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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00429-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00429-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Revocar el numeral sexto de la sentencia la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto condenó en costas a la parte demandada. Segundo. – Confirmar la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Jhony José Carpintero Ortiz contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali. Tercero. - Sin condena en costas. Cuarto. – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00429-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Seccional Cali

Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de
tribunal judicial

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, Jhony José Carpintero Ortiz presentó demanda en orden a que se:

• Inaplicara el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 del Consejo
Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación en forma definitiva del
empleo que denominó «abogado asesor, grado 23» en los despachos de los tribunales
superiores, entre ellos, los de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
• Declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
DESAJCLR 17-2493 del 18 de agosto de 2017, por medio de la cual la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santiago de Cali negó la solicitud
de reliquidación con efectos retroactivos de las diferencias salariales y
prestacionales causadas desde el 2015, entre el empleo de «abogado asesor grado
23» y el de «abogado asesor» sin grado; y ii) acto ficto producto del silencio
administrativo que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
anterior.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se condenara a la demandada a reconocer y pagar la diferencia salarial y
prestacional entre lo que percibió como «abogado asesor grado 23» y lo que debía
recibir según el salario establecido para el cargo de «abogado asesor» sin grado en
los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018
y los demás que se profieran, con efectos retroactivos; ii) se pagaran las sumas
adeudadas con la respectiva indexación; y iii) se cumpliera la sentencia en los
términos de los artículos 187, 192 y 195 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

• Mediante Resolución 001 del 15 de febrero de 2016, Jhony José Carpintero Ortiz
fue nombrado en el cargo de abogado asesor de despacho, en la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Para la fecha de presentación de la
demanda, continuaba desempeñando el empleo.

• El 16 de agosto de 2017 le solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Cali la inaplicación de los artículos 14-1, 16-1 y 17 literal a) del
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 «por el cual se crean con carácter permanente;
trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional»,
en cuanto al empleo de abogado asesor grado 23. Como consecuencia de lo
anterior, pidió el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
causadas desde su vinculación, respecto de la asignación dispuesta por los
decretos expedidos por el gobierno nacional para el empleo de abogado asesor sin
grado.

• Por medio de la Resolución 17-2493 del 18 de agosto de 2017 la Dirección
Ejecutiva negó su petición, porque el Consejo Superior de la Judicatura adoptó y
creó para los tribunales el cargo de abogado asesor grado 23 y no el de abogado

2 Folios 2 a 12.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
asesor. Por lo tanto, la asignación salarial que le correspondía era la dispuesta en
el artículo 6 del Decreto 194 de 2014. Agregó que dicha dependencia no tenía la
facultad de interpretar, modificar o inaplicar las leyes y que los pagos se realizaron
según lo establecido por los decretos expedidos por el gobierno nacional.

• El 29 de agosto de 2017, el solicitante interpuso recurso de apelación en contra de
la anterior decisión. Transcurridos más de dos meses desde esa fecha, la entidad
no efectuó pronunciamiento alguno.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se invocaron los artículos 150-19 (literal e) de la Constitución Política; 1
literal b) de la Ley 4.ª de 1992 y los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de
2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados
de nulidad por los siguientes defectos3:

• Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse

En cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos en la Ley 4.ª de 1992, el
gobierno nacional expidió los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016,
1013 de 2017 y 337 de 2018, en los que se fijó la remuneración mensual para el
«abogado asesor» de tribunal judicial4, el cual no tiene escala de graduación, pues
determinó en forma expresa su aplicación subsidiaria, entre ellas la del «grado 23»,
solo en el evento en que la denominación del cargo no se hubiere señalado en los
artículos anteriores5. Por consiguiente, la entidad demandada no le pagó el salario
que legalmente le correspondía a la solicitante por desempeñarse como abogado
asesor en el Tribunal Superior de Cali.

• Falsa motivación

Los actos administrativos por los cuales se negó la petición del solicitante se
motivaron en los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura que,
a su vez, desconocieron la existencia del cargo de abogado asesor y la
remuneración que dispuso el gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992,
por lo tanto, no se ajustaron a derecho.

