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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00850-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00850-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. No acceder al reconocimiento de la sucesión procesal solicitada por el apoderado de la parte demandante. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00850-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00850-01 (5081-2022)
Demandante: María Oriola Tabares de González
Demandadas: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─ y Flor María
Gómez de Garcés

Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución de la asignación de
retiro de los miembros de la fuerza pública. Disputa entre
compañera permanente y cónyuge supérstite, separada de
hecho, pero con sociedad conyugal no liquidada. Aplicación de
Ley 100 de 1993, por favorabilidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Oriola Tabares de González instauró demanda contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─ y la señora Flor María Gómez de Garcés,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 0021197 del 28 de febrero de 2018, por medio
del cual el subdirector de prestaciones sociales de la CREMIL informó que no haría
otro pronunciamiento respecto al reconocimiento y pago de la sustitución de la
asignación de retiro, por haberse resuelto en otro acto administrativo; y la nulidad
parcial de la Resolución Nro. 2416 del 30 de julio de 2010, mediante la cual se negó
el reconocimiento de la prestación a favor de la demandante y, en su lugar, lo
concedió a la señora Flor María Gómez de Garcés.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se modifique la Resolución Nro.
2416 del 30 de julio de 2010, aplicando la regulación contenida en el literal b, del
parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con la Ley

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923 de 2004. Que, en consecuencia, se modifiquen los artículos 1 y 2 de la parte
resolutiva de dicho acto.

Que se ordene a la CREMIL reconocer la pensión sustitucional desde el 25 de
diciembre de 2009, redistribuyendo la prestación en partes iguales, entre la
demandante, en su calidad de cónyuge supérstite, y la señora Flor María Gómez de
Garcés, en su calidad de compañera permanente.

Que se condene a la CREMIL a pagar las mesadas dejadas de percibir por concepto
del 50% de sustitución pensional, con su correspondiente indexación, desde el 26
de febrero de 2015 y hasta la ejecutoria de la sentencia.

Que se condene a la CREMIL a reintegrar todas las sumas económicas que se
generen con ocasión del proceso judicial, por concepto de costas procesales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que contrajo matrimonio el 18 de abril de 1959 con Luis Hernando González
Valencia, con quien procreó 6 hijos.

Que la convivencia con el señor González Valencia se sostuvo por un término de
23 años y 8 meses, aproximadamente, dado que hubo separación de hecho, ya que
este comenzó una nueva vida marital con la señora Flor María Gómez de Garcés.

Que nunca se disolvió el vínculo matrimonial ni la sociedad patrimonial y que el
señor Luis Hernando González Valencia falleció el 25 de diciembre de 2009.

Que en Resolución Nro. 2416 del 30 de julio de 2010, le fue negada la sustitución
de la asignación de retiro, bajo el argumento de que no acreditó la convivencia con
el causante durante los últimos 5 años anteriores a su muerte y, en su lugar, la
concedieron a la señora Flor María Gómez de Garcés.

Que mediante reclamación administrativa del 26 de febrero de 2018, solicitó a la
CREMIL la reconsideración de la decisión tomada en el acto anterior.

Que en Oficio 0021197 del 28 de febrero de 2018, la CREMIL respondió la petición
de reconsideración, informando que no haría otro pronunciamiento respecto al
reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro, por haberse
resuelto en la Resolución Nro. 2416 del 30 de julio de 2010.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 29,
48, 53 y 121 de la Constitución Política; las Leyes 100 de 1993, 923 de 2004 y 1437
de 2011; y el Decreto 4433 de 2004.

En el concepto de violación se indicó que el Oficio 0021197 del 28 de febrero de
2018 está viciado de nulidad por expedición irregular, puesto que en materia
pensional priman los principios de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad y

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favorabilidad, motivo por el que la CREMIL tenía que pronunciarse y resolver de
fondo la nueva reclamación, al tratarse de una petición de reconsideración.

