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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2022-00162-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2022-00162-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del 8 de julio de 2025, mediante por la cual, el Tribunal Administrativo del Huila, negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Harold Eddison Gaitán Ospina, conforme a lo manifestado en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2022-00162-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Cinco (5) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 41001233300020220016201 (2579-2025)
Demandante : Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados : Procuraduría General de la Nación y Ejército
Nacional,
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario – Sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad general por 15 años, al
incurrir en homicidio de persona protegida por el
derecho Internacional Humanitario
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El demandante, por conducto de apoderado, acude a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en los fallos
disciplinarios del diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) proferido por la
Procuraduría delegada disciplinariamente para la defensa de los Derechos
Humanos, que lo sancionó con destitución por un periodo de 15 años por incurrir en
la infracción disciplinaria contenida en numeral 7º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
y confirmada el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Disciplinaria de La Procuraduría

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

General de la Nación y la Resolución 02862 de fecha 19 de octubre de 2017 emanada
por el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Director General.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) reintegrar al actor al servicio
activo que venía desempeñando o a otro de categoría por ser empleado del
escalafón al grado de Sargento Primero; (ii) reconocer y pagar todos los salarios,
primas de todo orden, bonificaciones, prestaciones legales, ascensos antigüedad
en el grado, subsidios, primas de todo orden, vacaciones y demás emolumentos y
derechos prestacionales y laborales dejados de percibir inherentes a su calidad de
Sargento Primero del Ejército Nacional; (iii) por los perjuicios materiales en la suma
de Doscientos Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos
Setenta y Un Pesos Con Cincuenta y Seis Centavos ($234.671.471,56) como
reparación al daño moral, material, ético, social y profesional que sufrió el
demandante y su núcleo familiar integrado por su esposa y menor hijo.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Expone que, ingresó al ejército hace 17 años y durante su servicio como Sargento
Segundo, mantuvo un excelente perfil profesional, ético y moral en todas sus
actividades, lo cual es respaldado por su hoja de vida y servicios.

Destaca que, en el año 2005, fue asignado al Batallón Cacique Pigoanza, ubicado
en Algeciras, Huila y el 8 de enero de ese año, el Comandante de dicho Batallón,
Teniente Coronel Orlando Pico Rivera, emitió la "Misión Táctica No. 002 LÍBANO".
El objetivo era destruir y replegar agentes perturbadores del orden público, y
neutralizar grupos al margen de la ley en la zona.

El Capitán César Augusto González Caballero, Comandante de la Compañía Simón
Bolívar, designó al actor y a otras unidades (Pelotones Bayoneta 3 y Catapulta 2)
para ejecutar esta misión, conforme a la orden de Trabajo No. 0017DIV5-BR9-
BIPIG-S3-OP-379.

El Señor Harold Eddinson Gaitán Ospina recibió la instrucción de ubicarse en la
vereda Quebrando del municipio de Algeciras, Huila, en las coordenadas 02º 26º
36´. Su tarea era ejercer protección del área asignada en la parte alta del terreno,
una zona con vegetación espesa considerada un punto álgido de ataque por grupos
ilegales. Esta posición táctica, que requería experiencia militar, implicaba mantener
distancias de protección entre unidades (50 a 1000 metros).

Argumenta el actor que, estando en su posición asignada en la parte alta, escuchó
detonaciones de arma de fuego.

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

Ante esta situación, extremó las medidas de seguridad para proteger a su pelotón y
a las unidades en la parte baja. Mantuvo la seguridad perimetral durante más de
una hora, siguiendo la orden de su superior, el Capitán González Caballero, de
permanecer en la posición alta y luego dirigirse al área baja para un repliegue
efectivo.

Al descender y llegar al sitio de los disparos, observó a una persona muerta y un
arma de fuego. El Soldado Yesid Olaya Rivera le informó que había sido hostigado
por el fallecido y que lo había abatido en respuesta al fuego, y que otras dos
personas habían huido.

Mientras Gaitán Ospina reagrupaba a su personal para el repliegue, fueron
nuevamente atacados. Dada la intensidad de los combates, el Capitán César
Augusto González Caballero ordenó la extracción del cuerpo de la persona fallecida.

El cuerpo del occiso se transportó en un caballo, dirigido por el actor y los militares
de la avanzada, pero enfrentaron problemas de locomoción y la bestia sucumbió a
los ruidos de los disparos. La operación se realizó sin poder practicar los protocolos
de levantamiento del cadáver debido a la situación de Fuerza Mayor generada por
el combate y se les informó que se trataba de un integrante de las FARC, alias
“Conejo”.

El día 11 de enero de 2005, el cuerpo del occiso fue llevado al Hospital del Municipio
de Garzón – Huila y en ese sitio la Fiscalía General de la Nación, efectuó la
inspección del cadáver NN.

El 12 de enero de 2005, la Fiscalía General de la Nación identificó el occiso con el
nombre de John Freddy Barco Gutiérrez, quien presentaba cuatro orificios de
entrada de proyectil y otras lesiones y ese mismo día hizo presencia el señor José
Haiber Bonilla Barco, quien manifestó que, la persona que se hallaba en la morgue
del hospital era su hermano.

Que el día 23 de enero de 2005, un ciudadano identificado como Diógenes Martínez,
presento denuncia por violación flagrante de los derechos humanos como
consecuencia de la muerte del señor Jhon Freddy Barco Gutiérrez, el 10 de enero
de ese año.

La Procuraduría General de la Nación avocó conocimiento de una queja presentada
por el ciudadano Diógenes Martínez el 29 de julio de 2005, iniciando indagación
preliminar el 6 de julio de 2005.

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

El 19 de diciembre de 2006, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra
Harold Eddinson Gaitán Ospina, el Capitán César Augusto González Caballero, el
Soldado Yesid Olaya Rivera y otros, por el presunto homicidio y tortura de John
Freddy Barco Gutiérrez.

El 29 de octubre de 2008, se emitió un Pliego de Cargos disciplinarios,
argumentando una falta disciplinaria grave (artículo 3 Común de los Convenios de
Ginebra y Protocolo II Artículo 4º Numeral 2 literal a). Alegó que, los uniformados
incurrieron en tortura y homicidio de una persona protegida, basándose en la idea
de que Barco Gutiérrez no portaba arma, no era combatiente, fue torturado y
asesinado.

El pliego de cargos citó el Protocolo de Necropsia No. 2005-SP-00003 del 11 de
enero de 2005, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, para fundamentar las acusaciones de lesiones fatales y ausencia de
impactos de fusil que refutaran un enfrentamiento.

La Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos profirió fallo
de primera instancia el 17 de julio de 2013, resolviendo sancionar con sanción
principal de destitución y sanción accesoria de inhabilidad general de 20 años a los
disciplinados CP. César Augusto González Caballero, CP. Edwin Hernan Pinzon
Saldaña, CS. Harold Eddinson Gaitan y a los soldados profesionales Yesid Olaya
Rivera. Luis Carlos Garzon Bustos, Carlos Augusto Campo Imbachi, Pedro José
Guañarita Y Herlendy Trujillo, por incurrir en la grave infracción al DIH de lesiones,
tortura y homicidio en persona protegida, siendo víctima el señor Jhon Fredy Barco
Gutiérrez en hechos ocurridos el 10 de enero de 2005.

Con ocasión al recurso de apelación y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, en fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2016,
confirmó en todas sus partes la decisión adoptada por la Delegada Disciplinaria para
la Defensa de los Derechos Humanos, pero disminuyó la sanción a 15 años.