• Falta de competencia

3 Folios 3 a 6 vto.
4 Artículo 4.
5 Artículo 6.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:

La fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos le
corresponde al gobierno nacional, en los términos del artículo 150, numeral 19,
literal e) de la Constitución Política. En desarrollo de lo anterior se expidió la Ley 4.ª
de 1992. En ese orden, el Consejo Superior no tenía competencia para modificar o
disminuir el salario de los abogados asesores de los tribunales judiciales con la
asignación del «grado 23», cuando la autoridad que tenía asignada tal potestad ya
le había decretado la remuneración al mencionado empleo. Así lo advirtió el Consejo
de Estado en las sentencias del 21 de febrero de 20086 y del 27 de marzo de 20097,
al analizar una situación similar a la expuesta, para el cargo de escribiente de
tribunal.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes
términos8:

• La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial aplicó las normas que regulan el
régimen salarial y prestacional del sector público, en virtud de la técnica especial de
reparto de competencias entre el legislador y el ejecutivo prevista en el artículo 150
de la Constitución Política, por la cual, el primero expide la ley marco contentiva de
los lineamientos generales, al tiempo que el segundo regula la materia por medio
de los decretos anuales que emite con sujeción a la anterior. De ahí que, la entidad
ha liquidado la remuneración mensual de la demandante de conformidad con los
decretos anuales expedidos para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

• A través del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó el cargo de «abogado asesor grado 23» y «no el de abogado asesor». El Decreto
194 de 2014 estableció la escala de remuneración salarial de los servidores públicos
de la Rama Judicial y señaló la asignación de $5.746.978, para el empleo de
abogado asesor y la suma de $4.299.956 para el de abogado asesor grado 23. En
esas condiciones, no hay lugar a «confusiones» en la creación de los cargos ni en
sus remuneraciones, puesto que los decretos anuales son claros en su
identificación. En consecuencia, no era viable hacer interpretaciones adicionales a
las que gramaticalmente se desprendían del Decreto 194 de 2014.

6 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de febrero de 2008,

radicación: 110010325000200300332 01 (3365-2003).
7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2009,

radicación: 410012331000200100073 01 (2558-2007).
8 Folios 68 a 71.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
• De acuerdo con el artículo 103 de la Ley Estatutaria de Justicia, le corresponde a
la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial actuar como ordenadora del
gasto, en el ámbito de su jurisdicción. En ese sentido, ha cancelado la nómina de
los servidores judiciales según lo previsto por los decretos del gobierno nacional.

• En el ejercicio de sus funciones, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali, como autoridad administrativa, debe dar estricto cumplimiento a las
leyes y decretos reglamentarios y no tiene la facultad para interpretarlos,
modificarlos o inaplicarlos. Tal posibilidad fue atribuida a los jueces de la República
al dictar sus providencias.

Asimismo, propuso las excepciones de inexistencia de causa para demanda;
ausencia de causa petendi y la innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 25 de
febrero de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se
pronunció en estos términos9:

• El gobierno nacional tiene la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial (artículos 150, numeral 19, literal
e) de la Constitución Política y 8 de la Ley 4.ª de 1992).

• En desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, el gobierno nacional expidió los decretos 57
de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de
1999, 2740 de 2000, 1475 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936
de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1338 de 2010,
10039 de 2011, 874 de 2012, 124 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de
2016, 113 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019 y 299 de 2020, por los cuales definió,
para esas anualidades, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
Rama Judicial.

• De acuerdo con los artículos 257 de la Constitución Política y 75 de la LEAJ, al
Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de la Rama
Judicial. Para el efecto, se le atribuyó la potestad de crear, suprimir, fusionar y
trasladar cargos a su interior con el consecuente señalamiento de requisitos y
funciones para su desempeño, siempre que no hayan sido fijados por la ley (artículo
85, numeral 9, de la LEAJ).

9 Folios 207 a 221.

5

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
• Según el Consejo de Estado, a los cargos de los despachos judiciales para los
cuales el Decreto 57 de 1993 definió una asignación como nominados el Consejo
Superior de la Judicatura no puede determinarles grados de remuneración, pues
esta última corporación no tiene competencia para modificar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos que los desempeñan, toda vez que se trata
de una atribución exclusiva del ejecutivo10.

• Por medio del artículo 4 del Decreto 194 de 2014, el gobierno determinó la
remuneración de los cargos de la Rama Judicial, según la jerarquía de cada
corporación, entre estos, el de «abogado asesor» de tribunales judiciales, de tribunal
superior militar y de los consejos seccionales de la judicatura. Así, en el 2014 se fijó
en $5.746.978 y se incrementó porcentualmente en cada anualidad hasta el 202011,
en razón a que son las que interesan al caso concreto.

• Por lo anterior, comoquiera que el cargo de «abogado asesor» de tribunal judicial
es nominado, su asignación salarial sí estaba determinada en el decreto señalado.
Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura no debía acudir al artículo 6 del
Decreto 194 de 2014, para asignarle una remuneración de $4.299.956, la cual solo
aplicaba de manera excepcional para los «[…] empleos de la Rama Judicial cuya
denominación no esté señalada […]», pues ello comporta el ejercicio de la atribución
de escala salarial que solo le compete al gobierno nacional.