Que la Resolución Nro. 2416 del 30 de julio de 2010 está viciada de nulidad por
haberse expedido con infracción de las disposiciones en las que debería fundarse,
falta de aplicación de la norma correcta e infracción al deber de aplicación uniforme
de la normativa y la jurisprudencia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió por auto del 13 de diciembre de 2018, en el que se ordenó
vincular a la señora Flor María Gómez de Garcés como litisconsorte necesaria 1. La
CREMIL contestó oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que la no
acreditación de la convivencia por lo menos de 5 años continuos inmediatamente
anteriores a la muerte del causante era causal para no acceder al derecho
reclamado, toda vez que se trata de un requisito determinante para otorgar la
sustitución pensional 2.

La señora Flor María Gómez de Garcés se opuso a las pretensiones, tras estimar
que la CREMIL evidenció que la demandante no acreditó el cumplimiento del
requisito de la convivencia, dado que no demostró que viviera con el causante a la
fecha del fallecimiento, lo cual se trata de una situación objetiva y verificable que
permitió que la entidad demandada le negara el derecho a la sustitución de la
asignación de retiro. Propuso como excepciones las de caducidad del medio de
control, firmeza del acto administrativo e indebida representación por insuficiencia
del poder 3.

Por auto del 21 de octubre de 2021, decidió impartírsele al proceso el trámite de
sentencia anticipada, para lo cual se tuvo como prueba los documentos aportados
por las partes y se corrió traslado para alegar de conclusión 4. Una vez se dictó
sentencia, fue apelada parcialmente en el plazo oportuno por la CREMIL.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil veintidós (2022), accedió a las pretensiones tras indicar
que a la demandante sí le asistía el derecho a percibir, en calidad de cónyuge
supérstite, la sustitución de la asignación de retiro causada por el deceso del señor
Luis Hernando González Valencia, en proporción al tiempo de convivencia, en
atención a lo dispuesto en literal b, del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433
de 2004, puesto que tenía una sociedad conyugal vigente y alcanzó a convivir con
el causante durante un lapso superior a los 5 años.

Que no estaba en discusión el derecho pensional de la señora Flor María Gómez
de Garcés, pues ello se definió en sede administrativa por parte de la CREMIL. Que,
por ello, el estudio solo se centraría en analizar si se cumplieron los presupuestos
para reconocer, a favor de la demandante, la sustitución pensional causada por el

1 Véase a folio 49.
2 Véase a folios 69-74.
3 Véase a folios 119-125.
4 Véase a índice 32 de SAMAI del Tribunal.

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fallecimiento del señor Luis Hernando González Valencia.

Que era evidente que no existió convivencia simultánea, pues la parte actora aceptó
que se encontraba separada de cuerpos para el momento en que se produjo el
fallecimiento del causante, pero que el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal
sí estaban vigentes. Que, por ello, debía resolverse el reconocimiento pensional con
el literal b, del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y la
normativa general vigente al momento del fallecimiento del causante, esto es, el
literal b, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Que era dable concluir que entre los señores Luis Hernando González Valencia y
María Oriola Tabares de González existió un vínculo matrimonial de hecho que se
extendió por espacio de 18 años, por lo que el reconocimiento pensional había de
hacerse de manera proporcional al tiempo de convivencia de la reclamante con el
fallecido.

Que el periodo de duración de la convivencia de la demandante y el causante se
adoptó, en el rango de las fechas anotadas, en consideración a que del material
probatorio se logró establecer que la pareja procreó un hijo que nació el 19 de marzo
de 1977, lo cual denota que, al menos para esa época, existía un vínculo afectivo
que los unía.

Que, en ese orden, el porcentaje que le correspondía a la señora María Oriola
Tabares de González equivalía al 35% y el 65% restante le correspondía a Flor
María Gómez de Garcés, en su calidad de compañera permanente.

Que se declaraban prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 26 de febrero de 2015, por haber operado la prescripción trienal que consagra el
Decreto 4433 de 2004. Finalmente, condenó en costas a la entidad vencida5.

