Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01470-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01470-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01470-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01470-01 (5138-2022)
Demandante: José Gregorio Villar Llanes
Demandado: Universidad del Valle del Cauca
Tema: Reliquidación pensional. Régimen pensional extralegal de
la Universidad del Valle del Cauca.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, como
quiera que el demandante cumplió con los requisitos extra-
legales de pensión a corte del 30 de junio de 1997.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes proce-
sales contra la sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2019 por el Tri-
bunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. José Gregorio Villar Llanes, por medio de apoderada y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
contra la Universidad del Valle, en adelante la Universidad, con el objetivo que
se declare la nulidad de (i) la Resolución No. 1482 del 21 de mayo de 2004, por
medio de la cual le reconoció una pensión de vejez en los términos de la Ley 797
de 2003 y (ii) los Oficios No. 30.31.762.2014 del 19 de febrero de 2014 y No.
SABS.0030.0031.2058.2014 del 22 de mayo de 2014, en los que se negó la reli-
quidación pensional en los términos del régimen interno de la institución.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la reliquidación
pensional de jubilación de conformidad con el régimen especial de la Universidad
contenido en las Resoluciones 260 y No. 119 de 1976 y el Acuerdo 004 de 1984
del Consejo Superior de la institución de conformidad con el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, por haber cumplido con los requisitos allí establecidos al mo-
mento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones. Como consecuen-
cia de lo anterior, exigió que (i) el IBL sea por el 100% de los factores salariales
devengados en el último año de servicios, incluyendo la doceava parte de las
primas de navidad y vacaciones, (ii) los valores sean actualizados según el ar-
tículo 187 de la Ley 1437 de 2011, (iii) el reajuste anual de la mesada y (iv) el
pago de intereses de mora.
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Demandante: José Gregorio Villar Llanes
3. Explicó haber prestado sus servicios a la Universidad del Valle del Cauca
como Profesor Asociado en la Sección de Estructuras de la Facultad de Ingenie-
ría desde el 1 de abril de 1976 hasta el 14 de junio de 2003. Previo a ello, estuvo
vinculado al Ministerio de Minas y Energía entre el 20 de marzo de 1967 y el 14
de junio de 1969. También indicó que nació el 26 de julio de 1941, por lo que a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 50 años.
4. Con base en ello, la Universidad del Valle le reconoció una pensión de
jubilación en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, asignándole una
mesada de $ 2.849.420 efectiva a partir del 31 de diciembre de 2003 y liquidada
por una tasa de reemplazo del 85% del promedio de lo devengado en los últimos
10 años, esto es, entre 1994 y 2003.
5. No obstante, el demandante alegó que dicha liquidación fue contraria al
ordenamiento jurídico comoquiera que era beneficiario del régimen de transición
y, en virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 19931. En ese sentido, lo correcto
era calcular la mesada pensional según lo dispuesto en las Resoluciones 260 y
119 de 1976 y el Acuerdo 04 de 1984 expedidos por el Consejo Superior de la
Universidad, dado que este era el régimen anterior al que tenía derecho y que
efectivamente adquirió. A saber, el inciso 4° del artículo 2° de la Resolución 260
de 1976 consagró que:
“A partir de Enero 1o de 1976 regirá para el personal docente de la Universidad
que cumpla 50 años de edad y 20 de servicio, en organismos del Estado Colom-
biano, bien sea Nación, Departamento o Municipio o algún establecimiento pú-
blico, Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier nivel, el si-
guiente régimen de jubilación: (…)
Quien haya prestado servicios a la Universidad del Valle durante un período de
15 a 20 años o más se le asignará la pensión de jubilación sobre la base de un
100% del promedio salarial del último año de servicios, más un doceavo (1/12)
de la última prima pagada. (…)”.
6. En respaldo de lo anterior, manifestó que la sentencia del 31 de julio de
2008 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado2
determinó que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó los efectos de las
1 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Artículo 146. “ARTÍCULO 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por dis-
posiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual defini-
das con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales
en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos
o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentrali-
zados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales dispo-
siciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro
de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente
Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposi-
ciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley”.
2 Radicado interno 0218 de 2008
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normas en materia pensional dictadas por entidades territoriales y órganos des-
centralizados. Citó precedentes en los cuales la jurisdicción de lo contencioso
administrativo reiteró esta postura en diferentes procesos judiciales en los que
también se discutió la reliquidación pensional con base en las normas internas
de la Universidad del Valle del Cauca, además de la sentencia de unificación del
29 de septiembre de 2011 dictada por el Consejo de Estado en un caso que
involucró a la Universidad del Atlántico.
