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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00052-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia del 28 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ericson Ilvanovich Acosta Pérez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 37 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 76001 23 33 000 2020 00052 01 (0112-2024) Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez En su lugar se dispone: «Cuarto. No condenar en costas.» Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ericson Ilvanovich Acosta Pérez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Qinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251- 2024) Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA YHSB CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00052-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 76001-23-33-000-2020-00052-01 (0112-2024)
Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1

Temas: Reconocimiento asignación de retiro

Sentencia se segunda instancia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. Ericson Ilvanovich Acosta Pérez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios 201921000357661 Id: 521032
del 9 de diciembre de 2019 y 2019201921000272751 Id: 496168 del 1 de octubre
de 2019 por medio de los cuales la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional le negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó (i) el reconocimiento y pago de la asignación de retiro desde la fecha de
su destitución de la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el Decreto
2222 del 21 de junio de 2010 o de modo subsidiario, en los términos del artículo

1
En adelante Casur
2
Folios 1 a 29 del expediente. Índice 29, Samai tribunal.
3
En adelante CPACA.

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2

Radicado: 76001 23 33 000 2020 00052 01 (0112-2024)
Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

1 del Decreto 1157 de 2014 desde el 10 de mayo de 2010, (ii) la actualización de
la condena de acuerdo con lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Ericson Ilvanovich Acosta Pérez señaló como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Se vinculó a la Policía Nacional como alférez mediante la Resolución 0015023
del 2 de marzo de 1993 y luego como oficial desde el 2 de noviembre de 1995 y
completó un total de tiempo de servicio de 16 años, 8 meses y 28 días.

3.2. El 14 de agosto de 2007 le fue notificado el Decreto 3010 del 9 de ese mes y
año en el que se dispuso su retiro del servicio «por voluntad del gobierno nacional».
Su último grado fue el de «intendente».

3.3. A través de la petición del 6 de noviembre de 2019 le solicitó a CASUR el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro desde el momento de su
desvinculación.

3.4. Casur con los oficios demandados negó el reconocimiento prestacional bajo
el argumento de que no completó los 20 años de servicio que exigían los decretos
1212 de 1990, 4433 de 2004 y 1157 de 2014 para otorgarla cuando la
desvinculación fuera por destitución.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 34, 48, 53, 83, 93 y
202 de la Constitución Política; los artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990,
el artículo 1, parágrafo del Decreto 1157 de 2012 y el 3, numeral 3.1. de la Ley
923 de 2004. Asimismo, el principio de progresividad reglado en los artículos 2 y
11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, «los
principios de Limburgo de 1987», la Observación General 14 de la ONU y el
artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Losactos acusados vulneraron el principio de progresividad al negar el
reconocimiento de la asignación de retiro, puesto que el demandante tenía un
derecho adquirido por haber laborado por un tiempo de 16 años según lo exigido
por el Decreto 1212 de 1990 y la Ley 923 de 2004.

5.2. Las normas constitucionales fueron violadas porque la entidad enjuiciada al
decidir el reconocimiento prestacional dejó de aplicar los artículos 140 y 144 del
Decreto 1212 de 1990 y 1 del Decreto 1157 de 2014, desconoció que en casos
similares los tribunales administrativos del país han otorgado el derecho a
uniformados retirados que completaron más de 15 años de servicio y realizó una
interpretación restrictiva de la Ley 923 de 2004 con desconocimiento del derecho
al trabajo y al mínimo vital del uniformado.

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Radicado: 76001 23 33 000 2020 00052 01 (0112-2024)
Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

5.3. La entidad al negar la asignación de retiro desconoció que la Ley 923 de 2004
ordenó la protección de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de
quienes a la fecha de su promulgación se encontraban en servicio activo, a
quienes no se les podía exigir un tiempo superior a los 15 años de servicio para
obtener el derecho. En ese orden, al exigir 20 años actuó en contra de tal
precepto. Además, el caso no debía regirse por lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 1157 de 2014, por cuanto la norma contradijo lo previsto en los artículos
2, numeral 2.8 y 3, numeral 3.1 y 3.9, y 5 de la Ley 923 de 2004 que fijaron las
pautas para la expedición del régimen prestacional de los miembros de la Policía
Nacional y ordenó que no podía imponerse requisitos más gravosos a los
miembros de esta que estuvieran activos.

