en
vigenc ia de est e act o legis lat ivo deber á n asegur ar la sost enibi lid ad
f inancier a de lo est a bleci do en ell as" .
" Sin per j uicio de los descuent os, deducciones y em bar gos a
pensiones or denad o s de acuer do con la ley, por ningún m ot ivo
podr á dej ar se de pagar , congelar se o r educir se el valor de la
m esada de las pensi ones r econocidas co nf or m e a der echo" .
" Par a adquir ir el der echo a la pensió n ser á necesar io cum pl ir con
la edad, el t iem po de ser vicio, las se m anas de cot izació n o el
capit al necesar io, así com o las dem ás condic iones que señala l a
ley, sin per j uic io de lo disp uest o par a la s pensiones d e inva l idez y
sobr evivenc ia. Los requis it os y benef icios par a adquir ir el der echo
a una pensión d e inval id ez o de sobr evivencia ser án los
est ablecid os por las leyes del Sist em a G ener al de Pension es" .
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" En m at er ia pensiona l se r espet arán t odos los der echos
adquir i dos" .
" Los r equisit os y be nef icios pe nsion ales par a t odas las per s onas,
inclu idos los de pe nsión de vej ez por act ividades de alt o r iesgo,
ser án los est ableci dos en las leyes del Sist em a G ener al de
Pension es. No pod r á dict ar se disposi ción o invoc ar se acuer do
alguno par a apar t ar se de lo allí est able cido" .
" Par a la liqui dació n de las pensiones sól o se t en dr án en cuent a los
f act or es sobr e los cuales cada per sona hubier e ef ect uado las
cot izaciones. Ni ngu na pensión podr á ser inf er ior al salar io m í nim o
lega l m ensual vigen t e. Sin em bar go, la ley podr á det erm inar los
casos en que se puedan conceder benef icios ec onó m icos
per iódic os inf er ior e s al salar io m í nim o, a per sonas de escasos
r ecur sos que no cumplan con las cond ici ones r equer idas par a t ener
der echo a una pensi ón" .
" A par t ir de la vigencia del pr esent e Act o Legislat ivo, no habr á
r egí m enes especiale s ni exce pt uados, sin per j uicio del apl ic able a
la f uer za públ ica, al pr esident e de la R epúbl ica y a l o est a bleci do
en los par ágr af os del pr esent e ar t í culo" .
" Las per sonas cuyo der echo a la p ensi ón se cause a par t i r de la
vigenc ia de l pr esen t e Act o Legis lat ivo no podr án r ecib ir m ás de
t r ece ( 13) m esadas pensiona les al añ o. Se ent iende que l a pensió n
se causa cuand o se cum plen t odos los r equisit os par a acc eder a
ella, aun cuand o no se hubiese ef ect uad o el r econocim ient o" .
" La ley est ablecer á un pr ocedim ient o br eve par a la r evisión de las
pensiones r eco nocid as con abuso de l der echo o sin e l cum pl i m ient o
de los r equisit os es t ablecidos en la ley o en las convencio nes y
laudos ar bit r al es vál idam ent e celebr ado s" .
" Par ágr af o 1º . A par t ir del 31 de j u lio de 2010, no podr á n ca usar se
pensiones super i or es a veint icinco ( 25) salar ios m í nim os legale s
m ensuales vigent es, con car go a r ecur sos de nat ur aleza públ ica" .
" Par ágr af o 2º . A part ir de la vigencia de l pr esent e Act o Legislat ivo
no podr án est ablec er se en pact os, convencione s co lect iv as de
t r abaj o, laudos o act o j urí dico alguno, condicion es pensi onale s
dif er ent es a las est ablec idas en l as ley es del S ist em a G ener al de
Pension es" .
" Par ágr af o t r ansit orio 1º . El r égim en pensiona l de los docent es
naciona les, naci ona lizad os y t er r it or ial es, vinculad os al s er vicio
públ ico educat ivo of i cial es el est ab lec id o par a el M ag ist er io en las
dispos icion es lega l es vigent es con an t er ior idad a la ent r ada en
vigenc ia de la Ley 8 12 de 2003, y lo pr ecept uado en el ar t í culo 81
de est a. Los docent es que se hayan vinculado o se vinculen a par t ir
de la vigencia de la cit ada ley, t endr án los der echos de pr ima m edia
est ablecid os en las l eyes del Sist em a G ener al de Pens iones, en lo s
t ér m inos del ar t í culo 81 de la Ley 812 de 2003" .