• Por lo anterior, el a quo: i) inaplicó por inconstitucionales los artículos 86, numeral
7, y 88 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 en cuanto a la
denominación «grado 23» asignada al cargo «abogado asesor» creado y transformado
en permanente en los numerales 1.° de los artículos 14 y 16 y en el literal a) del
artículo 17; ii) anuló los actos administrativos acusados; iii) a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Rama Judicial a reconocer y pagar con
efectos retroactivos desde el 15 de febrero de 2016 (fecha de vinculación), las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado asesor»
y el de «grado 23», de conformidad con el Decreto 194 de 2014 expedidos por el
gobierno nacional y los subsiguientes que lo modificaron, durante el tiempo de
vinculación en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con la respectiva
indexación, sin que operara el fenómeno de la prescripción; y iv) condenó en costas
a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.4. El recurso de apelación

10 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de julio de 2009, radicación:
68001231500020030298501; sentencia del 27 de enero de 2000, radicación: 914-1846-99; y
sentencia del 27 de enero de 2000, radicación: 911-1801-99.
11 Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 99 de 2019 y 299 de 2020.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara
la decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente12:

• El Consejo Superior de la Judicatura es un ente de origen constitucional,
encargado de reglamentar lo concerniente a la carrera judicial. En ejercicio de la
potestad reglamentaria atribuida por la Norma Superior13 y la LEAJ14, está facultado
para expedir actos administrativos de carácter general con el fin de materializar el
enunciado abstracto de la ley y lograr su cumplida ejecución15.

• En virtud de esta potestad de regulación y de su autonomía administrativa, adoptó
las medidas pertinentes para ejecutar el plan nacional de descongestión (artículo 63
ibidem), entre ellas, la creación con carácter transitorio de cargos y la vinculación
de empleados judiciales, de acuerdo con la ley de presupuesto. Al efecto, por medio
de sus funciones administrativas y con base en las necesidades de la jurisdicción y
especialidad, determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente de manera
transitoria, para descongestionar los tribunales administrativos era el de «abogado
asesor grado 23» el cual no hace relación al de «abogado asesor» innominado, sino
que se determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional a las
funciones y responsabilidades del empleo.

• A partir de la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 a la fecha, existe en
los despachos de los tribunales administrativos y superiores, «el empleo de abogado
asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto que desde su creación ha sido muy
clara su denominación, la cual no se asimila al innominado sino a la que igualmente
estableció el Consejo Superior de la Judicatura dentro de su autonomía administrativa
brindada en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia».

• Propuso las excepciones de: inexistencia de causa para demandar; inexistencia
de prueba; y ausencia de causa petendi, respecto de la cual sostuvo que las
sentencias de nulidad del Consejo de Estado rigen hacia el futuro con el objeto de
generar certeza y seguridad jurídica.

1.5. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 24 de noviembre de 2021, notificado el 7 de diciembre de
201216,se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

12 Folios 223 a 225.
13 En los artículos 256, numeral 1 y 257, numeral 3.
14 Artículo 85, numerales 17 y 22.
15 Al respecto citó:

• Consejo de Estado, Sección Segunda, fallo del 15 de abril de 2004, radicación 565-99.
• Corte Constitucional, sentencias C-228 de 1993 y C-350 de 1997.
16 Índices 6 y 7 de SAMAI.

7

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
En atención a que no se aportaron pruebas ni se solicitó la práctica de alguna en
segunda instancia se prescindió del traslado para que las partes alegaran de
conclusión, tal y como lo dispone el artículo 257-5 del CPACA17.

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda18.

Lo anterior, por cuanto en el proceso no fueron materia de discusión ni de prueba
aspectos relevantes como los requisitos para el ejercicio de los cargos objeto de
controversia ni el marco funcional que permitiera constatar que los cargos de
abogado asesor grado 23 en realidad corresponden a los de abogado asesor sin
grado. Ello, resultaría demostrativo y concluyente de que con la creación de los
primeros se modificó o disminuyó el nivel salarial de los segundos.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de
«abogado asesor», y si con ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido
por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?

Para su resolución se abordarán los siguientes temas: i) la autoridad competente
para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la
Rama Judicial; y iii) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable
al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los
cargos de la Rama Judicial

17 Índice 4 de SAMAI.
18 Índice 8 de SAMAI.

8

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como
atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el
gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos19.