El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional mediante Resolución No. 02862 del 19
de octubre de 2017, dio cumplimiento del fallo disciplinario.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 21, 29, 53, 76. 90, 93, 121, 125,
211 de la Constitución Política; numeral 2º del art. 42, numeral 4º del art. 34 de la
Ley 1015 de 2006; art. 180 de la Ley 734 de 2002; art. 85 CCA.

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

Como concepto de violación, el accionante señaló que, los actos acusados se
encuentran viciados de nulidad por lo siguiente:

Asegura que, se desconoció el debido proceso, el principio de legalidad,
imparcialidad, publicidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y
contradicción, por cuanto, la entidad demandada emitió decisiones disciplinarias
con interpretaciones exegéticas y con carga probatoria imposible para su defensa.

Irregularidades en la Valoración y Fundamentación de la Prueba:

Afirmó que el señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez fue víctima de golpes, maltratos y
disparos que le causaron la muerte, pero esta afirmación no estaba sustentada en
el protocolo de necropsia del 11 de enero de 2005 ni en el acta de inspección a
cadáver de la misma fecha.

La Procuraduría se basó en un estudio General de Necropsia emitido el 12 de
septiembre de 2012 por un médico especialista forense de la Unidad de Derechos
Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. El demandante
considera este concepto como aislado, sin demostrar su tesis y manipulador de
elementos probatorios reales. Alegó que no pudo defenderse de estas pruebas ni
de las "caprichosas interpretaciones" de los testimonios de los uniformados.

·Se argumenta que la prueba científica original del occiso demostraba que no hubo
violación de derechos fundamentales ni tortura o vejámenes, ya que fue abatido en
una operación militar. El demandante sugiere que el quejoso (presunta víctima)
participó en hostilidades y buscó sacar provecho para desarticular el comando
ofensivo militar contra la guerrilla de las FARC.

La Procuraduría, en su afán de sancionar, creó su propia tesis de la muerte del
señor Barco, culpando a los militares como si hubieran violado derechos
fundamentales, cuando actuaron con uso legítimo de la fuerza y respeto a las
normas.

Falta de Rigor Probatorio y Falsa Motivación:

Según el demandante, el fallo sancionatorio no cumplió con el requisito del art. 170
de la Ley 734 de 2002, que exige el análisis de las pruebas en que se fundamenta,
en concordancia con el art. 128 sobre el principio de necesidad de la prueba.

Se cuestiona la garantía del derecho a presentar, controvertir y valorar pruebas con
sujeción a criterios de razonabilidad y objetividad ("sana crítica").

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Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

Alega falsa motivación, ya que los supuestos de hecho para sancionar no
corresponden a la realidad o están tergiversados en su apreciación. El Estudio
General de Necropsia fue decretado de oficio y no refuta la prueba científica
calificada de los galenos que realizaron el protocolo de necropsia inicial, además de
no haber determinado elemento material probatorio alguno o exhumación.

Aplicación Incorrecta del Procedimiento Disciplinario, alude a que el art. 175 de la
Ley 734 de 2002 regula el procedimiento verbal que fue mal aplicado, indicando
que, si se daban los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, debía
citarse a audiencia, lo cual fue ignorado por la entidad demandada

2. Contestaciones de la demanda.

Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Se opone a las pretensiones de la
demanda, argumentando lo siguiente:

Sostiene que, la Resolución N°02862 del 19 de octubre de 2017, emitida por el
Comando del Ejército Nacional, que decreta la separación absoluta del actor, es un
acto debidamente fundamentado y en consecuencia totalmente ajustado a derecho,
sin que se configure ninguna causal que vicie su legalidad.

Que este asunto se enmarca en la normatividad aplicable, específicamente en los
artículos 100 numeral 8 literal B y numeral 2 del mismo literal del Decreto 1790 de
2000, que regula el retiro del servicio activo para oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, incluyendo el retiro absoluto por conducta deficiente.

Además, la separación absoluta del cargo del actor no fue una decisión disciplinaria
autónoma del Ejército Nacional, sino la ejecución de una sanción impuesta por la
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el proceso
disciplinario N° 008-129056-2005 culminó con una providencia N° 161-5826 del 30
de noviembre de 2016, que sancionó al actor con la separación absoluta de las
Fuerzas Militares y una inhabilidad de 15 años para ejercer funciones públicas. Esta
sanción se debió a la comisión de una falta gravísima prevista en el numeral 7 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo.

Procuraduría General de la Nación. Solicita se nieguen todas las pretensiones de
la demanda, por lo siguiente:

Argumenta que, la actuación disciplinaria estuvo totalmente ajustada al
ordenamiento jurídico, proferida con los requisitos de validez y legalidad, y

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

salvaguardando su obligación como órgano de control de la Función Pública y
protector de derechos fundamentales.

Destaca que, en el proceso disciplinario se pudo establecer que, el deceso del señor
John Freddy Barco Gutiérrez no se produjo en medio de un combate, como se indicó
inicialmente por los militares. Además, las explicaciones de los involucrados
presentaban inconsistencias y contradicciones, lo que permitió inferir que el
combate aducido no existió.

Que las pruebas establecieron que, el señor John Freddy Barco fue retenido y
torturado previamente por militares en una finca "La Conejera", y luego asesinado.
Su cuerpo fue presentado falsamente como el de un delincuente muerto en
combate.

Que el protocolo de necropsia reveló que la muerte fue causada por heridas de
proyectil de arma de fuego y lesión medular, así como otras lesiones pre-mortem no
compatibles con combate o legítima defensa. Los hallazgos forenses no fueron
desvirtuados y la hipótesis del combate no pudo acreditarse, ni tampoco la
vinculación de Barco Gutiérrez con grupos armados ilegales.

Por lo anterior, concluyó que los militares, incluyendo el demandante, actuaron de
manera reprochable e ilegal, incumpliendo su misión constitucional y sus deberes
de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos
(DDHH), especialmente la protección de civiles ajenos al conflicto. Por ello,
incurrieron en una falta disciplinaria gravísima por graves violaciones al derecho
internacional humanitario.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del ocho (8) de julio de dos
mil veinticinco (2025), que negó las pretensiones de la demanda, se inhibió para
conocer de la legalidad de la Resolución 02862 de 2017, por tratarse de un acto de
ejecución, sin condena en costas.

Centró en el estudio de los medios de prueba aportados en el proceso disciplinario
que determinó la sanción disciplinaria en contra del demandante, valorando los
siguientes medios:

Señaló que, la prueba pericial decretada en 2010, fue solicitada por los propios
investigados (incluido Gaitán Ospina) para ampliar el conocimiento sobre la muerte
de Jhon Fredy Barco Gutiérrez, donde se verificó la trayectoria de los disparos, las
posiciones de la víctima y los agresores, y las características de las heridas, la cual

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

se basó en el acta de inspección a cadáver y el protocolo de necropsia originales,
realizó el cuadro comparativo de las lesiones y dio respuesta a los interrogantes
planteados. El perito fue un Asesor Grado 24 de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales Unidad de Derechos Humanos.

Los investigados tuvieron la oportunidad de solicitar aclaración y complementación
del dictamen pericial, lo cual ocurrió en 2012 y con ello, determinó la primera
instancia que, las conclusiones del perito no eran interpretaciones personales ni
hubo manipulación de pruebas, sino un análisis de los hallazgos ya existentes para
ampliar el conocimiento de los hechos, en los cuales se tuvo en cuenta, el acta de
inspección a cadáver No. 003 y el protocolo de necropsia No. 2005P-00003, los
cuales, fueron la base del estudio pericial y fueron considerados pruebas científicas
relevantes desde el inicio de la investigación.

