Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00786-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00786-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00786-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00786-01 (1754-2024)1
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia, docente nacional
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1 Pretensiones
La señora María Josefa Martínez Quintana, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las resoluciones RDP 022188 del 13 de junio de
2016, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión
1
Expediente híbrido, lo digital puede ser consultado en Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201900786011100103
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MP Oscar Alonso Valero Nisimblat. En el proceso con numero interno 264-2023 que se tramita en este despacho
contra providencia del Tribunal Administrativo del Cauca, con ponencia de este mismo magistrado, el doctor Jorge
Portocarrero Banguera manifestó su impedimento para conocer del asunto con fundamento en el numeral 9 del
artículo 141 del Código General del Proceso (CGP). La Sala por auto del 18 de septiembre de 2024 declaró
infundado el impedimento. Esta providencia puede ser consultada en el índice 16 del expediente 264-2023,
aplicativo Samai.
3
Expediente digital, índice 2 aplicativo Samai Consejo de Estado o Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
índice 36 en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201900786011100103
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le
negó el reconocimiento de la pensión gracia, y RDP 038094 del 10 de octubre
de 2016, que la confirmó.
A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que condene
a la accionada a:(i) reconocer una pensión gracia a favor de la señora María
Josefa Martínez Quintana, a partir del 14 de junio de 2010; (ii) pagar sobre las
sumas adeudadas el ajuste de valor conforme con el Índice de Precios al
Consumidor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA; (iii)
cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; (iv) el pago
de los intereses a los que haya lugar, en los términos del artículo 188 del
CPACA.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La accionante relató que nació el 28 de octubre de 1948 y cumplió 50 años de
edad el mismo día de 1998.
La demandante puso de presente que prestó sus servicios como educadora,
por más de 20 años, funciones que desempeñó con honestidad, idoneidad y
buen crédito, a través de las siguientes vinculaciones y tiempos:
1.Desde el 31 de octubre de 1966 hasta el 24 de septiembre de 1972,
designada por el gobernador del departamento del Valle del Cauca por
medio del Decreto 930 del 31 de octubre de 1966.
2. Desde el 25 de septiembre de 1972 hasta el 5 de marzo de 2014,
nombrada por la Resolución 7197 del 25 de septiembre de 1972, del
Ministerio de Educación Nacional.
La señora Josefa Martínez argumentó que el último vínculo, como docente
nacional, mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que
el departamento del Valle del Cauca fue certificado para la prestación del
servicio educativo según la Resolución No. 6017 del 22 de diciembre de
1995, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, tal como consta en el
acta de entrega del 22 de abril de 1996. Por ello, los tiempos que corren desde
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
el 22 de abril de 1996 hasta el 26 de junio de 2003, son de carácter territorial-
departamental, por tanto, computables para el reconocimiento de la prestación
solicitada.
La parte actora agregó que este último vinculo departamental cambió a
territorial-municipal, por mandato de la Ley 715 de 2001, porque el municipio
de Cali fue certificado según la Resolución No. 2749 del 3 de diciembre de
2002, proferida por el Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente,
este periodo es apto para el cómputo del tiempo que permite reconocer la
pensión gracia.
La peticionaria sostuvo que completó los 20 años de servicios el 19 de enero
de 2015 y el 17 de marzo de 2016 solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, petición negada con los actos administrativos demandados,
porque la entidad consideró que los tiempos de servicio acreditados son del
orden nacional.
1.2 Concepto de violación
La señora Martínez Quintana alegó que los actos acusados fueron expedidos
con infracción de las normas en que deberían fundarse, tales como las Leyes
114 de 1993 [artículos 1 a 4], 37 de 1933 [artículo 3] y 91 de 1989 [artículo 15,
numeral 2, literal a].
La parte demandante expuso que existió una falsa motivación en la decisión
de la entidad demandada, al indicar que todo el tiempo servido por la
educadora fue con vinculación nacional, porque lo cierto es que una fracción
del desempeño como maestra lo prestó en calidad de nacionalizada y otro
período mutó de nacional a territorial.
La reclamante añadió que la convocada dejó de analizar el argumento por el
cual, a partir del proceso de descentralización de la educación previsto en la
Ley 60 de 1993, ya no era docente nacional sino departamental, dado que el
Ministerio de Educación Nacional entregó al departamento del Valle del Cauca
la prestación del servicio educativo.
