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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00427-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00427-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR, en su integridad, la sentencia de Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en esta instancia. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las constancias y anotaciones de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00427-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 76001-23-33-000-2019-00427-01 (0115-2026)1
Demandante : Fabio Sánchez Sánchez
Demandado : Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro2
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el accionante y por la Red
de Salud de Ladera E.S.E., contra la sentencia de Dieciséis (16) de Octubre de Dos
Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda4

1.1.1 Pretensiones

1. El señor Fabio Sánchez Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del Oficio de 17 de
octubre de 2018, mediante el cual, la Red de Salud de Ladera negó el

1 Expediente digital.
2 Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
3 El consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal contenida en el artículo 141.9 del CGP,

ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya decisión
haya participado el Dr. Óscar Valero Nisimblat, con quien me une una amistad íntima. No obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía
procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de septiembre de 2024, declaró infundado
un impedimento basado en la misma causa, dentro del expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
4 Samai del tribunal de origen, 001- portada tribunal - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

reconocimiento de una relación laboral; tanto como del acto ficto, presuntamente
configurado con la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra
dicha decisión.

2. Asimismo, solicitó la nulidad del Oficio 201841450100037691 de 21 de
noviembre de 2021, mediante el cual, el Distrito de Santiago de Cali negó el
reconocimiento de una relación laboral; tanto, como la nulidad del acto ficto,
presuntamente configurado con la falta de respuesta al recurso de apelación
interpuesto contra dicha decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que entre las
partes existió una relación laboral entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de enero de
2018, y se condene a las demandadas al pago de: (i) las correspondientes
prestaciones sociales, incluidas las cesantías e intereses a las cesantías; (ii)
sanciones moratorias por no pago de salarios y prestaciones, y por falta de pago de
cesantías, (iii) indemnización por despido injusto; y (iv) los aportes al sistema de
seguridad social.

1.1.2 Hechos y omisiones

4. El señor Fabio Sánchez Sánchez prestó sus servicios a las entidades
demandadas, como cajero en el Centro de Salud de Siloé, entre el 3 de junio de
1998 y el 31 de enero de 2018.

5. Dijo que la relación laboral fue continua y habitual, y las funciones confiadas
estaban encaminadas al desarrollo directo de la misión de la entidad, cumplía el
horario impuesto por la institución, y no contaba con autonomía en el desarrollo de
sus funciones.

6. Señaló que, el tiempo anotado estuvo bajo la continua subordinación del Jefe
de Recursos Humanos y de la Dirección de Control de la Empresa Social del Estado,
quienes determinaban los horarios y turnos en los que debía desempeñarse.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:

2

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

7.1. Constitución Política: 1, 2, 4, 9, 13, 25, 53, 209 y 228.

7.2. Legales y reglamentarias: Leyes 6 de 1945, 33 y 62 de 1985, 10 y 50 de

1990, 100 de 1993, 244 de 1995, 443 de 1998, 1071 de 2006; Decretos 2127
de 1945, 2400 y 3135 de 1968, 691 y 1158 de 1994, 1582 de 1998, 2484 de
2014; Decreto Departamental 0190 de 2007, y Acuerdos 007, 016 y 018 de
2007, 008 y 009 de 2009, 012 de 2016 proferidos por el Hospital Universitario
de la Samaritana.

8. Sostuvo que estuvo vinculado con la entidad demandada durante periodos
prolongados, con la finalidad de desarrollar actividades propias de su objeto social,
bajo continua subordinación y dependencia, y recibió un pago por su trabajo.

9. Argumentó que las labores prestadas fueron subordinadas, pues cumplió sus
funciones en las instalaciones y con insumos y elementos suministrados por la Red
de Salud de Ladera, cumplió la jornada laboral impuesta por la entidad y por la
Cooperativa, atendió órdenes y directrices para el desarrollo de las funciones
encomendadas, y asistió a reuniones convocadas por el empleador.

10. Adujo que, su caso es similar al resuelto «[…] en la sentencia del 2 de marzo de 2017,
bajo radicado 52001-23-31-000-2010-00502-02 con ponencia del Dr. Gabriel Valbuena Hernández».

1.2 Contestaciones de la demanda

1.2.1. Red de Salud de Ladera E.S.E.5

11. La Red de Salud de Ladera E.S.E. se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el señor Fabio Sánchez nunca estuvo vinculado con
la entidad, ya sea a través de relación legal y reglamentaria, contrato de trabajo u
órdenes de prestación de servicios.

12. Aclaró que la Empresa Social del Estado fue creada a partir del 15 de enero
de 2003, fecha en la que se sancionó el Acuerdo Municipal 106 de 2003, de modo
que era imposible que el reclamante hiciera parte del personal de la institución

5 Ib. archivo: 3_TRASLADOCGP3DIAS_EXCEPCIONES2019004.

3

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

antes de ese tiempo.

13. Aceptó que, el demandante prestó sus servicios a la E.S.E como afiliado de
la «Asociación Sindical ASSS», entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero 2018,
pero señaló que el vínculo jurídico se suscitó entre el accionante y el mencionado
sindicato.

1.2.2. Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali6

14. El Distrito Especial de Cali solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda,
al considerar que, una vez revisadas las bases de datos de la entidad, no encontró
que el accionante hubiera prestado sus servicios mediante contratos o relación legal
y reglamentaria.

15. Señaló que, la parte demandante debía acreditar la forma en la que se produjo
su vínculo con la entonces Secretaría Municipal de Salud, situación que no ocurrió,
porque no obra prueba alguna de la relación que aduce, comenzó en el año de
1998.

