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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00527-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00527-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Flor Nohelia Montero de Cruz contra Casur, por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. 64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 76001-23-33-000-2019-00527-01 (3546-2025) Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00527-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00527-01 (3546-2025)
Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz
Litisconsorte: Nancy Yaneth Vélez Valdés
Demandada: Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional1

Tema: Sustitución de la asignación de retiro

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por María
Flor Nohelia Montero de Cruz contra la sentencia del 19 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Las pretensiones

1. María Flor Nohelia Montero de Cruz presentó demanda2 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 con
el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 1418 del 9 de marzo de 2015,
que le negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro
causada por Heliodoro Cruz y, en su lugar, le reconoció la prestación en cuantía del
100% a Nancy Yaneth Vélez Valdés, en calidad de compañera permanente.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió i) el reconocimiento y pago de la
sustitución de la asignación de retiro en su calidad de «cónyuge supérstite» en un

1 En adelante Casur.
2 Samai, índice 31.
3 En adelante CPACA.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

100% o de manera proporcional al tiempo de convivencia, a partir del 20 de
diciembre de 2014; ii) los intereses moratorios dispuestos en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 o «la indexación mes a mes» de acuerdo con el IPC; iii) el pago de
los perjuicios morales por 100 smlmv; iv) la condena en costas a su favor; y v) el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

4. Heliodoro Cruz laboró en la Policía Nacional y el último cargo que desempeñó
fue el de cabo primero.

5. Mediante la Resolución 2713 del 22 de junio de 1976 Casur le reconoció una
asignación mensual de retiro.

6. María Flor Nohelia Montero de Cruz y Heliodoro Cruz «empezaron a vivir juntos»
en el año 1965, él con «26 años y ella con 13 años de edad», en el municipio de
Rioblanco, Tolima, unión que duró aproximadamente «32 años». El 3 de abril de
1966 contrajeron matrimonio católico y tuvieron 4 hijos.

7. Mediante la escritura pública 3403 del 23 de octubre de 1998 liquidaron la
sociedad conyugal, no obstante, el vínculo matrimonial continuó vigente tal y como
se indicó en el inciso final de la cláusula décima de la escritura en mención «[d]esde
ya los cónyuges se autorizan mutuamente para fijar su domicilio de forma separada, sin
que ello constituya causal de abandono de sus deberes de esposos».

8. Pese a la liquidación de la sociedad conyugal mantuvieron un vínculo que
«conllevó a la consolidación de una familia», debido al apoyo físico, espiritual y
económico entre los cónyuges y sus hijos, a quienes «mantuvo afiliados como
beneficiarios del sistema de salud de la Policía Nacional».

9. El 20 de diciembre de 2014 Heliodoro Cruz falleció en Cali, Valle del Cauca.

10. El 7 de enero de 2015 María Flor Nohelia Montero de Cruz solicitó a Casur el
reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro en calidad de cónyuge
supérstite, petición que fue resuelta de forma desfavorable mediante la Resolución
1418 del 9 de marzo de 2015, comoquiera que no demostró la convivencia real y
efectiva con el causante y, en su lugar, le reconoció la prestación económica a
Nancy Yaneth Vélez Valdés, «presunta compañera permanente del causante».

11. La demandante en mayo del 2015 radicó una solicitud de revocatoria directa de
la anterior resolución, petición que se decidió de forma negativa mediante el oficio
del 27 de agosto de 2015, toda vez que ya existía un «acto administrativo ejecutoriado»
que gozaba de presunción de legalidad.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

12.Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 29, 42, 48, 83 y 90 de la
Constitución Política; 3 de la Ley 923 de 2004; 11 del Decreto 4433 de 2004; 152 y
160 del Código Civil.

13. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

14. El artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 reguló la sustitución de la asignación
de retiro, la cual tenía por objeto garantizar una renta periódica a los miembros del
grupo familiar que dependían económicamente del causante. Su finalidad era no
dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del
afiliado o pensionado que fallece.

15. En el caso concreto existía, por una parte, una cónyuge con «separación de hecho
y unión conyugal vigente» y, por otra, una compañera permanente, en ese entendido,
era posible concederles a las dos la sustitución de la asignación de retiro de manera
proporcional al tiempo convivido.

16. El Decreto 4433 de 2004 tenía un problema de redacción pues se establecieron
términos como «unión conyugal vigente» y «sociedad conyugal vigente», así: «[s]i no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota
parte (…)” y posteriormente indica: “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con
la cual existe la sociedad conyugal vigente”». Esto generaba un problema de
interpretación en el sentido de definir si para efectos de solicitar la sustitución de la
asignación mensual de retiro al cónyuge supérstite le era exigible el vínculo
matrimonial o la sociedad conyugal vigente. No obstante, en atención a los
principios constitucionales que regían la seguridad social se podía concluir que la
norma en mención perseguía la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación «[t]ambién obedecía al reconocimiento que el legislador quiso darle al
tiempo destinado por la cónyuge supérstite a su pareja afiliada o pensionada».

17. La demandante convivió con el causante desde «1956»(sic) hasta el 23 de
octubre de 1998, fecha en la que se liquidó la sociedad conyugal mediante escritura
pública, pero continuo vigente su vínculo matrimonial por voluntad de las partes, es
decir, que la pareja de esposos convivió por «33 años y 23 días», término en el cual
le brindó apoyo y respeto a su cónyuge, le «entregó» su juventud y adultez al cuidado
y formación de sus hijos, por lo que era más que meritorio el acceso al
reconocimiento de la asignación de retiro de manera proporcional al tiempo
convivido, pues una interpretación restrictiva era inconstitucional.

1.1.3. Contestación de la demanda

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

1.1.3.1. Casur

18. Manifestó que se acogía a la decisión que se adoptara por parte del juez en
tanto la demandante debía probar los hechos sobre los cuales construyó las
pretensiones de la demanda4. Asimismo, citó jurisprudencia de esta corporación
relacionada con la materia objeto de estudio5.

1.1.3.2. Nancy Yaneth Vélez Valdés

19. Se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que6:

20. La demandante no cumplió con el requisito dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004, toda vez que para el momento de la muerte del causante la
sociedad conyugal se encontraba disuelta y liquidada, según lo previsto en la
escritura pública 3403 del 23 de octubre de 1998.

21. Entre la demandante y Heliodoro Cruz no existió convivencia desde hacía «16
años», aquel solo realizaba visitas ocasionales a la residencia de quien fue su
anterior familia.

22. No era cierto que Heliodoro Cruz continuó a cargo del sostenimiento económico
de la demandante, toda vez que al liquidarse la sociedad conyugal ella quedó con
un patrimonio que le fue asignado mediante escritura pública 3403 del 23 de
noviembre de 1998 en la que quedó claro que asumiría sus gastos.

23. Ella era la compañera permanente del causante, tal y como quedó acreditado
en la escritura pública 0937 del 13 de marzo de 2007 y de los testimonios aportados
se podía establecer que tuvieron una vida marital continua y permanente desde el
año 1985 hasta el 2014, fecha del fallecimiento del causante.

24. Entre la declaración de María Flor Nohelia Montero y algunas otras
declaraciones presentadas habían inconsistencias, pues aquella afirmó que había

4 Samai, índice 32.
5 Sentencia del 20 de septiembre de 2007. Expediente 76001-23-31-000-1999-01453-01. CP Jesús

maría Lemus Bustamente, de la cual se extrajo lo siguiente: «Por estas razones bajo un criterio de
justicia y equidad y en consideración a que la finalidad de la sustitución pensional es la de evita que
las personas que forman parte de la familia y que dependan patrimonialmente del causante puedan
quedar sumergidas en el desamparo y abandono económico, en el caso en concreto habiéndose
acreditado una convivencia simultánea, se resolverá el conflicto concedido el 50% restante de la
prestación que devengaba el extinto agente Jaime Aparicio Ocampo. Distribuido en partes iguales
entre el cónyuge y la compañera permanente, con quienes convivió varios años antes de su muerte,
procreo hijos a quienes prodigaba ayuda económica compartiendo lo que recibía a título de
asignación mensual de retiro…. No existen razones que justifiquen un trato diferente al que aquí se
dispone pues concurre el elemento material de convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea,
por voluntad propia del causante, en cabeza de la cónyuge y la compañera. »
6 Samai, índice 32

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

compartido lecho, techo y mesa durante 30 años con el causante y que estuvieron
juntos desde 1966 hasta 1996 pero que «hacía 18 años no convivían»; sin embargo,
se demostró que Heliodoro Cruz tuvo como su lugar de residencia y domicilio la
finca Betania, Maracaibo, desde el año 1985 hasta el 2004 en donde convivió con
su «compañera permanente», por lo que «era imposible que conviviera con la demandante
desde 1985 hasta su fallecimiento en el año 2014».

