Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2015-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2015-00336-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Demandado: La Nación, Procuraduría General de la Nación
Temas: Aplicación del DIH y del DIDH en los procesos disciplinarios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá1, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, los actores presentaron una demanda en orden a
que se declare la nulidad de los siguientes fallos disciplinarios: (i) fallo del 14 de
julio de 20113, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, por medio del cual fueron sancionados con
destitución de los cargos de comandante del grupo especial «Escorpión 6»
orgánico del Batallón de Combate Terrestre No. 29 «Héroes del Alto Llano» del
Ejército Nacional - Oficial Manuel Guillermo Torres Ramírez- y soldados
profesionales Jholman Farley Cuevas Arenas y Luis Enrique Pérez Soler; e
inhabilidad general por el término de veinte (20) años para el oficial en cita, y de
doce (12) años para los otros dos uniformados y (ii) fallo del 1 de agosto de 20134,
expedido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
mediante el cual se confirmó el del 14 de julio de 2011.
1 Visible a folio 220 del expediente, cuaderno principal.
2 En adelante CPACA.
3 Visible a folio 90 del expediente, cuaderno de pruebas.
4 Visible a folio 117 del expediente, cuaderno de pruebas.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Como consecuencia de lo anterior solicitaron: (i) el reintegro a los cargos que
venían desempeñando o a uno equivalente o de superior categoría; (ii) el pago de
los salarios, emolumentos y beneficios prestacionales dejados de percibir sin
solución de continuidad; y (iii) el pago de perjuicios morales equivalente a 30
SMLMV para cada uno.
1.1.2. Fundamentos fácticos
La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la
demanda, así:
Manuel Guillermo Torres Ramírez fungía como comandante del Grupo Especial
«Escorpión 6» para el 22 de mayo de 2006, al cual pertenecían los soldados
profesionales en cita, del Batallón de Contraguerrillas No. 29 «Héroes del Alto
Llano», y le fue ordenada una operación militar de conformidad con la Misión
Táctica Número 39 «Rayo», enmarcada como operación de combate irregular de
tipo ofensivo conforme a la doctrina militar.
El día 25 de mayo de 2006, en desarrollo de la misión en cita, el equipo de
combate de la Unidad «Escorpión 6», al mando de Manuel Guillermo Torres, se
enfrentó con un grupo de guerrilleros del ELN, en la vereda Chaguazá del
municipio de Labranzagrande, Boyacá, donde resultó muerto José Albeiro Joya
Rodríguez -miembro del citado grupo armado ilegal-, y fue capturado Nelson Joya
Rodríguez -hermano del occiso-, sobre quien recaía una orden de aprehensión.
El comandante Manuel Guillermo Torres reportó los hechos acaecidos por
conducto regular al Comando del Batallón de Contraguerrillas 29 «Héroes del Alto
Llano», quien transmitió la información a la Brigada Décimo Sexta del Ejército
Nacional -Unidad Operativa Menor- mediante radiograma 079-DIV4-BR16-BCG29-
53-375 (registrado en el Libro del Centro de Operaciones de Brigada);
posteriormente, la Brigada en cita transmitió lo acontecido mediante radiograma
581 a la Cuarta División -Unidad Superior-. Así mismo, el oficial Torres Ramírez
efectuó su informe de operaciones a mano alzada sobre las circunstancias en que
se presentaron los hechos.
Rosenda Rodríguez Salamanca -madre del fallecido- radicó una queja ante la
Personería Municipal de Labranzagrande, Boyacá, el 26 de mayo de 2006,
relacionada con la muerte de su hijo, de la cual se remitió copia a la Defensoría
del Pueblo Regional Boyacá.
2
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
inició actuación disciplinaria con auto de apertura de indagación preliminar el 29
de agosto de 2006, a la que se incorporó la investigación iniciada por la Brigada
Décimo Sexta del Ejército Nacional, de conformidad con el radicado 008-144500-
2006, en virtud del poder preferente.
El Juzgado 44 de Instrucción Penal Militar adelantó investigación penal por los
mismos hechos y a esa actuación se allegaron pruebas documentales
relacionadas con anotaciones y registros sobre el occiso -José Albeiro Joya
Rodríguez- quien figuraba como «cabecilla de milicias cuadrilla José David Suárez
ONT ELN», y tenía orden de captura del 5 de mayo de 2006, por los delitos de
rebelión y secuestro; en dicha actuación penal -pero ante el Juzgado 45 de
Instrucción Penal Militar- también se recibieron las declaraciones de los soldados
profesionales Jholman Farley Cuevas Arenas y Luis Enrique Pérez Soler, el 18 y
29 de julio de 2006, respectivamente, y la del comandante Manuel Guillermo
Torres Ramírez el 31 del mismo mes.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
en auto del 13 de agosto de 2009 formuló pliego de cargos en contra de Manuel
Guillermo Torres Ramírez, Luis Enrique Pérez Soler y Johlman Farley Cuevas
Arenas por haber incurrido presuntamente, a título de dolo, en la conducta descrita
en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que dispone, «son faltas
gravísimas las siguientes: (…) 7. Incurrir en graves violaciones al derecho
internacional humanitario», en concordancia con el artículo 3 común a los Cuatro
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; y al artículo 4 numeral 2, literal
a), del Protocolo II -normatividad ratificada por Colombia-, al dar muerte a José
Albeiro Joya Rodríguez de manera irregular -homicidio en persona protegida-. En
la oportunidad procesal los investigados presentaron descargos y solicitudes
probatorias, las cuales fueron despachadas desfavorablemente por considerarse
impertinentes o por constar en el expediente.
Esa Procuraduría Delegada profirió fallo de primera instancia el 14 de julio de
2011 y les impuso a los demandantes las sanciones de destitución del ejercicio del
cargo para los tres, e inhabilidad general por veinte (20) años para el oficial y de
doce (12) años para cada uno de los soldados profesionales, en razón a que los
militares investigados no acreditaron la supuesta legítima defensa, al no estar
probado que José Albeiro Joya hubiese iniciado un ataque contra la tropa que
hiciera indispensable el uso de las armas para causarle la muerte con la magnitud
de los daños físicos que sufrió, circunstancia que no pudieron explicar los
encartados, en ese sentido, fueron encontrados disciplinariamente responsables
de la conducta reprochada, -decisión que fue recurrida-; la Sala Disciplinaria de la
3
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Procuraduría General de la Nación en fallo de segunda instancia del 1 de agosto
de 2013 resolvió confirmar la decisión impugnada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 21, 23, 29, 42, 44, 50,
83, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 209, 216, 217, 229, y 275 de la CP.; 21 del
Código Sustantivo del Trabajo; 138, 192 y ss del CPACA; decretos 1214 de 1990,
092 de 2007, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2008, 1374 de 2010, 1031 de
2011, 853 de 2012 y 1029 de 2013; artículo 3 numeral 6 del Decreto 3062 de
1997; y la Ley 352 de 1997.
En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente5:
El disciplinante incurrió en infracción a normas en que debía fundarse, puesto que
en la investigación aplicó indebidamente normas del Derecho Internacional
Humanitario -en adelante DIH- para fundamentar los actos administrativos, pero
dejó de observar normas pertinentes de la Ley 836 de 2003 -Estatuto propio para
los miembros de las fuerzas Militares-, la Ley 734 de 2002 y la Constitución, por lo
que vulneró el principio de legalidad.
La autoridad disciplinaria incurrió en error de derecho, en consideración a que
desde el auto de cargos del 13 de agosto de 2009 la Delegada de la Procuraduría
General de la Nación efectuó una errónea interpretación e indebida aplicación de
normas al entender las circunstancias fácticas como situaciones propias de
legítima defensa, a pesar de que la calificación de la falta refiere un homicidio en
persona protegida, agregando que la legítima defensa y las normas del DIH son
excluyentes, pues la primera es una figura propia de un delito común y uno de los
requisitos para su configuración es la proporcionalidad de la defensa frente a la
agresión, mientras que la proporcionalidad como principio del DIH se aplica en
contextos en los cuales se realizan ataques contra objetivos militares o contra
combatientes, razón por la cual no se pueden tomar como equiparables.
El operador disciplinario incurrió en error, al estudiar la conducta de los
disciplinados con base en una posible infracción a las normas del DIH, sin
embargo, el análisis de los hechos y la conducta de los militares se hizo conforme
al marco jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -en
adelante DIDH-, ambos ordenamientos, difieren en su objeto, y ante ciertos
hechos o conductas el resultado de acuerdo a cada uno es distinto. En ese
5 Para efectos permitir una resolución ordenada de los argumentos de nulidad planteados por el
actor en la demanda, estos se agruparán en diferentes ítems. Visible a folio 9 del expediente,
cuaderno principal.
4
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
sentido, las confusiones referidas dan lugar a erróneas interpretaciones afectando
el derecho de defensa de los encartados y la legalidad de los actos administrativos
impugnados.
La entidad demandada desconoció el debido proceso y el derecho a la no
autoincriminación al valorar y tener en cuenta en el trámite disciplinario y en la
decisión sancionatoria las declaraciones juramentadas de los investigados Manuel
Guillermo Torres, Luis Pérez Soler y Johlman Cuevas Arenas, rendidas ante el
Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, desconociendo la garantía sustancial de
no valorarse dentro de una investigación disciplinaria las declaraciones
juramentadas rendidas por los investigados como prueba trasladada.
