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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00018-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de acuerdo a la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015). 20 Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01 No. Interno: 0787-2022 Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez Demandada: Municipio de Dagua segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00018-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 7 de julio de 2022.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00018-01
N° Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua
Tema: Contrato realidad

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías de
las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala1 el recurso de apelación
interpuesto por el municipio demandado contra la sentencia del 29 de noviembre
de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La señora María Luisa Pérez Gutiérrez demanda con la finalidad de obtener la
nulidad del acto ficto o presunto negativo resultado del silencio del Municipio de
Dagua con respecto a la petición del 14 de mayo de 2012, tendiente el
reconocimiento de su relación laboral con este municipio, con el consecuente pago
de las prestaciones económicas que se derivan de la misma.

2. A título de restablecimiento del derecho solicita declarar la existencia de la
relación laboral entre las partes entre el 21 de abril de 1997 al 30 de noviembre de
2003 y, en consecuencia, reconocer y pagar los conceptos salariales,
prestacionales a los que tiene derecho un docente de planta, tales como cesantías
y sus intereses, sobresueldos, las primas alimentación, navidad, servicios y
vacaciones, auxilios de transporte, así como de las cotizaciones a seguridad social
por concepto de salud y pensión.

1
El expediente ingresó al Despacho el 6 de junio de 2022, según informe secretarial visible a folio 247.

2
Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

3. También, pide que el periodo en el que se declare la existencia de la relación
laboral sea computado para efectos pensionales, que se condene al municipio
demandado a la devolución de los dineros descontados por retención en la fuente
o por cualquier concepto a que no haya a lugar, dar cumplimento a la sentencia en
los términos dispuestos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y condenar en
costas.

Hechos

4. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta por la accionante.

5. Sostiene, que fue vinculada al Municipio de Dagua como docente a través de
órdenes de prestación de servicios desde el 21 de abril de 1997 al 30 de
noviembre de 2003, periodo en el que desarrolló sus funciones de manera
subordinada, dentro de un horario y con una remuneración.

6. Indica, que durante el periodo referido nunca recibió los pagos a los que tienen
derecho los empleados docentes vinculados en forma legal con el municipio
demandado, generándose una clara desigualdad en su contra.

7. Manifiesta, que el 14 de noviembre de 2012 solicitó al Municipio de Dagua el
reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido entre el 21 de
abril de 1997 al 30 de noviembre de 2003 y, en consecuencia, el pago de las
prestaciones económicas que se derivan de la misma, frente a lo cual este
municipio guardó silencio.

Normas vulneradas y concepto de violación

8. La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 13, 25 y 53 de
la Constitución Política; las Leyes 91 de 1989 y 115 de 1994; y los Decretos 2277
de 1979, 45 de 1997, 47 de 1998, 51 de 1999, 2729 de 2000, 2713 de 2001, 688
de 2002 y 3621 de 2003.

9. Al respecto, considera que con la negativa del municipio demandado de
reconocer una relación laboral entre las partes se quebranta el principio de

3
Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

primacía de la realidad sobre las formalidades de la relación laboral, pues se
configuraron los elementos esenciales de aquella, vulnerando el artículo 53 de la
Constitución Política, dado que las funciones que desempeñó podían ser
desempeñadas por el personal docente de planta, las que desarrolló de manera
personal, continua, dependiente y subordinada, así como bajo el cumplimiento de
un horario y que generaron una remuneración como contraprestación.

10. Lo anterior, con apoyo en las sentencias del Consejo de Estado del 1º de
noviembre de 1996 (Exp. 7960, en la que se recordó que «(…) con la expedición del
dec. 2277 de 1979 se reestructuró la carrera docente, se reguló la vinculación legal y
reglamentaria de sus servidores y no se habló de otro tipo de (sic) diferente de
vinculación, por lo que la vía contractual quedó proscrita.» , y del 23 de noviembre de
2012 (Exp. 0407-2007), que consideró, para el caso de los docentes, proscrita la
vía contractual como forma de vinculación.

Contestación de la demanda

11. El municipio accionado se opone a las pretensiones al estimar que en el
asunto operó la prescripción extintiva del derecho, toda vez que transcurrieron 9
años entre la terminación de la relación contractual y la fecha en la que se
presentó la reclamación.