Resaltó que, las versiones de los militares y los descargos fueron valoradas en el
proceso disciplinario, en el cual, se hallaron inconsistencias en las versiones de los
mismos y fue un factor clave en la decisión de disciplinar a los involucrados.

En lo referente a la violación al debido proceso y derecho de defensa, la primera
instancia las desestimó, por cuanto, el dictamen pericial no fue una prueba sorpresa,
sino que fue solicitado por los propios investigados y no se opusieron a su práctica
y explicó que, el procedimiento adelantado por la Procuraduría siguió los parámetros
de la Ley 734 de 2002, incluyendo indagación preliminar, apertura de investigación,
práctica de pruebas, formulación de cargos y fase de descargos, sin que se omitiera
ninguna etapa procesal ni se soslayaran las garantías del disciplinado. Además, la
negativa a decretar ciertas pruebas no implica desconocimiento del debido proceso,
ya que forma parte del análisis de pertinencia, utilidad y conducencia del juez
disciplinario.

Finalmente, hizo mención de la Resolución No. 02862 de 2017 del Ejército Nacional
y determino que se trataba de un mero acto de ejecución. Estos actos solo buscan
dar cumplimiento a una decisión administrativa, esto es, de la sanción disciplinaria,
por lo tanto, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas diferentes por sí
mismos y no son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción
contencioso administrativa.

4. Recurso de apelación.

La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque. Al respecto,
reprocha que, los fallos disciplinarios fueron expedidos con violación flagrante al
debido proceso.

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

Cuestiona que, la Procuraduría General de la Nación basó sus decisiones
disciplinarias en interpretaciones propias y no valoró las pruebas científicas sólidas,
por cuanto, ignoró el Protocolo de Necropsia original de 2005 y el Acta de Inspección
a Cadáver, las cuales demuestran que no existió tortura en el fallecimiento del señor
Jhon Freddy Barco Gutiérrez y sustituyó esta evidencia por un concepto o estudio
general de Necropsia emitido por un médico forense de su propia unidad quien
afirmó que, el ciudadano fue objeto de torturas, maltratos y por tanto, los fallos
sancionatorios fueron expedidos con falsa motivación.

5. Trámite de segunda instancia.

En auto del 10 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y, conforme al numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se
prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, se
resalta que según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 1, en esta
instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso
de apelación.

2. Problema jurídico.

La Sala debe establecer si revoca sentencia del ocho (8) de julio de dos mil
veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Harold Eddison Gaitán Ospina

1
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

contra de la Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional, para ello se
estudiará lo siguiente:

¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por indebida valoración
probatoria del protocolo de necropsia original de 2005 y el acta de inspección al
cadáver en el proceso sancionatorio?

Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo del proceso disciplinario -Ley 734 de 2002-; 2.2. Precedente
de unificación de control integral de los actos disciplinarios; 2.3. Actuación
disciplinaria; y 2.4 Caso concreto.

2.1. Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.

De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, las Personerías
Distritales, Municipales o las Oficinas de Control Interno Disciplinario.

Fase previa.

En relación con el conocimiento de la noticia criminal los artículos 69 y 70 de la Ley
734 de 2002, se inicia por (i) informe, (ii) compulsa, (iii) queja, (iv) anónimo
cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y artículo 27 de la
Ley 24 de 1992, y (v) de oficio.

En cuanto al pronunciamiento de la noticia disciplinaria, pueden presentarse los
siguientes escenarios conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley 734 de 2002:

Auto inhibitorio parágrafo 1° del artículo 150 Ley 734 de 2002. Procede cuando
se advierta de la actuación: (i) la manifestación temeraria- con tramite sancionatorio;
(ii) hechos irrelevantes, (iii) hechos de imposible ocurrencia y (iv) hechos
manifiestamente incorrectos y difusos, los tres últimos escenarios ponen fin al
proceso.

Indagación preliminar e investigación. Tiene como fin verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado
bajo el amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

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Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

La procedencia de la investigación disciplinaria. Se adelanta cuando de la
información recibida se identifique el autor o los autores de la falta disciplinaria, el
operador iniciará la investigación con la finalidad de: (i) verificar la ocurrencia de la
conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta, (iii) esclarecer los motivos
determinantes, (iv) establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, (v)
identificar los perjuicios causados a la administración, y (vi) establecer la
responsabilidad del disciplinado.

El auto de cierre de la investigación. Se presentan las siguientes causales: (i)
vencimiento de términos y (ii) decreto de pruebas para formular cargos.

Evaluación de la investigación. En esta etapa se pueden presentar los siguientes
escenarios: (i) terminación del proceso -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, (ii)
formulación de cargos -artículo 162 CDU-, (iii) migrar al procedimiento verbal -
artículo 175 ídem-, (iv) cambio de competencia, y (iv) incorporación de la unidad
procesal artículo 74 Ley 734 de 2002.

Inicio del juicio disciplinario.

Formulación de cargos disciplinarios. «Comprende como primer elemento de la
descripción, caracterización y determinación detallada de la conducta que se le atribuye al servidor,
con la indicación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 2», el cual, debe cumplir

unos requisitos de procedencia sustanciales y formales, en consideración a lo
siguiente:

Requisitos sustanciales: (i) que se halle objetivamente demostrada la falta y (ii) la
existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (artículo
162 Ley 734 de 2002).

Requisitos formales (artículo 163 Ley 734 de 2002), en consideración a lo
siguiente:

(i) Descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta: (i)
omisión, (ii) acción, (iii) extralimitación y (iv) abuso.

(ii) Normas violadas y concepto de violación.

(iii) Identificación del autor o autores de la falta.

2
Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pág. 197 y 198.

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Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

(iv) Análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados.

(v) Exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad
o levedad de la falta clasificadas en gravísimas, graves y leves.

(vi) Forma de culpabilidad: (i) dolo, (ii) culpa gravísima o grave.

Fase de descargos: Tiene como justificación garantizar el debido proceso del
imputado, la materialización del derecho de defensa y contradicción, en el cual el
sujeto procesal si lo considera presenta o no los descargos, etapa en la cual puede
proponer nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.

Posteriormente, sigue la fase probatoria (artículo 168 Ley 734 de 2002) y traslado
de alegatos de conclusión por el término de 10 días, donde la ley permite la variación
de cargos de acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 165 del CDU.

Fallo. Pone fin a la actuación donde se puede presentar una decisión sancionatoria
o absolutoria, en el cual se debe observar el siguiente contenido: (i) identificación
del investigado, (ii) resumen de los hechos, (iii) análisis de las pruebas, (iv) análisis
de la valoración jurídica, (vi) fundamentación de la calificación de la falta, (vii)
análisis de la culpabilidad, (viii) razones de la sanción o absolución (ix) exposición
fundamentada de los criterios de la graduación para la sanción y definición de la
sanción (artículo 170 de la Ley 734 de 2002). Contra la decisión procede recurso de
apelación.

2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.

Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, respecto a lo cual se precisó:

«[…]

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un

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procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.»

Conforme lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los
actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la persona
sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad
humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo.

2.3. Actuación disciplinaria

2.3.1. Mediante auto del 10 de junio de 2005, la Procuraduría Provincial de Neiva,
ordenó la indagación preliminar averiguatorio de la queja formulada por el señor
Diógenes Martínez, contra miembros del Batallón Cacique Pigoanza del municipio
de Garzón, Huila, por la captura del señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez, sometido a
tortura y causándole la muerte, por hechos presuntamente ocurridos en la base
temporal del municipio de Algeciras el día 10 de enero de 20053.