" Par ágr af o t r ansit or io 2º . Sin per j uicio de los der echos adquir idos ,
el r égim en ap lic abl e a los m iem br os de la Fuer za Públ i ca y al
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pr esident e de l a Re públ ica, y lo est abl e cido en l os par ágr af os del
pr esent e ar t í culo, la vigenc ia de los r egí m enes pensionales
especia les, los except uados, así com o cualquier ot r o dist int o al
est ablecid o de m aner a per m anent e en las leyes de l Si st em a
G ener al de Pension es expir ar á el 31 de j ulio del año 20 10" .
" Par ágr af o t r ansit orio 3º . Las r eglas d e car áct er pension al qu e
r igen a la f echa de vigenc ia de est e Act o Legislat iv o cont enid as en
pact os, convencion es colect ivas d e t r abaj o, laudos o ac uer dos
válid am ent e celebr a dos, se m ant endr án por el t ér m ino inicia l m ent e
est ipulad o. En los pact os, convenciones o laudos que se suscr iban
ent r e la vigenc ia de est e Act o Legisl at iv o y el 31 de j ul io de 2010,
no podr án est ip ular s e condic iones pensi onales m ás f avor ab l es que
las que se encu ent r en act ualm ent e vigent es. En t odo caso per der án
vigenc ia el 31 de j ul io de 2010" .
" Par ágr af o t r ansit or io 4º . El r égim en de t r ansición est ableci do en
la Ley 100 de 1993 y dem ás norm as que desar r ollen d icho r égim en,
no podr á ext ender se m ás allá del 31 de j ulio de 2 010; except o par a
los t r abaj ador es que est ando en dicho r égim en, adem ás, t engan
cot iza das al m enos 750 sem anas o su equivalent e en t ie m po de
ser vicios a la ent r ada en vigencia del pr esent e Act o Legislat ivo, a
los cuales se les m a nt endr á dicho r égim en hast a el año 201 4" .
" Los r equisit os y benef icios pens ion ales par a las per sonas
cobij adas p or est e régim en ser án los exigid os por el ar t í culo 36 de
la Ley 100 de 1993 y dem ás nor m as que desar r ollen d icho r égi m en" .
" Par ágr af o t r ansit or io 5º . De conf or m idad con lo dispuest o por el
ar t í culo 140 de la L ey 100 de 1993 y e l Decr et o 2090 de 2 003, a
par t ir de la ent r ada en vigenci a de est e últ im o decr et o, a los
m iem br os del cuer po de cust odia y vigi lanc ia Pen it enci ar ia y
Car celar ia Nacio nal se les apl icar á el r égim en de alt o r iesg o
cont em plado en el m ism o. A quienes in gr esar on con ant er ior idad a
dicha f echa se apl ic ar á el r égim en hast a ese ent onces vigent e par a
dichas per sonas por r azón de los r iesgos de su labor , este es el
dispuest o par a el ef ect o por la Ley 32 de 1986, par a lo cual deben
haber se cubier t o las cot izaciones cor r espondient es" .
" Par ágr af o tr ansit or io 6º . Se except úan de lo est ablecido por el
inciso 8° del pr esent e ar t í culo, aquellas per sonas que per ciban una
pensión i gual o i n f er ior a t r es ( 3) salar ios m í nim os l egales
m ensuales vigent es, si la m ism a se causa ant es del 31 de j ulio de
2011, quienes r ecib i r án cat or ce ( 14) m esadas pensiona les a l año" .
La Segur id ad Soc ial es un ser vicio p úbl i co de car áct er oblig at or io
que se pr est ar á baj o la dir ecc ión, coor di n ación y cont r ol d el E st ado,
en suj eción a los pr incip ios de ef i cienci a, univer sal id ad y
solid ar idad, en los t ér m inos que est able zca la Ley. [ …] ». ( Negr il las
del t ext o or igina l, subr ayas de la Sala) .
