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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00558-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00558-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 12 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00558-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01
Demandante: Hilda María Victoria Montaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00558-01 (1150-2024)
Demandante: Hilda María Victoria Montaño
Demandado: departamento del Valle del Cauca
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 12 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Hilda María Victoria Montaño por intermedio de apoderada y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó
que se declare la nulidad del acto ficto por medio del cual el departamento del
Valle del Cauca negó la petición del 12 de julio de 2016, respecto del
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las
cesantías definitivas.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 causada desde el día 66
hábil siguiente a la radicación de la petición de cesantías hasta la fecha del pago,
ii) que la suma reconocida sea indexada y actualizada, iii) se dé cumplimiento a
la sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 187 y 195 del CPACA y iv)
se condene en costas.

1 SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00002. – “002Contrato 104 DE 2020

• SASI-2020-09 (.pdf).pdf”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01
Demandante: Hilda María Victoria Montaño

Hechos.

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Hilda María Victoria Montaño laboró de forma ininterrumpida desde el
23 de junio de 1992 hasta el 28 de febrero de 2007 como funcionaria
administrativa al servicio del departamento del Valle del Cauca en la Secretaría
de Educación Departamental.

6. Ante su retiro, el día 26 de octubre de 2009 solicitó sus cesantías definitivas. Las
cuales fueron reconocidas por la entidad territorial mediante la Resolución núm.
4090 del 8 de septiembre de 2014.

7. De conformidad con lo establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, la
demandada contaba hasta el 26 de enero de 2010 para realizar el pago de las
cesantías solicitadas, lo cual ocurrió sólo hasta el 30 de septiembre de 2015. Por
lo que transcurrieron 2.069 días de mora, equivalentes a $71.350.155 COP por
concepto de sanción moratoria.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 11, 13,
46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 244 de
1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006 y los Decretos 1160 de 1947 y 1045 de
1978.

9. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso
que el departamento del Valle del Cauca incumplió el término para el pago de las
cesantías descrito en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, toda vez que, la
solicitud de sus cesantías se realizó el 26 de octubre de 2009 y la parte
demandada tenía hasta el 26 de enero de 2010 para efectuar el pago de la
prestación social reclamada, momento a partir del cual se generó la sanción
moratoria a su favor, equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta
el día del pago, el 30 de septiembre de 2015, por lo tanto, se causaron 2.069 días
de mora.

Contestación de la demanda.

10. El departamento del Valle del Cauca al contestar la demanda 2 se pronunció
sobre los hechos y se opuso a todas las pretensiones al considerar que la
Resolución núm. 4090 del 8 de septiembre de 2014, mediante la cual se le hizo

2
SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00002. – “008Contrato 104 DE
2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf”.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01
Demandante: Hilda María Victoria Montaño

el reconocimiento de las cesantías, fue expedida en el marco del acuerdo de
restructuración de pasivos en que se encontraba la entidad. Dicha acreencia fue
parte del inventario de dicho acuerdo y fue objeto de transacción entre las partes.

11. Propuso las excepciones de «transacción de la obligación demandada»,
«inexistencia de la obligación demandada por buena fe exenta de culpa»,
«sometimiento de acreencia en el marco del acuerdo de restructuración de
pasivos- legalidad del acuerdo», «prescripción» y «no procedencia del pago de
intereses, ni indexación, en virtud de la aplicación del acuerdo de reestructuración,
Ley 550/99».

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 12 de
octubre de 20233, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción del derecho a la
sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Las agencias en derecho
se fijan en el equivalente un (1) SMLMV. (…)»

13. Expuso que la ausencia de pago de las cesantías parciales o definitivas dentro de
los 65 días posteriores a su solicitud genera la sanción consagrada en el parágrafo
del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, que corresponde a un día de salario por
cada día de retardo.

14. La solicitud de las cesantías fue realizada el 26 de octubre de 2009 en vigencia
del CCA, por lo que la fecha límite para el pago era el 25 de enero de 2010, pese
a ello, solo ocurrió el 30 de septiembre de 2015. Y, la reclamación de la sanción
moratoria fue presentada el 12 de julio de 2016.

15. Con fundamento en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 concluyó
que el derecho al pago de la sanción moratoria se extinguió por prescripción,
porque el período de tres años para su reclamación inició el 26 de enero de 2010
e iba hasta el 26 de enero de 2013, y la demandante solo lo peticionó hasta el 12
de julio de 2016.

