Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00613-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00613-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00613-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00613-01 (4237-2022)
Demandante: Harold Martínez Espinal
Demandada: Universidad del Valle
Tema: Reliquidación pensión jubilación. Situaciones pensionales
amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Harold Martínez Espinal presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 0351 del 11 de febrero de 2014,
mediante la cual la Rectoría de la Universidad del Valle le reconoció una pensión
1 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles a
folios 84 a 121.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00613-01 (4237-2022)
Demandante: Harold Martínez Espinal
de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación de la prestación con el 100% de los factores salariales
devengados en el último año de servicio y la inclusión de la doceava parte de las
«últimas primas pagadas»; ii) el reconocimiento y pago de las diferencias « de la
pensión de jubilación entre la causada y no pagada, es decir, reconocer la retroactividad
por el ajuste pertinente» iii) la indexación de las sumas que resultaren; v) la condena
al pago de los perjuicios causados con ocasión de « la lesión del derecho de
jubilación»; y vi) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Harold Martínez Espinal nació el 3 de junio de 1938, por lo que, en la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 [1° de abril de 1994], tenía «55 años de
edad».
3.2. Entre el 7 de septiembre de 1964 y el 31 de diciembre de 2013, prestó sus
servicios como profesor titular de tiempo completo en la Universidad del Valle,
esto es, durante 48 años y 17 días.
3.3. De acuerdo con lo anterior, era beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, puesto que, a la entrada en vigencia de esta disposición tenía más
de 15 años de servicio y 40 de edad.
3.4. El 13 de diciembre de 2013 solicitó ante la División de Recursos Humanos de
la Universidad del Valle el reconocimiento de la pensión de jubilación.
3.5. Como consecuencia de la anterior reclamación, a través de la Resolución 0351
del 11 de febrero de 2014, la Universidad del Valle le reconoció pensión de
jubilación. Para esos efectos, tuvo en cuenta un «ingreso base de liquidación de
$7’590.243.oo pesos, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, obteniendo así
una pensión inicial resultante de $5’692.682.oo pesos, a partir del 31 de diciembre de
2013», con la inclusión de los factores salariales establecidos en las leyes 33 y 62
de 1985 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, « sin incluir […] todos los factores
salariales, que conforme al régimen especial interno de la Universidad del Valle, le
corresponden».
3.6. La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones 2458 del 18 de
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junio de 2014, que resolvió el recurso de reposición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 48, 53, 58 y 83 de la Constitución
Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo 36; 15, 21, 36, 146 y 288 de la Ley
100 de 1993; el Decreto 1044 de 1995.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Los actos administrativos demandados infringieron el ordenamiento jurídico,
en particular las normas del régimen especial de jubilación del que era beneficiario
y de «su derecho al régimen de transición en su cabalidad e integralidad en particular de
las bases jurídicas en que su derecho a la jubilación debió radicar, de su derecho al
principio de favorabilidad, de su derecho al respeto del derecho adquirido, a la condición
más beneficiosa y en general, a las normas de rango constitucional que […] lo protegen y
prohíjan un mejor derecho» [sic].
5.2. La Universidad del Valle desconoció su derecho al régimen de transición al
reconocerle la prestación con el régimen establecido en la Ley 33 de 1985, «sin dar
cabida a la aplicación de la normativa especial interna de la Universidad del Valle; o sea
interpretar y aplicar indebidamente la norma que verdaderamente le corresponde por ley y
derecho adquirido» [sic].
5.3. De conformidad con el artículo único de la Resolución 117 del 9 de noviembre
de 1985, expedida por el ente universitario, los empleados públicos docentes y
administrativos de la universidad que hubieren cumplido 20 años de servicio
tendrían derecho a pensionarse con el régimen anterior « y no con la Ley 33 de 1985,
esto es la Resolución 260 de 1976, la Resolución 119 de 1976 y el Acuerdo 04 de 1984»
[sic], según los cuales le asistía el derecho a que su prestación fuera reliquidada
con el 100% del salario del último año de servicio, «más 1/12 de las últimas primas».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Universidad del Valle4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con base en los siguientes argumentos:
6.1. Las disposiciones con base en las que el demandante pretende el
3 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles a
folios 108 a 120.