2.3.2. La Procuraduría delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos, el día 14 de octubre de 2005, asume conocimiento de la indagación
preliminar4.

2.3.3. El 19 de octubre de 2005, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, expide el auto de apertura de investigación

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Expediente Samai Tribunal índice 0021
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Expediente Samai Tribunal índice 0021

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disciplinaria contra el Capitán Cesar Augusto González Caballero, los Suboficiales
Cabo Primero Edwin Pinzón Saldaña, Cabo Segundo Harold Gaitán Ospina, y los
soldados profesionales Yesid Olaya Rivera, Luis Garzón Bustos, Carlos Campos
Imbanchi, Pedro Guañarita Ortiz, Y Herlendy Trujillo Ordoñez, quienes para la época
de los hechos objeto de investigación se encontraban adscritos al Batallón de
Infantería Nro. 26 "Cacique Pigoanza (...)5.

2.3.4. El 29 de octubre de 2008, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, formuló cargos contra el capitán Cesar Augusto
González Caballero, los Suboficiales Cabo Primero Edwin Hernán Pinzón Saldaña,
Cabo Segundo Harold Eddinson Gaitán Ospina y los soldados profesionales Yesid
Olaya Rivera,- Luis Carlos Garzón Bustos. Carlos Augusto Campo Imbachi, Pedro
José Guañarita Ortiz. У Herlendy Armando Trujillo Ordoñez, adscritos al tercer
pelotón de la compañía BAYARTA del Batallón de Infantería nro, 26 "Cacique
Pigoanza" del Ejército Nacional por incurrir en la conducta descrita en el artículo 48,
numeral 7 de la Ley 734 de 2002, incurrir en graves violaciones al Derecho
Internacional Humanitario", consistente en el desconocimiento de los artículos 3
común a los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; y, 4, numeral
2, literal a), del Protocolo II, al retener, torturar y dar muerte al ciudadano Jhon
Freddy Barco Gutiérrez en hechos que se dieron el 10 de enero de 2005, en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en la presente providencia. En ella
se destaca:

“De los elementos de juicio allegados a la investigación, se tiene que no existe prueba que
demuestre que la persona que resultó muerta el 10 de enero de 2005 por tropas del
Batallón de Infantería nro, 26, tercer pelotón de la compañía BAYONETA al mando del
Capitán CESAR AUGUSTO GONZALEZ CABALLERO en desarrollo de la misión táctica
"LÍBANO", JHON FREDDY BARCO GUTIERREZ era "cabecilla de las milicias urbanas de
las ONT FARC y que la muerte fue producto de un combate sostenido entre éste y los
integrantes del tercer pelotón de la compañía BAYONETA; obra el testimonio de
DIÓGENES MARTÍNEZ GUTIÉRREZ quién el 10 de enero de 2005 iba en compañía de
JHON FREDY BARCO y narró que éste se adelantó, escuchó ladrar al perro que lo
acompañaba y al dirigirse hacia donde iba JHON FREDDY vio personal militar en la zona
y después de ese momento no lo volvió a ver, afirma que era una persona civil, se
desempeñaba como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Danta.

Los integrantes del Ejército adscritos al tercer pelotón de la compañía BAYONETA del
Batallón de Infantería nro, 26 "Cacique Pigoanza", en sus versiones libres afirman que la
muerte se produjo como resultado de un ataque por parte de JHON FREDY a los militares,
en el que el centinela reaccionó disparando y se produjo la muerte, no obstante, obran el
testimonio de quien lo acompañaba en 10 de enero de 2005, que contradice totalmente
las versiones de los militares, en las cuales éstos aseguran que JHON FREDY murió como
producto de un enfrentamiento armado y que era integrante de las milicias de las FARC.
El testimonio de JOSÉ HAIBER BONILLA BARCO hermano de JHON FREDY y quien
pertenece al Ejército Nacional asegura que su cuñado CARLOS, quien reside en la zona,
le comentó que el Ejército lo cogió con vida, lo torturaron y luego le dieron muerte. Por su
parte, los residentes de la Vereda Qebradón Sur, sector La Danta, en un escrito aseguran

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Expediente Samai Tribunal índice 0021

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que él se dedicaba exclusivamente a las labores agrícolas y que los integrantes del Ejército
Nacional para justificar su actuar dijeron que se trataba de alias "El Conejo", los firmantes
del documento atribuyen este alias a que los hechos ocurrieron en la finca Los Conejos.

Según el protocolo de necropsia las lesiones que fueron descritas en el cadáver de Jhon
Fredy Barco al parecer no corresponden todas a las causadas por proyectiles de arma de
fuego, propias de un enfrentamiento armado, dado que presenta heridas diferentes a las
que ocasionan los proyectiles, entre otras, "la sección medular a nivel cervical" que causó
el deceso por choque medular como lo indica el médico legista; todo esto lleva a la duda
del presunto combate sostenido entre los militares y la víctima, razón por la cual considera
la Delegada que conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no existe mérito
alguno para ordenar el archivo de la investigación por cuanto se encuentran reunidos los
presupuestos legales exigidos por el artículo 162 de la Ley 734 de 2002, para dictar auto
de cargos, esto es, porque se encuentra demostrada objetivamente la falta y existe prueba
que compromete la responsabilidad de los uniformados Capitán Cesar Augusto González
Caballero, los Suboficiales Cabo Primero Edwin Saldana Pinzón, Cabo Segundo Harold
Gaitán Ospina y los soldados profesionales Yesid Olaya Rivera, Luis Garzón Bustos,
Carlos Campos Imbachi, Pedro Guañarita Ortiz y Herlendy Trujillo Ordonez en los hechos
objeto de investigación, por cuanto al parecer Jhon Fredy Barco Gutiérrez no hacía parte
de un grupo ilegal armado y que al no estar participando de hostilidades, era persona
protegida por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los hechos investigados, analizados dentro del contexto del conflicto armado interno que
vive el Estado colombiano, nos indican, en primer término, que las tropas del tercer pelotón
de la compañía BAYONETA del Batallón de Infantería nro. 26, estaban en desarrollo de
una operación militar legítima, como era la misión táctica LÍBANO enmarcada dentro de
las funciones constitucionales que le corresponden a la Fuerza Pública. En segundo
término, que la víctima, JHON FREDY BARCO GUTIÉRREZ no se encontraba
participando en las hostilidades propias del conflicto armado y, en consecuencia, era
persona amparada por las normas del Derecho Internacional Humanitario, que le otorga
la condición de persona protegida.

