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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00774-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00774-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 55 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente. Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión. La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.». 56 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaromann y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00774-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de marzo de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00774-01 (2375-2024)
Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00774-01 (2375-2024)
Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y Administradora
colombiana de pensiones (Colpensiones)

Tema: pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985. Subtema 1: Docente vinculado
después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de mayo de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luis Carlos Montilla Soto solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Sin
embargo, la entidad demandada negó su solicitud al considerar que no cumplía con los
requisitos para acceder a la prestación social requerida.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luis Carlos Montilla Soto, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se enuncian.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones 200.13.3-1815
del 15 de marzo de 2019 y 200.13.3.2989 del 31 de mayo de 2019 expedidas por el
secretario de educación municipal de Palmira (Valle del Cauca), por medio de las cuales
se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme lo establecido en
la Ley 100 de 1993.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) reconocer y pagar la pensión de vejez de manera retroactiva desde
el 16 de febrero de 2006, (ii) reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, (iii) pagar de forma actualizada las sumas
adeudadas conforme al IPC certificado por el DANE, según lo dispuesto en el artículo

1 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

187 del CPACA, (iv) pagar las costas y agencias en derecho que se generen en el
proceso y (v) dar cumplimiento al fallo en los términos previstos en los artículos 192 y
195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) El demandante nació el 16 de febrero de 1951 y señaló que realizó las siguientes
cotizaciones al Sistema General de Pensiones:
INICIO FINAL ENTIDAD FONDO DE PENSIONES DÍAS SEMANAS
30/08/1973 12/01/1974 OFIMUEBLES SA ISS 136 19,4285714
28/05/1974 10/09/1974 IMELPA ISS 106 15,1428571
10/02/1975 21/04/1982 RAMA JUDICIAL CAJANAL 2628 375,428571
06/04/1983 08/02/1991 MUNICIPIO DE PALMIRA ISS 2866 409,428571
23/06/1994 30/12/1994 MUNICIPIO DE PALMIRA ISS 191 27,2857143
03/08/2000 16/04/2001 CONTRALORIA MUNICIPAL DE PALMIRA ISS 257 36,7142857
04/07/2003 21/07/2003 MUNICIPIO DE PALMIRA ISS 18 2,57142857
06/08/2003 30/08/2003 MUNICIPIO DE PALMIRA ISS 25 3,57142857
08/01/2004 13/04/2009 SECRETARIA DE EDUACION DE PALMIRA FOMAG 1923 274,714286
TOTALES 8150 1164,28571

2) El 28 de mayo de 20182 solicitó ante la Secretaría de Educación Municipal de
Palmira, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez según lo establecido en la
Ley 100 de 1993.

3) El secretario de educación de Palmira, mediante Resolución 200.13.3 -1815 del 15
de marzo de 2019, le negó la solicitud pensional al considerar que no cumplía con el
mínimo de semanas cotizadas, pues solo acreditó 1.104 de las 1.150 exigidas en la
norma precitada.

4) El 4 de abril de 2019 presentó recurso de reposición en subsidio de apelación contra
la decisión anterior, sin embargo el secretario de educación municipal de Palmira, a
través de Resolución 200.13.3.2989 del 31 de mayo de 2019, resolvió no reponer el
acto administrativo recurrido e indicar que no procedía recurso alguna contra esa
determinación.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5.El demandante citó como normas violadas las siguientes: los artículos 2, 4, 13, 16,
43, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988, 100 de
1993, 797 de 2003 y 812 de 2003; el Decreto 758 de 2009 y las sentencias C-789 de
2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010, SU-769 de 2014 y T-090 de 2018 proferidas
por la Corte Constitucional.

6. En el concepto de violación argumentó lo siguiente:

7. Al negar el reconocimiento pensional solicitado, la parte demandada vulneró las
normas citadas, por cuanto desconoció que cumplía con la totalidad de los requisitos
exigidos por la Ley 812 de 2003, en concordancia con lo establecido en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para poder
acceder a la prestación social requerida.

8. La entidad demandada no contabilizó la totalidad de los períodos que cotizó
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a través de distintas administradoras. A

2 En la demanda el demandante indicó que presentó la petición administrativa el 16 de enero de 2009, sin embargo,

verificado el acervo probatorio del proceso, se evidenció que según la Resolución No. 200.13.3 -1815 del 15 de
marzo de 2019, la solicitud fue presentada el 28 de mayo de 2018.
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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

pesar de haber acreditado 1.164 semanas cotizadas, estas no fueron reconocidas al
expedir los actos administrativos deprecados.