La entidad vulneró el derecho de audiencia y de defensa de los investigados, dado
que negó una serie de solicitudes probatorias que se consideraban pertinentes,
conducentes y útiles, impidiéndoles defenderse de las acusaciones presentadas
en su contra y, en ese sentido, no es de recibo la razón por la cual la demandada
negó definitivamente la práctica de la visita especial al lugar de los hechos por
razones logísticas mediante auto del 27 de enero de 20116, puesto que dicha
circunstancia no se prevé en la norma aplicable como aspecto válido para negar el
decreto de un medio probatorio.
1.2. Contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones, con base en los siguientes argumentos:
La autoridad disciplinante, al proferir los actos administrativos impugnados, realizó
una correcta valoración probatoria, adelantó el trámite con observancia del debido
proceso, reconoció a los investigados la oportunidad de ser oídos y de presentar y
solicitar las pruebas correspondientes de conformidad con los términos y etapas
probatorias.
La falta disciplinaria endilgada a los disciplinados fue la comisión de graves
infracciones al DIH, pues se trató de homicidio en persona protegida, de
conformidad con los convenios de Ginebra, dado que, los accionantes no podían
ocasionar la muerte a una persona mientras no estuviera participando en las
hostilidades, aun cuando hubiera hecho parte de un grupo armado ilegal o
colaborara directa o indirectamente a este, conducta que se encuentra prevista
como falta gravísima en el Código Disciplinario Único -numeral 7 del artículo 48
Ley 734 de 2002-.
6 Visible a folio 83 del expediente, cuaderno de pruebas.
5
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos de los fallos de primera y
segunda instancia acusados, pues a partir de allí se establece de manera clara la
responsabilidad de los actores, luego de comprobarse que efectivamente
realizaron el comportamiento reprochado, haciéndose acreedores de la sanción
que resultó justa y proporcionada de conformidad con la Ley 734 de 2002.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá7, mediante sentencia de primera instancia
del 24 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte vencida, con base en los siguientes argumentos:
El disciplinante no vulneró el debido proceso, pues se observaron todas las etapas
propias del trámite disciplinario, se respetaron las garantías sustanciales y
procesales que les asistían a los encartados, se les permitió ejercer su derecho a
la defensa en todas las instancias y se les permitió presentar descargos, solicitar y
debatir pruebas; así mismo, se les notificaron todas las decisiones adoptadas en el
proceso, por lo que pudieron interponer recursos, y la decisión sancionatoria se
profirió con observancia del ordenamiento jurídico que estaba obligado a cumplir 8.
La autoridad disciplinante no desconoció el debido proceso al valorar las versiones
libres rendidas por los actores en la investigación penal adelantada por el Juzgado
45 de Instrucción Penal Militar -que los uniformados acusan como declaraciones
juramentadas-, pues estas fueron solicitadas como pruebas trasladadas en la
investigación disciplinaria que se adelantaba en su contra, conservando plena
validez en virtud de la figura jurídica prevista en el artículo 135 de la Ley 734 de
20029, que permite el traslado de pruebas practicadas en otros procesos para ser
valoradas en este.
Aunado a lo anterior, los investigados tuvieron la oportunidad de rendir una versión
libre de los hechos, sin embargo, no lograron convencer al fallador al presentar
7 Sala Primera de Decisión, M.P. Fabio Iván Afanador García.
8 En esta se observa: i) La identidad de los investigados; ii) Un resumen de los hechos; iii) El
análisis de las pruebas en que se basa la decisión; iv) El análisis y la valoración jurídica de los
cargos, de los descargos y de las alegaciones que se presentaron; v) La fundamentación de la
calificación de la falta; vi) El análisis de culpabilidad; vii) Las razones de la sanción; y viii) La
exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la
decisión en la parte resolutiva, conforme al artículo 170 del CDU. Decisión que estuvo debidamente
notificada de manera personal a los implicados y su representante.
9 Artículo 135. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa,
dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación
disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme
a las reglas previstas en este código. (…)
6
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
inconsistencias en sus dichos, y también existieron otros medios de prueba para
sustentar la responsabilidad.
Tampoco vulneró el principio de congruencia en la formulación de pliego de cargos
a los disciplinados y el acto sancionatorio, pues estos son concordantes.
El instructor disciplinario valoró de manera integral las pruebas pertinentes,
conducentes y útiles allegadas al proceso, de conformidad con las reglas de la
sana crítica, estableciendo -sin lugar a dudas- que los inculpados incurrieron en la
falta disciplinaria enrostrada -numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002-10,
en razón a que los testimonios rendidos fueron precisos para establecer que el día
de los hechos investigados no existió ningún enfrentamiento entre el Ejército
Nacional y el occiso que ameritara el uso de armas por parte de los uniformados; -
si bien el fallecido hizo parte del ELN, y pesaba sobre él una orden de captura por
delitos de rebelión y secuestro- el día que se presentaron los hechos no se
encontraba participando de hostilidades propias del conflicto, por ende, ostentaba
-temporalmente- la calidad de persona protegida por las normas del DIH. De
conformidad con lo anterior, se establece que se trató de un «falso
enfrentamiento», con el que los investigados pretendieron alegar un actuar
legítimo, por lo que no se acepta la figura de la legítima defensa.
El cargo referido a la indebida interpretación y aplicación del DIH por parte de la
entidad demandada no tiene vocación de prosperar -aunque la parte demandante
no refirió de qué manera se configuró el supuesto yerro-, toda vez que la
interpretación normativa que hizo se ajustó a las normas del ordenamiento interno,
y las supranacionales que contemplan el DIH, en razón a que la gravedad de la
falta cometida merecía ser estudiada a la luz de los instrumentos del derecho
internacional, por tratarse de una vulneración de derechos humanos protegidos
por la Constitución y normas internacionales referidas a personas que no se
encuentran en combate, las cuales tienen aplicación en materia disciplinaria en
virtud del principio de integración normativa que refiere la norma -artículo 21 del
CDU-.
Ni en el pliego de cargos, ni en la decisión sancionatoria se incurre en atipicidad
de la conducta, dado que la falta disciplinaria endilgada a los actores -numeral 7
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002-, es un tipo en blanco que requiere -para su
complementación normativa- remitirse a las normas del DIH, como en efecto se
hizo, al acudir al: (i) literal (a) del numeral 1 del artículo 3 del Convenio de Ginebra
del 12 de agosto de 1949; y, (ii) literal (a) del numeral 2 del artículo 4 del Protocolo
II que adicionó el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las
10 Aplicable por remisión expresa del artículo 58 numeral 34 de la Ley 836 de 2003.
7
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 1977, normas con
las cuales se complementó el reproche enrostrado a los investigados en debida
forma, y si bien, no se mencionó en las referidas actuaciones la Ley 836 de 2003 -
régimen especial de las Fuerzas Militares- ello no implica per se que se haya
vulnerado el debido proceso.
La autoridad demandada actuó conforme a derecho al no decretar algunos medios
probatorios, toda vez que basó su decisión en los aspectos de pertinencia,
conducencia y utilidad para negar algunos testimonios, pues no se indicó su
propósito, ni se explicó claramente su finalidad, respecto de la visita especial al
lugar de los hechos, el operador no la ordenó por considerar que no era
pertinente, por ser de conocimiento público que en la zona en que se presentaron
los hechos operan grupos armados al margen de la ley; aunado a lo anterior,
ninguna de las pruebas negadas tenía la potencialidad de cambiar el sentido de la
decisión.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación11 contra la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
El tribunal A quo incurrió en falta de motivación de la sentencia, pues no es cierto
que la parte demandante omitiera explicar el yerro por indebida aplicación del DIH,
pues en los alegatos de conclusión se relacionó al detalle este cargo, así como
otros argumentos referidos en esta oportunidad, los cuales fueron inobservados en
la sentencia de primera instancia12.
La valoración probatoria efectuada por el A quo no se ajustó a las reglas de la
sana crítica, porque (i) el operador disciplinario tuvo en cuenta declaraciones de
personas que faltaron a la verdad, al existir contradicciones en lo señalado por
estos; (ii) las versiones de los familiares del occiso no son suficientes para
acreditar que no hubo combate; (iii) la referencia que hicieron los investigados
sobre José Albeiro Joya como miliciano del ELN estaba confirmada, así como la
agresión por parte de este a los uniformados, en ese sentido, no se intentó
justificar la actuación, pues les era propio dentro de las funciones de los miembros
del Ejército dirigir una acción militar contra esa persona13; (iv) las heridas del
11 Visible a folio 262 del expediente, cuaderno principal.
12 Argumentos que se relacionan a continuación, i) la pertenencia de José Albeiro Joya Rodríguez
a un grupo armado organizado de una parte en conflicto y su actividad en el hecho; ii) la
participación directa del citado en las hostilidades; y iii) las obligaciones de los grupos armados
organizados en el conflicto en relación con el DIH - principio de distinción, de proporcionalidad, y
necesidad-.
13 Como lo permiten las normas que regulan las operaciones ofensivas relacionadas con el DIH.
8
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
occiso en los miembros inferiores fueron explicadas lógicamente; (v) la
participación directa en las hostilidades no deviene de un momento específico del
conflicto, pues el combate no es el elemento determinante para concluir si una
persona participó -o no- directa o indirectamente en estas, y en ese sentido, estar
amparado por las normas del DIH como persona protegida.