Por lo anterior, se concluye que con la conducta ejecutada por el Capitán CESAR
AUGUSTO GONZÁLEZ CABALLERO, los Suboficiales Cabo Primero EDWIN SALDAÑA
PINZON, Cabo Segundo HAROLD GAITAN OSPINA y los soldados profesionales YESID
OLAYA RIVERA, LUIS GARZÓN BUSTOS. CARLOS CAMPOS IMBACHI, PEDRO
GUAÑARITA ORTIZ y HERLENDY TRUJILLO ORDONEZ se afectó el derecho
fundamental a la vida de JHON FREDY BARCO GUTIÉRREZ conducta que es antijurídica
porque con ella se desconoció la función pública y más concretamente el deber funcional
que cumple la Fuerza Pública en un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo es
el Estado colombiano, deber que se traduce en la protección y defensa, entre otros del
orden constitucional, según lo expuesto en el artículo 217 de la Constitución Política, en
donde el derecho a la vida e integridad personal es uno de sus fundamentos. Así mismo,
la conducta se califica como dolosa, no de otra manera, se pueden entender la serie de
actos encaminados precisamente a obtener el resultado de la muerte de JHON FREDDY
BARCO GUTIÉRREZ, según las circunstancias de lo ocurrido porque los servidores
adscritos al Ejército Nacional, en el momento de los hechos eran conscientes de su actuar
y podían comprender y conocer el alcance de su actuación, cumplimiento en de razón de
la capacitación que se le otorga el Ejército Nacional para el la función encomendada y el
entrenamiento recibido en su carrera militar para poder desempeñarse en esa institución.

valoradas en conjunto las pruebas allegadas a la investigación, se infiere que la presunta
conducta de violación grave al Derecho Internacional Humanitario, ejecutada el 10 de
enero de 2005, por el Capitán CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ CABALLERO, los
Suboficiales Cabo Primero EDWIN SALDAÑA PINZON, Cabo Segundo RIVERA,
HAROLD GAITAN OSPINA y los soldados profesionales YESID OLAYA GUAÑARITA
LUIS GARZÓN BUSTOS, CARLOS CAMPOS IMBACHI, PEDRO ORTIZ y HERLENDY
TRUJILLO ORDOÑEZ se enmarca en la normativa contenida en diferentes tratados
internacionales, en particular en lo establecido por el artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, aprobado por la Ley 5 de 1960 y ratificado por el Estado
colombiano el 8 de mayo de 1962, precepto que determina que respecto de las personas
que no participen directamente en las hostilidades se prohíbe"... los atentados contra la

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vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas..."personas
que están amparadas por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y del Derecho Internacional Humanitario, bajo la denominación de "personas protegidas"
y que como tal no pueden ser objeto de atentados contra su vida o integridad personal,.
Norma esta que fue contemplada y desarrollada por el Protocolo II de Ginebra, artículo 4,
numeral 2, literal a), que prohíbe "...los atentados contra la vida, (...) en particular el
homicidio..." en todas sus formas”.

2.3.8. El 17 de julio de 2013, la Procuraduría Delegado Disciplinaria para la Defensa
de los Derechos Humanos profiere la decisión de primera instancia sancionando al
señor Harold Eddinson Gaitán Ospina con destitución e inhabilidad general por el
término de 20 años, entre otros.

“PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsables a los miembros del Ejército
Nacional Capitán CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ CABALLERO identificado con la c.c.
No 13.956.652., al Cabo Primero EDWIN HERNÁN PINZÓN SALDAÑA con c.c. No
80.127.883., al Cabo Segundo HAROLD EDDINSON GAITÁN OSPINA con c.c. No
16.553.655 y a los Soldados Profesionales YESID OLAYA RIVERA con c.C. No
12.209.341., LUIS CARLOS GARZÓN BUSTOS con c.c. No 12.200.352., CARLOS
AUGUSTO CAMPO IMBACHI con c.c. No 16.187.320., PEDRO JOSÉ GUAÑARITA
ORTIZ con c.c. No 12.170.414 у НHERLENDY A TRUJILLO ORDÓÑEZ con c.c. No
12.200.071 orgánicos de la compañía "Bayoneta 3" del Batallón de Infantería No 26
"Cacique Pigoanza" con sede en Garzón, Huila de los cargos elaborados mediante auto
de fecha 29 de octubre de 2008 en trámite de la presente actuación con ocasión de las
faltas disciplinarias derivadas del numeral 7 artículo 48 de la ley 734 de 2002 y referentes
disposiciones del derecho internacional humanitario en relación con la retención, tortura
y homicidio de que hicieron víctima a JHON FREDY BARCO GUTIÉRREZ identificado
con la c.c. No 93.237.825 el 10 de enero de 2005 cuando cumplían la misión táctica
"Líbano" en la vereda "EI Quebradón" sector de la Danta municipio de Algeciras, Huila y
como consecuencia de lo anterior sancionarlos disciplinariamente de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44, 46 y 47 ibídem con la sanción principal de DESTITUCIÓN
y sanción accesoria de INHABILIDAD GENERAL de veinte años por las razones
expuestas en la parte motiva de esta determinación”.

2.3.9. El 30 de noviembre de 2016, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General
de la Nación profirió el fallo de segunda instancia por la cual confirmó el fallo de
primera instancia, pero disminuyó la sanción de destitución e inhabilidad general
por el término de 15 años, el cual fundamentó, así:

“Con todo, como la evidencia indica que la falta que se reprocha se cometió con concurso
de varios miembros del Ejército Nacional, aprovechando el desempeño de operaciones de
restablecimiento del orden público y propias del conflicto armado interno y utilizando en
forma excesiva e indebida las armas oficiales y la fuerza física, pues quedó demostrado
que el señor JOHN FREDY BARCO GUTIÉRREZ debió ser primero puesto fuera de
combate o neutralizado, y en esa situación de indefensión, no alcanzó a atacar o
representar un peligro grave e inminente que los disciplinados como equipo no pudiesen
sortear de otra manera, adicionalmente, su muerte fue injustificada y por ende arbitraria,
lo que sin duda genera un grave daño social y de la imagen del Ejército Nacional, por los
efectos nocivos que tuvo en la comunidad el proceder irregular del aquí procesado,
además, por la afectación a derechos fundamentales, y el conocimiento de la ilicitud de la
conducta, llegamos a conclusión que se debe confirmar la sanción, pero rebajar la
inhabilidad general veinte (20) a quince (15) años”.

En la parte Resolutiva, se dispuso:

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“PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de julio 17 de 2013, en cuanto la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos declaró responsables y sancionó
a los miembros del Ejército Nacional CT. CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ CABALLERO,
CP. EDWIN PINZON SALDAÑA, CS. HAROL EDDINSON GAITÁN OSPINA y los soldados
profesionales YESID OLAYA RIVERA, LUIS CARLOS GARZÓN BUSTOS, CARLOS
AUGUSTO CAMPO IMBACHI, PEDRO JOSÉ GUAi\lARITA ORTlz y HERLENDY
TRUJILLO ORDOÑEZ por los cargos endilgados en el auto de fecha 29 de octubre de
2008 (ff. 449-460) calificados como grave infracción al Derecho Internacional Humanitario
pero por incurrir por acción y omisión en homicidio de persona protegida, y por las razones
expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Como consecuencia, SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE a los militares
CT. CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ CABALLERO identificado con C.C. 13956652, CP.
EDWIN HERNAN PINZON SALDAÑA identificado con C.C. 80127883, CS. HAROL
EDDINSON GAITÁN OSPINA identificado con C.C. 16553655 y los soldados
profesionales YESID OLAYA RIVERA identificado con C.C. 12209341, LUIS CARLOS
GARZÓN BUSTOS identificado con C.C. 12200352, CARLOS AUGUSTO CAMPO
IMBACHI identificado con C.C. 16187320, PEDRO JOSÉ GUAÑARITA ORTíz identificado
con C.C. 12170414 y HERLENDY TRUJILLO ORDOÑEZ identificado con C.C. 12200071,
todos orgánicos del Batallón de Infantería n.o 26 "Cacique Pigoanza" de Garzón (Huila)
del Ejército Nacional, por la comisión de la falta disciplinaria gravísima prevista en el
numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo, al incurrir por acción y
omisión en homicidio de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, con
DESTITUCION e INHABILIDAD GENERAL de quince (15) años”.