RECURSO DE APELACIÓN

La CREMIL interpuso recurso de apelación en el que manifestó que fue procedente
la decisión tomada en la Resolución Nro. 2416 del 30 de julio de 2010, dado que
ello se correspondió con lo preceptuado en el literal a, del parágrafo 2 del artículo
11 del Decreto 4433 de 2004, motivo por el cual el acto demandado sí es legal.

Señaló que, en el régimen especial consagrado para la fuerza pública, se establece
por regla general que el derecho a la sustitución pensional le asiste al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, excepto cuando: exista separación legal
y definitiva de cuerpos o cuando al momento del deceso del oficial o suboficial no
hiciere vida en común con él y cuando no haya acreditado convivencia con el
causante por lo menos cinco años continuos inmediatamente anteriores a su
muerte.

Que la no acreditación de la convivencia de 5 años continuos inmediatamente
anteriores a la muerte del causante por parte de la peticionaria, era causal para no
acceder al derecho reclamado, toda vez que la convivencia con el militar,
especialmente hasta el momento de su fallecimiento, resulta ser el factor

5 Véase a índice 51 de SAMAI del Tribunal.

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determinante para acceder a la sustitución pensional dado el criterio material 6.

La parte demandante presentó de manera extemporánea recurso de apelación,
motivo por el cual el Tribunal de primera instancia lo rechazó7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria, y se advirtió que el Ministerio Público
podría conceptuar hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.

En memorial del 18 de octubre de 2022, la parte demandante solicitó el decreto y la
práctica de la prueba del registro civil de nacimiento de Olmedo González Tabares,
último hijo procreado entre la cónyuge supérstite y el causante, a efectos de
determinar, correctamente, la cuota parte del porcentaje correspondiente de la
pensión de sobreviviente por sustitución pensional9. En providencia del 13 de enero
de 2023, se accedió a la solicitud probatoria en segunda instancia y se decretó,
como prueba de la parte demandante, el registro civil de nacimiento de Olmedo
González Tabares 10.

En auto del 29 de noviembre de 2023, se corrió traslado para alegar de conclusión 11.
En memorial presentado por el apoderado de la parte demandante el 1° de febrero
de 2024, se informó que la señora María Oriola Tabares de González falleció el 10
de octubre de 2023 en Estados Unidos, para lo cual allegó el certificado de muerte
029-1185864, expedido por el estado de Carolina del Norte. Igualmente, solicitó que
se diera trámite a la sucesión procesal 12.

La parte demandante alegó de conclusión, expresando que pudo demostrarse que
cumplió con los requisitos legales para tener derecho a la pensión de sobreviviente
por sustitución pensional, dado que su caso se enmarca en las reglas dispuestas
por el Decreto 4433 de 2004, al tratarse de cónyuge supérstite con sociedad
conyugal vigente y separada de hecho. Que, por ello, debía corregirse la sentencia
de primera instancia, en el sentido de determinar que la cuota parte pensional que
le corresponde equivaldría a un porcentaje que oscila entre el 42 y el 45%, al
adicionarse 3 años y 8 meses más de convivencia efectiva con el causante.

Los demandados y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si la señora María Oriola Tabares de

6 Véase a índice 54 de SAMAI del Tribunal.
7
Véase a índice 59 de SAMAI del Tribunal.
8 Véase a índice 3 de SAMAI.
9 Véase a índice 8 de SAMAI.
10 Véase a índice 10 de SAMAI.
11 Véase a índice 18 de SAMAI.
12 Véase a índice 22 de SAMAI.

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González tiene derecho a la sustitución de la asignación de retiro, en su condición
de cónyuge supérstite separada de hecho, aunque no acreditara la convivencia con
el causante durante los 5 años anteriores al momento del deceso. Igualmente, la
Sala deberá referirse a la solicitud de sucesión procesal presentada por el
apoderado de la parte demandante.

Marco normativo aplicable a la sustitución de la asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública

Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes del mismo.

Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la
sustitución pensional o la pensión de sobreviviente como un mecanismo de
protección a los familiares del trabajador pensionado, que busca suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba un afiliado o pensionado al grupo
familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Este derecho es una protección directa a la familia, cualquiera que sea
su origen o fuente de conformación.