9. Es beneficiario del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, ya que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, tenía 43 años de edad y había cotizado 819,4 semanas. En
virtud de ello, puede retornar del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin perder los
beneficios del régimen de transición, conforme a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y T-
090 de 2018.

10. Cumple con las condiciones establecidas en el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01
de 2005, lo que le permite acogerse a la prolongación del régimen de transición
pensional hasta el 31 de diciembre de 2014. Esto, debido a que acreditó más de 750
semanas cotizadas antes del 29 de julio de 2005, cumpliendo así con el requisito
temporal exigido por la norma.

11. De acuerdo con el principio de favorabilidad constitucional, le asiste el derecho a
que la pensión le sea reconocida conforme la norma más favorable. Asimismo, tiene el
derecho al reconocimiento retroactivo de la pensión desde el 16 de febrero de 2006,
fecha en la que cumplió con los requisitos exigidos para su acceso.

12. Presentó la solicitud de reconocimiento pensional el 16 de enero de 2009 y la entidad
demandada solo respondió hasta el 15 de marzo de 2019, más de 10 años después.
En consecuencia, tiene derecho al pago de intereses moratorios desde el 16 de mayo
de 2009, fecha en la que se cumplió el plazo de cuatro meses para obtener una
respuesta, según lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia
22531 del 1 de diciembre de 2004 expedida por la Corte Suprema de Justicia.

2.2. Contestación de la demanda

13. El Fomag3 se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que,
según la historia laboral del demandante, este se vinculó como docente en propiedad
en 2004, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, sus
derechos pensionales están regulados por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y no
le es aplicable lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, lo que implica que no tiene derecho
a la pensión de jubilación bajo los parámetros del artículo 7 de dicha ley. En
consecuencia, solicitó ser desvinculado del trámite judicial, señalando que la entidad
competente para reconocer la pensión reclamada bajo el Régimen de Prima
Media es la Administradora Colombiana de Pensiones4, conforme a lo dispuesto en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

14. Como excepciones, presentó las de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no es la llamada a responder por las pretensiones formuladas, (ii) inexistencia
de la obligación o cobro de lo no debido, toda vez que no ha vulnerado los derecho
laborales del demandante y (iii) genérica, refiriéndose a que se declare cualquiera que
resultara probada en el proceso.

3 Índice 21 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4 En adelante Colpensiones.

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

15. Colpensiones5 contestó la demanda en el sentido de solicitar que se negaran las
pretensiones del medio de control y se condenara en costas a la parte demandante6 de
acuerdo con las razones que se exponen a continuación:

16. Eldemandante se vinculó al servicio docente el 8 de enero de 2004, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto el régimen
pensional aplicable es el de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, a excepción de la edad de pensión que será de 57 años para hombres y
mujeres.

17. El nominador del demandante es la Secretaría de Educación Municipal de Palmira
y la entidad a la que se encuentra afiliado es el FOMAG, por consiguiente, es esta última
quien debe determinar cuál es el régimen pensional aplicable y si tiene derecho o no la
pensión pretendida. En ese sentido, Colpensiones carece de legitimación en la causa
por pasiva.

18. Dado que el demandante estuvo afiliado al Régimen de Prima Media administrado
por Colpensiones, el FOMAG tiene derecho a repetir contra Colpensiones para solicitar
la devolución de los aportes que efectuó a fin de garantizar el pago de la prestación
social requerida.

19. Los aportes que realizó el demandante a Colpensiones no fueron efectuados en
calidad de docente, por lo tanto no se pueden acumular con los tiempos cotizados en
el FOMAG, ya que la Ley 71 de 1988 solo se aplica por remisión del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y es necesario cumplir con los requisitos para ser beneficiario del régimen
de transición, para el caso de los docentes, los establecidos en la Ley 812 de 2013 y el
Acto Legislativo 01 de 2005.

20. No hay lugar a la «compatibilidad pensional», porque el demandante se encuentra
afiliado al FOMAG, y es este fondo la entidad encargada de reconocer la pensión y ante
el régimen de prima media administrado por Colpensiones no efectuó aportes como
docente.

