Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00694-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-00694-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00694-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00694-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 76001-23-33-000-2017-00694-01 (0911-2024)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP
Demandadas : Ligia Tenorio Gómez y María Clara Correa González
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Litisconsorte Administradora Colombia de Pensiones -
Colpensiones
Tema : Acción de lesividad – pensión de sobrevivientes
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1 Pretensiones
La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), y solicitó lo siguiente:
«PRIMERA- Que es NULA la Resolución No. RDP 026140 del 27 de agosto de
2014, emanada de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
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Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 1.
Número Interno: 0911-2024
Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, mediante la cual se RECONOCIÓ UNA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES en favor de la señora LIGIA TENORIO GÓMEZ, en calidad
de cónyuge y la señora MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ, en calidad de
compañera permanente del causante LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OBANDO.
SEGUNDA.- Que, como consecuencia de la declaración anterior, condene las
señoras LIGIA TENORIO GÓMEZ, en calidad de cónyuge y la señora MARÍA
CLARA CORREA GONZÁLEZ, en calidad de compañera permanente del
causante LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OVANDO, a pagar o reintegrar a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
todas la sumas de dinero pagadas en exceso.
TERCERA.- La condena respectiva se ajustará tomando como base el índice de
precios al consumidor, conforme al artículo 187 del CPACA.
CUARTA.- Que, se condene en costas a la parte demandada si a ello hubiere
lugar».
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
«1. El señor LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OBANDO identificado con la cédula de
ciudadanía No 6.151.171, nació el 20 de julio de 1940. 2.- Para el reconocimiento
de la pensión solicitada se tuvieron en cuenta los siguientes tiempos de servicios:
• Instituto Departamental de Salud de Nariño, del 09 de agosto de 1972 al 31
de diciembre de 1975 y del 10 de julio de 1981 al 02 de agosto de 1984.
• Hospital San José de Tuquerres del 01 de octubre de 1973 al 30 de
septiembre de 1980.
• Unidad Regional De Salud
• Hospital San Rafael Zarzal del 03 de agosto de 1984 al 30 de septiembre de
1986.
• Hospital Regional de Salud
• Sagrado Corazón de Jesús Cartago desde el 01 de octubre de 1976 al 15
de agosto de 1988.
• Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca desde el 06 de
enero de 1989 al 30 de junio de 1996.
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Número Interno: 0911-2024
Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
3. Conforme lo anterior, el interesado acreditó más de 20 años de servicios para
la Nación y el último cargo desempeñado fue de Gerente III, 8 horas Gerencia
Clínica Santa Ana Tuluá- Valle.
4. Mediante Resolución No. 0112 del 27 de enero de 1997, el Instituto de Seguros
Sociales Seccional Valle del Cauca-I.S.S., en aplicación del Artículo 19 del
Decreto ley 1653 de 1977 y el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reconoció una
Pensión Vitalicia de Jubilación a favor del señor LUIS HUGO DOMÍNGUEZ
OBANDO, liquidada con el 75% del promedio de lo percibido en el último año de
servicio comprendido desde el 01 de abril de 1994 y el 12 de octubre de 1995 por
concepto de todos los factores salariales de Ley, en cuantía de un MILLÓN
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA U UN PESOS
($1.199.791) M/CTE, efectiva a partir del 01 de julio de 1996. Decisión que fuera
notificada personalmente al interesado el día 29 de enero de 1997.
5. El señor LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OBANDO falleció el día 23 de septiembre
de 2003 como se establece en el Registro Civil de Defunción.
6. Con ocasión al fallecimiento del causante se presentaron a reclamar la
sustitución pensional las señoras:
• BEATRIZ HELENA CADAVID ROJAS identificada con la C.C. 42960258, en
calidad de representante legal del menor MANUEL FELIPE DOMINGUEZ
CADAVID.
• LIGIA TENORIO GÓMEZ identificada con la C.C. 41.385.455 en calidad de
cónyuge supérstite.
• MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ identificada con C.C. 29. 305.279 en
calidad de compañera permanente.