En la exposición d e motivos -Gaceta 385 de 27 de julio de 2004 de
la Cámara de Representantes -, se estableció que la finalidad del
acto legislativo fu e hacer frente a los graves problemas que se
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presentan en materia de financiación del pasivo pensional y busca r
criterios para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad socia l. Respecto del caso puntual de las co nvenciones
colectivas, como fuente de derechos pensionales determinó :
«[ …] el ar t í culo 48 de la C onst it ució n P olí t ica est ablec ió q u e la
segur idad socia l se pr est ar í a con arr eglo a los pr incip ios de
ef icienc ia, univer sa l idad y sol idar idad. Baj o est os pr incip io s la
Ley 100 de 1993 or ganizó el S ist em a G ener al de Pension es. Par a
logr ar una ar m oní a en m at er ia pensional, la Ley 100 de 1993 al
desar r ollar e l pr ec ept o const it uciona l, pr evió clar am ent e el
r espet o de los der e chos adquir idos " co nf or m e a disposic i o nes
nor m at ivas ant er ior es, pact o o convenci ón colect iva de t r ab aj o" ,
per o igualm ent e dej ó clar o que el lo er a " sin per j uicio de l der echo
de denuncia que le s asist e a las par tes y que el t r ibunal de
ar bit r am ent o dir im a las dif er encias ent r e las par t es " . Lo ant eri or
con el cl aro pro pósi t o que l as c onvenci ones y pa ct os
col ect i vos se aj ustaran a l o di spuest o en l a Ley 100 de 1993
y al hecho de que l a pensi ón ya no puede consi derarse
si mpl ement e una consecuenci a de un a rel aci ón l aboral si no
una prest aci ón de ri v ada del régi men de seguri dad soci al
organi zado por el legi sl ador .
Sin em bar go, dado que la Const it uc ió n Polí t ica g ar ant iz a el
der echo a la negoc ia ción co lect iva, con la s excepcion es pr evis t as
en la ley, no se ha podido logr ar el pr opósit o de la Ley 100,
expr esado en su ar t í culo 11, pues aún exist e la pos ibi li dad de
cont inuar est ablec iendo r eg las par t icular es en m at e r ias
pensiona les, por lo cual y a pesar de que la Cor t e Supr em a de
Just icia ha af ir m ado r eit er adam ent e que los benef icio s
pensiona les debe n ar m onizar se con la Ley 100 de 1993, no
sol ament e no se ha n armoni zado l as convenci ones c ol ect i vas
con l a l ey, si no que se si guen suscri bi endo conveni os en l os
que l as ent i dades se obl i gan a asumir di rect ament e nuevas
obl i gaci ones pensi onal es, pri vi l egi ando a ci ert os servi dores
y rompi endo l a i gual dad que qui so el Const i t uyen t e
i mpri mi rl e al régimen de seguri dad soci al .
En ef ect o, la univ e r salidad del r ég im en de segur ida d so cial,
según la Cor t e Co nst it uciona l pr esup one la gar ant í a de la
pr ot ección par a t odas las per sonas, sin ninguna discr im ina ción,
en t odas las et apas de la vida y esa gar ant í a sin discr im ina ción
solam ent e puede of recer la un sist em a unif icado que no pueda ser
var iado por volunt ad de un sect or de sus t it ular es.
Por lo ant er ior , y con el f in de logr ar el pr opósit o que inspir a el
ar t í culo 48 de l a Co nst it ución P olí t ica e s necesari o est abl ecer
cl arament e que el régi men pensi onal no se encuent ra de nt ro
del ámbi t o de l a negoci aci ón col ect i va .
Lo ant eri or es además part i cul armente i mperi oso si se tienen
en cuent a no s ol o l os pri nci pi os que deben regi r el si st ema
de seguri dad so ci al si no t ambi én l as consecuen ci as
económi cas de l a si t uaci ón act ual .