Si bien el Tribunal A quo reconoció que la falta disciplinaria endilgada es un tipo en
blanco -que para complementar su sentido se debe remitir a normas del DIH-, sin
embargo, el problema está en determinar si José Albeiro Joya para el momento de
los hechos era o no una persona protegida por no participar de manera directa en
las hostilidades, y si la operación militar se ajustó a las normas del DIH.
El ataque del enemigo no es el elemento base para la legitimación de una acción
militar bajo el marco jurídico del DIH, como señaló el A quo, puesto que, lo
determinante es la existencia o no de un conflicto armado, ya sea de carácter
internacional, o interno -como es el caso-, en ese sentido, el inicio del ataque por
parte de uno u otro bando no cambia el marco jurídico en que se deben desarrollar
las operaciones militares ofensivas por parte del Ejército Nacional.
No hay razón para analizar la legítima defensa del Código Penal como para
estudiar una posible causal eximente de responsabilidad, ya que la figura de la
legítima defensa que consigna el artículo 32 del Código Penal -extensible al
derecho disciplinario en virtud del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- no es
aplicable a un hecho que se circunscribe en el DIH14.
A pesar de que el A quo reconoce la aplicación del DIH en materia de operaciones
militares, denota una mala adecuación al caso concreto15, dado que el CICR16
estima que, «(…) la falta de un “derecho” ilimitado a matar no implica
forzosamente que exista la obligación jurídica de capturar en vez de matar
cualesquiera que sean las circunstancias (…)»17, máxime cuando la acción
desplegada por la patrulla militar es producto de una reacción ante un ataque, por
lo que no estaban en la obligación de emplear las armas como último recurso.
14 Porque cualquier acción militar que dirija a un objetivo legítimo, siempre desbordará las
exigencias de la legítima defensa tal como lo concibe la doctrina y jurisprudencia penal.
15 al afirmar que “el empleo de la fuerza letal en ciertas circunstancias por parte de las Fuerzas
militares, como lo indica la providencia mentada, no puede ser automática, sino que debe
responder a principios de necesidad y proporcionalidad, y debe procurarse evitar su utilización si se
puede maniobrar la situación sin que combatientes al margen de la ley sufran lesiones o hasta la
muerte misma, es decir, que se trata del último recurso al que deben recurrir como garantes de los
derechos fundamentales y del DIH (…)”,
16 Comité Internacional de la Cruz Roja. órgano autorizado para interpretar el DIH.
17 Comité Internacional de la Cruz Roja -Nils Melzer- Asesor Jurídico CICR “Guía para interpretar
la noción de participación directa en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario.”.
Ginebra, Suiza. 2010. P, 78.
9
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
La ilegalidad de la prueba trasladada no se diluyó al ser aportada al proceso de
destino, porque se trata de declaraciones juramentadas de los disciplinados, y no
versiones libres como lo señaló el A quo, las cuales debieron ser excluidas y no
tenerse en cuenta, por lo que se vulneraron garantías constitucionales. Tampoco
es cierto que dicha irregularidad se subsane porque los disciplinados tuvieran
oportunidad de rendir versiones libres, pues ello no es lo que se cuestiona.
El tribunal A quo incurrió en indebida valoración probatoria, en razón a que el
argumento del conocimiento público que en ese sector rural operan grupos
armados ilegales, sumado a la confirmación de la pertenencia de José Albeiro
Joya como miliciano del ELN, respalda las declaraciones de los disciplinados, sin
embargo, ello no fue visto así en la sentencia de primera instancia.
La negativa de pruebas en el procedimiento disciplinario sí afectó el derecho de
defensa y de audiencia de los encartados, porque su motivación no estuvo
directamente relacionada con las causales legales de pertinencia, conducencia y
utilidad, sino por cuestiones logísticas18, lo que vulnera el debido proceso, pues
dicho criterio no está determinado en la norma aplicable, en ese sentido, se debió
realizar la visita especial al lugar de los hechos, prueba pertinente, conducente y
útil, al relacionarse de manera directa con el espacio geográfico donde se
desarrolló la maniobra militar reprochada.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante presentó alegatos de conclusión, con los siguientes
argumentos:
Su inconformidad radicó en no haberse efectuado un análisis de los alegatos de
conclusión presentados en primera instancia, los que guardan relación con los
aspectos de inconformidad.
La primera instancia no valoró la tesis planteada por la defensa de los
investigados que indicó estar probada la militancia de José Albeiro Joya Rodríguez
en el ELN, y la participación directa en las hostilidades contra los encartados; por
el contrario, señaló sin sustento fáctico que el fallecido era un civil presentado por
el Ejército Nacional como un miliciano, siendo contraevidente con diversas
pruebas -anotaciones de inteligencia19- en las que se relaciona al occiso como
18 Complicaciones del terreno para realizar la visita especial de lugar.
19 Oficio 0733/DIV-BR16-B2-INT2.252 del 8 de julio de 2006 suscrito por el Coronel JAIRO RAUL
LÓPEZ COLUNJE como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Brigada 16 del
Ejército Nacional en el cual se plasma la información existente en el B2 (esto es Sección de
Inteligencia de Brigada) y el oficio 308/DIV4-BR16-B2-KAR-252 del 21 de abril de 2008 suscrito por
10
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
parte de la estructura del ELN, las que desestimó el operador sin mencionar
porqué.
El Derecho Internacional Humanitario contiene un deber de aplicación para el
Estado, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través de la norma
214.2 Constitucional y, en ese sentido, la Corte Constitucional20 dispuso que los
operadores jurídicos deben interpretar y aplicar las normas y principios que
orientan y configuran el derecho de los conflictos armados en la investigación y
juzgamiento de conductas relacionadas con infracciones al DIH, es por ello que,
en virtud del cargo planteado contra los demandantes se infiere que los hechos
acaecidos se dieron en desarrollo del conflicto armado que tiene Colombia.
Los demandantes consideraron al fallecido como un miliciano armado miembro del
ELN por la calidad de indiciado en un proceso de la Fiscalía 3 Especializada de
Yopal, por el delito de rebelión y secuestro, y en los registros de inteligencia
existentes no solo por parte del Ejército sino de la Policía Nacional; por otra parte,
se pudo comprobar que el occiso estaba armado por los reportes de los militares,
quienes encontraron el cuerpo sin vida junto a un arma de fuego, también se
efectuó una experticia a los residuos encontrados en las manos del occiso que
resultó positivo para disparo, por lo tanto, se comprobó que mantuvo una función
continua de combate, de conformidad con lo dispuesto por el CICR21, razón por la
cual, aceptar la participación directa en las hostilidades indica que pudo ser objeto
de ataque al perder temporalmente la inmunidad como persona protegida22.
La doctrina militar y los documentos operacionales dan cuenta que la misión
establecida era una operación de destrucción, la cual conlleva abatir el blanco
como objetivo principal y por ello no es cierto que el empleo de la fuerza de las
Fuerzas Militares en el contexto del conflicto armado colombiano sea una medida
extrema23.
No es admisible la hipótesis del operador disciplinario de utilizar otra medida con
el fin de provocar la captura de José Albeiro Joya cuando en virtud del DIH tenían
el Sargento Viceprimero CESAR AUGUSTO ARAGÓN LEÓN como Suboficial B2 de la BR16
(Sección de Inteligencia de la Brigada 16); secciones de inteligencia de la Policía Nacional -oficio
932 de la SIPOL – POLICIA NACIONAL- y la investigación penal que adelantaba la Fiscalía
General de la Nación por el delito de rebelión contra José Albeiro Joya Rodríguez.
20 Corte Constitucional, sentencia C-084 del 24 de febrero de 2016, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 La función continua de combate puede ser expresada ostensiblemente mediante el uso de
uniformes, signos distintivos o algunas armas, esta es una situación de facto para acreditar la
función.
22 En ese sentido, tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional, la garantía de prohibición del
homicidio en el contexto del conflicto armado no internacional o interno cobija a los civiles mientras
que no tomen parte directamente en las hostilidades.
23 Por cuanto ello es cierto, pero en circunstancias del contexto del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y no el DIH
11
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
licencia para hacer un ataque directo en su contra, aunado a lo anterior, el occiso
incumplió el principio de distinción, porque vestía prendas como si fuera un
campesino más de la zona, pero cumplía funciones continuas como miembro de
una de las partes en conflicto, además tenía elementos de comunicación y un
arma de fuego, y a pesar de dicho incumplimiento la actitud del personal militar fue
prudente y solo accionaron las armas de fuego hasta el momento en que se
sintieron amenazadas sus vidas, e integridad personal24.
El operador disciplinario incurrió en indebida valoración probatoria al desestimar la
versión de los militares -únicos testigos presenciales de la muerte de Joya
Rodríguez- y darle plena credibilidad a las declaraciones de los familiares y
allegados quienes no percibieron la muerte de la presunta víctima.
La conclusión hecha por el fallador disciplinario referente a que los soldados
dieron muerte a José Albeiro Joya en estado de indefensión, por no decirse nada
del combate en el libro COB resulta débil, ya que la anotación en un libro no puede
determinar la claridad de un hecho, menos aun cuando en esta no se describen
las circunstancias de lo acontecido, solo los resultados operacionales.