7. A través de la Resolución No. 0070 del 03 de febrero de 2004, el Instituto de
Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca (ISS PATRONO) reconoció una
pensión de sobrevivientes a favor de la señora LIGIA TENORIO GÓMEZ en
calidad de cónyuge sobreviviente en un porcentaje del 67.74% equivalente a
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS ($933.659) MCTE.
7.1. Asimismo, la referida resolución reconoció a favor de la señora MARÍA
CLARA CORREA GONZÁLEZ en calidad de compañera permanente en un
porcentaje del 32.26% equivalente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($444.639) MCTE.
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Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
7.2. Y finalmente, a favor del menor MANUEL FELIPE DOMÍNGUEZ CADAVID
en calidad de Hijo extramatrimonial del causante, y como representante legal la
señora BEATRIZ HELENA CADAVID en calidad de madre en un porcentaje del
50% equivalente a un MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.378.299) MCTE..
8. Por medio de la Resolución No. 00194 del 12 de diciembre de 2006 el extinto
Instituto de Seguros Sociales concedió una pensión de sobrevivientes a favor del
señor MANUEL FELIPE DOMÍNGUEZ CADAVID, en calidad de hijo menor,
representado por su madre en un 50% en cuantía de SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($744,395)MCTE,
y dejó en suspenso el 50% restante lo que le corresponda a la beneficiaria en
calidad de cónyugue procediendo a girar retroactivo causado al 1SS patrono, a la
luz del régimen de pensiones al momento del fallecimiento.
9. Se menciona dentro del expediente pensional más exactamente en el Auto No.
ADP 014988 del 17 de noviembre de 2015 que con la Resolución No. 194 del 01
de enero de 2005, expedida por el ISS ASEGURADOR se reconoció la pensión
de sobrevivientes a MANUEL FELIPE DOMÍNGUEZ CADAVID identificado con
CC. No. 1017178591 en calidad de hijo del causante y a MARIA CLARA CORREA
GONZÁLEZ identificada con CC. No. 29.305.279 en calidad de compañera
permanente del señor LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OBANDO identificado con C.C.
6151171.
10. Se menciona dentro del expediente pensional, más exactamente en el Auto
No. ADP 014988 del 17 de noviembre de 2015 que mediante Resolución No.
00194 del 12 de diciembre de 2006, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,
dejó en suspenso la pensión de sobrevivientes a la cónyuge LIGIA TENORIO
GÓMEZ y a la compañera permanente MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ y
reconoce un 50% por el valor de $744.395 al menor MANUEL FELIPE
DOMÍNGUEZ CADAVID, representado por su madre BEATRIZ HELENA
CADAVID ROJAS, incluido en la nómina de enero de 2006.
11. Así mismo a través del mismo auto relacionado en el numeral anterior se menciona
que con la Resolución No. GNR 258190 del 15 de octubre de 2013, COLPENSIONES
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora LIGIA TENORIO
GÓMEZ, con ocasión del fallecimiento del señor DOMÍNGUEZ OBANDO LUIS HUGO.
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Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
12. Mediante la Resolución No. RDP 026140 del 27 de agosto de 2014, la UGPP
modificó y adicionó la resolución No. 70 del 03 de febrero de 2004, por cuanto el
señor MANUEL FELIPE DOMÍNGUEZ CADAVID, falleció el día 21 de enero de
2012, motivo por el cual es pertinente ajustar a derecho la mesada pensional del
causante a favor de las señoras LIGIA TENORIO GÓMEZ, identificada con C.C
No.41.385.455, en cuantía de 67.74 %, en calidad de cónyuge supérstite en
relación a 21 años de convivencia y a MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ
identificada con C.C No. 29.305.279 en cuantía de 32.26 %, en calidad de
compañera permanente en relación a 10 años de convivencia, del 100% de la
pensión que en vida disfrutaba el señor LUIS HUGO DOMÍNGUEZ OBANDO, en
virtud del fallecimiento del señor MANUEL FELIPE DOMÍNGUEZ CADAVID,
modifica y se adiciona la Resolución No.70 del 3 de febrero de 2004 en el sentido
de adicionar el parte resolutiva los artículos DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO
SEGUNDO así:
«ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Según sea el caso y en el evento de llegar al
límite de la pensión la cuota correspondiente a crecer en forma proporcional a
favor de quienes continúe disfrutando el derecho. ARTÍCULO DÉCIMO
SEGUNDO: Teniendo en cuenta mediante resolución 194 de 2005 el Instituto
Social en calidad de Asegurador reconoció una pensión de sobrevivientes esta
entidad solo responderá por el mayor valor a que haya lugar».