4 Samai, índice 4, ED_C01_11 CONTESTACION DE LA DEMANDA - Poder y anexos de la
contestación- Reservado(.pdf) NroActua 4, visible a folios 141 a 166.
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Demandante: Harold Martínez Espinal
reconocimiento y liquidación de la prestación eran «actos ilegales que ya salieron
del ordenamiento interno de la Universidad», puesto que establecían derechos
contrarios a la Constitución Política y la ley. Así las cosas, el acto demandado con
el que le fue definida su situación se encontraba acorde con el ordenamiento
jurídico, puesto que, «en estricto derecho el régimen aplicable a la parte actora es la
Ley 33 de 1985».
6.2. El «régimen extralegal expedido internamente sin competencia por la Universidad del
Calle, a través de las resoluciones Nros. 119 y 260 de 1976 y el Acuerdo No. 004 de
1984, fue DEROGADO por la Resolución No. 117 de noviembre 9 de 1987» [sic]. Lo
anterior se encuentra en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado, según
la cual, la competencia para definir el régimen pensional de los servidores públicos
únicamente la ostenta el legislador, por lo que, resultaba ilegal «cualquier
disposición que al respecto establezcan las autoridades administrativas del orden
territorial».
6.3. Así las cosas, la decisión de no reliquidar la pensión de jubilación de Harold
Martínez Espinal se encuentra dentro del marco de las normas aplicables, en
tanto, no «se puede reclamar la aplicación en materia pensional para los servidores
públicos, de disposiciones administrativas de carácter extralegal expedidas sin
competencia funcional por autoridades territoriales diferentes al legislador».
6.4. Propuso las excepciones que denominó: i) inepta demanda; ii) carencia del
derecho sustancia reclamado; iii) inexistencia del derecho objeto de las
pretensiones de la demanda; iv) inexistencia de perjuicios; v) caducidad de la
acción; vi) prescripción; e vii) innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2021, accedió a las pretensiones y condenó en costas a la
demandada, con sustento en los siguientes argumentos:
7.1. En el presente asunto el demandante pretendía la aplicación del régimen
pensional de la Universidad del Valle contenido en la Resolución 260 de 1976
expedida por el Consejo Directivo de la Universidad del Valle, de conformidad con
el cual tenía derecho a una pensión de jubilación cuando cumpliera 50 años de
edad y 20 de servicio.
7.2. La Resolución 117 de 1987 incorporó a los empleados de la universidad al
régimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985 y derogó la mencionada
Resolución 260; sin embargo el primer precepto normativo en mención «generó un
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Demandante: Harold Martínez Espinal
régimen de transición para las personas que al 29 de enero de 1985 cumplieran los
requisitos establecidos en los parágrafos 2 y 3 de esa ley, quienes en materia prestacional
seguirían amparados por las disposiciones anteriores, esto es, por las estipuladas en la
Resolución No. 260 del 9 de septiembre de 1976; luego entonces, a diferencia de lo
argumentado por la demandada, la aplicación de este acto administrativo en materia
pensional no fue abolida del todo por la Resolución No. 117 de 1987, como quiera que
siguió en uso para las personas que fuesen beneficiarias de la transición que acaba de
explicarse» [sic].
7.3. De conformidad con el material probatorio aportado, Harold Marínez Espinal
nació el 3 de junio de 1983 y prestó sus servicios en la Universidad del Valle como
docente de tiempo completo durante más de 20 años. Así las cosas, el 30 de junio
de 1995 [fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones en el
nivel territorial] tenía más de 57 años de edad y 20 años de servicio.
7.4. De igual forma, el 29 de enero de 1985 cumplía con los requisitos establecidos
en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, comoquiera que contaba con
más de 15 años de servicio en la Universidad del Valle. En consonancia, era
beneficiario de la transición prevista en la Resolución 117 de 1987, como
consecuencia de lo cual su régimen pensional era el dispuesto en la Resolución
260 del 9 de septiembre de 1976, «razón por la cual al tenor de lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993 era viable reconocer su pensión con fundamento en
las normas expedidas por la entidad demandada, a pesar de que dicha entidad no tenía
facultad para regular el régimen pensional de los empleados públicos».
