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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01817-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01817-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia, excepto la condena en costas que se revoca. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas en esta instancia. TERCERO: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Débora Fajardo Fajardo identificada con la T. P. No 92.295 del C. S. de la J. como apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional24. CUARTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. 24 Memorial allegado vía correo electrónico arrimado a SAMAI, índice 12 34 Número interno: 6076-2023 Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01817-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 76001-23-33-000-2016-01817-01
Número interno : 6076-2023
Demandante : Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado : Procuraduría General de la Nación. Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general por 15 años, al incurrir en homicidio de
persona protegida por el derecho Internacional
Humanitario.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 28 de febrero de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que no accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Carlos Humberto Álzate Quintero, por
conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y
condenas:

1.1 Pretensiones

2

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad o ilegalidad de los
siguientes actos administrativos: i) fallo del 26 de abril de 2012, por medio del
cual la Procuraduría Delegada para la defensa de los Derechos Humanos
declaró disciplinariamente responsable de los cargos formulados al
demandante y le impuso como sanción disciplinaria la destitución del cargo e
inhabilidad general por el término de 20 años; ii) fallo del 26 de marzo de 2015,
por medio del cual la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación confirmó el fallo de primera instancia y modificó la sanción
imponiéndole la destitución e inhabilidad general por 15 años; iii) resolución
N. 2652 del 7 de abril de 2016, por medio de la cual se hizo efectiva la sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general del demandante.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicita se ordene a las entidades demandadas a: i) reintegrar al
demandante al mismo grado del cual fue retirado o a otro de igual jerarquía;
ii) el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio activo
y hasta la fecha en que se cumpla el fallo condenatorio, con la correspondiente
indexación; iii) el ajuste del pago de los salarios y prestaciones que resulten a
favor del actor de conformidad con el artículo 188 y siguientes de la ley 1437
de 2011; iv) pagar la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, como daño moral, ocasionado a su buen nombre, dignidad, prestigio
personal y profesional, que originó su retiro del servicio activo del ejército
nacional de Colombia; v) pagar las costas y los gastos ocasionados en virtud
de la demanda; vi) retirar de la Procuraduría General de la Nación el registro
del antecedente disciplinario consistente en la sanción de destitución e
inhabilidad general de 15 años1.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

1
Folios 200 al 202 del cuaderno principal

3

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

El demandante argumenta en los aspectos fácticos que, mediante auto de
cargos del 28 de agosto de 2009, se describieron los hechos, de la siguiente
manera (…). 2.1 El señor MARCO ANÍBAL CRUZ, denunció la retención y
posterior muerte de su hermano JOSÉ VICENTE DAGUA CRUZ, el 24 de
mayo de 2007, en la vereda EL ALBA, corregimiento La Meseta del Municipio
de Jamundí (Valle), al parecer por miembros del Ejército Nacional orgánicos
del Batallón de Alta Montaña N° 3 Rodrigo Lloreda Caicedo. 2:2 JOSÉ
VICENTE DAGUA CRUZ fue presentado por los uniformados como un
integrante de la columna móvil “Miller Perdomo” de las ONT FARC, quien
habría fallecido al enfrentarse con las tropas haciendo uso de una escopeta
que le fue incautada (…)”.

Relata que las actuaciones surtidas en la investigación disciplinaria fueron las
siguientes: i) mediante auto de 25 de mayo de 2007, el comandante de Alta
Montaña del Valle del Cauca, inició indagación preliminar en contra del TC
Hernán Torres Ariza; ii) con auto de 12 de junio de 2007, la misma
dependencia abrió investigación disciplinaria vinculando al actor; iii) con auto
de 27 de septiembre de 2007, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca,
inició indagación preliminar contra el TE Hernán Torres Ariza; iv) mediante
auto del 29 de febrero de 2008, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para
la Defensa de los Derechos Humanos, modificó el auto de apertura de
investigación de fecha 12 de junio de 2007; v) por medio de auto del 28 de
agosto de 2009, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, se elevó pliego de cargos en contra del
actor y otros; vi) con fallo de primera instancia de 26 de abril de 2012, expedido
por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos se declaró responsable de los cargos al accionante imponiéndole la
sanción de destitución del cargo e inhabilidad general de 20 años; vii)
mediante fallo aprobado en acta de sala No 11 del 26 de marzo de 2015, la
Sala Disciplinaria confirmó parcialmente el fallo de 26 de abril de 2012,
modificando la sanción disciplinaria en destitución e inhabilidad general de 15
años; viii) mediante Resolución No 2652 del 7 de abril de 2015, se ejecutó la

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Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

sanción disciplinaria impuesta, la cual fue notificada personalmente el 12 de
abril de 20162.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas cita el demandante las siguientes:

Constitución Política: Artículos 13, 28, 29 y 209.
Ley 734 de 2002: Artículos 4, 6, 19, 30, 94, 101, 107, 119 y 143 numeral 3°.

Refiere que los actos acusados vulneran el derecho fundamental al debido
proceso, por desviación del poder, falta de motivación e incursión de una vía
de hecho por violación al debido proceso y legalidad.

Señala que el auto de cargos y los fallos de primera y segunda instancia
vulneran el derecho fundamental a no auto incriminarse, dado que el señor
ST. ÁLZATE QUINTERO CARLOS, rindió declaración juramentada el 30 de
mayo de 2007, donde se ratificó de los hechos acontecidos el 24 de mayo de
2007, diligencia donde prestó juramento de rigor, sin embargo, argumenta que
dicha prueba testimonial, al igual que el informe fueron tenidos en cuenta para
proferir en su contra las siguientes actuaciones (i) auto del 12 de junio de
2007, (ii) auto del 29 de febrero de 2008, (iii) auto del 28 agosto de 2009, que
sirvieron para abrir investigación disciplinaria en su contra e imputar cargos,
desconociendo así su derecho fundamental de no auto incriminarse,
consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política del 1991.

Agrega que el auto del 28 de agosto de 2009, proferido por la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, violó el
principio de presunción de inocencia, pues este cayó en prejuzgamiento, lo
que vulnera a su vez el derecho fundamental al debido proceso, para efecto

2
Folios 202 al 204 del cuaderno principal

5

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

de lo cual cita y transcribe los apartes sustanciales de la providencia en
mención 3.1.3 y 3.1.9, y concluye que el operador disciplinario al emitir el auto
de cargos vulneró el principio de inocencia, puesto que dichas aserciones
acerca de la responsabilidad del implicado en esta etapa procesal no son
permitidas, toda vez, que el juicio de responsabilidad se hace en el fallo.

Manifiesta, que el auto del 28 de agosto de 2009, proferido por la Procuraduría
delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, viola los
principios de legalidad, ilicitud sustancial, contradicción y defensa, ya que
incurrió en omisión del requisito sustancial contenido en el artículo 5 de la ley
734 de 2002, así como los criterios legales y jurisprudenciales y doctrinarios
en punto de ilicitud sustancial exigencia fundamental para la coexistencia de
la falta disciplinaria, lo que vicia de nulidad toda la actuación disciplinaria a
partir del auto de cargos.