21. Presentó como excepciones las de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
por los motivos anteriormente expuestos, (ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido, toda vez que según las normas aplicables y las pruebas del proceso, al
demandante no le asiste el derecho a una pensión bajo Leyes 91 de 1989, 812 de 2003,
100 de 1993 y 797 de 2003, (iii) prescripción de las mesadas pensionales
eventualmente reconocidas, (iv) innominada, refiriéndose a cualquiera que resultara
probada en el proceso y (v) buena fe, en relación con la actuación de Colpensiones en
el proceso.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 31 de mayo de
20237 resolvió negar a las pretensiones de la demanda8 y condenar en costas a la parte
demandante, con sustento en los siguientes argumentos:

5 Colpensiones fue vinculado al proceso mediante auto del 18 de agosto de 20225 proferido por el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
6 Índice 40 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7 Índice 54 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
8 “PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Luis Carlos Montilla Soto en contra

de la Nación – MINEDUCACIÓN – FOMAG y otros, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO.- Condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las costas de esta instancia, siempre que
aparezcan causadas y en la medida de su comprobación, las que deberán ser liquidadas por la Secretaría de esta
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP.

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

a) El demandante se vinculó como docente el 8 de enero de 2004, es decir, después
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), por lo tanto,
debe acogerse a las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En
consecuencia, no le es aplicable la Ley 71 de 1988, que permite la pensión por aportes,
sino el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993.

b) El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ya
que al momento de la entrada su entrada en vigencia tenía más de 40 años. Además,
tras analizar su historial laboral, se encontró que acreditó más de 20 años de cotización
en el sector público, por lo tanto le es aplicable la Ley 33 de 1985.

c)Se encuentra demostrado que el demandante cumplió 55 años de edad el 16 de
enero de 1951 y acreditó 20 años de servicios al sector público, en consecuencia,
cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 para acceder al reconocimiento
de una pensión de jubilación correspondiente al 75% del salario promedio empleado
para liquidar los aportes en su último año de servicios.

d) Alcumplir los requisitos para acceder a la pensión bajo la Ley 33 de 1985, el
demandante debió dirigir su solicitud a Colpensiones y no al FOMAG, ya que
en Colpensiones fue donde realizó la mayor cantidad de aportes.

e) El demandante no demostró haber agotado la vía administrativa ante Colpensiones,
por tal razón no es posible emitir una orden a su favor, dado que dicha entidad no tuvo
la oportunidad de pronunciarse sobre su solicitud de pensión en sede administrativa y
los actos administrativos demandados fueron expedidos por la Secretaría de Educación
del Municipio de Palmira.

2.4. Recurso de apelación

23. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para que en su lugar se concedieran las pretensiones de la demanda, por los
siguientes motivos9:

a) Cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, conforme a lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985, al haber acreditado más de 20
años de servicio público. Adicionalmente, también reúne las condiciones establecidas
en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, siendo este último el más favorable a
sus intereses.

b) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un error al considerar que
Colpensiones debía reconocer la pensión, puesto que al momento de su retiro estaba
afiliado era al FOMAG, razón por la cual la entidad responsable del reconocimiento era
esta última y no Colpensiones, posición que «tiene sustento en la sentencia No. 048 de
2018 proferida por ese mismo Tribunal», según la cual la última entidad a la que estuvo
afiliado el trabajador es la responsable de otorgar la pensión, sin importar dónde haya
cotizado más tiempo.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

TERCERO.- Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a 1 SMLMV.
CUARTO.- Una vez ejecutoriada la presente sentencia, hágase devolución de los remanentes por gastos del proceso
obrantes dentro del expediente.”
9 Índice 57 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandado: Fomag

24. Conforme con el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 202110, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue necesario el decreto
de pruebas11.

2.5.1. Concepto del Ministerio Público

25. La El Ministerio Público guardó silencio12.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de
apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera instancia, la Sala
de Subsección deberá resolver en primer lugar, cuál es la normatividad aplicable al
reconocimiento pensional solicitado por el demandante. Posteriormente, deberá
determinar si el demandante cumple con los requisitos exigidos en dicha normatividad
para acceder a la pensión, y finalmente, establecer qué entidad es responsable del
reconocimiento y pago de la pensión: el FOMAG o Colpensiones.

3.3. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

28. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema
General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

29. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido
por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender
las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

30. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere del
régimen general. En su artículo 8° dispone un sistema de aportes donde los docentes
contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la nación aporta el
8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios
personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de las
principales razones que justifican la excepción del régimen general.

10 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso–administrativo, Ley

1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción.
11 Índice 5 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077401. Consejo de Estado.
12 Índice 8 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077401. Consejo de Estado.
13 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Demandado: Fomag

31. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del
1° de enero de 1990.

32. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso
después de la expedición de la Ley 812 de 200314. Aunque esta norma (en su artículo
81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003)
se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para
hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.

33. ElActo Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».

34. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia de
un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la necesidad
de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del magisterio,
garantizando así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada prestación del
servicio público de educación.

