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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00727-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00727-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria por las razones expuestas. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 20 Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025) Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SSPS 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00727-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Liliana Restrepo Betancourt presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones DESACLJR15-3237 del 24
de diciembre de 2015 y 0079 de 15 de enero de 2018, mediante las cuales se negó
y confirmó respectivamente, la petición de reconocimiento y pago de todas las

1 En adelante DEAJ.
2 Samai tribunales. Índice 18. 5_760012333007201800727001EXPEDIENTEDIGI20221130094053.

Páginas 95 a 127.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

prestaciones sociales sobre el 100% del salario mensual, con la inclusión de la
prima especial de servicios como factor salarial.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la inclusión de la prima especial
de servicios como factor salarial y/o salario; ii) la reliquidación y pago de todas las
prestaciones y bonificaciones a las que haya lugar; iii) el pago de la sanción
moratoria en el pago de las cesantías; iv) el pago actualizado de la condena; y v) la
condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. María Liliana Restrepo Betancourt se desempeñó como juez civil municipal de:
i) Florencia. desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 12 de febrero de 2006; ii) Montería,
desde el 13 de febrero de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008; iii) Buga, desde el 1
de abril de 2008 hasta la fecha «de presentación de la demanda».

3.2. El 7 de noviembre de 2015 presentó una petición ante la DESAJ en la que solicitó
la reliquidación y pago, retroactivo indexado, de todas las prestaciones sociales,
primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, intereses de las cesantías, con base
en el 100% del salario mensual, con la inclusión de la prima especial como factor
salarial.

3.3. Mediante la Resolución DESACLJR15-3237 del 24 de diciembre de 2015, la
DESAJ de Cali negó la petición. Decisión que fue confirmada con la Resolución
0079 del 15 de enero de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, señaló los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150.19 literal
e), 228, 277.1 y 227.7 de la Constitución Política; 280.1 del Acto Legislativo 03 de
2002; Ley 22 de 1967; 1, 2, 10 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley 270 de
1996; 12 del Decreto 717 de 1978; el Decreto 610 de 1998; y los Convenios 95, 100
y 111 de la OIT.

5. En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente:

6. Laentidad demandada negó la petición con planteamientos parciales que
desconocieron y vulneraron su situación jurídica y laboral, pues se desempeñó
como juez desde el 1 de mayo de 1997 hasta «la fecha».

2

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

7. Se liquidaron sus prestaciones sociales con exclusión de la prima especial como
factor salarial, lo cual vulneró su derecho a recibir en forma íntegra, completa y
oportuna las acreencias laborales y prestaciones, sin el 30% de la prima especial.

8. El Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero de 2002, radicado 11001-
03-25-000-1999-0031-00 (197-99) definió que la prima especial de servicios tenía
carácter salarial y en consecuencia declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38
de 1999 respecto de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en igual
forma que se debió aplicar en relación con la Rama Judicial, de lo contrario se
vulneraría el artículo 13 de la Constitución Política.

9. La entidad fundó su respuesta en la aparente legalidad de los decretos anuales
expedidos desde el año 1993 hasta el 2013, no obstante, los actos demandados no
podían desmejorar o disminuir derechos salariales y prestacionales de los
servidores públicos.

10. El Consejo de Estado se pronunció sobre la ilegalidad de los decretos salariales
expedidos entre los años 1993 y 2003 para los funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación y estimó que el 30% de la prima sí era de carácter salarial, bajo los
argumentos expuestos en la sentencia del 14 de febrero de 2002, en atención a lo
anterior, se debía aplicar ese derecho a los magistrados de tribunales, conforme
con los principios de igualdad, equidad, y justicia y en consecuencia se debió pagar
el 30% que no se había reconocido ni pagado desde la fecha de posesión en el
cargo hasta la fecha que permaneció en el mismo y de las prestaciones sociales.