5.4. Los actos debían ser anulados porque en ellos no se aplicaron los artículos
140 y 144 del Decreto 1212 de 1990 pese a ser la norma que regía la situación
del demandante.

5.5. Comoquiera que el legislador no previó en los reglamentos sobre carrera de
los miembros de la Policía Nacional todas las situaciones administrativas por las
cuales un uniformado podía ser retirado del servicio activo como es el caso de la
«separación absoluta» aplicada al demandante, por virtud del artículo 8 de la Ley
153 de 1887 para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro debe
acudirse a la figura de «mala conducta» prevista en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990 tal como lo ha determinado la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

1.2. Contestación de la demanda4

6. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

6.1. El demandante ingresó a la Policía Nacional cuando se encontraba vigente el
Decreto 1212 de 1990 que en su artículo 144 exigía 20 años de servicio para
acceder a la asignación de retiro cuando el uniformado era separado del servicio.
En este caso las causales y tiempos que previó el artículo no se cumplieron.

6.2. El Decreto 4433 de 2004 en su artículo 24 estableció igual tiempo de servicio
al aludido «[…] para la causal de retiro por separación absoluta, que es la causal con
la por la cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional el hoy demandante
[…]».

6.3. La entidad siempre ha actuado dentro de los parámetros fijados por las
normas legales, por lo que no debía ser condenada al pago de las costas
procesales en los términos de los artículos 365, numeral 8, y 366 del CGP.
Además, porque no estaba demostrado que el demandante incurriera en gastos
dentro del trámite.

4
Índice 9, Samai.

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Radicado: 76001 23 33 000 2020 00052 01 (0112-2024)
Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

1.3. Sentencia de primera instancia5

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda en sentencia del 28 de abril de 2023. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a CASUR, a título
de restablecimiento del derecho, «[…] a reconocer y pagar al señor ERICSON
ILIVANOVICH ACOSTA PEREZ, la asignación de retiro en un porcentaje del 54% por
16 años y 9 meses, y 2 días de servicio como Oficial de la Policía Nacional, la cual se
debe liquidar con las partidas computables establecidas en el Decreto 1212 de 1990,
con efectividad a partir del 6 de noviembre de 2016, por prescripción trienal […]».

8. Asimismo, condenó en costas a la demandada por agencias en derecho por un
monto equivalente al 1% de la tasación de las pretensiones de la demanda.

9. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

9.1. El artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 reguló el reconocimiento de la
asignación de retiro para los oficiales de la Policía Nacional y estableció que a
quienes fueran retirados por mala conducta se les otorgaría con 15 años de
servicio. Con posterioridad, la Ley 923 de 2004 determinó los objetivos y criterios
que debía seguir el gobierno nacional para fijar el régimen pensional de la Fuerza
Pública, dentro de los que indicó que a los miembros activos a la fecha de entrada
en vigor de la ley no podía exigírseles un tiempo superior para obtener el derecho.
La norma fue desarrollada por el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 declarado
nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 2013 al no
respetar tal mandato. Finalmente, el Decreto 1157 de 2014 (artículo 1) fijó un
requisito de 20 años de servicio para quienes fueren retirados de manera
absoluta.

9.2. El Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000 en su artículo 55 estableció
como causal de retiro de los oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de
la Policía Nacional la destitución. A su vez, en el artículo 61 señaló que esta se
producía cuando así se determinara dentro de un proceso disciplinario. La
jurisprudencia ha establecido que tal causal de destitución se equipara a la
denominada «mala conducta» establecida en los decretos 1212 y 1213 de 1990.

9.3. En el proceso se demostró que Ericson Ilivanovich Acosta Pérez ingresó a la
Policía Nacional el 18 de enero de 1993 como cadete y alférez. Asimismo, que
pasó a ser oficial el 5 de noviembre de 1995 y que fue retirado del servicio por
destitución el 11 de mayo de 2010, con un tiempo de servicio de 16 años, 9 meses
y 2 días.