La sentencia de primera instancia

12. El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda al estimar que
se encuentran acreditados los elementos constitutivos la relación laboral entre las
partes entre el 21 de abril de 1997 al 15 de marzo de 1997, del 1º de febrero al 20
de junio de 2001, del 17 de septiembre de 2001 al 7 de julio de 2002, del 24 de
septiembre de 2002 al 4 de julio de 2003 y del 25 de agosto al 30 de noviembre de
2003, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas
(Art. 53 C.P.), pues, en atención a las pruebas que reposan en plenario (contratos
y la demás documental), se establece la prestación personal del servicio, su
remuneración y que fue subordinada y dependiente del superior del centro
educativo, de la secretaría de educación territorial y del Ministerio de Educación
Nacional.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

13. No obstante, en lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra que operó
frente a los anteriores tiempos, salvo frente a los aportes pensionales, toda vez
que la reclamación de los periodos contractuales no tuvo lugar dentro de los tres
años siguientes a la culminación de la relación contractual respectiva.

14. En consecuencia, declara la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo
acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordena al Municipio de Dagua
a reconocer y pagar los aportes para pensión por el tiempo que duró la relación
entre las partes (salvo interrupciones), en consideración al valor de los honorarios
pactados, con destino al respectivo fondo al que la demandante se encuentre
afiliada, únicamente en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para
ello, el municipio tendrá que tomar, durante los periodos anunciados, salvo
interrupciones, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de aquella (los
honorarios pactados) mes a mes, y si existe diferencia en los aportes efectuados
como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el
porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.

15. Para efectos de lo anterior, dispone que la actora deberá acreditar las
cotizaciones que realizó el mencionado sistema durante los vínculos contractuales
y en la eventualidad que no los hubiese hecho o existe se diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar según sea el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajadora.

16. Declara, que los tiempos laborados por la demandante como maestra bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios con el Municipio de Dagua, en
los periodos anteriormente descritos, salvo sus interrupciones, se debe computar
para efectos pensionales. En relación con las demás pretensiones, teniendo en
cuenta que declara probada de oficio la excepción de prescripción, las niega.

17. En cuanto a las costas, estima su improcedencia, dado que se accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

18. La sentencia de instancia falla:

«Primero.- DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo con el
cual se configuró silencio administrativo negativo en relación con el derecho de
petición radicado el 14 de noviembre de 2012 ante la entidad demandada,

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

únicamente en cuanto le negó a la accionante el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral (…).

Segundo.- A título de restablecimiento del derecho se ordenará al citado ente
territorial reconocer y pagar los aportes para pensión por el tiempo que duró la
relación contractual (salvo interrupciones), de la señora (…), teniendo para el efecto
el valor de los honorarios pactados, con destino al respectivo fondo de pensiones a
que éste afiliada la demandante, sólo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, para lo cual se ordenará al ente territorial accionado tomar (durante los
periodos anotados, salvo interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
portes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
que la actora deber acreditar las cotizaciones que realizó el mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, declarando además
que los tiempos laborados por la demandante como maestra bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios con el Municipio de Dagua, en los periodos
anteriormente descritos salvo sus interrupciones, se debe computar perfectos
pensionales.

En relación con las demás pruebas, se declarará prueba de oficio la excepción de
prescripción, negando las mismas.

Tercero.- Sin condena en costas de esta instancia, por lo arriba expuesto.

(…).».

Recurso de apelación

19. El municipio demandado recurre la sentencia de primera instancia con el
propósito que sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones, al
considerar que en el asunto no se encuentran probados los elementos
constitutivos de la relación laboral entre las partes, toda vez que no se encuentra
demostrada la subordinación y el cumplimiento de un horario por parte de la
accionante. Además, las actividades desarrolladas fueron transitorias y no cubrían
un periodo académico.

Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

20. El ente de previsión demandado presenta alegatos de cierre, insistiendo en
sus argumentos desarrollados en la contestación a la demanda.

21. El demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no se pronuncian en la instancia procesal.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema jurídico

22. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si: ¿entre la señora María Luisa Pérez Gutiérrez
y el Municipio de Dagua existió una verdadera relación laboral que tenga como
consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente con
este municipio?

23. Para resolver lo anterior, la Sala tendrá en cuenta la normativa y la
jurisprudencia relacionada al contrato realidad y estudiará el caso concreto.