Indica que los fallos de primera y segunda, así como el auto del 28 de agosto
2009, proferidos por la Procuraduría delegada Disciplinaria para la Defensa
de los Derechos Humanos y la Sala Disciplinaria incurrieron en la violación
del principio de congruencia, lo que vicia todos los actos administrativos dado
que nunca tuvo oportunidad de defenderse de imputaciones jurídicas
señaladas en los fallos y no el auto de cargos.

Asimismo, argumenta que se violaron los principios de legalidad, favorabilidad
y Pro Homine, porque la acción disciplinaria superó los 5 años desde la
ocurrencia de los hechos, y por lo tanto, prescribió la misma; que el auto de
apertura de investigación disciplinaria en donde se vinculó al señor Carlos
Humberto Álzate fue proferido el 12 de junio de 2007, por parte del batallón
de Alta Montaña N° 3 “Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo”, por lo que los 5 años
de prescripción iban hasta el 12 de junio de 2012, sin que a la fecha se hubiera
notificado el fallo de primera instancia, el mismo se notificó por edicto que
estuvo fijado por 3 días, entre el 18 y 20 de diciembre de 2012, es decir más
de seis meses después de haber prescrito la acción disciplinaria.

6

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Afirma que los actos administrativos que se solicita se nuliten, constituyen una
desviación de poder y/o falsa motivación pues no existen motivos fundados
suficientes para considerar que la administración no tenga que corregir los
yerros que se presentan en este asunto.

En cuanto a la desviación de poder, indica que se evidencia en aquellos
eventos en los que la administración al utilizar sus poderes, actúa
pretendiendo alcanzar un fin diverso, “pues la sanción disciplinaria impuesta
en el proceso disciplinado (sic) seguido en contra de mi representado es a
toda luces ilegal, pues desconoce su derecho fundamental al debido proceso
y de contera los principios de legalidad, contradicción y defensa”.

Luego frente a la falsa motivación, refiere qué esta se configura cuando para
fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la
realidad; cuando, por el contrario, la motivación de un acto implica que la
manifestación de la administración tiene una causa que la justifica, y ella debe
obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debía calificación
jurídica y apreciación razonable3.

2. La contestación de la demanda

2.1 Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación se opuso a todas y cada una de las
pretensiones considerando que todos los actos administrativos proferidos
dentro del proceso fueron ajustados a la Constitución y la ley, respetando en
el caso concreto el derecho al debido proceso en cada una de las actuaciones
procesales.

3
Folios 238 al 243 del cuaderno principal

7

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Frente al cargo por vulneración al derecho fundamental de no auto
incriminación, resalta que la Procuraduría General de la Nación adelantó
acción disciplinaria en contra del demandante, fundado en el respeto del
derecho al debido proceso, derecho de defensa y principios rectores que rigen
el proceso disciplinario, y respecto de la valoración de la prueba resalta que
si bien se precisó la violación del debido proceso al tomar como prueba la
declaración juramentada del entonces disciplinado, por lo que debió
interponer la respectiva solicitud de nulidad, sin embargo no lo hizo.

Indica que lo que la jurisdicción contencioso administrativa debe realizar es
un juicio de validez y no de corrección del proceso disciplinario, verificando si
se respetó el derecho de defensa y el debido proceso.

Finaliza aduciendo que el actor si incumplió su deber funcional, por lo que
recuerda que la ilicitud sustancial implica la afectación del deber funcional que
corresponde al sujeto disciplinario, y a partir del mismo para la tipificación de
la falta, se requiere no sólo la violación normativa, sino que efectivamente se
afecte la garantía de la función pública y produzca un daño sobre la misma, lo
que resultó públicamente probado, ya que el resultado que deviene en la
presencia de la ilicitud requerida para la falta se cimentó en que existió la
afectación real sobre el bien jurídico objeto del derecho disciplinario, esto es
el correcto obrar de quién desempeña la función pública4.

2.2 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de
apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones, bajo los siguientes argumentos:

4
Folios 420 al 425 del cuaderno principal

8

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Considera que al actor no le asiste ningún fundamento jurídico para la
viabilidad de lo reclamado, por cuanto la Resolución N° 2562 del 7 de abril de
2015, proferida por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se
ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al Capitán Carlos Humberto Álzate
Quintero, que consistió en la destitución de las fuerzas militares e inhabilidad
general de quince 15 años, obedeció a la decisión emitida por la Procuraduría
General de la Nación, quien cuenta con la potestad disciplinaria en
cumplimiento de la Ley 734 de 2002, conforme a la investigación disciplinaria
N°1615599 (IUS 008- 167463-2007), por lo que no es el Ejército Nacional el
mandado a responder por esta decisión. Propone como excepción, la
innominada5.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la sentencia del 28
de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda (con condena en
costas) de conformidad con los siguientes argumentos:

Anota que no hay vulneración al debido proceso por violación al derecho
fundamental de la no auto incriminación, pues la diligencia de ratificación y
ampliación del informe del 30 de mayo de 2007 no fue la prueba para que se
diera iniciación a la investigación; además observa que no se recurrió a la
misma, aun cuando se dieron las garantías procesales de controvertir las
pruebas.

Adiciona que, las decisiones que fueron impartidas en los fallos de primera y
segunda, en su margen de competencia fallaron bajo los parámetros propios
de la ley 734 de 2002, pues de lo que se evidencia desde que inició el proceso
disciplinario hasta la decisión final es que se le respetaron al demandante sus
derechos al debido proceso y el derecho a la defensa.

5
Folios 484 al 491 del cuaderno principal

9

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Manifiesta que en cuanto a la violación alegada al principio de presunción de
inocencia, por presuntamente viciar la ilegalidad de los fallos de primera y
segunda instancia al estar precedido de un auto de cargos con
prejuzgamiento, se pudo determinar que el pliego de cargos que fue formulado
en contra del señor Carlos Humberto Álzate Quintero, se redactó con términos
que indicaban el carácter plausible, aún no revestido de certeza, de las
acusaciones que se hicieron en el proceso disciplinario, tanto que el delegado
en dicha providencia se acompañó de la expresión “presunta”, de igual
manera lo hizo al manifestarse sobre la valoración de las pruebas allegadas
a la investigación haciendo referencia a la “presunta” conducta. De manera
que al formular el pliego de cargos y el sustento probatorio con los que lo hizo,
simplemente estaba cumpliendo con los mandatos de la ley disciplinaria, y no
se puede decir que se hubiese incurrido en un prejuzgamiento, igualmente se
tiene que, se garantizó el derecho de defensa del demandante a lo largo del
proceso.