9.4. El Decreto 1157 de 2017 fue publicado en el Diario Oficial el 25 de junio de
2014 «[…] por consiguiente, en principio, dicha disposición no resulta aplicable al señor
ACOSTA PEREZ, ya que, el artículo 1.º ibidem reguló el régimen de asignación de retiro
de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional a partir del 25 de junio de
2014, y aquél fue retirado del servicio el 11 de mayo de 2010 […]». Además, la norma
no puede ser aplicada porque no previó el requisito temporal para acceder a la

5
índice 46, Samai tribunal.

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Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

asignación de retiro cuando la causal de destitución era la antes denominada
«mala conducta».

9.5. En ese orden, la entidad se equivocó al aplicar tal normativa y exigir 20 años
de servicio para otorgar el derecho, por cuanto «[…] ese requisito solo es aplicable
a las causales de “separación absoluta”, que ocurre cuando el uniformado ha sido
condenado a una pena privativa de libertad por delitos dolosos, o “por solicitud propia”
del uniformado, sin que por otra parte, este requisito temporal se contemplara para la
causal de destitución o “mala conducta” […]». Con esta actuación, la entidad pasó
por alto que la vinculación del demandante fue anterior a la entrada en vigor de
la Ley 923 de 2004 y que, por lo tanto, era beneficiario del régimen de transición
que esta reguló.

9.6. La norma aplicable al caso y anterior a la Ley 923 de 2004 era el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990 que exigía 15 años de servicio como requisito para
acceder a la asignación de retiro cuando el retiro del servicio del uniformado se
produjo por incurrir en «mala conducta» «[…]dentro de la que implícitamente se
contemplaba la causal de destitución […]». En esa línea, Casur no debió aplicar el
Decreto 1157 de 2014, mucho más porque en esta norma el legislador incurrió
en una omisión legislativa «[…] pues no contempló dentro de los supuestos de hecho
para acceder a la asignación de retiro, la causal de destitución o “mala conducta” […]».

9.7. Como el demandante completó 16 años, 9 meses y 2 días de servicio y «[…]
fue retirado por la causal de destitución, asimilable a la de mala conducta […]» cumplió
con el requisito de tiempo de 15 años de servicio reglado en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990. Por lo tanto, le asistía el derecho al reconocimiento y pago
de la asignación de retiro en los términos allí establecidos. El porcentaje que le
corresponde es del 54%, porque el mínimo que fijó la norma por 15 años es 50%
y aumenta 4% por cada año adicional.

9.8. En el presente caso, «[…] el derecho a causar la asignación de retiro surgió para
el demandante el 12 de mayo 2010, pero con efectos fiscales a partir del 6 de noviembre
de 2016, por aplicación de la prescripción trienal de las mesadas pensionales, dado que
la reclamación se presentó 6 de noviembre de 2019 […]».

9.9. La condena en costas procede en contra de la parte vencida por disposición
de los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP.

1.4. Recurso de apelación6

10. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso de
apelación y expuso las siguientes razones como argumentos para la revocatoria
de la sentencia:

10.1. La entidad negó el reconocimiento de la asignación de retiro porque la
demandante no cumplió con los requisitos legales exigidos por los Decretos 1091
de 1995, y los artículos 24 del Decreto 4433 de 2004 (20 años de servicio) y 2
del Decreto 1858 de 2012 (25 años de servicio) vigentes para la fecha de la

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Folios 1 a 5. Índice 49, Samai del tribunal.

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novedad administrativa, puesto que completó 16 años, 8 meses y 28 días de
servicio y fue retirado del servicio por la causal de «destitución».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante7

10.2. La entidad fundamentó su defensa en el artículo 24 del Decreto 4433 de
2004, norma que fue anulada por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de
febrero de 2013 con radicado interno 1238-2007. De igual manera, en el Decreto
1858 de 2012, pese a que este rige al personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional del cual no hace parte Ericson Ilvanovich Acosta Pérez.

10.3. La normativa que regula el reconocimiento de la prestación social es el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 porque el retiro se produjo durante su
vigencia. En el caso presente, la destitución debe ser asimilada a la causal de
«mala conducta» que preveía esta norma, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

10.4. En lo demás reiteró los argumentos contenidos en la demanda.

1.5.2. Casur

11. La entidad demandada no se pronunció dentro del término otorgado por el
numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

1.6. El Ministerio Público8

12. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado pidió revocar la sentencia. No obstante, lo hizo bajo la premisa de que el
tribunal no equiparó la causal de destitución a la de «mala conducta» prevista en
el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, circunstancia que no se acompasa con
lo decidido por tal autoridad.