13. Por medio de Auto No. ADP 014988 del 17 de noviembre de 2015, la UGPP
ordenó la práctica de pruebas tendiente a requerir a COLPENSIONES para que
allegara la resolución No. GNR 258190 del 15 de octubre de 2013.
14.A través del Auto No. ADP 016756 del 15 de diciembre de 2015, la UGPP
ordenó la apertura de la actuación administrativa tendiente a obtener la
revocatoria directa de la resolución No. RDP 026140 del 27 de agosto de 2014
solicitó el consentimiento para Revocar el citado acto administrativo a las señoras
LIGIA TENORIO GÓMEZ y MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ, toda vez que
mediante la Resolución No. 0194 del 12 de diciembre de 2006, el Instituto de
Seguros Sociales- 1.5.5, dejó en suspenso la pensión de sobrevivientes a la
Cónyuge LIGIA TENORIO GÓMEZ y a la compañera permanente MARÍA CLARA
CORREA GONZÁLEZ, es decir que en la actualidad el 100% de la mesada
pensional debería la prestación estar en suspenso.
15.Por medio del Auto No. ADP 000718 del 21 de enero de 2016, la UGPP requirió
a las señoras LIGIA TENORIO GÓMEZ y MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ,
y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y
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AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN con el fin de que
alleguen copia de la resolución No. 194 del 01 de enero de 2006.
16.Con el Auto No. ADP 008179 del 22 de junio de 2016, la UGPP aclaró que
mediante escrito con radicado No. 201670011709672 del 01 de junio de 2016,
COLPENSIONES allegó la Resolución No. 0194 del 01 de enero de 2006, el cual
el Seguro Social reconoció una pensión de sobrevivientes a MANUEL FELIPE
DOMÍNGUEZ CADAVIDAD en calidad de hijo menor de edad y se dejó en
suspenso el reconocimiento a la cónyuge o compañera permanente y se remitió
a esta Área con el fin de dar inicio a la respectiva acción de lesividad por cuanto
ninguna de las interesadas dio el consentimiento para revocar.
17.Mediante el Auto No. ADP 011580 del 14 de septiembre de 2016, la UGPP
comunicó el archivo de la solicitud presentada el día 09 de julio de 2016 por
cuanto al percatar la existencia de una actuación administrativa tendiente a
obtener la revocatoria directa de la Resolución RDP 026140 del 27 de agosto de
2014 no hay lugar a un pronunciamiento respecto del pago de un retroactivo por
acrecimiento de la sustitución de la pensión que en vida disfrutó el causante».
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: Constitución
Política: artículos 1, 4,10, 40, 48, y 60; Decreto 2879 de 1985, artículo 5, Decreto 758
de 1990, artículos 16, 17 y 18, y Ley 100 de 1993, artículo 13.
Después de transcribir las normas presuntamente vulneradas, la UGPP no realizó
reparos concretos respecto de la infracción de cada una de ellas. Finalmente realizó
las siguientes precisiones:
Argumentó que «[…] solicitó el consentimiento para Revocar la Resolución No. RDP
026140 del 27 de agosto de 2014 a las señoras LIGIA TENORIO GÓMEZ y MARIA
CLARA CORREA GONZÁLEZ, toda vez que mediante la Resolución No. 0194 del 12
de diciembre de 2006, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en calidad de
asegurador, dejó en suspenso la pensión de sobrevivientes a la cónyuge LIGIA
TENORIO GÓMEZ y a la compañera permanente MARIA CLARA CORREA
GONZÁLEZ, es decir que en la actualidad el 100% de la mesada pensional deberá
estar en suspenso.