25. Asimismo, eran contradictorias las declaraciones rendidas por Juan de Dios
Arana Tascón quien aseguró en el año 2014 que la demandante y el causante
convivieron hasta el año 1996, no obstante, en la declaración del año 2019 afirmó
que convivieron bajo el mismo techo por 24 años, desde el 25 de marzo de 1990
hasta su fallecimiento.

1.2. La sentencia apelada

26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 19 de septiembre
de 2025 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con
fundamento en que7:

27. De conformidad con lo acreditado en el proceso, la demandante y el causante
contrajeron matrimonio católico el 3 de abril de 1966. Posteriormente, se disolvió y
liquidó la sociedad patrimonial que tenían mediante escritura pública 3403 del 23 de
octubre de 1998, en la que se estableció que «los cónyuges acordaron autorizar la
fijación de domicilio en forma separada, lo que constituye que ambos acuerdan y se dan
permiso para vivir en lugares diferentes, siendo una clara terminación efectiva de la
convivencia conyugal», por lo tanto, a partir del 23 de octubre de 1998 no subsistió la
comunidad de vida entre los cónyuges a pesar de que no cesaron los efectos civiles
del matrimonio, razón por la cual se debió acreditar la reanudación de la convivencia
con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento de aquel, el cual
ocurrió el 20 de diciembre de 2014.

28. De acuerdo con los testimonios recaudados y las pruebas documentales se
pudo inferir que «la vida de Heliodoro Cruz estuvo marcada por la convivencia simultánea
de dos núcleos familiares», pues la convivencia con Nancy Yaneth Vélez Valdés inició
en el año 1985 cuando comenzaron a vivir juntos en una finca del municipio de
Restrepo. Posteriormente, se ratificó su condición de compañera permanente
mediante escritura pública del 13 de marzo de 2007. No obstante, existió una
separación de hecho con la demandante desde el año 1998 por lo que ya no había
vida en común ni una convivencia efectiva.

29. El domicilio de la demandante era en la casa familiar en la que vivía con sus
hijos en Cali, Valle del Cauca, por lo que se evidenció una ausencia de convivencia
plena y efectiva con el causante, pues, aunque mantenían una relación afectuosa y

7Samai, índice 63.

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se registraron visitas ocasionales, no existió una vida en común durante los últimos
5 años previos a su fallecimiento.

30. Tampoco se acreditó la dependencia económica ya que solo se demostró apoyo
ocasional, consistente en «remesas», que de acuerdo con lo que señalaron los
testigos se referían a alimentos entregados durante las visitas esporádicas del
causante.

31. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional8 establecieron que, para acceder al derecho a la pensión de
sobrevivientes o la sustitución pensional, era necesario acreditar la convivencia
efectiva, estable y permanente durante los últimos cinco años anteriores al
fallecimiento del causante, o en su defecto, que la sociedad conyugal conservara
vigencia y efectos patrimoniales.

32.Aunque existieron relaciones ocasionales y visitas del causante a María Flor
Nohelia Montero de Cruz, no se configuró una convivencia efectiva, de manera que
no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento de la sustitución
pensional a su favor.

1.3. El recurso de apelación

33. María Flor Nohelia Montero de Cruz presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia con fundamento en que9:

34. El tribunal desconoció el derecho que le asistía al no tener en cuenta el tiempo
que convivió con el causante, pues si bien se realizó un proceso de carácter
económico que fue la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y el acuerdo
de vivir en domicilios separados, el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta la
fecha del deceso y «nunca se desconocieron los deberes de los cónyuges, persistiendo
la comunidad de vida, ayuda mutua, apoyo económico, asistencia solidaria», como se
evidenció de la declaración extrajuicio de María luz Dari García Marulanda que fue
vecina del causante por más de 40 años «a quien le constaba que convivieron de
manera ininterrumpida por espacio de 40 años, con la señora MARÍA FLOR NOHELIA, y
era quien respondía económicamente y en todo sentido por su esposa».

35. De los testimonios aportados se acreditó plenamente que ella y el causante,
pese a que liquidaron la sociedad conyugal, nunca rompieron el vínculo de unión
hasta la muerte de aquel. Asimismo, se acreditó que «la pareja se observaba como un
matrimonio que convivía bajo el mismo techo, lecho y mesa, con demostraciones de cariño
y buenos tratos y que Heliodoro Cruz siempre veló por el bienestar de ella» pues tenía a
cargo el sustento económico y su estabilidad financiera la cual se vio afectada,

8 Sentencia C-336 de 2014.
9Samai, índice 66.

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comoquiera que toda su vida se dedicó de forma completa y exclusiva al cuidado
de sus hijos.

36. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado10 residir en lugares
separados no conllevaba por sí mismo a la finalización del vínculo de pareja, pues
ello vulneraría el principio de equidad social toda vez que para el acceso a la
distribución y el reconocimiento de la pensión se debía tener en cuenta las
condiciones reales de los beneficiarios en búsqueda de una justicia material y la
protección efectiva para quienes dependían del causante.

37. Tal y como lo señaló el tribunal, se acreditó que el causante tuvo convivencia
simultanea con 2 núcleos familiares, por lo que «reconoció el derecho», pero le negó
la prestación económica.

38. El a quo vulneró sus derechos al mínimo vital, igualdad, seguridad social y
dignidad humana, al negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en su
calidad de cónyuge.

1.4. Trámite en segunda instancia

39. En auto del 22 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11.

40. El Ministerio Público presentó concepto12 en el que solicitó que se confirmara la
decisión de primera instancia, pero se apartó de la consideración relacionada con
que existió convivencia simultánea, en tanto no se acreditó una convivencia efectiva
y real entre la demandante y el causante, por cuanto la convivencia no significaba
buenos tratos, la responsabilidad con los hijos e incluso con la anterior pareja, pues
ello era un asunto de «simple educación y aprecio por seres queridos» con quienes
existía vinculación sanguínea y afectiva, pero en manera alguna ese trato cariñoso

10 Sentencia dictada por el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez en el proceso 52001-23-

33-000-2014-00041-01 (1335-15) en la cual dispuso: «La Ley 100 de 1993 regula en sus artículos
46 y 47 la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, con el objeto garantizar la seguridad
económica de los familiares del causante que encontrándose pensionado o afiliado al sistema y sin
haber logrado el estatus pensional falleció. Se trata de una prestación dirigida a suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su
deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las
personas beneficiarias de dicha prestación.»
Asimismo, la sentencia proferida por el consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero en el
proceso con radicado 76001-23-31-000-2005-02741-01 (0669-08) en la que señaló: «‘‘La
“convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir en compañía de otro" sino
como acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico y vida en común es
el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto
principal de protección de la sustitución pensional’.»
11 Samai, índice 4.
12 Samai, índice 8.

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y educado se traducía en convivencia.

40.1. Desde la declaración realizada mediante la escritura pública de 1998 quedó
claro que no había más que una relación afectiva entre la demandante y el causante,
quienes concurrieron voluntariamente a declarar sus libertades personales y
financieras.

40.2. La pretensión de la parte demandante fue cubierta desde el momento en que
se hizo la partición de bienes y se disolvió la sociedad conyugal, además,
manifestaron que quedaban a paz y salvo por todo concepto y decidieron fijar
domicilios separados, por lo que pedir reconocimiento económico «cuando ya se ha
disfrutado anticipadamente de los que correspondería luego del fallecimiento del causante
es invasivo de los derechos de la compañera permanente que incluso con su trabajo
contribuyó a las atenciones realizadas por el señor Heliodoro Cruz a su antigua familia, sin
discriminación alguna».

II. Consideraciones

2.1. Competencia

41. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

42. De conformidad con los argumentos del recurso de apelación, se debe resolver
el siguiente interrogante: ¿si María Flor Nohelia Montero de Cruz tenía derecho al
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro de Heliodoro Cruz?

43. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de la sustitución de la asignación de retiro de acuerdo con el régimen especial de la
Policía Nacional; segundo, se expondrá los hechos probados; y tercero, se resolverá
el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la sustitución pensional de los miembros de la Policía Nacional

44. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de

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una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos13.

45. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación14.

46. Ahora bien, la Ley 923 de 200415 estableció que el orden de beneficiarios de las
pensiones de sobrevivientes y de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez, sería establecido con los miembros del grupo familiar y el
parentesco con el titular. Además, que tendrían la calidad de beneficiarios, para la
sustitución de la asignación de retiro:

«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. […] 3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de
la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.

3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con
el causante aplicará el numeral 3.7.1.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese
un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del
presente numeral, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14 Sentencia T-564 de 2015.
15 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».