Bajo esa lógica, atendiendo al hecho de que la Ley 100 de 1993 en su artículo 279
excluyó a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional,
expresamente, de su ámbito de aplicación, se expidió la Ley 923 de 2004 que, en
su artículo 3, dispuso:

«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:

[…]

3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será
establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco
con el titular.

3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de
invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.

3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia

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pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante aplicará el
numeral 3.7.1.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensiona do por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte en letra itálica, CONDICIONALMENTE exequible> En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral
3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre
y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento
del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente» (cursivas y subrayas originales).

La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004 que, sobre la
sustitución de la asignación de retiro, preceptúa así:

«Artículo 40. Sustitución de la asignación de retiro o de la pensión. A la muerte
de un Oficial, Suboficial, alumno de la escuela de formación o Soldado de las
Fuerzas Militares, Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente o
alumno de la escuela de formación de la Policía Nacional, en goce de
asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios en el orden y proporción
establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a una
pensión mensual que será pagada por la entidad correspondiente, equivalente
a la totalidad de la asignación o pensión que venía disfrutando el causante».

Por su parte, el artículo 11 dispone:

«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio
activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y
Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y
pagadas en el siguiente orden:

11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y
hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de
su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.

11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la
pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si
dependían económicamente del causante.

11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para
los padres que dependían económicamente del causante.

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante.

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11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante
era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o
inválidos.

La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no
habrá lugar a acrecimiento.

Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez
de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas del Sistema
de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de
dicho estado.

Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera
permanente, se aplicarán las siguientes reglas:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de
invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este.
La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal
se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20
años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su
propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante se
aplicará el literal anterior.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a y b del presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente» (subrayas fuera de texto).

De lo expuesto, se infiere que en caso de controversia entre cónyuge y compañero
(a) permanente, debe determinarse: i) si hubo una vida marital y perduró durante
los 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado; ii) si existe sociedad conyugal
y si está o no disuelta; iii) si hubo o no separación de hecho; iv) el tiempo de
convivencia; y v) si esta fue simultánea o sucesiva durante los 5 años anteriores a
la muerte.

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En lo que respecta a la pérdida de la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, el artículo 12 de la misma norma, dispuso:

«Artículo 12. Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el
cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la
pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes circunstancias, según el
caso:

12.1 Muerte real o presunta.

12.2 Nulidad del matrimonio.

12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.

12.4 Separación legal de cuerpos.

12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho».

En cuanto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico 13.

Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo que
no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido
pensionado.

De la separación de hecho de la cónyuge supérstite, pero con sociedad
conyugal no disuelta

En la Sentencia C-336 de 2014, la Corte Constitucional analizó la diferencia entre
el matrimonio y la unión marital de hecho para efectos pensionales. Al respecto,
señaló:

«[…] 4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta
Corte ha diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del
matrimonio, concluyendo que se trata en principio de figuras normativas
diferentes. Razón por lo cual, no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello
no podría predicarse en principio un trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la
finalidad de la diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero
con separación de hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida
adoptada, en tanto que ambos beneficiarios –compañero permanente y
cónyuge con separación de hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el
cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada institución, pues los
haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la
separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre
el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus
conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente,
la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del
matrimonio.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de noviembre de 2017. Exp. 0286-15.

C.P. William Hernández Gómez.

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Es así, como en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo
mutuo acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho,
que el legislador le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a
la existencia de una sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca
equilibrar la tensión surgida entre el último compañero permanente y la el (sic)
cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se disolvieron los vínculos
jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional y será
declarada exequible»14.

Si bien en dicha oportunidad se estudió la legalidad de una norma pensional del
régimen general, la Corte Constitucional ha considerado que la asignación de retiro
es una modalidad de prestación que se asimila a la pensión de vejez, pero con unos
requisitos particulares, debido a la naturaleza especial del servicio y de las funciones
que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce este concepto, por
lo que la sustitución de la asignación de retiro puede equipararse con la pensión de
sobrevivientes o la sustitución pensional previstas en el régimen general de
pensiones 15.