1.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Problema jurídico

13. Se circunscriben a resolver el siguiente interrogante:

¿Ericson Ilvanovich Acosta Pérez, quien fue retirado del servicio activo de
la Policía Nacional por destitución, tiene derecho a que se le reconozca la
asignación de retiro en los términos del Decreto 1212 de 1990 o, por el
contrario, las normas aplicables a su caso son los Decretos 1091 de 1995,

7
Índice 9, Samai.
8
Índice 12, Samai.

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y los artículos 24 del Decreto 4433 de 2004 y 2 del Decreto 1858 de 2012
que exigen tiempos superiores?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial sobre la asignación de retiro de los
miembros de la Policía Nacional

14. La asignación de retiro se ha asimilado a la pensión de vejez9 y es una
prestación económica especial para los miembros de la Fuerza Pública que se
retiran del servicio activo, por las excepcionales funciones públicas10 que
desarrollaron en cumplimiento de su actividad militar o policial. Esta tiene como
objetivo la financiación de sus necesidades básicas [alimentación, vivienda,
vestido, acceso a servicios públicos domiciliarios, recreación, atención en salud,
entre otras] y las de sus familiares, a la que se accede siempre que se acrediten
los presupuestos exigidos por la norma.

15. En otros términos, es una prestación asistencial, entendida con fundamento
interpretativo e histórico como una modalidad de prestación social11 que goza de
un cierto grado de especialidad, en atención a la naturaleza del servicio; además,
tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con
un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por
la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus
vidas y las de sus familiares12. Al respecto, esta Sección ha señalado13:

«En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de
un sistema pensional especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una
de las formas en que se materializa el derecho a la seguridad social en
este sector, lo que determina que constituya un derecho fundamental
irrenunciable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de
la Constitución Política.»

16. Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto de Personal
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», estableció en su artículo 144 lo
siguiente:

«Artículo 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean
retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento
a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por
más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o
de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los

9
Sentencia C- 432 de 2004. Magistrado Ponente Hugo Escobar Gil.
10
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta
Política); (ii) velar por la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio
nacional y del orden constitucional (artículo 217 ibidem); y (iii) mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los
habitantes convivan en paz (artículo 218 ib.).
11
Contenido en el artículo 112 del Decreto 501 de 1955 y el artículo 101 y subsiguientes del
Decreto 3071 de 1968 entre otras.
12
Sentencias T- 512 de 2009 y C-1143 de 2004.
13
Subsección A, sentencia del 16 de febrero de 2023, radicación 05001-23-33-000-2020-00669-
01 (3488-2021).

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Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este
Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por
ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de
actividad.

Parágrafo 1. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años
de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este
Decreto.

Parágrafo 2. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva
asignación.»

17. Posteriormente, con la Ley 180 de 1995 se revistió al presidente de la
República de «precisas facultades extraordinarias» para desarrollar en la Policía
Nacional la carrera profesional del nivel ejecutivo, a la cual podrían vincularse
suboficiales, agentes, personal no uniformado y de incorporación directa.

18. En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto 1091 de 199514, en el
cual se estableció que el personal del nivel ejecutivo tendría derecho al pago de
la asignación mensual de retiro siempre que se cumplieran (i) 20 años y fuera
retirado por llamamiento a calificar servicio, voluntad de la Dirección General de
la Policía Nacional, por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad
policial o por haber cumplido 65 años (hombres) y 60 años (mujeres); o (ii) 25
años de servicio y ser retirado o separado por solicitud propia, incapacidad
profesional, inasistencia al servicio por más de 5 días sin causa justificada,
conducta deficiente, destitución, detención preventiva que excediera de 180 días
o por separación absoluta en las condiciones previstas en el artículo 68 del
Decreto 132 de 1995 [artículo 51].