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de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.» [se resalta]

47. En desarrollo de esta ley, el gobierno nacional expidió el Decreto 4433 de
200416, por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la fuerza pública, reguló los derechos a las prestaciones
económicas periódicas de quienes prestaran sus servicios a la Nación como
miembros de la Fuerza Pública que comprendía la asignación de retiro, la pensión
de invalidez, y su sustitución, así como la pensión de sobrevivencia.

48. Así, en el parágrafo 2 del artículo 11 y 40 estableció lo siguiente:

«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las
pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en
servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:

[...].

Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión
de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se
aplicarán las siguientes reglas:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución.
Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente
parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

16
«[P]or medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».

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En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente.» [se resalta]

49. De conformidad con la norma transcrita, para el caso de la sustitución de la
asignación de retiro de un miembro de la fuerza pública, se requiere demostrar la
convivencia efectiva por no menos de 5 años continuos con el causante antes de
su muerte.

50. Ahora, en el caso en que no haya convivencia simultánea con la cónyuge y la
compañera permanente y continúa vigente la «unión conyugal» con separación de
hecho, la prestación se divide entre aquellas, siempre que la compañera acredite
haber convivido con el causante un tiempo superior a 5 años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. Y la otra parte le correspondería a la cónyuge con la
existencia de la sociedad conyugal vigente.

51. Lo anterior, coincide de forma literal con lo que regula el inciso final del literal b)
del artículo 13 de la Ley 797 de 200317, en el régimen general de pensiones. Al
respecto la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la expresión «[l]a
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contenida
en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en el requisito de la
convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de hecho con
sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe convivir con
el causante los últimos 5 años de su vida.

52. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo

17 «[…] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente
[…]». (Se resalta)

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siguiente18:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)

53. Esta postura ha sido aplicada por la jurisprudencia de esta corporación19 al texto
del inciso final del parágrafo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 citado, por
coincidir en su redacción y porque «[…] la sustitución de la asignación de retiro se puede
equiparar con la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional previstas en el
régimen general de pensiones[...]»20. De este modo, una interpretación que acata la
diferencia entre las instituciones jurídicas de matrimonio y unión marital de hecho y
justifica el trato diferencial entre los beneficiarios es aquella que predica que el
cónyuge supérstite que se separó de hecho y mantuvo el vínculo conyugal vigente
también tiene derecho a la cuota parte de la pensión de acuerdo con la proporción
del tiempo convivido con el causante.

54. Lo anterior, concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar

18 Sentencia C-336 de 2014. En línea con lo anterior se encuentra más recientemente la sentencia

c-515 de 2019.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020. También

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021.
Radicado: 68001-23-33-000-2013-01040-01(3700-16).
20 Ibidem.

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el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.

55. Ciertamente, se ha explicado que la separación de hecho no disuelve la
sociedad conyugal, pues para que esto suceda se requiere que ocurra la «separación
judicial de cuerpos», tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 1820 del Código
Civil. En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho y no judicial los
efectos patrimoniales del vínculo matrimonial persisten21. En consecuencia, el
cónyuge no pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado fallecido,
mucho más cuando la separación de hecho ha sido justificada22.

56. Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la jurisprudencia
constitucional y laboral, constituye justa causa de la interrupción de la convivencia, entre
otras, la fuerza mayor, impedimentos de salud de alguno de los cónyuges o situaciones no
imputables al cónyuge supérstite, tales como escenarios “en los que el presunto beneficiario
ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”»23. En tales situaciones, y con el fin de
proteger al cónyuge supérstite afectado por el actuar del pensionado fallecido, se
ha señalado que conserva su derecho a la sustitución pensional, pues no fue su
culpa la ruptura de la convivencia.

57. Ahora bien, el Decreto 4433 de 2004 en su artículo 12 estableció las causales
de «[p]érdida de la condición de beneficiario». En la norma se indicó que «[s]e entiende
que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a […]
la sustitución de la asignación de retiro […] 12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de
separación de hecho». Si bien así se dispuso, lo expuesto con antelación implica que
esta causal es inaplicable porque desconoce los efectos legales del matrimonio que
está vigente y conllevaría un castigo para el cónyuge supérstite que dejó de
cohabitar con el causante por una causa justificada.

21 C-746 de 2011. En esta providencia se explicó que «[l[a separación de cuerpos entraña la
suspensión de la vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de divorcio, solo alegables
por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas; y por el mutuo consentimiento de los
cónyuges manifestado ante el juez competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho
se da cuando se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida por
uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional, C-1495/00)».
22 En la C-336 de 2014 en la que se estudió la constitucionalidad del inciso final del literal b) del

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que regulaba el beneficio compartido entre la compañera
permanente y la cónyuge supérstite separado de hecho de la pensión de sobrevivientes avaló esta
prerrogativa dada en favor del segundo pese a la no convivencia bajo el argumento de que «los
haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta
efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir,
que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del
matrimonio».
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 2010-2019, radicación no. 45045

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58. El anterior criterio fue plasmado por la Corte Constitucional en la sentencia T-
228 de 2023, en la que se comparó los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes incluidos en el artículo 47 de la Ley 100, modificado
por el 13 de la Ley 797 de 2003, con los exigidos para la sustitución pensional por
el literal a) del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y
concluyó que coincidían materialmente. Por lo que la interpretación que debe darse
a este último debe ser igual a la efectuada al primero que indica que el cónyuge
supérstite separado de hecho lo que debe demostrar es la convivencia de 5 años
con el causante en cualquier tiempo. En la providencia se resumió la postura así:

«4. Sustitución de la asignación de retiro en el régimen especial de las fuerzas
militares. De acuerdo con los artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004, el cónyuge
supérstite de los miembros de la fuerza pública es beneficiario de la sustitución de la
asignación de retiro.

(i) Requisitos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han interpretado que
los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional en
este régimen especial son los mismos que en el Sistema General de Pensiones. No
es requisito que la cónyuge supérstite (a) haya convivido con el causante al
momento de su muerte y (b) que los 5 años de convivencia que la ley exige
hubieren sido los inmediatamente anteriores a la muerte del causante.

(ii) Efectos de la separación de hecho o de cuerpos. La separación de hecho o de
cuerpos, así como la interrupción de la convivencia por causas imputables al
causante, no extinguen el derecho a la sustitución de la asignación de retiro de
la cónyuge supérstite. En estos eventos, no resulta aplicable el numeral 5º del
artículo 12 del Decreto 4433 de 2004». (Se resalta).

59.En lo relacionado con la causal regulada en el numeral 12.5 del artículo 12 del
Decreto 4433 de 2004, la Corte indicó que era inaplicable porque «[…] en aquellos
casos en los que la cónyuge supérstite y el causante se separaron de hecho o de cuerpos
por el abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales del causante, no resulta
aplicable el numeral 5º del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004. Lo anterior, porque la
Constitución no permite que el cónyuge supérstite deba soportar las consecuencias del
abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales de su esposo […] »24.

60. Lo expuesto también lleva a inferir que la norma antes mencionada tampoco
regula el supuesto fáctico descrito en el último inciso del artículo 11 ibidem, que
alude a la convivencia exclusiva del causante con la compañera(o) permanente en
los últimos cinco años de vida, pero que mantiene vigente una unión conyugal
anterior. En este caso, el inciso reconoce el derecho a la cónyuge, aunque haya
separación de hecho, en proporción al tiempo convivido. Por tanto, se contradice
con la causal de pérdida del derecho que prevé la primera norma referida. La
aparente antinomia admite una interpretación acorde con los principios superiores

24 En este sentido, también se puede consultar la sentencia C-683 de 2017 de la Corte Constitucional.

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de favorabilidad25 y pro homine26, para dar prevalencia a la disposición más
beneficiosa al o la cónyuge supérstite. Ciertamente, la duda que surge sobre cuál
de las dos normas vigentes debe regir o la interpretación que de manera conjunta
entre estas debe primar27 debe ser resuelta con prelación de la norma permisiva y
no la restrictiva28.

61. Si bien esta corporación, en algunas providencias29 ha dicho, cuando se alega
la causal de pérdida del derecho aludida, que por agravarse el derecho a la
sustitución pensional del cónyuge supérstite debe acudirse, en virtud del principio
de favorabilidad, a las normas generales en el que no existe tal regla y aplicarlo en
su integridad, tal mandato se torna innecesario cuando se trata de juzgar casos en
los que tanto compañera permanente como cónyuge supérstite reclaman el derecho
sin que exista convivencia simultánea, pues en este supuesto se puede dar una
interpretación integral del último inciso del parágrafo 2 del artículo 11 y del 12
numeral 12.5 del Decreto 4433 de 2004 y aplicar la norma más favorable, sin
necesidad de variar el régimen pensional en su totalidad. Análisis que, según se
explicó, implica la inaplicación de esta última norma.