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
La querellante advirtió que según la Resolución 6017 del 22 de noviembre de
1995 la nación certificó al departamento de Valle del Cauca para prestar el
servicio educativo, por consiguiente, la señora Josefa Martínez perdió el
carácter de docente nacional y su vínculo mutó a territorial-departamental y
este varió a municipal por la entrega de la administración de la educación del
departamento del Valle del Cauca al municipio de Cali, según el acta del 27
de junio de 2003, en consecuencia, este tiempo es válido para el
reconocimiento de la pensión reclamada.
2. Contestación de la demanda4
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda frente a la reclamación
del accionante, relativa al reconocimiento de la pensión gracia, adujo que no
tiene derecho porque los tiempos acreditados, en su mayoría, son de orden
nacional, no aptos para el reconocimiento de la prestación.
3. La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 1° de
febrero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas a la parte vencida.
El a quo dijo que la accionante prestó sus servicios como docente
nacionalizada en el periodo comprendido desde el 17 de noviembre de 1966
hasta el 24 de septiembre de 1972, en total 5 años, 10 meses y 8 días. Tiempo
que es válido para ser computado al momento de reconocer la pensión gracia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que
dispuso que los docentes nacionalizados son aquellos vinculados antes del 1°
de enero de 1976.
El juzgador de instancia consideró que aun cuando la designación de la
accionante a partir de 1972 la hizo el Ministerio de Educación Nacional y por
ello, es de índole nacional, lo cierto es que a través de la Resolución 6017 del
22 de diciembre de 1995 el departamento del Valle del Cauca fue certificado
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Expediente digital índice 36 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Índice 37 Samai Tribunal Administrativo del Valle del cauca
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la
prestación de los servicios educativos, y por Resolución 2749 del 3 de
diciembre de 2002 fue acreditado el municipio de Cali.
Por lo anterior, a través del Decreto 0563 del 8 de octubre de 2004 se
incorporó sin solución de continuidad a la planta de cargos de la
administración municipal al personal docente, directivo docente y
administrativo de las instituciones educativas oficiales provenientes del
departamento del Valle del Cauca, financiado con los recursos del Sistema
General de Participaciones, incluida la señora Josefa Martínez.
Así las cosas, el tribunal concluyó que la plaza nacional que ocupaba la
demandante se transformó en territorial, en consecuencia, el tiempo servido
por la actora desde el 14 de noviembre de 1972 hasta el 5 de marzo de 2014
[fecha de retiro] es apto para el reconocimiento de la pensión gracia. Con lo
que completó 20 años de servicios a la docencia oficial.
El Tribunal consideró que la demandante reunió los requisitos necesarios para
acceder a la pensión gracia, esto es, contar con 50 años de edad, vinculación
a la docencia antes del 31 de diciembre de 1989, prestación del servicio
educativo con honestidad e idoneidad por 20 años; por ello, dispuso la
anulación de los actos cuestionados y ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la señora María Josefa Martínez Quintana, equivalente al
75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, con prescripción de las mesadas
causadas antes del 15 de junio de 2013.
4. El recurso de apelación6
La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia al
estimar que la demandante no cumple con los requisitos de ley para ser
beneficiaria de la pensión gracia. Los fundamentos de su desacuerdo son los
siguientes:
Índice 41, Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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6
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Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
En primer lugar, la UGPP dijo que la pensión gracia es una prestación de
carácter especial que se otorga a maestros de escuela primaria y docentes de
entidades territoriales oficiales, para lo cual el maestro deberá acreditar 20
años de servicio, 50 años de edad, y la demandante no cumple con estos
requisitos, porque de las pruebas obrantes en el expediente se concluye
claramente que ostentaba el carácter de docente nacional.
En segundo lugar, la entidad argumentó que la descentralización de la
educación no comporta el cambio del vínculo, en tanto las entidades
territoriales atienden los gatos de financiación de docentes con recursos del
sistema general de participaciones frente al servicio educativo no solo de los
nacionalizados y territoriales, sino también de los nacionales.
En tercer lugar, la demandada expuso la imposibilidad de reconocer la
prestación ordenada en la sentencia cuestionada porque sería una trasgresión
al principio de sostenibilidad presupuestal consagrado en el artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2005.