2.4. Caso concreto.

El señor Harold Eddinson Gaitán Ospina, solicita la nulidad de los actos
administrativos por los cuales, fue sancionado con destitución e inhabilidad general
por el término de 15 años, al haber incurrido en la falta gravísima consagrada en la
Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 7°, a título de dolo, al incurrir por acción y
omisión en homicidio de persona protegida por el Derecho Internacional
Humanitario.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 8 de julio de 2025, negó
las pretensiones de la demanda, al no encontrar probados los cargos formulados
contra los fallos disciplinarios, conforme al estudio de las pruebas obrantes en el
expediente, mediante las cuales se determinó con informe pericial la causa de la
muerte del señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez y, no se vulneró el debido proceso y
derecho de defensa, por cuanto, la actuación administrativa cumplió todos los
parámetros establecidos en la Ley 734 de 2002.

Inconforme con esta decisión, el actor presentó recurso de apelación por considerar
que, la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por indebida valoración
probatoria del protocolo de necropsia de 2005 y, el acta de inspección del cadáver,
desestimados con el informe o concepto rendido en el proceso.

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De los medios de prueba obrantes en el proceso, se tiene que, contra el actor y
otros miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón de Infantería No. 26
Cacique Pigoanza", Contraguerrilla Bayoneta 3, se adelantó proceso disciplinario y
penal6 con ocasión a los hechos sucedidos el 10 de enero de 2005, en la vereda
Quebradón, jurisdicción del municipio de Algeciras (Huila) donde resultó muerto el
señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez.

Que la Quinta División Novena Brigada, Batallón de infantería No. 26 “CACIQUE
PIGONZA” el día de los hechos estaba adelantando operaciones en la vereda
Quebradon y mediante informe de operaciones del 11 de enero de 2005, relacionó
que, en el sector Líbano tuvo como resultado la baja del N.N. alias “Conejo” cabecilla
de las milicias urbanas de las ONT- FARC.

Los militares implicados en la operación, entre ellos, incluido el actor, quien según
la versión de los hechos, señaló que, participó en combate sostenido en la zona
donde falleció “alias Conejo”, quien posteriormente, fue identificado con el nombre
de Jhon Freddy Barco Gutiérrez, en el cual, se aclaró que, la muerte de este ocurrió
antes de los hostigamientos en los que él si disparó, luego, colaboró con transporte
del cuerpo del occiso a lomo de caballo, el cual, dirigió a la morgue del Hospital San
Vicente de Paul.

Que mediante acta 003 de inspección de cadáver, la Fiscalía Veintiuno Seccional
del municipio de Garzón, en asocio con la SIJIN, identificó a la víctima con el nombre
de Jhon Fredy Barco Gutiérrez.

De acuerdo al protocolo de Necropsia No. 2006P-00003, realizada al cuerpo del
señor Jhon Freddy Barco Gutiérrez, el día 11 de enero de 2005, se relacionan los
hallazgos y las siguientes conclusiones de su muerte:

“Según el acta de inspección número 003 de la Fiscalía 21 Seccional Garzón, de fecha
10/10/2005, “Según información suministrada por el personal del Batallón Pigoanza de la
ciudad, los hechos sucedieron en enfrentamiento de tropas del ejército contraguerrilla
Bayoneta 3, al mando del capitán Cesar Augusto González Caballero, del Batallón
Pigonza, con un reducto guerrillero de la columna móvil Ayiber González de la Teófilo
Forero de las Farc, en la vereda Quebradón Sur municipio de Algeciras Huila, el 10 de
Enero del corriente año, a eso de las 2:00 pm; se informa además que de dicho operativo
de (sic) incauto un revolver 38, 5 vainillas y un cartucho”.

Evidencias recibidas con el cadáver: Ninguna

(…)

Hipótesis planteada por la autoridad: Homicidio.

6
Adelantado por el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar radicado con el No. 1520-65, en el expediente no existen más
elementos de prueba que determinen si este término con condena o absolución de los investigados

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ANÁLISIS DEL CASO

RESUMEN DE HALLASGOS

(…)
En la necropsia se encontró, herida de piel, tejido cecular (sic) subcutáneo y músculo
trapecio, Herida musculo tríceps, fractura circular de 0.5 cm en hueso cúbito, herida del
musculo flexor común de los dedos, herida del músculo cubital anterior, exposición de
huesos y músculos, fractura del húmero, y fractura de la articulación del codo, sección del
tendón del tríceps, sección de la arteria humeral y de las venas basílica y cefálica, herida
del musculo tensor de la fascia lata, herida del recto anterior del muslo, herida del músculo
aductor mediano. Herida de la cara interna del bíceps, herida de músculo tríceps derecho,
fractura del humero derecho. Fractura de las vértebras cervicales (cuello) C1,C2, C3, C4,
presentando gran movilidad en la cabeza.

CONCLUSIÓN
Con base en la información previa y disponible hasta el momento y según los hallazgos
en la necropsia, la muerte de Jhon Freddy Barco Gutiérrez, finalmente se debió a dos
factores que confluyen, primero las heridas de proyectil de arma de fuego que causan
hipovolemia y segundo la sección medular a nivel cervical (cuello) que causa el deceso
por choque medular.

Manera de muerte: Violenta Homicidio”.

Por otra parte, en el proceso disciplinario mediante auto del 9 de marzo de 2010 se
ordenó el decreto y práctica de una prueba consistente en que “se realice un estudio
general de necropsia del cadáver... con el fin de tener más conocimiento de las circunstancias en
que se produjo la muerte, como la trayectoria de los disparos, las posiciones de la víctima y los
disparadores, las características de las heridas halladas, si las mismas fueron ocasionadas
antemortem о portmortem, y todos los elementos que se consideren necesarios y que sirvan para el
objeto de la presente investigación" el cual indicó:

En los folios numerados 45 a 50, se encuentra la copia del protocolo de necropsia
practicada el día 11 de enero de 2005, por el médico Marcelino Omar Díaz Valencia,
funcionario del Instituto de Medicina Legal, de la Unidad Local de Garzón, Huila. De este
documento se puede extractar la siguiente:

1. Se trata de un hombre adulto joven de 24 años con heridas por proyectil (es) de arma
de fuego.

(…)

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RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS

“1. LA TRAYECTORIA DE LOS DISPAROS:

De acuerdo a las descripciones encontradas en el protocolo de necropsia de los orificios
de entrada y salida por proyectiles de arma (s) de fuego, las lesiones de sus órganos y el
pronunciamiento del perito prosector acerca del desplazamiento de los mismos se
determina:

Que para el proyectil que impacto en la región Infraescapular derecha, su trayectoria fue
Inferior Superior en el plano horizontal.

Que para el proyectil que impacto en la Región lateral, tercio distal del brazo izquierdo, su
trayectoria fue Postero Anterior en el plano coronal y Superior inferior en el plano
horizontal.

Que para el proyectil que impacto en la Región posterior, tercio distal del brazo izquierdo,
su trayectoria fue Postero Anterior en el plano coronal y Supero inferior en el plano
horizontal. Sin embargo puede inferirse que es de izquierda a derecha en el plano sagital,
teniendo en la cuenta el sitio anatómico de ubicación del orificio de entrada frente al de
salida.

Que para el proyectil que impacto en la región del Región Tercio superior, región latero
externa del muslo izquierdo, su trayectoria fue de Izquierda a Derecha en el plano Sagital.
Sin embargo puede inferirse supero inferior en el plano horizontal.

