Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00472-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00472-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00472-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 20232 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Saida Beatriz de Luque Figueroa presentó demanda3 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
1 En adelante DEAJ.
2 Con radicado 76001-23-33-006-2018-00472-00
3 La demanda fue presentada el 2 de mayo de 2018. Folios 1 al 8.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en
orden a que se declarara la nulidad i) de la Resolución DESAJCLR 17-2189 del 19
de julio de 2017, emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali (Valle del Cauca)5, mediante la cual le negó el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios como un 30% adicional al salario básico
mensual, y las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la disminución
de la base salarial; y ii) el acto ficto o presunto configurado por la falta de
pronunciamiento de la entidad frente al recurso de apelación interpuesto contra la
referida resolución.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un adicional al salario básico mensual en los
siguientes periodos: del 1 de julio de 2012 al 18 de diciembre de 2012; del 1 de
agosto de 2013 al 16 de febrero de 2014; del 17 de febrero de 2014 al 30 de abril
de 2015; del 6 de mayo de 2015 al 6 de diciembre de 2015; y del 7 de diciembre de
2015 «a la fecha» por el desempeño en el empleo de juez de familia; ii) la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales con base en el 100% del salario
básico mensual; iii) el pago de las diferencias salariales ocasionadas por la
disminución del salario derivado de la indebida aplicación de la prima especial de
servicios; iv) la indexación de las sumas adeudadas; v) el pago de los intereses
moratorios; vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los
artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y vii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:
3.1. Saida Beatriz de Luque Figueroa se desempeñó como juez del circuito en los
siguientes periodos: del 1 de julio de 2012 al 18 de diciembre de 2012; del 1 de
agosto de 2013 al 16 de febrero de 2014; del 17 de febrero de 2014 al 30 de abril
de 2015; del 6 de mayo de 2015 al 6 de diciembre de 2015; y del 7 de diciembre de
2015 «a la fecha».
3.2. El 18 de julio de 2017 solicitó a la DESAJ de Cali el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un
emolumento adicional al salario básico mensual, y las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la disminución de la base salarial, desde el 1 de julio
de 2012 «hasta la fecha».
4 En adelante CPACA.
5 En adelante DESAJ de Cali.
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
3.3. Mediante la Resolución DESAJCLR 17-2189 del 19 de julio de 2017, la DESAJ
de Cali negó la petición anterior.
3.4. La decisión fue objeto de recurso de apelación sin pronunciamiento de la entidad
a la fecha de presentación de la demanda.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, señaló los artículos 2, 13, 25, 53, 123 y 209 de la Constitución Política;
2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152 de la Ley 270 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que de conformidad con la sentencia
del 29 de abril de 20146, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 corresponde a un 30% adicional al salario básico mensual, sin
embargo, los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional
disminuyeron el salario al considerarla como parte de este y no como un valor
adicional, motivo por el cual dichas disposiciones fueron anuladas por el Consejo
de Estado. En ese sentido, los actos demandados fueron expedidos con infracción
de las normas y falsa motivación porque la entidad realizó una interpretación
errónea de los decretos referidos y desconoció la jurisprudencia del Consejo de
Estado al negar el reconocimiento y pago de dicho emolumento en los términos
definidos por dicha corporación.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ contestó la demanda con fundamento en lo siguiente7:
6.1. Los actos demandados fueron expedidos conforme con las normas vigentes y el
régimen salarial aplicable, pues se limitó a aplicar los decretos salariales expedidos
anualmente por el gobierno nacional según los cuales el 30% del salario básico
mensual debía considerarse como prima especial sin carácter salarial; y si bien el
Consejo de Estado había declarado la nulidad parcial de algunos de dichos decretos
al considerar que la prima especial debía reconocerse como un valor adicional al
salario y no como una suma descontada de este, tales decisiones producían efectos
hacia el futuro (ex nunc), de manera que no era procedente ordenar reliquidaciones
retroactivas ni reconocer diferencias salariales y prestacionales anteriores a la
ejecutoria de las sentencias anulatorias.
6 Con radicado 11001032500020070008700.
7
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta «6ED_76001233300620180047(.zip) NroActua 2»,
documento 13.