Normativa y jurisprudencia relacionada al contrato realidad

24. Sea lo primero de señalar, que el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del
sector público, así:

«ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales
todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad,
así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.». (Subrayado fuera del
texto original)

25. De tal forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando no

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
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puedan realizarse con el personal de planta o se requieran de conocimientos
especializados.

26. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social,
además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término
indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

27. Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-154-97, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación
laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de
Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres
elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del
servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del
trabajador respecto del empleador.

28. En este mismo sentido, la sentencia de unificación2 de la sección segunda de
esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales
a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 3.». (Subraya fuera
del texto original).

2 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA.
Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16.
3 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de

27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-
03542-01(0202-10).

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

29. De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución
Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.».

30. Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo 4, señala los
elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo
1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador
en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos
humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen.». (Subrayado fuera del texto
original).

4
Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

31. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

32. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo
mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los
elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la
subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como
retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de
trabajo.

Caso concreto

33. Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a
establecer si entre la señora María Luisa Pérez Gutiérrez y el Municipio de Dagua
existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculada contractualmente con este municipio.

34. Para resolver, es de advertir que en el presente asunto quien discute la
realidad sobre las formas manifiesta haber ejercido la función docente, por lo que
para la subsección es relevante concretar que en efecto el objeto del contrato se
haya ejecutado, atendiendo a su temporalidad, funciones y demás aspectos que
permitan establecer la existencia de los elementos de una posible relación laboral,
lo que se acredita con la certificación emanada de la convocada (Fl. 7), cuyo
contenido demuestra la prestación del servicio docente por parte de la
demandante satisfaciendo la necesidad del servicio educativo, esto es, en los
horarios establecidos y atendiendo el programa requerido.

35. Así las cosas, para la Sala resulta de importante el análisis de las órdenes de
prestación de servicios suscritos entre la actora y el municipio accionado, las que
reposan en el plenario, se encuentran aportadas en debida forma, no fueron

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

controvertidas, coinciden con la certificación emanada de la convocada (Fl. 7) y
que figuran de la siguiente manera:

Orden de prestación Valor Fecha Objeto
Desde Hasta
Sin número (Fls. 19 a $1.762.208 21-04-1997 28-12-1997 «(…) Servicios Docentes del
21). CONTRATISTA, (…) al Centro
Docente Escuela Vellabista (sic)
ubicado en BORRERO AYERBE
jurisdicción del Municipio de
Dagua, como docente con el
siguiente horario de trabajo 7:30
A 1:30 así como las demás
ocupaciones inherentes a la
prestación del servicio
contratado, teniendo especial
cuidado con el cumplimiento
estrictamente a las disposiciones
emanadas de la dirección del
plantel (…).».
91 del 19 de enero de $259.594 19-01-1998 15-03-1998 «(…) garantizar la prestación
1998 (Fls. 16 y 17) oportuna y permanente del
Servicio Educativo.».

57 del 6 de febrero de $2.754.757 01-02-2001 20-06-2001 Ibídem.
2001 (Fl. 15)
W.G.C. 55-2001 del17 $1.835.865 17-09-2001 16-12-2001 «Prestación servicios en
de septiembre de docencia con el fin de dar
2001 (Fl. 14) cumplimiento al Proyecto
Educativo Institucional, del centro
Docente Nuestra Señora De
Fátima No 12, de acuerdo a
programación establecida por el
director del centro y el director de
núcleo correspondiente.».
51 del 8 de enero de $3.868.752 08-01-2002 07-07-2002 «PRESTACION DE SERVICIOS
2002 (Fl. 13) DE ESEÑANZA, CON
DEDICACIÓN DE TIEMPO
COMPLETO, EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OFICIAL, DENOMINADA Centro
Docente Nuestra Señora de
Fatima (sic) Corregimiento
Borrero Ayerbe Municipio de
Dagua.».
35 del 24 de $1.823.357 24-09-2002 13-12-2002 « (…) Prestación oportuna y
septiembre de 2002 permanente del servicio
(Fl. 12) educativo en el CENTRO
DOCENTE, NUESTRA SEÑORA
DE FATIMA CORREGIMIENTO
BORRERO AYERBE.».
39 WGC-02 del 7 de $2.004.875 07-01-2003 04-04-2003 « (…) Prestación oportuna y
enero de 2003 (Fl. 11) permanente del servicio
educativo en el CENTRO
DOCENTE Borrero Ayerbe, del
Corregimiento B, Ayerbe del
Municipio de Dagua – sede
central (…).».
39 WGC-03 del 7 de $2.027.657 01-07-2003 04-07-2003 « (…) Prestación oportuna y
abril de 2003 (Fl. 10) permanente del servicio
educativo en el CENTRO
DOCENTE Borrero Ayerbe, del
Corregimiento B, Ayerbe del
Municipio de Dagua – sede
Nuestra Sra de Fatima No 12
(…).».
172 WGC-03 del 5 de $2.232.701 25-08-2003 30-11-2003 Ibídem.
noviembre de 2003
(Fls. 8 y 9)