19. Sin embargo, en la sentencia proferida el 14 de febrero de 200715, esta
corporación anuló el artículo 51, con fundamento en que el presidente de la
República no tenía las facultades legales para modificar el régimen prestacional,
pues era un asunto con reserva de ley. Al respecto se consideró:

«En tales casos, cuando se trate de regular prestaciones sociales que
pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad
social, como en este caso la asignación de retiro, deberá tener en cuenta
la ley marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el
monto, el ingreso base de liquidación (factores), régimen de transición y

14
«[P]or el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995».
15
Radicación 11001-03-25-000-2004-00109-01 (1240-2004).

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Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación,
puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.

En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no
puede ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto
es, al Gobierno Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte
Constitucional, y menos podría desarrollarse mediante decretos
administrativos expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley
marco (Ley 4ª de 1992) que no podía habilitarlo para tal efecto.

Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en
materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel
Ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon
con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes
en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición,
se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales
(arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley 180 de 1995),
que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta,
violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.»

20. A su turno, se expidió el Decreto 41 de 1994 que modificó las normas de
carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y derogó el
Decreto 1212 de 1990, «con excepción de los Títulos IV, VI, IX y X de éste» [artículo
115], entre los cuales estaba el régimen prestacional.

21. Posteriormente, se expidió el Decreto 1791 de 200016 que derogó el Decreto
41 de 1994, «con excepción de lo dispuesto en el artículo 115, relacionado con los
Títulos IV, VI y IX y los artículos 204, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 215, 220, 221 y 227
del Decreto 1212 de 1990; 262 de 1994 con excepción de lo dispuesto en el artículo 47,
relacionado con los Títulos III, IV y VII y los artículos 162, 163, 164, 168, 169, 171, 172,
173 y 174 del Decreto 1213 de 1990; 132, 573 y 574 de 1995».

22. De ese modo, el título VI del Decreto 1212 de 1990, esto es el que reguló el
régimen prestacional, no fue derogado por los Decretos 41 de 1994 y 1791 de
2000, lo que significa que continuó vigente hasta cuando se expidió la Ley 923
de 200417.

23. En dicha ley se dispuso que el gobierno nacional, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos allí contenidos, fijaría el régimen de la asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública. Para
tal efecto, se debían tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y
los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza
Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como
mínimo los siguientes elementos:

16
«[P]or el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».
17
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política».

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3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de
formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder
al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en
ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley
cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio
en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de
asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de
edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean
retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión,
tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del
tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de
Pensiones.

3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el
tiempo de servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior
al cincuenta por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio,
ni superior al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.

3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas
sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza
Pública.» [se resalta]

24. En desarrollo de la norma citada, se expidió el Decreto 4433 de 200418, en el
cual se fijaron los requisitos de la asignación de retiro de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional. El artículo 24 dispuso, entre otras cosas, que
aquellos que fueran retirados después de 18 años de servicio, por llamamiento a
calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica o por voluntad del
gobierno o de la Dirección General y aquellos que fueran retirados o separados
de forma absoluta con más de 20 años de servicio, tendrían derecho al pago de
la asignación mensual de retiro.

25. Sin embargo, en la sentencia proferida el 28 de febrero de 201319, esta
Sección anuló la expresión «después de dieciocho (18) años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por
voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según
corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta
con más de veinte (20) años de servicio», en razón a que se desconocieron los
parámetros de la Ley 923 de 2004 porque se incluyeron requisitos superiores a
los previstos por el Decreto 1212 de 1990:

18
«[P]or medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública».
19
Radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07).

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«En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que
el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de
ese Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o
por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional
según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en
forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al
pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente
que se está exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento
como mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20)
años de servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el
personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115
del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar
servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y,
de la misma manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían
derecho con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo
144 del mismo Decreto mencionado.

Igual sucede con el retiro por disposición de la Dirección General de la Policía
Nacional en los casos señalados por el artículo 78 del Decreto 1213 de 1990,
en armonía con el artículo 104 del mismo Decreto.

Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas
acusadas y que ahora son objeto de análisis quebrantaron entonces lo
dispuesto en la Ley 923 de 2004, dentro de cuyo marco deberían haber sido
expedidas, lo cual acarrea como consecuencia que también se quebrantó el
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política y, por consiguiente
se encuentran viciadas de nulidad»

26. Finalmente,sobre la anulación de dicha disposición, esta Sección ha
considerado que «al quedar en firme la providencia que declaró la nulidad parcial del
Decreto 4433 de 2004, debe entenderse que los apartes nulos desaparecieron del
ordenamiento jurídico desde el mismo momento en que fueron expedidos »; razón por
la cual, «las condiciones previstas para la asignación de retiro del personal que se
encontraba en servicio activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, son las
consignadas en el decreto 1212 de 1990»20.

2.3. Análisis del caso concreto

2.3.1. Lo probado en el proceso

27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

27.1. El 11 de junio de 2019 el demandante solicitó a Casur el reconocimiento de
la asignación de retiro con fundamento en lo previsto en los artículos 140 y 144
del Decreto 1212 de 199021.

27.2. A través del Oficio 201921000357661 Id: 521032 del 12 de septiembre de
2019 Casur negó la petición al señalar que el artículo 1 del Decreto 1157 de 2014

20
Subsección A, sentencia del 16 de febrero de 2023, radicación 05001-23-33-000-2020-00669-
01 (3488-2021).
21
Índice 29, Samai. Folios 32 a 36 del expediente digital.

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establece que el personal retirado por destitución «[…] debe obtener un tiempo de
servicio de 20 años para acceder a la prestación […]». Agregó que la entidad ya había
resuelto igual petición con el Oficio 201921000272751 Id: 496168 del 1 de
octubre de 2019, por lo que remitió a la decisión allí contenida22.

27.3. Con el Oficio 201921000272751 Id: 496168 del 1 de octubre de 201923 la
entidad negó el reconocimiento de la prestación social al señalar que el
demandante solo completó 16 años, 8 meses y 28 días de servicio y que en virtud
de los decreto 1212 de 1990, 4433 de 2004 y 1157 de 2014 «[…] el personal que
sea destituido después de veinte años (20) años de servicio, tendrán derecho a que por
la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional, se les pague la asignación mensual
de retiro, condición que no cumple para efectos del reconocimiento de la asignación
mensual de retiro […]».

27.4. A través del Decreto 3010 del 9 de agosto de 2007 el secretario general de
la Policía Nacional dispuso el retiro del servicio del demandante «[…] por voluntad
del gobierno nacional, a partir del 13 de agosto de 2007[…]»24.

27.5. Mediante la Resolución 2222 del 21 de junio de 201025 el Ministerio de
Defensa Nacional ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por
12 años para el desempeño de empleos públicos impuesta a Ericson Ilvanovich
Acosta Pérez. De acuerdo con el documento, la sanción se impuso por el
inspector delegado Región de Policía Cuatro de Cali en primera instancia el 30
de noviembre de 2009 y fue confirmada en segunda el 9 de abril de 2010 por el
inspector general de la Policía Nacional. Dentro del proceso se aportó copia del
del acto disciplinario de primera instancia26.

27.6. A través de la Resolución 1882 del 28 de marzo de 201927 el Ministerio de
Defensa Nacional dio cumplimiento a la sentencia proferida el 22 de agosto de
2018 por el Tribunal Administrativo de Descongestión del Valle del Cauca en el
que declaró la nulidad del Decreto 3010 del 9 de agosto de 2007 por medio del
cual se retiró al demandante por voluntad del gobierno nacional.

27.7. En la resolución se dispuso el reintegro del demandante desde el 9 de agosto
de 2007 y el 11 de mayo de 2010 «[…] fecha en que quedó ejecutoriado el fallo
disciplinario de segunda instancia proferido por el Inspector General de la Policía
Nacional dentro de la investigación disciplinaria REG14-2007-120, mediante el cual se
confirmó el correctivo disciplinario en su contra de destitución e inhabilidad general por
el término de doce (12) años […]». El acto administrativo referido fue notificado al
demandante el 3 de abril de 201928.

22
Ibidem, folios 37 y 38.
23
Ibidem, folios 38 y 39.
24
Ibidem, folio 42.
25
Ibidem, folios 44 y 45.
26
Índice 29, Samai tribunal.
27
Índices 41, 43 y 45, Samai tribunal.
28
Ibidem.