7. Como concepto de la violación, alegó la vulneración de los artículos 1°, 2°,
6°, 48, 53, 123, y 209 de la Constitución Política, así como también el artículo 146
de la Ley 100 de 1993.
Contestación de la demanda
8. La Universidad del Valle del Cauca se opuso a todas las pretensiones de
la demanda y sostuvo que los fundamentos expuestos por el demandante des-
conocieron que la definición de los requisitos para acceder al reconocimiento
pensional corresponde de manera exclusiva al legislador. Agregó que los prece-
dentes jurisprudenciales del Consejo de Estado invocados referirían a situacio-
nes de quienes consolidaron su estatus pensional antes del 30 de junio de 1995,
circunstancia que aplicaba en su caso por haber adquirido su estatus hasta el 26
de julio de 1996 cuando cumplió 55 años.
9. Como consecuencia de lo anterior, argumentó que lo correcto era recono-
cer el derecho pensional en los términos de la Ley 797 de 2003. Si bien el de-
mandante cumplió con el requisito de edad para hacerse beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, resaltó que el señor Villar se acogió volun-
tariamente al Sistema General de Pensiones de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 288 de dicha ley mediante comunicación del 21 de abril de 2004.
10. Así mismo, afirmó que el régimen especial que regía para sus servidores
había sido derogado mediante Resolución 117 de 1987 expedida por el Consejo
Superior de la institución educativa. En consecuencia, sostuvo que no era jurídi-
camente viable considerar que el demandante hubiese adquirido el estatus pen-
sional según las disposiciones internas y, en su lugar, aseguró que el régimen
anterior al que eventualmente podría aspirar el señor Villar era la Ley 33 de 1985.
11. Como excepciones de mérito, formuló la carencia del derecho sustancial,
inexistencia del derecho, prescripción y la genérica.
Sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 28 de junio de 2019.
13. Al analizar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para los em-
pleados públicos a nivel territorial y el régimen pensional interno de la Universidad
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del Valle del Cauca, determinó como regla que todo docente tendría derecho al
reconocimiento pensional en los términos de las Resoluciones 119 y 260 de 1976
cuando acreditara el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios
establecidos en el Acuerdo 004 de 1984, siempre que ello sucediera antes del 30
de junio de 19973.
14. De acuerdo con lo anterior, advirtió que el señor Villar (i) nació el 26 de
julio de 1941 y (ii) prestó sus servicios en el Ministerio de Minas y en la Universi-
dad del Valle del Cauca por 29 años, 11 meses y 25 días entre el 29 de marzo
de 1967 y el 31 de diciembre de 2003, (iii) de los cuales 23 años, 5 meses y 24
días fueron prestados antes del 30 de junio de 1997. Por lo tanto, concluyó que
cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y
que, por ende, el régimen interno de la Universidad le era aplicable.
15. En cuanto a la Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987 invocada por
la Universidad como el acto mediante el cual se derogó el régimen interno y se
dispuso que los empleados públicos de la institución se pensionaran conforme a
la ley, el Tribunal señaló que este no fue aportado al plenario, por lo que el argu-
mentó no podía ser valorado. En todo caso, precisó que se trataba de un asunto
examinado en distintas ocasiones por el Consejo de Estado sin que la derogatoria
del régimen le impidiera a la jurisdicción acceder a las pretensiones de este tipo
de demandas4.
16. Aclaró que la aplicación del régimen anterior procedía solo respecto de la
edad, tiempo de servicios y monto, pues el método de liquidación de la mesada
debía ceñirse a los parámetros de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994
y no como lo pretendió el demandante. Lo anterior de conformidad con la senten-
cia de unificación del 28 de agosto de 2018.
17. Por lo tanto, declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 1482 del 21 de
mayo de 2004 y los Oficios No. 30.31.762.2014 del 19 de febrero de 2014 y No.
SABS.0030.0031.2058.2014 del 22 de mayo de 2014 y ordenó la reliquidación
pensional por el 100% de los factores salariales sobre los cuales el señor Villar
cotizó en los últimos 10 años de servicio. También decretó el pago de las dife-
rencias causadas entre lo cancelado en virtud del reconocimiento inicial y lo or-
denado en la sentencia, el correspondiente reajuste y la prescripción de las me-
sadas causadas antes del 30 de septiembre de 2010, en virtud de que el deman-
dante solicitó la reliquidación solo hasta el 30 de septiembre de 2013.