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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

36. Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala es importante indicar que en las
órdenes de prestación de servicios citadas, además de los objetos transcritos, se
pactaron las siguientes obligaciones:

«EL CONTRATISTA se comprometerá especialmente evitar toda desaveniencia
con el resto del personal docente directivo y alumnos del plantel, no llegar retardado
desempeñar sus servicios, no faltar prestación de estos sin causa justificada
debidamente, a juicio de la Administración y las directivas del colegio, corregir
oportunamente los trabajos y los exámenes de los estudiantes y habilitaciones de
materias a su cargo entregando su debido tiempo y a quien corresponda los
resultados: llevar debidamente los libros de control y demás de rigor que asigne la
Dirección, de asistir puntualmente a la reuniones de Docentes a que fuera
convocado, procurar el buen comportamiento de los alumnos dentro del centro
Docente, colaborar para el incremento de la disciplina y el mantenimiento de la
moral en todo sentido, no emplear el tiempo de clases en actividades diferentes,
cumplir dentro de las horas señaladas para cada materia el programa de estudio
respectivo, asumiendo la obligación de terminarlos en horas fuera del horario así
por su causa no hubiere sido tratado completamente en el tiempo asignado en el
plan general de estudios determinados por la dirección de acuerdo con las normas
pedagógicas modernas y los cálculos efectuados por el Ministerio de Educación al
respecto, velar por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y
todos los demás enseres que le han sido confiados, observar una conducta pública
de acuerdo con el decoro y la dignidad del cargo, abstenerse de someter a los
alumnos a castigos corporales, no tomar dinero préstado (sic) de los alumnos ni
efectuar negocios con los mismos, no suministrar a los alumnos libros y revistas
inmorales, no darles manos ejemplos ni embriagarse con ellos, no llevarlos a casa
de diversión ni de juegos prohibidos, no cometer actos que a juicio de la dirección
menoscaben la autoridad del docente o quebrante la moral o disciplina del plantel.
Entre estos quedan comprendidos los abusos sexuales, el homosexualismo y la
práctica de aberraciones tales como el onanismo, exhibicionismo y fetichismo, no
llegar embriagado el establecimiento educativo o ingerir bebidas alcohólicas o usar
personalmente narcóticos, estupefacientes o alucinógenos en el mismo sentido así
sean cantidades mínimas, no revelar secretos o actos revelar secretos o actos
revelados a la Administración o al centro Docente, no negociar los temas o notas de
exámenes o previas con los discípulos, o valerse de chantajes para satisfacciones
sexuales de cualquier índole.».

«1.- La señora MARIA LUISA PEREZ GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía No.
66.973.173 de Cali, Valle, se compromete con el Municipio de Dagua a prestar sus
servicios en materia educativa en la escuela FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER de la vereda EL VERGEL del municipio de Dagua, Núcleo Desarrollo
Educativo No. 38. 2.- La señora MARIA LUISA PEREZ GUTIERREZ, está obligada
a cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia y las demás estipuladas en la
ley 195 de 1995 y el Decreto 2277-79 Artículo 44.».

«(…) a) Ejecutar el programa de trabajo adjunto. B) Informar periódicamente el
cumplimiento del mismo.».

«(…) 1) a desarrollar a plenitud el objeto del contrato dentro de los términos y
condiciones establecidos en el programa de trabajo. 2) a atender los requerimientos
que imparta el interventor tendientes a la buena ejecución del proyecto, así como
también las instrucciones del director del núcleo educativo correspondientes. 3) a
partir de la fecha de iniciación de sus servicios arriba indicada y durante la vigencia
de la presente orden de servicios, a incorporar legal y eficientemente su capacidad
física e intelectual de trabajo, en el desempeño de sus servicios como educador, así
como las demás labores inherentes a su servicio, teniendo especial cuidado en el