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Demandante: UGPP
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Finalmente refirió que, la sentencia T-438 de 2010 explicó, frente a la figura de
pensiones compartidas, que «[…] antes que el Instituto de los Seguros Sociales
asumiera los riesgos que dan lugar a la pensión de vejez, de sobreviviente o de
invalidez, las pensiones eran asumidas por empleadores o patronos y reconocidos por
medio de diferentes modalidades como convención colectiva, pacto colectivo, o laudo
arbitral, entre otras, Previendo que tal Instituto asumiera dicha responsabilidad se
planteó la tesis de compaginar los dos regímenes: pensiones asumidas por patronos
y las que correspondían al Instituto de Seguros Sociales. Con ese objetivo se crearon
las figuras de la compatibilidad y de la compartibilidad, una vez el afiliado complete
los requisitos para la pensión de vejez de conformidad con la normativa legal el
empleador se subroga de la obligación, o la comparte con la entidad administradora».
1.2 Contestación de la demanda
Ligia Tenorio Gómez2, Frente a los hechos, expuso que, «[…] el caso que nos ocupa,
se trata de una prestación económica de carácter compartido a cargo del extinto ISS
y, en su doble condición como EMPLEADOR ENTIDAD JUBILANTE (pensión de
jubilación) y como Administrador del Régimen de Prima Media con prestación definida
en el Sistema General de Pensiones (pensión de vejez), en la cual una vez fallece el
causante, se reconoce por parte de la entidad jubilante el 100% de la prestación a sus
legítimos beneficiarios: Manuel Felipe Domínguez Cadavid (hijo), Ligia Tenorio
Gómez (cónyuge) y María Calara Correra González (compañera), y por parte del ISS
ASEGURADOR, se reconoce en prinicipio únicamente a Manuel Felipe Cadavid, el
50% de la prestación dejando en suspenso, el 50% restante, porque las legítimas
beneficiarias, cónyuge y compañera respectivamente, no reclamaron oportunamente
su derecho».
María Clara Correa González3, señaló que si bien es cierto que la UGPP expidió la
Resolución 026140 del 27 de agosto de 2014, es absolutamente falso que mediante
dicho acto se haya reconocido una pensión de sobrevivientes a favor de las señoras
María Clara Correa y Ligia Tenorio Gómez con ocasión del fallecimiento del señor Luis
Hugo Domínguez. En realidad, lo que se dispuso en dicha resolución fue un
acrecimiento en las cuotas de la pensión, más no el reconocimiento de una nueva
prestación.
2
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 6, p.p 16 a 21.
3
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 5, p.p 51 a 56.
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Administradora Colombia de Pensiones – Colpensiones4, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que «la pensión de sobreviviente otorgada
por UGPP no es compartida con la pensión de vejez reconocida por el I.S.S, dado el
carácter extralegal de la primera ya que fue reconocida con base en las normas de la
UGPP».
Lo anterior, en razón a que se trata de una pensión de sobrevivientes reconocida
mediante la Resolución 70 del 3 de febrero de 2004 por parte de la UGPP, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones a nivel
municipal, lo cual, según el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, tuvo
lugar el 30 de junio de 1995.
Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido», «prescripción», «innominada», y «buena fe».
1.3 La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 30 de junio de
2023, negó las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, el Tribunal
encontró probado que, al causante Luis Hugo Domínguez Obando por acreditar un
total de tiempo de servicio al Estado de 20 años, mediante la Resolución 112 del 27
de enero de 1997 le fue reconocida por el ISS como entidad patronal la pensión de
jubilación, efectiva a partir del 1° de julio de 1996. Asimismo, que, mediante la
Resolución 70 del 03 de febrero de 2004 proferida por el Instituto del Seguro Social,
como entidad patronal y ante la muerte del beneficiario, reconoció la pensión de
sobrevivientes de la siguiente manera: en un 50% al hijo Manuel Felipe Domínguez
Cadavid, en un 67,74% a la cónyuge Ligia Tenorio Gómez y en un 32,26% a la
compañera permanente María Clara Correa González.
Por otro lado, que por medio de la Resolución 026140 del 27 de agosto de 2014,
proferida por la UGPP, se modifica y adiciona la Resolución No. 70 del 03 de febrero
de 2024 ante la muerte del joven Manuel Felipe Domínguez Cadavid, ocurrida el día
4
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 5, p.p 35 a 41.