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En ef ect o, uno de l o s el ement os f unda ment al es para el di seño,
i mpl ement aci ón y desarrol l o de un si st ema pensi on al l o
const i t uyen sus soport es económi cos y fi nanci eros . Desde
est e punt o de vist a los r egí m enes pensiona les de or i gen
convencion al han r epr esent ado, y si no se cor r ige la sit uación
act ual cont inuar án h aciéndo lo, un consid er able esf uer zo par a las
f inanzas púb licas y pr ivadas par a el des ar r ollo y cr ecim ient o de
la eco nom í a.
De hecho, se est án dest inando a f inanciar r egí m enes pensionales
especia les cuant ios os r ecur sos que podr í an dir igir se a am pli ar la
cober t ur a del sistem a gener al de segur idad socia l y a
incr em ent ar la inver sión socia l o a gene r ar m ayor desar r ollo del
paí s.
No sobra señ al ar que en el caso del sect or públ i co di chos
regí menes convenc i onal es se han creado muchas veces si n
cuant i f i car su ef ect o f i nal, de t al manera que se han creado
regí menes i nequi t at i vos que a l a post re han puest o en pel i gro
l a exi st enc i a mi sma de l as respect i vas empresas . El sect or
pr ivado no es aj eno a est a sit uación. D e hecho, se evide ncia hoy
cóm o m uchas em presas de ese sect or se han vist o af ect adas
par a cont inuar oper ando por ef ect o del cost o que par a ellas
r epr esent a su pasivo pensiona l.
Las r azones ant er ior es j ust if ican clar am ent e l a necesi dad de
est abl ecer que l a negoci ac i ón col ect i va no debe i ncl uir el
régi men pensi onal [ …] ». (Negrillas de la Subsección).
Se tiene entonces que , en el sector público se ha n previsto
regímenes pensionales convencionales sin delimitar los efectos
nocivos para la sostenibilidad del sistema, y de las propias
empresas que han puesto en peligro su propia existencia, razón por
la cual se señalaron varias directrices en aras de la preservación
de las futuras pensiones.
Al respecto, esta Corporación en la sentencia del 1 de junio de
2017 16 señaló « el horizonte transversal del Acto Legislativo 01 de
2005, tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, poniéndolo a tono con el esquema incorporado con la
Ley 100 de 1993, que buscó unificar las reglas pensionales
aplicables para t odos los trabajadores del país sin distinguir la
naturaleza jurídica de sus relaciones laborales».
16Sección Segunda, Subsección B, radicado: 76001 -23-33-000-2014-01231-
01(3787-16). Dicha tesis fue reafirmada por esta Sección en sentencia del 21
de junio de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2014-01277-01(3250-17).
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En cuanto a las convenciones colectivas, la providencia
previamente señalada expuso que:
«[ …] t eniendo en cuent a que desde ant año han r egido sit uaciones
pensiona les no solo de los t r abaj ador es of icia les, sino t am bién de
los em pleados púb li cos, la m odif icación consider ab le se encuent r a
en que dichas r egla s debí an desapar ecer , est ableciendo ad em ás
que a par t ir de la pr om ulgación del a ct o legislat ivo no podí an
celebr ar se nuevos pact os colect ivos con condic iones m ás
f avor ables indist i nt am ent e de sus dest inat ar ios. Sin embar go,
debí an subsist ir por vir t ud de la noci ón d e los der echos adqu i r idos
hast a el t ér m ino ini cialm ent e pact ado sin que exceda del 3 1 de
j ulio de 2010. [ …] ».
En ese orden, se tiene que los regímenes convencionales a partir
de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, estaban
destinados a perder su vigencia.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el caso de la causante Liliana Benalcázar Baena (q.e.p.d.), se
encuentra acreditado lo siguiente:
a. Nació el 11 de noviembre de 196 0 17.