62. Ahora, en lo que refiere a la convivencia que se debe acreditar, la jurisprudencia
ha señalado que esta no se limita a cohabitar bajo un solo techo. Por el contrario, «
[…] se relaciona con el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber
de apoyo y auxilio mutuo; junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar […] »30.
De igual manera, se ha indicado que debe tener un carácter de estabilidad y
permanencia, de suerte que no puede considerarse para efectos pensionales las
relaciones causales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o
accidentales que haya podido tener en vida el causante. En todo caso, la
convivencia efectiva debe ser valorada en cada situación concreta para determinar

25 Artículo 53 de la Constitución Política.
26 La aplicación del principio pro homine como criterio de interpretación, se desprende entre otros,

del literal b) del artículo 29 de la Convención Aricana Sobre Derechos Humanos en cuanto prevé:
«Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] limitar
el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno
de dichos Estados; […]»
27 «En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que

le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social,
estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo
que resulta más beneficioso, condición que se conoce como el principio de inescindibilidad o
conglobamento […] Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al
trabajador». Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-009-18 del 1 de marzo de
2018. Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16)CE-SUJ2-009-18
28 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, MP Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.

Sentencia del 31 de agosto de 2023.
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020.

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-02535-01(1452-19) y sentencia de igual sala con
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06518-01(2031-19) del 15 de abril de 2021.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 8 de julio de 202. Radicado:

25000-23-42-000-2016-01773-01(1840-19).

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las razones de la no cohabitación en un mismo lugar y las circunstancias que lo
justifican31.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

64. El 3 de abril de 1966 Heliodoro Cruz y María Flor Nohelia Montero de Cruz
contrajeron matrimonio católico32.Tuvieron 4 hijos, Nidia Cruz Montero nacida el 5
de mayo de 1968, Stella Cruz Montero el 2 de marzo de 197033, Alexander Cruz
Montero el 24 de marzo de 1974 y Jonathan Cruz Montero el 4 de noviembre de
198334.

65.A través de la Resolución 2713 del 22 de junio de 197635 Casur le reconoció
una asignación mensual de retiro a Heliodoro Cruz, en calidad de cabo primero.

66. Mediante escrito del 20 de noviembre de 199736, el causante manifestó ante
Casur que desde hacía 14 años aproximadamente convivía bajo el mismo techo con
su compañera permanente Nancy Yaneth Vélez Valdés, y que de esa unión
nacieron 2 hijos.

67.La demandante y el causante compartieron festividades como cumpleaños y
matrimonios de acuerdo con las fotografías aportadas37.

68. Mediante escritura pública 3403 del 23 de octubre de 199838 se dejó constancia
de la liquidación de la sociedad conyugal entre Heliodoro Cruz y María Flor Nohelia
Montero de Cruz, en la que se asignó 3 bienes inmuebles para ella y 1 predio rural
para él. Asimismo, se dispuso lo siguiente:

«SEGUNDO: Que por el presente [p]roceden de mutuo acuerdo a disolver y liquidar la
sociedad conyugal formada por ocasión del matrimonio […]

DECIMO: Los cónyuges manifiestan que entre ellos no existen obligaciones de ninguna
clase, cada uno queda un patrimonio suficiente para velar por su propio sostenimiento.
Desde ya los cónyuges se autorizan mutuamente para fijar su domicilio en forma
separada, sin que ello constituya causal de abandono de sus deberes de esposo.
DECIMO PRIMERO: Los exponentes y de acuerdo al vínculo matrimonial dio origen a la

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012.
Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
32 Samai, índice 31, página 36.
33 Año ilegible.
34 Samai, índice 31, página 38 a 44.
35 Samai, índice 20, página 19 a 21.
36 Samai, índice 20, página 50.
37 Samai, índice 31, página 95 a 100.
38 Samai, índice 31, página 46 a 54.

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sociedad conyugal, que por medio de este instrumento disuelven y liquidan
definitivamente, se declaran a paz y salvo por todo concepto proveniente de gananciales,
igualaciones, compensaciones […]»

69. Heliodoro Cruz falleció el 20 de diciembre de 201439.

70. En la manifestación juramentada presentada por la demandante ante Casur el
30 de diciembre de 2014, señaló lo siguiente40:

«Compartí con HELIODORO CRUZ, TECHO, LECHO Y MESA durante TREINTA (30)
años y siempre dependí económicamente de EL, nunca trabaje, solo me dedique al
hogar. Estuvimos juntos desde 1.966 – 1996. Con HELIODORO CRUZ hacia dieciocho
(18) años no convivíamos, NO HUBO DIVORSIO, NI SEPARACION DE CUERPOS
COMO LO INDICA EL REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO. El matrimonio Católico solo
se acaba con el fallecimiento de uno de los dos.

Durante estos otros dieciocho (18) años, Heliodoro Cruz siempre estuvo al pendiente de
nosotros y mis hijos mayores me han estado sosteniendo y me afiliaron a su E.P.S.»
[Resaltado del original]

70.1. Asimismo, aportó las siguientes manifestaciones juramentadas rendidas el 30
de diciembre de 2014 ante Casur41:

«VALENCIA LLANOS JOSE RUPERTO, C.C. 2.514.345 de BUGA LA GRANDE (Valle
del Cauca), natural de BOLIVAR (Valle del Cauca), tengo 75 años actualmente, soy
CASADO, PENSIONADO DE LA APONAL y resido en la Carrera 31ª # 34 – 49 del
Barrio León Trece de la comuna 11.

Manifiesto bajo gravedad del juramento que desde el 30 de Junio de 1.976 conozco de
vista y trato a la pareja de esposos a la señora MARIA FLOR NOHELIA MONTERO DE
CRUZ y al señor HELIODORO CRUZ (hoy fallecido), y se; y me consta que vivieron en
la residencia ubicada en la CARRERA 31ª # 34 B 17 del barrio LEON TRECE (13)
hasta el año de 1.996. Pero el nunca dejo de venir a visitar a su familia y siempre lo veía
en las reuniones que ellos hacían en su residencia.

[…]

ARANA TASCON JUAN DE DIOS, C.C. 16.236.501 de Palmira (Valle del Cauca),
natural de ZARZAL (Valle del Cauca), tengo setenta (70) años actualmente, soy
CASADO, pensionado de la APONAL y resido en la Carrera 31ª # 34 – 30 del barrio
León Trece Comuna 11.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que desde el 15 de enero 1.979 conozco de
vista y trato a la pareja de esposos a la señora MARIA FLOR NOHELIA MONTERO DE
CRUZ y el señor HELIODORO CRUZ (hoy fallecido) y se, y me consta que vivieron en
la residencia ubicada en la CARRERA 31ª # 34 B 17 del barrio león trece hasta el año
1.996, pero seguí viendo a HELIODORO CRUZ visitando regularmente a su familia y los
acompañándolos en las reuniones de su casa» [Resaltado del original]

39 Samai, índice 31, página 34.
40 Samai, índice 18, página 191.
41 Samai, índice 18, páginas 206 y 208.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

71. Por otra parte, Nancy Yaneth Vélez Valdés presentó manifestación juramentada
del 8 de enero de 2015 con la solicitud de reconocimiento de la sustitución de la
asignación mensual de retiro causada por Heliodoro Cruz, ante Casur, de la cual se
extrae lo siguiente42:

« [e]n junio del año 1983, conocí a Heliodoro Cruz, cuando visitaba a su mama, dueña
de la casa de inquilinato donde yo vivía en arriendo (en una pieza), iniciamos una bonita
amistad como amigos y posteriormente una relación de novios, de vez en cuando se
quedaba a dormir en mi cuarto, producto de nuestro amor el 11 de febrero de 1985 nace
nuestra primera hija a la cual llamamos LUZ KARIME, es de anotar que yo para la época
era trabajadora independiente y Heliodoro jubilado de la Policía Nacional, su tiempo lo
dedicaba al trabajo en su finca de nombre Betania Maracaibo de la ciudad de Restrepo
Valle, como agricultor, por conocimiento suyo, supe que era casado con la señora Maria
flor Nohelia Montero y con hijos, que tenía problemas con su esposa ya que no le gustaba
estar en esa finca, porque no había energía y los caminos eran de herradura y el
transporte se hacía caballo y/o a pie hasta la carretera donde posteriormente se viajaba
en carro.

Mediante Resolución 1418 del Heliodoro, presentaba gordura mórbida y otros
quebrantos de salud, siempre decía que el clima frío le asentaba bien y mejoraba su
salud para mantener controladas sus enfermedades, por esa razón permanecía allí
(motivo de los problemas que dio origen a la separación con su esposa) entre ir y venir
de Cali a Restrepo el 05 de noviembre de 1985 iniciamos una relación de hecho como
compañeros permanentes compartiendo techo lecho y mesa en forma permanente y sin
interrupción proporcionándome todo lo que un esposo proporciona a su familia,
alimentación, vestuario, bienestar, vivienda, y salud particular, en la finca Betania
Maracaibo de la ciudad de Restrepo Valle […].»