16. Solicitó se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que,
la Empresa Social del Estado Red de Salud de Ladera cuenta con autonomía
administrativa y presupuestal, derivada el acto de creación del 15 de enero de 2003,
razón por la cual, la eventual responsabilidad que se derive para ésta última no es
atribuible al Distrito de Santiago de Cali.

1.3. La sentencia de primera instancia7

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de Dieciséis
(16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el
Oficio del 17 de octubre de 2018, y del acto administrativo ficto producto del silencio

6 Ib., archivo: 006- Contestacion De La Demanda - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf); pp. 115-223.
7 Ib. archivo: 089Sentencia_20190042700SentPrimP.

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Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

administrativo negativo en torno al recurso de apelación propuesto en contra de la
primera decisión, por medio de los cuales se negó la existencia de una relación laboral
entre el señor Fabio Sánchez Sánchez y la Red de Salud de Ladera E.S.E.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que entre el señor
Fabio Sánchez Sánchez y la Red de Salud de Ladera E.S.E existió una relación
laboral entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018, de conformidad con
lo argumentado en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Red de Salud de Ladera E.S.E,
reconocer y pagar en favor del señor Fabio Sánchez Sánchez las siguientes sumas
de dinero:

4.1 Todas las prestaciones sociales dejadas de percibir por el accionante, tomando
como parámetro los derechos laborales a los que tendría derecho un empleado
público en el igual o similar cargo. La base para su liquidación será el salario que
debió percibir el señor Sánchez Sánchez en igualdad de condiciones con los
servidores vinculados mediante relación legal y reglamentaria, desde el 1° de febrero
de 2012 y el 31 de enero de 2018.

Se dispone que las sumas que se liquiden a favor del reclamante por concepto de
prestaciones sociales, serán actualizadas, conforme al artículo 187 del CPACA
aplicando la siguiente fórmula jurisprudencial:

R = Rh x IPC final
IPC inicial

Donde R (renta) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh) o lo dejado de percibir
mes a mes, por la suma que resulte de dividir el IPC (final) certificado por el DANE a
la fecha de ejecutoria de la presente providencia, por el IPC vigente a la fecha en que
debió efectuarse cada pago.

4.2 En lo que atañe a las cotizaciones al sistema pensional, la E.S.E tomará como
ingreso base de cotización la remuneración salarial que debió recibir el demandante
en el tiempo que duró la relación laboral.

La Entidad determinará mes a mes la diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el actor en condición asociado sindical, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
sólo en el porcentaje que le correspondiera.

Para efecto de lo anterior, la parte activa deberá acreditar ante la administración las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo como asociada
sindical. En la eventualidad de que no las hubiese realizado o existiere diferencia en
su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje
que le incumbía como trabajadora.

QUINTO: DECLARAR que el tiempo laborado por el señor Fabio Sánchez debe
computarse para efectos pensionales.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, atendiendo a las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandada.
[…]

18. Como sustento de su decisión, luego de revisar las pruebas aportadas por las
partes, adujo que, «[…] la prestación efectiva de los servicios no se produjo a partir del 3 de junio
de 1998 como se planteó en el escrito demandatorio», toda vez que, «[n]o existe dentro del

expediente ninguna evidencia sobre la relación que mantuvo el demandante con el Distrito de

5

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

Santiago de Cali desde el 3 de junio de 1998 hasta el mes de enero de 2003 cuando se creó la
Empresa Social del Estado como entidad descentralizada con autonomía administrativa,
presupuestal y financiera».

19. Sobre el particular, adujo que, «[a]unque el señor Sánchez en el interrogatorio de parte
sostuvo que al principio quien se encargó de contratarlo como cajero fue la entonces Secretaría
Municipal de Salud de Cali, no hay soportes que así lo corroboren»; a contrario sensu, «[…] de

las certificaciones que reposan en los folios 125 y 126 del cuaderno de pruebas, se deduce la
inexistencia de contratos de prestación de servicios o vinculaciones a través de terceros que afiancen
la idea de que efectivamente las labores como cajero iniciaron en el año de 1998 a través de la
Autoridad Municipal de Salud», y «[…] los señores Blanca Melba Zuleta, Antonio José Urriago y

José Miguel Camués que de modo uniforme señalaron no saber si el demandante tuvo alguna
relación contractual o de otra índole con el Distrito antes del 2003».

20. Indicó que, «[l]a misma incertidumbre tiene lugar sobre lo ocurrido entre el 15 de enero de
2003, fecha de creación de la E.S.E, y el 1° de febrero de 2012, ya que no se demostró de manera
contundente cuál fue la relación que se transó entre el reclamante y la Empresa Social del Estado
para ese lapso de tiempo». Sobre dicho lapso, aseveró que, aunque el actor y algunos

testigos relataron que eran vinculados a través de «cooperativas», lo cierto es que «[…]
ninguno puntualizó el nombre de cada una de ellas, los procesos que se tercerizaron ni por cuánto
tiempo fungieron como intermediarias laborales».

21. Por consiguiente, concluyó que «[…] la prestación personal del servicio se dio solamente
entre el entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018, pues no se hizo patente la forma
en que el accionante ejecutó sus tareas entre el 3 de julio de 1998 y el 31 de enero de 2012. Esto,
sin perder de vista que fue la misma Empresa Social del Estado la que admitió que durante ese
interregno el señor Sánchez Sánchez desempeñó tareas como cajero interior de la Entidad» . Con

sustento en tal aseveración, también señaló que declararía «[…] la falta de legitimación
material en la causa por pasiva del Distrito de Santiago de Cali, pues no hay suficiente evidencia que
avale la relación acordada entre el señor Sánchez Sánchez y el Ente Accionado para el periodo de
tiempo anotado».