3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915

35. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25
de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

36. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes
son:

37. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional
de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985,
«por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se
deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se
hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°
de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
15 Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019, Rad. 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00774-01 (2375-2024)
Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

38. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003, cuando
entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme con las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

39. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto
a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que
además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según
las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de
2018)16.

40. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la
siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

41. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.

16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandado: Fomag

✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de
2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

42. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del ingreso
base de cotización.

43. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas
reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección18, tales como:

1. No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.

2. Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.

3. La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

44. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el nuevo
sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad financiera
del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.5. El reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes
oficiales

17 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandado: Fomag

45. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión si pueden acceder a los
beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

46. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de la
Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido exclusivamente en
el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar sus aportes en
diferentes sectores.

47. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

48. Respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que reglamentó
esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Ello,
con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198519 y demás normas
especiales que creen prestaciones sociales con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

49. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente, mediante
sentencia del 30 de enero de 202520 expuso a saber, cinco razones fundamentales por
las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes:

1.La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional».

2.La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los
servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace la Ley
91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al régimen del
sector público nacional.

3.La Ley 71 de 1988 hace parte de la normatividad que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar el

19 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de

enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en sectores
público y privado.

4.No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida laboral
la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.

5.Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus
reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”,
lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no
implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales
porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».

50. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003
de pensionarse exclusivamente con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985. Por el
contrario, constituye una opción adicional y favorable para aquellos docentes que han
acumulado tiempos tanto en el sector público como en el privado. Esta interpretación
se alinea con el principio de favorabilidad en materia laboral, pues amplía las
posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya existentes.

51. En conclusión, la sentencia precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional al que remite la Ley 91 de 1989. La Ley 71 de
1988 establece una modalidad pensional que requiere 55 años para mujeres y 60 para
hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser acumulados entre el sector
público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará con el 75% del promedio
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

52. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025 se
pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad a la
Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normatividad
anterior resulta más favorable.

53. Lo anterior supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado artículo
36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo de esta corporación21, la aplicación de la normatividad
anterior (v.gr. la Ley 71) en cuanto a tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de los
artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.6. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

54. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades22, sobre la presunta
incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-

33-000-2012-00143-01.
22 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto

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considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las prestaciones
«serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

55. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197223 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197924 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199325 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia26, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de 1994
que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, establece «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no
hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la
norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los
docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 2019 27
se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez Maldonado,
sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes

de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
providencia del 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-
2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de
2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022).
23 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
24 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
25 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
26 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015).
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Demandado: Fomag

pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión y
sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4 de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 50
del Decreto 224 de 1972 que dispone:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años
de edad.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo,
por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

56. También debe considerarse el artículo 1928 de la Ley 344 de 199629, al dejar a salvo
lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las
que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente30.

57. La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4531 del Decreto 1278
de 200232, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
2003), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue
habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202433 indicó:

28 Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público

que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la
terminación de sus servicios en dichas instituciones.
29 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de

abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
31 Artículo 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el

ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares.
32 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de

noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
13

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00774-01 (2375-2024)
Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública34.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos con
contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad».

58. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los que
se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea vinculados
con anterioridad35 o posterioridad36 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de acuerdo con
el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios
como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de
un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a
aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un
requisito o límite establecido por el legislador.

59. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración está
limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función docente
oficial.

60. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.

3.7. La pensión mensual vitalicia de jubilación de la Ley 33 de 1985

61. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

34 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de

enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta providencia se analizó con detalle la
aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
36 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En esta providencia se indicó:
«Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son beneficiarios los
docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció
a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con
ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador».
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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]».

62. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y contaran
con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario promedio percibido en el último año de servicios. En relación con la base de
liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de
1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica;
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados;
y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes».

3.6. IBL para pensiones reconocidas en el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

63. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201837 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

64. A juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los
regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados
y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales elementos son la edad,
el tiempo de servicios y el monto de la pensión»:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

[…] 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables […]».

37 Expediente 4403-2013.

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

65. En tal virtud, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho de
acuerdo con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo):

«[…]

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]».

66. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».

67. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan
con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

68. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse
al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos
de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en sus
componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella
normativa y sus reglamentos.

69. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante y
obligatorio38 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
38 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la

Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional,
ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella,
las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación
completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función
judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan
con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre,
previo cumplimiento de determinadas condiciones (…)».
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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

3.7. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración de
jurisprudencia

70. En virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 200539
al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida.

71. En efecto, a través del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 de dicho acto legislativo,
el Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que, «el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen».

72. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 señala que la vigencia de los regímenes
pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro distinto al régimen
especial contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de 2010, excepto para
los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tuvieran cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
referido acto legislativo, a los cuales se les mantendría dicho régimen hasta el año 2014,
esto es, que ya no habría posibilidad de acceder a él, y por ende las pensiones serían
reconocidas conforme con los requisitos del régimen general de pensiones establecido
en la Ley 100 de 1993.

73. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y reiterada40
ha determinado, que una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el
régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, tenía 35 o más años siendo mujer, 40 o más años siendo hombre, (ii) que
independientemente de la edad había laborado o realizado cotizaciones por más de 15
años, (iii) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba al
menos con las 750 semanas que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ello con el
fin de que el régimen de transición se le prolongara hasta el año 2014 41 y (iv) que al 31
de diciembre de 2014, fecha de finalización del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, había consolidado su estatus pensional acreditando la edad y el tiempo de
servicio exigido en el respectivo régimen especial.

3.8. Caso concreto

Para resolver los problemas jurídicos formulados, la Sala tendrá en cuenta los hechos
probados que a continuación se indican.

3.8.1. Hechos probados

39 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
40 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la

Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii) fallo
del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-00140-
01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
41 Sobre el particular se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
Demandado: Fomag

74. Según su cédula de ciudadanía, el demandante nació el 16 de febrero de 1951 en
el municipio de Palmira (Valle del Cauca) 42.

75. De acuerdo con las certificaciones laborales aportadas al proceso, el demandante
prestó sus servicios así43:

Entidad empleadora Desde Hasta Fondo de Tiempo de
Pensiones servicios
OFI MUEBLES SA 30/08/1973 12/01/1974 Colpensiones 4 meses, 14 días

IMELPA LTDA 29/05/1974 10/09/1974 Colpensiones 3 meses, 14 días

JUZGADO 3 PENAL 10/02/1975 21/04/1982 Cajanal 7 años, 2 meses, 12
MUNICIPAL DE PALMIRA días
MUNICIPIO DE PALMIRA 06/04/1983 08/02/1991 Colpensiones 7 años, 10 meses, 3
días
MUNICIPIO DE PALMIRA 23/06/1994 30/12/1994 Colpensiones 6 meses, 8 días

CONTRALORÍA MUNICIPAL 01/09/1995 30/09/1995 Colpensiones 30 días

CONTRALORÍA MUNICIPAL 01/10/1995 30/11/1995 Colpensiones 1 mes, 30 días

CONTRALORÍA MUNICIPAL 03/08/2000 16/04/2001 Colpensiones 8 meses, 14 días

MUNICIPIO DE PALMIRA 04/07/2003 21/07/2003 Colpensiones 18 días

MUNICIPIO DE PALMIRA 06/08/2003 30/08/2003 Colpensiones 25 días

SECRETARÍA DE 08/01/2004 13/04/2009 Fomag 5 años, 3 meses, 6
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO días
DE PALMIRA
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS 22 años, 6 meses,
24 días

76. Mediante Resolución núm. 600-002-003-0527 del 13 de abril de 2009, el
subsecretario de educación municipal de Palmira aceptó la renuncia demandante al
cargo de docente de matemáticas de la Institución Educativa Harold Eder, a partir del
13 de abril de 200944.

77. A través de escrito radicado con el núm. 2018-PENS-573921 del 28 de mayo de
201845 a la Secreatría de Educación de palmira, el demandante solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme a la Ley 100 de 1993.

78. El secretario de educación municipal de Palmira por medio de la Resolución núm.
200.13.3-1815 del 15 de marzo de 2019, negó la solicitud de pensión de vejez solicitada
con sustento en las siguientes consideraciones46:

«Que mediante radicación No 2018-PENS-573921 de fecha 28/05/2018 de la
Fiduprevisora s.a., el docente LUIS CARLOS MONTILLA SOTO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.247.581 Palmira, solicita por intermedio de apoderado el
reconocimiento de la PENSION DE VEJEZ Ley 100 de 1993.

Que una vez finalizado el trámite administrativo y devuelto el proceso por parte de la
Fiduprevisora en estado Negado mediante Hoja de Revisión N° 1702567, determinaron
que no procede el reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez Ley 100 de 1993,

42 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
43 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
44 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
45 De acuerdo con la Resolución No. 200.13.3-1815 del 15 de marzo de 2019. Índice 53 de SAMAI. Expediente

76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
46 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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informando que se evidencia que el docente no cumple con el requisito de tiempo a la
fecha de retiro del servicio como docente en el año 2009.