11. La DEAJ liquidó las prestaciones sociales con la exclusión de la prima especial
como factor salarial, situación que vulneró sus derechos laborales y prestacionales
y en consecuencia debió reliquidarlas y pagarlas de forma retroactiva, indexada y
con los intereses moratorios, con base en el 100% del salario y la inclusión de la
prima especial como factor salarial, así como también debía pagar la sanción por
mora en el pago de las cesantías del parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

12. El Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014, expediente 11001-
03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) declaró la nulidad de los decretos salariales
desde el año 1993 hasta el 2007, argumentó que el gobierno nacional hizo una
interpretación errónea y aplicó indebidamente la Ley 4ª de 1992, lo que causó una
disminución de las prestaciones sociales y en consecuencia no se dio cumplimiento
al artículo 14 de la mencionada norma.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

1.2. Contestación de la demanda

13. La DESAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:

14. Con ocasión del Decreto 272 de 2021, «[p]or el cual se establece la prima especial
de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992», y que tuvo efectos fiscales a partir del
1º de enero de 2021, se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial
del 30%, como valor adicional a la asignación básica, sin embargo, previo a esa
fecha, no se contaba con la apropiación presupuestal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para el reconocimiento de las acreencias laborales y, en
cumplimiento del artículo 71 del Decreto 111 de 19965, la entidad no podía asumir
obligaciones sin respaldo presupuestal.

15. En la sentencia SUJ-016-CE-S2 2019 se señaló que «los jueces de la República
tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas por concepto de
reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el 100% del salario básico
mensual; y el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico por concepto de
prima especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial».

16. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992 mediante la cual se autorizó
al gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, entre estos los de la Rama Judicial. En ese entendido la potestad para fijar
la remuneración salarial y prestacional de los servidores públicos radicaba única y
exclusivamente en el gobierno.

4 Samai tribunals. ïndice 22. 8_760012333007201800727002CONTESTACIONDE
20230125164121. CONTESTACION - DESAJ - MARIA L RESTREPO B - 2018-727.
5 ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales

deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En
consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en
exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para
comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito
autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el
presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito
esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección
general del presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art.
49).

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

17. Las sentencias del Consejo de Estado que declararon la nulidad de los decretos
salariales desde el año 1993 hasta el 2007 produjeron efectos hacia futuro desde
su ejecutoria.

18. La DESAJ de Cali liquidó las prestaciones sociales de conformidad con la Ley 4
de 1992 y las normas que regularon el reconocimiento de las acreencias laborales
en cada año.

19. Propuso las excepciones de: i) inexistencia de causa para demandar; y ii)
prescripción.

1.3. La sentencia apelada

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria en sentencia del
29 de mayo de 20256, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin
condena en costas. En tal sentido ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional para el caso en concreto los artículos 8 del
Decreto 1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014 y todos aquellos que le reproduzcan o
modifiquen y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución Política, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sumarse a lo resuelto en la sentencia del 10 de septiembre de 2024, de la
sección segunda del Consejo de Estado. Sala de Conjueces. Conjuez Ponente Dr. José
Asunción Fernández Osorio. Exp 11001-03-25-000-2012000328-00 frente al decreto de
nulidad parcial de los de los Decretos 57 de 1993, artículo 7º, 106 de 1994, artículo 7º, y
los artículos demandados de las siguientes disposiciones: Decreto 46 de 1995, 36 de
1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001, 673 de 2002,
3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 657 de 2008, 658
de 2008, 661 de 2008, 741 de 2009, 726 de 2009, 723 de 2009, 1387 de 2010, 1391 de
2010, 1388 de 2010, 1038 de 2011, 1043 de 2011, 1039 de 2011, 849 de 2012, 841 de
2012 y 874 de 2012, en el contenido normativo “el treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 4a de 1992”.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas “inexistencia de
causa para demandar” por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No DESACLJR15-3237 del 24 de
diciembre de 2015, que negó la reclamación y la Resolución No. 0079 del 15 de enero de
2018, que la confirmó en sede de apelación administrativa.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, CONDENAR a la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL, a reliquidar y pagar a MARÍA LILIANA RESTREPO BETANCOURT
identificada con cédula No. 31.523.354 la prima especial de servicios entendiéndose que
el 30% de la prima especial es un agregado al salario, así como a reliquidar y pagar todas

6 Samai índice 2. ED_ONEDRIVE_1_1592023(.zip). 39_FALLO_SENTENCIA.

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

las diferencias por concepto de prestaciones sociales a que tenga derecho sobre el 100%
de la remuneración básica a partir del 1º de noviembre de 2015 y mientras permanezca la
vinculación laboral con la demandada, sin que supere los topes determinados en los
decretos que reglamentan.

Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente
laborados, sin que en ningún caso al sumar los ingresos se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional durante los periodos que ejerció como Juez de la
República.

Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones
judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las pretensiones y haya
recibido el actor.

SEXTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, por lo expuesto en la
parte motiva de este proveído. Se reconocen los derechos frente a la prima especial del
30% a partir del 1º de noviembre de 2015 hasta la fecha en que se haya normalizado el
pago al tenor del decreto 272 de 2021.