3
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
6.2. Aunque la sentencia «SUJ-016-CE-S2-2019» y el Decreto 272 de 2021 habían
reconocido la prima especial de servicios del 30% como un valor adicional a la
asignación básica mensual, solo efectuó pagos en nómina a partir de abril de 2021
porque resultaba inviable asumir obligaciones con anterioridad al 1 de enero de
2021, debido a la ausencia de apropiación presupuestal por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, pues no podía contraer obligaciones sin disponibilidad
presupuestal, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
6.3. Procedían las siguientes excepciones:
i) Inexistencia de causa para demandar porque expidió los actos demandados
conforme con la normatividad vigente;
ii) Prescripción del periodo reclamado en virtud de los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Sustantivo del
Trabajo porque una vez causado el derecho, existía un plazo de 3 años para
reclamarlo; y
iii) Innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió la sentencia del 15 de
noviembre de 20238, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en las SENTENCIA DE UNIFICACIÓN del 2 de
septiembre de 2019 proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces del Consejo
de Estado, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR probada la prescripción trienal de los derechos pretendidos
por la demandante, causados con anterioridad al 18 de julio de 2014.
TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS, las demás excepciones propuestas por la
parte demandada
CUARTO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR 17-2189 de julio 19
2017, expedida por la– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI, conforme los motivos expuestos en esta providencia.
QUINTO: DECLARAR la nulidad del acto ficto presunto, por la no respuesta al recurso
de apelación, por parte de la – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
8 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta «6ED_76001233300620180047(.zip) NroActua 2»,
documento 26.
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
ADMINISTRACIÓN JUDICIA.
SEXTO: CONDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, a reliquidar y pagar a la demandante, SAIDA
BEATRIZ DE LUQUE FIGUEROA, las prestaciones sociales, con inclusión para dicho
reajuste y pago del 30% de la prima especial mensual que prevé el art. 14 de la Ley 4
de 1992, a partir del 18 de julio de 2014, hasta que se desempeñe como Juez de la
República.
SÉPTIMO: REALIZAR los descuentos de ley para la seguridad social de la parte
demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.
[…]
DÉCIMO: Sin condena en costas a la demandada.
DÉCIMO PRIMERO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
[…] (sic)».
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
8.1. De conformidad con la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019 9 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la demandante tenía derecho a la prima
especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como
un valor adicional al salario básico mensual que constituía factor salarial únicamente
para efectos pensionales, por el desempeño del cargo de juez de la República
«desde el 18 de julio de 2014 hasta la fecha que ejerza». En consecuencia, «le asist[ía]
el derecho al reconocimiento y pago de su asignación básica mensual en un 100%, esto es
incluyendo el 30% de éste que fue considerado como prima especial […] y […] sobre la
totalidad de estos valores deben asignarse todos los efectos e incidencias salariales que
correspond[ieran]».
1.4. El recurso de apelación
9. La DESAJ de Cali (Valle del Cauca) presentó recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia en los siguientes términos10:
9.1. De conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 2
de septiembre del 201911, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 constituía un emolumento adicional al salario básico mensual con
factor salarial únicamente para efectos de calcular el ingreso de cotización al
9 11001-03-25-000-2007-00087-00.
10 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta «6ED_76001233300620180047(.zip) NroActua 2»,
documento 29.
11
«SUJ 016- CE-S2-2019».
5
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Sistema de Seguridad Social en pensiones, no obstante, pagó la prima especial de
servicios conforme con lo previsto en los decretos salariales anuales según los
cuales, esta corresponde al 30% de la remuneración mensual.
9.2. En virtud de lo dispuesto en la referida sentencia y el Decreto 272 de 2021 [con
efectos fiscales desde el 1° de enero de 2021], la DEAJ había reconocido a los
funcionarios judiciales la reliquidación de sus prestaciones sociales y salariales con
base en el 100% del salario básico mensual; y la prima especial de servicios del
30% sin carácter salarial como un factor adicional a dicho salario. Sin embargo, se
encontraba en una imposibilidad de asumir obligaciones causadas antes del 1° de
enero de 2021, según lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y ante
la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a
12 Al respecto, ver auto a índice 20 de Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
establecer ¿si la prima especial de servicios constituye un emolumento adicional al
salario básico mensual y si tiene carácter salarial únicamente para efectos
pensionales?; y ¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DEAJ pueden
condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la
condena?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].
17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».
19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200715, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar16».
15 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
16 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201917, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»
23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201918.
24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201419 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
19 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
20
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 201921, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
20 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
11
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior22 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0523 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. Saida Beatriz de Luque Figueroa se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de
febrero de 2008 y se desempeñó como juez del circuito en los siguientes periodos24:
Cargo Desde Hasta
Juez 5 de familia del circuito de Cali 1 de julio de 2012 18 de diciembre de 2012
Juez 9 de familia del circuito de Cali 1 de agosto de 2013 16 de febrero de 2014
Juez 7 de familia descongestión de Cali 17 de febrero de 2014 30 de abril de 2015
22 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
23 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
24 De conformidad con las certificaciones emitidas por la DESAJ de Cali y de Bucaramanga del 18
y 26 de mayo de 2017, respectivamente. Folios 21, 31 y 32.