7.5. En suma, declaró la nulidad parcial de la Resolución 0351 del 11 de febrero de
2014 y ordenó la reliquidación de la pensión con el « 100% del promedio salarial del
último año de servicios, más un doceavo (1/12) de la última prima pagada».
7.6. Noobstante, negó la pretensión de incluir todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, porque el artículo 2 de la
Resolución 260 de 1976 fue aclarado a través de la Resolución 023 de 1987, en la
que se precisó que «para efectos de las liquidaciones de pensiones de jubilación, el
promedio del sueldo». En ese orden, el monto de la pensión de jubilación tendrá en
cuenta solamente el promedio del sueldo o asignación básica salarial y «el único
factor que tal precepto permite incluir es la última prima pagada en cuantía de una
doceava parte».
7.7. En cuanto al pago de perjuicios que se hubieren causado como consecuencia
de la liquidación pensional efectuada por el ente universitario, concluyó que no
había lugar a su reconocimiento, puesto que el demandante no demostró su
causación, tal como lo exige el artículo 167 del Código General del Proceso.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00613-01 (4237-2022)
Demandante: Harold Martínez Espinal
7.8. Frente a la configuración de la prescripción, en consideración a que el derecho
se hizo exigible el 31 de diciembre de 2013 y la reclamación y la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho fueron presentadas dentro de los 3 años
siguientes concluyó que no se había configurado este fenómeno jurídico.
7.9. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada de conformidad con
los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso. Asimismo, de
conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura fijó como agencias en derecho el equivalente a 1 salario mínimo
mensual vigente.
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así:
8.1. La decisión adoptada por el tribunal desconoció que el régimen pensional
establecido a través de «normas internas de la Universidad del Valle» fueron
derogadas por el Consejo Superior a través de la Resolución 117 de 1987, con el
que se «remitió» a todos los empleados públicos del ente universitario al « régimen
legal establecido en la Ley 6ª de 1945 y las leyes 33 y 62 de 1985», por lo que no era
posible el reconocimiento de un derecho con sustento en « normas internas
extralegales actualmente inexistentes» que tenían un «carácter abiertamente
inconstitucional, motivo por el cual son inaplicables y se reputan inexistentes en virtud
de la excepción de constitucionalidad consagrada en el Artículo 4º de la Carta».
8.2. Según lo dispuesto en la Resolución 117 de 1987, «los docentes que se
encontraren en las situaciones del parágrafo 2º y 3º de la Ley 33 de 1985 se jubilarían con
las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley, siempre que cumplieran con la
edad y tiempo de servicios pero que estuvieran por fuera del servicio». Sin embargo,
el demandante prestó sus servicios en la universidad hasta el 30 de diciembre de
2013, por lo que no era posible la aplicación de las disposiciones pretendidas, en
tanto, «NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO de retiro del sistema».
8.3. De otra parte, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 «de ninguna manera “avaló la
legalidad de los regímenes especiales de las entidades territoriales”, si se lee
correctamente el texto literal de esa norma, se puede apreciar sin mayor esfuerzo que lo
que convalidó fueron las “situaciones jurídicas de carácter individual definidas con
anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o
departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales a favor de
servidores públicos… ”». Así las cosas, la referida norma solo convalidó «los
hechos consumados a la luz de dichas disposiciones, en otras palabras, los derechos
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Demandante: Harold Martínez Espinal
adquiridos antes de la expedición de la Ley 100».
1.5. Trámite de segunda instancia
9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.2. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 5, el
problema jurídico se contrae a establecer ¿si Harold Martínez Espinal, era
beneficiario del régimen previsto por la Resolución 260 de 1976 de la Universidad
del Valle, y por ende su pensión de jubilación debió liquidarse en los términos del
régimen extralegal?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Del régimen pensional de la Universidad del Valle
12. De acuerdo con el artículo 1 del Acuerdo 004 del 1° de octubre de 1996, la
Universidad del Valle «es una institución de educación superior, es un ente universitario
autónomo, con régimen especial, del orden estatal u oficial, con personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente, creada por
la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante Ordenanza 012 de 1945 de la
Asamblea del Departamento del Valle del Cauca y modificada mediante Ordenanza 010
de 1954 del Consejo Administrativo del Valle del Cauca, adscrita a la Gobernación del
Valle del Cauca y, en lo que se refiere a las políticas y a la planeación educativa,
vinculada al Ministerio de Educación Nacional».