Sobre la prueba técnica de residuos de disparo, el operador disciplinario se apoyó
en la tesis de que «(...) en ningún momento el perito está afirmando que la
persona muestreada ha disparado un arma de fuego; ya que no es posible
determinar con absoluta certeza de qué forma estas partículas llegaron a sus
manos (...)», en ese sentido, si no hay certeza de la forma en que llegaron dichas
partículas, pero hay un resultado positivo para residuos de disparo, porqué no
interpretarlo como que es muy posible que José Albeiro Joya Rodríguez haya
usado un arma de fuego previo a su muerte25, en ese sentido, la duda no puede ir
en contra de los intereses de los investigados, como hizo el operador disciplinario,
por lo que la afirmación hecha por el disciplinante «(…) manipulando la evidencia y
faltando a la verdad en documentos oficiales y declaraciones judiciales (...)” resulta
irresponsable, pues no hubo prueba de dicha irregularidad.
La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal, tal como se
puede corroborar en el informe de secretaría del 24 de noviembre de 202126.
24 A pesar de que estaban legitimados para una acción directa al advertir la presencia de un
miembro activo en función continua de combate del ELN, respetaron el principio de humanidad,
situación que no se les puede exigir al momento de ser atacados
25 El único fundamento para el Despacho que a la postre se convierte en una conjetura es que “(...)
los residuos podrían ser por los impactos y no porque hubiera disparado un arma (...)”. Ahora, dado
que los expertos que generaron el informe técnico no indicaron nada en relación con la idoneidad
de la muestra para efectuar el estudio, nada le queda al operador disciplinario para cuestionar el
procedimiento de la toma de la muestra cuando los expertos no lo hicieron, si la prueba hubiese
sido mal tomada o hubiere estado contaminada, los expertos habrían advertido tal situación.
26 Folio 291 del expediente, cuaderno principal.
12
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
1.6. El Ministerio Público
El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto en
los siguientes términos:
El argumento referido a la falta de análisis de los alegatos de conclusión resulta
contraevidente con las conclusiones vertidas en la sentencia, y no debe prosperar,
en consideración a que no se relaciona con el debate de nulidad de los actos
administrativos sancionatorios, y desde la perspectiva procesal, por atipicidad, al
no encontrase enlistada como causal de nulidad.
No es cierto el argumento relativo a la deficiencia probatoria, en lo fáctico y en lo
jurídico, e incumplir la valoración a la luz de la sana crítica, pues si bien obra
prueba documental en el expediente que acredite la pertenencia de José Albeiro
Joya al grupo armado ilegal ELN, no por ello era sujeto de exterminio por parte del
Ejército, sino que debían retenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial
que lo requería, en cuanto era «persona protegida», situación que ignoraron los
disciplinados al ejecutarlo y reportarlo como baja en combate.
El argumento referido a la errónea interpretación del DIH tampoco tiene vocación
de prosperar, porque la adecuación típica endilgada en el pliego de cargos y por la
cual se sancionó a los investigados abordó el hecho de que la víctima era una
persona protegida dentro del marco jurídico internacional humanitario, lo que
impide un análisis de legalidad por indebida calificación jurídica.
En cuanto al argumento de la indebida apreciación de la figura de la legítima
defensa, en el sentido de que «no hay razón para analizar la “legítima defensa” del
Código Penal, ni por lo señalado por los disciplinados, ni para analizar una posible
eximente de responsabilidad como lo afirmó el A Quo», tampoco tiene vocación de
prosperidad, dado que dicho argumento no tiene en cuenta la integración
normativa consagrada en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, sin que pueda
menospreciarse para aplicar el derecho internacional humanitario bajo el
argumento que el tipo disciplinario se fundó en dicho estatuto.
El argumento referido al error en trasladar la prueba presuntamente auto
incriminatoria y de denegar pruebas, no tienen asidero, además, porque no son las
únicas pruebas sobre las que el operador disciplinario edificó sus decisiones,
como se desprende del examen total de esas piezas procesales. En cuanto a las
pruebas denegadas, ello se torna inane, en la medida en que con las ya obrantes
en el plenario se tenía suficiente material para determinar la responsabilidad de los
actores y determinar la respectiva sanción a imponer.
13
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la autoridad disciplinante vulneró el debido
proceso, expidió los actos administrativos con falsa motivación, hizo una
interpretación errónea de las normas en que debieron fundarse, hubo una indebida
valoración probatoria y con desconocimiento de los argumentos expuestos por los
implicados en el proceso disciplinario -especialmente en los alegatos conclusivos-,
o si por el contrario, no hubo lugar a que se entendiera configurada alguna
irregularidad citada.
Para resolver el cuestionamiento jurídico propuesto por la Sala se debe establecer
previamente: (i) el debido proceso disciplinario como garantía constitucional; (ii) la
interpretación normativa y valoración probatoria; (iii) el error de derecho por
infracción de las normas en que debía fundarse el fallo -aplicación del DIH dentro
del sistema jurídico colombiano-; (iv) la legítima defensa y su relación con el DIH;
(v) los argumentos planteados en los alegatos de conclusión de primera instancia
jurisdiccional; (vi) el derecho de defensa por negar unas solicitudes probatorias.
• El debido proceso disciplinario.
El debido proceso es una garantía constitucional fundamental que tiene por objeto
que las actuaciones administrativas y judiciales estén ajustadas a las normas
propias de cada proceso -artículo 29 de la Constitución Política-, prerrogativa
aplicable al derecho disciplinario en general, como lo señala el artículo 6 de la Ley
734 de 200227, así mismo, aplica en los regímenes disciplinarios especiales, como
el de las Fuerzas Militares -artículo 4 de la Ley 836 de 200328-. El artículo 217 de
la Constitución dispone que las Fuerzas Militares tendrán un régimen especial
disciplinario, sin embargo, ello no excluye la aplicación simultánea del régimen
disciplinario general aplicable a todos los servidores públicos, es por ello que para
el caso de los miembros de la Fuerza Pública los regímenes disciplinarios especial
y general coexisten, es decir, se encuentran sujetos simultáneamente a los dos
estatutos disciplinarios.
27 Ley 734 de 2002. Artículo 6º. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por
funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la
ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y
organización del Ministerio Público.
28 Ley 836 de 2003. Artículo 4º. Debido proceso. Los destinatarios de este reglamento deberán ser
investigados por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de la ley vigente al momento de la realización
de la conducta.
14
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
En materia disciplinaria se reguló un procedimiento que permite al sujeto
disciplinable enterarse y saber a qué situación jurídica se enfrenta, así como
conocer las garantías con las que cuenta en el trámite de la investigación
sancionatoria, y las que puede ejercer luego de que se emita el acto administrativo
definitivo. Es así como, la Corte Constitucional, en sentencia C-315 de 201229, fijó
las prerrogativas mínimas que le asiste a todo disciplinado cuandoquiera que se
desarrolle un procedimiento administrativo y como consecuencia se expida un acto
que le ponga fin, las cuales se concretan básicamente en que sea oído en el
trámite que se le adelante, tenga la oportunidad de interponer recursos e
incidentes de nulidad, aportar pruebas y controvertir las allegadas en su contra,
ser notificado de las decisiones que se adopten, evitar decisiones arbitrarias,
máxime si el fin primordial de todo proceso administrativo como judicial es buscar
la verdad con la participación activa del implicado en el que pueda hacer valer sus
propios argumentos de defensa sobre la base de la falta endilgada30.
Por otra parte, la Sala recuerda que de conformidad con el artículo 228 de la
Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia
«prevalecerá el derecho sustancial». En aplicación de esta preceptiva, el Consejo
de Estado ha establecido que «no toda irregularidad dentro del proceso
disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se
aplica a un funcionario una sanción disciplinaria, pues lo que interesa en el fondo
es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del
derecho de defensa y del debido proceso».
• Valoración probatoria e interpretación normativa
29 Las garantías mínimas previas tienen que ver con aquellas garantías mínimas que
necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento
administrativo, tales como: (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia
de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación,
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el
derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las
pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un
término razonable y sin dilaciones injustificadas y, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir
las que se alleguen en su contra. A su vez, las garantías mínimas posteriores se refieren a la
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos
de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.
30 La Corte Constitucional en sentencia C-762 de 2009 definió las garantías exigibles del debido
proceso en investigaciones disciplinarias: “(d)e conformidad con esta providencia, son garantías
exigibles del debido proceso, el respeto ”(i) [al] principio de legalidad de la falta y de la sanción
disciplinaria, (ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y especialmente el derecho
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio de la doble instancia, (v) de la
presunción de inocencia, (vi) del principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii)
del principio de cosa juzgada y (ix) de la prohibición de la reformatio in pejus”.
15
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Tratándose de situaciones en las que se encuentra comprometida la violación de
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, por afectación de
miembros de la población civil inmersa en el conflicto armado31, por violación de
los derechos de los combatientes, o de un sujeto de especial protección por su
discapacidad o identidad-situación social32, la aplicación de las reglas normativas
procesales -hoy Código General del Proceso- «debe hacerse conforme con los
estándares convencionales de protección» de los mencionados ámbitos, debiendo
garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como garantía
convencional y constitucional, para lo que el juez contencioso-administrativo obra
como juez de convencionalidad, sin que sea ajeno al respeto de la protección de
los derechos humanos.
La Convención Americana de Derechos Humanos, en especial los artículos 1.1, 2,
8.1 y 25, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, señalan que en la valoración de las pruebas trasladadas se infunde
como presupuesto sustancial la convencionalidad, de manera que en eventos,
casos o hechos en los que se discuta la violación de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario se emplee como principio básico la llamada
prueba racional o de la sana crítica, encontrándose obligado el tribunal a
fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse
sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron
desvirtuados por la parte contraria. Aunado a lo anterior, la Corte Internacional de
Justicia ha señalado que el juez debe orientarse por el principio de la sana crítica y
de la libertad de apreciación de los medios probatorios que obren en los procesos,
y desplegar un papel activo.