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está
sujeta al fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las
diferencias que se deban hacer por este concepto a partir del momento en que inició a
desempeñarse como Juez de la República y se le consolidó el derecho a percibir la prima
especial del 30%. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda tanto
por parte de demandante como por el demandado.

SÉPTIMO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar a la parte demandante
los aportes a pensión dejados de consignar, los cuales deberán ser liquidados y pagados
por la administración judicial, teniéndose como base de liquidación el 100% de la
remuneración mensual legal, incluyendo el 30% que por concepto de prima especial le fue
sustraída de su salario.

OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su
cargo aplicando para el efecto la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
providencia.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva de la presente sentencia.

[…]». (sic)

21. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:

21.1. En el año 2014 el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de todos los
decretos expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el 2007 que
incluían el 30% de la prima especial dentro del salario básico en lugar de
incrementar ese porcentaje, el reconocimiento de la prima especial de esa manera

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contrariaba la prohibición de desmejorar los salarios y prestaciones sociales
adoptada como criterio en la Ley 4ª de 1992.

21.2. La forma adecuada para la liquidación de la prima especial y que se ajustaba a
los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad, era
aplicar el 30% como un adicional a la remuneración mensual del 100% pero los
decretos expedidos disminuyeron los salarios en un 30%.

21.3. La prima especial constituía un incremento de los ingresos derivados de la
relación laboral, la asignación básica debió ser pagada en un 100% y con base en
ese porcentaje también se debieron pagar las prestaciones sociales.

21.4. De conformidad con la sentencia 016 proferida el 2 de septiembre de 2019 por
la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el término de
prescripción era de 3 años contados a partir de la exigibilidad del derecho alegado
y se interrumpía, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad encargada de reconocer el derecho. La exigibilidad del
derecho no se dio con la ejecutoria de la sentencia.

21.5. Los
aportes a seguridad social en pensiones eran imprescriptibles y su
reclamación podía hacerse en cualquier tiempo.

21.6. Sobre
la excepción de imposibilidad de pago por falta de recursos en el
presupuesto, señaló que los derechos laborales, por su relación con la dignidad
humana y la protección internacional, debieron considerarse derechos
fundamentales y no podían ser restringidos por motivos de sostenibilidad fiscal.

21.7. En relación con la pretensión de pago de sanciones por el no pago oportuno de
las cesantías y las prestaciones sociales, su aplicación requería de una evaluación
de la buena o mala fe del incumplimiento. Si el empleador no justificaba
satisfactoriamente, procedía la imposición de la sanción, en el caso concreto la
correcta liquidación y el pago de las prestaciones sociales no respondieron a mala
fe ni a la intención de fraude al demandante, sino que se realizaron en cumplimiento
de las órdenes establecidas mediante decretos que, actualmente, han sido
anulados, por lo que no se trató de un pago extemporáneo, sino de una falta de
pago justificada en razones de orden jurídico y administrativo.

21.8. Con las pruebas allegadas al proceso no fue clara la forma en que se liquidó y
pagó la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin embargo, de la
contestación se entendió que la reclamación sobre la manera de liquidación y pago
planteada por la demandante fue cierta.

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

21.9. El régimen aplicable a la demandante fue el previsto en el Decreto 57 de 1993,
denominado especial o acogidos.

21.10. En relación con la prescripción, siguió lo determinado en la sentencia SUJ-016
CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, en la que se estableció que el derecho
surgió «desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con
la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de
1993», y en ese sentido declaró la prescripción de los derechos causados con
anterioridad al 1º de noviembre de 2012.

21.11. La demandante desempeñó el cargo de juez en la Rama Judicial, por su parte,
la DESAJ calculó y pagó incorrectamente su remuneración al incluir como parte del
salario básico la prima especial mencionada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1.4. El recurso de apelación

21.12. LaDESAJ de Cali presentó recurso de apelación con fundamento en la
imposibilidad presupuestal para reconocer a los jueces las diferencias reclamadas,
debido a que no contaba con apropiación presupuestal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas acreencias
laborales y que, a la fecha de presentación del recurso de apelación, no se habían
asignado recursos para pagar los mayores valores que se generarían para conciliar
la prima especial del 30%, que recalcó, no era de carácter salarial.

21.13. Además, reiteró las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

22. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

23. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

7 Samai índice 4.

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

2.1. El problema jurídico

24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia8, se circunscribe a establecer:
ii) ¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DESAJ pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial9 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio

8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de

24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta
libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

9

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de
1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200710, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del

10 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar11».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201912, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría

11 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

11

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201913.