13. A través de la Resolución 260 de 1976 se estableció el régimen prestacional de
los docentes de la institución, en los siguientes términos:
5 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Harold Martínez Espinal
«[…] Artículo 2. A partir de enero 10 de 1976 regirá para el personal docente de la
Universidad que cumpla 50 años de edad y 20 de servicio, en organismos del Estado
Colombiano, bien sea Nación, Departamento o Municipio o algún establecimiento
público, Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier nivel, el
siguiente régimen de jubilación:
1. Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle
durante un periodo de 0 a 5 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre la base
del 75% del promedio salarial del último año de servicios más un doceavo 1/12 de la
última prima pagada.
2. Quien haya prestado sus servicios continuos o discontinuos a la Universidad del
Valle durante un periodo de 5 a 10 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre
la base de un 80% del promedio salarial del último año de servicio más 1/12 de la
última prima pagada.
3. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
10 a 15 años, se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 90% del
promedio salarial del último año de servicios más una doceavo 1/12 de la última prima
pagada.
4. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
15 a 20 años o más se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 100%
del promedio salarial del último año de servicios, más un doceavo 1/12 de la última
prima pagada.
PARÁGRAFO: Los tiempos de servicio anotados corresponden a la dedicación de
tiempo completo, a efecto de aplicar el beneficio para dedicaciones inferiores al cálculo
del tiempo servido a la Universidad del Valle se hará en forma equivalente a la
dedicación.
Por ejemplo 10 años de servicio en medio tiempo equivaldrán a 5 de tiempo. […]»
14. De otra parte, mediante la Resolución 119 de 1976 se fijó el régimen
prestacional del personal no docente de la institución, así:
«[…] Artículo 21. Sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas
que siéndoles aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento
jurídico del país la Universidad jubilará a sus empleados al cumplir 20 años de
servicios en entidades oficiales y 50 de edad de acuerdo a la siguiente tabla:
a) Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle
durante el periodo de 5 a 10 años, se jubilará con el 80% del último salario.
b) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
10 a 15 años, se jubilará con el 90% del último salario.
c) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
15 a 20 años o más se jubilará con el 100% del último salario. […]»
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Demandante: Harold Martínez Espinal
15. Posteriormente, el Consejo Superior aprobó el Acuerdo 004 de 1984 «[p]or el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo», que derogó «los acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones que sean contrarias, en especial la Resolución No.
119 de 1976, emanada del Consejo Directivo». En los artículos 143 y 146 del acto en
mención se dispuso lo siguiente:
«ARTICULO 143. El empleado que reúna los requisitos determinados para gozar de
pensión de retiro por jubilación, por edad, o por invalidez, cesará en el ejercicio de sus
funciones en las condiciones y términos establecidos en la normatividad de seguridad
social que rija en la Universidad del Valle.
[…]
ARTICULO 146. Sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas
que siéndole aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento
jurídico del país, la Universidad jubilará a sus empleados al cumplir 20 años de
servicios en entidades oficiales y 50 años de edad, de acuerdo con las tablas
estipuladas en la Resolución No. 119 del 22 de abril de 1976, emanada del Consejo
Directivo.»
16. Posteriormente, la institución universitaria a través de la Resolución 117 del 9
de noviembre de 1987 estableció el régimen para los empleados públicos,
docentes y administrativos, así:
«Artículo Único: Los empleados públicos docentes y administrativos de la Universidad
del Valle que el 29 de enero de 1985 se encontraren en cualquiera de las situaciones
previstas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con
las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley; los demás empleados públicos
se jubilarán bajo el régimen establecido por la misma ley».
17. Así las cosas, a partir del 29 de enero de 1985, todos los empleados públicos
que prestaran sus servicios en la Universidad del Valle fueron incorporados al
régimen pensional del sector público contenido en la Ley 33 de 1985, salvo
quienes se encontraran en las situaciones previstas en los parágrafos 2 y 3 del
artículo 1 de esta norma, según las cuales:
«PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la
presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan
los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son
varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las
disposiciones que regían en el momento de su retiro.