b. De acuerdo con las constancia s emitidas por la Dirección de
Talento Humano de la Alcaldía de Pa lmira 18, se constata que se
desempeñó en los siguientes tiempos y cargos así:
➢ AUXI LI AR ADM I NI S TRATI VO G RADO 013 desde el 27 de j unio de
1987 hast a el 23 de noviem br e de 2008 ( 21 años, 4 m eses y 8 dí as)
➢ SECR ETA RI O EJECUTI VO G RADO 01 desde el 17 de m ar zo de 2011
hast a el 15 de m ayo de 2013 ( 2 años, 1 m es y 10 dí as)
c. El 3 de mayo de 2013, la señora Liliana Benalcázar Baena, por
intermedio de apoderada, elevó solicitud ante la Alcaldía de
17 Según se constata con el Formato de Hoja de Vida (fl. 61 expediente
administrativo), y en el formato de aviso de entrada de la Seccional del Valle
(fl. 67) toda vez que no fue allegada copia de la cédula de ciudadanía.
18 F o l i o 1 0 , e m i t i d o e l 2 9 d e a b r i l d e 2 0 1 1 y 1 0 2 , e m i t i d o e l 1 9 d e f e b r e r o d e
2015.
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Palmira-Valle, con el fin de que le fuera reconocida la p ensión
de jubilación esta blecida en la con vención colectiva suscrita
entre el Municipio de Palmira y el Sindicato de Trab ajadores
Oficiales y Empleados Públicos del Municipio 2005 – 2010,”con
efecto retroact ivo a 1 de julio de 2009, teniendo como ingreso
base de liquidación el cien por ciento ( 100%) del promedio del
salario devengado en el último año ”:
d. La anterior petición fue resuelta de forma negativa por medio
del oficio 1141.1.8.207 del 14 de julio de 20 14 19, suscrit o p or el
alcalde municipal de Palmira, con las siguientes
consideraciones:
• Invocó los artículos 150, numeral 19 de la Constitución
Política y 12 de la Ley 4 de 1992, y afirmó que no le es
permitido a las entidades territoriales ni a autoridades
públicas expedir normas sobre pensiones o que sea n
concedid as a través de una negociación colectiva entre un
sindicato de trabajadores oficiales y una entidad territorial.
• Señaló lo dis puesto en el artículo 55 Superior, relativo al
derecho a la negociación colect iva y resaltó que una de las
excepciones es la consagrada en el artículo 416 del Código
Sustantivo del Tra bajo y por ello , el Decreto 1092 de 2012
que reglamenta la negociación c olectiva de empleados
públicos, taxativamente excluye de dichas negociaciones el
régimen prestacional.
• Adujo que no le es aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005
que refiere a las convenciones válidamente celebradas,
situación que no se predica de la inv ocada, toda vez que los
empleados públicos no pueden ser beneficiarios de estas.
• Aclaró que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó
los derechos adquiridos en materia pensional reconocidos
mediante normas irregulares antes del 30 de junio de 1995,
ello está referido únicamente a normas pactadas con
trabajadores particulares o con trabajadores oficiales, m as no
con empleados públicos, con base en la prohibición
establecida en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
e. El Municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales
19 F o l i o s 5 a 7.
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y Empleados Públicos del ente territorial, suscribieron
Convención Colect iva de Trabajo 2003 -2005 con vigencia de
dos años 20, ratificada por cinco años más (2005 -2010 21). La
inicial, en su artículo 60 , determinó las reglas para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de sus beneficiarios
en los siguientes términos :
«[ …] JUBI LACI Ó N: El M unicip io de Palm ir a j ubil ar á a sus
Tr abaj ador es O f iciales y Ser vidor es P úblic os con veint e ( 20)
años de ser vicio al M unicip io, cont inuos o d iscont inuo s, y
cincuent a ( 50) años de edad con el ci en por cient o 100% del
pr om edio del salar io devengado en el últ im o año. [ …] ».
4.2. Análisis sustancial
4.2.1 ¿La señora Liliana Benalcázar Baena tiene derecho a que
le sea reconocida la pensión de jubilación de acuerdo con la
Convención Cole ctiva de Trabajo 2003 -2005, prorrogada hasta
el año 2010, suscrita entre el Municipio de Palmira y el
sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos d e
ese ente territoria l, al haber cumpli do, presuntamente, con los
presupuestos contenidos en el pará grafo transitorio 3 del Acto
Legislativo 01 de 2005?