En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4.ª de 199220, en cuyo
artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial 21. A
su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el
sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.
Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y
prestacional de dichos empleados.

En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4.ª de 1992, se
expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 199322, en el cual el presidente de la
República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes
se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en
cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera
de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de

19 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública […]»
20 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
21 «Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en

esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (se resalta)
22 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos

de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

9

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57
de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por
las normas vigentes a esa fecha.

El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
[…]
Abogado asesor $1.125.000 […]»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera
señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.

El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes grados
establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura».

Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994,
43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017, 337 de 2018 y 991 de 201923. En ellos fijó las remuneraciones anuales de los

23 Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la
remuneración mensual del cargo abogado asesor, así:
Decreto Año Remuneración Decreto Año Remuneración
mensual mensual
106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340
43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414
36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983
76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233
64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170
44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179
2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842
2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978
673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%)
3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%)
4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%)
936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%)
389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)

10

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Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y
prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor
de tribunal judicial.

El Decreto 1039 de 201124 que fijó la remuneración mensual de ese año, estableció
en su artículo 4 lo siguiente:

«A partir del 1.° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170
[…]».

De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los
diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del
citado decreto.

En esa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de
Descongestión a nivel nacional25 y se expidió el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de

24 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
25 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión,

entre otros, los acuerdos PSAA11-8531; PSAA11-8532; PSAA11-8533; PSAA11-8534; PSAA11-
8535; PSAA11-8536; PSAA11-8537; PSAA11-8538; PSAA11-8539; PSAA11-8540; PSAA11-8541;
PSAA11-8542; PSAA11-8543; PSAA11-8544; PSAA11-8545; PSAA11-8546; PSAA11-8547;
PSAA11-8548; PSAA11-8549; PSAA11-8550; PSAA11-8551; PSAA11-8552; PSAA11-8553;
PSAA11-8554; PSAA11-8555; PSAA11-8556; PSAA11-8557; PSAA11-8558; PSAA11-8559;
PSAA11-8560; PSAA11-8561; PSAA11-8562; PSAA11-8563; PSAA11-8564; PSAA11-8565;
PSAA11-8566; PSAA11-8567; PSAA11-8568; PSAA11-8569; PSAA11-8570; PSAA11-8571;
PSAA11-8572; PSAA11-8573; PSAA11-8574; PSAA11-8575; PSAA11-8576; PSAA11-8577;
PSAA11-8578; PSAA11-8579; PSAA11-8580; PSAA11-8581; PSAA11-8582; PSAA11-8583;
PSAA11-8584; PSAA11-8585; PSAA11-8586; PSAA11-8587; PSAA11-8588; PSAA11-8589;
PSAA11-8590; PSAA11-8591; PSAA11-8592; PSAA11-8593; PSAA11-8594; PSAA11-8595;
PSAA11-8596; PSAA11-8597; PSAA11-8598; PSAA11-8599; PSAA11-8600; PSAA11-8601;
PSAA11-8602; PSAA11-8603; PSAA11-8604; PSAA11-8605; PSAA11-8606; PSAA11-8607;
PSAA11-8608; PSAA11-8609; PSAA11-8610; PSAA11-8611; PSAA11-8612; PSAA11-8613;
PSAA11-8614; PSAA11-8615; PSAA11-8616; PSAA11-8617; PSAA11-8618; PSAA11-8619;
PSAA11-8620; PSAA11-8621; PSAA11-8622; PSAA11-8623; PSAA11-8624; PSAA11-8625;
PSAA11-8626; PSAA11-8627; PSAA11-8628; PSAA11-8629; PSAA11-8630; PSAA11-8631;
PSAA11-8632; PSAA11-8633; PSAA11-8634; PSAA11-8635; PSAA11-8636; PSAA11-8637;
PSAA11-8638; PSAA11-8639; PSAA11-8640; PSAA11-8641; PSAA11-8642; PSAA11-8643;
PSAA11-8644; PSAA11-8645; PSAA11-8646; y PSAA11-8647 de 2011.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
enero de 201226 con base en este se profirieron varios acuerdos27 mediante los
cuales se crearon cargos de «abogado asesor grado 23» en distintos tribunales
administrativos del país desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de ese
año28.

En este punto, conviene precisar que a través de los decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y
337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021 se fijaron las remuneraciones
anuales de los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al régimen salarial
y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado
asesor de tribunal judicial. En todos ellos, la asignación salarial correspondiente al
cargo con esta denominación sin grado es superior a la que corresponde al grado
23.