Establecidos los presupuestos y los fundamentos con base en los cuales se
sustenta la prueba trasladada, deberán examinarse los medios probatorios
allegados al expediente. Con fundamento en lo anterior, la Sala como juez de
convencionalidad y contencioso-administrativo tendrá, valorará y apreciará los
medios probatorios (documentos, testimonios, declaraciones y versiones libres de
los encartados), trasladados desde el proceso penal cursado por el homicidio en
persona protegida de José Albeiro Joya Rodríguez, con las limitaciones y en las
condiciones señaladas.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dará valor a los medios probatorios
trasladados desde el proceso penal ordinario, especialmente aquellos que
establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que falleció José Albeiro
Joya, ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la
31 Desaparecidos forzosamente, desplazados forzadamente, muertos, torturados, lesionados, o
sometidos a tratos crueles e inhumanos.
32 Incluida la marginación por desarrollo de actividades de delincuencia común provocadas
16
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
vulneración de derechos humanos y la violación del derecho internacional
humanitario que se reprochó, con prevalencia de lo sustancial sobre el excesivo
rigorismo procesal. De otra parte, las versiones libres e indagatorias rendidas
trasladadas inicialmente al presente proceso, la Sala de Subsección, como juez de
convencionalidad y sustentado en los artículos 1.1, 2, 8.1, y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 29 y 229 de la Carta Política, las contrastará
con los demás medios probatorios para determinar si se consolidan como
necesarios los indicios que en ella se comprendan.
Corolario de lo anterior, el legislador estableció en materia disciplinaria que «(t)oda
decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente
producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en
forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado» -artículo 128 del
CDU-; de tal manera que el operador disciplinario, apoyado en los medios
probatorios señalados en el artículo 130 ibídem33, le corresponde realizar una
apreciación integral de las pruebas con observancia de las reglas de la sana
crítica conforme al artículo 141 ídem, y necesariamente deberá existir prueba que
conduzca a la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado.
En ese sentido, cuandoquiera que exista suficiencia probatoria para generar en la
autoridad disciplinante un grado adecuado de certeza sobre la ocurrencia de
determinados hechos, el operador disciplinario puede prescindir de la práctica de
pruebas adicionales que juzgue innecesarias, incluso si estas pruebas han sido
decretadas con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160A del
Código Disciplinario Único.34
• Infracción a las normas en que debía fundarse la decisión sancionatoria por
indebida aplicación del DIH.
Frente a este punto, la Sala observa que el bloque de constitucionalidad hace
parte del sistema normativo nacional e incide en el derecho disciplinario en virtud
33 Artículo 130.Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación,
la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas
del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del
derecho disciplinario.
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de
la sana crítica.
Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que
los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.
34 Articulo 160-A. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o
vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de
sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la
investigación.
17
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
del artículo 21 de la Ley 734 de 200235, en ese sentido, es completamente válido
adecuar las faltas disciplinarias que cometan los servidores públicos con las
normas que integran el DIH. Aunado a lo anterior, no solo ante la presencia de un
vacío jurídico se debe acudir a las normas de derecho internacional, sino que es
obligatorio su observancia puesto que se asume su prevalencia y primacía incluso
frente a las normas internas -sentencia C-067 de 2003-.
En el caso bajo examen, la falta disciplinaria endilgada a los investigados es la
prevista en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que consiste en
«Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario», disposición
normativa concordante con el numeral 34 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003,
las cuales constituyen una falta de tipo en blanco que para ser comprendidas y
complementadas en su sentido se debe remitir a las normas del DIH, tal y como lo
hiciera el operador durante el trámite administrativo, al remitirse al artículo 3
numeral 1 literal a) del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, creado
«(p)ara aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas
Armadas en campaña» -convenio que fue aprobado por Colombia a través de la
Ley 5ª de 1960, ratificado el 8 de mayo de 1962- y que establece: «(e)n caso de
conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de
una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la
obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en
todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se
prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos
crueles, la tortura y los suplicios;»
Así mismo, mediante Protocolo II de 1977 adicionó el Convenio de Ginebra de
1949 -relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional-36, y cuyo artículo 4 numeral 2 literal a) consagra «(g)arantías
fundamentales (…) 2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que
35 “Ley 734 de 2002. Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación
del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la
Constitución Política. En lo no previsto aesta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre
derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de
Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.”
36 Aprobado con la Ley 171 de 1994, y entró en vigor para Colombia el 15 de febrero de 1996.
18
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las
personas a que se refiere el párrafo 1: a) los atentados contra la vida, la salud y la
integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos
crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal
(…)».
En consideración a la situación fáctica presentada, en el auto de cargos del 13 de
agosto de 2009 se organizó la falta disciplinaria de tipo en blanco con las normas
del DIH referidas.
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado el alcance y el carácter vinculante
del DIH en los Estados Parte, acudiendo a varios actos adoptados por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Asamblea General, entre otras instancias
internacionales, tal como lo describió el Tribunal A quo -visible en folio 247 y ss.
del expediente-; así mismo, mencionó que, en los conflictos armados internos le
es vinculante el DIH tanto a los miembros de las fuerzas del Estado, como a los
grupos armados ilegales, es decir, deben acatarlo y respetarlo37. En ese sentido,
la Procuraduría General de la Nación en atención al deber de acatamiento y
respeto del DIH debía aplicar el derecho de carácter internacional a la actuación
emprendida por los accionantes, máxime cuando las circunstancias de modo,
tiempo y lugar se encuadraban en la prohibición señalada en la Convención de
Ginebra de 1949, de atentar contra la vida e integridad de personas que no
participaban directamente de las hostilidades.
En cuanto a la legítima defensa, se tiene que esta figura se traduce en «el
ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídicamente atacado
injustamente», figura esta que debe cumplir determinados requisitos para que se
constituya como eximente de responsabilidad penal o disciplinaria.
En primer término debe existir una agresión, entendida como el acto de
acometerla en alguien para causarle un daño sin justificación, en su vida e
integridad, la cual debe ser actual o inminente, entendida como actual, cuando ya
ha comenzado y no ha concluido aún; e inminente en la que aún no ha
comenzado pero se infiere que se puede generar un daño inmediato para la
persona; otra exigencia es que la agresión se produzca contra un derecho propio o
ajeno, que se encuentra en grave daño ante el riesgo que se padece por estar en
condiciones de inferioridad; en tercer lugar, es indispensable que exista la
necesidad de la defensa por parte del agredido, es la necesidad de defensa por
parte del agredido, es la necesidad e imposibilidad de usar otros medios menos
37 Sentencia C-291 de 2007.
19
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
drásticos, es la inevitabilidad del peligro por otros recursos, pero todo ello en
directa relación y subordinación al peligro o a la amenaza; La cuarta exigencia es
que exista ánimo de defensa, esto es la intención de quien se defiende, de repeler
legítimamente el ataque y no de utilizar una determinada circunstancia para
ejecutar propósitos criminales.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha dicho que la legítima defensa no
opera de manera automática, sino que esta debe responder a principios de
necesidad y proporcionalidad, «ya que en enfrentamiento debe responder que por
definición constituyen una limitación a la libertad del comandante para su
maniobra, pero obviamente no pueden ser tales que le impidan alcanzar el
objetivo final, y si bien pueden y de hecho marcan un techo en las operaciones y
tratan de asegurar que las acciones propias no desencadenen un no deseado
agravamiento de la situación o en sufrimientos innecesarios…»”38.
El empleo de fuerza letal en ciertas circunstancias por parte de las Fuerzas
Militares como lo indica la providencia referida no puede ser automática, sino que
debe responder a principios de necesidad y proporcionalidad, y debe procurarse
evitar su utilización si se puede maniobrar sin que combatientes al margen de la
ley sufran lesiones o hasta la muerte misma, es decir, que se trata del último
recurso al que deben recurrir como garantes de los derechos fundamentales y del
DIH.
Aunado a lo anterior, se hace necesario hacer mención al principio de distinción
que ha desarrollado el DIH como fundamental, y que tiene por objeto según la
Corte Internacional de Justicia «la protección de la población civil y de objetos
civiles, y establece la distinción entre combatientes y no combatientes; los Estados
nunca pueden hacer a los civiles objeto de ataques, y en consecuencia nunca
pueden utilizar armas que sean incapaces de diferenciar entre objetivos civiles y
militares»39. No obstante, la protección fijada por el principio de distinción también
se predica de la categoría de «no combatientes» que son personas que, habiendo
participado en las hostilidades, han sido puestas fuera del combate por diversas
situaciones40 -sentencia C-291 de 2007-41.
38 Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2018; C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Rad.
050012331000200405258 01 (45030).
39 Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la Amenaza o el Uso de
Armas Nucleares, 1996.