5
Samai índice 38, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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21 de enero de 2012, quedando de la siguiente manera: «ARTÍCULO DÉCIMO
PRIMERO: Según sea el caso y en el evento de llegar al límite de la pensión, la cuota
correspondiente acrecer en forma proporcional a favor de quienes continúe
disfrutando el derecho. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta
mediante resolución 194 de 2005 el Instituto Social en calidad de Asegurador
reconoció una pensión de sobrevivientes esta entidad solo responderá por el mayor
valor a que haya lugar».
Con relación al contenido del acto demandado, indicó que «[…] no se observa que el
mismo se haya expedido en contravención a las normas superiores en las que debía
regirse, además, observa la Sala que este no reconoce pensión de sobrevivientes,
como erróneamente lo manifiesta la entidad demandante, en razón que la única
función de la Resolución 026140 del 27 de agosto de 2014 emitida en calidad de
entidad patronal fue la de adicionar los artículos anteriormente mencionados, dejando
sin modificación alguna el resto de la resolución No. 70 del 3 de febrero del 2014 de
la misma naturaleza».
En ese sentido, expuso que «la Resolución No. 194 del 12 de diciembre de 2006, el
Instituto de Seguros Sociales deja en suspenso la pensión de sobrevivientes a la
Cónyuge Ligia Tenorio Gómez y a la compañera permanente María Clara Corea
González, y reconoce la pensión de sobrevivientes únicamente al hijo del causante
Manuel Felipe Domínguez Cadavid, por el ISS como entidad aseguradora,
circunstancia que de igual manera se puede prescribir de la Resolución No. GNR
258190 del 15 de octubre de 2013, negando el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la señora Ligia Tenorio Gómez, misma que fue recurrida por la
interesada, y se confirmó mediante la Resolución No. GNR266084 del 23 de julio de
2014».
Por lo anterior, el a quo negó las pretensiones de la demanda, al concluir que «[…]
estas resoluciones que son la base de la demanda, no afectan la legalidad de la
resolución demandada, por cuanto se refieren al reconocimiento de la pensión por
parte del ISS como entidad aseguradora».
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1.3 El recurso de apelación6
Inconforme con la decisión de primera instancia, el abogado de la parte actora
interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia apelada y, en
su lugar, se resuelva la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 026140 del 27
de agosto de 2014, expedida por la UGPP, por medio de la cual en su sentir se
reconoció una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Ligia Tenorio Gómez,
en calidad de cónyuge y la señora María Clara Correa González, en calidad de
compañera permanente del causante Luis Hugo Domínguez Obando; y se condene a
la parte demanda a pagar o reintegrar a la UGPP, todas las sumas de dinero pagadas
en exceso, y se condene en costas a la accionada.
En síntesis, la UGPP plantea que, como mediante Resolución 194 del 12 de diciembre
de 2006, el ISS asegurador dejó en suspenso la pensión de sobrevivientes a la
cónyuge Ligia Tenorio Gómez y a la compañera permanente María Clara Correa
González, el pago del mayor que sufraga a las demandadas, como administrador de
la nómina de jubilados del ISS empleador, también debe ser suspendido.
Lo anterior, toda vez que, con «[...] la RESOLUCIÓN NO. 0194 DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2006, el ISS en calidad de asegurador, dejó en suspenso la pensión
de sobrevivientes a la Cónyuge LIGIA TENORIO GÓMEZ y a la compañera
permanente MARÍA CLARA CORREA GONZÁLEZ, es decir que en la actualidad el
100% de la mesada pensional deberá estar en suspenso, con el fin que sea el juez
competente quien determine SI (sic) es corresponde o no el derecho al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor LUIS HUGO
DOMÍNGUEZ OBANDO», de tal suerte que el pago del mayor valor que sufraga a las
demandadas también debe ser suspendido.