Que para el proyectil que impacto en la Región Tercio inferior cara latero interna del brazo
derecho, su trayectoria fue Supero inferior en el plano horizontal.

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2. POSICIÓN POSIBLE DE POSICIÓN DEL DISPARADOR O DISPARADORES Y LA
POSIBLE LA VÍCTIMA AL MOMENTO DEL IMPACTО:

Analizados un individualmente patrón que la descripción de las heridas y sus respectivas
trayectorias no disparadores.

permita unificar la posible posición de la víctima con el disparador o (numerados Sin
embargo, para que las heridas por proyectiles de arma(s) de fuego en el miembro superior
ubicarse el miembro 2, 3 y 4) en compartan flexión.

trayectoria supero inferior en el plano horizontal, tendría que del Existen sujeto dos
(número impactos que sus orificios de entrada se encuentran en la parte posterior del
cuerpo 1 y 3) lo cual permitiría ubicar un disparador(es) posterior al sujeto.

CUAL O CUALES HERIDAS FUERON MORTALES

De acuerdo (s) a la descripción de las lesiones en los órganos al paso de los diferentes
proyectiles . de fuego se puede afirmar que no todas las heridas comprometían la vida del
sujeto o eran letales.

Que para el proyectil que impacto en la región infraescapular derecha comprometió los
siguientes órganos: Piel. Tejido celular subcutáneo y musculo trapecio, las mismas no
representan riesgo inminente a la vida del sujeto.

Que para el proyectil que impacto en la Región posterior, tercio distal del brazo izquierdo,
comprometió los siguientes órganos: exposición de hueso y musculo, fractura de hueso
humero y articulación del codo, tendón, sección de arteria humeral y venas basílica y
cefálica. Las misma representan riesgo inminente a la vida del sujeto por su compromiso
de vasos sanguíneos de flujo significativo y tejido óseo ocasionando perdida súbita y
rápida de sangre.

Que para el proyectil que impacto en la Región posterior tercio distal del brazo izquierdo
comprometido los siguientes órganos; exposición de hueso y musculo, fractura de hueso
humero y articulación del codo, tendón, sección de arteria humeral y venas basílica y
cefálica. Las mismas representan riesgo inminente a la vida del sujeto por su compromiso
de vasos sanguíneos de flujo significativo y tejido óseo, ocasionado perdida súbita y rápida
de sangre.

Que para el proyectil que impacto en la Región Tercio superior, región latero externa del
muslo izquierdo, comprometió los siguientes órganos: Piel, músculos del muslo izquierdo.
La mismas no representan riesgo inminente a la vida del sujeto.

Que para el proyectil que impacto en la Región Tercio inferior cara latero interna del brazo
derecho, comprometió los siguientes órganos: Músculos del brazo, fractura del hueso
húmero derecho. Las mismas representan riesgo a la vida del sujeto por su compromiso
de tejido óseo, que aunque no se describe compromiso vascular la sola lesión del hueso
es de importancia.

Sin embargo, hay que tener en la cuenta que el medico prosector se pronuncia en la
conclusión acerca de la causa de muerte diciendo “la muerte se debió a dos factores que
confluyen, primero las heridas de proyectil de arma de fuego, que causan hipovolemia y
segundo la sección medular de la columna cervical fueron pre- mortem que contribuyeron
de manera importante al deceso de la persona.

CONCLUSIONES

1. El medico se pronuncia en la conclusión acerca de la causa de muerte diciendo "la
muerte se debió a dos factores que confluyen, primero las heridas de proyectil de arma de
fuego, que causan hipovolemia y segundo la sección medular a nivel cervical (cuello) que
causa el deceso por choque medular", se asume que las lesiones de la columna cervical

Número Interno: 2579-2025
Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Ejército Nacional

coadyuvaron de manera importante a los mecanismos de muerte, lo cual indica que son
de características vitales ó fueron ocasionadas de manera pre-mortem.

2.Adicionalmente, las lesiones por proyectiles de armas(s) de fuego involucran los
miembros superiores e inferiores y no explicarían la muerte de manera inmediata sino de
acuerdo a las circunstancias en el tiempo. la herida descrita en el tórax compromete
solamente tejidos blandos (piel y músculo), no representa riesgo a la vida del sujeto.

3.En los documentos aportados se encuentra que los hechos tuvieron ocasión el día 10
de enero y se tiene conocimiento del mismo por informe del 11 de enero a las 11:50 horas,
pero no está claro el tiempo trascurrido entre la muerte, el momento del hallazgo del cuerpo
y el tiempo transcurrido antes de iniciarse el transporte en el caballo como indican que
sucedió.

4. Se hace descripción de algunas lesiones no asociadas a el paso de proyectiles de
arma(s) de fuego, que permiten inferir que las mismas fueron ocasionadas antemortem
por ejemplo "contusión hemorrágica del lóbulo inferior del pulmón izquierdo", "macula
eritematosa de 12 cms de diámetro a nivel de la región lateral del cuello lado derecho" y
"hematoma subgaleal en región fronto-parietal".

5. Llama la atención que existen lesiones descritas en el protocolo de necropsia que no
son asociadas al paso por proyectiles de arma(s) de fuego como son, herida abierta de 5
cm en región frontal lado izquierdo, herida abierta de 3 cm en región frontal derecha, herida
abierta de 8 cm en región parietal, múltiples abrasiones en cara, escoriaciones en puente
nasal y escoriación en labio inferior lado izquierdo, que están ubicadas en el rostro y
cabeza, y no se describen como anémicas o post mortem.

6. No hay descripción de otras lesiones o alteraciones en otras partes del cuerpo de tipo
post mortem o peri mortem, que pudieran sustentar la versión consignada en el auto,
"...que el cadáver fue transportado a caballo que rodó con el cuerpo al asustarse por
disparos...", como sería lo esperado de este tipo de evento.

7. Hay confusión en la descripción de algunas de las heridas por ejemplo al decir "herida
ovalada de 3 cm, superficial, de bordes quemados, en región infraescapular derecho",
pero es graficado al lado izquierdo del esquema. adicionalmente, se describe en el acta
de inspección un "orificio 0.7 cm en dorsal izquierda" pero en el protocolo de necropsia no
se identifica la descripción del mismo.

8. Se recupero un elemento cónico al parecer de un proyectil de arma de fuego dentro del
cuerpo del sujeto, sin embargo, no se recuperó el proyectil que hace re entrada a nivel del
muslo derecho y que es descrito como número cuatro. no se tomaron radiografías para
descartar la presencia de objetos metálicos (proyectiles) en las regiones anatómicas
descritas.

9. Contrario a la apreciación del médico prosector, al decir que las prendas no ameritan
estudios especiales para la investigación, si era necesario el estudio para determinar la
distancia de disparo para ser correlacionado con las versiones rendidas por los supuestos
involucrados.

10.el orden de descripción de las lesiones por proyectiles de armas (s) de fuego, en el
protocolo de necropsia, no necesariamente corresponden al orden en que fueron
realizados los impactos. no es posible determinar el orden o secuencia de los mismos con
el elemento de estudio”.

Los precitados medios de prueba fueron el fundamento para la decisión
sancionatoria contra el actor y a los otros miembros del batallón que participaron
en los hechos del 10 de enero de 2005, donde falleció el señor Barco Gutiérrez, se
desprende que, en la actuación administrativa, los medios de prueba anteriormente
relacionados, desarrollaron un papel fundamental, para imponer el reproche

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sancionatorio, sin que, sea cierto que, el informe rendido haya desplazado los otros
medios de prueba como el acta de inspección de cadáver y la necropsia.