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27.8. Según la hoja de servicios 50615462896 del 24 de febrero de 201629 la
Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional certificó el siguiente tiempo
de servicio del demandante:

Novedad Fecha inicio Fecha término

Cadete y alférez R 18 de enero de 1993 4 de noviembre de 1995
Oficial 5 de noviembre de 1995 8 de agosto de 2007
Oficial (capitán) 9 de agosto de 2007 11 de mayo de 2010

En total la entidad certificó un tiempo de 16 años, 8 meses y 28 días.

2.5.1. Análisis de la Sala

28. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía manifestó que Ericson Ilvanovich
Acosta Pérez no cumplió con los requisitos legales exigidos por los Decretos
1091 de 1995, y los artículos 24 del Decreto 4433 de 2004 (20 años de servicio)
y 2 del Decreto 1858 de 2012 (25 años de servicio) vigentes para la fecha de la
novedad administrativa, puesto que completó 16 años, 8 meses y 28 días de
servicio y fue retirado del servicio por la causal de «destitución».

29. Dentro del proceso se probó que el demandante (i) cumplió un tiempo total de
servicio de 16 años, 8 meses y 28 días; (ii) inicialmente fue retirado del servicio
por voluntad del gobierno mediante el Decreto 3010 del 9 de agosto de 2007 a
partir del 13 de agosto de 2007; sin embargo, este acto fue anulado por el
Tribunal Administrativo de Descongestión del Valle del Cauca (sentencia del 22
de agosto de 2018) corporación que dispuso su reintegro que se cumplió con la
Resolución 1882 del 28 de marzo de 2019 desde el 9 de agosto de 2007 y hasta
el 11 de mayo de 2010; (iii) esta fecha límite obedeció a que el demandante fue
declarado disciplinariamente responsable en el acto de segunda instancia del 9
de abril de 2010 suscrito por el inspector general de la Policía Nacional,
sancionado con destitución e inhabilidad de 12 años. La decisión se ejecutó con
la Resolución 2222 del 21 de junio de 2010.

30. Pues bien, Ericson Ilvanovich Acosta Pérez se vinculó a la Policía Nacional el
18 de enero de 1993, cuando estaba vigente el Decreto 1212 de 1990, el cual
estableció un tiempo mínimo de 15 años para el reconocimiento de la prestación
cuando el retiro ocurriera por una causal distinta de la de la voluntad del servidor.

31. Asimismo, para el 30 de diciembre de 2004, cuando entró en vigor la Ley 923,
se encontraba en servicio activo, razón por la cual, debía aplicarse el régimen de
transición supra señalado. De acuerdo con esta norma, a los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo no se les exigiría un tiempo de servicio superior
al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de la ley
cuando el retiro se produjera por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando
ocurriera por cualquier otra causal.

29
Ibidem.

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32. En ese orden, el régimen aplicable al caso bajo examen es el previsto en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, según el cual, los 15 años de servicio se
deberán demostrar cuando el retiro ocurra por llamamiento a calificar servicios,
por «mala conducta» o por no asistir al servicio por más de 5 días sin causa
justificada, entre otros.

33. Como se reseñó, el demandante fue retirado del servicio activo como
consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución que le fue impuesta.
Aunque esta causal de retiro no se encuentra prevista en el decreto mencionado,
la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que debe equipararse a la de «mala
conducta».

34. Lo anterior, por cuanto al hacer una «interpretación amplia de la norma»30 debe
comprenderse como un tipo en blanco, en el cual se incluyen aquellos eventos
cuestionados a nivel disciplinario, penal o fiscal que conllevan a la separación de
la institución policial, «sin que ello implique la negativa al reconocimiento de la
asignación de retiro una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos legales del
interesado»31.

35. Ciertamente, el retiro del servicio activo por destitución previsto en el artículo
55 del Decreto 1791 de 200032 ocurre, «[…] cuando así lo determine un fallo
disciplinario debidamente ejecutoriado […]», según lo señaló el artículo 61 ibidem,
lo que significa que su causa es el proceder negativo, dañino, nocivo o
desfavorable a los deberes propios de la profesión de policial que afecta la
institucionalidad y el servicio. Lo señalado, se acompasa con la mala conducta
al que se refería el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.

