Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01617-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01617-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01617-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Juan Carlos Valencia presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 1278 del 9 de abril de 2015, y
DESAJCLR15-1790 del 19 de mayo de 2015, expedidas por la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cali3 por medio de las cuales se negó el
1 En adelante DEAJ.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante DESAJ de Cali.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
reconocimiento de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992; y el acto ficto o presunto originado por la ausencia en la resolución del
recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de las «diferencias salariales, prestacionales y
laborales que resulten de la reliquidación de los mismos a partir del año 2008 y hasta el 1
de agosto de 2013, teniendo como base para la liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo por tanto, con carácter salarial el 30% de su sueldo básico,
que la administración judicial ha tomado de este para denominarlo prima especial sin
carácter salarial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, entre ellas, a saber debe
reliquidarse a) Salarios; [y] b) Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de
Vacaciones; Prima de Navidad, Bonificación por Actividad Judicial y demás emolumentos
cancelados de forma incompleta» (sic); ii) el reajuste del ingreso base de cotización
[IBC] dejados de pagar a Colpensiones; iii) la indexación de las sumas adeudadas;
iv) la condena en costas a la demandada; y v) la condena extra y ultra petita de
cualquier otra pretensión que se encuentre probada en el expediente a su favor.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:
3.1. Juan Carlos Valencia prestó sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de juez
laboral del circuito de Cali así: i) del 18 de noviembre al 19 de diciembre de 2008; ii)
del 9 de marzo al 16 de diciembre de 2011; y iii) del 11 de enero de 2012 al 31 de
Julio de 2013.
3.2. El8 de abril del 2015 solicitó a la DESAJ de Cali – Valle del Cauca el
reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales sociales, teniendo en
cuenta el 100% de la asignación básica mensual, esto es, sin excluir de esa base
de liquidación el 30% al que se le había denominado prima especial de servicios sin
carácter salarial, y el pago de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992.
3.3. Mediante la Resolución 1278 del 9 de abril de 2015 la DESAJ de Cali negó la
petición anterior, con fundamento en que la sentencia del 29 de abril de 2014
proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de los
artículos que en los decretos de salarios establecieron la prima sin carácter salarial
el 30% de la asignación básica de los cargos en ellos enlistados, no creó derechos
individuales y, en todo caso, «los efectos de un fallo judicial que pone termino a un
proceso en acción de nulidad, no crea efectos particulares, por lo que se debe solicitar en
caso de tener derecho, el restablecimiento del derecho» (sic).
3.4. La decisión fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
primero fue resuelto mediante la Resolución DESAJCLR 15-1790 del 19 de mayo
de 2015, en el sentido de confirmar la decisión inicial. En cuanto al segundo, se
configuró el acto ficto «por la no respuesta al recurso de apelación interpuesto».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política;
2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152, numeral 7, de la Ley 270 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
5.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
fue efectivamente reconocida, pues los decretos salariales expedidos desde 1993
se limitaron a disponer que el 30% del salario no tendría carácter salarial ya que ese
porcentaje correspondería a la prima. Esa regulación desconoció los principios del
derecho laboral y la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que prohíbe eliminar
la naturaleza salarial de una prestación social o lo que es lo mismo «al salario o la
retribución directa de la prestación» del servicio. Lo anterior, generó que las
prestaciones sociales le fueran liquidadas únicamente sobre el 70% de su
remuneración, con lo que se desmejoraron sus condiciones laborales.
5.2. Asimismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha inaplicado los decretos
salariales anuales por inconstitucionales y ha reconocido que el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios tiene incidencia en la liquidación
de las prestaciones sociales5.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ guardó silencio en esta etapa procesal6.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 25 de agosto
de 2023, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En tal sentido, ordenó lo siguiente:
4 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «13ED_cd1rar(.rar) NroActua 2».
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 19 de mayo de 2010, radicado: 25000-23-25-000-2005 – 01134 – 01 (0419-07); Sala
de Conjueces, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 7 de Mayo de 2012, Radicado 410012331000200300551-01; y Sala de Conjueces, del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de
Septiembre de 2015, radicación 730012331000201100102.
6 Según constancia secretarial del 20 de octubre de 2022, visible a índice 54 de Samai de Tribunales
y Juzgados.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
«PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en las SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
JURISPRUDENCIAL del 02de septiembre de 2019 proferida por la Sección Segunda,
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR probada la prescripción trienal de los derechos pretendidos
por el demandante, causados con anterioridad al ocho (8) de abril de dos mil doce (2012).
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD DE: Las Resoluciones No. 1278 de 9 de abril de
2015, y DESAJCLR15-1790 de 19 de mayo de 2015, expedidos por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali, así como del acto administrativo ficto
negativo, por la no respuesta al recurso de apelación interpuesto.