22. El tribunal indicó que, el accionante prestó sus servicios a la Red de Salud de
Ladera, aunque a través de contratos suscritos entre este y el sindicato Asociación
de Servidores del Sector Salud. Sobre el particular, refirió que, dicha modalidad «[…]
se constituyó en una forma de suministrar personal destinado a cumplir actividades permanentes y
misionales de la misma, constituyéndose las organizaciones sindicales en simples intermediarias,
pues con su actuar se desconoció la regla en virtud de la cual, las actividades laborales permanentes
de una empresa, sea pública o privada, y que sean naturales al ejercicio de su objeto social, deben

6

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
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ser suplidas con personal contratado directamente», razón por la cual, para el período

causado entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018, «[…] se configuraron
los presupuestos para hacer primar la realidad sobre las formas pactadas por las partes, dando lugar
a que se declare la nulidad del Oficio del 17 de octubre de 2018 y del acto administrativo ficto,
producto del silencio administrativo negativo en torno al recurso de apelación propuesto en contra
de la primera decisión».

23. Por lo anterior, ordenó el pago de: (i) las respectivas prestaciones sociales,
liquidadas con base en «[…] el salario que debió percibir el señor Fabio Sánchez en igualdad
de condiciones con los servidores vinculados mediante relación legal y reglamentaria que ocuparan
un cargo igual o de similares connotaciones al de cajero, desde el 1° de febrero de 2012 y el 31 de
enero de 2018»; y (ii) los aportes al sistema de pensiones. No obstante, negó el

reconocimiento de las sanciones de mora requeridas, habida cuenta que, «[…] la
sentencia que reconoce la existencia de un vínculo laboral tiene el carácter de constitutiva, por lo
que es a partir de la ejecutoria de ella que se cuenta el plazo legal para la consignación de las
prestaciones adeudadas, de manera que, aún no se ha causado la mora alegada» .

24. Finalmente, frente al fenómeno de la prescripción, indicó que, este no se
configuró, toda vez que, el accionante «[…] prestó sus servicios desde el 1° de febrero de
2012 hasta el 31 de enero de 2018, mientras que la reclamación administrativa a la Empresa Social
del Estado data del 9 de octubre del 2018, y la demanda del 20 de mayo de 2019».

1.4 Recursos de apelación

1.4.1. Fabio Sánchez Sánchez8

25. El accionante interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia de
primera instancia, al estimar que: (i) el tribunal desconoció la fecha de inicio de la
relación laboral; (ii) se omitió emitir pronunciamiento sobre la indemnización por
terminación del contrato de trabajo de maneral unilateral y sin justa causa; y (ii) tiene
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de los
salarios y prestaciones sociales.

26. Sostuvo que, el tribunal «[...] se negó a reconocer la existencia de la relación laboral
durante el periodo comprendido entre el 3 de julio de 1998 y el 31 de enero de 2012, pese a que las
declaraciones de los testigos Blanca Melba Zuleta, Antonio José Urriago y José Miguel Camués
demostraban la prestación personal y continua del servicio en condiciones de subordinación y

8 Ib. archivo: 095Apelaciondese_FABIOSANCHEZAPELACIO.

7

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Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

dependencia económica del señor Fabio Sánchez Sánchez», decisión que, «[…] evidencia

errores de apreciación probatoria al privilegiar la ausencia de contratos escritos y restar méritos a
los testimonios que, de manera coherente y concordante, demostraban la subordinación y
dependencia económica del señor Fabio Sánchez Sánchez frente a las entidades demandadas, esto
es de la Secretaría Municipal de Salud de Cali y de la Red de Salud de Ladera E.S.E.» .

27. Insistió en «[…] la veracidad, coherencia y validez de los testimonios recaudados, los cuales
fueron uniformes en aspectos esenciales, al describir la presencia habitual del demandante en el
desempeño de funciones propias de un trabajador vinculado —como cajero— y al referir la existencia
de mecanismos de contratación indirecta mediante cooperativas o terceros. La coincidencia en los
relatos sobre hechos del mismo tenor fortalece su credibilidad y exige asignarles el valor probatorio
que corresponde, más aún cuando no existe prueba documental que los desvirtúe de manera
contundente».

28. Adujo que, «[…] la conducta procesal de la entidad demandada, consistente en omitir la
entrega de documentos relevantes (identificación de cooperativas, contratos, órdenes de prestación
de servicios, comprobantes de pago, entre otros), evidencia una actuación que obstaculiza la
verificación de los hechos y afecta su credibilidad», omisión que «[…] debe valorarse
negativamente frente a la versión del trabajador, quien aportó declaraciones coherentes y
consistentes con la realidad del vínculo».

29. Por otra parte, señaló que en este caso deben ser reconocidas las sanciones
por mora, toda vez que, «[…] la mora en el pago se configuró desde la fecha en que finalizó la
prestación del servicio, no desde la sentencia, porque la obligación nació en el momento mismo en
que cesó la relación laboral y el empleador omitió pagar lo debido».

30. Por último, indicó que, el tribunal «[…] omitió cualquier pronunciamiento sobre la forma y
causa de la terminación» del vínculo laboral, y que, «[u]na vez se declara judicialmente que

entre las partes existió un contrato realidad, es deber del Juez extraer todas las consecuencias
jurídicas derivadas de esa declaración, incluyendo la determinación de cómo y bajo qué
circunstancias se produjo la terminación del vínculo, pues ello incide directamente en el
reconocimiento de derechos adicionales como la indemnización por despido injusto o el reintegro,
según el caso».