24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201414 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
14 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568

12

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

15
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

27. En la sentencia del 2 de septiembre de 201916, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, a partir de la fecha de exigibilidad del derecho.

de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
15 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

13

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior17 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0518 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso en concreto

17 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
18 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

14

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

2.3.1. Hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente19:

33.1. María Liliana Restrepo Betancourt se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de
mayo de 1997, y ejerció el cargo de juez municipal en la seccional Buga desde el 1
de abril de 2008 «hasta la fecha», tal y como se evidencia en el acta de posesión del
mismo día20 y en la constancia del 19 de febrero de 202521, expedida por la DEAJ,
sin que se hayan relacionado los cargos desempeñados con anterioridad al 1 de
abril de 2008.

Cargo Desde Hasta
JUEZ MUNICIPAL - Grado 00 1º de abril de 2008 La fecha

34. La remuneración mensual fue fraccionada, como se evidencia, por ejemplo, en
el «Informe de Histórico Acumulados Concepto/Empleado»22 así:

DEVENGADO 30 de abril de 2008 30 de abril de 2016
SUELDO BASICO $ 2.822.291,00 $ 4.108.878,00
PRIMA ESPECIAL $ 846.089,00 $ 1.232.664,00
SERVICIOS(2)
Total pagado $ 3.668.380,00 $ 5.341.542,00

Remuneración mensual básica para el Remuneración mensual básica para el
cargo de juez municipal Decreto 658 cargo de juez municipal Decreto 245
de 2008 de 201623
$ 3.668.978 $ 5.341.541,99

34.1. El 24 de noviembre de 201524 solicitó a la DESAJ de Cali la «reliquidación y pago
retroactivo indexado con los respectivos intereses moratorios y sanciones por el no pago
de todas las prestaciones sociales, con base en el 100% del salario mensual, incluyendo lo
pagado como prima la prima especial como factor salarial, debiendo tenerse en cuenta para

19 Samai índice 2. ED_ONEDRIVE_1_1592023(.zip). 3_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.

Folio 43.
20 Samai tribunales. Índice 41. 29AllegaMemorial_ACTADEPOSESIONpdf(.pdf)
21 Samai tribunales. Índice 41. 21AllegaMemorial_Reporte_Tiempo_Servi(.pdf).
22 Samai tribunales. Índice 41. 22AllegaMemorial_MARIALILIANA20082015(.pdf);
23AllegaMemorial_MARIALILIANA20162021(.pdf).
23 El Decreto 245 de 2016 estableció un reajuste del 7.77% sobre la remuneración mensual básica

de los empleados de la Rama Juducial para ese año.
24 Samai tribunales. Índice 18. 5_760012333007201800727001EXPEDIENTEDIGI20221130094053.

Páginas 5 a 17.

15

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

liquidar y pagar las prestaciones sociales».

34.2. La DESAJ de Cali emitió la Resolución DESAJCLR15-3237 del 24 de diciembre
de 201525 que negó la petición con fundamento en que no tenía competencia para
interpretar leyes e inaplicarlas, debido a que era una competencia de los jueces a
través de sus sentencias, la entidad únicamente estaba sometida a su imperio y
debió darle estricto cumplimiento.

34.3. El 15 de febrero de 2016 María Liliana Restrepo Betancourt presentó recurso
de apelación26 contra la Resolución DESAJCLR15-3237 y solicitó que esta se
revocara, para tal efecto argumentó que las prestaciones sociales liquidadas
excluyeron la prima especial de servicios como carácter salarial, por lo que, se
vulneró su derecho a recibir sus acreencias laborales y prestacionales de forma
íntegra, completa y oportuna, de lo que correspondía al 30% de prima especial y en
virtud de la presunción de legalidad de los artículos declarados nulos por la sentencia del
29 de abril de 2014.

34.4. Mediante la Resolución 079 del 15 de enero de 2018 la DEAJ27 confirmó la
resolución apelada.

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

36. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos acusados, la
prescripción trienal de los derechos frente a la prima especial a partir del 1º de
noviembre de 2015 hasta la fecha en que se normalizaran los pagos y, a título de
restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada a: i) reliquidar y
pagar la prima especial del 30%, las diferencias por concepto de prestaciones
sociales sobre el 100% de la remuneración básica a partir del 1º de noviembre de
2015 y mientras permanezca la vinculación laboral, sin que superara los topes
determinados en los decretos reglamentarios; y ii) pagar los aportes a pensión
dejados de consignar liquidados con base en el 100% de la remuneración mensual
legal, con la inclusión del 30% de prima especial que le fue sustraído del salario.