3 Para justificar la adopción de esta fecha, el Tribunal fundó su criterio en la sentencia del 11 de
febrero de 2015 que dictó la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado bajo el
radicado 3787-2013.
4 En este caso, el Tribunal citó las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,
rad. 76001-23-31-000-2003-01589-02 (0218-2008), MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
Consejo de Estado, Sección Segunda, rad. 76001-23-313-000-2013-00015-01 (4512-2013), MP.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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18. Por último, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte de-
mandada. A partir de los artículos 365 del Código General del Proceso y el ar-
tículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, aplicó un criterio objetivo y concluyó que no se probó que la deman-
dada hubiese actuado de manera temeraria o por mala fe.
Recursos de apelación
19. La Universidad apeló la sentencia de primera instancia y solicitó la revo-
catoria de la decisión. Insistió que la Resolución 117 de 1987 expedida por el
Consejo Superior de la institución5 derogó el régimen interno anterior del ente
universitario, por lo que no era posible reconocer una pensión bajo esos términos.
20. Con base en los artículos 150 y 313 de la Constitución Política y la Ley 4°
de 1992, estimó que la competencia para fijar el régimen pensional de los servi-
dores públicos le correspondía al Congreso de la República, por lo que las Reso-
luciones 119 y 260 de 1976 y el Acuerdo 004 de 1984 eran inconstitucionales.
21. Asimismo, alegó que la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de
1993 no avaló la legalidad de regímenes especiales dictados por entidades terri-
toriales, sino que convalidó situaciones jurídicas de carácter individual definidas
y consumadas con anterioridad al Sistema General de Pensiones.
22. Por su parte, el señor Villar también apeló la decisión de primera instancia
solo respecto de la liquidación del IBL. A su juicio, dicho cálculo debió determi-
narse por el promedio de los factores salariales devengados en el último año de
servicios e incluyendo la doceava parte de las primas de navidad y vacaciones,
pues la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permitía inferir que la
liquidación pensional representaba un derecho adquirido al igual que el recono-
cimiento. Alegó que el Tribunal incurrió en tres defectos procesales que vulnera-
ron sus derechos fundamentales: (i) defecto sustantivo por la interpretación equi-
vocada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (ii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial y (iii) violación directa de la Constitución Política6.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 16 de febrero de 2023, el despacho sustanciador admi-
tió los recursos de apelación interpuestos y corrió traslado a las partes sobre es-
tos y al Ministerio Público, este último para que rindiera concepto.
24. La parte demandante reprochó el que el Tribunal hubiese acogido de ma-
nera parcial el régimen especial de pensión consagrado por la Universidad, pues
se trató de un derecho adquirido que logró consolidar antes del 30 de junio de
1995. Sumado a esto, sostuvo que el a quo desconoció la sentencia C-410 de
5 Reiterada por el Acuerdo 010 del 27 de septiembre del 2000 expedido por la Universidad del
Valle del Cauca.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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1997 de la Corte Constitucional, así como precedentes horizontales. Alegó la vul-
neración del derecho a la seguridad social y la inaplicación del principio de favo-
rabilidad.
25. Sobre el recurso de apelación de la Universidad, el señor Villar comentó
que el ente territorial ignoraba la amplia jurisprudencia de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en la que reconocía la vigencia y aplicación del régimen pen-
sional interno con base en la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de
1993. Además, si bien la competencia sobre los regímenes pensionales era una
discusión válida, en el caso en concreto no estaba llamada a prosperar porque el
artículo 146 buscó proteger derechos adquiridos bajo sistemas pensionales es-
peciales como el de la institución educativa.
26. La Universidad del Valle del Cauca reiteró todos los argumentos expuestos
en el recurso de apelación y argumentó que el señor Villar no cumplió con los
requisitos exigidos por el régimen interno, pues su desvinculación se dio el 30 de
diciembre de 2003 y cumplió la edad exigida solo hasta 1996, es decir, en vigen-
cia de la Ley 100 de 1993.
27. Al pronunciarse sobre el recurso de su contraparte, alegó que la liquida-
ción del IBL no fue un aspecto sometido al régimen de transición, por lo que no
era jurídicamente posible acoger sus peticiones.
28. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA,
en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso y el 26 de
la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de
apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los tribunales
administrativos.
Problema jurídico
30. Le corresponde a la Sala determinar si el señor José Gregorio Villar Llanes
tiene derecho al reconocimiento y reliquidación pensional de jubilación bajo el
régimen especial de la Universidad del Valle del Cauca previsto en las
Resoluciones 260 y No. 119 de 1976 y el Acuerdo 004 de 1984 del Consejo
Superior de la institución.
31. Igualmente, la Sala deberá examinar si el demandante tiene derecho a que
dicha asignación sea liquidada con base en el 100% del promedio de los factores
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salariales devengados en el último año de servicios e incluyendo la doceava parte
de las primas de navidad y vacaciones, tal como lo previó el régimen interno de
la Universidad.
Análisis del problema jurídico
32. Frente al primer problema jurídico, la Sala confirmará la sentencia apelada,
por cuanto encuentra acreditado que el demandante consolidó su derecho pen-
sional al amparo del régimen interno de la Universidad del Valle del Cauca con
anterioridad al 30 de junio de 1997, de conformidad con lo previsto en el artículo
146 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de la Corporación. En tal virtud, la
situación jurídica individual allí consolidada se encuentra amparada por el régi-
men excepcional, razón por la cual procede el reconocimiento de la prestación.
33. Es pertinente resaltar, que a partir del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República tiene a su cargo la expedición
de normas relacionadas con el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. A su turno, el artículo 12 de la Ley 4° de 1992 dispone que el Gobierno
Nacional deberá fijar el régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales conforme los criterios y objetivos fijados por el legislador.
34. En esa medida, el Consejo de Estado ha reconocido que (i) se trata de una
competencia compartida entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, (ii) las dis-
posiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos, resoluciones o conven-
ciones que regulen el sistema prestacional de empleados públicos son contrarias
al ordenamiento jurídico y (iii) las entidades del orden territorial no pueden expedir
actos administrativos de reconocimiento con base en dichas reglas extralegales7.
35. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991
y posteriormente del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993, coexistían diversos regímenes prestacionales de origen extralegal a nivel
territorial que, conforme al marco normativo reseñado anteriormente, carecían de
sustento jurídico para su creación. Consciente de esta realidad y en aras de sal-
vaguardar los derechos laborales y prestacionales que se hubieren consolidado
al amparo de tales disposiciones, a través del artículo 146 de la Ley 100 de 19938
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2008, rad. 76001 23 31 000 2003 01589 02 (0218-08). Universidad
del Valle vs. Jairo León Alonso Garzón.
8 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Artículo 146. “Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por dispo-
siciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas
con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en
materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o
personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentraliza-
dos, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposi-
ciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido años siguientes
los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica
la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo
regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley”.
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el legislador dispuso que las situaciones jurídicas individuales definidas por nor-
mas municipales o departamentales con anterioridad a dicha legislación conti-
nuarían vigentes.
36. Sobre la constitucionalidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad del primer inciso al garantizar los derechos
laborales y prestacionales que los afiliados adquirieron a partir de leyes civiles y
que, en virtud de la seguridad jurídica, no podían ser desconocidas por
legislaciones posteriores. Frente al inciso segundo el examen fue distinto, pues
estableció que el privilegio allí contenido para quienes consolidaran el derecho
pensional dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la Ley 100 creaba
un tratamiento inequitativo y desigual respecto de los demás servidores
territoriales o vinculados a organismos descentralizados. Por lo tanto, la
expresión “o cumplan dentro de los dos años siguientes” fue declara inexequible.
37. En respaldo de lo anterior, el Consejo de Estado ha creado una línea ju-
risprudencial pacífica que reitera dicho criterio9 bajo la cual ha explicado que “(…)
las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley
100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones ex-
tralegales continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vi-
gencia obtuvieron los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamien-
tos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras
de garantizar los derechos adquiridos”10.