36. En efecto, en la sentencia proferida el 10 de junio de 202133, esta Sección
expuso lo siguiente:

«Sobre el punto, debe precisarse que, si bien el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990 no señaló expresamente la posibilidad de obtener la
asignación de retiro para aquellos funcionarios que hubieren sido retirados
del cargo bajo la causal de separación absoluta del servicio activo, lo cierto
es que sí indica la eventualidad de obtener dicha prestación para quienes
fueron retirados de la labor después de 15 años, en observancia de la
modalidad de mala conducta.

Lo que implica que, al hacer una interpretación extensiva de la norma,
debe entenderse tal causal como un imprevisto normativo que procura ser
subsanado con la incorporación legal y material de otro concepto que en
efecto incluya acontecimientos que, al verse cuestionados, pueden devenir
en una sanción bien sea de carácter penal, fiscal o disciplinario, y que al
ser llevados al caso concreto evidencian que la separación del servicio se

30
Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2018, radicación 25000-23-42-000-2015-01949-01
(5126-16).
31
Ibidem.
32
«por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional»
33
Subsección A, radicación 66001-23-33-000-2016-00151-01 (5478-18).

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realizó con fundamento en la existencia de una mala conducta» 34 [Se
resalta]

37. En suma, aunque el Decreto 1212 de 1990 no señaló expresamente la
posibilidad de reconocer la asignación de retiro a aquellos uniformados que
fueron retirados bajo la causal de destitución, lo cierto es que por su naturaleza
es procedente asimilarla a la causal de mala conducta descrita en el artículo 144
ibidem, en razón a que deviene de una sanción disciplinaria impuesta y
ejecutoriada.

38. En ese orden, como la destitución no impide el reconocimiento de la asignación
de retiro y la norma aplicable al presente asunto es el Decreto 1212 de 1990 que
señala 15 años de servicio para su reconocimiento, y que este requisito fue
cumplido por el demandante al acreditar 16 años, 8 meses y 28 días, como se
consignó en la hoja de servicio 50615462896 del 24 de febrero de 2016, le asiste
el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro.

39. Todo lo anterior permite desvirtuar el argumento de la entidad según el cual
las normas aplicables para solucionar el presente asunto son los Decretos 1091
de 1995 [artículo 51], y los artículos 24 del Decreto 4433 de 2004 y 2 del Decreto
1858 de 2012. Mucho más cuando las normas que regulaban el asunto aquí
debatido en los dos primeros decretos fueron declaradas nulas en las sentencias
proferidas por esta sección el 14 de febrero de 200735 y el 28 de febrero de
201336, por lo que, tal como se explicó en esta providencia, las normas aplicables
eran las del Decreto 1212 de 1990.

40. En consecuencia, se confirmará la sentencia que accedió a las pretensiones
de la demanda.

2.7.2. Conclusión

41. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Ericson Ilvanovich Acosta
Pérez, quien fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por
destitución, sí tiene derecho a que se le reconozca la asignación de retiro en
los términos del Decreto 1212 de 1990, en concordancia con la Ley 923 de
2004, en razón a que se vinculó antes de la entrada en vigor de esta norma
por lo que era beneficiario del régimen de transición en ella señalado y cumplió
más de 15 años de servicio.

42. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el
28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió
a las pretensiones de la demanda.

34
E cuanto a la causal de retiro por destitución de manera específica se puede consultar también
la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
proferida el 13 de agosto de 2020, radicado 050012333000201400855 – 01 (3424 – 2017) y de
la Subsección B del 27 de mayo de 2021 con radicado 05001-23-33-000-2014-00284-01 (3896-
15).
35
Radicación 11001-03-25-000-2004-00109-01 (1240-2004).
36
Radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07).

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2. Costas

43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma37.

46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.

47. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
segunda instancia. De igual manera, revocará la decisión de primera instancia en
tanto la condenó, pues no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad
o mala fe.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia del 28 de abril de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Ericson Ilvanovich Acosta Pérez
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

37
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 76001 23 33 000 2020 00052 01 (0112-2024)
Demandante: Ericson Ilivanovich Acosta Pérez

En su lugar se dispone:

«Cuarto. No condenar en costas.»

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Ericson Ilvanovich Acosta Pérez contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Qinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

YHSB
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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