Que igual manera el docente LUIS CARLOS MONTILLA SOTO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 16.247.581 Palmira, a la fecha de retiro el docente debía contar con
un numero de semanas mínimo requerido para el año 2009 de 1150 semanas, sin
embargo, al estar retirado del servicio docente solo tenia
un total de 1.104 semanas cotizadas.

Por lo anterior el docente ingreso al magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003 por lo
que se debe aplicar el Régimen de Prima Media consagrado en la Ley 100 de 1993 en
concordancia con el artículo 9 y subsiguientes de la Ley 797 de 2003, por lo que se debe
aplicar lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, por este motivo al liquidar
la Pensión de Vejez a la fecha de retiro del docente, se determinó que no cumple con el
requisito de tiempo para pensionarse y no procede el reconocimiento de la prestación».

79.El demandante presentó recurso de apelación en subsidio de apelación contra la
Resolución núm. 200.13.3-1815 del 15 de marzo de 201947.

80. A través de Resolución núm. 200.13.3.2989 del 31 de mayo de 2019, el secretario
de educación municipal de Palmira decidió no reponer el acto administrativo recurrido
con sustento en que el demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión solicitada 48.

3.8.2. Análisis sustancial de la sala

81. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca descartó la aplicación de la Ley 71
de 1988 para analizar la situación pensional del accionante, porque no se advierte
vinculación al servicio docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003). A su vez, estableció que el demandante se encuentra dentro del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que cumplió con los requisitos previstos
en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de vejez. No obstante, al haber
presentado su solicitud de reconocimiento pensional ante el FOMAG y no ante
Colpensiones, entidad en la que realizó la mayor cantidad de aportes, no era posible
acceder a sus pretensiones –argumentó el a quo–, en el entendido que el acto
administrativo objeto de control fue expedido por el FOMAG y Colpensiones no tuvo la
oportunidad de pronunciarse en vía administrativa.

82. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, pues argumentó que
el Tribunal erró al considerar que Colpensiones debía reconocer la pensión sin tener en
cuenta que al momento del retiro estaba afiliado al FOMAG, por lo que la entidad
responsable del reconocimiento era esta última y no Colpensiones. Además, aseguró
que cumplía con los requisitos para el reconocimiento pensional previstos en la Ley 33
de 1985 y que también podía beneficiarse de la Ley 71 de 1988, y del Acuerdo 049 de
1990. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la decisión judicial adversa a sus
pretensiones y que se ordenara el reconocimiento de la pensión por parte del FOMAG.

83. De las pruebas aportadas en el expediente, la Sala encuentra demostrado que Luis
Carlos Montilla Soto se vinculó por primera vez al servicio docente oficial el 8 de enero
de 2004, según el certificado de historial laboral expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Palmira49, por consiguiente, su vinculación ocurrió después
del 26 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 de 2003.

47 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
48 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
49 Índice 53 de SAMAI. Expediente 76001233300020190077400. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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84. La Sala anota que, el momento de la vinculación al servicio educativo oficial es
crucial para establecer las condiciones en que los docentes deben pensionarse. Tan es
así que, como se ilustró en el marco teórico de esta providencia, cuando dicha
vinculación es posterior al 27 de junio de 2003, se aplican las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, a efectos de determinar los requisitos para adquirir el derecho (con excepción
de la edad, que será de 57 años) y los parámetros para reconocerlo; mientras que para
los docentes que ingresaron al servicio educativo con antelación, se garantiza que
puedan pensionarse con el mismo régimen de los servidores públicos del orden
nacional, lo que habilita la aplicación directa e integral de normas anteriores a la Ley
100, como las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

85. Añádase a lo expuesto que, de la lectura detenida del artículo 81 de la Ley 812 de
2003, no se advierte que la sola existencia de aportes al Sistema de Seguridad Social
con antelación a su entrada en vigor constituya el criterio relevante para establecer si
la situación pensional de un docente oficial está o no llamada a definirse con
fundamento en la Ley 100 de 1993.

86. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo una sola situación:
la vinculación docente antes o después del 27 de junio de 2003. Con esta precisión se
buscó, por un lado, avanzar en el objetivo de unificar los distintos regímenes
pensionales, indicando que a los docentes oficiales que se vinculen después de la Ley
812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media (con excepción de la edad) y,
por otro, garantizar la expectativa legítima de aquellos que prestaron sus servicios antes
del cambio normativo, quienes esperaban pensionarse con normas anteriores a la Ley
100 de 1993.