Finalmente, expone frente a la figura de la compartibilidad pensional, que «[...] una
vez empieza el patrono a pagar la pensión de vejez, a cotizar al INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES HOY COLPENSIONES y una vez el afiliado complete los
requisitos para la pensión de vejez establecida en el sistema general de pensiones el
empleador se subroga de la obligación, o la comparte con la entidad administradora,
siendo cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión
otorgada por el ISS y la que venía cancelando al pensionado, razón por la cual
6
Samai índice 41, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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RESOLUCIÓN NO. RDP 026140 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 resulta contraria al
ordenamiento jurídico, y lo establecidos en las la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003,
así como en los artículos 1o, 2o, 6o, 48o, 128o de la Constitución Política de la
Constitución Política, al considerarse por parte de la UGPP, que la sustitución
pensional quedó en suspenso al proferirse la RESOLUCIÓN NO. 0194 DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2006, EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES quedando en
cabeza del Juez competente determinar a quién le asiste el derecho a la pensión de
sobrevivientes, la razón por la cual procede la DECLARATORIA DE NULIDAD del acto
administrativo demandado, y el consecuente REESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO de la entidad, ordenando el reintegro de los valores pagados
irregularmente».
1.5 Trámite de segunda instancia
Con auto de 18 de junio de 20247, el consejero ponente admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para
fallo.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio Público
no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 8 del Código
7
Índice 04 Samai.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
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General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Asunto preliminar – Naturaleza de la excepción previa de inepta demanda9
La demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través del cual
las personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir ante la
jurisdicción en procura de sus intereses, con el fin de obtener una decisión de fondo,
de ahí que uno de los presupuestos procesales para proferir sentencia sea el de la
demanda en forma.
Lo anterior resulta importante para señalar que la demanda debe cumplir con unos
requisitos formales, previamente establecidos por el legislador, los cuales, para el
asunto bajo estudio, están contenidos en el capítulo III del CPACA y más
precisamente en los artículos 162, 163 y 165 de este cuerpo normativo, en relación
con la claridad y la precisión de los hechos y de las pretensiones, los fundamentos de
derecho, las pruebas que se pretenden hacer valer y la dirección para notificaciones,
entre otros aspectos, que resultan relevantes y, por tanto, son analizados desde el
estudio de admisión que efectúa la autoridad judicial competente10.
El Código General del Proceso, en su artículo 100, numeral 5, prevé la «ineptitud de la
demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones», como una
excepción previa, de ahí que deba entenderse que este medio exceptivo está llamado
a prosperar solo cuando la demanda carece de los requisitos de forma previstos en la
ley o cuando no se cumplen las reglas para que opere la figura procesal de la
acumulación de pretensiones.
2. 2.1. De la proposición jurídica incompleta
Sobre el instituto de proposición jurídica incompleta, esta Corporación ha manifestado:
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, proceso 25000-23-36-000-2015-
01026-01.
10
Al respecto, puede consultarse el auto proferido el auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Expediente con número interno 58.415 del 26 de abril del 2017. Consejero
ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
12
Número Interno: 0911-2024
Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
«No siempre el proceso termina con fallo condenatorio o absolutorio, puede
culminar con sentencia inhibitoria en casos extremos cuando el Juez no tiene otra
alternativa a pesar de haber hecho uso de todas sus facultades y prerrogativas
para integrar los presupuestos procesales. Esta figura ha sido definida como "…
aquellas en cuya virtud, por diversas causas, el juez pone fin a una etapa del
proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto que
se le plantea, dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, "resolviendo"
apenas formalmente, de lo cual resulta que el problema que ante él ha sido
llevado queda en el mismo estado inicial. La indefinición subsiste." Por el
contrario, la presentación de la demanda con estricta observancia de los
requisitos legalmente establecidos constituye un presupuesto para entrabar la
relación procesal, de modo tal que viabiliza un pronunciamiento de fondo,