1.4.1. Red de Salud de Ladera E.S.E.9

31. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Red de Salud de Ladera
E.S.E. interpuso recurso de apelación, al estimar que, «[n]ingún medio probatorio

9 Ib. archivo: 095_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.

8

Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

demuestra que la Red de Salud Ladera ejerciera poder disciplinario, reglamentario o de dirección
sobre el actor» y que, «[l]a supervisión contractual derivada de los contratos sindicales no

constituye subordinación, conforme lo dispone la jurisprudencia del Consejo de Estado».

32. Señaló que, «[…] del análisis del material probatorio allegado al expediente no se puede
establecer que entre el demandante y la Red de Salud de Ladera E.S.E. se hubiera consolidado una
relación laboral en los términos previstos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que
exige la concurrencia de los siguientes elementos: prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación», porque, aunque «[…] se acreditó que [el] demandante prestó servicios en

distintos centros de salud adscritos a la Red de Salud Ladera E.S.E., no es posible afirmar con
certeza que dicha entidad haya sido su empleadora, ya que las pruebas testimoniales y
documentales no permiten establecerlo de manera concluyente».

33. Argumentó que, «[l]o que [...] quedó plenamente demostrado fue que el actor estuvo
vinculado mediante un contrato colectivo sindical suscrito con la Asociación de Servidores del Sector
Salud (ASSS) desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de enero de 2018», y que, el accionante

«[…] admitió en interrogatorio de parte que los pagos por sus servicios eran realizados por la
“cooperativa”, y que nunca recibió prestaciones sociales por parte de la Red de Salud Ladera E.S.E.
ni fue incorporado a su planta de personal».

34. Señaló que, «[…] las certificaciones expedidas por la Asociación de Servidores del Sector
Salud (ASSS) junto con el contrato de trabajo aportado al expediente, permiten concluir que el
demandante fue vinculado a través de modalidades legales de tercerización, sin que se acredite la
existencia de un vínculo laboral directo con la entidad pública demandada», y sostuvo que «[…]

en el referido contrato consta expresamente que el actor aceptaba los cambios en el lugar y horario
de trabajo determinados por el empleador, lo cual evidencia que reconocía a la mencionada
Cooperativa como la única parte facultada para ejercer ese rol, con lo cual se descarta cualquier
subordinación frente a la Red de Salud Ladera E.S.E.».

35. Sostuvo que, «[…] la utilización de figuras de intermediación no constituye per se un fraude
a la ley, salvo que se demuestre de manera clara y suficiente que dichas figuras fueron empleadas
para encubrir una verdadera relación laboral directa entre el contratista y el beneficiario, con
desconocimiento de los derechos laborales», y, dijo que en este caso, «[…] no se probó que la

Red de Salud de Ladera E.S.E. se haya valido de las figuras contractuales con las Asociaciones
Sindicales como instrumentos para encubrir una verdadera relación de carácter laboral, por el
contrario, el contrato aportado, los certificados de tiempos de servicios prestados, pago de salarios
y aportes a seguridad social, así como las declaraciones rendidas en el proceso, corroboran que la
contratación fue gestionada y ejecutada directamente por estas entidades intermediarias, que
actuaron como empleadores.

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Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

1.5 Trámite de segunda instancia

36. Con auto de 8 de abril de 202610, el consejero de Estado ponente admitió el
recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el
proceso ingresó al Despacho para fallo.

37. Las partes no emitieron pronunciamiento sobre el recurso de apelación, dentro
del término de ejecutoria del auto admisorio de la alzada.

38. El Representante del Ministerio Público intervino 11 en esta oportunidad,
aunque de manera extemporánea, toda vez que el respectivo concepto fue radicado
con posterioridad a la entrada del expediente al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

39. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2. Problema jurídico

40. El problema jurídico que ocupa el sub-examine, se contrae a establecer, lo
siguiente:

40.1. ¿Entre el demandante y las entidades demandadas se configuró una
relación laboral subordinada?

40.2. De ser así, ¿la relación laboral se suscitó entre el 3 de junio de 1998 y el

31 de enero de 2018, o entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de
2018?

40.3. En consecuencia, ¿tiene derecho al pago de las prestaciones sociales

10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 10.

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Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

reconocidas en primera instancia?

40.4. ¿el accionante tiene derecho a las sanciones por mora en el pago de

salarios y prestaciones, e intereses a las cesantías, y a una indemnización
por despido injusto?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial. Configuración de relaciones de trabajo
subordinadas con el Estado suscitadas en el marco de la ejecución de
contratos administrativos de prestación de servicios - Principio de primacía
de realidad sobre las formalidades: efectos y prerrogativas

41. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación de las
condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, el artículo 53
de la Constitución Política, y la jurisprudencia en vigor en casos en los cuales se
suplica la aplicación del principio de realidad característico de las relaciones
laborales subordinadas.

42. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993,
forma jurídica de vinculación de personas naturales con la administración que, está
dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas actividades

no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados» , «no

generan relación laboral ni prestaciones sociales», y porque «[…] se celebrarán por el término

estrictamente indispensable».

43. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características
del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.
En esa oportunidad sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que
cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para
los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos»; y concluyó que «el

elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral
frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente

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consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente».

44. Posteriormente, ese Alto Tribunal 12 determinó los criterios que permiten
establecer o diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que
«[…] la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar
funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos
requeridos en la respectiva planta de personal» , momento en el que, a propósito del

esclarecimiento del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia constitucional
ha precisado los criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace
alusión a “la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional
y legalmente asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de
igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores
públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de
la relación laboral”; [iii] al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se
asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la
realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de
excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser
desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de
actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral
para el personal de planta”; y [v] al criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante
contratos sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario
de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente, la
verdadera relación existente es de tipo laboral».

45. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha proferido sendas
sentencias de unificación jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-16 13 de 25 de
agosto de 2016, en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el
derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».

12 Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de

agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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46. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 14 de 9 de septiembre de 2021, en la que
identificó algunos criterios para desentrañar el suceso o no de subordinación en el
ámbito de las contrataciones estatales, tales como lugar de trabajo, horario de
labores, dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, y la comprobada
identidad funcional con empleados de la planta de personal, y señaló que «el
ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato estatal de prestación de servicios
para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías propias de la relación laboral ocultada,
en tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución y a la ley, sino que conduce,
irremediablemente, a la precarización de las condiciones socioeconómicas mínimas para la
supervivencia digna de los trabajadores».

47. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable»,
concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».

48. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues de ser así surgen, en forma inmediata, los
derechos para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en
los cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines.

49. Luego entonces, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada
entre dos sujetos, se requiere que la parte interesada demuestre los elementos
esenciales de la misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de manera

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de

septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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personal, es decir, por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una
remuneración o pago; y, además, que en la relación con el empleador exista
continua subordinación o dependencia, situación entendida como aquella
facultad para exigir al prestador del servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.
De estos tres elementos, el de subordinación resulta ser el de mayor relevancia,
toda vez que marca la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y una
relación laboral.

2.4. Medios de prueba recaudados

50. Fueron recaudadas las siguientes pruebas:

50.1. Reclamación administrativa de 8 de octubre de 2018, radicada por el
accionante ante la alcaldía de Santiago de Cali, con la que pretendió el
reconocimiento de una relación laboral entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de
enero de 201815.

50.2. Reclamación administrativa de 9 de octubre de 2018, radicada por el
accionante ante la Red de Salud de Ladera E.S.E., con la que pretendió el
reconocimiento de una relación laboral entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de
enero de 201816.

50.3. Oficio sin número notificado el 17 de octubre de 2018, mediante el cual, la

Red de Salud de Ladera E.S.E. negó la petición17, al estimar que fue creada en
el año 2003, y que, a partir de su creación, no ha tenido vínculo laboral con el
actor.

50.4. Recurso de apelación interpuesto contra el Oficio emitido por la Red de

Salud de Ladera E.S.E.18.

50.5. Oficio de 21 de noviembre de 2021, mediante el cual, el Distrito de Santiago

15 Tribunal de origen, expediente electrónico, archivo 001: pp. 17-19.
16 Ib., pp. 20-22.
17 Ib., pp. 23-24.
18 Ib., pp. 25-27.

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de Cali negó la solicitud de reconocimiento de relación laboral 19, toda vez que,
en sus archivos no obra información alguna de vinculación del accionante y que,
corresponde a la Red de Salud de Ladera, como empresa social del Estado,
reconocer o no la relación laboral presuntamente suscitada.

50.6. Recurso de apelación interpuesto contra el Oficio emitido por el Distrito de

Santiago de Cali20.

50.7. Certificación emitida el 31 de enero de 2018 por la Asociación de Servidores

del Sector Salud ASSS, en la cual consta que el actor «[…] prestó sus servicios en
la Asociación por Contrato Colectivo Sindical suscrito con la Red de Salud de Ladera ESE,
desde el 01 de febrero de 2012 hasta el 31 de enero de 2018 en el proceso de CAJERO»21.

50.8. Comprobantes de pago, por la prestación de servicios como «cajero» entre

2012 y 201522.

50.9. Acuerdo 106 de 2003, a través del cual, el entonces municipio de Cali
descentralizó la prestación de servicios de salud y creó la Red de Salud Ladera
E.S.E.23.

50.10. Contratos colectivos sindicales celebrados por la Red de Salud de Ladera
y el sindicato Asociación de Servidores del Sector Salud ASSS, entre enero de
2017 y enero de 2018, para cubrir los contratos de apoyo a la gestión
empresarial en el área administrativa de la Unidad de Apoyo, Registro y
Facturación de Servicios de Salud24.

50.11. Certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, respecto de los
contratos sindicales celebrados entre 2015y 2017, por la Red de Salud de
Ladera y el sindicato Asociación de Servidores del Sector Salud ASSS25.

50.12. Interrogatorio de parte del señor Fabio Sánchez Sánchez26, quien refirió
que se vinculó con las demandadas desde junio de 1998, a través de contratos
sindicales y otras formas jurídicas. Adujo que siempre prestó sus servicios de
forma dependiente, ejecutando las órdenes de sus superiores en el rol de cajero

19 Ib., pp. 28-30.
20 Tribunal de origen, expediente electrónico, archivo 002: pp. 1-3.
21 Ib., p. 12.
22 Ib., p. 13-35.
23 Tribunal de origen, expediente electrónico, archivo 007: pp. 266-296.
24 Ib., archivo 020.
25 Ib., archivo: 060.
26 Samai del tribunal de origen, índice 41.

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de la institución.

50.13. Testimonio de Antonio José Urriago Adames27, quien, indicó que trabajó
con la Red de Salud de Ladera, vinculado a través de cooperativas de trabajo
asociado, dijo que trabajaba en el Centro de Salud Melendez como jefe técnico
de facturación, y pese a que el actor estaba asignado al centro de salud de
Siloé, en varias oportunidades, el actor fue enviado al centro de salud de
Melendez, manifestó que el actor laboró como «cajero facturador» en la Red de
Salud de Ladera, bajo continua subordinación, y seguía las órdenes del
respectivo «jefe técnico de facturación»; sin embargo, indicó que no le constaba si,
antes de 2003, tuvo alguna relación con el entonces municipio de Santiago de
Cali.