87. En ese orden de ideas, le asiste razón al Tribunal Administrativo de valle del Cauca
al considerar que los actos acusados no incurrieron en error alguno por analizar la
situación pensional del demandante a la luz de la Ley 100 de 1993, debido a que su
vinculación docente oficial fue después del 27 de junio de 2003.

88. Dicho de otro modo, el demandante no tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, su situación pensional se decida a partir de la aplicación integral de la
Ley 71 de 1988, porque realizó aportes al Sistema de Seguridad Social antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

89. Lo expuesto, en atención a que como también se indicó en el marco teórico de esta
providencia, por favorabilidad es viable considerar que los docentes vinculados con
posterioridad al 27 de junio de 2003, a quienes se les aplica la Ley 100 de 1993 y
cumplen los requisitos del régimen de transición de esta, es decir, «que al momento de
entrar en vigencia el Sistema [1 de abril de 1994] tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados»50, su situación pensional se defina con
fundamento en la normativa anterior, que sería aplicable en cuanto a tiempo de
servicios, edad y tasa de reemplazo, pero no respecto al ingreso base de liquidación,
pues este se calcularía a partir de los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
que, según lo ha precisado esta corporación, corresponde a:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años

50 Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Luis Carlos Montilla Soto
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anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE51.

90. En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta, toda vez que la alternativa
pensional que se viene describiendo se deriva de la aplicación del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, deben considerarse los previstos en el Decreto 1158 de 1994,
que estableció «el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo» (art. 1).
Además, aquellos que han sido considerados como factores salariales para todos los
efectos legales y respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes
correspondientes.

91. A juicio de la sala, las anteriores precisiones se acompasan a los mandatos
contenidos en el Acto Legislativo 01 de 2005, en especial, los consistentes en que
«[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»52 y, que «no podrán
establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico
alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema
General de Pensiones»53.

92. Volviendo al caso en concreto, se analiza la posibilidad de la aplicación de la Ley
71 de 1988 por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, porque se evidencia
que el demandante está amparado por este, comoquiera que al 1 de abril de 1994
(fecha de entrada en vigor de la Ley 100) al momento de entrar en vigencia la Ley 100
de 1993 para los servidores públicos del nivel territorial, el demandante contaba con 44
años de edad, toda vez que nació el 16 de febrero de 1951.

93. En ese orden de ideas, es válido estudiar la situación del demandante, con las
precisiones efectuadas frente al IBL, a la luz de la Ley 71 de 1988, que exige 20 años
de servicios y 55 de edad; requisitos que también cumple el accionante, pues, cumplió
los 55 años de edad el 16 de febrero de 2006 y los 20 años de servicios, el 26 de
octubre de 2006.

94. De lo expuesto, también se desprende que el demandante a la entrada en vigor del
Acto Legislativo 01 de 2005 tenía más de 750 semanas de cotización y consolidó su
derecho pensional antes del 31 de diciembre de 2014, motivo por el cual conservó el
régimen de transición. En consecuencia, sí tenía derecho al reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación en los términos previstos en la Ley 71 de 1988, con el ingreso
base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

95. La aplicación de la Ley 71 de 1988, en los términos señalados, resulta más
favorable para el demandante porque el estatus pensional se adquirió 7 meses y 24
días antes, de la fecha en que hubiera adquirido el estatus con la Ley 33 de 1985, pues,
los 20 años de servicios solo en el sector público, los cumplió el 18 de mayo de 2007.

96. Esto último es relevante, toda vez que tratándose del reconocimiento del derecho
a la pensión de las personas que ejercen la docencia oficial, su efectividad se predica
desde la adquisición del estatus pensional, no desde el retiro del servicio como se dijo
en los actos controvertidos, en consideración a que aquellas están exceptuadas de la
prohibición de devengar doble asignación del erario, como se explicó en renglones
precedentes.

51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
52 Artículo 1, inciso 7.
53 Artículo 1, parágrafo.

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97. En este punto es necesario aclarar que, si bien en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994 se estableció que la pensión por aportes se liquida con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, en este
caso, como se ha dispuesto en otras oportunidades por esta Sala 54, debido a que se
considera que no hay incompatibilidad entre la función docente y el derecho al goce
pensional, la pensión del demandante deberá calcularse con el equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y
en normas posteriores, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social,
en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, porque una vez
consolidado el estatus, la docente puede gozar de la pensión sin necesidad de retirarse
del servicio.

98. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para acceder a las
pretensiones de la demanda, a fin de que la pensión sea reconocida y pagada en los
términos antes señalados, es decir:

• Bajo el entendido que el demandante cumple con los requisitos del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, le es aplicable la Ley 71 de 1988 en cuanto a la
edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, pero no respecto del ingreso
base de liquidación, pues este se calcula a partir de los artículos 21 y 36, inciso 3,
de la Ley 100 de 1993.