37. La DESAJ de Cali cuestionó la anterior decisión con fundamento en que la
entidad no contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas
acreencias laborales y que, a la fecha de presentación del recurso de apelación, no
se habían asignado recursos presupuestales para pagar los mayores valores que

25 Páginas 19 a 21 ibidem.
26 Páginas 23 a 27 ibidem.
27 Páginas 29 a 41 ibidem.

16

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00727-02 (2334-2025)
Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

se generarían para conciliar la prima especial del 30%, que recalcó, no era de
carácter salarial. Además, reiteró las excepciones propuestas en la contestación de
la demanda.

38. Ahora bien, en el proceso se demostró que María Liliana Restrepo Betancourt se
vinculó a la Rama Judicial desde el 1º de mayo de 1997, sin embargo, solo hay
constancia de vinculación al cargo de juez desde el 1º de abril de 2008, y por lo
menos hasta el 19 de febrero de 2025, fecha en que se expidió la constancia.

39. A partir de lo anterior, el a quo concluyó que la demandante ejerció el cargo
mencionado, por lo tanto, tenía derecho a percibir la prima especial de servicio
desde el 1 de noviembre de 2015 «mientras permanezca la vinculación laboral con la
demandada sin que supere los topes determinados en los decretos que reglamente».

2.3.2.1. En torno a la prima especial de servicio del 30% prevista en la Ley 4ª
de 1992

40. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 constituye un emolumento adicional al salario básico mensual, que solo tiene
carácter salarial para efectos pensionales. Así lo definió expresamente la Ley 332
de 1996 al disponer que esta prestación solo integra el ingreso base de liquidación
para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en otras
prestaciones sociales.

41. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 201928 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente puede
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.

42. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional29 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto la Corte precisó que «[e]l considerar
que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al
trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
29 Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

internacional».

2.3.2.2. En torno a la imposibilidad presupuestal para el pago de las sumas
reclamadas

49. En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede
invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los
derechos fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional30, esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento
de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas,
de tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho
reclamado; por lo tanto, le corresponde a la administración reconocer y pagar los
derechos causados a pesar de las dificultades financieras que se pudieran
presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal, si no existiere, o […]
reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional».

50. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por
lo tanto, se confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el restablecimiento del derecho.

2.3.2.3. En torno al fenómeno de la prescripción

51. De conformidad con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir
de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» lo que impone
considerar de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento reclamado; y
del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas en las que se prestó
el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de un derecho.

52. Esto es así, porque la inclusión del 30% de la prima especial de servicios como
factor salarial no se hizo exigible a partir de la sentencia de « unificación» proferida
por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, sino por virtud de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el
salario.

30 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

53. En el presente asunto, con las pruebas allegadas se evidenció que la petición se
radicó el 24 de noviembre de 201531, por lo tanto, los periodos reclamados
anteriores al 24 de noviembre de 2012 se encontrarían afectados por el fenómeno
de la prescripción, sin embargo, comoquiera que ello daría lugar a la modificación
de la orden proferida por el a quo al establecer que estaban prescitos los derechos
laborales de la demandante anteriores al 1 de noviembre de 2015 y al ser la entidad
la apelante única en este asunto y no ser este punto objeto de la apelación, esta
Sala se limita a resolver lo sustentado en el recurso, por lo anterior, no se modificará
la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su situación en virtud
de los principio de la non reformatio in pejus.

54. Frente a la reiteración de las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda, esta Sala advierte que el apelante no realizó manifestación o explicación
somera frente a la inconformidad con la sentencia de primera instancia, en todo
caso la prescripción se analizó y se trato en esta instancia. Ahora bien, respecto de
la inexistencia de causa para demandar, se reitera que la demandante tenía interés
para demandar el reconocimiento y pago de sus salarios y prestaciones sociales.
2.4. Costas

55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

31 Samai tribunales. Índice 18. 5_760012333007201800727001EXPEDIENTEDIGI20221130094053

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma32.

58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

59. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la demandante sí era
beneficiaria de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por
tanto, debía pagarse como un emolumento adicional al salario básico mensual,
considerado factor salarial solo para aportes a pensión. Asimismo, la imposibilidad
económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye justificación válida
para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales.

63. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 29 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria por las razones expuestas.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: María Liliana Restrepo Betancourt

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS

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