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL –CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a
reconocer y pagar, al demandante JUAN CARLOS VALENCIA a partir del ocho (8) de
abril de dos mil doce (2012) y hasta que se desempeñó como juez de la República, según
certificación laboral que expida la demandada, a fin que se le pague la PRIMA
ESPECIAL COMO UN PLUS y no como una merma en el salario, para lo cual habrá de
reliquidarse y pagar, mes a mes, los salarios y prestaciones sociales conforme a los
tiempos señalados.
QUINTO: Realizar los descuentos de ley para la seguridad social de la parte
demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.
SEXTO: ORDENAR a la demandada a indexar las sumas de dinero reliquidadas, mes a
mes, conforme a lo resuelto en la SENTENCIA DE UNIFICACION que motiva la presente
sentencia, y, siguiendo lo dispuesto en el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A.
SEPTIMO: Las entidades públicas demandadas deberán dar cumplimiento a la decisión
y reconocer intereses moratorios en la forma y términos dispuestos en los artículos 192
y 195 del C.P.A.C.A.
OCTAVO NOVENO: Sin condena en costas a la demandada.
NOVENO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.» (sic).
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente7:
8.1. A través de las sentencias del 2 de septiembre de 2019 8, la Sección Segunda
del Consejo de Estado fijó pautas en relación con la prima especial de servicios, a
partir de las cuales se estableció que el referido emolumento constituye un valor
adicional al salario básico mensual y que es factor salarial para efectos pensionales.
8.2. Como consecuencia, «la demandada habrá de reliquidar los salarios y prestaciones
sociales conforme a lo ordena la SENTENCIA DE UNIFICACION, solo en los periodos en
que el Doctor JUAN CARLOS VALENCIA, se haya desempeñado como JUEZ, y que no
estén sujetos a al fenómeno jurídico de la PRESCRIPCION» (sic) [resaltado del original].
7 Samia de Juzgados y Tribunales, índice 71.
8 Sentencia SUJ-016-CE-52-2019
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
8.3. Si bien el demandante tenía derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios, al haber presentado la reclamación el 8 de abril de 2015 y comoquiera
que se retiró del servicio el 31 de julio de 2013, los periodos anteriores al 8 de abril
de 2012 prescribieron. Por lo que, «[e]l derecho a reliquidación de salarios y
prestaciones sociales se hará conforme a lo establecido en la SENTENCIA DE
UNIFICACION, y se ordenará que sea en los tiempos no prescritos y efectivamente
laborados por el demandante en su cargo de Juez de la República, mediando de por medio
certificación laboral de la demandada, en razón que el cargo fue ejercido por el demandante
de manera discontinua» (sic) [resaltado del original].
8.4. No procede la condena en costas, de conformidad con la aplicación del criterio
valorativo.
1.4. El recurso de apelación
9. Lademandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia en los siguientes términos9:
9.1. Aunque el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en sesión 13 del 13 de abril de 2021, expresó
que la entidad tenía el deber de extender los efectos de la sentencia SUJ-016-CE-
S2-2019 expedida por el Consejo de Estado, para que se reconociera y pagara: i)
las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y
laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional,
calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del
artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial; a los funcionarios judiciales que
desempeñaran los cargos a los que se les otorgó tal beneficio, la entidad se
encontraba en imposibilidad de reconocer tales acreencias, toda vez que no contaba
con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que le permitiera cubrir tales reconocimientos. Lo anterior, le imposibilitó el
establecimiento de fórmulas conciliatorias, además iría en contravía de lo dispuesto
en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
9 Samai Tribunales y Juzgados, índice 75.
10 Al respecto, ver auto del 30 de abril de 2025, visible a índice 17 de Samai.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
1.6. El Ministerio Público
11. Elprocurador delegado solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia bajo la consideración de que tanto la jurisprudencia del Consejo de
Estado11 como la de la Corte Constitucional12 han sido reiterativas y categóricas en
señalar que no es jurídicamente admisible alegar la falta de disponibilidad
presupuestal como excusa válida, en sede administrativa, para incumplir una
sentencia judicial debidamente ejecutoriada13.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a establecer
¿si las limitaciones económicas y presupuestales son argumentos válidos para
negar el derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
11 «sentencias con radicado No. 2232–99 y en la del 22 de octubre de 2018, expediente 05001-23-
31-000-2012-00294-01 (0523-14)»
12 «Sentencias T-389 del 14 de mayo de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa,
C-100 del 7 de marzo de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-346 del 9 de julio de 1998,
M.P. Carlos Gaviria Díaz»
13 Samai, índice 21.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Juan Carlos Valencia
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».
18. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200716, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar17».
19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
16 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
17 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
como prima.
21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»
22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201919.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201420 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
21
24. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
25. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
25.1. Juan Carlos Valencia se vinculó a la Rama Judicial y ha desempeñado los
20 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
21 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
10
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
siguientes cargos22:
Cargo Estado funcionario Fecha inicio Fecha fin
Juez tercero laboral En descongestión 18 de noviembre de 19 de diciembre de
adjunto del circuito de 2008 2008
Cali
Juez veintidós laboral En descongestión 9 de marzo de 16 de marzo de 2011
adjunto del circuito de 2011
Cali
Juez catorce laboral En provisionalidad 11 de enero de 31 e julio de 2013
del circuito en oralidad 2012
de Cali
25.2. El 8 de abril de 2015, el demandante solicitó a la DESAJ de Cali – Valle del
Cauca i) la inaplicación de los decretos salariales anuales por inconstitucionales; ii)
la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico, es
decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial;
iii) el pago de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 como un adicional a la remuneración mensual; iv) la inclusión del 30% de la
prima especial dentro de la liquidación de las prestaciones sociales; y v) el pago a
Colpensiones del excedente del IBC dejado de aportar a su favor23.
25.3. La DESAJ de Cali – Valle del Cauca emitió la Resolución 1278 del 9 de abril de
2015, con la que negó la petición con fundamento en que la sentencia del 29 de
abril de 2014 proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
nulidad de los artículos que en los decretos de salarios establecieron la prima
especial del 30% de la asignación básica sin carácter salarial para los cargos en
ellos enlistados, no creó derechos individuales, pues, en todo caso, «los efectos de
un fallo judicial que pone termino a un proceso en acción de nulidad, no crea efectos
particulares, por lo que se debe solicitar en caso de tener derecho, el restablecimiento del
derecho»24.
25.4. El 23 de abril de 2015, el demandante presentó recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, con fundamento en que las sentencias aludidas constituían
antecedentes jurisprudenciales y que su falta de aplicación, con la finalidad de que
se acuda a la jurisdicción, contribuye a la congestión judicial. Aunado a lo anterior,
señaló que también existían antecedentes en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en los que se ha emitido decisiones en
22 Según el certificado del 6 de octubre de 2015 suscrito por el presidente del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali. Visible en Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «14ED_cuad1(.pdf)
NroActua 2», página 48.
23 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «14ED_cuad1(.pdf) NroActua 2», páginas 17 a 31.
24 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «14ED_cuad1(.pdf) NroActua 2», páginas 32 y 33.
Documento allegado incompleto
11
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
asuntos con contornos fácticos y jurídicos similares25.
25.5. A través de la Resolución DESAJCLR15 – 1790 del 19 de mayo de 2015, se
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial, y se
concedió el recurso de apelación26; sin embargo, de acuerdo con los hechos
expuestos en la demanda, y comoquiera que la entidad demandada no allegó
documento alguno en el que resolviera el recurso y tampoco fue un aspecto objeto
de controversia, se configuró el acto ficto ante el silencio de la administración.
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
26. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de las resoluciones
demandadas y condenó a la DEAJ a reconocer y pagar al demandante i) a partir del
8 de abril de 2012 y «hasta que se desempeñó como juez de la República, según
certificación laboral que expida la demandada», «la PRIMA ESPECIAL COMO UN PLUS y
no como una merma en el salario, para lo cual habrá de reliquidarse y pagar, mes a mes,
los salarios y prestaciones sociales conforme a los tiempos señalados» iii) los descuentos
de ley para la seguridad social de la parte demandante, respecto de las diferencias
no cotizadas. Asimismo, declaró la prescripción de los periodos causados con
anterioridad al 8 de abril de 2012.
27. La DEAJ cuestionó la anterior decisión, porque se encontraba en imposibilidad
presupuestal para pagar los mayores valores que se generarían al reliquidar el
derecho reclamado pues, hacerlo sin autorización conllevaría a desacatar el
ordenamiento legal vigente, con las consecuentes responsabilidades disciplinarias,
fiscales y penales de una decisión en ese sentido.
28. Así las cosas, corresponde establecer si las supuestas limitaciones económicas
y presupuestales podían considerarse como argumento válido para no reconocerle
el derecho al demandante.
29. En ese entendido en relación con el argumento de la entidad para negar el
derecho con sustento en la imposibilidad económica y presupuestal para reconocer
las diferencias reclamadas, la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales.
25 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «14ED_cuad1(.pdf) NroActua 2», páginas 34 a 44.