En suma, la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos de la Rama Judicial es el gobierno nacional, con sujeción a los
lineamientos contenidos en la Ley 4.ª de 1992, el cual, en ejercicio de tal facultad,
expidió los decretos anuales que fijaron el salario para los cargos que mantuvieron
la denominación señalada en el Decreto 57 de 1993, y, de manera subsidiaria,
previó una escala de remuneración en grados para aquellos empleos no enlistados
en dicha clasificación.

2.3.2 Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial

La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el Consejo
Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo del
Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».

En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la LEAJ, en su artículo 85,
señaló entre las funciones del Consejo Superior de la Judicatura:

26 «Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo»
27 Acuerdos PSAA12-9213 de 2012; PSAA12-9214 de 2012; PSAA12-9215 de 2012; PSAA12-9216

de 2012; PSAA12-9217 de 2012; PSAA12-9218 de 2012; PSAA12-9219 de 2012; PSAA12-9220 de
2012; PSAA12-9221 de 2012; PSAA12-9222 de 2012; PSAA12-9223 de 2012.
28 «Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012,

un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23, en cada uno de los despachos de Magistrado del Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda».

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
«Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
éstos.
[…]
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados.
Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial,
determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan
sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».

En ejercicio de las anteriores facultades y en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura creó distintos
despachos de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional.

Posteriormente, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en forma
permanente para los despachos de magistrados de tribunales superiores, un cargo
de «abogado asesor grado 23», al señalar:

«ARTÍCULO 14.- Salas Laborales: Crear en la Sala Laboral de los Tribunales
que se enuncian a continuación, los siguientes despachos judiciales: 1. Tres
(3) Despachos de magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali,
cada uno conformado por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1
y (1) cargo de Abogado Asesor grado 23. 2. Un (1) despacho de magistrado en
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, conformado por Magistrado,
un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1) cargo de Abogado Asesor grado
23.
[…]
ARTÍCULO 16.- Adopción de planta para el modelo de gestión de los tribunales:
Adoptar la siguiente planta de personal para los Tribunales Superiores del país:

1. Tribunales de mayor demanda: Un (1) cargo de Magistrado, un (1) cargo de
Auxiliar Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…]

ARTÍCULO 17.- Creación de cargos en despachos de magistrado de los
Tribunales Superiores: Crear en cada uno de los despachos de magistrado de
los Tribunales Superiores que se enuncian a continuación los siguientes
cargos:

a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Ibagué, Manizales, Medellín,
Neiva, Pereira, Popayán y Villavicencio, excepto en los despachos de

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
Magistrado de la Sala de Justicia y Paz: Un (1) cargo de Abogado Asesor grado
23.
[…]»

En definitiva, la entidad demandada tiene la facultad constitucional y legal para crear
los cargos que estime necesarios para la administración de justicia, siempre y
cuando no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Sin embargo, la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es constitucional y reside
de manera concurrente en el Congreso y en el gobierno nacional. Así, el primero
expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo que el
segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con sujeción
a la anterior.

2.3.3. Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores grado 23 de los tribunales judiciales

La Sección Segunda de Esta Corporación, en la sentencia SUJ-033-CE-S2-2023
del 2 de noviembre de 202329, unificó su jurisprudencia en relación con la
remuneración que corresponde al abogado asesor de tribunales y definió la
siguiente regla:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los
cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en
el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados
de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en
desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la
remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales
Administrativos, es la fijada para el “abogado asesor” en los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

Lo anterior, luego de realizar el análisis de la competencia para definir el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Rama Judicial
y los efectos de otorgarles un grado de remuneración a los cargos para los cuales
el gobierno nacional establece expresamente una asignación salarial como
«nominados». Dicho estudio llevó a la siguiente conclusión:

«[…] la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados30 en
los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicación: 08001-

23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019)
30 «Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.»

14

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea aceptable que el Consejo
Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el
artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e
inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado
asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo.»

Asimismo, la providencia advirtió que, durante el trámite del proceso, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de
2022 a través del cual modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado
23» por la de «profesional especializado grado 23». Esta situación se valoró a la luz
del artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que
modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el
caso concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se
hace referencia en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio
de 2011; el Acuerdo PSAA15- 10402 de 2015 que incluyó en forma permanente
el mencionado empleo en la planta de cargos de los tribunales administrativos;
y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó
la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”, por la de “profesional
especializado grado 23”»

En relación con los efectos en el tiempo de la decisión allí adoptada, la sentencia
señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye
precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011,
para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda
vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos.
Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables.»

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Jhony José Carpintero Ortiz fue nombrado abogado asesor grado 23 en la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a partir del 15 de febrero
de 2016, mediante Resolución 001 de igual fecha31. El mismo día tomó posesión
del cargo32.