Es así como la Corte Constitucional, refiriéndose al artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, manifestó que:

«[…] las disputas que puedan presentarse entre el cónyuge y el compañero o
la compañera permanente supérstite en torno al derecho a la sustitución
pensional o a la pensión de sobrevivientes pueden ocurrir, o bien porque este
convivió simultáneamente con su cónyuge y su compañera o compañero
permanente, o bien porque, al momento de su muerte, tenía un
compañero permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue
disuelta, o un compañero o compañera permanente y una unión
conyugal vigente, con separación de hecho. En este último evento, no
hace falta que el cónyuge supérstite demuestre que convivió con el
causante durante los últimos cinco años de su vida, sino, solamente, que
convivió con él o ella más de cinco años en cualquier tiempo»16 (negrillas
fuera de texto).

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de
junio de 2018, concluyó que «[…] ante la vigencia de la sociedad conyugal, aunque
no exista convivencia al momento del fallecimiento del causante, por este hecho no
se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes»17. Igualmente, en sentencia
del 28 de enero de 2021, se señaló:

«[…] Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1399 del 25
de abril de 201818, frente al requisito de convivencia no inferior a 5 años,
condicionante del surgimiento del derecho a la pensión de sobreviviente tanto
para la cónyuge como para la compañera permanente, la definió como aquella
“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua,
el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el
acompañamiento espiritual, que refleje le proyecto de vida de pareja
responsable y estable, a la par de la convivencia real y afectiva durante los años
anteriores al fallecimiento” excluyendo los encuentros pasajeros, casuales,
esporádicos, e incluso las relaciones que a pesar de ser prolongadas no
engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.19

14 Corte Constitucional. Sentencia C-336 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-432 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 28 de junio de 2018. Exp. 0882-14. C.P.

César Palomino Cortés.
18 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
19 Citó las sentencias CDJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605.

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La sentencia referida, sostuvo que los 5 años de convivencia singular de
la cónyuge con el finado puede ocurrir en cualquier tiempo, y tendrá
derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre que mantenga vigente el
vínculo conyugal, aun separada de hecho o de cuerpos, o de tener disuelta
o liquidada la sociedad conyugal, es decir, que no es necesario acreditarla
durante los últimos 5 años a la muerte del causante20. Por otro lado, señaló
frente a la compañera permanente, la convivencia con el causante debe
verificarse dentro de los 5 años anteriores a su deceso21; pues a diferencia de
la unión por vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan
con la separación de facto, solo la cohabitación; en tanto en las uniones
maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene efecto conclusivo
y de sus obligaciones y deberes personales, por ende, el compañero deja de
pertenecer al grupo familiar»22 (cursivas originales, negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta la jurisprudencia en cita, puede concluirse que la cónyuge
supérstite, con quien no se ha liquidado la sociedad conyugal, incluso existiendo
separación de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro, bien sea de forma total o parcial, para lo cual deberá
establecerse si existe otro beneficiario.

Resolución del caso concreto

Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:

Se tiene que por medio de la Resolución Nro. 0529 del 4 de marzo de 2004, la
CREMIL le reconoció la asignación mensual de retiro al señor González Valencia,
efectiva a partir del 24 de marzo de 2004 23, y que el pensionado falleció el 25 de
diciembre de 2009.

También se encuentra acreditado que mediante Resolución Nro. 2416 del 30 de
julio de 2010, se negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro
a la señora María Oriola Tabares de González, porque no acreditó haber convivido
con el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento; y, en su lugar, se
reconoció la prestación, en un 100%, a la señora Flor María Gómez de Garcés, dado
que probó haber convivido por 35 años con el causante y hasta la fecha de su
fallecimiento.