50.14. Testimonio de Blanca Melba Zuleta Ángel28, quien expresó que conoció
al actor en «la empresa», pues era promotora de salud en la institución y su trabajo
era extramural, vio al señor Sánchez en las ocasiones en que debía referir
usuarios al servicio de urgencias, lugar donde el accionante trabajó como cajero
de la ESE durante varios años, a través de distintas formas de vinculación con
cooperativas y sindicatos, cumpliendo el horario impuesto por sus superiores,
cumplía órdenes de «los jefes de los cooperados» y de la «coordinadora de la comuna
20», pero no le consta si prestó sus servicios al municipio de Santiago de Cali.

50.15. Testimonio de Belsy Mabel Montaña Herrera29, de profesión abogada,
quien señaló que ingresó a la Red de Salud de Ladera como abogada asesora
externa desde 2010, y desde hace tres años es la jefe de talento humano de la
empresa, e indicó que personalmente no recuerda al accionante, pero indicó
que la carga salarial y prestacional en este tipo de vinculaciones siempre estuvo
a cargo de otro empleador distinto a la E.S.E.

50.16. Testimonio de José Miguel Camúes Mier 30 , quien refirió que se
desempeña como auxiliar de estadística en la Red de Salud de Ladera, y
conoció al demandante porque fueron compañeros de trabajo, cuando este se
desempeñaba en el área de facturación de la ESE, en el centro de salud de
Siloé, como cajero, bajo las órdenes de sus jefes, y cumpliendo las labores
necesarias para la institución y el horario impuesto.

27 Ib.
28 Ib.
29 Ib.
30 Ib.

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2.5 Caso concreto

51. La parte demandante pretende obtener la declaración de existencia de una
relación de trabajo subordinada con la Administración, con ocasión de los servicios
que prestó al entonces municipio de Santiago de Cali, y a la Red de Salud de Ladera
E.S.E. entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de enero de 2018, desempeñando el
cargo de cajero.

52. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de: (i) declarar la existencia de una
relación laboral entre el accionante y la Red de Salud de Ladera entre el 1° de
febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018; (ii) ordenar el pago de las respectivas
prestaciones sociales, liquidadas con base en el salario de un empleo de planta que
tenga funciones similares a las de cajero; y (iii) ordenar el pago de aportes a
pensión.

53. La Red de Salud de Ladera interpuso recurso de apelación, al estimar que, no
se encuentran reunidos los elementos propios de una relación laboral, razón por la
cual, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.

54. A su turno, el accionante formuló recurso de apelación parcial, con el fin que
sean reconocidos la totalidad de tiempos pedidos; se emita pronunciamiento sobre
la indemnización por terminación del contrato de trabajo de maneral unilateral y sin
justa causa; y reconozcan las sanciones moratorias por el no pago oportuno de los
salarios y prestaciones sociales e intereses a las cesantías.

55. Planteado el objeto y alcance de esa impugnación, y a partir de las pruebas
recaudadas en el expediente, procede la Sala a efectuar el análisis crítico que
corresponde, para lo cual, empieza por señalar que, de acuerdo con los hechos
expuestos en la demanda y la respuesta a los mismos en la respectiva contestación,
no existe controversia alguna en cuanto a la prestación personal del servicio por
parte del señor Sánchez Sánchez y la contraprestación que, recibía por esa
actividad, aunque únicamente entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de
2018.

56. En efecto, una vez revisado el expediente, se observa certificación emitida el 31

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de enero de 2018 por la Asociación de Servidores del Sector Salud ASSS31, en la
cual consta:

57. Asimismo, en la contestación de la demanda, la Red de Salud de Ladera indicó
que, «[…] la parte accionante , sí acreditó mediante la prueba documental idónea, que durante los
extremos temporales de febrero 01 de 2012 a enero 31 de 2018 […] suscribió contratos de prestación
de servicios de carácter colectivo sindical con la ASOCIACIÓN GREMIAL DE CARÁCTER SINDICAL
“ASSS”, entidad de la cual, la parte actora era partícipe; circunstancia esta, que genera el efecto
jurídico de no tipificación de responsabilidad económica alguna respecto de la RED DE SALUD DE
LADERA ESE».

58. Ahora bien, contrario a lo aducido por el accionante, la Subsección no encuentra
probada la prestación personal del servicio, ni el recibo de remuneración alguna,
durante el lapso comprendido entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de enero de 2012.

59. Lo anterior, comoquiera que, no fue aportada o solicitada prueba documental
alguna que así lo evidencie, y los testimonios recaudados no resultan suficientes
para establecer si, con antelación al 1° de febrero de 2012, el accionante prestó sus
servicios como cajero, en qué modalidad lo hizo, y bajo qué tipo de condiciones.

60. En ese sentido, el actor advierte que, los testigos Blanca Melba Zuleta, Antonio
José Urriago y José Miguel Camués señalaron, de manera coherente y
concordante, que conocían la situación de subordinación y dependencia del señor
Fabio Sánchez Sánchez, frente a las entidades demandadas y advirtieron sobre
«[…] la existencia de mecanismos de contratación indirecta mediante cooperativas o terceros» .