16. Precisó que el inicio del proceso de reestructuración no suspende el término de
prescripción de la sanción moratoria, pues dicha penalidad no constituye una
prestación social ni una prerrogativa laboral.

3 Expediente digital – “030_SENTENCIA.pdf”

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01
Demandante: Hilda María Victoria Montaño

Recurso de apelación.

17. La apoderada de la señora Hilda María Victoria Montaño interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el cual solicitó que
se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda.

18. Expuso que la entidad territorial demandada, departamento del Valle del Cauca,
se encuentra aún bajo el acuerdo de restructuración de pasivos, por lo que el pago
de sus acreencias se somete a lo establecido en la Ley 550 de 1999, que en su
artículo 58 numeral 13 dispuso:

«Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las
disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que
hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto
en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los
servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la
naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes
reglas especiales: (…)

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende
el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los
créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de
ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso
tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.»4

19. Por lo que, en el presente caso no es dable aplicar el régimen general de
prescripción contenido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
sino el dispuesto en el específico contenido en la Ley 550 de 1999.

20. Que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 citada por el tribunal, solo
es aplicable a los casos de prescripción de sanción moratoria de la Ley 50 de
1990.

21. Y añadió lo siguiente:

«Ahora bien, si en gracia de discusión fuera posible aplicar el termino de prescripción
de 3 años establecido en la legislación laboral, tal situación no puede aplicarse a la
totalidad de la sanción de moratoria generada, sino a la sanción moratoria generada
con anterioridad al 12/07/2013 (esto es 3 años anteriores a la primera solicitud de pago
de sanción moratoria ocurrida el 12/07/2016)

(…)

4 Citado por la recurrente.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01
Demandante: Hilda María Victoria Montaño

La sanción moratoria se causa a partir del día 65 después de la fecha de solicitud de
la prestación social, en el presente caso la solicitud se efectuó el 26/10/2009 y el
vencimiento para el pago fue el 25/01/2010.

(…)

Que la sanción moratoria se causa diariamente desde la fecha límite de pago y HASTA
la fecha de pago, es decir el pago de las cesantías hace que la sanción cese y no que
se extinga en su totalidad, puesto que el pago diario de la sanción queda supeditado al
pago total de las cesantías.

4. En vista de lo anterior, la solicitud del pago de la sanción moratoria efectuada el día
12/07/2016, interrumpió la prescripción de la sanción moratoria causada desde el
12/07/2013 (esto es 3 años atrás de la reclamación) y hasta el 30/09/2015 (fecha de
pago), no debe olvidarse que la presentación de la demanda se efectuó el 09/05/2019,
es decir que la demanda se radicó dentro de los 3 años a la reclamación de la sanción
moratoria, por lo que reitero se interrumpió la prescripción de la sanción moratoria
causada entre el 12/07/2013 al 30/09/2015.»5

22. Finalmente, en forma subsidiara, «solicito se revoque la sentencia apelada, esto
en el sentido de ordenar reconocer y pagar la sanción moratoria causada entre el
12/07/2013 al 30/09/2015, esto en atención a la solicitud del pago de la sanción
moratoria efectuada el día 12/07/2016, que interrumpió la prescripción de la
sanción moratoria causada desde el 12/07/2013 (esto es 3 años atrás de la
reclamación) y hasta el 30/09/2015 (fecha de pago).»6

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

23. Mediante auto del 5 de marzo de 20247 se admitió el recurso de apelación.

24. Dentro de la oportunidad legal, no se emitió pronunciamiento alguno de las partes
y del agente del Ministerio Público.

Control de legalidad.

25. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta
causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá a resolver el
recurso de apelación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Competencia.

5 Transcrito con los errores que ahí aparecen.
6 Transcrito con los errores que ahí aparecen.
7 SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.

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Demandante: Hilda María Victoria Montaño

26. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo 8.

27. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo la parte
demandante presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos
expuestos en este.

Problema jurídico.

28. Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia
que declaró probada la excepción de prescripción, se ajusta a derecho o si, por el
contrario, esta no operó, debido a que dicho término fue suspendido con ocasión
del acuerdo de restructuración de pasivos celebrado por el departamento del Valle
del Cauca.

29. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria, II)
Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
Prescripción de la sanción moratoria, III) Suspensión de la prescripción en los
casos de restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), IV) Hechos probados y V)
Caso concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

30. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20069, establece
que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya
fuera del texto)

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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31. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

32. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

33. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

34. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:

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TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 65 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago

ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
Prescripción de la sanción moratoria.

35. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o
pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:

«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías
definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes
reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el
artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se
hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la
prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de
los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la
prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del
pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una
sola vez con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años,
que no puede ser entendido como un término que habilita al beneficiario
para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.

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(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de
extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la
oportunidad para reclamar la sanción moratoria.

SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las
reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos
los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán
ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa
juzgada.» (negrilla fuera del texto)

36. Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en el
artículo 4 del código sustantivo del trabajo 10, por las siguientes razones:

i) El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.

ii) La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la
Ley 165 de 194111, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como
quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral
expresamente señala el término de prescripción para “las acciones que
emanen de las leyes sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son
aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las
normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación
referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no
a su status». (Negrilla de la Sala)

iii) Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982 12, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,
en que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto,
el término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los
empleados públicos, conforme a los siguientes argumentos:

«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo,
pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en
lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la

10 RTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la
Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,
no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
11 ARTICULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al

trabajador para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo.
12 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia

del 23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Hilda María Victoria Montaño

exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren
respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente
sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo
2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la jurisdicción del
trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a empleados
públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho
estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo
del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo
artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de
“obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas en ella, sin
circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del Decreto 2159 no
fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos
consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con
posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que
importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o procedimental»

iv) Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006,
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario
acudir para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto,
esto es el artículo 151 ibidem.

v) Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25
de agosto de 2016 13, del 6 de agosto de 2020 14 y del 2 de noviembre de
202315, ha fijado la misma regla.

37. De lo anterior se concluye que la sanción o indemnización moratoria derivada del
auxilio de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la
reclamación deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su
causación y se genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.

La suspensión de la prescripción en los casos de restructuración de
pasivos (Ley 550 de 1999).

38. La Ley 550 de 1999 16 definió los acuerdos de reestructuración de pasivos como
convenciones que se celebran entre una o varias “empresas” con la finalidad de
corregir deficiencias en su capacidad para desarrollar sus operaciones y afrontar
obligaciones pecuniarias, de manera que los sujetos intervinientes puedan

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación SUJ-

034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001233300020120020002.
16 “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de

los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones
y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”

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recuperarse dentro de los plazos y condiciones acordadas; asegurando la
continuidad en la prestación del servicio y garantizando el cumplimiento de la
función social de la entidad. 17

39. Esta Sección en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 18, respecto
del acuerdo de reestructuración de pasivos precisó las siguientes características:

«(i) No puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter al acreedor a que
opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó.
(ii) Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos
en la Ley 550 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los
acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (Artículo 34 Ley 550 de 1999).
(iii) Las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se desconocen, sino
que se atienden y se sujetan a rebajas, a disminución de intereses, a plazos o a
prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor insolvente las desatienda,
las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas.
(iv) La intención del Legislador siempre ha sido la de proteger las obligaciones
adquiridas con justo título antes de llevar a cabo el respectivo Acuerdo, llegando
inclusive hasta permitir la celebración de Acuerdos que tengan como objeto suspender,
que no desconocer, ciertas prerrogativas laborales que tuviera el trabajador.»

40. Dichos convenios pueden ser celebrados por las entidades territoriales, conforme
lo señaló el artículo 58 de la precitada norma:

«Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las
disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de
intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las
entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de
asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las
regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades (…)

41. El numeral 13 del citado artículo 58 contempló la suspensión del término de
prescripción de los derechos en disputa ante la respectiva entidad territorial:

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la
iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad.

17 Artículo 5. Acuerdo de reestructuración. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los

términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que
presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas
puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.

El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin
perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a
pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001-

23-31-000-2011-0062-01

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De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.»
(Negrita fuera de texto)

42. De este modo, a fin de determinar el lapso de suspensión de la prescripción,
resulta trascendental establecer la fecha de iniciación de la negociación, en
cuanto a ello, los artículos 13 y 14 ibidem dispusieron:

«Artículo 13. Iniciación de la negociación. La negociación del acuerdo se entenderá
iniciada a partir de la fecha de fijación del escrito de la entidad nominadora
previsto en el artículo 11 de la presente ley, sin perjuicio de que se tramiten las
recusaciones que lleguen a formularse en relación con los promotores.

Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación.
(…)
Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario.» (Negrita fuera de texto)

43. También, resulta relevante esclarecer el plazo de ejecución del acuerdo
celebrado, al respecto la norma en su artículo 5° inciso 2° estableció que:

«El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se
estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen
para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los
convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.» ( Negrita fuera de
texto)

44. Visto lo anterior, para que opere la cláusula de suspensión de la prescripción
frente a los procesos cuyo objeto verse sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías el interesado debe
demostrar: i) que la entidad se encontraba en proceso de reestructuración de
pasivos, ii) que la acreencia del beneficiario fue incluida dentro de ese trámite y
iii) la fecha cuando se inició la etapa de negociación del Acuerdo, en los términos
del artículo 11 de la Ley 550 de 1999, así como el plazo de ejecución del
Acuerdo. 19 Sin poder acudir a dicho sustento para eximirse de la obligación de
reclamar oportunamente el derecho pretendido.

Hechos probados

19 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023. En la que se consignó

que: «De conformidad con los artículos 13, 14 y 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999, para que opere la cláusula
de suspensión de la prescripción y de la caducidad allí establecida frente a los procesos judiciales de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, debe probarse que la entidad
se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos; que la acreencia del beneficiario fue incluida dentro de
ese trámite; y deberá certificarse cuándo se inició la etapa de negociación del Acuerdo, en los términos del artículo
11 de la Ley 550 de 1999, así como el plazo de ejecución del Acuerdo.»

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45. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

46. El 26 de octubre de 200920, la señora Hilda María Victoria Montaño solicitó ante
el departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas, por haber laborado como auxiliar administrativo en la Secretaría de
Educación de la entidad territorial.

47. El 20 de mayo de 2013 se suscribió entre el gobernador y los acreedores un
acuerdo de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999.21

48. En cumplimiento del mencionado acuerdo, la entidad territorial expidió la
Resolución núm. 4090 del 8 de septiembre de 201422 en la que reconoció la
prestación solicitada por un valor de $13.705.487 COP. Acto que fue aclarado por
la entidad a través de la Resolución 2449 del 19 de junio de 2015,23 que, en su
lugar, modificó el monto de las cesantías a $14.274.354 COP. Suma que fue
ajustada conforme el IPC en la Resolución núm. 149 del 21 de agosto de 2015.

49. El 12 de julio de 2016 24 la demandante solicitó al departamento del Valle del
Cauca el pago de la sanción moratoria por la cancelación extemporánea de las
cesantías definitivas, sin que medie respuesta.

Caso concreto

50. Contrario a lo resuelto por el a quo, la demandante Hilda María Victoria Montaño
arguye que no ha operado la prescripción de su derecho a reclamar la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías reconocidas mediante las
Resoluciones núm. 4090 del 8 de septiembre de 2014 y 2449 del 19 de junio de
2015, pues el término de tres años para reclamar lo pretendido fue suspendido
con ocasión a la ejecución del acuerdo de restructuración de pasivos en el que se
encontraba el departamento de Valle del Cauca.

51. Reitera la Sala que, para que ocurra la suspensión del término prescriptivo con
ocasión al acuerdo de restructuración, es necesario que quien la alega acredite
que la acreencia de la que dice ser beneficiario fue incluida dentro de ese trámite.

52. Visto el material probatorio obrante en el expediente se evidencia que, si bien la
entidad territorial estuvo incursa en un acuerdo de reestructuración de pasivos y
que las cesantías definitivas de la actora fueron parte de los créditos calificados y
graduados, no sucedió lo mismo con la sanción moratoria contenida en las Leyes

20 Conforme se indica en la Resolución 4090 del 8 de septiembre de 2014 que reconoció las cesantías.
21 Expediente digital – “12_MemorialWeb_Otro_Indice_24_3.pdf”.
22 Expediente digital – “12_MemorialWeb_Otro_Indice_24_4.pdf”.
23 Expediente digital – “12_MemorialWeb_Otro.pdf”. P.3.
24 Expediente digital – “002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf” P. 11.