72. El 9 de marzo de 201543 Casur negó el reconocimiento de la asignación mensual
de retiro a María Flor Nohelia Montero de Cruz y, en su lugar, le reconoció la referida
prestación a Nancy Yaneth Vélez Valdés por acreditar la convivencia con el
causante en calidad de compañera permanente.

73. Mediante escrito de mayo de 201544 la demandante solicitó la revocatoria
directa de la resolución antes señalada y, como consecuencia de ello, que se le
reconociera la asignación mensual de retiro del causante, comoquiera que el vínculo
matrimonial se encontraba vigente y dependía económicamente de aquel con quien
mantuvo una convivencia y crió a sus 4 hijos, lo que implicó la consolidación de una
familia, apoyo físico y espiritual45.

74. El 27 de agosto de 201546 la entidad demandada dio respuesta a la anterior
petición de forma negativa con fundamento en que la decisión fue tomada de
acuerdo con el material probatorio que obraba en el expediente administrativo.

42 Samai, índice 18, página 217 y 218.
43 Samai, índice 31, página 55 a 57.
44 No se indicó el día y tampoco tiene constancia de recibo.
45 Samai, índice 31, páginas 62 a 69.
46 Samai, índice 31, página 70.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

75. El 21 de junio de 2019 mediante declaración extrajuicio rendida ante la Notaría
3 de Cali47 María Flor Nohelia Montero de Cruz manifestó bajo la gravedad del
juramento que conoció a Heliodoro Cruz en el año «1995» [sic] cuando fundaron el
puesto de Policía en Rio Blanco (Tolima), tuvieron una amistad y se hicieron novios.
En 1965 se fue a vivir con él por 4 meses, compartieron mesa, techo y lecho en
Chaparral, Tolima. El 3 de abril de 1965, cuando ella tenía 14 años decidió casarse
con el causante, de esa unión procrearon 5 hijos, uno de ellos falleció en gestación;
vivieron en Ibagué y el 12 de agosto de 1969 trasladaron al causante a Cali, allí
vivieron en el barrio León Trece, en la carrera 31 A #34B-17.

75.1. Para el año 1998 supo que su esposo sostenía otra relación extramatrimonial
ocasional, por esa razón decidió realizar la liquidación de la sociedad conyugal
mediante escritura pública del 23 de octubre de 1998 previendo un posible divorcio
y con el fin de garantizar la protección de algunos bienes que le servirían para su
sustento y el de sus hijos, por lo que a partir de la fecha en mención dejaron de vivir
en la misma casa. Además, señaló lo siguiente:

«Sin embargo, nuestra relación sentimental continuó y mi esposo siguió dándonos el
sustento económico a mi hijo JONATHAN CRUZ, quien era el único menor de edad y a
mi hasta la fecha de su fallecimiento. Aun cuando HELIODORO cambió de casa, nos
visitaba de manera periódica, salíamos a pasear, compartíamos como familia, por eso
nunca nos quisimos divorciar. [desde la fecha en que decidí convivir con él y mientras
estuvimos casados hasta la fecha del fallecimiento, HELIODORO CRUZ me brindó el
sustento económico, yo nunca trabajé pues dediqué mi juventud y adultez al cuidado de
mis hijos y a atender a mi esposo. Mientras vivimos juntos, le brindé apoyo, comprensión
y todos mis años de vida para que fuéramos felices, [d]esde su muerte me he visto
afectada económicamente para sufragar gastos para la alimentación, vestido,
medicamentos para tratar enfermedades de diabetes e hipertensión que padezco,
servicios públicos, aunque mis hijos me ayudan en cierta parte, lo cierto es que ellos
tienen sus respectivas familias y sus propias obligaciones. Considero que por ello, mi
salud y vida se encuentra comprometidos. Adicionalmente, la negativa de CASUR para
reconocerme la sustitución de asignación mensual de retiro me ha producido dolor y
angustia por cuanto me preocupa estar sin sustento y desamparada.»

76. Al proceso se aportaron las siguientes declaraciones extrajuicio rendidas el 7
de junio de 2019:

77. Fabio Parra Molano fue amigo y vecino de Heliodoro Cruz, lo conoció de vista,
trato y comunicación por alrededor de 30 años. El causante convivió con la
demandante bajo el vínculo del matrimonio católico, compartieron el mismo techo
de manera permanente e ininterrumpida por 30 años, desde el 25 de febrero de
1984 hasta el día de su fallecimiento; de esa unión tuvieron 4 hijos. Aquel respondía
económicamente y en todo sentido por su esposa, por lo tanto, era quien sufragaba
los gastos de manutención, vivienda, alimentación, salud y demás expensas del
diario vivir. Desconoció la existencia de una persona con igual o mejor derecho del
que le asistía a la esposa del causante para hacer cualquier tipo de reclamación.

47 Samai, índice 32, folios 82 a 84.

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78. María Luz Dari García Marulanda fue vecina de Heliodoro Cruz, lo conoció de
vista, trato y comunicación por un tiempo de 40 años desde el 15 de abril de 1974.
Él convivió con la demandante bajo el vínculo del matrimonio católico, compartieron
el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por 40 años, desde el 15
de abril de 1974 hasta el día de su fallecimiento, el 20 de diciembre de 2014. De
esa unión tuvieron 4 hijos. Heliodoro respondía económicamente y en todo sentido
por su esposa, por lo tanto, era quien sufragaba los gastos de manutención,
vivienda, alimentación, salud y demás expensas del diario vivir. Desconoció la
existencia de una persona con igual o mejor derecho del que le asistía a la esposa
del causante para hacer cualquier tipo de reclamación48.

79. Ana Libia Sánchez Mora fue vecina de Heliodoro Cruz, lo conoció de vista,
trato y comunicación por un tiempo de 41 años desde el 20 de enero de 1973.
Convivió con la demandante bajo el vínculo del matrimonio católico, compartieron
el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por 41 años, desde el 20
de enero de 1973 hasta el día de su fallecimiento, el 20 de diciembre de 2014, de
esa unión tuvieron 4 hijos. Heliodoro respondía económicamente y en todo sentido
por su esposa, por lo tanto, era quien sufragaba los gastos de manutención,
vivienda, alimentación, salud y demás expensas del diario vivir. Desconoció la
existencia de una persona con igual o mejor derecho que le asistía a la esposa del
causante para hacer cualquier tipo de reclamación49.

80. Juan de Dios Arana Tascón fue «compañero de institución» de Heliodoro Cruz,
lo conoció de vista, trato y comunicación por un tiempo de 24 años desde el 25 de
marzo de 1990. Él convivió con la demandante bajo el vínculo de matrimonio
católico, compartieron el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por
24 años, desde el 25 de marzo de 1990 hasta el día de su fallecimiento, el 20 de
diciembre de 2014, de esa unión tuvieron 4 hijos. Heliodoro respondía
económicamente y en todo sentido por su esposa, por lo tanto, era quien sufragaba
los gastos de manutención, vivienda, alimentación, salud y demás expensas del
diario vivir. Desconoció la existencia de una persona con igual o mejor derecho del
que le asistía a la esposa del causante para hacer cualquier tipo de reclamación50.

81. Luis Norbey Arroyave García fue amigo y vecino de Heliodoro Cruz, lo conoció
de vista, trato y comunicación por un tiempo de 33 años desde el 10 de agosto de
1981. Convivió con la demandante bajo el vínculo del matrimonio católico,
compartieron el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por 33 años,
desde 10 de agosto de 1981 hasta el día de su fallecimiento, el 20 de diciembre de
2014, de esa unión tuvieron 4 hijos. Heliodoro respondía económicamente y en todo
sentido por su esposa, por lo tanto, era quien sufragaba los gastos de manutención,

48 Samai, índice 32, folios 87 a 88.
49 Samai, índice 32, folios 89 a 90.
50 Samai, índice 31, folios 91 a 92.

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vivienda, alimentación, salud y demás expensas del diario vivir. Desconoció la
existencia de una persona con igual o mejor derecho del que le asistía a la esposa
del causante para hacer cualquier tipo de reclamación51.

2.4.2. Hechos probados (Nancy Yaneth Vélez Valdés)

82. Nancy Yaneth Vélez Valdés y Heliodoro Cruz tuvieron dos hijos: Luz Karime
Cruz Vélez nacida el 11 de febrero de 1985 y Heliodoro Cruz Vélez el 31 de mayo
de 199052.

83.La compañera permanente y el causante compartieron festividades como
cumpleaños, la primera comunión de su hija y viajes, de acuerdo con las fotografías
aportadas53.