5. Trámite de segunda instancia
En auto del 29 de octubre de 20247, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandada, de acuerdo con el
numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las
partes para alegar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el
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Índice 4 Samai Consejo de Estado
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
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Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer sí ¿el vínculo de la demandante como
docente nacional mutó a territorial por la descentralización de la educación?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
la incorporación de los profesores a los entes territoriales, debido a la
descentralización de la educación pública; 2.3. hechos probados; y 2.4. caso
concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una
prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20
años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los
siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión
gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente Ley».
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe
«[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, de acuerdo con la Ley 39 de 190310, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192811 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual12.
La Ley 37 de 193313 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199814,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
10
«[S]obre Instrucción Pública».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: María Josefa Martínez Quintana
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«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913,
que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional,
no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de
igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y,
por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la
Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre
la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley»
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, de acuerdo a que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
15
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional».
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la
oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran
la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su
compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de
estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de
1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de
la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en
el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al
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Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a
docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que
indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También,
que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre
y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91
de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión,
pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley.16
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000- 2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en fallo
SU-14 de 202017, esa disposición
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y
finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y
docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los
docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después
del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
16
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
17
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de
ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral
que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo
de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior
y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser
pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a
la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone
la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes
13
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del
Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º
Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes
del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad
a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir,
no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente,
a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador,
pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera
particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del
1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de
la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al
expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que
legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación18 [se subraya y destaca].
18
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
14
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años, de acuerdo con
de la naturaleza de su vinculación, y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con
honradez, consagración y buena conducta.
2.2 La incorporación de los profesores a los entes territoriales, por la
descentralización de la educación pública. Como se expuso en el acápite
precedente, por medio de la citada Ley 39 de 1903, el legislador fijó los
parámetros iniciales de la «Instrucción Pública», es decir, la educación
primaria y secundaria, entre otras, la primera
«[…] a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los
Departamentos» (artículo 3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e
inspeccionada por el Poder Ejecutivo» (artículo 4°).
Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y
secundaria, para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 3 19), esto
es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación
a dicho trámite únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales,
a saber: nacionales y territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de
la educación, se clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
diferenciación quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
19
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los
gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos
respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento
(20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976
a 1980)».
15
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente
territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
del artículo 1020 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
A través de la Ley 60 de 199321, el Congreso de la República dio paso a la
descentralización del servicio educativo, para lo cual dejó en cabeza de los
entes locales su administración, incluida la del personal docente, mientras que
la Nación sería responsable de su regulación, coordinación y asistencia:
«Artículo 2°. Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios,
a través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las
disposiciones legales sobre la materia:
• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica
primaria y secundaria y media.
[…]
Artículo 3°. Competencias de los departamentos. Corresponde a los
departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las
entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas
ordenanzas:
[…]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones
legales sobre la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación
de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria
y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos
estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los
recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos
estatales.
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo
con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras, la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
20
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».
21
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones».
16
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
previsto en el artículo 6. de la presente Ley.
[…]
Artículo 4°. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas
nacionales y a los respectivos acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
distritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal
tendrán carácter distrital; de todas maneras, la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6°. de la
presente ley.
[…]
Artículo 5°. Competencias de la nación. En relación con las materias de
carácter social, corresponde a la Nación, a través de los Ministerios,
Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades de la
administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional,
conforme a las disposiciones legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de
orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia
educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades
territoriales la ejecución de las campañas y programas nacionales, o convenir la
asunción de las mismas por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el
caso, con la asignación de los recursos respectivos para su financiación o
cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación en forma acorde a
las políticas y a las prioridades nacionales.
[…] (se subraya).
Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y distritos
certificados asumieron la prestación de la labor educativa; en materia
prestacional, se contemplaron mecanismos que no afectaran (i) a los
maestros nacionales o nacionalizados incorporados sin solución de
continuidad a las entidades territoriales y a los nuevos, a quienes les sería
aplicada la Ley 91 de 1989, (ii) mientras que quienes laboraban en los
departamentos, distritos y municipios que acogieron el personal
descentralizado, continuarían con las prerrogativas ya reconocidas por estos,
según el caso.
Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 200122, que derogó la 60 de 1993 y
dispuso que los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su
cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y media, incluidos
nombramientos, ascensos y traslados, pero «[…] sin superar en ningún caso el
22
6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
17
N.º Interno: 1754-2024
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Demandada: UGPP
monto de los recursos de la participación para educación del Sistema General de
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial […]» (artículos 6° y 7°).