Por lo anterior, observa la Sala que, el fallo de primera instancia de fecha 17 de
julio de 2013, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para
fundamenta la sanción a los militares implicados, realizó un análisis integral de los
medios de prueba obrantes en la actuación sancionatoria, entre ellos, relacionó:

“4.3. El acta 003 de inspección al cadáver haber sido elaborada en la morgue del hospital
San Vicente de Paul del municipio de Garzón, Huila el 11 de enero de 2005 por el Fiscal
21 Seccional en asocio del personal de la SIJIN.

4.4. Del protocolo de necropsia realizado el 11 de enero de 2005 en la Unidad Local
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Garzón, Huila, las
heridas encontradas en el cadáver N.N. reconocido como de JHON FREDY BARCO
GUTIÉRREZ para concluir que su muerte obedeció a dos factores, el primero a las heridas
de proyectil de arma de fuego que causaron hipovolemia y el segundo a la sección medular
a nivel cervical que causa el deceso por choque medular y así, que la manera de muerte
fue violenta y calificada como un homicidio”.

En la motivación del acto sancionatorio sobre el protocolo de necropsia se indicó:

“ (…) los aspectos de orden técnico y científico consignados en el protocolo de necropsia
No 2005P-00003 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la
Dirección Regional Sur - Seccional Huila, Unidad Local de Garzón que funciona en Garzón,
Huila no fueron desvirtuados y la argumentación de descargos y de alegatos de conclusión
tampoco logran en criterio del despacho estructurar el explicado combate de encuentro y
legítima defensa”

Por su parte, la segunda instancia, sobre los medios de prueba, entre ellos, la
necropsia y el estudio técnico forense de lesiones, precisó:

(…) nos referimos al estudio técnico forense sobre las lesiones que presentaba el
cuerpo del señor BARCO GUTIÉRREZ, y que se elaboró teniendo en cuenta el
documento acta de inspección a cadáver y el protocolo de necropsia, y en el que el
médico especialista forense concluyo que:

Para el médico de Medicina Legal la muerte del señor BARCO GUTIÉRREZ tuvo dos (2)
causas que confluyeron de manera importante o vital, las heridas con arma de fuego en
extremidades y que causaron hipovolemia y la sección medular a nivel cervical que
ocasionó deceso por choque medular, para el perito, tal 'como lo fue para el médico
forense que efectúo la necropsia, ello indica necesariamente que las dos al ser vitales, es
decir asociadas al mecanismo de muerte, por ende, confluyeron para ocasionar la muerte
no de manera inmediata, y por lo mismo, necesariamente, fueron causadas de manera
pre-mortem (ver folio 877), pues de no otra manera se entiende que sean causas del
fallecimiento.

Como se observa de los actos demandados, en ningún momento existió un
desplazamiento de las pruebas de acta de inspección e cadáver y del protocolo de
necropsia como lo menciona el demandante, por el contrario, el informe técnico

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rendido en el proceso, se realizó bajo el análisis de estos, por lo tanto, no se
identifica violación alguna a los derechos del demandante con el recaudo de dicha
prueba y la misma no contempla aspectos diferentes a los documentos que tuvo el
operador disciplinario, para dicho análisis.

En ese sentido, al observar la actuación sancionatoria desde el pliego de cargos se
tiene que, la conducta se enmarcó en la tortura y homicidio del señor Jhon Fredy
Barco Gutiérrez, persona protegida, acto que, constituyó una grave violación al
derecho internacional humanitario conforme al artículo 48 numeral 7, de la Ley 734
de 2002 y que fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional, estos fundamentos
fueron sostenidos de manera congruente en los fallos sancionatorios, sin que se
advierta violación alguna de los derechos del disciplinado que no logró demostrar
la causales de nulidad de los actos acusado en la demanda.

Es oportuno señalar que, esta Sala7 se ha ocupado de procesos disciplinarios en
contra de militares que han incurrido en homicidio de persona protegida por el
derecho Internacional Humanitario, casos en los que se ha sostenido:

«Así mismo, se les cuestionó que según la necropsia que se le practicó al fallecido se
reportó «heridas en los miembros inferiores causadas por artefacto explosivo», aspecto
que no fue mencionado por los sancionados en su declaración, pues es ilógico que si el
artefacto pertenecía al occiso este lo activara, o si fue lanzado por la tropa militar se
produjera un uso desmedido de las armas o en últimas tanto el arma de fuego encontrada
como los explosivos fueran implantados en la escena para recrear un ataque. En este
punto, la Sala resalta que la parte demandante no logró desvirtuar lo evidenciado por la
Procuraduría General de la Nación en el sentido que los disciplinados no avisaron a las
autoridades judiciales del municipio de Labranzagrande, para efectos del levantamiento
del cadáver, así como tampoco lo embalaron, ni lo transportaron, junto con las demás
evidencias que se pudieran recaudar, en las condiciones apropiadas para garantizar un
resultado fiable, pues, ellos mismos manipularon el cuerpo sin realizar registro fotográfica
de la escena.

También merece relievarse, como lo hizo la Procuraduría General de la Nación, que en lo
que tiene que ver con la supuesta pistola Smith & Wesson, que según los informes
rendidos por los disciplinados fue encontrada junto al cadáver, dicha arma no fue
embalada adecuadamente, sino fue manipulada por los disciplinados antes de ser
entregada a las experticias forenses.

Corolario de lo anterior, la Sala observa que la interpretación normativa que llevó a cabo
el operador disciplinario se acompasa con las normas del ordenamiento interno y con las
normas previstas en el DIH, en razón a que, dada la gravedad de la falta cometida por los
ex militares, merecía ser estudiada a la luz de los instrumentos internacionales ratificados
por Colombia, al tratarse de la vulneración de derechos humanos protegidos de una
persona que no se hallaba en combate.»

Siguiendo esa misma línea, en providencia más reciente esta Sala Subsección el

7
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B Consejero Ponente: Juan
Enrique Bedoya Escobar Bogotá, D. C., trece (13) de abril dos mil veintitrés (2023) Radicado:15001-23-33-000-2015-00336-
01.

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25 de abril de 20248, precisó:

«Efectivamente dentro de un conflicto armado, los miembros de las fuerzas militares, en
ejecución de una operación militar legitima pero simulando un combate, no pueden
desconocer el derecho a la vida de las personas mientras no se estén participando en
hostilidades, aun cuando ésta haga parte o hubiere contribuido indirectamente con un
grupo ilegal, ya que tal proceder configura infracción grave al Derecho Internacional
Humanitario, y por ende, dicho comportamiento se enmarca en una falta gravísima descrita
en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.»

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 8 de julio de 2025, mediante
por la cual, el Tribunal Administrativo del Huila, negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que, los actos sancionatorios demandados fueron expedidos
conforme lo establece la Ley 734 de 2002, sin que, se evidencia causal alguna de
nulidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2.5. Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del 8 de julio de 2025, mediante
por la cual, el Tribunal Administrativo del Huila, negó las pretensiones de la demanda
promovida por el señor Harold Eddison Gaitán Ospina, conforme a lo manifestado en
la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

8
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B Magistrado Ponente: César
Palomino Cortés Bogotá, D.C., Veinticinco (25) De Abril De Dos Mil Veinticuatro (2024) Radicado: 76001-23-33-000-2016-
01817-01.

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Demandante: Harold Eddison Gaitán Ospina
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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