Respecto a la violación del principio de ilicitud sustancial que argumenta el
demandante, se determina que, si bien la providencia de formulación de
cargos no contiene como tal un título o acápite de ilicitud sustancial, esto no
quiere decir que, en ella no verse dicha situación, pues se estudió el concepto
de antijuricidad y se valoró la conducta del actor a través del señalado criterio,
es decir, teniendo en cuenta el deber funcional.

Frente a la violación del principio de congruencia que alega el demandante,
referente a que el pliego de cargos y los fallos sancionatorios, no son
totalmente idénticos, pues los fallos sancionatorios incluyeron en varios
párrafos normas que no estaban contenidas en el pliego de cargos, sostiene
que el fallador disciplinario amplió sustancialmente las normas, pero dentro
de las mismas no se modificaron los elementos esenciales de la imputación
tales como la conducta reprochada, la ilicitud sustancial o la culpabilidad, por
lo tanto, estima que no se violó el principio de congruencia.

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Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
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Ante la afirmación del demandante de qué la acción disciplinaria prescribió sin
haber podido ser notificado el fallo primigenio dentro de los 5 años a la
ocurrencia de los hechos, se procedió a hacer el respectivo estudio sobre si
la Procuraduría Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos sancionó
prescrita la acción, en principio de favorabilidad de la ley 1474 de 2011, frente
a la ley 734 de 2002, para lo cual revisó las dos leyes frente a lo manifestado
a la prescripción, determinando que no operó el citado fenómeno, por tratarse
de una falta gravísima a la violación al derecho internacional humanitario,
señalada en el artículo 30 de la ley 734 de 2002, vigente para la época de los
hechos, cuya naturaleza es imprescriptible.

En lo que concierne a la valoración probatoria, consideró que no se vislumbra
ningún tipo de inconsistencia o falencia sustancial, toda vez que las pruebas
fueron valoradas dentro del margen de interpretación de quienes decidieron
en primera y segunda instancia el proceso disciplinario, según las reglas de la
sana crítica no logrando desvirtuarse la responsabilidad del hoy demandante.

Concluyó que se debía mantener incólume la presunción de legalidad de las
decisiones disciplinarias y por ello negó las pretensiones de la demanda,
adicionando que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, no está
llamado a intervenir en la relación jurídico sustancial, por cuanto su actuación
se reduce a ejecutar la sanción, por lo cual carece de legitimidad en la causa
por pasiva, pues el acto de ejecución consistente en la Resolución N. 2652
del 7 de abril de 2016, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por
dicha naturaleza no es susceptible de control judicial6.

4. El recurso de apelación

6
Índice 17 plataforma SAMAI

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Sustenta el actor el recurso incoado reiterando los cargos enunciados en la
demanda, de la siguiente manera:

Cita que para el Tribunal no es transcendente que un implicado, investigado
o disciplinado se le reciba declaración juramentada en el trámite de la
actuación disciplinaria y frente a los hechos materia de investigación, pues su
responsabilidad se deriva del análisis de pruebas en su conjunto y no de su
jurada, lo que no comparte, pues en las actuaciones judiciales como
administrativas, la participación de los sujetos procesales vinculados a ellas,
existe un mecanismo de defensa donde puede exponer su participación frente
a los hechos objeto de debate y no en prueba testimonial como acontece en
el presente asunto, desconociendo el derecho fundamental consagrado en el
artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe “declarar contra sí mismo”.

Insiste en que el Operador Disciplinario de primera instancia, al emitir el auto
de cargos vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues desconoció
el principio de presunción de inocencia que debe contener la redacción de una
actuación de esta naturaleza, de conformidad con los preceptos establecidos
en los artículos 29 Superior, 9 y 143 numerales 2º y 3º de la Ley 734 de 2002.

En este orden de ideas, al existir un evidente prejuzgamiento en el auto de
cargos, se vician las actuaciones posteriores (fallos de primera y segunda
instancia) pues con ello se le ha conculcado el derecho fundamental al debido
proceso, incluido de manera especial el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, por
lo que se deberá decretar la nulidad de dicha actuación, al tenor de las
causales 2º y 3º del artículo 143 ídem.

Asegura que el pliego de cargos es una providencia que no permite en todo
su contexto traer afirmaciones sentenciadores sobre la responsabilidad del
disciplinado, máxime en aquellos aspectos sustanciales de la providencia,
como son la descripción del cargo donde se cimienta los fundamentos de la
responsabilidad, con garantía del principio de presunción de inocencia, con

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calificativos como “presuntamente”, “posiblemente”, “al parecer”, etc.; sin
embargo, en el presente asunto se omitió la utilización de dichos términos,
dejando los verbos y calificativos de responsabilidad desprovistos de la duda
para esa etapa procesal.

Considera que los ítems desarrollados en el auto que se cuestiona no
contienen, un acápite específico que analice el requisito de la ilicitud
sustancial de la conducta, por lo que su omisión, constituye un vicio insalvable
de los actos administrativos anunciados subsiguientes

Resalta que el H. Tribunal justifica la ausencia del requisito de ilicitud
sustancial en un breve acápite del auto de cargos “3.19”, en donde
tangencialmente se dice que el accionante y los soldados profesionales
desbordaron la función pública asignada; sin embargo, no existe ninguna
identificación de qué principios de la función pública desconocieron y su
conceptualización, tal y como lo exige la H. Corte Constitucional en sentencia
C-818 de 2005.

Colige que por ninguna aparte, aparecen principios constitucionales
contenidos en el artículo 209 Superior, mencionados como vulnerados; sin
embargo, en el fallo de primera instancia del 26 de abril de 2012, se indicaron
normas constitucionales no imputados en el auto de calificación jurídica de la
investigación, ni algunos principios desarrollados en el fallo como
desconocidos por los investigados; lo que vulnera el principio de congruencia
que debe existir entre el auto de cargos y los fallos, a efecto de que pudiera
ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a ellos.

Sostiene que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, fue derogado de manera
expresa por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, y reitera que en cuanto al
fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, el estatuto
anticorrupción, fijó un solo término para todas las faltas, incluidas las
violatorias de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, en

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cinco (5) años, contados a partir de la apertura de la investigación disciplinaria,
pues la disposición en comento no hizo ninguna distinción en punto a las
faltas, ni dejó vigente el inciso segundo del artículo 30 del C.D.U.

Finalmente manifiesta que el Tribunal omitió hacer un pronunciamiento claro
y preciso sobre la aplicación del principio pro homine y la aplicación de normas
correspondientes a la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, en
particular por la existencia en el trámite de la actuación disciplinaria de las
leyes 734 de 2002, 836 de 2003 y 1474 de 2011, en atención a que los hechos
en materia de investigación se remontan el 24 de mayo de 2007, cuando para
esa época no existía la figura de caducidad y que al entrar en vigencia la ley
1474 de 2011, la prescripción consagrada en el artículo 30 de la ley 734 de
2002, para temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario,
de 12 años bajo a 5.