38. No obstante, sobre la fecha de corte bajo la cual se debía estudiar el cum-
plimiento de los requisitos pensionales extralegales, la Corporación ha determi-
nado que corresponde al 30 de junio de 1997. En consideración de los efectos
ex nunc de las sentencias de constitucionalidad11, el Consejo de Estado ha esta-
blecido que el inciso segundo del artículo 146 fue vinculante respecto de las pen-
siones que lograron consolidarse entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio de
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2008, rad. 76001 23 31 000 2003 01589 02 (0218-08). Universidad
del Valle vs. Jairo León Alonso Garzón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017, rad. 76001-23-33-000-
2013-00015-01(4512-13). Ernestina Rojas Victoria vs. Universidad del Valle; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril
de 2022, rad. 76001-23-31-000-2010-01286-02 (6097-2019). EMCALI vs. Héctor Emilio Cruz Ro-
mero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 18 de julio de 2024, rad. 76001-23-33-000-2014-00303-01 (0348-2023). Martha
Lucía Aguirre Quilismal vs. Universidad del Valle del Cauca.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2008, rad. 76001 23 31 000 2003 01589 02 (0218-08). Universidad
del Valle vs. Jairo León Alonso Garzón.
11 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 45. “ARTÍCULO 45.
REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL
CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Consti-
tucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
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Demandante: José Gregorio Villar Llanes
199712 bajo regímenes extralegales y que, por ende, se entendían convalidadas
y ratificadas por el amparo de la ley.
39. Conforme las pruebas aportadas al proceso, la Sala observa que el señor
Villar nació el 26 de julio de 1941 y prestó sus servicios al sector público de la
siguiente manera: (i) al Ministerio de Minas y Energía desde el 20 de marzo de
1967 hasta el 14 de junio de 196913 y (ii) a la Universidad del Valle del Cauca
primero a través de contrato de prestación de servicios desde el 1 de octubre de
1975 y el 15 de marzo de 1976 y luego, mediante nombramiento en propiedad,
desde el 1 de abril de 1976 hasta el 31 de diciembre de 200314.
40. A través de la Resolución No. 1482 del 21 de mayo de 200415, la Univer-
sidad le reconoció una pensión de jubilación al demandante en los términos de
la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, fijando el valor de la mesada en $
2.849.420, efectiva a partir del 31 de diciembre de 2003, liquidada sobre 29 años,
11 meses y 25 días de servicio y con una tasa de reemplazo del 85% del salario
devengado en los últimos 10 años de servicios, período comprendido entre 1 de
enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2003.
41. El 30 de septiembre de 201316 y el 12 de marzo de 201417, el demandante
solicitó la reliquidación pensional conforme el régimen especial e interno de la
institución educativa previsto en las Resoluciones 119 y 260 de 1976 expedidas
por el Consejo Superior y en virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993. En
respuestas del 19 de febrero18 y 22 de mayo de 201419, la Universidad negó la
solicitud argumentando que (i) el régimen pensional interno de la institución fue
derogado a través de la Resolución 117 del 9 de septiembre de 1987, (ii) los
derechos adquiridos solo pueden ser tenidos en cuenta cuando las normas bajo
las cuales se consolidaron son acordes al ordenamiento jurídico, (iii) el artículo
146 de la Ley 100 de 1993 no hizo referencia explícita a cuáles disposiciones
extralegales consideraría válidas, (iv) el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 solo operó respecto de la edad, tiempo de servicios y monto,
no sobre el método de liquidación del IBL, (v) al estudiar el cumplimiento de los
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 11 de febrero de 2015, rad. 76001 23 31 000 2010 01306 02 (3787-2013). EMCALI
EICE E.S.P. vs. Cesar Augusto Bonilla Arangón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017, rad. 76001-
23-33-000-2013-00015-01(4512-13). Ernestina Rojas Victoria vs. Universidad del Valle; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 7 de abril de 2022, rad. 76001-23-31-000-2010-01286-02 (6097-2019). EMCALI vs. Héctor
Emilio Cruz Romero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Se-
gunda, Subsección B. Sentencia del 18 de julio de 2024, rad. 76001-23-33-000-2014-00303-01
(0348-2023). Martha Lucía Aguirre Quilismal vs. Universidad del Valle del Cauca; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9
de abril de 2026, rad. 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021). Ignacio OProño Consuegra
vs. Departamento del Atlántico.