84. El 13 de marzo de 2007 Heliodoro Cruz y Nancy Yaneth Vélez Valdés
declararon ante la Notaría 13 del Circuito de Cali que desde el 5 de noviembre de
1985 hasta la fecha convivían como compañeros permanentes54.

85. Mediante Oficio S-2020-018795 RASES-ARGES- 1.10 del 8 de diciembre de
202055 la Dirección de Sanidad evidenció que María Flor Nohelia Montero no estaba
registrada en el núcleo familiar de Heliodoro Cruz y que Nancy Yaneth Vélez Valdés
sí se encontraba afiliada, cuya vigencia inició el 21 de marzo de 2007.

-Declaraciones extrajuicio rendidas el 28 de noviembre de 2020

86. Dioselina Rodríguez López laboró en 1996 en la Institución Educativa José
Acevedo y Gómez, sede Simón Bolívar, ubicada en la vereda Playa Rica,
jurisdicción de Restrepo (Valle). Heliodoro Cruz vivía con su esposa Nancy Yaneth
Vélez Valdés y sus hijos Luz Karime Cruz y Heliodoro Cruz Vélez. Estuvo trabajando
hasta el año 1999 y fue profesora de los 2 hijos del causante. Ellos eran propietarios
de la finca Betania Maracaibo de la vereda Playa Rica jurisdicción Restrepo (Valle)
«durante el tiempo que laboré como docente» y «mucho tiempo atrás y que esa fue su
residencia y domicilio permanente»56.

87. Aida Luz Zuñiga Benavides vivió desde los 10 años en la finca «El Jardín» de
propiedad de sus abuelos, ubicada en la vereda Playa Rica de Restrepo (Valle).
Estudió en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez sede Simón Bolívar, en
la que estuvo los últimos 3 años de la primaria con la profesora Dioselina Rodríguez
y ahí conoció a Luz Karime Cruz Vélez y Heliodoro Cruz Vélez, hijos de Heliodoro

51 Samai, índice 32, folios 93 a 94.
52 Samai, índice20, páginas 60 y 61.
53 Samai 20, índice 7, páginas 21 a 23.
54 Samai 20, índice 7, páginas 19 y 20.
55 Samai 20, índice 7, página 11.
56 Samai 20, índice 7, páginas 1 y 2.

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Cruz y Nancy Yaneth Vélez, quienes eran propietarios de la finca Betania la que era
su residencia permanente. Ellos le contaron que vivían desde el año 1985 hasta el
2004, pues para ese año se fueron a vivir a Cali57.

Declaraciones extrajuicio rendidas el 4 de diciembre de 2020

88.Carmen de Jesús Valencia Rendón conoció a Heliodoro Cruz y a Nancy
Yaneth Vélez en el año 1986, Heliodoro era el propietario de la finca Betania
Maracaibo «y buscó a mi esposo para que fuera a trabajar a la finca como agregado, don
Heliodoro no solo contrató a mi esposo, si no, que también me contrató para que le cuidara
a la niña LUZ KARIME, vivimos en la finca la bananera vereda guaira que quedaba
enseguida de la vereda Playa Rica, después de trabajar con ellos, siempre continuamos
con la amistad, hasta la fecha. […] La familia Cruz Vélez vivió desde el año 1985 hasta el
año 2004 en la finca Betania Maracaibo como familia, posteriormente para el año 2004 para
el mes de julio [s]e fueron a vivir a Cali. […] Doy fe que los señores Heliodoro y Nancy
Yaneth vivieron siempre juntos desde el año 1985 hasta el 2004 en la finca y en Cali del
año 2004 hasta 2014 fecha en la que falleció Heliodoro Cruz»58.

89. María Dulfay Villaquirán Astudillo señaló que cuando tenía 22 años sus
padres le vendieron la finca Betania Maracaibo a Heliodoro Cruz en el año 1984,
quien se fue a vivir y trabajar en ella. En el año 1985 conoció a la esposa del
causante, quien tenía una hija recién nacida, Luz Karime. Heliodoro la contrataba
para trabajar en la casa para hacer la comida, el aseo y para ayudar a Nancy Yaneth
en los quehaceres de la finca, «hasta que ellos se vinieron a vivir a Cali en el año 2004
a mediados de julio. Don Helidoro para el año 2004 consiguió agregado para que le cuidara
la finca y trabajara en ella. Yo trabajaba en Restrepo, pero vivía con mis papas en la finca
[…] don Heliodoro y doña Nancy Yaneth iban permanentemente a ella, se quedaban tres
días y regresaban a Cali, eso era permanente. Quiero manifestar que mis hijos MAURICIO
(QEPD), y JAVIER estudiaron junto con los hijos de Nancy Yaneth y Heliodoro en la escuela
de la vereda, la profesora de ellos fue la señora DIOSELINA RODRIGUEZ. Después que
ellos se vinieron a vivir a Cali, nunca perdimos el contacto hasta la fecha. Después de 2004,
conocí la casa en Cali en el barrio Puerto Mallarino, donde vivían como esposos los señores
Heliodoro, Nancy Yaneth y sus hijos. En una de esas fui invitada a los 15 años de Luz
Karime que fueron en el año 2.000, la fiesta fue en un salón grande. Doy fe que los señores
Heliodoro Y Nancy Yaneth vivieron siempre juntos desde el año 1985 hasta el 2004 en la
finca y en Cali del año 2004 hasta 2014 fecha den que falleció Heliodoro Cruz.»59.

2.4.3. Interrogatorio de parte y testimonios

90. En la audiencia de pruebas celebrada el 17 de octubre de 2024 se practicó el
interrogatorio de parte a María Flor Nohelia Montero Cruz del cual se extrae lo
siguiente:

57 Samai 20, índice 7, páginas 3 y 4.
58 Samai 20, índice 7, páginas 5 y 6.
59 Samai 20, índice 7, páginas 8 y 9.

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90.1. Hace muchos años conoció a Nancy Yaneth Vélez Valdés, porque «fueron» a
una fiesta en su casa. Con el tiempo se enteró de que su esposo, Heliodoro Cruz y
Nancy Yaneth Vélez tenían una relación en la cual tuvieron hijos, razón por la cual
realizó el trámite de la separación de bienes con él porque «todo lo que tenían lo
habían conseguido entre los dos y las cosas iban para abajo y faltaba una casa y decía que
la finca no daba nada», entonces de común acuerdo hicieron la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, pero nunca se divorciaron. También lo hizo
para proteger el patrimonio de ella y el de sus hijos.

90.2. Después de la liquidación de la sociedad conyugal «siguió viéndose» con
Heliodoro, siempre iba a su casa, salía a pasear con él, a bailar, si se enfermaba
algún hijo o ella él estaba ahí, las visitas que hacía eran por horas, por días, «[p]ara
el año en que murió, el hijo menor se casó y estuvo por 3 días en la casa».

91. Declaración de parte de Nancy Yaneth Vélez Valdés.

91.1. En el año 1983 conoció a Heliodoro Cruz, desde entonces «empezaron a salir»
y en 1985 nació su primera hija, Luz Karime Cruz, en ese mismo año se fueron a
vivir a una finca hasta la muerte de Heliodoro. En esa finca trabajaron juntos, él
montó una marranera y ella un galpón con 100 gallinas, además, tenían bastante
ganado. Viajaban cada 15 o 20 días desde la finca a Cali.

91.2. Mediante una resolución notarial del año 1998 Heliodoro y María Flor Nohelia
Montero Cruz acordaron que ella recibiría 3 casas, mientras que él se quedaba con
la finca y el carro, los cuales compartió con Nancy. Tenían 2 hijos llamados Luz
Karime Cruz Vélez y Heliodoro Cruz Vélez, quien nació en 1990.

91.3. En el año 1999 su compañero le compró una casa en Puerto Mallarino (Cali),
y cuando llegaban de la finca se quedaban ahí. A través del proceso de sucesión
se le reconoció el 50% de la finca en calidad de compañera permanente.

91.4. Cuando empezó su relación con Heliodoro sufría de diabetes y de la tiroides,
después empezó a tener dolores de rodilla y como ya no podía trabajar se fueron a
Cali, razón por la cual arrendaron la finca y cada 8 días ella iba a supervisarla. El
doctor Urrea le hizo una prótesis de rodilla, después se le complicó «un ojito» y le
hicieron un lente.

91.5. El 18 de diciembre Heliodoro se «agravó» a las 11:00 pm lo llevaron primero a
la Clínica Fátima y luego a las 2:00 am lo trasladaron a la Clínica de los Remedios,
donde murió el 20 de diciembre a las 2:40 am. Ese año estuvo muy enfermo y era
atendido constantemente por especialistas, por lo que la Clínica Fátima
prácticamente se convirtió en su segunda casa.