Conforme a lo anterior el demandante solicita se revoque la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha 28 de
febrero de 2023 y en su lugar se accedan a las pretensiones de la demanda,
decretando la nulidad de los actos administrativos demandados7.

5. Trámite del recurso según la Ley 2080 de 2021

Mediante auto de 30 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de apelación
conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 del CPACA, y al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para correr traslado
a las partes8.

II.CONSIDERACIONES

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Índice 20 plataforma SAMAI
8
Folio 586 del cuaderno principal

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1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el
cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

2. Control judicial

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el
control judicial9 que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás
actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo
sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en sentencia del 9 de agosto de 201610, consideró frente el alcance de aquél:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo
cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del
juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las
decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La
presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento
disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que
impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo,
bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6)
El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio
de Defensa - Policía Nacional.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con
radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11

15

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena
competencia para abordar el asunto y estudiar los cargos formulados en la
demanda.

3. Problema jurídico

La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto
por el demandante, si procede a revocar el fallo de primera instancia, pues en
criterio del disciplinado se debe acceder a las súplicas de la demanda al haber
incurrido la sentencia impugnada en desconocimiento del derecho
fundamental de no auto incriminación, así como por vulneración de la
presunción de inocencia, principio de congruencia, no incluir la ilicitud
sustancial y prescripción de la acción disciplinaria.

Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes
aspectos: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.

3.1 Actuación disciplinaria

Los hechos que dieron inicio a la actuación disciplinaria fueron puestos en
conocimiento a través de la queja presentada por los señores Marco Aníbal
Cruz y Rosa Amalia Mestizo ante la Personería Municipal de Jamundí – Valle,
en la cual manifiestan que su hermano y esposo José Vicente Dagua Cruz, el
24 de mayo de 2007, se encontraba en la casa del señor Salomón Muñoz a
donde había ido a comprar una madera y como éste no se encontraba decidió
esperarlo, en el lugar estaba la señora Olga Cortés esposa de Salomón
Muñoz, quien les informó que a su casa llegó un grupo de hombres del Ejército
Nacional y se llevaron a José Vicente Dagua, no se veía el lugar a donde lo
llevaron pero al poco rato sonaron varios disparos.

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Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Por medio de auto de 12 de junio de 2007 expedido por el comandante del
Batallón de Alta Montaña No 3, se ordenó la apertura de la investigación
disciplinaria formal en contra del subteniente Carlos Álzate Quintero11.

Posteriormente, con auto del 27 de septiembre de 2007 la Procuraduría
Regional del Valle del Cauca dispuso adelantar indagación preliminar.

En respuesta a la solicitud formulada por la Procuraduría Regional del Valle
del Cauca, el Comando de Batallón de Alta Montaña N° 3, remitió la
investigación disciplinaria radicada bajo el N° 018-07, la cual se incorporó al
proceso de la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos, mediante auto
del 29 de febrero de 200812, a través del cual se modificó, adicionó y adecuó
el auto de apertura de investigación que hiciere el comandante del Batallón
Alta Montaña N° 3, por encontrar que la conducta objeto de investigación es
la contemplada en el numeral 7 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 y no por
los numerales 15 y 16 del artículo 59 de ley 836 de 2003, como lo indicó el
auto de apertura del Batallón de alta montaña.

Agotada la etapa disciplinaria se procede a proferir auto de cargos con fecha
de 28 de agosto de 2009 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
defensa de los Derechos Humanos, tal como sigue13:

“Incurrir en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”,
artículo 48, numeral 7 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario
Único).

Según los hechos descritos, los investigados Teniente CARLOS
HUMBERTO ALZATE QUINTERO, identificado con la cédula
16.079.063 de Manizales y los soldados profesionales James Medina
Camacho, identificado con la cédula 6.405.865 de Pradera, Kelvis
Ismael López Castillo, identificado con la cédula 80.760.133 de Bogotá,
José Fernando León Castañeda, identificado con la cédula 80.129.054
de Bogotá, Carlos Edinson Grisales González identificado con la cédula
14.011.221 de Chaparral y Yeiser Andrés Montaño, identificado con la

11
Folios 9 al 15 del cuaderno principal
12
Folios 16 al 20 del cuaderno principal
13
Folios 21 al 31 del cuaderno principal

17

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

cédula 87.949.560 de Tumaco, orgánicos del pelotón "BAYONETA 3"
del Batallón de Alta Montaña No. 3 "Rodrigo Lloreda Caicedo" cuando
se encontraban en servicio durante el cumplimiento de la Misión Táctica
No. 60 "MAPACHE" el.24 de mayo de 2007, al dar muerte al civil JOSE
VICENTE DAGUA CRUZ, incurrieron en una grave infracción al
Derecho Internacional Humanitario, porque con su conducta
transgredieron lo preceptuado en el numeral 1, literal a), del artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
aprobado por la Ley 5 de 1960 y ratificado por el Estado colombiano el
8 de mayo de 1962, norma complementada y desarrollada por el artículo
4, numeral 2, literal a), del Protocolo Il, aprobado por la Ley 171 de 1994
y en vigor para Colombia desde febrero 15 de 1996, que prohíbe "los
atentados contra la vida y la integridad corporal especialmente el
homicidio" en todas sus formas, normativa aplicable a todas las
personas afectadas por un conflicto armado sin carácter internacional
como el que padece el Estado colombiano, y que por su naturaleza, en
los términos del artículo 93 de la Constitución, es un precepto de
carácter constitucional de imperativo cumplimiento por los servidores
públicos y en especial por los miembros de la Fuerza Pública”.

El 26 de abril de 2012, el Procurador Delegado Disciplinario para la Defensa
de los Derechos Humanos profiere la decisión de primera instancia
sancionando al señor CARLOS HUMBERTO ALZATE QUINTERO con
destitución e inhabilidad general por el término de 20 años14.

El 26 de marzo de 2016, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de
la Nación expide fallo de segunda instancia por medio del cual se confirma
parcialmente la sanción impuesta a la parte accionante, modificando la
inhabilidad general al término de 15 años15.

Con la Resolución No 2652 de 7 de abril de 2016 expedida por el Ministerio
de Defensa Nacional se ejecuta a sanción disciplinaria16.

3.2 Caso concreto

En el sub lite el señor Carlos Humberto Álzate Quintero solicita la nulidad de
los actos administrativos por los cuales fue sancionado con destitución e

14
Folios 32 al 67 del cuaderno principal
15
Folios 70 al 125 del cuaderno principal
16
Folios 129 al 130 del cuaderno principal

18

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

inhabilidad general por espacio de 15 años, al haber incurrido en la falta
gravísima consagrada en la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 7, por
graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda, luego de analizar los cargos señalados por el apoderado del
demandante y efectuar el estudio en su integridad el proceso disciplinario
adelantado, concluyó que no se observan vicios que afecten la legalidad de
los actos administrativos enjuiciados, por cuanto desde la apertura de
investigación, en el auto de cargos, fallos disciplinarios de 1 y 2 instancia se
investigó, defendió y probó la conducta, por la que finalmente se sancionó, al
demandante.