Ahora bien, con el fin de acreditar la convivencia con el señor Luis Hernando
González Valencia, la demandante aportó las siguientes pruebas: certificado de
registro matrimonial, en el que consta que contrajeron matrimonio el 18 de abril de
195924; y los registros civiles de nacimiento de María Eugenia (24 de abril de
1961) 25, Hernando Antonio (12 de mayo de 1962) 26, Julián Felipe (19 de marzo de
1977) 27 y Olmedo González Tabares (13 de diciembre de 1980) 28. No obstante, la
hoja de servicios del causante da cuenta de la existencia de otros 2 hijos procreados

20 Citó las sentencias de la CSJ: SL, 24 en 2010, rad. 41637 de la CSJ; SL7299-2015, SL6519-2017; SL16419-

2017.
21 Citó las sentencias CSJ SL860-2013; SL1067-2014.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 28 de enero de 2021. Exp. 4970-2018.

C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Véase a folios 102-103.
24 Véase a folio 35.
25 Véase a folio 37.
26 Véase a folio 40.
27 Véase a folio 36.
28 Véase a índice 8 de SAMAI.

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con la demandante, a saber: Leida Cristina (2 de mayo de 1960) y José Mario
González Tabares (2 de octubre de 1963) 29.

Visto lo anterior, la Sala estima conveniente precisar que la incorporación del
registro civil de nacimiento de Olmedo González Tabares en segunda instancia, en
virtud del principio de congruencia, no tiene el alcance de desvirtuar el extremo
temporal de la convivencia entre la demandante y el causante que encontró probado
el fallador de primera instancia. Aunque dicho documento da cuenta que Olmedo es
hijo de la señora Tabares de González y del señor González Valencia y que nació
en el año 1980, no es posible acceder a la solicitud presentada por la demandante
en los alegatos de conclusión de determinar unos nuevos porcentajes de la cuota
parte pensional, en razón de que como dicho punto no fue apelado, carece de
competencia la Subsección para pronunciarse al respecto.

Por consiguiente, el acervo probatorio recaudado permite concluir que la señora
Tabares de González, al momento del fallecimiento del señor González Valencia,
tenía un vínculo matrimonial vigente de 50 años, en el que se procrearon 6 hijos.
Demostrándose, además, que convivieron, como mínimo, hasta el 19 de marzo de
1977, fecha en que nació el penúltimo de sus hijos, es decir, casi 18 años.

En lo que concierne al argumento de la falta de convivencia entre el señor Luis
Hernando González Valencia y su cónyuge supérstite, durante el periodo de 5 años
anteriores al fallecimiento, expuesto por la entidad demandada en el recurso de
apelación, es pertinente remitirse a lo que esta Subsección ha sostenido acerca del
derecho a la sustitución del cónyuge supérstite separado de hecho y el principio de
favorabilidad, en los siguientes términos:

«[…] Resalta además la Subsección la valiosa conclusión a que arribó la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en fallo CSJ SL, 29 de
noviembre de 2008, rad. 32393, según la cual, carecería de todo sentido que
de una parte el legislador consagrara un derecho para quien “mantiene vigente
la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa
misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del
causante, cuando la separación de hecho significa que no hay convivencia.

A la anterior precisión esta Sala suma que siendo la sociedad conyugal uno de
los efectos patrimoniales del matrimonio, que al no liquidarse impide la
conformación de la sociedad patrimonial con el compañero(a) permanente, no
pueden desconocerse sus efectos jurídicos al momento de la reclamación del
reconocimiento de la sustitución pensional, en particular, cuando el cónyuge
separado de hecho demuestra que hizo vida en común con el causante por lo
menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, sentido en el que debe
interpretarse el inciso final del artículo 47 de la Ley 100 de 1993»30.

En este sentido, se advierte que son aplicables los preceptos contenidos en el
Decreto 4433 de 2004 concretamente el del literal b, del parágrafo 2 del artículo 11
que para el efecto dispone que:

«Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando

29 Véase a folios 29-33.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Exp. 1452-19.

C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente».