91.6. En su último año de vida visitaba por horas y esporádicamente a María Flor

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Nohelia Montero de Cruz, lo sabía porque él ya no podía manejar, pues no veía
bien, entonces era ella quien lo llevaba y lo esperaba en una esquina cerca de la
casa de María Flor.

92. Testigos de María Flor Nohelia Montero de Cruz.

93. María Luz Dary García Marulanda conoció a la demandante hace 50 años,
aproximadamente, supo que su pareja era Heliodoro Cruz porque «han sido vecinos
durante toda la vida», desde el año 1974 y hasta el fallecimiento de aquel. La relación
de ellos era muy estable nunca los vio con problemas, tuvieron 4 hijos, Nidia, Estela,
Alex y Jonathan, quienes eran mayores de edad.

93.1. «El señor Cruz» hasta la fecha de su muerte en el año 2014 estuvo muy
pendiente de sus obligaciones familiares. No se enteró de que él tuviera relaciones
extramatrimoniales, lo único que sabía era que se iba para la finca y venía cada 15
o 20 días a la casa que tenía en el barrio. Heliodoro se «dedicaba a la Policía» igual
que su esposo, entonces eran muy amigos, pues estaban en la misma institución.

93.2. No sabía si «el señor Cruz y la señora Flor» se fueran a separar o si tenían
problemas, lo único de lo que se daba cuenta era cuando él se iba a la finca. Como
vecina llegó a compartir fechas especiales como la primera comunión de sus hijos
y los 15 años de Nidia, hija de Heliodoro y Flor.

93.3. Heliodoro presentaba a la «señora Flor como su esposa y así la conocí». En los
últimos años de vida de Heliodoro viajaba mucho para la finca por los negocios del
café y la siembra que tenía allá y ya después salió pensionado de la Policía,
entonces se dedicó más a la finca, pero siempre volvía cada 15 o 20 días a la casa
de su familia a traer lo necesario para ellos, «lo digo porque lo veía llegando en su Jeep
y como mi esposo era su amigo iba a saludarlo».

93.4. Flor estuvo toda la vida en su hogar dedicada a sus hijos y a su matrimonio,
porque ella nunca trabajó. «El señor Cruz» solventaba los gastos del hogar.

93.5. No sabía que Heliodoro tuviera otros hijos diferentes de los que tuvo con «doña
Flor». Él tuvo problemas de la tensión arterial y al final tuvo un infarto, precisamente
esa semana estuvo en su casa, tenía la tensión alta y falleció en la clínica de la
Policía en Cali. Una vez falleció el «señor Cruz», quien solventaba los gastos de la
«señora Flor» era la hija que vivía en España quien se preocupaba por los gastos
de la mamá y la ayudaba. Su situación económica se volvió un «poco» precaria
porque ya no tenía el sustento de su esposo y dependía de lo que los hijos pudieran
darle, pero la hija que vivía en España fue la que se apropió de los gastos de la
mamá.

93.6. Ella siempre se quedaba en la casa cuidando a sus hijos que estaban pequeños
y por eso no acompañaba a Heliodoro a la finca. No podía afirmar que tuvieran una

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relación íntima, pero sí que cada 15 o 20 días lo veía que llegaba a la casa. Asistió
al sepelio del causante y siempre vio que la «señora Flor» fue quien se encargó de
todo.

94. Ana Libia Sánchez Zamorano era vecina de la demandante, sabía de la
relación como esposos entre Flor y Heliodoro Cruz desde hacía 48 años
aproximadamente, tuvieron 4 hijos y una buena relación, afectuosa; siempre la
presentaba como su esposa. La sacaba a pasear, «les traía la remesa», y cosas de
la finca que quedaba por Restrepo. Él estaba pendiente de ellos y lo sabía porque
eran sus vecinos seguidos de su casa. Cuando él se fue de la casa, hubo una
separación, pero no recordaba el año, ni el tiempo de la separación.

95. Cuando conoció a Heliodoro era agente de la Policía y era quien pagaba los
gastos del hogar y lo sabía porque era vecina de la «señora Flor». Vio cómo en sus
últimos años de vida iba «a la casa de Flor», le pareció que la visitó incluso en la
última semana de vida. No sabía que tenía más hijos hasta el día del sepelio del
causante.

96. «La señora Flor» se dedicaba a su hogar; Heliodoro iba de visita a la casa de ella
como cada 15 días y les llevaba «las remesas» a sus hijos, tenían muy buena amistad
con Flor. Solo unos días antes de su muerte lo vio convaleciente. Escuchó que al
causante le hicieron una cirugía en su rodilla lo que le generó una incapacidad de 1
año.

97. Testigos de Nancy Yaneth Vélez Valdés.

98. Piedad Camacho Rivera era amiga de Nancy Yaneth Vélez y conoció a
Heliodoro de «toda la vida» porque eran vecinos ya que sus padres vivían en diagonal
a su casa. A la «señora Yaneth Vélez» la conoció como su última compañera, estuvo
con él en la salud y en la enfermedad hasta el último momento, incluso estuvo
presente cuando lo llevaron de su casa al médico. Conoció la relación entre
Heliodoro y Yaneth por 30 años, vivían en Puerto Mayare, ella dependía
económicamente de él, pues proveía el mercado.

2.5. Caso concreto

99. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al encontrar acreditado que, aunque la demandante y el causante
contrajeron matrimonio, la sociedad patrimonial se liquidó mediante escritura
pública el 23 de octubre de 1998 en la que acordaron fijar su domicilio de forma
separada, por lo que no subsistió la comunidad de vida entre los cónyuges desde
esa fecha a pesar de que no cesaron los efectos civiles del matrimonio católico.
Situación que se acreditó también con los testimonios recaudados.

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100. De acuerdo con los testimonios y pruebas documentales se pudo inferir que «la
vida de Heliodoro Cruz estuvo marcada por la convivencia simultánea de dos núcleos
familiares», pues la convivencia con Nancy Yaneth Vélez Valdés inició en el año 1985
cuando comenzaron a vivir juntos en la finca del municipio de Restrepo.

101. El causante residió principalmente en la finca ubicada en el municipio de
Restrepo junto a Nancy Yaneth Vélez Valdés y el domicilio de la demandante era
en la casa familiar en la que vivía con sus hijos en Cali, Valle del Cauca, por lo que
se acreditó una ausencia de convivencia plena y efectiva con el causante, pues,
aunque se mantenían en una relación afectuosa y se registraron visitas ocasionales,
no existió una vida en común durante los últimos 5 años previos a su fallecimiento.
Además, no se probó la dependencia económica.

102. María Flor Nohelia Montero de Cruz presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión, pues consideró que: i) se desconoció el derecho que le asistía,
comoquiera que se omitió el tiempo de la convivencia con el causante, pues si bien
se realizó la liquidación de la sociedad conyugal y se acordó vivir en domicilios
separados el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta la fecha del fallecimiento
de Heliodoro Cruz; ii) de los testimonios se podía extraer que «nunca rompieron el
vínculo de unión hasta la muerte» y que él siempre veló por su bienestar, comoquiera
que tenía a cargo su sustento económico; iii) residir en lugares diferentes no
conllevaba a la finalización del vínculo de pareja, según la jurisprudencia del
Consejo de Estado; y iv) el tribunal reconoció la convivencia simultánea con 2
núcleos familiares, pero negó el reconocimiento de la prestación económica.

103. Ahora bien, en lo relativo al vínculo matrimonial, se acreditó que estuvo vigente
hasta la fecha del fallecimiento del causante, pues no obra prueba de divorcio, sin
embargo, al liquidarse la sociedad conyugal cesaron los efectos patrimoniales del
matrimonio, lo que conllevó a que los cónyuges dejaran de ser beneficiarios, en este
caso, de la sustitución de retiro, como lo ha considerado esta Subsección:

«para establecer si el cónyuge es beneficiario del derecho a la sustitución pensional, se
requiere que, en principio, la sociedad conyugal esté vigente, pues su liquidación y
disolución implicaría, en principio, la pérdida del derecho, incluso aun cuando el vínculo
matrimonial permaneciera activo, porque una vez realizada la separación de bienes, los
haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna
vez conformaron.»60

104. También se ha admitido la posibilidad de reconocer el derecho, pese a la
liquidación y disolución de la sociedad conyugal, siempre que se pruebe la
convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, al

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-

2018-01556-01 (2773-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

considerar que tal escenario, no impide la vida en común61.

105. De acuerdo con el material probatorio del caso bajo estudio, se acreditó que
María Flor Montero de Cruz y Heliodoro Cruz contrajeron matrimonio católico el 3
de abril de 1966 y que el 23 de octubre de 1998 mediante escritura pública 3403 de
común acuerdo liquidaron la sociedad conyugal, además dejaron constancia de que
fijarían su domicilio de forma separada, lo que en efecto se evidenció, pues se pudo
establecer que la demandante siguió viviendo en la casa ubicada en Cali y el
causante en la finca llamada Betania Maracaibo de la vereda Playa Rica jurisdicción
de Restrepo, Valle, en la cual vivía desde 1985 con Nancy Yaneth Vélez Valdés,
según las declaraciones extrajuicio aportadas y los testimonios rendidos.