31 Ib., p. 12.

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61. Sin embargo, revisadas las declaraciones recaudadas, la Subsección no
vislumbra que de aquellas sea posible colegir, con precisión, algún tipo de vínculo
antes de 2012, máxime cuando no fueron certeros en señalar los extremos de la
relación laboral descritos por el demandante, no identificaron las formas de
vinculación que presuntamente precedieron a 2012, y sostuvieron que no tenían
conocimiento acerca de la prestación del servicio del actor al municipio de Santiago
de Cali. En ese sentido, se observa que, las mencionadas declaraciones se
caracterizan por la indeterminación de un margen temporal, pues, en específico,
versaron sobre las condiciones de prestación de servicio del demandante relativas
a sus funciones como cajero, cumplimiento de órdenes y horarios, sin que fueran
identificados, de manera coherente ni consistente por los testigos Blanca Melba
Zuleta, Antonio José Urriago y José Miguel Camués, los extremos temporales entre
los cuales, el accionante, adujo que se suscitó la relación laboral.

62. Por lo tanto, los medios de convicción aportados no resultan suficientes para
configurar un haz de indicios, a partir del cual, pueda afirmarse que el accionante
prestó sus servicios a las demandadas entre el 3 de junio de 1998 y el 31 de enero
de 2012, ni las condiciones o pagos causados durante dicha hipotética relación.

63. A contrario sensu, al plenario solo fueron aportados los contratos sindicales
ejecutados entre enero de 2017 y enero de 2018, y los recibos de pago
correspondientes a los años 2012 a 2018, razón por la cual, se observa que no le
asiste razón jurídica al accionante para obtener el reconocimiento de la relación
laboral desde el 3 de junio de 1998.

64. Establecido lo anterior, se encamina la Subsección al estudio del elemento de
continua subordinación o dependencia, para el periodo comprendido entre el 1°
de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018, para lo cual empieza por señalar que,
está demostrado que la Red de Salud de Ladera celebró contratos sindicales con la
Asociación de Servidores del Sector Salud ASSS, con el fin de cubrir sus
necesidades de personal en el área de facturación.

65. Los contratos sindicales fueron contemplados por el artículo 482 del Código
Sustantivo del trabajo, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 482. DEFINICION. Se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios
sindicatos de trabajadores con uno o varios {empleadores} o sindicatos patronales para la
prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Uno de los
ejemplares del contrato sindical debe depositarse, en todo caso, en el Ministerio de Trabajo, a
más tardar quince (15) días después de su firma. La duración, la revisión y la extinción del

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contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de trabajo.

66. Sobre el régimen de responsabilidad, el artículo 483 ibidem prevé:

ARTÍCULO 483. RESPONSABILIDAD. El sindicato de trabajadores que haya suscrito
un contrato sindical, responde tanto por las obligaciones directas que surjan del
mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en
los casos de simple suspensión del contrato, previstos por la ley o la convención, y
tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que le correspondan
directamente, como las que correspondan a cada uno de sus afiliados. Para estos
efectos, cada una de las partes contratantes debe constituir caución suficiente; si no
se constituyere, se entiende que el patrimonio de cada contratante responde de las
respectivas obligaciones.

67. Respecto de dicha forma jurídica de vinculación, la Sección Segunda de esta
Corporación ha señalado32:

Teniendo en cuenta que el artículo 482 del CST define al contrato sindical como “el
que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o
sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por
medio de sus afiliados…”, y entre sus objetivos se encuentra, la promoción del trabajo
colectivo y generar empleos para sus afiliados en procura de dar una dinámica a la
actividad sindical, con el propósito de buscar mantener la contratación colectiva y
evitar la deslaboralización de la relación de trabajo, o que el empleador acuda a otras
formas de subcontratación para solucionar determinadas necesidades de servicios,
como las cooperativas de trabajo asociado, el outsourcing, los contratos de prestación
de servicios, la intermediación y otros contratos civiles, dicha forma de contratación
debe entenderse como una pauta hacia una contratación directa de los trabajadores
por las empresas, propendiendo por garantizar fuentes de ingreso para la
organización sindical y sus afiliados, en la medida en que quienes ejecutan el contrato
sindical, pueden gozar de los beneficios que logre pactar el sindicato con la empresa,
y así mejorar la calidad de vida de estos y su núcleo familiar.

Por consiguiente, si bien el empleador deberá acudir en primera instancia ante la
necesidad de contratar un servicio o una obra, a la posibilidad de celebrar un contrato
sindical, ello no coarta su libertad contractual, pues con ello, tal como se señaló, se
busca la realización de los fines colectivos, propendiendo mitigar fenómenos de
tercerización laboral.

68. No obstante, dicha figura no autoriza a la Administración para satisfacer sus
necesidades de personal a través de formas jurídicas de vinculación que no tienen
sustento legal, máxime en el caso de las empresas sociales del Estado, que cuentan
con un régimen de personal aplicable, conforme a su naturaleza jurídica.

69. En la presente oportunidad, la Sala da cuenta de un estado de cosas crítico: la
Red de Salud de Ladera contrató personal a través de formas jurídicas de

32 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 6 de julio de 2015; expediente 11001-03-25-000-2010-00240-00(2019-10); consejero ponente:

Luis Rafael Vergara Quintero.

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vinculación que no resultan propias de las empresas sociales del Estado, a través
de contratos sindicales que se extendieron durante, al menos, 6 años.

70. La situación identificada, es absolutamente relevante para definir la suerte de
las pretensiones de la demanda y la prosperidad de las alzadas bajo estudio,
comoquiera que, el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 estableció el régimen jurídico
de las empresas sociales del estado, y determinó que las personas vinculadas a la
empresa, con las que, naturalmente, está llamada a cumplir su misión, «[…] tendrán
el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de
la Ley 10 de 1990».

71. La normatividad contenida en la Ley 10 de 1990, preceptúa que, el capital
humano de este tipo de instituciones está integrado por servidores públicos que, por
regla general son empleados públicos, salvo los cargos de libre nombramiento y
remoción33, y los que puedan ser ocupados por trabajadores oficiales34.