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Juez 10 civil del circuito de Bucaramanga 6 de mayo de 2015 «1 de enero de 201625»
Juez 14 de familia del circuito de Cali 7 de diciembre de 2015 «a la fecha»
33.2. El 18 de julio de 201726 solicitó a la DESAJ de Cali el i) reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario básico
mensual; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario;
y iii) el pago de las diferencias salariales y prestaciones sobre el 100% del salario
básico por haberle liquidado solo sobre el 70% de la asignación básica mensual,
desde el 1 de julio de 2012 «hasta la fecha».
33.3. La DESAJ de Cali emitió la Resolución DESAJCLR 17-2189 del 19 de julio de
201727, con la que negó la petición con fundamento en que i) la sentencia del 22 de
julio de 201428 que anuló los decretos expedidos desde el año 1993 hasta el 2007
no creó efectos particulares; y ii) aplicó las normas vigentes sin facultad de
interpretación.
33.4. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación 29.
33.5. A través de las constancias de devengados y descuentos30, emitidas por la
DEAJ se relacionó la asignación básica mensual devengada por la demandante, así
como el valor correspondiente a la prima especial de servicios y otros conceptos
para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de mayo de 2017. A
continuación, se registrarán los valores efectivamente pagados por la entidad por
los conceptos de salario básico y prima especial de servicios; y el valor
correspondiente al salario decretado para cada vigencia:
Prima especial Salario
Vigencia Salario básico Decreto
de servicios decretado
201231 $ 4.906.016 $ 1.471.805 874 $ 5.722.936
2013 $ 4.553.696 $ 1.366.109 1024 $ 5.919.805
2014 $ 4.687.575 $ 1.406.273 194 $ 6.093.848
2015 $ 4.906.016 $ 1.471.805 125732 $ 6.377.821
25 Fecha que se superpone con la del 7 de diciembre de 2015 en el desempeño del empleo de juez
14 de familia.
26 Folios 10 a 12.
27 Folios 13 a 16.
28 De radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
29 Del 7 de junio y 2 de agosto de 2017. Folios 17 a 20, y 41 a 46.
30 El 30 de junio de 2017. Folios 25 a 31 y
31 Desde el 1 de julio hasta el 18 de diciembre.
32 El artículo 1 del referido decreto dispuso que, a partir del 1 de enero de 2015, las escalas salariales
y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la rama judicial, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo serían reajustadas en un 4,66 %,
conforme con los decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014.
13
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Prima especial Salario
Vigencia Salario básico Decreto
de servicios decretado
2016 $ 5.287.213 $ 1.586.164 24533 $ 6.873.378
201734 $ 5.287.213 $ 1.586.164 101335 $ 7.337.331
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
34. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos mediante los
cuales se negó el reconocimiento de derechos salariales y prestacionales a la parte
actora. En consecuencia, condenó a la entidad a reliquidar y pagar las prestaciones
sociales con inclusión del 30% por concepto de prima especial de servicios desde
el 18 de julio de 2014 hasta que ejerciera el empleo de juez de la República y a
realizar los descuentos correspondientes a la seguridad social sobre las diferencias
salariales no cotizadas.
35. La DEAJ cuestionó la anterior decisión con fundamento en que i) la prima
especial constituía factor salarial únicamente para calcular el ingreso de cotización
al Sistema de Seguridad Social en pensiones; y de conformidad con los decretos
salariales vigentes expedidos por el gobierno nacional dicho emolumento hacía
parte de la remuneración, normativa que aplicó estrictamente; y ii) no contaba con
la disponibilidad presupuestal para asumir el pago de los emolumentos reclamados.
36. Ahora bien, en el proceso se demostró que Saida Beatriz de Luque Figueroa se
vinculó a la rama judicial desde el 1 de febrero de 2008 y que el cargo de juez del
circuito lo desempeñó en los siguientes periodos: i) del 1 de julio de 2012 al 18 de
diciembre de 2012; ii) del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2015; y iii) desde el
6 de mayo de 2015, con estado activo al momento de la expedición de la
certificación laboral del 26 de mayo de 2017.
37. A partir de lo anterior, el a quo concluyó que, debido a que la demandante ejerció
como juez de la República tenía derecho a percibir la prima especial de servicio
como un valor adicional al salario básico mensual desde el 18 de julio de 2014 hasta
la fecha en la que desempeñara dicho empleo ante la prescripción de los periodos
33 El artículo 1 del referido decreto dispuso que, a partir del 1 de enero de 2016, las escalas salariales
y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo serían reajustadas en un 7,77 %,
conforme a los decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014.