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Demandante: Harold Martínez Espinal
PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley,
hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán
rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.»
18. En ese orden, tendrían derecho al reconocimiento pensional con sustento en el
régimen que se encontraba vigente antes de la expedición de la Ley 33 de 1985,
que para el caso de los docentes de la Universidad del Valle se encontraba
contenido en la Resolución 260 de 1976, quienes al 13 de febrero de 1985
[entrada en vigor de la referida ley] se encontraran en una de las siguientes
situaciones: i) los empleados oficiales que contaran con 15 años continuos o
discontinuos de servicio; ii) quienes con 20 años de labor continua o discontinua
se encontraran retirados del servicio; y iii) los empleados públicos que contaran
con el estatus pensional, es decir, con la edad y el tiempo de servicio exigidos por
el respectivo régimen.
2.3.2. De las situaciones pensionales definidas por disposiciones
municipales, departamentales y por convenciones colectivas suscritas por
sindicatos de empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 1993
19. Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política6 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. Dicha competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:
«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su
sector, denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.
6 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».
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Demandante: Harold Martínez Espinal
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades
y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de
localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para
la Rama Legislativa.
[…]
Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.
Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>7 El régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional,
con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
7 Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: «siempre que se
entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las
entidades territoriales».
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Demandante: Harold Martínez Espinal
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional».
20. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República dictar
las normas generales y establecer en ellas los objetivos y criterios en los cuales
debe sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en
tanto que el Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros
generales con los cuales el gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios
del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo anterior, en
atención a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f) de la
Constitución Política»8.
21. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.
22. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política 9 garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no
obstante, dicha prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.
23. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los
empleados públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues
gozan del ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y
tenidos en cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre de
las condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de
asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, de
acuerdo con las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto en
los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados en la legislación interna a través
de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les permite
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,
radicado 76001 23 31 000 2010 01286 02 (6097-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la
Sala].
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Demandante: Harold Martínez Espinal
participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se
entienda que la decisión final corresponde al gobierno nacional.
24. No obstante, en el nivel territorial existían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso que, con el fin de
salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de 1993 resolviera dejar
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58 constitucional que ampara los
derechos adquiridos. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a
que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».
25. Ahorabien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:
«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras,
basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
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Demandante: Harold Martínez Espinal
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con
arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo
hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la
garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse
de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de
seguridad social (ley 100 de 1993).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado,
en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan ‹dentro de los dos años siguientes› los
requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo
tienen una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los
beneficios propios de la ley 100 de 1993»10. [subrayado fuera de texto]
26. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.
27. Ahora bien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 201111 dispuso:
«[…] la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical,
que en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía
Universitaria incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus
empleados y que el Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada
inconstitucional la validó o refrendó.
Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.
En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
10 Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera
Vergara.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente
08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Demandante: Harold Martínez Espinal
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.
En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue
lo contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes
no estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se
consolidó a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás
asuntos que están sub júdice.
[…]
Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».
28. Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 hubiesen adquirido el derecho acorde con
disposiciones municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en
convenciones colectivas de trabajo.
2.4. Caso concreto
29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
29.1. Harold Martínez Espinal nació el 3 de junio de 1938.
29.2. Según acta de posesión, el 14 de octubre de 1964 se posesionó en el cargo
de instructor de tiempo parcial en la Facultad de Arquitectura, para el cual fue
nombrado mediante Resolución 54 del 2 de octubre de ese año.
29.3. El jefe de la Sección Relaciones Laborales de la Universidad del Valle certificó
que había prestado sus servicios de la siguiente manera: i) «mediante contratos
administrativos de prestación de servicios» entre el 1° de marzo de 1966 y el 31
de diciembre de 1971; y ii) «mediante nombramiento definitivo» entre el 7 de
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Demandante: Harold Martínez Espinal
septiembre de 1964 y el 6 de septiembre de 1965, entre el 1° de enero y el 28 de
febrero de 1966 y entre el 1° de enero de 1972 y el 30 de diciembre de 2013.