72. En el presente caso, respecto de la prestación personal del servicio del actor,
se tiene que, el señor Fabio Sánchez Sánchez laboró al servicio de la Red de Salud
de Ladera, como cajero, entre el 1° de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2018,
aunque a título de partícipe de los contratos sindicales que dicha empresa social del
Estado celebró con el Sindicato Asociación de Servidores del Sector Salud ASSS.

73. Ahora bien, se encuentra probado que, el actor ejerció las actividades de cajero
en la Red de Salud de Ladera durante 6 años, de tal manera que, las vinculaciones
no tuvieron lugar por necesidad de contar con personal con conocimientos
especializados, ni fueron celebradas por el tiempo estrictamente necesario
establecido en la Ley 80 de 1993, sino con el objetivo de satisfacer la demanda
ciudadana durante lapsos indeterminados.

74. Al respecto, se tiene que, la condición de los ámbitos funcionales asignados al
demandante y las particulares condiciones en que las ejercía su empleo permite

33 Artículo 26º.- Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas,

para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera.
Son empleos de libre nombramiento y remoción:
1. En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1 de la Ley 61 de 1987.
2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados:
a. Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico,
inmediatamente siguiente;
b. Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada y los del primero y segundo nivel jerárquico, inmediatamente siguientes;
c. Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría.
34 Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios

generales, en las mismas instituciones.

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apreciar la configuración del elemento de subordinación.

75. Dicha conclusión, es concordante con la declaración de parte rendida por el
accionante, y los testimonios rendidos por Blanca Melba Zuleta, Antonio José
Urriago y José Miguel Camués, quienes dieron fe de las labores realizadas por el
señor Sánchez Sánchez en el área de facturación, del cumplimiento de horario y de
la dependencia de órdenes impuestas para el ejercicio de su gestión, en particular,
dadas por el respectivo «jefe técnico de facturación» y la «coordinadora de la comuna 20».

76. Todo lo anterior permite colegir que, las conclusiones a las que arribó el Tribunal
de instancia, para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes,
entre el Primero (1°) de febrero de 2012 y el Treinta y Uno (31) de enero de 2018,
se acompasan con la realidad fáctica que evidencia el expediente, pues, resalta con
contundencia que las labores ejercidas por el demandante se encuentran
encaminadas al cumplimiento de la misión de la entidad.

77. Pese a ello, se le vinculó a través de formas jurídicas no propias de una relación
laboral, de forma relativamente permanente, y eludiendo el pago de los
emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si hubiera sido vinculado
laboralmente.

78. En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe
precisarse que, este requisito también se encuentra desvirtuado, toda vez que, en
el presente caso las labores desempeñadas por el demandante se presentaron
durante un interregno de tiempo de 6 años, lapso que desvirtúa que la contratación
hubiere sido realizada por el tiempo estrictamente necesario.

79. En este orden, probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub
examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la
remuneración, y la subordinación o dependencia en el desarrollo de la actividad,
concluye la Sala que, el ente demandado utilizó equívocamente las figuras
contractuales reseñadas para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada,
por lo que, en este caso subyace una relación laboral encubierta, en aplicación de
los principios constitucionales consagrados en los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política.

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Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

80. Así las cosas, para la Sala se encuentra probado que la prestación de los
servicios profesionales por parte del accionante, en el ente demandado contó con
el elemento de continua subordinación y dependencia, lo cual desvirtúa el
argumento sostenido por la empresa social del Estado apelante.

81. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada, en lo relacionado con los
reproches formulados por la Red de Salud de Ladera E.S.E.

82. Finalmente, corresponde a la Sala resolver las solicitudes efectuadas por el
actor en la apelación, orientadas a que se ordene, en segunda instancia, el
reconocimiento y pago de sanciones moratorias por la falta de pago de salarios y
prestaciones, cesantías e intereses a las cesantías, y una indemnización por
despido injusto.

83. Al respecto, la Subsección ha reiterado la imposibilidad de reconocer ese tipo
de sanciones e indemnizaciones, habida cuenta de la naturaleza constitutiva de
derechos que comportan las sentencias que declaran la existencia de una relación
laboral, con fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades. En efecto, en sentencia de 18 de septiembre de 2025 35 , la Sala
sostuvo:

91. Ahora, en lo referente a la sanción moratoria por el pago tardío de las
prestaciones, esta Sala reitera que no hay lugar a su reconocimiento, pues la
obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el
reconocimiento de la relación laboral existente entre las partes, toda vez que esta
tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria
empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta genera.

92. De otra parte, en lo que respecta al «despido injusto», tal y como se expuso en
párrafos atrás, el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades
que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un
contrato de prestación de servicio no otorga al trabajador la calidad de empleado
público, de ahí que, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público y
reconocer que hubo una terminación de la relación laboral sin justa causa.

84. Siendo así las cosas, no le asiste vocación de prosperidad al accionante en lo
atinente a las sanciones e indemnizaciones solicitadas, razón por la cual, no hay
lugar a modificar el restablecimiento del derecho otorgado en la sentencia de
primera instancia.

2.6. Conclusión

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 18 de septiembre de 2025; expediente 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-

2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

85. Como corolario de todo lo expuesto en esta sentencia, y comoquiera que
ninguno de los recursos de apelación prosperó, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia en su integridad, tal como será dispuesto ut infra.

2.7. Sobre la condena en costas

86. No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR, en su integridad, la sentencia de Dieciséis (16) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en esta instancia.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen, previas las constancias y anotaciones de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Número Interno: 0115-2026
Demandante: Fabio Sánchez Sánchez
Demandado: Red de Salud de Ladera E.S.E. y Otro

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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