No obstante, el artículo 12 de la misma norma dispone que se pierde la condición
de beneficiario cuando lleven cinco o más años de separación de hecho con el
causante. Por consiguiente, podría afirmarse que, en principio, la señora Tabares
de González no tiene derecho a la sustitución de la asignación de retiro por cuanto
dejó de convivir con el causante por un término de 32 años, aproximadamente.

Sin embargo, en observancia del principio de favorabilidad, es posible acudir a las
normas que rigen el régimen general vigente para la época del fallecimiento del
causante ─artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003─,
el cual no contempla causales de pérdida de la condición de beneficiario, pero sí el
derecho de la cónyuge con sociedad conyugal vigente pero con separación de
hecho, a ser beneficiaria de la sustitución pensional, esto es, el mismo supuesto
contenido en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, aunado a que para el
momento del fallecimiento del señor González Valencia, la actora era una persona
de la tercera edad que merecía especial protección.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la modificación que introdujo la
Ley 797 de 2003 al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al indicar que el aparte final
de la norma evidenciaba que el legislador respetó el concepto de unión conyugal y,
ante el supuesto de no existir simultaneidad física, quiso reconocer una cuota parte
a la cónyuge que convivió con el pensionado o afiliado, manteniéndose el vínculo
matrimonial, aun cuando existiera separación de hecho; por lo que, atendiendo a
criterios de equidad y justicia, esa medida:

«[…] equilibra la situación que se origina cuando una pareja que decidió
formalizar su relación, y que entregó parte de su existencia a la conformación
de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su
fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del
sostén que aquel le proporcionaba; esa situación es más palmaria cuando es la
mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral
ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores
periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social.

No se trata entonces de regresar a la anterior concepción normativa,
relacionada con la culpabilidad de quien abandona al cónyuge, sino, por
el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la seguridad
social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que debe predicarse,
a no dudarlo, de quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por
demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o
mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre
y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa,
sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino
en cualquier época» (negrillas fuera de texto)31.

Así las cosas, no puede desconocerse que el objetivo de esta prestación es que el
beneficiario, una vez demostrados los requisitos, pueda contar con los medios
suficientes para su adecuada subsistencia, así como proteger a la persona que le
prestó asistencia y compañía al trabajador o a la persona pensionada hasta el

31 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de enero de 2012. Rad. 41637. M.P.

Elsy del Pilar Cuello Calderón.

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momento de su fallecimiento, claro está, sin perjuicio del cónyuge que no pueda
hacerlo debido a la separación de hecho.

Dicha condición se encuentra demostrada toda vez que, entre la pareja se produjo
una separación de cuerpos, aunque su vínculo matrimonial permaneció vigente,
además quedó acreditada la convivencia del señor González Valencia con la señora
Flor María Gómez por un espacio de 35 años y hasta el momento del fallecimiento
del causante.

Es que, no se trata, como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, de regresar a la
concepción normativa de la culpabilidad de quien abandona al otro cónyuge, sino
que, atendiendo a criterios de género, la interpretación de esta norma debe ser
integral, es decir: inspirarse en el mismo espíritu contenido en las disposiciones de
carácter civil que preceptúan que el socorro y la ayuda mutua son una obligación
contraída en el matrimonio. Por ende, en casos como este, la falta de convivencia
no puede conllevar la pérdida del derecho a la sustitución que se reclama, toda vez
que dicha situación se debió a la existencia de otra relación simultánea a la unión
matrimonial por parte del pensionado, aunado al hecho que la demandante brindó
su apoyo y asistencia en la realización profesional del causante durante el término
en que se dio la convivencia entre la pareja, tal y como se ha concluido en
oportunidades precedentes por esta Sección32.

Se concluye entonces que, conforme al marco legal y jurisprudencial citado, las
normas favorables y aplicables al caso son los artículos 46 y 47 del régimen general
─Ley 100 de 1993─ y el parágrafo 2, del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, que
se encontraban vigentes al momento del deceso del causante, por lo que es
procedente el reconocimiento de la prestación a favor de la demandante, en su
condición de cónyuge supérstite, separada de hecho pero con sociedad conyugal
vigente, quien probó la convivencia con el causante durante al menos cinco años
en cualquier tiempo.