34 Hasta el 31 de mayo de 2017.
35 El artículo 1 del referido decreto dispuso que, a partir del 1 de enero de 2017, las escalas salariales
y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo serían reajustadas en un 6,75 %,
conforme a los decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modificados por los decretos 1257 de 2015
y 245 de 2016.
14
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
causados con anterioridad a esa data.
2.3.2.1. En torno a la prima especial de servicio del 30% prevista en la Ley 4ª
de 1992
38. Tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, la prima especial de
servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un
emolumento adicional al salario básico mensual, que solo tiene carácter salarial
para efectos pensionales. Así lo definió expresamente la Ley 332 de 1996 al
disponer que esta prestación solo integra el ingreso base de liquidación para la
pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en otras prestaciones
sociales.
39. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 201936 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente puede
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.
37
40. Esta tesis resultó acorde con lo definido por la Corte Constitucional al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto la corte precisó que «[e]l considerar
que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al
trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
41. Ahora bien, la tesis de la DEAJ según la cual, le liquidó a la demandante de forma
correcta el salario básico mensual (el 70% como salario y el 30% como prima
especial de servicios), desconoce la interpretación que corresponde del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, conforme con la cual dicha prima constituye un valor adicional
al 100% del salario básico mensual y no una reducción o fraccionamiento. Así,
aunque aplicó los decretos salariales vigentes en cada periodo, en todo caso no
efectuó el reconocimiento en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia,
razón por la cual este argumento no resulta suficiente para negar el emolumento
reclamado.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
37
Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.
15
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
42. Se observa que el tribunal condenó a la entidad a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales de la demandante con base en el 30% que la DEAJ había
reconocido y pagado como prima especial de servicios desde el 18 de julio de 2014.
Así, la decisión de primera instancia, en cuanto a los efectos salariales de dicha
prestación, se fundamentó en la tesis jurisprudencial decantada por esta Sección.
En consecuencia, si bien le asiste razón a la entidad demandada al sostener que la
prima especial de servicios constituye factor salarial únicamente para efectos de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en pensiones, lo cierto es que esa fue
precisamente la línea interpretativa acogida por el a quo al proferir la condena.
43. No obstante, la Sala advierte que, en lo concerniente a los extremos temporales
de la condena, el tribunal ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales por
todo el periodo reclamado, sin considerar que la demandante no ejerció de manera
ininterrumpida el cargo de juez. Por tal razón, resulta necesario modificar dichos
extremos temporales, de manera que la reliquidación y el pago correspondientes
proceden únicamente respecto de los siguientes periodos: i) del 1 de julio de 2012
al 18 de diciembre de 2012; ii) del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2015; y iii)
desde el 6 de mayo de 2015 hasta que ejerza el cargo de juez.
44. Adicionalmente, aunque se evidencia que la condena impuesta recayó
únicamente sobre la reliquidación y pago de las prestaciones sociales, la Sala no
adicionará la sentencia respecto de las demás pretensiones relacionadas con el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un valor adicional al
salario básico mensual, ni frente al pago de diferencias salariales. Lo anterior, por
cuanto la parte demandante guardó silencio sobre dichos aspectos, pues no
presentó recurso de apelación. En consecuencia, habida cuenta de que únicamente
la entidad demandada impugnó la decisión de primera instancia, una modificación
en ese sentido implicaría agravar la situación del apelante único, en contravía del
principio de la non reformatio in pejus38.
2.3.2.2. En torno a la imposibilidad presupuestal para el pago de las sumas
reclamadas
38 Al respecto, ver sentencia SU-327 de 1995. «De acuerdo con el principio de la no “reformatio in
pejus”, cuando el recurso de apelación sea interpuesto exclusivamente por el procesado o su
defensor, el juez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del procesado, agravando la
pena impuesta por el juez de primera instancia. Es una manifestación del principio de congruencia,
según el cual, las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos,
constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum
appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe
mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que
padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso».
16
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
45. En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede
invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los
derechos fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional39, esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento
de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas,
de tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho
reclamado; por lo tanto, le corresponde a la administración reconocer y pagar los
derechos causados a pesar de las dificultades financieras que se pudieran
presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal, si no existiere, o […]
reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional».
46. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por
lo tanto, se confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el restablecimiento del derecho, pero con las modificaciones
anunciadas.
2.3.2.3. En torno al fenómeno de la prescripción
47. De conformidad con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir
de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» lo que impone
considerar de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento reclamado; y
del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas en las que se prestó
el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de un derecho.