Inconforme con esta decisión, el actor recurre la sentencia afirmando que se
incurrió en: i) desconocimiento del derecho fundamental de no auto
incriminación, ii) vulneración de la presunción de inocencia, iii) ausencia de
ilicitud sustancial, iv) violación al principio de congruencia y v) prescripción de
la acción disciplinaria.

i) desconocimiento del derecho fundamental de no auto incriminación

Aduce la parte accionante que la “declaración juramentada” rendida por el
señor ST. ALZATE QUINTERO CARLOS, de fecha 30 de mayo de 2007, en
la Vereda El Diamante de la ciudad de Cali, ante el Batallón de Alta Montaña
N. 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, en donde además de ratificarse de su informe
rendido sobre los hechos, amplió los acontecimientos del 24 de mayo de 2007,
diligencia donde prestó juramento de rigor y se le impuso las disposiciones
sustantivas como procesales del testimonio, fue tenida en cuenta para emitir
decisiones en su contra, por lo que es evidente que se violó los derechos
fundamentales al debido proceso y no autoincriminación (artículos 29 y 33
Superior).

19

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Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Descendiendo al caso concreto se observa que la investigación disciplinaria
en contra del Subteniente Carlos Humberto Álzate Quintero se inició según
queja presentada por los señores Marco Aníbal Cruz y Rosa Amalia Mestizo,
quienes denunciaron la retención y posterior muerte de su hermano y esposo
José Vicente Dagua Cruz, en mayo 24 de 2007, en la vereda El Alba,
corregimiento La Meseta del municipio de Jamundí (Valle), al parecer por
miembros del Ejército Nacional orgánicos del Batallón de Alta Montaña No 3
“Rodrigo Lloreda Caicedo”.

El investigado fue sancionado disciplinariamente con destitución del cargo e
inhabilidad general por el término de 15 años por infringir la causal consagrada
en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que dice: “Incurrir
en graves violaciones al derecho internacional humanitario”.

Insiste la parte actora que la prueba testimonial rendida el 30 de mayo de 2007
fue tenida en cuenta para proferir en su contra las siguientes actuaciones: 1.
Auto del 12 de junio de 2007, suscrito por el comandante de Alta Montaña del
Valle del Cauca, en donde se abrió investigación disciplinaria vinculando al
Subteniente CARLOS HUMBERTO ALZATE QUINTERO (páginas 2 y 3 de
dicha actuación). 2. Auto del 29 de febrero de 2008, proferido por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos, en donde modificó, el auto de apertura de investigación en contra
los señores Carlos Humberto Álzate Quintero y Otros (Numeral 4.2.). y 3. Auto
del 28 de agosto de 2009, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria
para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde se elevó pliego de al
señor teniente CARLOS HUMBERTO ALZATE QUINTERO y Otros (numeral
3.4.5.).

Precisa la Sala que en la declaración rendida por el ST Carlos Humberto
Álzate Quintero dijo que el día 24 de mayo de 2007 se encontraba en el sector
de La Meseta en la parte baja donde se encuentra una invasión, para
garantizarle las comunicaciones y seguridad a un personal del CTI y al 2º

20

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Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
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pelotón de la compañía “B”, ya que se estaba adelantando una operación
contra el narcotráfico sobre el sector, pues se encontraban un sinnúmero de
cultivos de coca. Indica que, se desplazó hacia la vereda El Placer con dos
escuadras, al llegar a ese sitio dejó al CS Cardozo con una escuadra
cubriendo una avenida de aproximación del enemigo, dándole la orden de
observar todo movimiento del sector sin dejarse detectar, luego continuó con
otra escuadra hacia la parte suroccidente con la primera escuadra para
realizar presencia en el sector, cuando se comenzó a descolgar de la parte
alta de la Vereda El Placer, se escuchó un disparo en la parte de adelante
donde iba la escuadra, reaccionando el puntero y otros dos soldados más
dando muerte en combate a un sujeto, luego procedió a asegurar el sector
con el fin de descartar alguna acción más sobre la tropa, informó al
comandante del Batallón lo sucedido y solicitó que el personal del CTI subiera
a realizar el procedimiento, no habiendo apoyo por motivos de orden público,
condiciones del terreno y distancia; agrega que recibió la orden de bajar el
occiso en una mula haciéndolo por espacio de 7 horas hasta el sitio donde se
encontraba el personal del CTI. Relata que las instrucciones que le había dado
a sus hombres era de garantizar las comunicaciones y la seguridad a un
personal del CTI, así como la ubicación de las unidades que participaban en
la operación y la posibilidad de alguna acción contra el personal por cuanto se
iba a golpear el área de finanzas de grupo ilegales. El trayecto que se siguió
desde el inicio de la misión fue San Antonio, Villa Colombia, El Crucero, La
Meseta17.

Respecto al desconocimiento del derecho a la no auto incriminación debe
indicarse que en la declaración rendida por el actor el día 30 de mayo de 2007,
donde ratificó el informe por este rendido, se puso en conocimiento lo
consagrado en el artículo 267 del C.P.P, esto es la excepción al deber de
declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su

17
Folios 4 al 5 del cuaderno principal

21

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

cónyuge, compañera o compañero permanente, pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para la Sala es claro que lo declarado por el accionante, per se, no
constituyeron la falta, ni son el núcleo probatorio para responsabilizarlo y
sancionarlo, sino que se trata de hechos indicadores, que, analizados en
conjunto con el restante material probatorio bajo las reglas de la sana crítica,
llevaron al operador disciplinario a la convicción de que realmente el señor
Carlos Humberto Álzate Quintero incurrió en la falta endilgada.

El auto de 12 de junio de 2007, proferido por el comandante del Batallón de
Alta Montaña N° 3, al esclarecer lo concerniente a las pruebas lo hizo de
acuerdo con los principios de la sana crítica, manifestado lo siguiente:

(…) En el análisis de los testimonios encontramos que todos son
concordantes en afirmar que hubo un desplazamiento de la patrulla
hacía la parte alta de la Vereda El Placer, donde una escuadra se queda
en el sector realizando observatorios y otra escuadra se mueve en
registro por la parte baja, prestándoles la seguridad la otra escuadra
del CS CARDOZO, en su movimiento se presenta un encuentro con
una persona armada que dispara su arma y en donde la patrulla
reacciona muriendo un sujeto. Que así mismo se hace llegar al
comando de batallón copia de las denuncias de la esposa y del
hermano del occiso donde aseguran que por informaciones su
esposo fue sacado de una casa y luego muere en manos del ejército
(...)18”.