13 Expediente físico, cuaderno No. 1, folio 252.
14 Expediente físico, cuaderno No. 1, folio 280 y 283.
15 Expediente físico, cuaderno No. 2, folios 2 – 4.
16 Ibidem, folios 5 – 6.
17 Ibidem, folios 15 – 34.
18 Ibidem, folios 7 – 14.
19 Ibidem, folios 35 – 47.
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requisitos pensionales de la Ley 33 de 1985 a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, el demandante no había adquirido el derecho pensional, sino que
se encontraba bajo una expectativa legítima al solo cumplir la edad requerida
hasta 1996, (vii) el régimen de reconocimiento aplicado se dio en virtud del prin-
cipio de favorabilidad, (viii) las sentencias referenciadas como precedentes te-
nían efectos interpartes, por lo que no eran vinculantes a su caso y (ix) no existía
ninguna sentencia de unificación en la que el Consejo de Estado interpretara y
aplicara el régimen pensional especial que en algún momento existió dentro de
la Universidad del Valle.
42. Al examinar la situación jurídica del demandante a corte del 30 de junio de
1997, la Sala observa que el señor Villar tenía 55 años y había prestado 21 años,
8 meses y 13 días de servicio20, lo que quiere decir que cumplió con los requisitos
exigidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 para lograr la convalidación de
su estatus pensional bajo el régimen extralegal de la Universidad y acceder a la
pensión en los términos allí establecidos; régimen que, en todo caso, la deman-
dada no logró demostrar que hubiese sido derogado, pues si bien alegó la exis-
tencia de la Resolución No. 117 de 1987, no aportó al plenario dicho documento
ni tampoco desarrolló su contenido, incumpliendo así con su deber frente a la
carga de la prueba tanto en el escrito de la demanda, como en el recurso de
apelación.
43. En ese orden, la Sala reitera que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
tuvo como finalidad salvaguardar las situaciones jurídicas individuales consolida-
das y los derechos adquiridos al amparo de regímenes pensionales extralegales
de carácter territorial. En consecuencia, quienes hubiesen cumplido los requisitos
exigidos por tales disposiciones antes del 30 de junio de 1997 conservaron el
derecho a pensionarse conforme a ellas, sin que la entrada en vigencia del Sis-
tema General de Pensiones pudiera desconocer o afectar las situaciones jurídi-
cas ya consolidadas.
44. En relación con el segundo problema jurídico, la Sala también confirmará
la sentencia de primera instancia. En efecto, según las Resoluciones 260 y No.
119 de 1976 y el Acuerdo 004 de 1984 del Consejo Superior de la institución, el
personal docente de la Universidad podía pensionarse al acreditar 50 años de
edad y 20 años de servicio al sector público, siendo susceptible de liquidar la
asignación por el 100% del promedio salarial del último año de servicios más un
doceavo de la última prima pagada. Lo cierto es que tales reglas no resultan apli-
cables para determinar el ingreso base de liquidación. Ello obedece a que el ré-
gimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 amparó úni-
camente los requisitos relacionados con la edad, el tiempo de servicios y el monto
de la prestación, mas no el método de cálculo del ingreso base de liquidación,
aspecto que se encuentra sometido a las disposiciones del Sistema General de
20 Dicho cálculo operó de la siguiente manera: (i) entre el 1 de octubre de 1975 y el 15 de marzo
de 1976 transcurrieron 5 meses y 14 días y (ii) entre el 1 de abril de 1976 y el 30 de junio de 1997
pasaron 21 años, 2 meses y 29 días.
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Pensiones y que, por tanto, no constituye un derecho adquirido susceptible de
protección transicional. Por esta razón, la liquidación de la prestación debe efec-
tuarse conforme a las reglas vigentes del régimen general aplicable 21.
45. En efecto. el señor Villar demostró haber prestado sus servicios por 29
años, 11 meses y 25 días y, a fecha de su retiro, tenía 62 años, por lo que la
mesada pensional debía ser liquidada por el 100% del promedio del IBL calculado
sobre los últimos diez años de servicio, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
46. En suma, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiesta-
mente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés pú-
blico; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
49. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trá-
mites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá con-
dena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión con-
tenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
21
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
“ARTÍCULO 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el
artículo 279 de la presente Ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adi-
cionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta Ley hayan
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, in-
validez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del
Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general. Para efectos de este artículo se respetarán y
por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores,
pacto o convención colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste
a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.
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50. En consecuencia, dado que no prosperó para ningunas de las partes el
recurso de apelación y como quiera que no hay parte vencida en este proceso,
no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del 28 de junio de 2019 dic-
tada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho promovida por José Gregorio Villar Llanes en contra de la
Universidad del Valle del Cauca.
SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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