40 Por haber depuesto las armas por captura, rendición u otra causa similar
41 La protección establecida por el principio de distinción cobija no solamente a las personas civiles,
sino también, dentro de la categoría más amplia de “no combatientes”, a las personas que
habiendo participado en las hostilidades, han sido puestas fuera de combate por (i) estar en poder
de otro actor armado en el conflicto, (ii) no poder defenderse en razón de estar inconscientes,
haber naufragado, estar heridas o estar enfermas, o (iii) haber expresado en forma clara su
intención de rendirse, absteniéndose de actos hostiles y de intentos de evasión. La protección de
20
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 201842 -
citada por el A quo-, también se refirió sobre el principio de distinción que debe
darse en el conflicto armado frente a quienes no participan del mismo, en los
siguientes términos:
«En ese orden de ideas, respecto al tratamiento diferenciado entre quienes
no participan en el conflicto y quienes si lo hacen, lo primero que se advierte
es que tanto la población civil como las personas puestas fuera de combate
están amparados por el principio de distinción que busca, en todo momento,
sustraerlos del escenario de combate y protegerlos de los efectos de aquél,
mientras que los combatientes propiamente dichos se rigen por las
disposiciones que regulan la confrontación armada. En este punto, se
considera necesario delimitar las condiciones bajo las cuales un
combatiente43, puesto fuera de combate, debe ser concebido en paridad de
trato con la población civil, y en esa medida se hace destinatario de las
cláusulas de salvaguarda del DIH.
Las personas que se consideran fuera de combate, en realidad
corresponden a una deriva, en sentido amplio, de la categoría de “no
combatiente”. Esta franja de población protegida conforme al artículo 3
común a los Convenios de Ginebra, está comprendida por quienes
“habiendo participado en las hostilidades, han dejado de hacerlo por captura
o retención, inconciencia, naufragio, heridas, enfermedad, rendición u otra
circunstancia análoga”. Es decir es un status subsiguiente y circunstancial
que conlleva la pérdida temporal de la calidad de combatiente, y por esta
razón, se incrusta dentro de la protección del DIH. Contrario sensu, los
combatientes que no se encuentren en ninguna de las hipótesis
mencionadas, tienen el status pleno de actores hostiles».
las personas que fuera de combate está prevista en el Artículo 3 Común de las Convenciones de
Ginebra y en el artículo 7 del Protocolo Adicional II, y además es una norma de derecho
internacional consuetudinario que ha sido aplicada en tanto tal por los Tribunales Penales para
Ruanda y Yugoslavia, los cuales han explicado que en el marco de conflictos armados internos, la
protección provista por el Artículo 3 Común a las Convenciones de Ginebra (que tiene carácter
consuetudinario) ampara, en general, a las personas que por una razón u otra, incluyendo las que
se acaban de enumerar, ya no estaban directamente involucradas en los combates.
42 Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2018; C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Rad.
050012331000200405258 01 (45030).
43 Para ser más exactos con la terminología normativa que regula los conflictos armados internos, a
quienes se confrontan en este ámbito se les denomina como “personas que participan
directamente en las hostilidades”, mientras que en el ámbito de los conflictos internacionales se
habla de combatientes. No obstante, esta última acepción -combatiente- puede utilizarse con un
sentido genérico para cualquiera de los dos eventos, tal como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, en sentencia C-291 de 25 de abril de 2007, C.P. Manuel José Cepeda.
De acuerdo con lo anterior, para efectos de la presente sentencia, en lo sucesivo, se acogerá la
expresión “combatiente” en su sentido genérico, sin que con ello se desconozca o confunda el tipo
de conflicto armado que atañe al caso, como tampoco las disposiciones que lo regulan.
21
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
De conformidad con lo anterior, si bien el DIH se aplica a situaciones de conflicto
armado, y el DIDH se aplica para proteger a toda persona en época de guerra o
paz, la finalidad de ambos instrumentos supranacionales radica en proteger a las
personas, y no se excluyen entre sí -aplicable al derecho disciplinario en virtud del
artículo 21 del CDU, como se dijo anteriormente-. En consecuencia, el DIH y el
DIDH actúan de manera mancomunada, pues al primero le compete establecer el
trato adecuado que deben brindar las instituciones del Estado, como los grupos
insurgentes al margen de la ley, a las personas que no hacen parte del conflicto
armado, o que no participan de las hostilidades, y al segundo le incumbe impedir
la arbitrariedad limitando el dominio del Estado sobre los demás individuos.
Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-291 de 2007 estableció los
postulados básicos de la aplicación del DIH, señalando que «(e)l DIH es el
derecho aplicable a los conflictos armados. El objetivo fundamental del Derecho
Internacional Humanitario, al decir de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos es “restringir la contienda armada para disminuir los efectos de las
hostilidades”. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha recordado que “en
el siglo actual la comunidad internacional ha aceptado un papel más amplio y
nuevas responsabilidades para aliviar los sufrimientos humanos en todas sus
formas y, en particular, durante los conflictos armados”, para efectos de lo cual se
han adoptado a nivel internacional las normas constitutivas del DIH.
El Derecho Internacional Humanitario se aplica a los conflictos armados internos o
internacionales. En tanto ordenamiento jurídico unitario y sistemático, el DIH
regula tanto el desarrollo de las hostilidades -limitando la posibilidad de las partes
de recurrir a los métodos y medios bélicos a su disposición- como la protección de
las personas víctimas de los conflictos armados. La jurisprudencia internacional -
en particular la de los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y para
Ruanda, así como la de la Corte Internacional de Justicia- ha sido clara al explicar
los siguientes postulados básicos sobre la aplicación de la normativa internacional
humanitaria: i) su definición, en particular la de los conflictos armados internos, ii)
las condiciones de tipo temporal, geográfico y material que delimitan su ámbito de
aplicación; iii) su carácter vinculante para todas las partes en conflicto; iv) su
independencia del reconocimiento de la legitimidad de las razones de fondo del
conflicto, así como del status de los grupos enfrentados ante el Derecho
Internacional Público(…)».
En razón de lo anterior, se aplicó el DIH en el presente caso, ya que, es notorio el
conflicto armado interno que padece Colombia durante largos años, de grupos
insurgentes como el ELN o las FARC, entre otros, que han sido actores del
conflicto armado.
22
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
2.4. Caso concreto
La parte recurrente señaló que el A quo incurrió en falta de motivación de la
sentencia, pues no es cierto que el demandante omitiera explicar el yerro por
indebida aplicación del DIH, porque en los alegatos de conclusión se relacionó al
detalle este cargo, así como otros argumentos referidos en dicha oportunidad, los
cuales fueron inobservados en la sentencia de primera instancia y habrían dejado
sin sustento las conclusiones a las que llegó, los que se relacionan a continuación,
(i) la pertenencia de José Albeiro Joya Rodríguez a un grupo ilegal armado y
organizado de una parte en conflicto y su relación con los hechos; (ii) la
participación directa del citado en las hostilidades; y (iii) las obligaciones de los
grupos armados organizados en el conflicto en relación con el DIH -Principio de
distinción, de proporcionalidad, y necesidad-.
Para la Sala, el argumento referido a que el occiso perteneciera al grupo armado
insurgente -ELN- no tiene discusión, y ello no era determinante para que este
fuera catalogado como una persona protegida bajo el amparo del DIH, pues de lo
que se trata de establecer es si José Albeiro Joya Rodríguez participó en las
hostilidades propias del combate cuando se presentaron los hechos.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que con el material probatorio
obrante en el plenario se logró establecer que el 25 de mayo de 2006, -fecha en
que se presentaron los hechos- José Albeiro Joya Rodríguez ostentaba la calidad
de persona protegida por el DIH, toda vez que no se encontraba participando ni
desarrollando hostilidades propias del combate, tal y como se desprende de las
declaraciones de Rosenda Rodríguez Salamanca -madre del occiso-, Reinalda
Guevara -compañera sentimental del fallecido- y Miguel Fernández Rodríguez -
vecino del fallecido-, quienes coincidieron en señalar que los ex militares
demandantes lo abordaron a la entrada de la finca «El Espejo», de propiedad de
Maximiliano Joya García -padre del fallecido-, vereda Chaguaza, jurisdicción de
Labranzagrande, Boyacá; en ese sentido, afirmaron que dicha mañana Joya
Rodríguez llegó en una yegua hasta dicha finca en compañía de Miguel
Fernández Rodríguez, siendo abordado por los uniformados, quienes lo retuvieron
y ordenaron al segundo que se devolviera por donde venía, trayecto durante el
cual se encontró con Reinalda Guevara -compañera sentimental del occiso-. Joya
Rodríguez fue llevado por los militares a un sitio no muy distante de la casa de sus
padres, y luego escucharon varios disparos, acto seguido los militares impidieron
el paso de los familiares, situación que se extendió hasta las 2:30 de la tarde
cuando llegó un helicóptero a recoger el cadáver para llevarlo hasta la Brigada en
Yopal, Casanare.
23
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Es importante resaltar que la prueba testimonial de los familiares, por el simple
hecho de tener un vínculo filial, no puede dejarse de valorar, bien podría
apreciarse esta de manera integral con las demás que fueron allegadas al
plenario (como las declaraciones de los familiares del occiso ante la Personería
del municipio de Labranzagrande) y que resultan concordantes y coherentes al
señalarse la forma en que fue retenido José Albeiro Joya y que dan cuenta que
minutos después se escucharon unos disparos con los que le cegaron la vida, más
no como producto de un combate, como fue presentado e informado por los
miembros del Ejército Nacional encartados, con lo que se evidenció que se trató
de un «falso enfrentamiento» que pretendieron alegar, con el fin de justificar su
irregular actuación. En ese sentido, se pudo determinar sin lugar a dudas, que los
inculpados incurrieron en la falta disciplinaria del numeral 7 artículo 48 de la Ley
734 de 2002, que resulta aplicable por remisión expresa del artículo 58 numeral 34
de la Ley 836 de 2003 -norma especial-.