Así mismo, en el auto del 29 de febrero de 200819, de la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la defensa de los Derechos Humanos, por medio
del cual se modifica, adiciona y adecua el auto de apertura de investigación
proferido por el comandante del Batallón de Alta Montaña N° 3, se manifestó
lo siguiente:

“4.2 En las declaraciones rendidas ante el funcionario Instructor Militar,
los soldados profesionales JAMES MEDINA CAMACHO, JOSÉ

18
Folios 9 al 15 del cuaderno principal
19
Folios 16 al 20 del cuaderno principal

22

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

FERNANDO LEÓN CASTAÑEDA, GRISALES GONZALEZ CARLOS,
MONTAÑO YEISER ANDRÉS y KELVIS ISMAEL LÓPEZ CASTILLO,
quienes estaban al mando del ST CARLOS HUMBERTO ÁLZATE
QUINTERO, reconocieron haber hecho uso de su armamento de
dotación para contrarrestar el supuesto ataque de que fueron objeto.

4.3 Según las pruebas allegadas, en los hechos participaron integrantes
de la compañía Bayoneta 3, adscritos al Batallón de Alta Montaña N° 3,
militares: Subteniente CARLOS HUMBERTO ÁLZATE QUINTERO
(...), quienes con la conducta desplegada pudieron presuntamente
infringir el artículo 48, numeral 7 de la ley 734 del 2002 y no los
numerales 15 y 16 del artículo 59 de la ley 836 de 2003”.

A su vez, el auto de cargos del 28 de agosto de 200920, sostuvo que:

“3.10. Analizadas las pruebas obrantes, considera la Delegada que no
están presentes requisitos para excluir la responsabilidad de los
militares por una supuesta legítima defensa, que según ellos los obligó
a disparar contra JOSÉ VICENTE DAGUA CRUZ, aunado a que
tampoco está demostrado que éste hubiera iniciado un ataque contra la
tropa de una magnitud tal que hiciera indispensable el uso de las armas
para matarle, pero sí obran evidencias creíbles que nos indican que fue
retenido previamente por los militares, quienes lo despojaron de la
escopeta que portaba, así mismo no aparece en contra del occiso
anotaciones de inteligencia ni antecedentes judiciales que lo vincularan
con algún grupo armado al margen de la le, pues contrario sensu resultó
ser un humilde agricultor de la zona”.

De lo señalado se desprende que la prueba de diligencia de ratificación de
informe del 30 de mayo de 2007 no fue la prueba conducente para que se
iniciara la respectiva investigación en contra del investigado, ni mucho menos
para proferir pliego de cargos.

Lo cierto es que tan pronto el demandante consideró que se le estaba
desconociendo el debido proceso, en su oportunidad procesal, debió ponerlo
de presente ante el operador disciplinario, mediante los recursos pertinentes
o así indicarlo con la solicitud de nulidad, lo que no hizo.

Debe decirse igualmente que la versión libre no es el único medio de defensa
del investigado, igualmente en determinadas ocasiones puede aceptarse la

20
Folios 21 al 31 del cuaderno principal

23

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

participación de los sujetos procesales, por medio de una declaración jurada
en donde pueden exponer su participación frente a los hechos objeto de
debate.

Resultado de lo expuesto no prospera este cargo.

ii) vulneración de la presunción de inocencia

Insiste el investigado en que el Operador Disciplinario de primera instancia, al
emitir el auto de cargos vulneró el derecho fundamental al debido proceso,
pues desconoció el principio de presunción de inocencia que debe contener
la redacción de una actuación de esta naturaleza, de conformidad con los
preceptos establecidos en los artículos 29 Superior, 9 y 143 numerales 2º y 3º
de la Ley 734 de 2002.

Agrega que, al existir un evidente prejuzgamiento en el auto de cargos, se
vician las actuaciones posteriores (fallos de primera y segunda instancia) pues
con ello se le ha conculcado el derecho fundamental al debido proceso,
incluido de manera especial el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, por lo que se
deberá decretar la nulidad de dicha actuación, al tenor de las causales 2º y 3º
del artículo 143 ídem.

Procede la Sala a determinar si las autoridades disciplinarias incurrieron en
un prejuzgamiento violatorio de la presunción de inocencia y del debido
proceso al haber supuestamente formulado el pliego de cargos contra el señor
Carlos Humberto Álzate Quintero en términos condenatorios.

Para la Sala el pliego de cargos de fecha 28 de agosto de 2009 que fue
formulado en contra del actor se redactó con términos que indicaban el
carácter plausible, aún no revestido de certeza, de las acusaciones que se le
hicieron en el proceso disciplinario.

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Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Ciertamente, el cargo formulado, se acompañó de la expresión
“presuntamente”, lo que en ningún momento implica términos de certeza o de
hechos comprobados, tal como sigue:

“3.15 Valoradas en conjunto las pruebas allegadas a la investigación se
infiere que la presunta conducta de violación grave al Derecho
Internacional Humanitario ejecutada el 19 de mayo del 2005 por los
investigados, se enmarca en la normativa contenida en diferentes
tratados internacionales, en particular en lo establecido por el artículo 3
común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, aprobada por la ley
5 de 1960 y ratificado por el estado colombiano el 8 de mayo de 1962,
precepto que determina que respecto de las personas que no participen
directamente de las hostilidades se prohíbe “(…) los atentados contra la
vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas ...” personas que están amparadas por las normas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, bajo la denominación de “personas protegidas” y como tal
no puede ser objeto de atentados contra su vida o integridad personal,
norma está contemplada y desarrollada por el protocolo II de Ginebra
artículo 4, numeral 2, literal a), que prohíbe “… los atentados contra la
vida, (…) en particular el homicidio” en todas sus formas”.

Sentado lo anterior, la Sala determina que el auto de cargos respetó la
presunción de inocencia del demandante, cuando al momento de la
imputación antecedió la palabra presuntamente, sin que se pueda hacer caso
omiso a las pruebas recaudadas, en aras de una mal entendida presunción
de inocencia del investigado, razón por la cual no se encuentra fundamentado
el cargo estudiado.

iii) ausencia de ilicitud sustancial

Señala el actor que el auto de cargos del 28 de agosto de 2009, proferido por
la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos, incurrió en omisión del requisito sustancial contenido en el artículo
5º de la Ley 734 de 2002, así como el cumplimiento de los criterios legales,
jurisprudenciales y doctrinarios en punto al requisito de la “ilicitud sustancial”,
exigencia fundamental para la coexistencia de la “falta disciplinaria”, lo que
vicia de nulidad toda la actuación disciplinaria a partir del auto de cargos.