Además, los artículos 3423 y 3724 de la Ley 715 determinaron que «Las plantas
de cargos docentes y de los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios […]», los servidores
«[…] que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación
sin solución de continuidad» y «[…] los docentes, directivos docentes y funcionarios
administrativos de los planteles educativos que se financien con recursos del Sistema
General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y
prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta» (artículo 38).
En atención a que la normativa trascrita25, como ya se anotó, prescribió que
una vez
«Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad» [se subraya], la sala mayoritaria de esta subsección, al desatar
medios de control instaurados por docentes estatales con el ánimo de obtener la
pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para
asumir la administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son personal
nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»26 (sic; se subraya).
En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí integrada se contrae
a que a los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con
ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores de la
pensión gracia, puesto que, además de que no existe sinonimia entre los
términos nombramiento («nominación») y homologación, en todo caso esta no
comporta cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de continuidad 27.
23
«Incorporación a las plantas».
24
«Organización de plantas».
25
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001.
26
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre
otros. Y más recientemente se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33-
000-2019-00085-01 (1126-2021), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».
18
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
2.3 Hechos probados28
1) Según el registro civil y la cédula de ciudadanía la demandante nació el 28
de octubre de 1948.
2) Decreto número 930 del 31 de octubre de 1966, por medio del cual el
gobernador del departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades
legales, realizó varios nombramientos de maestros, para el año lectivo de
1966-1967, para el municipio de Cali, entre ellos, a la demandante en la
escuela urbana de niñas número 316 Santa Cecilia. Acta de posesión del 17
de noviembre de 1966 como docente de la escuela #316 de Santa Cecilia,
designada por Decreto 930 del 31 de octubre de 1966
3) Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
consecutivo 5, de la secretara de educación de Santiago de Cali, expedido el
20 de enero de 2016, en el que se refirió que la demandante se desempeñó
como maestra de la Escuela Santa Cecilia, designada por el Decreto 930 del
30 de octubre de 1966; desde el 17 de noviembre de 1966 hasta el 24 de
septiembre de 1972. En total 5 años, 10 meses y 8 días.
4) Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
consecutivo 5, de la secretara de educación de Santiago de Cali, expedido el
20 de enero de 2016, en el que se indicó que la señora Josefa Martínez
Quintana prestó sus servicios como docente de básica secundaria en la
institución educativa Normal Superior Farallones de Cali designada por
Resolución 7197 del 25 de septiembre de 1972, desde el 25 de septiembre de
1972 e incorporada por Decreto 500 del 21 de enero de 2003. En total sumó
28
Documentos aportados con la demanda, y expediente administrativo, expediente digital Samai Consejo de Estado,
índice 2
19
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
un tiempo de servicios de 41 años, 5 meses y 9 días.
5) Certificación de la Normal Nacional de Señoritas de Cali, del 29 de octubre
de 1998, en la que indican que la actora prestó sus servicios para esa
institución desde el 25 de septiembre de 1972, nombrada por el Ministerio de
Educación Nacional como profesora de tiempo completo.
6) Formato único para la expedición de certificado de salarios, expedido por
el Fondo Nacional de Prestaciones del Megaterio, consecutivo 33628; en el
que se advierte que la accionante prestó sus servicios como docente, último
establecimiento educativo la Institución Educativa Superior Farallones de Cali
y desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 percibió como factores salariales asignación
básica, prima de navidad y prima de vacaciones docentes.
7) Resolución número 6017 del 22 de diciembre de 1995 por medio de la cual
el Ministerio de Educación Nacional otorgó certificación del cumplimiento de
los requisitos conferidos por las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 al
departamento del Valle del Cauca.
8) Acta de formalización de la entrega y recibo de los bienes inmuebles
destinados a la prestación del servicio público educativo estatal, propiedad de
la nación-Ministerio de Educación Nacional, cedidos al departamento del Valle
del Cauca.
9) Acta de declaración bajo juramento de la señora María Josefa Martínez
Quintana, del 16 de octubre de 2015, ante la Notaría 22 de Santiago de Cali
en la que dijo: «[…] manifiesto bajo la gravedad de juramento que durante toda mi vida
laboral desde el año 1966 hasta el año 2014, como educadora al servicio del Estado, lo hice
de manera honrada, consagrada y con muy buena conducta […]».
10) Acta de declaración bajo juramento de la señora María Josefa Martínez
Quintana del 18 de diciembre de 2015, ante la Notaría 22 de Santiago de Cali
en la que manifestó: «[…] me considero una persona pobre desde el punto de vista
económico, pues carezco de medio de subsistencia de acuerdo con mi posición social y mis
costumbres […]».