Aunado a lo anterior, y conforme a la versión dada por los sancionados, en la que
señalaron que fueron sorprendidos por tres (3) bandidos, y que uno de ellos iba
hablando por un radio cuando sacó el arma y comenzó a dispararles, pero pese al
aparente ataque, solo resultó muerto José Albeiro Joya, y no se reportó ningún
otro herido, fallecido o capturado, declaración que carece de lógica, pues cómo
una persona ocupada -hablando por radio- va a reaccionar más rápido para
desenfundar su arma y atacar a los militares, inclusive cuando manifestaron que
estaban haciendo uso de tácticas de seguridad o emboscadas desde la
madrugada de ese día, es decir, estaban en mejor posición frente al supuesto
enemigo, ello carece de razón.
En ese sentido, la Sala concuerda con la Procuraduría General de la Nación, con
el Ministerio Público y con el Tribunal Administrativo de Boyacá cuando aseguran
(i) que no hay reporte, o anexos de inteligencia, anteriores al hecho del
fallecimiento del miliciano, que dé cuenta de la planeación del desplazamiento de
la tropa; (ii) que si se trataba un área de alto peligro, resulta por lo menos extraño,
que el comandante, siendo un militar experimentado, como lo acreditada su hoja
de vida, hubiese ordenado fraccionar la tropa en grupos de 3 uniformados,
desconociendo no solo las más elementales reglas de estrategia militar, sino que
también precisas instrucciones operacionales, que prohibían operar de manera
fraccionada y en grupos aislados; y (iii) que si los 3 militares llegaron desde la
madrugada al lugar y una vez allí se organizaron para el ataque y se aportaron
para esperar el paso de los guerrilleros y emboscarlos, según la información que
decían tener, y por ende gozando de todas las ventajas de una estratégica y
privilegiada posición en el campo de tiro, además de un sofisticado armamento, es
24
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
extraño que fueran ellos fueran supuestamente sorprendidos por el ciudadano
fallecido y dos personas más.
Así mismo, se les cuestionó que según la necropsia que se le practicó al fallecido
se reportó «heridas en los miembros inferiores causadas por artefacto explosivo»,
aspecto que no fue mencionado por los sancionados en su declaración, pues es
ilógico que si el artefacto pertenecía al occiso este lo activara, o si fue lanzado por
la tropa militar se produjera un uso desmedido de las armas o en últimas tanto el
arma de fuego encontrada como los explosivos fueran implantados en la escena
para recrear un ataque. En este punto, la Sala resalta que la parte demandante no
logró desvirtuar lo evidenciado por la Procuraduría General de la Nación en el
sentido que los disciplinados no avisaron a las autoridades judiciales del municipio
de Labranzagrande, para efectos del levantamiento del cadáver, así como
tampoco lo embalaron, ni lo transportaron, junto con las demás evidencias que se
pudieran recaudar, en las condiciones apropiadas para garantizar un resultado
fiable, pues, ellos mismos manipularon el cuerpo sin realizar registro fotográfica de
la escena. También merece relievarse, como lo hizo la Procuraduría General de la
Nación, que en lo que tiene que ver con la supuesta pistola Smith & Wesson, que
según los informes rendidos por los disciplinados fue encontrada junto al cadáver,
dicha arma no fue embalada adecuadamente, sino fue manipulada por los
disciplinados antes de ser entregada a los experticios forenses.
Corolario de lo anterior, la Sala observa que la interpretación normativa que llevó a
cabo el operador disciplinario se acompasa con las normas del ordenamiento
interno y con las normas previstas en el DIH, en razón a que, dada la gravedad de
la falta cometida por los ex militares, merecía ser estudiada a la luz de los
instrumentos internacionales ratificados por Colombia, al tratarse de la vulneración
de derechos humanos protegidos de una persona que no se hallaba en combate.
En ese sentido, el cargo no tiene vocación de prosperar.
Por otra parte, el recurrente afirmó que desde el auto de cargos del 13 de agosto
de 2009 la autoridad disciplinaria efectuó una errónea interpretación y una
violación, por aplicación indebida de las normas, al entender las circunstancias
fácticas como situaciones propias de legítima defensa, pues la calificación de la
falta refiere a una presunta incursión en un homicidio en persona protegida.
Además, la legítima defensa y las normas del DIH son excluyentes entre sí, pues
la primera es una figura de un delito común y para su estructuración debe ser
proporcional la defensa frente a la agresión, por tal motivo, la proporcionalidad
como elemento de la legítima defensa y como principio del DIH es aplicable en
25
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
contextos en los cuales se realizan ataques contra objetivos militares o
combatientes.
Para resolver el cargo planteado, la Sala observa que la falta disciplinaria
endilgada a los disciplinados es la prevista en el numeral 7 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, consistente en «Incurrir en graves violaciones al derecho
internacional humanitario», lo cual es concordante con el numeral 34 del artículo
58 de la Ley 836 de 2003 -tipos en blanco-, la cual para ser comprendida y
complementada en su sentido debe recurrirse a las normas del DIH, razón por la
cual, el disciplinante enmarcó la conducta desplegada en el artículo 3 numeral 1
literal a) del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 44, así mismo, se
relacionó el artículo 4 numeral 2 literal a) del Protocolo II de 197745, que adicionó
al Convenio de Ginebra atrás en cita.
La Corte Constitucional delimitó, en sentencia C-291 de 2007, el alcance y el
carácter vinculante del DIH de los Estados Parte, lo que obliga a las Fuerzas
Militares, así como a los grupos ilegales, a acatar la legislación del DIH, en el
desarrollo de los conflictos armados internos. Para la Sala, la aplicación por parte
de la autoridad disciplinaria de las normas del DIH en el desarrollo del proceso
sancionatorio se encuentra acorde con los hechos objeto de sanción y que fueron
debidamente acreditados y desplegados por los demandantes. En ese sentido, en
atención al deber de acatamiento y respeto del DIH para los Estados Parte, el
disciplinante debía dar aplicación a la normatividad internacional por la actuación
emprendida por los accionantes, máxime cuando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que rodearon los hechos se encuadran en la prohibición señalada en
la Convención de Ginebra de 1949, de atentar contra la vida e integridad de
personas que no participan de las hostilidades.
Ahora bien, para la Sala tampoco tiene asidero el argumento referido al análisis de
la figura de la legítma defensa, en la medida en que no se trata de un error de
interpretación normativa en que incurriera el disciplinante, por el contrario, su
estudio se debió a que la autoridad sancionatoria percibía que los investigados
con sus dichos pretendían justificar su actuar bajo la premisa de una defensa
legítima que los llevó a reaccionar para proteger sus vidas, por el presunto ataque
que habría desatado José Albeiro Joya, eso significa que la razón por la cual el
operador revisara la defensa legítima fue la de analizar si se había dado una
posible causal eximente de responsabilidad de los investigados, es decir, se
efectuó su estudio como garantía del derecho de defensa que les asiste a los
inculpados para que todos sus argumentos de contradicción fueran tenidos en
44 Aprobado por la Ley 5ª de 1960 y ratificado el 8 de mayo de 1962 por el estado colombiano.
45 Aprobado por Ley 171 de 1994 y ratificado por Colombia el 15 de febrero de 1996.
26
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
cuenta, por lo que no se acepta que se hayan presentado confusiones sobre si la
falta endilgada era por un delito común o una infracción del DIH; en ese sentido,
se concluye que se acompaña la valoración realizada por el Tribunal A quo -visible
en folio 59 de la sentencia de primera instancia46-.
Por otra parte, el Consejo de Estado47 ha precisado que el empleo de fuerza letal
en ciertas circunstancias por parte de las Fuerzas Militares no puede ser
automática, sino que debe responder a principios de necesidad y proporcionalidad,
y debe procurarse evitar su utilización en caso de poder maniobrar la situación de
otra manera, es decir, sin que combatientes al margen de la ley sufran lesiones o
hasta la muerte misma, concretándose que el empleo de la fuerza letal es un
último recurso al que deben recurrir como garantes de los derechos
fundamentales y del DIH.
Para la Sala, es pertinente aclarar que, de acuerdo con la falta disciplinaria
atribuida a los demandantes, y dado que se trata de un tipo en blanco, era
necesario acudir a normas del derecho internacional humanitario, para el caso, el
Convenio de Ginebra de 1949, y el Protocolo II que lo adicionó, a fin de
comprender el sentido de la falta y cómo se construyó según los hechos o las
conductas reprochadas, no obstante, el procedimiento que se debía aplicar al
procedimiento era el contenido en las normas de la Ley 734 de 2002. A más de lo
anterior, se infiere la aplicación del DIH en el caso de marras ya que, es notorio el
conflicto armado interno que ha padecido Colombia por largos años por parte de
grupos armados insurgentes como el ELN o las FARC, de tal suerte que, los
encartados calificaron al occiso como miembro de uno de estos grupos alzados en
armas para simular un combate armado para poder justificar su ejecución,
convirtiéndose en un crimen de guerra por violación al DIH que vigila el respeto de
la vida de quienes habiendo sido combatientes no volvieron a realizar actuaciones
hostiles por diferentes razones.