48. Esto es así, porque la inclusión del 30 % de la prima especial de servicios como
factor salarial no se hizo exigible a partir de la sentencia de « unificación» proferida
por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, sino por virtud de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el
salario.
49. En este caso, Saida Beatriz de Luque Figueroa presentó la reclamación el 18 de
julio de 2017; por lo tanto, los periodos reclamados con anterioridad al 18 de junio
de 2014 están afectados por el fenómeno de la prescripción; tal como lo determinó
39 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
el a quo.
50. Sin embargo, debido a la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
condenará a la entidad a pagar los aportes al Sistema General de Pensiones;
tomando como base el 100 % de la remuneración básica mensual más el 30 % de
la prima especial del 1 de julio de 2012 al 18 de diciembre de 2012; del 1 de agosto
de 2013 al 30 de abril de 2015; y desde el 6 de mayo de 2015 hasta que desempeñe
el empleo de juez de la República siempre que, no se hayan realizado las
respectivas cotizaciones.
51. En todo caso, la entidad deberá verificar si a la demandante se le reconoció y
pagó la prima especial de servicios en los términos previstos en el Decreto 272 de
2021, disposición que establece que dicha prima es adicional a la asignación básica
y constituye factor salarial únicamente para efectos del ingreso base de cotización
al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, conforme con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
52. Para efectos de lo anterior, se advierte que el cumplimiento de la presente
sentencia queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora
reconocidos.
53. Enese sentido se modificará y adicionará la sentencia proferida el 15 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.4. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y, en consecuencia, revocará las impuestas en primera instancia, al no
advertirse que se hubiese hecho el análisis necesario para su imposición.
3. Conclusión
59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) la prima especial de
servicios es un emolumento adicional al salario básico mensual, considerado factor
salarial solo para aportes a pensión, por lo que la aplicación de los decretos que la
incluyen como parte del salario no justifican negar el emolumento reclamado; ii) la
imposibilidad económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye
justificación válida para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales;
iii) la reliquidación de las prestaciones sociales únicamente procede desde el 18 de
julio de 2014 al 30 de abril de 2015; y desde el 6 de mayo de 2015 hasta que la
demandante ejerza el empleo de juez de la República; y iv) debido al carácter
imprescriptible del derecho a la seguridad social, procede ordenar el pago de los
aportes al Sistema General de Pensiones sobre el 100 % de la remuneración básica
mensual más el 30 % de la prima especial de servicios, siempre que no se hubieren
efectuado las respectivas cotizaciones, del 1 de julio de 2012 al 18 de diciembre de
2012; del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2015; y del 6 de mayo de 2015 hasta
que se desempeñe en el cargo del juez de la República. Para el efecto, la entidad
deberá verificar si la prima especial de servicios ya fue reconocida y pagada
conforme con el Decreto 272 de 2021; en todo caso, la condena procederá
únicamente respecto de valores no pagados previamente a la demandante.
40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
60. En consecuencia, la Sala modificará y adicionará el ordinal 6 de la sentencia
proferida el 15 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar y adicionar el ordinal 6 de la sentencia proferida el 15 de
noviembre de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la cual condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reliquidar las prestaciones sociales de Saida Beatriz de Luque Figueroa
con base en el 30% reconocido y pagado como prima especial de servicios desde
el 18 de julio de 2014, el cual quedará así:
Sexto. Condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a
i) Reliquidar y pagar a Saida Beatriz de Luque Figueroa las prestaciones
sociales sobre el 30 % reconocido y pagado por concepto de prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 respecto de los siguientes
periodos: i) del 18 de julio de 2014 al 30 de abril de 2015; y ii) del 6 de mayo de
2015 y mientras desempeñe el empleo de juez de la República; y
ii) Efectuar los aportes al Sistema General de Pensiones tomando como base el
100 % de la remuneración básica mensual más el 30 % de la prima especial de
servicios del 1 de julio de 2012 al 18 de diciembre de 2012; del 1 de agosto de
2013 al 30 de abril de 2015; y del 6 de mayo de 2015 y mientras desempeñe el
empleo de juez de la República, siempre que no se hayan realizado las
respectivas cotizaciones.
Para efectos de lo anterior, la entidad deberá verificar si a la demandante le fue
reconocida y pagada la prima especial de servicios en los términos previstos en el
Decreto 272 de 2021. En todo caso, el cumplimiento de la presente sentencia queda
supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado previamente pagos a favor
de la parte actora por los mismos conceptos aquí reconocidos.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Confirmar en lo demás la de la sentencia proferida el 15 de noviembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
20
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00472-02 (1151-2024)
Demandante: Saida Beatriz de Luque Figueroa
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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