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244 de 1995 y 1071 de 2006, la cual pudo haber sido incluida en su oportunidad
conforme al trámite indicado en la Ley 550 y demás normas que regulan la
materia25

53. Así las cosas, encuentra la Sala que los argumentos esgrimidos por la apelante
no tienen vocación de prosperidad, pues no se cumplen los requisitos para que
opere la suspensión de la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías con ocasión del aludido acuerdo, pues dicha penalidad no fue
incluida en el inventario de acreencias.

54. El tribunal de primera instancia, en este caso, consideró que operó la prescripción
de la sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías reconocidas en las
Resoluciones núm. 4090 del 8 de septiembre de 2014 y 2449 del 19 de junio de
2015.

55. En el sub examine, se está en presencia de la hipótesis de un acto escrito
extemporáneo, así:

CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO ESCRITO Aplica pero no se tiene
EXTEMPORANEO en cuenta para el 5 días26, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
(después de 15 cómputo del término de cumplidos 15 para la ejecutoria la
expedir el acto petición
días) pago

La petición de No se tiene en cuenta. Los 15 días para Los 45 días Es decir que en este
cesantías fue expedir el acto se posteriores a la caso la mora empezó
presentada el 26 de vencían el 18 de ejecutoria, a correr desde el día 3
octubre de 2009. noviembre de 2009. comenzaron a febrero de 2010.
La Resolución Los 5 días de contabilizarse desde
4090, que las ejecutoría se el 26 de noviembre
reconoció se expidió cumplieron el 25 de de 2009 y vencieron
el 8 de septiembre el 2 de febrero de
noviembre de 2009.
de 2014. 2010.

(Acto
Extemporáneo)

56. La reclamación en sede administrativa dirigida a obtener la sanción moratoria por
la tardanza en el pago de las cesantías definitivas fue radicada el 12 de julio de
2016, lo que quiere decir que la petición se formuló después de trascurridos tres
25
Ley 550 de 1999. Artículo 20. Estado de relación de acreedores e inventario de acreencias. Para el desarrollo de
la negociación y, en particular, para la determinación de los derechos de voto de los acreedores externos e internos
y de las correspondientes acreencias, el representante legal del empresario entregará al promotor un estado de
inventario elaborado con base en los estados financieros ordinarios o extraordinarios del empresario o ente
económico respectivo, cortados al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
la promoción por parte del empresario, o de la iniciación de la negociación en los demás casos, y pondrá a su
disposición todos los libros, papeles y documentos que le sirvan de soporte. (…).
26 La petición fue presentada en vigencia del CCA .

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(3) años desde que la obligación se hizo exigible, y ello conlleva la configuración
de la prescripción extintiva de la penalidad.

57. Aunado a lo anterior, la suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos
invocado a fin de obtener la suspensión de término de prescriptivo, sucedió en
fecha posterior a la extinción del derecho a reclamar la sanción moratoria el 3 de
febrero de 201327, por lo que dicha acreencia no pudo haber sido incluida durante
el trámite.

58. Ahora bien, no es de recibo el dicho del recurrente al afirmar que el tribunal se
sirvió de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 aplicable a los casos
de prescripción de sanción moratoria de la Ley 50 de 1990. Pues si bien, en esa
oportunidad el objeto de unificación hizo alusión a dicha temática, lo cierto es que
la prescripción trienal se ha extendido a la sanción moratoria contenida en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por la jurisprudencia previamente invocada.
Aspecto que no fue desconocido por el a quo en la providencia apelada, pues a
ello hizo alusión al desarrollar la premisa normativa.

59. Tampoco tiene vocación de prosperidad la declaratoria parcial de la prescripción
del derecho discutido. Dado que esta opera en forma total, ya que, si bien la
sanción mora se causa y acumula diariamente, no es una prestación periódica por
tratarse de una penalidad indivisible de ejecución instantánea, y su acrecimiento
en el tiempo no la convierte en una obligación divisible, de tal manera que su
exigibilidad define el plazo hasta cuándo se puede reclamar.

60. Por todo lo anterior, la Sala se confirmará la sentencia del 12 de octubre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

61. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.

62. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

27 La sanción moratoria por pago tardío de las cesantías se hizo exigible el 3 de febrero de 2010, por lo tanto, el
término de prescripción de tres años feneció el 3 de febrero de 2013.

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63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 12 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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