Ahora, en cuanto al argumento referido a que la ilegalidad de la prueba trasladada
no se diluyó al ser aportada al proceso de destino por ser declaraciones
juramentadas de los disciplinados y no versiones libres como lo señaló el A quo,
las cuales debieron ser excluidas y no tenerse en cuenta, vulnerando garantías
constitucionales. En ese sentido, tampoco es cierto que dicha irregularidad se
subsane porque los disciplinados tuvieran oportunidad de rendir versión libre.
46 Visible en folio 249 del expediente, cuaderno principal.
47Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2018; C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Rad.
050012331000200405258 01 (45030).
27
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
Para la Sala no es de recibo el cargo planteado, toda vez que la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en relación con la eficacia probatoria de la prueba trasladada,
ha sostenido que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso-
administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos generales
siguientes48: (i) los normativos del artículo 18549 del C.P.C., esto es, que se les
puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en
que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte
contra quien se aduce o, con su audiencia50 , respetando su derecho de defensa y
cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo señalado por el
artículo 168 del C.C.A51 -vigente para la época de entrada para fallo del proceso-,
(ii) las «pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones
disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o
reconocimiento, según sea del caso, dentro del proceso de responsabilidad»52; (iii)
la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración53;
y, (iv) la prueba traslada de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se
cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación-
Ministerio de Defensa54.
A su vez, como presupuestos para la valoración de la prueba testimonial que se
traslada desde un proceso administrativo disciplinario, penal ordinario o penal
48 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737. En su
modulación puede verse las siguientes sentencias: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de
9 de mayo de 2012, expediente 20334.
49 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia
auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
50 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 19969.
51 Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este
Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba,
forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la ley 1437 de 2011 reza lo
siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
en lo que esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las
normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la ley 1437 de 2011
establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por
lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean
consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la
existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula conservará su
validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección
Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.
52 Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.
53 Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.
54 Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, expediente 15650. Las “pruebas que acreditan
la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados
por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se
practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la
justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y
pueden valorarse. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008,
expediente 16741.
28
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
militar se tiene en cuenta las siguientes reglas especiales [debiéndose tener en
cuenta tanto las generales como estas]: (i) no necesitan de ratificación cuando se
trata de personas «que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el
funcionario investigado y la administración investigadora»55; (ii) las «pruebas
trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en estos, con
audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas,
cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no
pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de
indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro
del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de
aquello que se pretenda establecer»56; (iii) puede valorarse los testimonios
siempre que solicitados o allegados por una de las partes del proceso, la
contraparte fundamenta su defensa en los mismos57, siempre que se cuente con
ella en copia auténtica; (iv) cuando las partes en el proceso conjuntamente
solicitan o aportan los testimonios practicados en la instancia disciplinaria58; y, (v)
cuando la parte demandada «se allana expresamente e incondicionalmente a la
solicitud de pruebas presentada por los actores o demandantes dentro del proceso
contencioso administrativo.59»
En cuanto a las declaraciones rendidas ante las autoridades judiciales penales
ordinarias [Fiscalía, Jueces Penales, Jueces de Instrucción Penal Militar], la Sala
Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 11 de septiembre de 2013 -
expediente 20601- considera que «es viable apreciar una declaración rendida por
fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada
o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por
acuerdo común entre las partes –avalado por el juez- se quiso prescindir del
aludido trámite. Este último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229
del C. de P. C. hoy C. G. del P…».
Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de Colombia considera que cuando no se cumple
con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones
rendidas en procesos diferentes del contencioso-administrativo, especialmente del
55 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737,
Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, expediente 8059.
56 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334, Puede
verse también: Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.
57 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737.
Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 15284.
58 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737.
Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.
59 Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601; de la Sub-sección
C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
29
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
proceso penal ordinario, como indicios cuando «establecen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para
determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario»60. Con similares argumentos se considera que las
indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios «para
determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se
comprendan»61 con fundamento en los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos62.
De conformidad con lo anterior, se advierte que los demandantes rindieron
versiones libres, e indagatorias, y versión libre dentro del proceso disciplinario, con
lo cual las pruebas trasladas de su proceso penal militar pueden ser objeto de
valoración con las limitaciones enunciadas, pero bajo el contexto del DIH, razón
por la cual el cargo no está llamado a prosperar.
Por otra parte, el apoderado del recurrente señaló que la autoridad disciplinaria
desconoció el derecho de audiencia y de defensa al negar una serie de solicitudes
probatorias que resultaban pertinentes, conducentes y útiles, como consta en el
auto del 9 de marzo de 2010. Así mismo, que la negativa de pruebas en el
procedimiento disciplinario sí afectó el derecho de defensa y de audiencia de los
encartados, porque su motivación no estuvo directamente relacionada con las
causales legales de pertinencia, conducencia y utilidad, sino por cuestiones
logísticas, lo que vulnera el debido proceso, pues dicho criterio no está
determinado en la norma aplicable, en ese sentido, se debió realizar la visita
especial al lugar de los hechos, prueba pertinente, conducente y útil, al
relacionarse de manera directa con el espacio geográfico donde se desarrolló la
maniobra militar reprochada.
Para la Sala, el argumento planteado no tiene asidero, toda vez que, luego de
revisar el expediente, se observa que la Procuraduría Delegada decidió no
acceder a las solicitudes probatorias63 -relacionadas en la página 70 del fallo de
primera instancia64- para lo cual expuso las razones de su negativa, una por una, -
explicación traída a colación por el Tribunal A quo, visible en folio 255 del
expediente-, en ese sentido, y de conformidad con los argumentos esgrimidos por
el operador disciplinario -y traídos a colación en la sentencia impugnada- para
denegar las pruebas solicitadas, se concluye por parte de la Subsección que fue
60 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
61 Ibídem.
62 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C. C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015).
63 Relacionadas en los numerales 2.2.2.3; 2.2.2.4; 2.2.2.5; 2.2.2.8; 2.2.2.9; 2.2.2.14; 2.2.2.15;
2.2.2.16; 2.2.2.17; y 2.2.2.19 del auto de 9 de marzo de 2010.
64 Visible en folio 254 del expediente, cuaderno principal.
30
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
acertada la decisión de no decretar algunos medios probatorios, al basarse en
fundamentos que se acompasan con los requisitos que deben contener las
pruebas, esto es, la conducencia, pertinencia y utilidad, aspectos que fueron
debidamente analizados; también la falta de precisión en las pruebas que solicitó
fue otra de las causas para negarlas, por incumplir su carga procesal.
En cuanto a la reconstrucción de los hechos, en efecto, ya habían transcurrido 4
años aproximadamente desde la fecha en que se presentaron los hechos, por lo
que las condiciones locativas o del terreno ya habían cambiado sustancialmente,
por lo tanto, no era posible recrear de manera casi idéntica la escena. Así mismo,
otras de las pruebas requeridas ya obraban en el plenario, siendo innecesario
volver a decretarse.
Sumado a lo anterior, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
-autoridad disciplinaria de segunda instancia- en auto de 27 de enero de 2011, al
resolver el recurso de apelación, ratificó la decisión denegatoria de las pruebas
antes aludidas -cuyos argumentos quedaron plasmados en el acápite de
«Verificación del proceso disciplinario» en el subtítulo «etapa probatoria», con lo
cual se acredita que se le garantizó la oportunidad de impugnar la decisión
adoptada por el disciplinante de primera instancia, y se evidencia que se realizó un
estudio completo y serio para mantener la decisión de denegarle la solicitud
probatoria alegada. De esa manera, la Sala de la Subsección desestima que las
pruebas negadas resultaran pertinentes, conducentes y útiles, por ende, no era
una obligación para el disciplinante de decretar todas las pruebas que se le
solicitaran, y no por ello se vulnera el debido proceso, ni el derecho de defensa.
Además, ninguna de las pruebas enunciadas tenía la potencialidad de cambiar el
sentido de la decisión impugnada.
2.2. Costas
Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
31
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de las dos instancias, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandante, por lo que se revocará la sentencia de
primera instancia en lo que a este punto se refiere.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demandada, y por ende,
conservó la presunción de legalidad de los actos administrativos sancionatorios,
porque (i) la falta disciplinaria endilgada a los disciplinados es la prevista en el
numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en «incurrir en graves
violaciones al derecho internacional humanitario», lo cual es concordante con el
numeral 34 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003 -tipos en blanco-, los cuales para
ser comprendidos y complementados en su sentido debe recurrirse a las normas
del DIH, razón por la cual el disciplinante enmarcó la conducta desplegada en el
artículo 3 numeral 1 literal a) del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
así mismo, se relacionó el artículo 4 numeral 2 literal a) del Protocolo II de 1977,
que adicionó al Convenio de Ginebra; (ii) porque la autoridad disciplinaria negó las
pruebas solicitadas en el proceso disciplinarios debido a que no eran pertinentes,
conducentes ni útiles; (iii) porque no era una obligación para la autoridad
disciplinaria decretar todas las pruebas que se le solicitaran, y no por ello se
32
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
vulnera el debido proceso, ni el derecho de defensa, y (iv) las pruebas enunciadas
no tenían la potencialidad de cambiar el sentido de la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Confírmese parcialmente la sentencia de 24 de noviembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por los señores Manuel Guillermo Torres Ramírez, Jholman Cuevas Arenas y Luis
Enrique Pérez Soler, en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las
razones expuestas en la parte motiva.
Segundo.- Revóquese la condena en costas impuesta a la parte demandante.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
33
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00336-01 (1286-2021)
Demandante: Manuel Guillermo Torres Ramírez y otros
186 del CPACA.
34
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.