29.4. A través de la Resolución 3316 del 12 de diciembre de 2013 le fue aceptada la
renuncia al cargo de profesor titular adscrito al Departamento de Proyectos de la
Facultad de Artes Integradas, a partir del 31 de diciembre de esa anualidad.
29.5. Según el oficio DRH.4203 del 26 de noviembre de 2012, el jefe de recursos
humanos de la Universidad dio respuesta a una «consulta sobre condiciones de
pensión de jubilación» indicó que se había vinculado a través de contrato
administrativo de prestación de servicios durante 4 años, 10 meses y 5 días en las
siguientes fechas:
«1 de marzo de 1966 al 30 de junio de 1966 (4 meses)
1 de julio de 1966 al 31 de diciembre de 1966 (6 meses y 1 día)
1 de enero de 1967 al 30 de junio de 1967 (6 meses)
1 de julio de 1967 al 31 de diciembre de 1967 (6 meses y 1 días)
1 de enero de 1968 al 31 de marzo de 1968 (3 meses y 1 días)
1 de abril de 1968 al 31 de diciembre de 1968 (9 meses y 1 día)
1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1969 (1 año y 1 día)
1 de enero de 1971 al 30 de junio de 1971 (6 meses)
1 de julio de 1971 al 31 de diciembre de 1971 (6 meses)»
29.6. El 22 de febrero de 1993, el jefe de la División de Recursos Humanos certificó
que había prestado sus servicios así:
«Mediante nombramiento desde el 7 de septiembre de 1964 al 30 de julio de 1966,
como instructor en la Facultad de Arquitectura, con dedicación de medio tiempo.
Mediante contrato administrativo de prestación de servicios en la Oficina de Promoción
y Desarrollo de la Facultad de Arquitectura, durante los siguientes periodos:
• Del 01/03/66 al 30/06/66, con dedicación de medio tiempo.
• Del 16/01/69 al 30/06/69, con dedicación de medio tiempo.
• Del 01/01/71 al 30/06/71, con dedicación de tiempo completo.
• Del 01/07/71 al 31/12/71, con dedicación de tiempo completo.
Mediante nombramiento a partir del 1° de enero de 1972, actualmente tiene categoría
docente de profesor titular en el departamento de Diseño de la Facultad de
Arquitectura, con dedicación de tiempo completo.»
29.6.1. Asimismo, que al momento de su retiro del servicio desempeñaba el empleo
de profesor titular adscrito al Departamento de Proyectos de la Facultad de Artes
Integradas, con dedicación de tiempo completo.
29.6.2. Con esta certificación se aportó «anexos sobre los valores liquidados en la
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nómina el último año de servicio», según el cual, durante ese periodo devengó: i)
«hacen parte para base de cotización en pensión»: sueldo básico, prima de
antigüedad, vacaciones y ii) «no hacen parte de la base para calcular los aportes a
pensión»: bonificación académica, «bonificación ant prima de navidad», prima de
vacaciones, bonificación de recreación, anticipo prima de navidad y prima de
navidad.
29.7. Mediante la Resolución 0351 del 11 de febrero de 2014, el rector de la
Universidad del Valle le reconoció una pensión de jubilación, de conformidad con
la Ley 33 de 1985, al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993. Así las cosas, la prestación se liquidó con « el 75% del promedio de los factores
establecidos en las leyes 33 y 62 de 1985 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, del
último año de servicio comprendido desde el 1 de enero del 2013 hasta el 30 de diciembre
de 2013, sin que el monto exceda el límite legal vigente estipulado por el artículo 18 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003».
29.8. El anterior acto de reconocimiento pensional fue confirmado con la Resolución
2458 del 18 de junio de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto.
2.5. Análisis sustancial
29.9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de
la demanda porque consideró que Harold Martínez Espinal había acreditado los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen
especial de la Universidad del Valle, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 en el nivel territorial, esto es el 30 de junio de 1995, contaba con los
requisitos exigidos en la Resolución 260 del 9 de septiembre de 1976, estos son,
50 años de edad y 20 años de servicio.
30. La Universidad del Valle solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia al considerar que el régimen pensional extralegal fue derogado por la
Resolución 117 de 1987, por lo que, a partir de la entrada en vigencia de esta
última, el reconocimiento se debía efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985.