31 Folio 22.
32 Folio 21.

15

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:

• En el mismo sentido lo informa la constancia expedida el 3 de agosto de 2017,
por la coordinadora del Área de Talento humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali, el demandante presta sus servicios
en la Rama Judicial desde el 15 de febrero de 2016 en el cargo de abogado asesor
grado 2333.

• El 16 de agosto de 2017, Jhony José Carpintero Ortiz le solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, la inaplicación por
inconstitucional e ilegal de la expresión «grado 23» que califica al cargo de abogado
asesor, contenida en los numerales 1.° de los artículos 14 y 16 y en el literal a) del
artículo 16 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, así como el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas respecto del cargo
de abogado asesor sin grado34.

• A través de la Resolución DESAJCLR17-2493 del 18 de agosto de 2017, la
directora ejecutiva seccional de administración judicial de Cali negó la anterior
solicitud, con fundamento en lo siguiente35:

«[…] Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, ha
efectuado los pagos a el(la) peticionario(a) de conformidad con los lineamientos
fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para el caso en
concreto, acatando la escala establecida en el Decreto 194 de 2014 “Por el cual
se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los
servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan
otras disposiciones”, y sus modificatorios, esto es, los Decretos 1257 de 2015,
245 de 2016 y 1013 de 2017; decretos dictados por el Gobierno Nacional para
establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la
Rama Judicial» (sic).

• El 29 de agosto de 2017, el solicitante presentó recurso de apelación y pidió
adicionalmente, la expedición de una certificación laboral y la constancia de los
salarios percibidos desde su vinculación36. En el expediente no obra documento
alguno que dé cuenta del acto que resolviera el recurso interpuesto.

Análisis de la Sala

Jhony José Carpintero Ortiz se desempeña como abogado asesor grado 23 en el
Tribunal Superior de Cali de manera ininterrumpida desde el 15 de febrero de 2016,
y como contraprestación de sus servicios devengó el salario asignado al grado 23,

33 Folio 20.
34 Folios 9 a 12.
35 Folios 13 a 15.
36 Folios 18 y 19.

16

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
pero consideró que su asignación no se correspondía con el empleo que tiene la
misma denominación, el cual no se encuentra dentro de la escala de graduación,
por lo que demandó la nulidad de la decisión que le negó el pago de las diferencias
salariales y prestacionales. En su criterio, el CSJ modificó el régimen salarial que se
había dispuesto para ese cargo sin competencia, pues esta recae en el gobierno
nacional.

Por su parte, la entidad apelante insistió en que estaba investida de plena
autonomía para la creación de cargos, según el artículo 63 de la LEAJ. Con ello no
se excedió en el ejercicio de sus competencias, puesto que la remuneración que
correspondía al grado 23 fue regulada por el gobierno nacional. Agregó que el cargo
de «abogado asesor grado 23» no está relacionado con el de «abogado asesor»
nominado, sino que se determinó un grado específico cuya remuneración es
proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.

Sobre el particular se precisa que, según el marco jurídico expuesto, es cierto que
el Consejo Superior de la Judicatura es competente para crear cargos de
descongestión de carácter transitorio en la Rama Judicial. Tal atribución comprende
la determinación de las funciones y los requisitos para el desempeño de los
empleos. Para el efecto, también debe observar que no puede fijar obligaciones a
cargo del tesoro público que excedan el monto global determinado para el
respectivo servicio, en la ley de apropiaciones iniciales.

Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas, tanto el
Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que tenga a
su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza, debe abstenerse de invadir el
ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se deriva de los
artículos 6, 113.3, 121 y 122 de la Carta Política37. De ahí que, no es admisible que
expida actos administrativos que regulen materias que no le han sido asignadas.

En ese contexto, el análisis del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015,
por medio del cual se le asignó el «grado 23» al cargo de abogado asesor del Tribunal
Superior de Distrito Judicial conlleva a que las personas que desempeñaron dicho
empleo reciban la remuneración correspondiente al grado 23 y no a la del abogado
asesor. Según se verifica en los decretos anuales del gobierno nacional, esta última
es mayor a la que corresponde al mencionado grado. Es así por cuanto el Decreto

37 «Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Artículo 113. […] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines».

17

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
1039 de 2011, en el numeral 2 del artículo 4 fijó una remuneración de $5.140.170 al
abogado asesor, mientras que en el artículo 6 señaló la suma de $3.845.934 para
el grado 23. Como se expuso, el reajuste anual del gobierno nacional para el 2016,
año en que ingresó la demandante al servicio de la Rama Judicial era de
$6.482.146, superior a la asignada al grado 23 del citado artículo 6, esto es
$4.850.010.