106. Ahora, si bien con la demanda se aportaron unas declaraciones extrajudiciales,
todas ellas señalaron que María Flor Nohelia Montero de Cruz y el causante
«compartieron el mismo techo» de manera permanente hasta el día de su
fallecimiento. Esto contradice lo que la misma demandante expresó en su
manifestación juramentada presentada ante Casur el 30 de diciembre de 2014, en
la que señaló que no convivió con el causante desde hace 18 años. Además, en
dichas declaraciones no se especificaron las condiciones de convivencia de la
pareja ni la naturaleza y la periodicidad de la ayuda económica supuestamente
proporcionada por aquel.

107. Adicionalmente, de los testimonios rendidos por de María Luz Dary García
Marulanda y Ana Libia Sánchez Zamora se advierte que ambas coincidieron en
señalar que Heliodoro Cruz permanecía gran parte del tiempo en la finca y que
visitaba «la casa» de ellos cada 15 o 20 días. Sin embargo, María Luz Dary García
aseveró que no podía afirmar que tuvieran una «relación íntima»; y Ana Libia
Sánchez Zamora aseguró que hubo una separación cuando el causante se fue de
la casa pero que no recordaba el año ni el tiempo, lo que resulta contradictorio con
su declaración extrajuicio cuando aseguró que habían convivido de forma
permanente e ininterrumpida por «41 años», por lo tanto, aunque los testimonios
acreditan la existencia de contacto ocasional de ellos no se puede determinar con
certeza si existían lazos de solidaridad, de apoyo mutuo y una intensión de continuar
con una comunidad de vida entre ambos.

108. Así, analizadas las pruebas en su conjunto, es posible establecer que existía
una relación afectiva, de amistad y lazos familiares entre la demandante y el
causante, pues este visitaba a sus hijos cada 15 o 20 días por horas o días y
compartían fechas especiales, de acuerdo con los testimonios y las declaraciones

61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018. Expediente: 2010-

00295-01(2564-2014). Demandante: Clara Esther Narváez Ordoñez; sentencia del 2 de julio de 2020.
Expediente: 2015-01982-01 (3633-2019). Demandante: Ángel María Salazar; sentencia del 9 de septiembre de
2021. Expediente: 2014-02561-01 (1598-2019). Demandante: Libia Guzmán de Ñungo; sentencia del 10 de
febrero de 2022. Expediente: 2015-00814-01 (5017-2019). Demandante: Betsy Mabel Buitrago Ordóñez y otra;
sentencia del 21 de septiembre de 2023. Expediente: 2019-01567-01 (4358-2022). Demandante: Beatriz Bonilla
de Arciniegas.

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

de parte. No obstante, con ello no se acreditó que tuvieran una comunidad de vida
durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante.

109. Frente al argumento relacionado con que existió convivencia simultánea, se
tiene que según el escrito del 20 de noviembre de 1997 presentado por Heliodoro
Cruz ante Casur, aquel señaló que convivía hacía 14 años con Nancy Yaneth Vélez
Valdés, lo que se acompasa con la manifestación juramentada que presentó ella el
8 de enero de 2015 ante la entidad demandada en la que indicó que lo conoció
desde el año 1983 e iniciaron una relación de novios, por lo que se podía inferir que
durante ese periodo existió convivencia simultánea, sin embargo no se acreditó que
está se mantuviera hasta los 5 años anteriores al fallecimiento del causante.

110. En lo relativo a la dependencia económica, se encuentra que la demandante
señaló en la declaración extrajuicio del 21 de junio de 2019 que Heliodoro Cruz,
aunque había cambiado de casa, seguía suministrándole sustento económico a ella
y su hijo menor y los testigos coincidieron en señalar en que dependía
económicamente del causante, pues veían cuando llevaba alimentos. Sin embargo,
no fue posible determinar que se tratara en efecto de un aporte económico
permanente para María Flor Nohelia Montero de Cruz o si era un apoyo ocasional
que brindaba el causante.

111. Por otra parte, se evidenció del contenido de la escritura pública 3403 del 23 de
octubre de 199862, que en la partición de bienes se asignó a la demandante «[…] Un
lote de terreno […] junto con la casa de habitación de una planta […]con área de 138 metros
cuadrados. […] ubicada en la calle 34 No. 31-27 en la Urbanización León XII de esta ciudad
de Cali […] SEGUNDA PARTIDA: Un lote [..] con área de 132.60 metros cuadrados, y la
casa de habitación sobre el construida, ubicado en la carrera 31A No. 34-B-17 de la
Urbanización León XIII de esta ciudad de Cali. […]TERCERA PARTIDA: Unas mejoras
consistentes en una casa de habitación, construida sobre el lote de terreno ajeno distinguido
con el No. 6 de la manzana D, ubicada en la carrera 31ª No. 34-B-27 Urbanización León
XIII de esta ciudad de Cali […]». Además, la demandante y el causante manifestaron
que no existía entre ellos obligaciones de ninguna clase, comoquiera que cada uno
quedaba con «un patrimonio suficiente para velar por su propio sostenimiento». En
consecuencia, inicialmente, cada uno quedó con propiedades a su cargo que le
facilitaban su propio sustento sin necesidad de depender económicamente entre sí.

112. Frente al argumento relacionado con que en el recurso de apelación se indicó
que esta Corporación ha considerado que residir en lugares diferentes no
conllevaba a la finalización del vínculo de pareja y, en efecto, como se indicó en el
marco normativo y jurisprudencial de esta providencia la convivencia que se debe
acreditar no se puede limitar a cohabitar bajo un solo techo, pues es importante que
exista « […] acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber de apoyo

62 Por medio de la cual se disolvió y liquidó la sociedad conyugal.

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y auxilio mutuo; junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar […] »63, no
obstante, en el caso bajo estudio no se evidenciaron tales elementos los cuales
permitan establecer que los años anteriores al fallecimiento de aquel mantuviera
unos lazos de solidaridad, de apoyo mutuo o la voluntad de mantener un hogar
como pareja.

113. En resumen, del material probatorio allegado al proceso se puede establecer
que: i) desde el año 1998 la demandante y el causante liquidaron la sociedad
conyugal, fijaron domicilios separados e indicaron que no existían obligaciones
entre si por cuanto quedaban con «un patrimonio suficiente para velar por su propio
sostenimiento»; ii) de conformidad con los testimonios aportados la demandante
vivía en la ciudad de Cali y el causante en la vereda Playa Rica (Valle); iii) en el año
2007 el causante declaró que convivía con Nancy Yanethe Vélez Valdés como su
compañera permanente con quien tuvo dos hijos; iv) según el oficio S-2020-018765
RASES -ARGES del 8 de diciembre de 2020 la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional señaló que una vez verificado el sistema «SISAP» Nancy Yanethe Vélez
Valdés «fue afiliada en el núcleo familiar de HELIODOR CRUZ con fecha de
vigencia 21 de marzo de 2007» y que la demandante no figura en el núcleo familiar;
iv) algunas de las declaraciones aportadas guardan contradicciones entre sí, en
tanto, por ejemplo, en la declaración extrajuicio de Ana Libia Sánchez Zamora se
afirma que la demandante y el causante compartieron «el mismo techo de manera
permanente e ininterrumpida» hasta el día de su fallecimiento, no obstante, en la
audiencia de 17 de octubre de 2024 celebrada en este asunto indicó que hubo una
separación, pero que no recordaba el año, ni el tiempo de aquella.

114. Por todo lo anterior, la Sala no encuentra acreditado que entre el causante y la
demandante existieran lazos de solidaridad, de apoyo mutuo o la voluntad de
mantener un hogar como pareja en los 5 años anteriores su fallecimiento, razón por
la cual no es posible acceder al reconocimiento de sustitución de la asignación de
retiro pretendido.

2.6. Conclusión

Por las razones anotadas previamente, la Sala confirmará la sentencia dictada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda, pues María Flor Nohelia Montero Cruz no acreditó que hubiese convivido
con el causante los 5 años anteriores a su fallecimiento.

2.7. Costas

115. Al respecto, la norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo

63 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 8 de julio de 202. Radicado:

25000-23-42-000-2016-01773-01(1840-19).

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Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

116. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

117. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma64.

118. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

119. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandante no actuó
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Flor Nohelia Montero de Cruz contra Casur, por las
razones expuestas en la presente providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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31

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00527-01 (3546-2025)
Demandante: María Flor Nohelia Montero de Cruz

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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