favorable o no, sobre lo pretendido por el interesado al momento de ejercer su
derecho de acción».11
Con relación a los eventos en los cuales los actos administrativos demandados no
han sido la causa de la vulneración del derecho que se pretende restablecer, esta
Colegiatura ha indicado:
«A nivel del petitum la situación en mención se suscita en dos casos de ocurrencia
alternativa o sumada a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la
decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa petendi, o
ii) Cuando el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible
relación de dependencia con otro u otros no impugnados que determinan su
contenido, validez o su eficacia, eventos en los que como se expresó resulta imposible
emitir una decisión de fondo para el Juez. Así, en tanto la parte demandante omitió
cuestionar el acto administrativo que en principio y sustancialmente contiene la decisión
tachada de ilegalidad en el sub examine -Resolución No. 23701 del 23 de agosto de 2002-
, no podía válidamente emitirse juicio alguno, razón por la que se concluye la ineptitud
sustantiva de la demanda y la decisión inhibitoria al respecto, en ausencia de la
proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la pretensión del actor».12
(Subrayado fuera de texto)
Ahora bien, en casos análogos al de la referencia, en los cuales se discute la legalidad
de actos administrativos que reconocen una pensión por ser incompatible con otra
concedida por otra entidad de previsión o un empleador, o por que deba tener el
carácter de compartida, la Sala ha sostenido que «[…] lo procesalmente pertinente
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia de 20 de enero de 2011, Radicación No. 25000-23-25-000-
2001-10992-01(0850-09), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia de 18 de mayo de 2011, Radicación No. 76001-23-31-000-
2006-02409-01(1282-10), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
13
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sería, para efectos de no afectar derechos fundamentales del pensionado [entre otros,
el de la seguridad social y su mínimo vital pensional] integrar en debida forma la
proposición jurídica, esto es junto con los actos administrativos de reconocimiento
expedidos por la otra entidad de previsión social, de tal suerte que a través del medio
de control procedente se pueda definir la situación pensional del asociado sin que este
se vea afectado por las decisiones de la administración»13.
Por tal razón, en este tipo de asuntos, la Subsección ha sostenido que «resulta
adecuado que el operador judicial competente y las partes, velen por alcanzar una
integración completa y comprensiva del contradictorio y de la proposición jurídica, de
tal suerte que puedan ser materia de examen todos los actos administrativos que
conformen unidad jurídica respecto de la situación del pensionado, con lo que,
además se honran los principios de eficiencia, eficacia y seguridad jurídica »14.
De lo expuesto, se desprende la importancia de una formulación correcta de lo que se
pretende respecto de los actos administrativos cuya anulación se súplica, toda vez
que la posibilidad de emitir una decisión de mérito en uno u otro sentido, depende
exclusivamente de la concurrencia coherente de los factores aludidos.
Descendiendo al sub examine, se logró demostrar que, el entonces Instituto de
Seguros Sociales (ISS), en su rol de empleador, por medio de la Resolución 112 del
27 de enero de 199715, le reconoció una pensión de jubilación al señor Luis Hugo
Domínguez Obando, efectiva a partir del 1° de julio de 1996, beneficio que, tras su
fallecimiento, fue trasmitido mediante Resolución 70 de 3 de febrero de 200416, de la
siguiente manera: (i) el 50% al hijo Manuel Felipe Domínguez Cadavid, (ii) el otro 50%
repartido entre la cónyuge Ligia Tenorio Gómez (67,74%) y la compañera permanente
María Clara Correa González (32,26%).
Por su parte, con Resolución 194 de 12 de diciembre de 2006 17, el ISS, en su rol de
asegurador, reconoció la pensión legal de sobrevivientes causada por el señor
Domínguez Obando, ordenó el pago del 50% de la prestación al hijo del causante,
Manuel Felipe Domínguez Cadavid, y dejó en suspenso la parte correspondiente a la
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; auto de 24 de octubre de 2024; expediente 25000-23-42-000-2021-
00707-01 (3332-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; auto de 16 de mayo de 2025; expediente 76001-23-33-000-2021-01059-
00 (0147-2025); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
15
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 2, p.p 21.
16
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 4, p.p 15 a 21.
17
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 4, p.p 11 a 14.
14
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Demandante: UGPP
Demandadas: Ligia Tenorio Gómez y otro
cónyuge Ligia Tenorio Gómez y a la compañera permanente María Clara Correa
González.