Adicionalmente, es preciso destacar que en el Decreto 1039 de 2011, las escalas
de remuneración que se determinan para los cargos con grados salariales en el
artículo 6 se definen a partir de la condición de que su denominación no sea una de
las que están expresamente señaladas en el mismo decreto, así se desprende de
la expresión «cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores».
En este caso, la denominación del cargo de «abogado asesor» corresponde a una
de las señaladas en el artículo 4 de la misma norma. Tal situación se predica
asimismo de las anualidades subsiguientes según los decretos 874 de 2012, 1024
de 2013 y 194 de 2014 y los que, en adelante, se limitaron a ajustar las
remuneraciones así previstas según los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021, entre otros.

Esta afectación salarial también tiene impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al ser el referente para su
liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» lleva implícita la afectación al
régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia cuya regulación
tampoco le corresponde a la corporación demandada.

En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 del Decreto 194 de 2014. Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de
sus competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el
gobierno nacional para el cargo de abogado asesor, en perjuicio de los servidores
que desempeñaron tales empleos, entre ellos el de la aquí demandante, tal y como
se constata en el siguiente resumen:

Decretos anuales Salario fijado por el Salario fijado por el Diferencia entre las
del Gobierno artículo 4 para el cargo artículo 6 para los cargos remuneraciones
Nacional de abogado asesor de sin denominación grado 23 mensuales
Tribunal
D. 194 de 2014 5.746.978 4.299.956 1.447.022
D. 1257 de 2015 6.014.797 4.500.333 1.514.464
D. 245 de 2016 6.482.146 4.850.010 1.632.138
D. 1013 de 2017 6.919.690 5.177.383 1.742.307
D. 337 de 2018 7.271.902 5.440.912 1.830.990
D. 991 de 2019 7.599.137 5.685.753 1.913.384
D. 299 de 2020 7.988.213 5.976.863 2.011.350

18

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:

En suma, la expresión «grado 23» que modifica la denominación del cargo de
«abogado asesor» fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993,
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 2015, conlleva una modificación del
régimen salarial y prestacional dispuesto por el gobierno para tal empleo, que afecta
negativamente a quienes lo desempeñan.

De otra parte, la apelante afirma que el cargo de «abogado asesor grado 23» no está
relacionado con el de «abogado asesor» nominado y que la remuneración del primero
es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo. En relación con
este argumento, es necesario poner de presente que es incuestionable que las
denominaciones de ambos cargos son idénticas, por lo tanto, la comprobación del
argumento de la recurrente exige la valoración de las pruebas que así lo
demuestren, tal y como lo advierte el agente del ministerio público en su
intervención.

En particular, ello es viable a partir del estudio del manual específico de funciones
y de competencias laborales que dé cuenta de las diferencias entre ambos empleos,
el cual no se aportó al proceso. A ello se agrega que la entidad demandada tampoco
cumplió con la carga que le impone el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA, en
cuanto dispone que durante el término para contestar la demanda «deberá allegar el
expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del
proceso y que se encuentren en su poder».

En esa medida, no es posible establecer que el cargo de «abogado asesor grado 23»
creado por el Consejo Superior de la Judicatura difiera de aquel estipulado en el
Decreto 57 de 1993 y en el 1039 de 2011 y sucesivos, como abogado asesor
(nominado) porque dada la complejidad funcional y responsabilidades asignadas al
cargo de abogado asesor, las funciones desarrolladas por la parte demandante
como abogado asesor grado 23 en realidad fueran distintas de las que le
correspondían a aquel.

En este punto, se advierte que la Resolución DESAJCLR-17-2493 del 18 de agosto
de 2017 expuso:

«[…] Que de lo anteriormente expresado, se extracta lo siguiente:
1. Que el Consejo Superior de la Judicatura, adoptó y creo para los Tribunales el
cargo de ABOGADO ASESOR 23 y no ABOGADO ASESOR.
2. Que el Decreto 194 de 2014, estableció la escala remuneración salarial de los
servidores públicos de la Rama Judicial, señalando para el cargo de ABOGADO
ASESOR el salario correspondiente a $5.746.978.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
3. Que acorde con el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, la remuneración del
ABOGADO ASESOR GRADO 23, es la de $4.299.956, para el 2014
[…]» (sic) (se resalta)

Lo anterior lo reiteró en el escrito por el cual contestó la demanda38. Según esta
aseveración no se crearon los cargos de «abogado asesor» sin grado en los
despachos a los que se les asignó el de «abogado asesor grado 23». Esta afirmación
aunada a la ausencia del manual específico de funciones y de competencias
laborales que acredite la diferencia de perfiles y responsabilidades de ambos cargos
impiden que se adelante el estudio de las diferencias entre uno y otro cargo. No
obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de abogado asesor grado 23 y demás elementos de
juicio antes descritos, lleva a deducir lo siguiente:

• La remuneración del abogado asesor (nominado) se ha regulado anualmente, a
partir del Decreto 57 de 1993.