En consecuencia, no le asiste razón a la entidad apelante cuando sostuvo que la
demandante no demostró con suficiencia la convivencia que tuvo con el causante
dentro de los últimos cinco años anteriores al fallecimiento de aquel, de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo 2, literal a del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004,
pues las diferentes pruebas traídas al proceso dieron cuenta que en su condición
de cónyuge supérstite, separada de hecho pero con unión vigente, se gestó una
auténtica relación de pareja con el señor Hernando González Valencia, probando
una convivencia de casi 18 años, en cualquier tiempo, lo cual la legitima a ser
acreedora de la sustitución pensional conforme con lo anotado en apartes
anteriores, motivo por el cual ha de confirmarse la sentencia recurrida.

Sucesión procesal

En cuanto a los eventos en los que deviene el fallecimiento de una de las partes, el
artículo 68 de Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, prevé: «fallecido un litigante o declarado ausente, el

32 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 20 de febrero de

2020 y del 15 de abril de 2021. Rads. 05001-23-33-000-2017-02535-01 (1452-2019) y 25000-23-42-000-2013-
06518-01 (2031-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los
herederos o el correspondiente curador».

Por su parte, se tiene que para acreditar el fallecimiento el Decreto Ley 1260 de
1970 dispone:

«ARTICULO 77. <DEFUNCIONES QUE SE INSCRIBEN>. En el registro de
defunciones se inscribirán:

1. Las que ocurran en el territorio del país.

2. Las defunciones de colombianos por nacimiento o por adopción, y las de
extranjeros residentes en el país, ocurridas fuera de éste, cuando así lo solicite
interesado que acredite el hecho. El registro se cumplirá entonces en la primera
oficina encargada del registro en la capital de la república.

3. Las sentencias judiciales ejecutoriadas que declaren la presunción de muerte
por desaparecimiento».

Conforme con lo anterior, las defunciones de colombianos ocurridas en el extranjero
pueden inscribirse ante el cónsul de Colombia del lugar donde ocurrió para que,
posteriormente, guarde el original del documento en los archivos del registro civil
del consulado y remita el duplicado al Servicio Nacional de Inscripción de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, quien envía una fotocopia autenticada al
Notario Primero del Círculo de Bogotá 33.

En el evento que la defunción no se registre ante el consulado de Colombia
competente, puede hacerse en cualquiera de las notarías o registradurías del
estado civil del país, aportando copia del registro civil efectuado por autoridad
estadounidense, como lo es el caso, debidamente apostillado 34, ya que los
documentos:

«[…] otorgados en el país extranjero, deberán presentarse debidamente
legalizados ante la autoridad que delega cada país para apostillar (Convención
de la Haya de octubre 5 de 1961, Ley 455 de 1998), o presentarse debidamente
legalizados por el Cónsul Colombiano en el respectivo país y abonada la firma
de éste por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, documentos
aquéllos que se acompañarán con la respectiva traducción oficial cuando fuere
el caso- (artículo 251 del Código General del Proceso)»35.

Acorde con lo que antecede, la Sala estima que no es posible acceder al
reconocimiento de la solicitud de sucesión procesal de la señora María Oriola
Tabares de González, en la medida que el documento aportado ─certificado de
muerte 029-1185864, expedido por el estado de Carolina del Norte, Estados
Unidos─ no cumple con los requisitos exigidos por la normativa del estado civil.

De la condena en costas en segunda instancia

33 Superintendencia de Notariado y Registro. Concepto SNR2020ER023819 del 9 de abril de 2020. Disponible

en: https://servicios.supernotariado.gov.co/files/content/conceptos/concepto-29-20210828124359.pdf
34 Ibid.
35 Ibid.

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Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 36 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. No acceder al reconocimiento de la sucesión procesal solicitada por el
apoderado de la parte demandante.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

36 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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