31. De acuerdo con las pretensiones de la demanda, se advierte que el objeto del
presente asunto es la aplicación del régimen pensional de los docentes de la
Universidad del Valle, contenido en las resoluciones 260 de 1976, 119 de 1976 y
el Acuerdo 004 de 1984 expedidos por el Consejo Superior de esa institución de
educación superior.
32. Al respecto, como se explicó en el marco normativo de esta providencia, se
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advierte que el régimen prestacional contenido en la Resolución 260 de 1976 fue
derogado por la Resolución 117 de 1987, de conformidad con la cual, los
empleados públicos docentes y administrativos de ese ente universitario se
jubilarían de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985,
incluido el régimen de transición previsto en esta última.
33. No obstante, en la Resolución 117 de 1987 se estableció un régimen de
transición según el cual, los docentes de la entidad demandada mantendrían el
régimen pensional contenido en la citada Resolución 260, siempre que al 13 de
febrero de 1985 se encontraran en uno de los siguientes supuestos12: i) contaran
con 15 años continuos o discontinuos de servicio como empleados oficiales; ii)
quienes con 20 años de labor continua o discontinua en el sector público se
encontraran retirados del servicio; y iii) los empleados públicos que contaran con
el estatus pensional, es decir, con la edad y el tiempo de servicio exigidos por el
respectivo régimen.
34. En ese sentido, la Sala procederá a verificar si el demandante se encontraba
dentro de alguno de las situaciones previstas en el régimen de transición
implementado a través de la Ley 33 de 1985 y como consecuencia tenía derecho
a las prerrogativas de la Resolución 260 de 1976. En consonancia con lo anterior,
del material probatorio allegado al expediente se advierte que Harold Martínez
Espinel nació el 3 de junio de 1938 y prestó sus servicios en la Universidad del
Valle durante los siguientes periodos:
Modalidad de
Desde Hasta Tiempo total
vinculación
Relación legal y 7 de septiembre de 1 año, 10 meses y 23
30 de julio de 1966
reglamentaria 1964 días
«Contrato
administrativo de 31 de diciembre de 4 años, 10 meses y
1 de marzo de 1966
prestación de 1971 513
servicios»
Relación legal y 31 de diciembre de 41 años, 11 meses y
1 de enero de 1972
reglamentaria 2013 30 días
35. Así las cosas, el 13 de febrero de 1985 [fecha de entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985] Harold Martínez Espinal contaba con 19 años, 10 meses y 10 días, es
decir, se encontraba dentro del supuesto de haber « cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio» en el sector público, por lo que, tenía derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Resolución
260 de 1976. Por lo anterior, como lo concluyó el a quo, tenía derecho a que su
12 Parágrafos 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
13 De acuerdo con el oficio relacionado en el párrafo 23.5. Con interrupciones.
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prestación fuera liquidada con el «100% del promedio salarial del último año de
servicios, más un doceavo (1/12) de la última prima pagada».
36. Ahora bien, la entidad apelante sustentó su pretensión de revocatoria de la
decisión de primera instancia con el argumento, según el cual no era posible el
reconocimiento de un derecho con sustento en « normas internas extralegales
actualmente inexistentes» que tienen un «carácter abiertamente inconstitucional, motivo
por el cual son inaplicables y se reputan inexistentes en virtud de la excepción de
constitucionalidad consagrada en el Artículo 4º de la Carta».
37. Asimismo, al considerar que la situación pensional del demandante no se
encontraba dentro de aquellas convalidadas por el artículo 146 de la Ley 100 de
1993, en tanto «si se lee correctamente el texto literal de esa norma, se puede apreciar
sin mayor esfuerzo que lo que convalidó fueron las “situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones
municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales a
favor de servidores públicos… ”». Es decir, la referida norma solo convalidó «los
hechos consumados a la luz de dichas disposiciones, en otras palabras, los derechos
adquiridos antes de la expedición de la Ley 100».
38. Como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, el
artículo 146 de la referida Ley 100 dispuso que las « situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en
favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las
entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes» y, de
manera expresa, extendió dicha convalidación a «quienes con anterioridad a la
vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas».