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
No. Interno: 0787-2022
Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

cumplimiento de las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional,
la Secretaría de Educación Departamental y Municipal o en los directivos docentes,
para adelantar la programación pre establecida y que comprende actividades en el
establecimiento educativo y fuera de el, verificar las evaluaciones de los programas
y los alumnos a su cargo, conservar y proteger los materiales educativos que
existen y la implementación a su cargo. 4) a observar y hacer cumplir los estatutos
y reglamentos educativos y de la institución educativa, a defenderla y honrarla en
todas las circunstancias y manifestaciones, velar por su prestigio, fomentar su
progreso, cumplir bien y fielmente a su leal saber y entender los deberes
relacionados con la presente orden de prestación de servicios que le encomienda el
MUNICIPIO DE DAGUA, dentro de las pautas institucionales y del sistema
educativo.».

37. Precisa la Sala, que en el caso en estudio la labor contratada es la de ejercicio
de la docencia, regulada entre otras en la Ley General de la Educación, Ley 115
de 1994, conforme lo contempla el artículo 67 de la Constitución Política y el
Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente), expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 715
de 2001, el cual tiene por objeto regular las relaciones del Estado con los
educadores a su servicio, garantizar que la docencia sea ejercida por personal
idóneo, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y
competencia, como atributos esenciales que deben orientar el ingreso,
permanencia, ascenso y retiro del servicio (artículo 1º). Las normas del nuevo
estatuto se aplican a quienes se vinculen a partir de la vigencia del decreto (20 de
junio de 2002), para desempeñar los cargos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria o
media y, a quienes sean asimilados conforme a la misma disposición (artículo 2º).

38. A su vez, los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de este decreto, señalan quiénes son los
profesionales de la educación, los docentes y los directivos docentes, así como
qué es la función docente, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 3. Profesionales de la Educación. Son profesionales de la
educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación
expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título
diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo
dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores.

ARTÍCULO 4. Función docente. La función docente es aquella de carácter
profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y
la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades
educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los
establecimientos educativos.

La función docente, además de la asignación académica, comprende también las
actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
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a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las
actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de
planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y
deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de
dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación
relacionadas directamente con el proceso educativo.

Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente
educadores, y son docentes y directivos docentes.

ARTÍCULO 5°. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su
proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son
responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la
función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo,
preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos,
evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos,
reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y
deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación
estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que
incidan directa o indirectamente en la educación.

ARTÍCULO 6°. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de
dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en
las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables
del funcionamiento de la organización escolar.

Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y
básica primaria; rector de institución educativa en educación preescolar y básica
completa y/o educación media; y coordinador.

(…).».

39. En consecuencia al ser la educación un servicio público, derecho fundamental,
la realización de ella por un docente se encuentra supeditada a los lineamientos
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual es la carta de navegación de las
escuelas y colegios en donde se especifican entre otros aspectos los principios y
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y
el sistema de gestión.

40. Según el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que exprese la forma como se ha decidido
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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41. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe responder a situaciones y
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser
concreto, factible y evaluable.

42. Sobre la labor de la docencia a través de la modalidad de contratos u órdenes
de prestación de servicios la prestación de los servicios, la sala encuentra por lo
dicho anteriormente que esta labor no puede ser prestada de manera
independiente, pues la misma se debe ejercer de manera personal y subordinada
al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación,
aunado a que la misma no se ciñe exclusivamente a las directrices impartidas en
los contratos u órdenes, pues deben sujetarse a las directrices, instrucciones y
direcciones del superior en el centro educativo, de la secretaría de educación
territorial y el Ministerio de Educación nacional, y en virtud de ello ha encontrado
que para que se demuestre la realidad sobre las formas, basta que se acrediten
los contratos o ordenes de prestación de servicios cuyo objeto tenga la labor
docente y en segundo lugar la prueba de la ejecución de los mismos.

43. Atendiendo lo anterior se revisa el material probatorio allegado y se tiene de la
valoración probatoria de las órdenes de prestación de servicios y demás pruebas
documentales, que efectivamente la demandante fue contratada por el municipio
accionado según el objeto contractual, «(s)ervicios Docente del CONTRATISTA»,
servicios en materia educativa en la escuela FRANCISCO DE PAULA SANTANDER de la
vereda EL VERGEL del municipio de Dagua, Núcleo Desarrollo Educativo No. 38. 2 (…)»,
el cual es la función docente.