De conformidad con el marco normativo y las pruebas que obran en
el proceso, se concluye que (i) el in strumento convencional
invocado por el accionante, prevé el derecho a la pensión de
jubilación tanto a trabajadores oficiales como a empleados
públicos; (ii) en principio, se debe tener en cuenta que respecto de
éstos últimos, tienen restringida su partici pación en la n egociación
colectiva al tener una relación laboral de naturaleza legal y
reglamentaria que impide el ejercicio de la autonomía de la
voluntad de los extremos (de reserva legal y estatutaria ); (iii) con
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del
principio de los derechos adquiridos, previó que existían regímenes
20 F o l i o s 16 a 24.
21 F o l i o s 24 a 29.
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prestacionales contrarios al ordenamiento superior, por lo que
preservó situacion es jurídicas de carácter individual que fueron
definidas con anterioridad a su entr ada en vigor y en el artículo 146
ibidem y, (iv), señ aló que las prestaciones de origen extralegal no
reconocidas, estarían condicionadas al cumplimiento de los
requisitos temporales allí descritos, h asta el 30 de junio de 1997.
En el sub iudice , se evidencia que para acceder a la pensión de
jubilación contenida en la Convención Colectiva de Tra bajo 2003 -
2005, prorrogada hasta el año 2010, suscrita entre el Municipio de
Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados
públicos de ese ente territorial en su artículo 60 , el trabajador debía
cumplir 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o
discontinuos.
Al verificar la situación , se tiene que la señora Liliana Benalcázar
Baena (i) se vinculó al Municipio de Palmira desde el 27 de junio
de 1987, por lo que, (ii) para el 30 de junio de 1997 contaba con
10 años y 3 días de servicios y, 37 años de edad, teniendo en
cuenta que nació el 11 de noviembre de 196 0.
De conformidad con lo ex puesto, se encuentra excluid a del amparo
del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues como ya se vio , para
la fecha límite que consagró la citada disposición no había
cumplido con los requisitos exigid os en el artículo 60 de la
convención colectiva .
Ahora bien, es preciso resaltar que, como se advirtió en
precedencia, el Acto Legislativo 01 de 2005 no p reservó ningún
derecho respecto de las reglas pensionales enlistadas en las
convenciones colectivas, toda vez que el propósito de tal
disposición fue justamente la pérdida de su vigencia «por ser un
foco de desigualdad y de inestabilid ad financiera para el sistema
pensional, a la luz de los principios constitucionales y legales que
gobiernan la seguridad social, en cuyo contexto encontramos el
derecho a la pensión de jubilación como una prestación derivada
de ésta, y no como una simple consecuencia de la re lación laboral
cual sea su naturaleza».
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Sobre el particular, se tiene que esta Corporación en un asunto de
similares contornos, señaló lo siguiente 22
«[ …] no le asist e r azón al r ecur r ent e al pedir la aplicac ión de l act o
legis lat ivo 1 de 200 5, puest o que en su par ágr af o t r ansit or io 3º es
clar o en est ablecer que se r espet ar án las condiciones pens i onales
pact adas en convenciones colect ivas de t r abaj o, laudos o acuer dos
válid am ent e celebr a dos, est o es, conf orm e a la ley; em per o, com o
se dej ó anot ado en el acápit e pr ecedent e, la convención co l ect iva
invocada en la dem anda r esult a cont r ar ia a la pr ohibici ón legal
cont enida en e l C ódigo Su st ant ivo d el Tr abaj o ( ar t í culo 416) ,
consist ent e en la im posib il idad de pr esent ar pliegos de pet iciones
por par t e de los s indicat os de em plea dos públicos dest i n ados a
celebr ar convencio n es colect ivas de t r abaj o. »
Así las cosas, la causante no tenía configurado un derecho
adquirido o una expectativa legítima para acceder a la prestación
en la forma solicitada al no haberse co nsolidado su situación
pensional antes del 30 de junio de 1997, en razón a que no quedó
convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y, por lo
tanto, no tiene derecho a que se le reconozca y pague la prestación
que reclama en aplicación del instr umento convencional.