39. Frente a este aspecto, se encuentra que para la fecha de entrada en vigencia
del sistema general de pensiones en el nivel territorial, el 30 de junio de 1995, el
demandante contaba con 57 años de edad [nació el 3 de junio de 1938] y 30 años,
2 meses y 7 días de servicio en la Universidad del Valle, esto es, acreditó la
totalidad de requisitos exigidos por las resoluciones 260 de 1976 y 119 de 1976
para el reconocimiento de la pensión «sobre la base de un 100% del promedio salarial
del último año de servicios, más un doceavo 1/12 de la última prima pagada14».
14 Artículo 2.4 de la Resolución 260 de 1976: «El personal A partir de enero 10 de 1976 regirá para
el personal docente de la Universidad que cumpla 50 años de edad y 20 de servicio […] Quien
haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de 15 a 20 años o más
se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 100% del promedio salarial del último
año de servicios, más un doceavo 1/12 de la última prima pagada».
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40. Adicionalmente,no le asiste razón a la Universidad cuando afirmó que el
régimen pensional contenido en las «normas internas extralegales» son «inaplicables
y se reputan inexistentes en virtud de la excepción de constitucionalidad consagrada en el
artículo 4 de la carta», puesto que, como se indicó antes, el legislador convalidó las
situaciones jurídicas individuales consolidadas en favor de los servidores públicos
con sustento en disposiciones del orden territorial, norma que fue declarada
constitucional, al concluir que materializaba el mandato superior contenido en el
artículo 58 de la Constitución Política por tratarse de derechos adquiridos « bajo la
vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (ley 100 de 1993)».
41. Finalmente, el ente universitario cuestionó el derecho reconocido por el a quo,
porque estimó que para mantener el beneficio del régimen de transición de la Ley
33 de 1985 era indispensable retirarse del sistema; sin embargo, Harold Martínez
Espinal prestó sus servicios en la universidad hasta el 31 de diciembre de 2013.
42. En relación con el anterior reproche, se advierte que la Ley 33 de 1985
estableció 3 supuestos que le darían derecho al servidor público a mantener el
régimen pensional que gobernaba su situación antes de la entrada en vigencia de
esta norma. Dentro de los cuales se incluyó a quienes acreditaran 20 años de
servicio y se encontraran retirados, situación dentro de la cual no estaba el
accionante, esto, toda vez que adquirió la expectativa de mantener la transición
por el cumplimiento de otra condición, la de acreditar 15 años o más de servicio en
el sector público.
43. Aunado a lo anterior, de las normas en estudio no se advierte que para efectos
de mantener la prerrogativa de la transición se exigiera de manera expresa el
retiro del servicio. En ese sentido, precisa la sala que el requisito del retiro del
servicio es una exigencia para la efectividad de la prestación, lo cual no siempre
coincide con la fecha de adquisición del estatus pensional, momento a partir del
cual, para el beneficiario, el reconocimiento de la prestación se torna en un
derecho adquirido, distinto es que su disfrute se encuentre condicionado a su
retiro del servicio.
44. Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Harold Martínez Espinal.
Artículo 21 de la Resolución 119 de 1976: «la Universidad jubilará a sus empleados al cumplir 20
años de servicios en entidades oficiales y 50 de edad de acuerdo a la siguiente tabla […] c) Quien
haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de 15 a 20 años o más
se jubilará con el 100% del último salario».
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2.6. Costas
45. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
46. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
47. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma15.
48. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
49. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en
costas a la parte demandante, pues no se observa que hubiese realizado análisis
de temeridad o mala fe.
3. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Harold Martínez Espinal,
cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación
extralegal, prevista en la Resolución 260 de 1976 expedida por la Universidad del
15En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00613-01 (4237-2022)
Demandante: Harold Martínez Espinal
Valle, por lo que, le asiste el derecho a su reliquidación con el «100% del promedio
salarial del último año de servicios, más un doceavo (1/12) de la última prima pagada».
51. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 30 de septiembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
accedieron a las pretensiones de la demanda.
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó en costas a
la entidad demandada y, en su lugar:
«Sexto: No condenar en costas».
Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Harold Martínez Espinal contra la
Universidad del Valle.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00613-01 (4237-2022)
Demandante: Harold Martínez Espinal
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC
23
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