26 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo «14ED_cuad1(.pdf) NroActua 2», páginas 42 y 43.
Documento allegado incompleto
12
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
30. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional27, esta situación no
es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, por consiguiente, carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».
31. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido al demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.
32. Ahora bien, en el ordinal 4° de la sentencia del 25 de agosto de 2023 se ordenó
pagar al demandante: «a partir [del] ocho (8) de abril de dos mil doce (2012) y hasta que
se desempeñó como juez de la República, según certificación laboral que expida la
demandada, a fin que se le pague la PRIMA ESPECIAL COMO UN PLUS y no como una
merma en el salario, para lo cual habrá de reliquidarse y pagar, mes a mes, los salarios y
prestaciones sociales conforme a los tiempos señalados» (sic); sin embargo, advierte la
Sala que la redacción de la mencionada orden podría conllevar a que al momento
de dar cumplimiento a esta, se desconozcan las sumas que previamente fueron
percibidas por el demandante, bajo el entendido de que recibió los conceptos de
salario y prima especial que correspondían en realidad al 100% de la asignación
mensual.
33. En esa medida, se modificará el ordinal para aclarar que, en efecto, Juan Carlos
Valencia tiene derecho a la prima especial de servicios como un incremento de
salario básico, sin que en ningún caso se supere los topes máximos fijados por el
gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente; y a la liquidación de las
prestaciones sociales con la totalidad del porcentaje de la asignación básica, es
decir, con el 100%, sin el 30% de la prima especial, la cual no tiene carácter salarial
para esos efectos.
34. Igualmente se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago por iguales
conceptos a los aquí reconocidos.
35. Ahora bien, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable28 e
27 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
28 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar
los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
13
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
imprescriptible29, se adicionará los ordinales 2° y 5° para aclarar que la prescripción
opera con excepción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones por ser imprescriptibles y que la entidad demandada deberá realizar los
pagos de aportes a pensión en favor del demandante sobre el 100% de su salario,
sin fraccionamiento alguno por la inclusión errada de la prima de servicios como
parte de aquel, más el 30% que corresponde a la prima especial de servicios, pues
esta constituye factor salarial para el pago de los aludidos aportes. En esas
condiciones, tal pago se entiende por todo el periodo de vinculación al cargo que
otorga este emolumento, salvo sus interrupciones, toda vez que como se advirtió
que ejerció el cargo de juez de forma discontinua.
36. Para efectos de lo anterior, se advierte que solo debe pagarse al sistema las
diferencias causadas entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto
de aportes a seguridad social en pensiones.
37. De conformidad con lo anterior, se adicionarán los ordinales 4° y 5° y se
confirmará en lo demás la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
2.4. Costas
38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara
que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan
día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno,
por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
14
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
42. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la imposibilidad
económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye justificación válida
para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales, comoquiera que las
limitaciones financieras no exoneran a la administración de garantizar los derechos
reconocidos al demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Adicionar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR probada la prescripción trienal de los derechos pretendidos
por el demandante, causados con anterioridad al ocho (8) de abril de dos mil doce (2012),
con excepción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por
ser imprescriptibles.
Segundo. Modificar y adicionar el ordinal 4° de la sentencia proferida el 25 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Juan Carlos
30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
15
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
Valencia contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el cual quedará así:
CUARTO: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a reconocer y pagar, al demandante Juan Carlos Valencia a partir del
ocho (8) de abril de dos mil doce (2012) y hasta que se desempeñó como juez
de la República, según certificación laboral que expida la demandada, la prima
especial de servicios como un incremento de salario básico, sin que en ningún
caso se supere los topes máximos fijados por el gobierno nacional, atendiendo el
cargo correspondiente. Así como a reliquidar las prestaciones sociales con la
totalidad del porcentaje de la asignación básica, es decir, el 100%, sin el 30% de
la prima especial, la cual no tiene carácter salarial para esos efectos.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago por iguales conceptos a los aquí
reconocidos.
Tercero. Adicionar el ordinal 5° de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023
por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
QUINTO: La entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión en favor
de Juan Carlos Valencia sobre el 100% de su salario, sin fraccionamiento alguno por la
inclusión errada de la prima de servicios como parte de aquel, más el 30% que
corresponde a la prima especial de servicios, por todo el periodo de vinculación, salvo
sus interrupciones.
Para tal efecto, se advierte que solo debe pagarse al sistema las diferencias causadas
entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad
social en pensiones.
La entidad demandada deberá realizar los descuentos de ley para la seguridad social de
la parte demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.
Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.
Quinto. No condenar en costas en esta instancia.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
16
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01617-02 (7614-2023)
Demandante: Juan Carlos Valencia
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
17
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