Se establece de manera clara que los reconocimientos pensionales
peticionados con base en la Convención Colectiva de Trabajo 2003 -
2005 –prorrogada hasta el año 2010 –, suscrita entre el Municipio
de Palmira y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados
públicos de ese ente territorial , solamente pueden quedar
convalidados en los términos del artículo 146 de la Ley 100 de
1993, sí y solo sí, se consolidaron hasta el 30 de junio d e 1997, en
consideración a la fecha de ent rada en vigencia de dicha norma en
el nivel territo rial, esto es el 30 de junio de 1995 y en atención a
que el aparte de la norma que concedió el plazo adicional de dos
años para extender sus efectos de amparo, se declaró inexequible
por la Corte Constituc ional a través de una sentencia con efectos
hacia futuro, proferida el 28 de noviembre de la citada anualidad
(C-410 de 1997) 23.
22 Sentencia del 20 de septiembre de 2019, expediente 3855-16, consejero
Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
23 E n e l m i s m o s e n t i d o l a s s e n t e n c i a s d e e s t a S a l a : r a d i c a d o s i n t e r n o s 2 2 2 3 -
2017 de 18 de junio de 2020 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y 2035 -2020
de 25 de abril de 2020, C.P. William Herná ndez Gómez.
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Bajo tal entendimiento, la Sala desestima el reproche esgrimido en
el recurso de apelación, en el sentido de dar aplicación al Acto
Legislativo 01 de 2005, pues es claro que aquel no convalidó los
regímenes convencionales en los que se beneficiaron empleados
públicos, dada precisamente la naturaleza de tal acto, que acogió
el respeto por las prohibiciones pre vistas en el artícu lo 416 del
Código Sustantivo de Trabajo.
Tampoco resulta aplicable la sentencia SU -555 de 2015 emitida por
la Corte Constitucional, pues contario a lo señalado en el recurso
de apelación, allí no se analizó la situación particular en relación
con la pensión de jubilación extraleg al en virtud de la Convención
Colectiva 2003 -2005 suscrita entre el Municipio de Palmira y el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, sino que
tuvo por objeto el carácter vinculante de las recomendaciones de la
OIT aprobadas por el Consejo de Administración respecto de otras
entidades públicas.
5. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala de Subsección
concluye que la causante Liliana Benalcázar Baena (q.e.p.d.) no
tendría derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación con
fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 2003 -2005,
ratificada por 5 años más 2005 - 2010 suscrita entre el Municipio de
Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficia les y Empleados
Públicos del dich o ente territorial, toda vez que su situación
prestacional no quedó convalidada al tenor de lo señalado por el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dado que no acreditó la
totalidad de los requisitos para acceder a aquella.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 10 de
septiembre de 2019 , proferida por el Tribunal Administ rativo del
Valle del Cauca.
6. Condena en costa s de segunda instancia
En lo que se refiere a las costas en segunda instancia, esta
Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 24, concluyó que en
24 R a d i c a d o interno 1291-2014, C.P. William Hernández Gómez.
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vigencia de la Ley 1437 de 2011 la legislación avanzó de un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo. Objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas,
bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso y, valorativo, en cuanto se requiere
que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordin arios del
proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o
temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en
derecho, en materia laboral, se fi jará atendiendo la posición de las
partes y varía según sea la parte vencida el empleador o el
trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura) la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las est ipulaciones de las partes en
materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en
su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas; que la
liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará
el juez de primera o ún ica instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
En el presente caso, atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y
3 del artículo 365 del Código General del Proceso se condenará en
costas a la parte demanda nte, toda vez que (i) no prosp eraron los
argumentos del recurso de apelación interpuesto , (ii) la sentencia
apelada será confirmada en todas sus partes y, (iii) la d emandada
intervin o en el trámite de esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A
administrando justicia en nombre d e la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 10 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada por CARLOS LAUREANO JARAMILLO
ENRÍQUEZ contra EL MUNI CIPIO DE PALMIRA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CO NDENAR en costas a la parte demandante, con
fundamento en las consideraciones expuestas.
TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Bogotá D.C. - Colombia
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