44. Siendo entonces el objeto desarrollado el de la función docente, ella
continuando con el análisis no se realizaron de forma liberal, sino sujetas al Plan
Educativo, a los deberes, horarios, órdenes, etc., de cómo el educador debe
impartir su actividad y que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (director del centro y director de núcleo correspondiente) para llevar
acabo la ejecución de las órdenes de prestación de servicios, encontrándose
adecuadas a la naturaleza y objeto de aquellas por lo que existe una sujeción de
la actora hacia el municipio accionado y, en tal sentido, este contaba en todo
momento con la posibilidad de disponer del servicio de aquella, quien a su vez
tenía la obligación correlativa de obedecerle.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
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45. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

46. Entonces, constatado el objeto y las funciones que se establecieron en las
órdenes de prestación de servicios suscritos entre los extremos procesales, se
aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y
subordinación, por lo que la Sala al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica de las pruebas allegadas al proceso, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo
incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente
y continuo los servicios de la actora en consideración a la continuidad de la
relación y poner de presente que dentro del material probatorio obrante es posible
establecer que se configuró el elemento de la subordinación y continuada
dependencia.

47. Así las cosas, para los periodos comprendidos entre el 21 de abril de 1997 al
15 de marzo de 1997, del 1º de febrero al 20 de junio de 2001, del 17 de
septiembre de 2001 al 7 de julio de 2002, del 24 de septiembre de 2002 al 4 de
julio de 2003 y del 25 de agosto al 30 de noviembre de 2003, se encuentra
demostrado, de la copia de las órdenes de prestación de servicios y demás
pruebas documentales, la existencia de los elementos de la relación laboral, como
lo determinó el a quo.

48. Es de señalar, que pese a encontrarse probados los elementos de la relación
laboral en los periodos analizados, se dirá que esto no implica que la demandante
detente la condición de empleada pública en miramiento a que no existen los
elementos de una relación legal y reglamentaria en cuanto al artículo 122 de la
Constitución Política y de la manera como se debe ingresas al sector publico
educativo.

49. Visto lo anterior, no se acogen los argumentos expuestos por el municipio
demandado.

50. Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la
prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en
consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad, para lo

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cual resulta oportuno traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto
3135 de 19685 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 6, en donde se establece
el término de 3 años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos
prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato 7,
a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el
artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que dispone:

«Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el
tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este
Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo
solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de
interrupción en el servicio a una y otra entidad (…).». (Negrilla fuera de texto).

51. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación8 ha dispuesto que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual
debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el
fin de establecer si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral
declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que
este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en
cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse
las siguientes recomendaciones:

5
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
6 Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de

1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
7 Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso
interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el
mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes
finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por
cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación
de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal
del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las
que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad7,
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en
condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de septiembre de

dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONFORME AL
ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la
Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva
con una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de
continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.».

52. Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado,
donde se dispuso:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal
sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

53. Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:

«(…)

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para

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pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la
sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral,
pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona
(exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por
su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la
acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el
consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto
administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de
servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho
(…).».

54. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 14 de
noviembre de 20149, se encuentra que todas las prestaciones sociales anteriores
al mismo día y mes de 2011 se encuentran prescritas, de tal manera que a la
entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales
por los periodos previamente analizados, pues se encuentran por fuera de este
término, como lo estableció el a quo.

9 Visible a folios 4 y 5.

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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55. No obstante lo anterior, se aplicará la tesis planteada por la Sala de sección
en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 10, en lo que se refiere a la
imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
motivo por el que la entidad accionada deberá tomar todos en los interregnos
comprendidos entre el 21 de abril de 1997 al 15 de marzo de 1997, del 1º de
febrero al 20 de junio de 2001, del 17 de septiembre de 2001 al 7 de julio de 2002,
del 24 de septiembre de 2002 al 4 de julio de 2003 y del 25 de agosto al 30 de
noviembre de 2003, salvo interrupciones, el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

56. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.

57. En consideración a lo referido, la demandante tiene derecho al reconocimiento
como lo estableció el a quo y, en consecuencia, se confirmará la sentencia
apelada sin consideración adicional sobre el fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de acuerdo a la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo

Perdomo Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015).

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Expediente No. 76001-23-33-000-2015-00018-01
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Demandante: María Luisa Pérez Gutiérrez
Demandada: Municipio de Dagua

segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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