• Por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo
Superior de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de
los cuales se nombró a Jhony José Carpintero Ortiz.

• En los despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores no
se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de «abogado asesor grado 23».

En consecuencia, el cargo grado 23 que desempeñó el demandante corresponde al
de «abogado asesor nominado» por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de aquel, durante el tiempo que lo ha desempeñado.

En este sentido, resulta infundada la excepción de « inexistencia de la pruaba» (sic)
que alega la demandada en el recurso de apelación, pues si no ha creado el cargo
de abogado asesor, se puede deducir que sus funciones, requisitos, perfil y
responsabilidades tampoco están descritas en un manual específico de funciones y
de competencias laborales. En consecuencia, no resulta razonable imponer esa
carga a la parte demandante.

Por último, en lo relativo a la excepción de «ausencia de causa petendi», fundada en
que los efectos de las sentencias de nulidad son ex nunc «restableciendo el derecho
hacia futuro, pues no es posible producir efectos retroactivos ya que no es de carácter
particular y así dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes que regulan la materia
objeto de controversia», la Sala advierte que el argumento expuesto carece de
sustento normativo.

38 Folio 46 vto.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:

Contrario a ello, de tiempo atrás la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional39
como de esta corporación ha reiterado que los efectos de la sentencia de nulidad
de los actos administrativos son ex tunc, es decir que se dan desde el nacimiento
mismo del acto. Ello resulta coherente con el hecho de que el estudio de legalidad
que se realiza recae sobre los presuntos vicios en los elementos de la esencia del
acto administrativo y no solamente respecto de sus efectos. De ahí que, el
restablecimiento del derecho busca retrotraer los la situación jurídica al estado
anterior al que se encontraba antes de su expedición, como si no hubiera existido,
es decir son restitutorios40.

Así las cosas, los argumentos expuestos por la entidad demandada no tienen
vocación de prosperidad ni sirven de sustento para modificar lo resuelto en la
sentencia de primera instancia.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

39 Ver: Corte Constitucional, sentencia T-121 de 2016.
40 En este sentido, se pueden consultar, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Primera,

sentencia del 18 de septiembre de 2014, radicación: 52001-23-31-000-2005-01421-01; Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017, radicación: 11001032500020130108700
(2512-2013); Sala Novena Especial de Decisión sentencia del 13 de agosto de 2021, radicación:
66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.41

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará el numeral sexto de la sentencia de primera
instancia y se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada .

3. Conclusión

El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de «abogado asesor»,
pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional para este último cargo. Lo anterior por
cuanto la remuneración del cargo denominado «abogado asesor» de los tribunales
judiciales se encuentra dentro del listado de los cargos nominados en los decretos
expedidos por el presidente de la República en ejercicio de las competencias
señaladas en la Ley 4 de 1992. En consecuencia, su labor debe remunerarse de
acuerdo con el artículo 4 de los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016,
1013 de 2017 y los subsiguientes que regulen las asignaciones para tal
denominación.

En esas condiciones, se revocará el numeral sexto de la sentencia recurrida del 25
de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
condenó en costas a la parte demandada y se confirmará en cuanto inaplicó la
expresión «grado 23» asignada al cargo «abogado asesor» contenida en el Acuerdo
PSAA15-10402 de 2015 que adoptó el mencionado empleo de forma permanente
en las plantas de cargos de la entidad, decretó la nulidad de los actos demandados
y ordenó a la demandada pagar a Jhony José Carpintero Ortiz las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado asesor grado 23» y
el de abogado asesor sin grado, establecido por los decretos anuales del gobierno
nacional.

41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).

22

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00429-01 (3986-2021)
Demandante: Jhony José Carpintero Ortiz

Demandante:
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Revocar el numeral sexto de la sentencia la sentencia proferida el 25 de
febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto
condenó en costas a la parte demandada.

Segundo. – Confirmar la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Jhony José Carpintero Ortiz contra la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali.

Tercero. - Sin condena en costas.

Cuarto. – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

23

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