• A la luz de la Ley 71 de 1988, el accionante adquirió el estatus pensional el 26
de octubre de 2006, al cumplir 55 años y tener más de 20 de servicios.

• La pensión debe reconocerse, liquidarse y pagarse desde la fecha señalada, por
no ser incompatible con el salario que percibía el demandante como docente
oficial, desde luego, durante el tiempo que desempeñe la anterior labor.

• El ingreso base de liquidación debe calcularse con el promedio de lo devengado
durante los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió el estatus de
pensionado, el 26 de octubre de 2006.

• Lo anterior con una tasa de reemplazo del 75% de los factores de que trata el
Decreto 1158 de 1994 y normas especiales, respecto de los cuales se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

99. El reconocimiento pensional en los términos que antecede supone, que el
accionante tiene derecho a que se le pague su mesada pensional, debidamente
liquidada, desde que adquirió el estatus pensional, el 26 de octubre de 2006, con la
indexación correspondiente.

100. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del estatus
pensional (el 26 de octubre de 2006) y la petición de reconocimiento (28 de mayo de
2018) trascurrieron más de 3 años, quiere decir, que operó el fenómeno prescriptivo de
las mesadas, desde 28 de mayo de 2015.

101. Finalmente, en atención a que el accionante tiene derecho a la pensión por aportes,
como consecuencia de la aplicación de la Ley 71 de 1988, el Fomag podrá reclamar la

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, expediente 2020-00492-

01 (0391-2022).
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cuota parte a Colpensiones y a CAJANAL hoy UGPP, de conformidad con el artículo 11
del Decreto 2709 de 199455.

102. Por otra parte, la Sala anota que el Decreto 813 de 1994, «por el cual se reglamenta
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993», estableció que tratándose de servidores públicos
afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión, el reconocimiento de la pensión de
vejez o jubilación estaría a cargo de aquélla caja, fondo o entidad de previsión a la cual
estuviera afiliada la persona al momento de cumplir los requisitos para pensionarse, en
consecuencia es al FOMAG a quien le corresponde efectuar el reconocimiento pensional
requerido y no a Colpensiones, en el entendido que era el FOMAG la entidad donde se
encontraba afiliado al momento de cumplir con los requisitos para pensionarse, el 26
de octubre de 2006.

103. De acuerdo con las consideraciones expuestas, la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda será revocada y en su lugar se declarará la
nulidad de los actos administrativos demandados.

3.9. Costas

104. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 56 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas. Además, como se accede a las pretensiones de la demanda, lo que implica
revocar la sentencia de primera instancia, tampoco hay lugar a mantener la condena
en costas a la parte demandante, que en su momento se impuso bajo un criterio objetivo
• valorativo.

105. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley

F A L L A:

55 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes

para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con
la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el
proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán
del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se
entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad,
dividido por el tiempo total de aportación.».
56 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaromann y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016,
M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Primero: Revocar la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, y se condenó en costas a la parte accionante, por las razones expuestas en
esta providencia.

Segundo: En su lugar, declarar que Luis Carlos Montilla Soto desde el 26 de octubre
de 2006 tiene derecho a la pensión por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988,
que resulta aplicable en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calculará con
fundamento en la Ley 100 de 1993.

Tercero: En consecuencia, se declara la nulidad de las Resoluciones 200.13.3-1815
del 15 de marzo de 2019 y 200.13.3.2989 del 31 de mayo de 2019 expedidas por el
secretario de educación municipal de Palmira (Valle del Cauca), por medio de las cuales
se le negó al demandante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme lo
establecido en la Ley 100 de 1993.

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
reconocer y pagar a Luis Carlos Montilla Soto, la pensión de jubilación por aportes con
el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la que
adquirió el estatus de pensionado, 26 de octubre de 2006, con el 75% del promedio de
los factores fijados en el Decreto 1158 de 1994 y en normas especiales respecto de los
cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes al Sistema de Seguridad
Social.

Quinto: Declarar prescritas las mesadas causadas antes del 28 de mayo de 2015.

Sexto: La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en
cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

Séptimo: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte a
Colpensiones y a CAJANAL, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

Octavo: La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue
Luis Carlos Montilla Soto mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial.

Noveno: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.

Décimo: Revocar la condena en costas impuesta en la sentencia. Sin condena en
costas en esta instancia.

Undécimo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

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Demandado: Fomag

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

EdelaO

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