Posteriormente, el 21 de enero de 2012, fallece el joven Manuel Felipe Domínguez
Cadavid, por lo que, la UGPP, entidad que asumió la administración de la nómina de
pensionados del ISS empleador, expidió la Resolución RDP 26140 del 27 de agosto
de 201418, que hoy demanda, a través de la cual acrecentó el porcentaje de las cuotas
pensionales trasmitidas a la cónyuge y compañera permanente del causante con la
Resolución 70 de 3 de febrero de 2004.
Finalmente, se tiene que Colpensiones, sucesora misional del ISS asegurador, a
través de las Resoluciones GNR 364434 de 19 de noviembre de 2015 y GNR 77841
de 14 de marzo de 201619, accedió a la solicitud de activación en nómina de las
señoras Ligia Gómez Tenorio y María Clara González Correa.
Conforme al relato fáctico que antecede, resulta claro que, el ISS en su condición de
empleador, reconoció una pensión de jubilación con vocación de ser compartida, una
vez el señor Luis Hugo Domínguez Obando reuniera los requisitos para la pensión de
vejez legal. Sin embargo, ante el fallecimiento del señor Domínguez Obando, el 23 de
septiembre de 2003, el ISS empleador, expidió la Resolución 70 de 3 de febrero de
2004, mediante la cual transmitió el derecho pensional a sus beneficiarios
sobrevivientes, en los porcentajes antes anotados.
Ahora bien, la UGPP formula la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho,
en la que pide la anulación de la Resolución RDP 26140 del 27 de agosto de 2014,
mediante la cual se modificó el reconocimiento efectuado en la Resolución 70 de 3 de
febrero de 2004, en el sentido de disponer el acrecimiento de las cuotas
correspondientes a la cónyuge y a la compañera permanente supérstites, habida
cuenta del fallecimiento del hijo del causante; no obstante, pretende a título de
restablecimiento del derecho, que se suspenda el pago de la pensión que reconoció
el ISS empleador, y que actualmente administra, y se condene a las demandadas a
reintegrar los dineros pagados por concepto de las respectivas mesadas.
18
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 1, p.p 2 a 6.
19
Samai, índice 37, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital, archivo 5, p.p 66 a 78.
15
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Demandante: UGPP
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De lo anterior, la Sala observa que, la eventual declaratoria de nulidad del acto
demandado no generaría los efectos que el actor persigue a título de restablecimiento
del derecho, pues es claro que, la actuación acusada solo dispuso un acrecimiento en
las cuotas de las beneficiarias, pero no le reconoció, en estricto sentido, derecho
alguno, pues el acto administrativo que sí dispuso tal otorgamiento de la prestación,
fue la Resolución 70 de 3 de febrero de 2004, que no integra la proposición jurídica
formulada en la demanda.
Por lo tanto, la Sala considera que, para conseguir los restablecimientos pretendidos,
la UGPP debió demandar la Resolución 70 de 3 de febrero de 2004, sin embargo,
omitió hacerlo, de suerte que la demanda se encuentre afectada por un defecto
irremediable en esta segunda instancia, y esto es, la ineptitud sustantiva que ahora
se advierte, toda vez que las pretensiones de anulación y restablecimiento del derecho
no resultan coherentes entre sí, y que, conforme al análisis normativo efectuado en
precedencia, resulta indispensable para que el fallador se pronuncie sobre el fondo
del asunto.
Finalmente, la Sala pone de presente que los argumentos formulados en el recurso
de apelación no guardan consonancia con lo expuesto en el escrito de la demanda.
Lo anterior porque, las pretensiones de la demanda estuvieron orientadas a obtener
la nulidad del acto que dispuso el acrecimiento de porcentajes de la prestación
reconocida por el entonces ISS empleador a las demandadas, luego, no resulta
congruente que en el escrito de impugnación, el apelante hubiere hecho reparos frente
a la compartibilidad pensional, cuando lo cierto es que en el concepto de violación no
presentó, en concreto, argumentos sobre el particular.
Así las cosas, ante la imposibilidad de dictar sentencia de mérito, se impone para la
Sala revocar, la sentencia de 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, para
en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.
16
Número Interno: 0911-2024
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2.3 Sobre la condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan al juez
la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar
que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple
resultado adverso del proceso20.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la UGPP y, en su lugar:
DECLARAR probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
20
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: UGPP
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. AV 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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