20
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
11) Resolución 2749 del 3 de diciembre de 2002-, por medio de la cual se
otorga certificación al Municipio de Cali, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 715 de 2001
12) Decreto 0563 del 8 de octubre de 2004, por medio del cual se incorpora a
la planta de personal de cargos de la administración central municipal, el
personal docente directivo docente y administrativo de las instituciones
educativas oficiales provenientes del departamento del Valle del Cauca
financiado con recursos del sistema general de participaciones.
2.4 Caso concreto
La señora María Josefa Martínez Quintana acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos por los cuales la demandada negó el reconocimiento de la
pensión gracia, al estimar que los lapsos trabajados como docente nacional
no son computables para esos efectos pero, en su criterio, no tuvo en cuenta
que desde el 22 de abril de 1996, el vínculo laboral que era de carácter
nacional mutó a departamental, con ocasión de la entrega de la administración
de la educación del Ministerio de Educación Nacional al departamento del
Valle del Cauca y posteriormente a municipal.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de
la demanda, por analizar que hubo una transformación del vínculo de nacional
a territorial por cuenta de la descentralización de la educación.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que alegó que el vínculo no mutó por la descentralización de
la educación.
En el sub lite se tiene que la accionante nació el 28 de octubre de 1948 y
prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Acto de laborado
Nominador Desde Hasta
nombramiento
a. m. d.
Departamento Decreto 930 del 17 de 5 10 8
21
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
del Valle del 31 de octubre de noviembre 24 de
Cauca 1966 de 1966 septiembre
de 197529
Resolución 7197
Ministerio de 25 de
del 25 de 5 de marzo
Educación
septiembre de
septiembre
de 2014
41 5 9
Nacional de 1972
1972
Total tiempo de servicio 47 4 5
En lo atinente al período trabajado por la demandante desde el 17 de
noviembre de 1966 hasta el 24 de septiembre de 1975, se evidencia que con
el Decreto 930 del 31 de octubre de 1966 el gobernador del Valle del Cauca
nombró a la señora María Josefa Martínez Quintana como docente, dicha
designación fue de carácter nacionalizado, motivo por el cual ese interregno
es susceptible de ser contabilizado para el reconocimiento de la pensión
gracia deprecada.
Ahora bien, en lo concerniente al segundo lapso laborado por la parte actora,
esto es, desde el 25 de septiembre de 1972, la Secretaría de Educación de la
alcaldía de Cali certificó que se trató de una vinculación originada por la
designación que le hiciera el Ministerio de Educación Nacional, mediante
Resolución 7197 del 29 25 de septiembre de 1975, por ello, este tiempo de
servicio es nacional [lo cual no es materia de controversia] y ,en consecuencia,
no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia.
Tampoco es dable computar los tiempos servidos por la accionante, como lo
alega, con posterioridad al 22 de abril de 1996, esto es, al suscribirse por el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle el acta de
entrega al respectivo gobernador de los bienes destinados a la actividad
académica, puesto que, como se explicó en líneas anteriores, su vinculación
[valga recordar, nacional] no varió con la descentralización de la función
educativa.
En efecto, a pesar de que los entes territoriales al asumir la administración del
sector educativo incorporaron a sus plantas de personal a algunos docentes,
directivos docentes y administrativos, esta incorporación no condujo a que la
condición de nacional variara a territorial o nacionalizado.
29
De conformidad con lo consignado en el Formato Único para la expedición de Historia Laboral
22
N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
En este orden de ideas, habida cuenta de que la accionante solo acreditó 5
años, 10 meses de labores en calidad de educador nacionalizado y de las
certificaciones aportadas denota que prestó sus servicios para la docencia
oficial como maestro nacional, por ende, vinculado con el mismo carácter
desde el 25 de septiembre de 1972, hasta el 5 de marzo de 2014 [fecha de
retiro], no le asiste derecho a la pensión gracia que solicita.
2.5. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el
simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la
actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa
propia de sus intereses.
III. DECISIÓN
Con base en los razonamientos que se dejan explicados, esta Sala revocará
la sentencia del 1° de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1° de febrero de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las
pretensiones de la demanda.
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N.º Interno: 1754-2024
Demandante: María Josefa Martínez Quintana
Demandada: UGPP
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
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