25

Número interno: 6076-2023
Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

Frente al cargo analizado no advierte la Sala que el auto de pliego de cargos
hubiese omitido realizar el estudio del requisito de la ilicitud sustancial de la
conducta, todo lo contrario se hizo referencia expresa al desconocimiento del
deber funcional, dado que en el caso de la falta gravísima disciplinaria
consagrada en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el reproche
disciplinario es la infracción del deber funcional del servidor público, pues
como miembro de las fuerzas militares tenía que proteger la vida, derechos y
libertadas de las personas, por ende, una conducta que envuelva una
violación de derechos fundamentales o Derecho Internacional Humanitario no
puede tener un fundamento válido a la luz de éstos o de la Constitución
Política.

La garantía de la función pública se fundamenta en la salvaguarda, por parte
del sujeto disciplinable, de los principios que la gobiernan, a los cuales se
suscribe el cumplimiento de sus deberes y demás exigencias constitucionales
y legales. Por lo tanto, el quebrantamiento sustancial de esos deberes que se
originan del ejercicio de la función pública, sin justificación alguna, comporta
el ilícito disciplinario.

En este sentido se pronunció la sentencia C-666 de 200821 cuando dijo:

“En estas hipótesis, el fundamento del reproche disciplinario sigue
siendo la infracción del deber funcional del servidor público o del
particular que desempeña funciones públicas, pero dado que con ellas
se lesionan derechos humanos como los consagrados en los artículos
4, 5 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el
titular de estos adquiere una situación especial respecto de cualquier
ciudadano interesado en el ejercicio del control disciplinario y la
protección del ejercicio legítimo de la autoridad dentro del Estado de
derecho, pues tales conductas a la luz de la jurisprudencia internacional
en materia de derechos humanos son, como se dijo, ilícitas.

No es posible desconocer que, sin excepción, todos los servidores
públicos y los particulares que cumplen funciones públicas destinatarios
de la ley 734 de 2002 tienen el deber de proteger la vida, derechos y

21
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo

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Demandante: Carlos Humberto Álzate Quintero
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro

libertades de las personas residentes en Colombia (art. 2º C.P.), entre
los cuales se encuentran los derechos humanos y aquellos derivados
del Derecho Internacional Humanitario que ocupan un lugar privilegiado,
lo cual les convierte en garantes y por tanto responsables del goce
efectivo de tales bienes jurídicos, posición que conlleva
inexorablemente el deber prioritario, específico, permanente y erga
omnes de considerarlos, respetarlos, garantizar su pleno y libre ejercicio
y preservar su eficacia, en cualquier circunstancia, por todos los medios
a su alcance, cualquiera sea la naturaleza de las funciones legales o
constitucionales que ejerzan y del manejo de las relaciones
interestatales.
(…)”..

Al estar probado que la actuación del señor Carlos Humberto Álzate Quintero
conllevó afectación en la función pública asignada a las fuerzas militares, ya
que como autoridad le corresponde de acuerdo con los artículos 2 y 217 de la
Constitución Política, proteger a todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, entre otros derechos, para asegurar la convivencia pacífica
y un orden justo, y al ejecutar un miembro de ese cuerpo armado una conducta
que a todas luces compromete la imagen y perturba la adecuada prestación
del servicio público que les corresponde garantizar, dicha misión se vio
seriamente perjudicada en el cumplimiento de los deberes funcionales que le
competen a esa institución, máxime cuando la actitud desplegada es una
conducta que lesiona gravemente el Derecho Internacional Humanitario.

Efectivamente dentro de un conflicto armado, los miembros de las fuerzas
militares, en ejecución de una operación militar legítima pero simulando un
combate, no pueden desconocer el derecho a la vida de las personas mientras
estas no estén participando de las hostilidades, aun cuando ésta haga parte
o hubiere contribuido indirectamente con un grupo ilegal, ya que tal proceder
configura infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, y por ende,
dicho comportamiento se enmarca en una falta gravísima descrita en el
numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Acorde con lo indicado, la Corte Constitucional en la sentencia C- 819 de
2006, precisó que las conductas que pertenecen al ámbito del derecho

27

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disciplinario son aquellas que comportan infracción del deber funcional por
parte del servidor público, para el efecto manifestó:

“En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha
señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto
de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde
a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada
representación del Estado en el cumplimiento de los deberes
funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en
comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera
de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que
configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa
del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias”. (Negrillas
fuera del texto).

En ese orden de ideas, la Sala estima, que la autoridad disciplinaria aplicó en
debida forma la disposición citada como infringida al disciplinado, de ahí que
la actuación desplegada por el actor se erigió en ilicitud sustancial, y fue
sancionado de acuerdo con los parámetros y límites que establece el
legislador.

Igual situación debe predicarse respecto de la tipicidad, debido a que, en el
presente asunto, el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, es una
norma disciplinaria de contenido abierto, en la medida en que opera un
reenvío al derecho internacional para efectos de precisar su contenido y
alcance.

De allí que, al dilucidar, a la luz de la legalidad internacional, lo que se entiende
por violación grave al DIH, la sentencia C-1076/02 dijo que:

“No cabe duda entonces que el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002 alude a numerosos ilícitos que se inscriben perfectamente en
la noción de crimen de guerra, como son, entre otros, los siguientes: el
homicidio en persona protegida, el acceso carnal violento en persona
protegida, la toma de rehenes, la perfidia, los actos de barbarie, el
despojo en el campo de batalla, los actos de terrorismo, la destrucción
y apropiación de bienes protegidos, la utilización de medios y métodos
ilícitos de combate, el reclutamiento ilícito, etcétera. En tal sentido, el

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legislador interno, lejos de violar la normatividad internacional, se ajustó
perfectamente a la misma.

En suma, los tratados internacionales que recogen el derecho
internacional humanitario hacen referencia a algunas infracciones al
mismo, que son calificadas en términos de graves debido a las
especiales condiciones en las que son cometidas, y en tal sentido, el
legislador interno se limitó a tomar en consideración tal categorización
para efectos de calificar como gravísimas aquellas faltas disciplinarias
que revistiesen ese mismo carácter.

Por las anteriores razones, la Corte declarará la exequibilidad de la
expresión graves que se encuentra en el literal 7 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, por los cargos analizados en esta sentencia”.

En este orden de ideas la aplicación del derecho internacional humanitario
está consagrado en el artículo 214 numeral 2 de la Constitución Política, por
lo que los preceptos señalados como transgredidos, es decir, el numeral 1,
literal a), del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, aprobado por la Ley 5 de 1960 y ratificado por el Estado
colombiano el 8 de mayo de 1962, norma complementada y desarrollada por
el artículo 4, numeral 2, literal a), del Protocolo Il, aprobado por la Ley 171 de
1994 y en vigor para Colombia desde febrero 15 de 1996, que prohíbe "los
atentados contra la vida y la integridad corporal especialmente el homicidio"
en todas sus formas, normas aplicables a todas las personas afectadas por
un conflicto armado sin carácter internacional como el que padece el Estado
colombiano, y que por su naturaleza, en los términos del artículo 93 de la
Constitución, es un precepto de carácter constitucional de imperativo
cumplimiento por los servidores públicos y en especial por los miembros de la
Fuerza Pública.

Teniendo en cuanto lo indicado se declara no probado el cargo estudiado.

iv) violación al principio de congruencia

Colige que el auto de cargos por ninguna aparte, aparecen principios
constitucionales contenidos en el artículo 209 Superior, mencionados como

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vulnerados; sin embargo, en el fallo de primera instancia del 26 de abril de
2012, se indicaron normas constitucionales no imputados en el auto de
calificación jurídica de la investigación, ni algunos principios desarrollados en
el fallo como desconocidos por los investigados; lo que vulnera el principio de
congruencia que debe existir entre el auto de cargos y los fallos, a efectos de
que pudiera ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a ellos.

En principio debe advertirse que el pliego de cargos juntos con los fallos
disciplinarios de primera y segunda no debe ser idénticos necesariamente ya
que de acuerdo con el transcurrir del trámite se puede llegar a unas
conclusiones adicionales.

En el presente caso en el pliego de cargos se indicó que se incurrió en una
grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, artículo 48, numeral 7
de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), porque con su conducta
transgredieron lo preceptuado en el numeral 1, literal a), del artículo 3 común
a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, norma
complementada y desarrollada por el artículo 4, numeral 2, literal a), del
Protocolo II, a su vez el fallo disciplinario de primera instancia de 26 de abril
de 2012, si bien hizo referencia a normas de carácter constitucional, estas
tienen relación con el respeto a las reglas del derecho internacional
humanitario, así como que las Fuerzas Militares están instituidas para
defender la Nación en caso de que peligren la soberanía, la independencia, la
integridad territorial o el orden constitucional, además de los principios de
distinción y proporcionalidad que son inherentes al tema del derecho
internacional humanitario, lo que no afecta sustancialmente los elementos
jurídicos de la falta.

Igualmente, el fallo disciplinario de segunda instancia del 26 de marzo de 2015
trajo a colación otras normas de la Constitución Política de carácter general y
el artículo 12 de la Ley 836 de 2003, este último solo referente al principio de
Especialidad.

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En consecuencia, no se evidenció la violación del principio de congruencia
que alega el demandante, referente a que el pliego de cargos y los fallos
sancionatorios, no son totalmente idénticos, al incluir algunas normas que no
se encontraban en el pliego de cargos, sin embargo, tal como lo sostuvo el A
quo dentro de las mismas no se modificaron los elementos esenciales de la
imputación tales como la conducta reprochada, la ilicitud sustancial o la
culpabilidad.

Advierte la Sala que un cotejo entre el contenido del pliego de cargos
formulado al actor y los actos disciplinarios sancionatorios permite evidenciar
la congruencia o identidad entre la calificación en la modalidad de la conducta
en que éste incurrió y la gravedad de esta, lo que garantiza los derechos
fundamentales al debido proceso.

v) Prescripción de la acción disciplinaria

Finalmente manifiesta el demandante que el Tribunal omitió hacer un
pronunciamiento claro y preciso sobre la aplicación del principio pro homine y
la aplicación de normas correspondientes a la figura de la prescripción de la
acción disciplinaria, en particular por la existencia en el trámite de la actuación
disciplinaria de las leyes 734 de 2002, 836 de 2003 y 1474 de 2011, en
atención a que los hechos en materia de investigación se remontan el 24 de
mayo de 2007, cuando para esa época no existía la figura de caducidad y que
al entrar en vigencia la ley 1474 de 2011, la prescripción consagrada en el
artículo 30 de la ley 734 de 2002, para temas de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, de 12 años bajo a 5.

Al respecto comparte la Sala el fallo de primera instancia, cuando considera
que no operó el fenómeno de prescripción, tratándose en este caso de una
falta gravísima a la violación al derecho internacional humanitario, señalada
en el artículo 30 de la ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos.

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Efectivamente a pesar de que la Ley 1474 de 2011, dijo que la acción
disciplinaria prescribía a los 5 años, se trata de una ley general, mientras que
la ley 734 de 2002 frente a la falta gravísima como la consagrada en el artículo
48 numeral 7, esto es incurrir en graves violaciones al derecho internacional
humanitario, es una norma especial, por lo tanto, se aplica el artículo 30 de la
ley 734 de 2011 que dispone un término de doce años para efecto de la
prescripción de este tipo de faltas.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011, artículo 132 parágrafo, dice que los
términos prescriptivos allí previstos quedan sujetos a lo establecido a los
tratados internacionales que Colombia ratifique.

De otra parte, respecto de la comisión de faltas afines con violaciones a los
Derechos Humanos, Crímenes de Lesa Humanidad e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, se ha determinado también su naturaleza
imprescriptible, así se ha pronunciado el Consejo de Estado, al referirse a este
fenómeno frente a la acción de reparación directa, cuando sostuvo que “La
Sala encuentra que las normas que definen estas categorías jurídicas se
incorporan al ordenamiento jurídico colombiano por vía del artículo 93. Dada
la alegada conexión con el conflicto, en este caso el Bloque contiene además
de los pactos y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia, las
convenciones de Derecho Internacional Humanitario de las que sea parte el
Estado colombiano. Con el análisis de la categoría jurídica de los hechos
alegados, la Sala cumple con una obligación estatal. Como juez de lo
contencioso administrativo y juez de control de constitucionalidad para el caso
concreto, debe verificar la ocurrencia de cierto tipo de hechos que activan
instrumentos jurídicos específicos y diferenciados, como la garantía de
imprescriptibilidad, cuya aplicación no es opcional”22.

22
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B, Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, sentencia de 31 de julio de 2019, Radicación número: 25000-
23-36-000-2018-00109-01(63119), Actor: NEFTALÍ ANTONIO GIRALDO URUETA Y OTROS, Demandado:
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.

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Sobre la condena en costas

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el
simple hecho de las resultas del proceso23.

En el caso concreto, si bien es cierto, la parte demandante fue vencida en el
proceso, no es menos que revisado su proceder a lo largo de la actuación, no
se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus
intereses. Sin embargo, dado que el fallo apelado, en los numerales cuarto y
quinto de la parte resolutiva la condenó en costas y agencias en derecho, se
dispondrá su revocatoria, conforme se ha precisado e igualmente no se
condenará en esta instancia.

En atención a lo previamente señalado, la Sala comparte la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues el
demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos a través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirma la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda.

23
Consejo de Estado. Radicación 15001-23-33-000-2013-00072.providencia de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo
Perdomo Cuéter Radicación 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16) providencia de 8 de septiembre de 2017 ,M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones esbozadas
en la parte motiva de esta providencia, excepto la condena en costas que se
revoca.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Débora Fajardo
Fajardo identificada con la T. P. No 92.295 del C. S. de la J. como apoderada
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional24.

CUARTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

24
Memorial allegado vía correo electrónico arrimado a SAMAI, índice 12

34

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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